Hace poco la ex ministra de seguridad del ex presidente Macri, ante la acuciante situación que se vive en la narco ciudad de Rosario, expresó la idea de empeñar las FFAA en la lucha contra el narcotráfico. Bullrich logró su objetivo, manifestó una posible y contundente solución a un problema que día a día se agiganta y cuyas víctimas dilectas son los jóvenes. Esta propuesta adolece de superficialidad y falta de estudio de la legislación vigente.
Empeñar las FFAA en la lucha contra el narco, no es la mera modificación de la ley de Defensa Nacional. En primer lugar, el narcotráfico es un delito federal, y como tal debe ser perseguido por las fuerzas de seguridad y policías federales y la justicia federal. Es decir, si Rosario es una narco ciudad, es evidente que ni la policía local (en este caso la Policía provincial de Santa Fe), ni las fuerzas federales dan adecuada respuesta. Tampoco lo hacen la justicia federal y los políticos que guían a esas fuerzas.
Ese problema no se arregla enviando a las FFAA, que tienen otra misión y no están concebidas ni formadas para reprimir delitos federales. Para esto la Argentina, con la ausencia de austeridad en el gasto público que la caracteriza tiene nada menos que cuatro fuerzas federales, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y una fuerza militarmente estructurada, la Gendarmería Nacional. Estas fuerzas que precisamente dependieron de Bullrich cuando ejerció como ministra de seguridad de la Nación.
Hace ya algunos años que la ineficacia policial, la corrupción que promueven las bandas narcos, los recursos casi ilimitados de los que estas disponen y la organización militar que alcanzaron algunas, movió a los EE.UU. a impulsar la idea según la cual los países debían empeñar a las FFAA en la batalla contra el narcotráfico. México lo hizo con el ejército y la marina, y Colombia, dada las características propias de las FARC como organización narco militarizada, empeñó fundamentalmente al ejército. Aún hoy hay militares colombianos encarcelados por la guerra contra las FARC y juicios por lesa humanidad que imputan desde soldados a generales.
El Derecho Internacional Humanitario habilita a las FFAA a intervenir en cuestiones internas de los países, únicamente si el grado de violencia alcanza el nivel de un conflicto armado interno, [art.3 común de las Convenciones de Ginebra] en cuyo caso las FFAA y los oponentes, tienen las mismas obligaciones y responsabilidades para con la población civil inocente, ajena a las hostilidades. Por tanto, los integrantes de las FFAA pueden tirar a matar, siempre y cuando se trate de una situación de combate, porque el oponente, aunque sea civil, al participar de las hostilidades pierde las protecciones de las que es titular. Empero si las condiciones no son propias de un conflicto armado interno, como ocurre en Rosario, esa misma acción es un homicidio, aunque el muerto se trate de un integrante de una banda narco.
Dicho esto, en el hipotético caso en que las FFAA pudieran intervenir, debería existir un marco jurídico adecuado que reconozca la existencia de un conflicto armado interno.
La solución entonces está en formar y capacitar adecuadamente a las fuerzas federales, proveerles el equipamiento necesario, mantener un estricto control de sus actos, así como un adecuado plan de rotación para evitar el exceso de connivencia con el poder de corromper de los narcos, disponer de una adecuada inteligencia criminal, que es diferente a la inteligencia militar, garantizar un apropiado servicio de justicia, eliminar todo tipo de protección política y eventualmente instaurar un programa de recompensas. Deberá también implementarse medidas contra el síndrome de abstinencia de los consumidores y un efectivo programa nacional contra las adicciones, ya que la problemática es de por sí muy compleja y como tal debe abordarse integralmente.
En fin… es más fácil decir que para controlar el narcotráfico hay que enviar a las FFAA, pero sin un marco jurídico adecuado los civiles que dan las órdenes no responden nunca judicialmente, los uniformados terminan presos y con infinidad de causas penales y los narcos alegarán ser las víctimas de las políticas estatales y finalmente cobraran jugosas indemnizaciones pese al daño que le hacen a la sociedad.
Estamos ya en campaña y algunas propuestas buscan al electorado que se hartó de los políticos y que enojados votarán al que represente mejor ese hastío. Pero antes de proponer una medida efectista aunque poco eficiente, creo que debemos reivindicar, recuperar y potenciar el rol fundamental de las FFAA, aumentar el inexistente presupuesto que damos a la Defensa en nuestro país y blindar de un marco legal a quienes mandamos a poner el cuerpo por todos. Fortalecer y capacitar a las fuerzas federales en su rol originario es el primer paso fundamental para combatir un flagelo que asola nuestro país con creciente virulencia. Los instrumentos ya están creados y creo que dotarlos de los recursos necesarios junto con el apoyo legal y político es la respuesta inmediata que espera la población.
* Diputada de la Nación por La Libertad Avanza. Abogada. Presidente del Partido Demócrata de la Provincia de Buenos Aires. Secretaria General del Partido Demócrata Nacional. Presidente de CELTYV.
El presente artículo puede ser reproducido libremente.
Corbeta ARA “Gómez Roca”, Clase MEKO-140A16 Batch 2, construida en el Astillero Río Santiago, Ensenada, Argentina.
Vuestro valor ha deslumbrado no sólo al pueblo argentino sino que somos muchos los que en el mundo estamos orgullosos que seáis nuestros hermanos pilotos.
Del Coronel Pierre Clostermann, héroe francés de la Segunda Guerra Mundial, a los pilotos argentinos
Introducción
Se le atribuye al ex Secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kissinger haberse referido a la Argentina en una reunión de la Trilateral Comisión, celebrada en Costa de Marfil en 1985. En esa oportunidad habría dicho que “O la Argentina acepta su papel de exportador de materias primas, o procederemos a su libanización”.
Estas expresiones tuvieron lugar tan sólo tres años después de que la Argentina enfrentara no sólo al Reino Unido sino también, virtualmente, a la OTAN en el Conflicto del Atlántico Sur.
Desde entonces, por diversas razones, las Fuerzas Armadas Argentinas han visto languidecer su poder de fuego llegando a la preocupante situación actual. Los sucesivos gobiernos británicos han implementado un verdadero boicot destinado a impedir que nuestro país adquiera el armamento necesario para proteger su territorio —el octavo en extensión a escala mundial— y su extensa plataforma continental que se proyecta sobre el Atlántico Sur.
El Reino Unido les ha prohibido a sus socios vender material bélico a la Argentina que tuviera componentes británicos. Esa sería una de las razones que ocasionó en su momento la demora en la reparación del malogrado rompehielos “ARA Almirante Irizar”, fundamental para el desarrollo de las campañas antárticas así como para las operaciones de salvamento y rescate (Operaciones SAR), en cumplimiento de los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito (Ley Nº 22.445).
Años atrás se había difundido la noticia que la Argentina podría adquirir 24 aviones Saab Gripen NG mediante un memorándum firmado entre nuestro país y Brasil a partir de la producción de esas aeronaves en nuestro vecino del MERCOSUR. Pues bien, la propia empresa sueca se encargó de informar que esa operación no se realizaría en función del embargo militar impuesto por el Reino Unido a la Argentina, por el cual no se nos debe proveer ni armas ni componentes militares.
De tal manera que Argentina tiene pocas opciones: o adquiere armamento por fuera de las industrias de Occidente, por ejemplo a empresas de China, India, Pakistán o Rusia, por citar algunos ejemplos, o se pone en campaña para poner a punto sus propias industrias destinadas a la producción para la defensa.
Su relevancia
Luego de más de tres décadas de abandono, los diez años de la presidencia de Carlos Menem, los del gobierno de los Kirchner, los del gobierno de Mauricio Macri —a los que sumaremos los de la actual gestión a pesar del promocionado Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF)— las Fuerzas Armadas carecen de los medios materiales para cumplir con su misión específica: la defensa de la Soberanía Nacional.
Por otro lado, haciendo una digresión no poco importante, cabe agregar que también carece de recursos humanos, es decir, de un número considerable de militares profesionales que puedan llevar a cabo esa misión. Muchos dejaron las fuerzas por los bajos salarios o porque las propias fuerzas no contaban con los medios para los cuales se habían capacitado. Por consiguiente, empresas aéreas nacionales y extranjeras se llevaron los pilotos formados por las tres fuerzas con el dinero que el Estado Nacional había invertido en su formación. Una situación similar ocurrió en la década de 1990 cuando el gobierno del presidente Carlos Menem cerró la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA) y los oficiales formados por la Escuela Nacional de Náutica —fundada nada menos que el 25 de noviembre de 1799 gracias a la visión de Manuel Belgrano— debieron buscar trabajo en las empresas marítimas privadas, pero en esa época no con la misma suerte, pues muchos fueron mal remunerados. Debe destacarse que varios efectivos del Ejército y de la Armada renunciaron para incorporarse a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, oportunidad en la que el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta y el presidente Macri procedieron a, prácticamente, destruir la Policía Federal Argentina. De modo tal que, actualmente, el total de efectivos de las Fuerzas Armadas es inferior al de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con más de 90.000 miembros.
En 2013 el gobierno nacional, mediante el Decreto 636/2013, creó la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, con el objetivo de impulsar “la investigación científica, el avance tecnológico y el crecimiento productivo de la industria para la Defensa nacional como pilares fundamentales para el resguardo de la soberanía argentina y sus recursos estratégicos”. En ese marco se procura desarrollar lo que se denominó el “Polo Industrial-Tecnológico para la Defensa” con la intención de consolidar “las capacidades de las empresas y los institutos en la órbita del Ministerio de Defensa”.
El complejo incluye:
la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM),
el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR)
la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA),
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF),
el Instituto Geográfico Nacional (IGN),
el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En el pasado estas áreas tuvieron un papel muy importante en el desarrollo del país, tanto en la producción para la defensa como para el ámbito civil, y su recuperación es trascendental en términos estratégicos y de soberanía.
Como se ha mencionado ut supra, el Conflicto del Atlántico Sur ha puesto en evidencia las limitaciones que nuestro país tiene no sólo para armarse para la defensa sino también para reparar y reacondicionar el material existente. De tal manera que nuestro país debe debatir si continuará en esta coyuntura de indefensión ante una agresión externa y de imposibilidad de cumplir adecuadamente la vigilancia de nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE), objeto de la depredación de nuestra riqueza ictícola por parte de buques extranjeros. Este saqueo de nuestros recursos marinos ―que significa la pérdida de millones de dólares― obedece a la política de desidia implementada por los gobiernos desde 1990, la que ha impedido que nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea cuenten con buques y aviones capaces de ejercer el control de nuestra soberanía. El Ejército Argentino no está exento de esas carencias pues, fundamentalmente se lo provee de vehículos de transporte para cumplir con las tareas subsidiarias de las Fuerzas Armadas, pero no de blindados, cañones, helicópteros, aviones, etc.
Situación actual y primeros pasos
A pesar de lo grandioso que significa expresar que el objetivo es crear un “Polo Industrial-Tecnológico para la Defensa”, debe considerarse nuevamente que las tres décadas de abandono de las industrias destinadas a la defensa no permitirían hablar de esta cuestión en términos tan optimistas.
Si nos preguntáramos qué industria de estas está en plena capacidad de producir algo de calidad militar en serie, la respuesta ―en líneas generales― sería ninguna. Sería justo reconocer que algunas de estas industrias pueden comenzar, gradualmente, a dar algunas respuestas a las necesidades de la defensa de la Nación. Entre estas podemos destacar a la DGFM y FAdeA y, en menor medida, INVAP y CINAR.
Todas precisan contar con material humano calificado ya que durante estos años se ha perdido personal idóneo y la falta de objetivos y de directrices claras no mantuvo actualizado al que permaneció en actividad. Por tal motivo, una de las principales tareas consiste en capacitar al personal. Lo propio habría que hacer con las instalaciones fijas para que respondan óptimamente a las mencionadas necesidades.
Para este propósito debe recurrirse a la cooperación de otras áreas, como por ejemplo la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que ha alcanzado un considerable conocimiento en el segmento espacial, y ARSAT, con su soporte de comunicaciones satelitales y por fibra óptica, que dan sostenimiento a buena parte de las posiciones desplegadas. De tal modo que es necesario tener en cuenta estos dos actores.
En este contexto sería relevante poseer una compañía estatal de celulares ya que buena parte del soporte de comunicaciones de nuestras fuerzas terrestres ―insólitamente― se realiza por celular.
A los efectos de establecer un potencial orden de precedencia de capacidades a recuperar en términos militares, es imprescindible ―para todos los casos y de manera urgente― la generación de una masa crítica de especialistas que, necesariamente, deberá formarse en el exterior.
Por otra parte, será imprescindible poner a las Fuerzas Armadas como usuarios finales de la tecnología. Deberá reconocerse que uno de los grandes vicios de los últimos cuarenta años ha sido que los militares se vieron involucrados dentro de los proyectos y no como usuarios. En adelante, a los efectos de tener éxito en el objetivo producir para la defensa nacional, el desarrollo deberá estar en manos de las áreas competentes.
Del mismo modo, Argentina debe recuperar su capacidad misilística perdida con el desmantelamiento del proyecto Cóndor II. En la actualidad, nuestro país no posee defensa aérea de precisión guiada, sino sólo artillería convencional. Como consecuencia de esa decisión tomada durante el gobierno del presidente Menem, hoy la planta de Falda del Carmen está en manos de la CONAE, parte de la misma se destruyó y ya no se cuenta con el personal calificado involucrado en ese proyecto. Esta prioridad debería ser considerada como una cuestión de Estado y bajo la esfera del propio Ministerio de Defensa o de la Presidencia de la Nación.
Hasta el presente mucho se ha hablado de FAdeA pero la planta tiene un potencial que debería ser explotado. Debería ser puesta en valor para la recuperación, mantenimiento y fabricación en serie de aeronaves con poder de fuego. Dada la extensión de nuestro territorio y las necesidades de las campañas antárticas, Argentina debe contar imperiosamente de aviones tipo Hércules o similares, así como de otros más pequeños y helicópteros para transporte de fuerzas de despliegue rápido. La reciente oferta realizada por la Federación de Rusia permitiría una sustancial mejora de la situación mediante la transferencia de tecnología pero lo óptimo sería desarrollar y producir nuestras propias aeronaves.
A los efectos de la defensa, debe recuperarse el complejo otrora conocido como “Domecq García” (hoy CINAR) y recuperar la experiencia adquirida en el armado de corbetas, fragatas y submarinos.
Otro punto a considerar es potenciar las capacidades de CONAE-INVAP en electrónica de punta, con la intención de desarrollar drones, software, radares y otros productos que hoy constituyen un apoyo importante en cualquier actividad operativa, tanto de seguridad como de defensa.
Como un logro a destacar es el progreso obtenido en simuladores desarrollados por profesionales del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF). Se trata del simulador de tiro transportable (de pistola y fusil) SIMRA II, el simulador de vuelo, VISUALPAMPA y el simulador en red de tanques NEONAHUEL, desarrollado conjuntamente con el Ejército. También puede considerarse un éxito el Sistema Lanzacohetes Múltiple (SLM) CP-30 desarrollado por el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) y producido íntegramente en el país por Fabricaciones Militares.
Sistema Lanzacohetes Múltiple (SLM) CP-30
Una real necesidad de desarrollar la producción para la defensa nacional
En función del interés nacional, sería importante que la repotenciación de las áreas concernientes a la defensa no sea una mera declamación. Argentina debe nuevamente desplegar su capacidad para, desde el punto de vista militar, lograr el autoabastecimiento de radares, blindados, cañones, buques, drones y aviones, incentivando el desarrollo científico y tecnológico pero no de una “manera artesanal”, como se ha realizado en el pasado, sino en una producción en serie que también permita la exportación de ese material. Del mismo modo, el complejo deberá atender a las necesidades del desarrollo aeroespacial de nuestro país.
Desde un punto de vista de una producción destinada a la industria y al uso civil, el complejo contribuirá en el desarrollo siderúrgico, minero, de la marina mercante y del transporte ferroviario. En lo que respecta a este último, la recuperación de la red ferroviaria nacional y la construcción de nuevos ramales que conecten las ciudades y las zonas productivas del interior del país contribuirán en gran manera al desarrollo de las economías regionales, cuestión de enorme importancia para generar empleo en nuestras provincias. El desarrollo ferroviario debe verse como un elemento estratégico a escala nacional desde tres puntos de vista:
transporte de mercaderías: implica fletes más económicos, menos contaminante e implica un menor deterioro de nuestras rutas y autopistas al reducir el transporte a través de camiones,
transporte de personas: más económico, más seguro y
uso militar: nuestras Fuerzas Armadas precisan contar con un transporte para el despliegue de su material, el cual en la actualidad se encuentra limitado por la reducción de la red ferroviaria y por los intereses de los sectores privados.
Publicidades de la producción ferroviaria de Fiat Concord. Cuando Argentina fabricaba y exportaba material ferroviario.
Respecto del transporte ferroviario de pasajeros es importante señalar que el desarrollo de la red nacional podría favorecer a numerosas localidades del interior a través de la implementación de “ferrobuses” que las vinculen entre sí. Este proyecto puede ser llevado a cabo por el sector privado como por los municipios que inviertan en este tipo de transporte, tanto en forma individual como mediante la unión de dos o más comunas.
En función de considerar la recuperación de la red ferroviaria y la producción de material ferroviario como una cuestión de Estado, sería necesario que los actuales ociosos talleres del sector queden bajo la esfera del Ministerio de Defensa.
Estos proyectos hacen necesaria grandes sumas de dinero pero atento a los beneficios que el desarrollo de las industrias de defensa tendrá para la Argentina es imprescindible asumir que esos fondos serán destinados a una inversión y no a un gasto. La Defensa Nacional debe considerarse de modo preventivo, como quien adquiere un seguro para su vehículo ante cualquier eventualidad.
A modo de conclusión
A propósito de la desafortunada cita de Henry Kissinger, debe recordarse que en abril de 1984 el entonces Presidente Raúl Alfonsín manifestó su preocupación ante el fenómeno de la “libanización”. En esa oportunidad dijo: “Yo pienso que o levantamos las banderas nacionales u otros levantarán en nuestra nación banderas que no son las nuestras, como ha pasado en Líbano”.
La historia reciente del mundo ha dado muestras que esto puede ocurrir ―la ex Yugoslavia es un claro ejemplo, Iraq, Siria y Ucrania son otros― y Argentina debe estar preparada para los desafíos.
Lamentablemente nuestras Fuerzas Armadas están más afectadas por un enemigo interno que por un embargo británico: nuestra dirigencia política. Nuestros políticos están más dedicados a las minucias de la política interna no tienen ninguna noción de las cuestiones estratégicas, al punto que aborrecen de que se hable de “hipótesis de conflicto”. Sin embargo, no quepa duda que hasta nuestros vecinos contemplan hipótesis de conflicto. Resulta extraño que se omita hablar de esto cuando en nuestra historia reciente tuvimos que enfrentar un conflicto bélico, el cual está lejos de poder considerarse cerrado. El Reino Unido sigue fortaleciendo su poderío militar en la región y la creciente tensión internacional en el norte podría convertir al Atlántico Sur en un teatro de operaciones.
Por otro lado, el contencioso con los denominados “fondos buitres” le presentó a la Argentina un “cisne negro” —siguiendo a Nassim Nicholas Taleb— cuando, en octubre de 2012, el buque escuela de la Armada Argentina, la Fragata Libertad, fue retenida en el puerto de Tema, en Ghana, cuando se encontraba realizando un viaje de instrucción.
En función de ello, debe pensarse en términos estratégicos para que la Argentina pueda responder a los conflictos previsibles y pueda estar preparada para aquellos que pueden considerarse contingentes.
La producción para la defensa no debe considerarse un gasto sino una inversión que presenta aspectos positivos, entre los que pueden destacarse los siguientes:
favorece el desarrollo científico y tecnológico nacional;
incentiva la innovación, tanto en la producción con fines bélicos como en el resto de las industrias;
estimula la inversión privada nacional y extranjera, como así también la firma de tratados estratégicos con otras potencias;
crea puestos de trabajo calificados;
incrementa las exportaciones en un rubro no tradicional para la Argentina, lo que significa divisas para nuestra economía;
satisface las necesidades de transporte y de nuestras industrias y
beneficia a las PYMES argentinas al incluirlas como proveedoras de este gran proyecto de desarrollo nacional.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
