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RUSIA ANTE LA GUERRA ISRAEL-IRÁN: ¿EXISTE UNA «TRAMPA ATLANTISTA» PARA ABRIR UN «SEGUNDO FRENTE» TRAS UCRANIA?

Roberto Mansilla Blanco*

En diciembre de 2024, pocos días después de la caída del régimen de Bashar al Asad en Siria y previo al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Rusia e Irán, los dos principales aliados del extinto régimen sirio, firmaron un acuerdo de asociación estratégica defensiva por 20 años que profundiza el elevado nivel de relaciones geopolíticas y de seguridad entre Moscú y Teherán.

La reciente escalada del conflicto directo entre Israel e Irán iniciada por Tel Aviv el pasado 13 de junio implica para Rusia un delicado escenario a tenor de su estratégica alianza con Teherán. El pulso para Moscú es netamente estratégico: tras la caída de Bashar al Asad, el Kremlin no puede permitirse observar impávido otro revés geopolítico en Oriente Próximo. Si bien los informes sobre la inevitable ofensiva israelí contra Irán eran cada vez más frecuentes semanas atrás, debe recordarse que Washington y Teherán negociaban en Omán los términos sobre el programa nuclear iraní, abruptamente paralizados días antes de los bombardeos israelíes.

El contexto geopolítico y de seguridad tras la transición siria persuade al Kremlin a concretar pactos con otros socios mientras busca reacomodar el futuro de sus bases militares en Siria (Tartús y Khemeimin). En este sentido, en marzo pasado, Rusia alcanzó un acuerdo con Sudán para abrir una base militar que tendría un radio de operatividad sumamente estratégico, ampliando la posibilidad de alcanzar para Rusia nuevas esferas de influencia entre el canal de Suez, el mar Rojo, el Cuerno de África, el golfo de Adén y el océano Índico, espacios por donde transita aproximadamente el 12% del comercio mundial.

Además de Sudán, el Kremlin está negociando acuerdos con Libia y Chad para abrir también bases militares en esos países, con lo cual conformaría un triángulo estratégico en torno al Mediterráneo, África Central y el Sahel, donde Moscú tiene importantes aliados en Burkina Faso, Mali y Níger. En este triángulo, específicamente en Sudán y Chad, Irán también juega sus cartas geopolíticas, a menudo con cierta sintonía con Moscú.

En el conflicto directo israelo-iraní, Rusia comienza a apostar por la mediación diplomática consciente de la necesidad de mantener en pie a su aliado iraní ante una ofensiva israelí que cuenta con el apoyo estadounidense, según fuentes iraníes. Con todo, Trump también avala esta posible mediación rusa pero observando con atención hasta qué punto la ofensiva israelí puede debilitar (e incluso hipotéticamente derribar) al régimen iraní, un diagnóstico que hasta ahora resulta prematuro evaluar.

Cómo Occidente aspira llevar a Rusia a un “segundo frente bélico” (e Israel le puede ayudar)

Ante el atasco que se observa en el frente ucraniano y la desilusión occidental por los avances militares rusos y la consolidación de sus posiciones, el eje «atlantista» vía OTAN parece intentar abrir un «segundo frente» bélico para Rusia, en este caso en su flanco sur. En este sentido, Irán puede ser el escenario clave a tenor de su reciente acuerdo estratégico con Rusia.

Pero antes existieron tácticos intentos por parte del «atlantismo» para arrastrar a Rusia hacia ese «segundo frente». Primero lo intentó con Armenia, cuyo presidente prooccidental Nikol Pashinyán inició negociaciones de admisión en la UE en diciembre de 2023 para, posteriormente, oficializar la salida armenia de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en agosto pasado. Coloquialmente denominada como la «OTAN rusa», la OTCS es un mecanismo de seguridad euroasiático dirigido desde Moscú.

Pashinyán argumentó las razones de la salida armenia ante la escasa efectividad de la OTSC para atender sus demandas ante el breve conflicto con Azerbaiyán en Nagorno Karabaj (2023) y que llevó a la caída de este enclave armenio en manos azeríes. Con destreza diplomática, el presidente ruso Vladimir Putin aceptó la salida armenia de la OTSC en una táctica orientada a reducir tensiones para evitar una intromisión exterior.

Sin salir del Cáucaso, la perspectiva «atlantista» de abrir este «segundo frente» continuó en Georgia, donde las elecciones parlamentarias de octubre pasado registraron la posibilidad de recrear un nuevo «Maidán» en el Cáucaso que finalmente resultó infructuoso: el nuevo gobierno georgiano dirigido por Mijaíl Kavelashvilii está alineado con Moscú y ha congelado las negociaciones de admisión de Tbilisi con la UE y la OTAN.

El tercer intento fue la caída de Bashar al Asad en Siria en diciembre pasado, un revés geopolítico que Rusia ha sabido gestionar con destreza, sin caer en la trampa del «segundo frente» que el eje atlantista que domina buena parte de las decisiones en Occidente le había tendido. La gira de Trump por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos le llevó a una fugaz reunión con el nuevo jefe de gobierno sirio, Ahmed al Shara’a, a quien le instó a «reconocer el Estado de Israel».

Asegurada cierta reorientación prooccidental en una Siria donde Turquía, Arabia Saudita e Israel juegan sus cartas geopolíticas, ya con Rusia e Irán fuera de actuación de facto, la guerra entre Israel e Irán parece arrojar un nuevo contexto para este imperativo geopolítico «atlantista» de abrir un «segundo frente» contra Rusia. El Kremlin se erige como interlocutor de mediación en este conflicto con la intención de ganar tiempo a favor de su aliado iraní y ante el riesgo de una escalada regional del conflicto entre Tel Aviv y Teherán.

¿Una «receta siria» para Irán?

Occidente e Israel buscan reproducir en Irán el «ejemplo sirio» determinado por la caída de Bashar al Asad. Golpear a un aliado clave del eje euroasiático sino-ruso es un imperativo geopolítico para Netanyahu y Trump pero tanto su operatividad como sus consecuencias se observan igualmente imprevisibles.

Con velada intención propagandística para crear una matriz de opinión en Occidente, son cada vez mayores los análisis en think tanks estadounidenses e israelíes sobre «el momento que se abre para desmantelar al régimen iraní» como aparente objetivo principal de esta ofensiva israelí, conscientes de que esta posibilidad asestaría un nuevo revés geopolítico para Rusia en Oriente Próximo.

Para fortalecer esta perspectiva de debilidad iraní y un posible colapso del régimen de los ayatolás comienzan a aparecer en los principales mass media informaciones sobre el aparente descontento en la población iraní ante la presunta indefensión por parte de sus autoridades a la hora de asistir a las víctimas civiles de los ataques israelíes, intentando con ello procrear un tono rayando en el desconcierto y la confusión.

Por el contrario, los medios occidentales, mayoritariamente alineados con los intereses israelíes y estadounidenses y que se han esforzado en «victimizar» las bajas israelíes por encima de las iraníes, dilatan cualquier información que implique observar la posibilidad de que ese descontento pueda también acontecer dentro de la sociedad israelí, muy probablemente desgastada tras casi dos años de guerra en Gaza con resultados a grandes rasgos infructuosos. Destaca así el hecho de que Hamás, sin bien eliminada su cúpula dirigente, sigue en pie con rehenes israelíes en su poder mientras la imagen internacional de Israel se ha deteriorado. Así mismo, los ataques iraníes han golpeado fuertemente la capacidad de resistencia de la famosa Cúpula de Hierro israelí, creando así confusión sobre el mito de la invencibilidad militar israelí.

En un análisis sobre cómo la guerra entre Israel e Irán afecta a los intereses rusos en la región, especialmente ante la posibilidad de un cambio de régimen en Teherán, el experto en temas iraníes Rajab Safranov expone lo siguiente:

«Si Irán se vuelve prooccidental, los problemas que surgirán serán tan enormes, tan graves para Rusia, que tendrá que concentrarse únicamente en resolverlos y dedicar miles de millones de dólares a ello, en lugar de desarrollar su economía, su industria, resolver cuestiones internacionales y participar en la política global. Tendrá que emplear todas sus fuerzas para protegerse de estas consecuencias negativas».

Visto en perspectiva geopolítica, este escenario supondría para Rusia un enorme desgaste de recursos y atención que se añaden a lo que está sucediendo en el frente ucraniano. Previo a los ataques israelíes en territorio iraní, Moscú ordenó la salida inmediata de su personal diplomático y civil en Teherán, cerrando momentáneamente su consulado en la capital iraní.

Más allá del intercambio de bombardeos con misiles aéreos y de la puesta a prueba de sus respectivos escudos de defensa, ¿es posible una confrontación directa entre Israel e Irán en términos convencionales de combate terrestre? Salvo que este escenario implique una intervención directa de la OTAN y EEUU para asistir a su aliado israelí, resulta poco probable que acontezca esta confrontación bélica tomando en cuenta las capacidades militares de ambos contendientes (capacitados para una destrucción mutua) y la expectativa de estar abriendo una nueva guerra regional cuyas consecuencias son impredecibles en materia militar y geopolítica.

Una guerra a gran escala entre Israel e Irán involucrará directa o indirectamente a los actores regionales en Oriente Próximo, así como a EEUU, Rusia y China en aras de preservar sus respectivas esferas de influencia.

¿Caerá el régimen de los ayatolás iraníes como sucedió con el de Bashar al Asad en Siria? Otro escenario hipotético a priori de escasa probabilidad tomando en cuenta que la población iraní y sus aliados regionales interpretan el contexto como una «agresión israelí» que aumenta la impunidad de Netanyahu, ya suficientemente inflamada con el genocidio en Gaza.

El intercambio de bombardeos entre Israel e Irán confirma cierto equilibrio militar entre fuerzas que, aunado a sus apoyos exteriores (EEUU, Europa y la OTAN en el caso israelí, Rusia y China en el de Irán) y sus aliados regionales en cuanto esferas de influencia (Hizbulá en Líbano; chiíes de Irak, Siria y Bahréin, hutíes de Yemen) permite considerar que una guerra a gran escala, o bien un intento abrupto de cambio de régimen en Teherán, implica grandes e inciertos riesgos para todos estos actores.

No obstante, los riesgos de esta posible escalada podrían alentar a EEUU e Israel, probablemente con el apoyo de otros actores regionales rivales de Irán (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos), a propiciar un cambio de régimen en Teherán más inclinado a los intereses prooccidentales.

En el pasado, Washington ha alentado a grupos opositores iraníes exiliados en EEUU y Europa, factor que podría cobrar peso en el contexto actual de la guerra israelo-iraní incluso vía grupos armados dentro de Irán. No obstante, no existe una plataforma unitaria entre estos grupos opositores, donde las divisiones son notorias. El principal de todos ellos es el Consejo Nacional de Resistencia de Irán, básicamente monárquico, así como la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán. Otros son comunistas, anarquistas, sindicalistas, liberales, socialistas, republicanos, yihadistas, paniranistas y partidos nacionalistas árabes, azeríes, baluchíes y kurdos.

Si bien interpreta la situación con un tono quizás excesivamente catastrofista, vale la pena atender el análisis del politólogo ruso Serguéi Markov, ex diputado, fundador y director del Instituto de Investigaciones Políticas, muy cercano a Putin. Markov considera que, a través de la escalada militar entre Israel e Irán, los países occidentales están fomentando el colapso del régimen iraní. De este modo, pronostica que:

«En primer lugar, se producirán intercambios de misiles durante varias semanas.

A continuación, se acordará una tregua.

Irán aceptará un acuerdo nuclear basado en el modelo propuesto por Estados Unidos. Las líneas generales de este acuerdo nuclear serán sugeridas por Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudí. Según los términos de este acuerdo, Irán deberá renunciar al enriquecimiento de uranio, a cambio de lo cual Estados Unidos levantará las sanciones contra Irán.

El combustible nuclear enriquecido destinado a Irán se producirá y almacenará en Rusia, en caso de que Occidente se retire del acuerdo nuclear, como ha hecho en el pasado.

Entonces comenzarán los preparativos para derrocar el poder de los mulás en Irán, en los que participarán Estados Unidos, Europa, Israel y los países árabes

Se producirá un golpe de Estado en Irán, que contará con el apoyo tanto de los liberales en las esferas del poder como de los opositores al régimen en el exilio.

No habrá una invasión terrestre de Irán sino disturbios internos y enfrentamientos

Después de eso, Irán quedará dividido».

De momento, Rusia y EEUU comienzan a apostar por la negociación y la tregua mientras Israel e Irán siguen en la escalada de intercambio de bombardeos aéreos cuya finalidad será calibrar las capacidades militares y el nivel defensivo-ofensivo de cada contendiente. Las próximas semanas serán relevantes para conocer, en qué medida, la capacidad asertiva de la predicción de Markov puede convertirse en una realidad.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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SIRIA Y EL «ATLANTISMO»

Roberto Mansilla Blanco*

La caída del régimen de Bashar al Asad en Siria tras la toma de Damasco por parte de los rebeldes recuerda levemente dos precedentes con desenlaces distintos: el final del régimen libio de Muammar al Gadafi en medio de las hoy inexistentes Primaveras árabes de 2011; y el regreso al poder en Afganistán por parte de los talibanes en 2021.

Desde entonces, la Libia post-Gadafi está sumida en una caótica confrontación entre «señores de la guerra» y crisis humanitaria a las puertas de las costas mediterráneas europeas. Por su parte, Afganistán con el retorno Talibán vuelve al redil del islamismo salafista más radical pero bajo un prisma geopolítico diferente tras la retirada estadounidense y con Rusia y China como actores de mayor influencia regional y global. Ambos contextos, el libio y el afgano, pueden resultar clarividentes a la hora de intentar descifrar qué es lo que le espera a la Siria post-Asad.

No se debe pasar por alto un elemento histórico: la caída del régimen de al Asad pone punto final al predominio de los regímenes nacionalistas, socialistas y panarabistas que, bajo el influjo del nasserismo y del partido Ba’ath, ejercieron una importante repercusión política desde la década de 1950 en países como Egipto, Siria, Irak y Sudán. Visto en perspectiva histórica, lo recientemente ocurrido en Siria marca una nueva etapa.

Obviamente la actual crisis siria implica observar importantes pulsos geopolíticos que deben también analizarse bajo el prisma de las crisis libia y afgana. Más allá de las revueltas populares propiciadas por la denominada Primavera árabe, la caída de Gadafi bajo presión de la ONU y la OTAN significó una pírrica victoria para el «atlantismo» y un revés para Rusia y China, que tenían en Gadafi a un aliado regional. Un revés geopolítico mucho más significativo para Beijing, que tenía en Libia un importante entramado de inversiones petroleras y de infraestructuras.

Por otro lado, el retorno al poder de los talibanes en Afganistán supuso un duro golpe para el prestigio de EEUU y una victoria geopolítica para Rusia y China, que veían con ello alejar la presencia de Washington en sus esferas de influencia en Asia Central. Puede intuirse que, en este caso y tras la caída de Gadafi, Moscú y Beijing le devolvieron el golpe al Occidente «atlantista».

Estos sórdidos pulsos geopolíticos explicarían la crisis actual en Siria. La caída del régimen del clan al Asad (en el poder desde 1970) supone notoriamente una victoria para el primer ministro Benjamín Netanyahu y, tangencialmente, para los intereses «atlantistas» que están a la espera de reconfigurarse ante la toma de posesión presidencial de Donald Trump el próximo 20 de enero de 2025. El duro golpe asestado en Siria al denominado eje chiíta (también propagandísticamente conocido como «Eje de la Resistencia») en Oriente Próximo, manejado desde Teherán con apoyo ruso y chino, abre el compás a una súbita e inesperada recomposición de piezas y de equilibrios geopolíticos en la región.

La reciente tregua de Netanyahu con el movimiento islamista libanés Hizbulá resultó clarividente porque precedió a la espectacular ofensiva de los rebeldes sirios liderados por un hasta ahora desconocido Hayat Tahrir al Sham (HTS), un grupo islamista yihadista cuyo nombre literal es Organización para la Liberación del Levante, antiguo Frente al Nursa y con vínculos con Al Qaeda.

Con presunto apoyo turco, país miembro de la OTAN, aliado del eje sino-ruso con incómodas relaciones con el régimen de al Asad y que tiene intereses estratégicos en Siria a la hora de evitar la posibilidad de un reforzamiento en sus fronteras del irredentismo kurdo, la «nueva Siria» que auguran los rebeldes se asemeja al rompecabezas de fuerzas militares, paramilitares y políticas que han dominado en el Afganistán de los últimos treinta años y en la Libia post-Gadafi. Un delicado equilibrio que no necesariamente augura un marco de estabilidad regional.

El inesperado final de la dinastía al Asad debe medirse igualmente como un notorio revés geopolítico para Rusia, Irán e incluso China, país con importantes inversiones en infraestructuras en ese país árabe. El factor geoeconómico también está presente en la caída de al Asad. Siria aspiraba ingresar en los BRICS, cuya cumbre en Kazán (Rusia) en octubre pasado impulsó toda serie de mecanismos orientados a «desdolarizar» la economía global y procrear alternativas al esquema económico occidental predominante desde el final de la II Guerra Mundial.

Moscú cuenta con una base militar en Tartus, en las costas mediterráneas sirias, una importante posición geoestratégica que obstaculiza los intereses «atlantistas» manejados desde Washington. Una Rusia absolutamente concentrada en la guerra en Ucrania y un Irán ocupado en la guerra cada vez menos híbrida y más directa con Israel son factores que igualmente pueden explicar la súbita caída del régimen sirio, en especial a la hora de tomar en cuenta la aparente incapacidad de Moscú y Teherán para asistir a su aliado y mantenerlo en el poder. Tras aterrizar en la capital rusa, el Kremlin concedió el asilo humanitario a Bashar al Assad y su familia.

Por otro lado, Teherán nutría de apoyo logístico y militar a al Asad, siendo éste su principal aliado en la región. Su caída, así como la neutralización por parte israelí del Hizbulá y del movimiento islamista palestino Hamás, deja a Irán en una difícil posición geopolítica a nivel regional, mucho más a la defensiva y sin aliados estratégicos con capacidad para asestar una respuesta asertiva.

El propio Trump arrojó más suspicacias sobre lo que sucede en Siria asegurando que la caída de al Asad se debió porque a Rusia «dejó de interesarle» el suministro de apoyo militar y político a su aliado árabe. Esta declaración, unida al asilo otorgado por Moscú a la familia al Asad, es una clave para nada descartable a la hora de confirmar que, a pesar de las confrontaciones geopolíticas, detrás del final del régimen sirio podría estar operándose un tácito quid pro quo entre Rusia y el Occidente «atlantista».

Con todo, este escenario no descarta la plasmación de pulsos geopolíticos en otras latitudes orientados a disminuir la capacidad de influencia entre uno y otro contendiente. Un caso significativo es la crisis georgiana tras las elecciones legislativas de octubre pasado.

Mientras que el gobierno del partido Sueño Georgiano ha congelado el proceso de negociación para una eventual admisión en la Unión Europea (un evidente triunfo geopolítico para Rusia), en las calles de Tbilisi, la capital georgiana, se presentaba una serie de protestas que parecían recrear un nuevo «Maidán» similar al acontecido en Kiev durante el invierno de 2013-2014 y que implicó la caída del presidente ucraniano Viktor Yanúkovich, pieza estratégica del Kremlin.

 

Desde Europa hasta Asia Oriental

El prudencial optimismo que se ha observado en Occidente tras la caída de al Asad, aparentemente sin percatarse demasiado ante el hecho de que los rebeldes sirios están dominados por un oscuro movimiento yihadista con redes de conexión con Al Qaeda y el Estado Islámico, implica observar cómo la crisis siria define un margen de actuación del «atlantismo» que viene acelerándose en las últimas semanas como política preventiva ante la asunción al poder de Trump, cuyas declaraciones definen la posibilidad de contraer los compromisos de Washington con los intereses «atlantistas».

Estos marcos de actuación se han observado en las últimas semanas desde Europa hasta Asia Oriental. Comencemos por el rocambolesco escenario electoral en Rumanía tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de noviembre pasado.

El 2 de diciembre la Comisión Electoral validó la victoria de Calin Georgescu, considerado un candidato prorruso. Tres días después, las autoridades electorales en Bucarest desconocieron esos resultados toda vez que en Francia se escenificaba la caída del gobierno del primer ministro Michel Barnier tras una moción de censura impulsada por la ultraderechista Marine Le Pen (conocida por sus lazos con el Kremlin) y la izquierda francesa.

La caída de Barnier muestra a una Europa que observa atónita como el histórico eje franco-alemán, que marcó los cimientos de la UE, se sume en sendas crisis políticas que afectan los intereses «atlantistas» y que cambian los delicados equilibrios de poder de Bruselas con Rusia.

El adelanto de elecciones generales en Alemania para febrero de 2025 es sintomático porque podría confirmar el progresivo ascenso de la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD), señalada como aliada del Kremlin. Así, desde París hasta Berlín el clásico bipartidismo entre socialdemócratas y conservadores se ve alterado ante el ascenso de opciones más populistas y críticos con el establishment europeísta que la actual presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, intenta mantener en pie a toda costa con el apoyo de las fuerzas «atlantistas» vía Washington y la OTAN.

Por otro lado, el cada vez más opaco presidente ucraniano Volodymir Zelenski ha dejado entrever su presunta aceptación de una tregua con Moscú incluso aparentemente aceptando las ganancias territoriales rusas desde que comenzó el conflicto en 2022.

En medio de las tensiones entre Moscú y la OTAN, las expectativas de Zelenski evidenciarían la incapacidad ucraniana y «atlantista» para mantener el esfuerzo militar contra una Rusia demasiado concentrada en varios frentes dentro de sus esferas de influencia geopolítica en su espacio contiguo euroasiático. En caso de eventualmente darse esta tregua ruso-ucraniana anunciada por Zelenski, la OTAN estaría persuadida a observar con atención en qué medida sus intereses en Ucrania no se verán afectados manteniendo firme su apoyo militar a Kiev.

Pero dejemos Europa y concentremos la atención en Asia Oriental. El 3 de diciembre se observó una surrealista escenificación de un intento de golpe de Estado en Corea del Sur, cuando el presidente Yoon Suk-yeol intentó impulsar la Ley Marcial para, horas después, postergarla por el rechazo parlamentario. Esto dio paso a inesperadas protestas en la capital, Seúl, la destitución del ministro de Defensa y la salvación in extremis del propio presidente surcoreano de ser objeto de una moción de censura similar a la de Barnier en París.

El mandatario surcoreano atribuyó su fracasada decisión de imponer la Ley Marcial a una presunta interferencia de Corea del Norte vía parlamentarios opositores. Unos días antes, el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, estuvo en Pyongyang para reforzar la alianza estratégica militar entre Rusia y Corea del Norte.

En medio de estos acontecimientos, la UE y MERCOSUR rescataban un histórico acuerdo de libre comercio congelado durante 25 años con la intención de eventualmente construir la mayor área de integración a nivel global. A falta de ser ratificado y con no menos críticas sobre su operatividad, el objetivo en Bruselas con este acuerdo buscaría atar compromisos geoestratégicos ante el regreso de un Trump que ya ejerce de presidente anunciando fuertes aranceles proteccionistas, y al mismo tiempo neutralizar el peso geoeconómico y geopolítico de China en América Latina.

Vistos todos estos pulsos geopolíticos, la caída del régimen de Bashar al Asad en Siria no deja de explicar cómo los grandes actores de la política internacional intentan recomponer piezas a su favor ante las incertidumbres que se ciernen con Trump en la Casa Blanca.

Mientras ese Occidente «atlantista» clama por una transición pacífica en Siria surgen ahora tres interrogantes de calado geopolítico. La primera, ¿cuáles serán a partir de ahora las expectativas e intenciones de unos rebeldes sirios dominados por un desconocido grupo yihadista con conexiones exteriores que deberán ahora presumiblemente asumir un nuevo gobierno en un Oriente Próximo cada vez más convulsionado? En segundo lugar, la Siria post-al Asad, ¿se convertirá en la «nueva Libia» o en el «nuevo Afganistán» de Oriente Próximo?

Y finalmente, una tercera interrogante: en este pulso geopolítico entre las grandes potencias, tras la caída de al Asad, ¿se puede especular con una situación similar en la Venezuela de Nicolás Maduro, aliado precisamente de Rusia, China, Irán, Hizbulá y el hoy derribado régimen de Bashar al Asad y que parece estar en la diana de Trump, a tenor de las declaraciones realizadas por el próximo Secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio? Como en el caso de al Asad en Siria, ¿se verán obligados Moscú y Teherán a eventualmente dejar caer a un aliado como Maduro?

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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EL COMETA PESCA

César Augusto Lerena*

Este año vencen las cuotas de captura de las especies merluza hubbsi, merluza de cola, merluza negra y polaca por 15 años y el mar está revuelto. El nuevo gobierno pasó de pretender licitar el recurso internacionalmente a que todo siga como está.

Entendamos: los que encabezan las cuotas adjudicadas y además tienen autorizaciones para pescar langostinos y calamar, son las empresas que encabezan las exportaciones argentinas. Alguien se imagina, en este escenario, donde un pequeño número de personas que ―salvo excepciones― se repiten en las últimas décadas, pueden adjudicar por 15 años la captura de unas 325 mil toneladas por año de recursos pesqueros de dominio del Estado; es decir, unos 5 millones de toneladas, cuyos valores de exportación alcanzan hasta los 26.000 U$S FOB ¿y no existan sombras de corrupción? Es una tradición oral y vox pópuli en los ámbitos portuarios que los permisos de pesca tenían un precio. Cuestión que a partir de convertir las cuotas «en transferibles» se blanqueó. El buque pesquero más caro sin cuotas y/o autorizaciones no tiene ningún valor.                     

Se entiende entonces, ¿por qué la adjudicación de cuotas puede dar lugar a actos de corrupción? El dueño de la Pesca es el dueño del pescado. El Estado le da en concesión a una empresa la captura de una especie cuya demanda está asegurada. El empresario, sentado en el escritorio y en tiempo real, va conociendo como se va llenando la bodega del buque para cumplir con la orden de compra que ya fue emitida. El Estado le cede por 15 años «la gallina de los huevos de oro». Claro está, en la Argentina con los altos costos internos, la inflación imprevisible, sin proyecto y pendular, nada es fácil; pero, nada mucho cuesta poco.

Enrique Santos Discépolo en su tango «Cambalache» hace 90 años (¡!), inmortalizado por Carlos Gardel, ya nos decía: «el que no llora no mama y el que no roba es un gil, dale no más…».

Por un lado, el año 2024 comenzó con un intento de reforma del Régimen Federal de Pesca por la cual, mediante un simple pago de un canon, el gobierno les habría otorgado todos los recursos pesqueros argentinos a buques extranjeros sin necesidad de desembarcar en los puertos nacionales, sin utilizar tripulación argentina, sin industrializar las capturas en Argentina y evitando el pago de impuestos, retenciones, etc. Un proyecto que es difícil de creer que hubiese sido elaborado por un incapaz; tenía vocación sancionatoria y ejecutaba la idea anarcocapitalista de liberar todo y ante semejante desatino «bananero» nadie podría asegurar que no habría escondido un retorno multimillonario. No hubiese sido la primera vez; pero, aun fracasando, Federico Sturzenegger consiguió sembrar un estado de pánico, no solo en la Argentina sino en todos los países donde veían peligrar sus negocios en el país. Los WhatsApp de los gallegos explotaron entre ambos continentes. No querían quedarse solo explotando ilegalmente en Malvinas.   

El otro extremo de «que todo siga como está» también podría tener su precio y de eso hablaron los medios nacionales (La Política Online) y especializados (RevistaPuerto.com).

Como consta en las Actas 10, 12 y 14/2024 del Consejo Federal Pesquero (CFP), todo el sector empresario pesquero, gremial y naviero envió apresuradas notas a este Cuerpo solicitando la prórroga de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura de las referidas especies Las notas pudieron ser autónomas; pero, también podrían haber sido solicitadas por el Subsecretario de Pesca López Cazorla para curarse en salud y no innovar, contrario a las opiniones de Sturzenegger de que los empresarios no compiten y que por eso su intención había sido licitar.  

¿Son necesarios estos extremos? Porque en esta nueva adjudicación no se innovaría en materia de mayores inversiones; tampoco se establece que el tiempo de concesión debería estar determinado por la cuantía de las inversiones y de su recuperación económica; no se establece un aumento de la industrialización y el valor agregado; un mayor respeto por las autonomías provinciales o la exigencia de planes de desarrollo pesquero y comunitarios de cumplimiento auditables.

Las cuotas no puede otorgarlas el Consejo Federal Pesquero, sino una Comisión Técnica Ad-hoc designada al efecto que debiera evaluar y dictaminar previamente sobre la validez de todos los permisos, cuotas y autorizaciones de captura otorgados desde la sanción de la Ley 24.922 (recordemos la cajoneada Auditoría de la UBA) y además de las exigencias de la ley que, el otorgamiento no produzca una concentración indeseable en relación al resto de las empresas pesqueras, donde se establezca la «Unidad Económica Pesquera» que garantice la sustentabilidad de las pequeñas empresas para que no terminen transfiriendo sus cuotas, se incorporen buques con la mayor tecnología relativa a la eficiencia pesquera, reducción de la huella de carbono y que cuenten con sistemas de refrigeración para agua de mar u otros sistemas que garanticen la óptima calidad del producto capturado y transportado fresco que favorezcan la selectividad de las capturas; que los productos se procesen en el país y se destinen directamente al mercado minorista internacional o nacional; se realice un mayor aprovechamiento de los residuos a bordo o en tierra; no produzcan descartes en el mar sino que se desembarque y procese todas las capturas; el proyecto contemple el desarrollo de la producción en acuicultura o mariculturas en relación a las cuotas o autorizaciones de captura obtenidas; se presenten proyectos de Responsabilidad Social respecto a la comunidad de asiento de las empresa.

Tampoco es posible que, como un coto cerrado, se cierren las puertas a nuevas inversiones. Un porcentual del total a capturar debe destinarse a ello. No olvidemos: se trata de un recurso del Estado dado en concesión a privados para su explotación. Y por supuesto, no es posible que los fondos provenientes del pago de derechos, se siga haciendo como se lo hace, destinando sumas multimillonarias a la administración ineficiente y puesta en duda de la Subsecretaría y el Consejo Federal Pesquero (Ver Actas CFP 3, 8 y 11/24).

Ahora, dos medios son muy importantes para ventilar una corrupción que podría seguir vigente. LPO (La Política Online), que destapa la olla, y la Revista Puerto que da detalles elocuentes y, por su parte, la embajada de Estados Unidos que defiende los intereses de sus empresas radicadas en la Argentina. Nadie antes se había atrevido a tanto y en muchas escribanías podrían estar amarillos boletos de compraventa de permisos incompatibles con la administración de los recursos del Estado. Antes eran más formales, ahora basta un sótano. En cualquier caso, la justicia debería investigar aquellas de entonces y estas denuncias de corrupción; cuestión que parece una misión imposible, donde el Estado se pretende achicar, pero no a la hora de recaudar.    

La Revista Puerto indica «la irrupción solapada de un grupo de operadores que, según pudo chequear este medio, convocaron a referentes del sector a distintas reuniones diciendo que actuaban en representación de Santiago Caputo. De hecho, la persona a cargo de las primeras charlas mantuvo conversaciones con los representantes de las pesqueras más importantes del país en el microcentro porteño y algún sótano en la calle Paraguay. Según lo que pudimos saber off the record por fuentes del sector, el pedido de coima terminó siendo de 100 dólares por tonelada de merluza hubbsi y 1.000 dólares por tonelada de merluza de negra que deberían pagar eran unas 12 empresas receptoras de unas 120.000 toneladas de merluza hubbsi, lo que daría la cifra de 12 millones de dólares que, sumados a los 3,3 millones de la merluza negra, proporcionarían esos 15 millones de dólares a los que alude el portal LPO… algunos empresarios se negaron a pagar; dicen que el primero que dijo “no” fue Tony Solimeno; pero, al parecer, el que pateó el hormiguero fue la negativa del Grupo Iberconsa, propiedad del fondo Platinum Equity, de origen en Estados Unidos, con vinculaciones con la embajada de ese país, la que habría destapado el escándalo a través LPO…Es decir que el supuesto pedido de coima no sería para dar algo que no corresponde, sería en todo caso un apriete del ala de gobierno que respondería a Santiago Caputo con la amenaza de que, si no pagan, le van a dar vía libre a las pretensiones de Sturzenegger para licitar internacionalmente las cuotas y hacer desaparecer a gran parte del sector pesquero».

Aunque los hechos tengan cierta coincidencia con la declaración del presidente Milei el pasado 02/09/2024 en la UIA: «Vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes» (sic), hay una cierta confusión de quienes podrían ser los damnificados de haberse pagado esta supuesta coima. No son solo los empresarios, es nuevamente el Estado, porque esos 15 millones que habrían estado en juego, seguramente habrían de reducir el aporte del pago de los derechos de captura de los empresarios.

El Consejo Federal Pesquero (CFP) ante tan grave denuncia «habría suspendido la renovación de las Cuotas de Merluza y existen versiones ―dice la LPO el 04/09/2024― de la renuncia del funcionario a cargo». Aunque nos preguntamos porqué la suspensión estaría referida a la merluza hubbsi que tiene un valor del orden de los U$S 3.000 la tonelada y no también de la merluza negra, cuyo precio como dijimos supera los U$S 26.000 la tonelada y se vende a 32 dólares la libra (450 g) en Estados Unidos. También nos queda la duda si solo debieran renunciar el subsecretario de Pesca y presidente del CFP López Cazorla o el influyente delegado del ministro Caputo en el CFP Juan Pazo. En realidad, la suspensión y eventual renuncia se suman a darle crédito a la supuesta coima y en ese caso, la Autoridad de Aplicación por la Ley 24.922 el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Sergio Iraeta y todos los miembros del Consejo Federal Pesquero deberían renunciar.

Pero, éramos pocos y parió mi abuela. No bastaba con funcionarios, intermediarios y empresarios. Apareció Tío Sam. Porque, aunque Sturzenegger no lo sepa, en la Argentina hay innumerables empresas nacionales de capital extranjero. La actividad pesquera, si bien tiene muchos defectos, no está constituida por un empresariado nacional prebendario y el Grupo Ibérico de Congelados SA (IBERCONSA) es, a pesar de sus orígenes, de accionistas del fondo norteamericano Platinum Equity y seguramente tiene muchos problemas para justificar el negro.

Ahora, los peticionantes cayeron en el peor momento para quedarse con unos dólares a cambio de adjudicar cuotas de merluza negra, porque como nos explica Seafood Media Group con un extracto de Associated Press, ya hay roces diplomáticos entre Estados Unidos y el Reino Unido por las licencias de ilegales de pesca otorgadas por este último en las islas Georgias del Sur (argentinas), como contrapartida a la pesca indiscriminada rusa de esta especie, pese a que en esa región los límites se imponen por consenso por la Comisión de Conservación de la Antártida (CCAMLR); razón por lo cual, «las autoridades estadounidenses, amenazan con prohibir las importaciones británicas de esa zona» y no es un tema menor que algún referente del gobierno le hubiese requerido coimas a una empresa de capital americano, porque Estados Unidos es el primer comprador ―en volumen y precio― de merluza negra en Argentina. «La disputa indica que los esfuerzos de Rusia por socavar a Occidente llegan a las regiones más remotas, tradicionalmente al margen de las batallas geopolíticas» y tampoco parece haberlo entendido la Cancillería, cuyo gobierno dice estar alineado con el país del norte.

Hay cometas y cometas. Ésta habría sido de las peores: desmesurada y extorsiva. Y el gobierno va a tener que dar rápida respuesta al requerimiento de informes que al respecto efectuó el presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el ex Intendente de Mar del Plata Gustavo Pulti, a la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y al Consejo Federal de Pesca, en el cual manifestó que «A partir del estado público de que se habrían producido reuniones entre funcionarios del Gobierno Nacional y empresarios del sector que, culminaron con una denuncia efectuada por la firma IBERCONSA, ante la Embajada de Estados Unidos, quien asevera se le efectuó un pedido de coimas de 15 millones de dólares por parte de los emisarios del Gobierno Nacional» y ante «la inusitada gravedad que el hecho traduce, en la que se estaría denunciando la existencia de actos de corrupción y negociaciones incompatibles con la función pública que habrían llevado a las empresas extranjeras impropiamente requeridas a poner en conocimiento de la Embajada de los Estados Unidos sobre la comisión de un hecho de corrupción que, para mayor gravedad, se proyecta sobre recursos naturales estratégicos de la Nación ―como resulta ser el pesquero― justifican el requerimiento de información que se efectúa, correspondiendo aclarar que la actividad referida ―denunciadas en los informes periodísticos relevados― resulta constitutiva de conductas tipificadas por el Código Penal y contrarias a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por ley 26.097».

«Vale remarcar que la Constitución Nacional, desde su Preámbulo y artículo 1°, al igual que la Constitución provincial, establecen el principio republicano de gobierno, una de cuyas manifestaciones primordiales reside en la exigencia de publicidad de los actos de las autoridades del Estado. Con ello se procura que los ciudadanos puedan conocer los actos de gobierno, como modo de controlar a sus representantes, condición inherente a la democratización del poder. La Constitución Nacional prevé implícitamente este derecho en los enunciados generales de los artículos 1º y 33º, dentro del contenido ínsito en la libertad de expresión (art. 14) y en algunos campos en los que la información es peculiarmente necesaria, v.gr., arts. 38º (partidos políticos) 41º (derecho ambiental) y 42º (derechos de los consumidores y usuarios) … Análoga consagración surge de los tratados internacionales que revisten jerarquía constitucional de acuerdo al art. 75º inc. 22…la Convención Americana contra la Corrupción, ratificada por Ley 24.759…la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por la ley 26.097, etc. razón por la que solicito a los funcionarios, ponga a disposición del suscripto la información requerida, dentro de los plazos legales».

Y sería bueno que lo hagan; el pueblo quiere saber de que se trata y obrar en consecuencia. Hay que achicar el Estado de los que se valen de éste en forma corrupta e indecorosamente para su provecho.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar