Entrevista a Agustín Saavedra Weise. Embajador de carrera (jubilado) y excanciller de Bolivia
Agustín Saavedra Weise. Foto: Archivo
Agustín Saavedra Weise pone la “lupa” de la evaluación a la gestión de poco más de un mes de la primera mujer canciller del Estado: Karen Longaric.
El embajador de carrera (jubilado) y exministro de Relaciones Exteriores respondió un cuestionario del periódico Bolivia sobre el acercamiento del país con Estados Unidos, un eventual retorno de Usaid y el nuevo enfoque que debería tener los vínculos con la República de Chile.
¿Qué tipo de relación busca el Gobierno transitorio con Estados Unidos?
Se busca reencauzar vínculos que fueron disminuidos desde 2008 (cuando se retiró a los embajadores de ambos países) y que era necesario replantear. El realismo en las relaciones internacionales nos señala que los países no tienen amigos permanentes, pero sí tienen intereses permanentes, y para Bolivia —como para la inmensa mayoría de naciones— una buena relación con Estados Unidos es parte de su interés nacional. Por cuestiones ideológicas ajenas a esos citados intereses permanentes, la administración anterior siguió otro camino. Ahora la política exterior boliviana se encauza por el camino correcto, siempre con dignidad y soberanía, pero ya no en función de ideologías o de amistades, sino de intereses concretos.
El Gobierno de transición dio muchas señales a Estados Unidos, desde el nombramiento de un embajador en misión especial (OscarSerrate) hasta la eliminación de la visa para los ciudadanos estadounidenses vigente desde 2007. ¿Qué repuesta se debe esperar de Washington? ¿El apoyo del presidente Donald Trump era lo que se buscaba?
Evidentemente se dieron pasos para ir reencauzando la relación bilateral de Bolivia con Estados Unidos. Se tomaron acciones en un marco pragmático y digno, acorde con lo mejor para Bolivia en términos estructurales, dejando de lado ideologías o simpatías. Mediante un tuit reciente, el presidente Donald Trump dio su pleno respaldo al gobierno que preside Jeanine Áñez. Ello ha venido acompañado de otros gestos, visitas y declaraciones de altos funcionarios de Washington. Y eso es algo significativo, que no se produce ni todos los días ni con cualquier país. Creo que en este campo de la política internacional boliviana vamos por buen camino.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, estuvo la pasada semana en Washington y se reunió con el representante de Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). ¿Es posible el retorno al país de esta entidad expulsada en 2013?
Usaid es un mecanismo norteamericano de ayuda internacional que en el pasado cooperó con Bolivia en diversos ámbitos. En su oportunidad, Usaid incentivó la creación de entidades financieras dedicadas al microcrédito para pequeños productores, práctica que luego se hizo general y ya cuenta hasta con bancos especializados en la materia. Por otro lado, Usaid también estimuló proyectos de salud (fue el caso de Prosalud) y cooperó de varias otras maneras. No veo por qué no puede volver. Con los debidos resguardos de soberanía y las condiciones que la administración de turno señale, el retorno de un ente como Usaid, que por mucho tiempo ha colaborado con Bolivia, lo veo como algo de neto beneficio para la nación.
¿Qué significa desideologizar las relaciones diplomáticas?
Desideologizar significa, en lenguaje simple, procurar relaciones externas sobre la base del interés nacional, de las ventajas que se ofrecen y de las ventanas que se abren, en lugar de hacerlo en función de intereses políticos e ideológicos. Es la mejor manera de conducir las relaciones externas de un Estado independiente. La vía pragmática en materia de política exterior procura siempre lo mejor para el interés nacional, dejando a nivel secundario amistades, simpatías e ideologías. Ese camino se ha trazado la canciller Karen Longaric, siempre de común acuerdo con la presidenta Jeanine Áñez, y es una buena senda, que merece seguir siendo recorrida.
¿El acercamiento con Rusia y China fue bueno o no para Bolivia?
Todo acercamiento que se realice, repito una vez más, en función del interés nacional es bueno. Las relaciones de Bolivia tanto con Moscú como con Beijing son fluidas y son bienvenidas; también lo son sus inversiones y mecanismos de cooperación, siempre bajo pautas de respeto mutuo, sin interferencia en asuntos internos de nuestro país, algo que vale también para Estados Unidos y cualquier otro miembro de la comunidad mundial.
En la reciente Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), la canciller Longaric tuvo un encuentro y conversó con su homólogo de Chile, Teodoro Ribera. ¿Cuál debe ser el enfoque de la relación con Chile tomando en cuenta el proceso que se desarrolla en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el Silala? ¿Cómo recuperar la mentada confianza mutua?
La canciller Longaric, por su larga y meritoria trayectoria diplomática, tiene una antigua relación de amistad con el actual Canciller de Chile y de ahí la conversación sostenida que, sin revestir carácter oficial, genera ondas positivas para, en un futuro cercano a determinarse, reconducir el diálogo bilateral con el vecino transandino. Los cientos de kilómetros de límite común reflejan por sí mismos un sinnúmero de vínculos, que deben ser afianzados y reforzados. En mi modesta opinión, el diálogo debería recomenzar convocando primeramente a los Comités de fronteras, para así ir destrabando situaciones primarias de interés común para las partes e ir escalando luego, progresivamente, hacia diálogos de alto nivel.
Cuando las tropas argentinas abandonaban Malvinas, creímos que había ocurrido lo peor. Los contrastes fueron tan notorios y las motivaciones tan evidentes que el gobierno de facto, en lugar de recibir con honores a quienes pelearon por defender el territorio nacional y homenajear con gloria a nuestros muertos, los escondió, mientras muchos argentinos no alcanzaron a distinguir entre una decisión irresponsable y el más noble cumplimiento del deber en procura de defender la Soberanía Nacional, según lo prescribe el artículo 21º de la Constitución Nacional.
Comenzó la desmalvinización y, con ella, la entrega sostenida y creciente del territorio marítimo nacional y sus recursos naturales y, los desaciertos de la Cancillería que, en los últimos años tuvo un comportamiento deleznable, peor que el de las meretrices y colaboradores franceses en la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, consolidando el cometido británico y el fortalecimiento económico y jurídico de los invasores.
LOS HECHOS
GOBIERNO DEL PROCESO.
1982. (-) Invasión del Reino Unido (R.U.) en Malvinas, defensa del archipiélago y derrota Argentina. Pesca de buques extranjeros en el Atlántico Sur. Se profundiza la presencia de buques extranjeros vinculada con el gobierno ilegal de Malvinas, iniciada hacia 1976, y se acrecienta la internacionalización del mar argentino con la presencia de buques pesqueros españoles, chinos, taiwaneses, japoneses, coreanos, etc. Ello da lugar, a que las empresas extranjeras que pescaron en estos 37 años con licencias ilegales británicas efectuasen un comercio final del orden de los US$ 140 mil millones, que podría aplicarse al pago de la derrota nacional.
GOBIERNO 1983-1989.
1983. (-) Desmalvinización. Se instala un proceso de desculturalización y desinformación que presenta a la guerra de Malvinas como vergonzante, que enajena a los argentinos del sentimiento de pertenencia del archipiélago e ignora el rol cumplido por los oficiales, suboficiales y soldados argentinos en la guerra contra el Reino Unido en el Atlántico Sur, lo que facilitará el inicio de una serie de procesos ruinosos en el Atlántico Sur.
1983. (-) Tratado de Paz y Amistad con Chile. Se firma este Tratado sobre el diferendo del canal del Beagle, donde Argentina pierde territorio insular y marítimo y acepta una delimitación sin mar territorial. Un precedente que podría incidir negativamente en las negociaciones de Malvinas.
1983. (-) Nuevo Aeropuerto en Malvinas. El Reino Unido inaugura un nuevo Aeropuerto en Malvinas.
1983. (-) Acuerdos Pesqueros con la URSS y Bulgaria. El canciller Dante Caputo y el Subsecretario de Pesca Luis Jaimes promueven la firma del “Acuerdo Marco de Cooperación” con la intensión de que los buques rusos y búlgaros pesquen en el área de Malvinas, cuestión que en la práctica no ocurre y por el contrario se produce una depredación inusitada porque habilitándose 16 buques acceden al caladero unos 200 buques ilegalmente. Como respuesta a estos Acuerdos, el gobernador británico en Malvinas Proclama (N° 4) la creación de una “Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías” (FICZ) de 150 millas; estableciendo, por primera vez, una zona prohibida en torno a las islas para los buques argentinos, además de reivindicar, por orden de la reina, la ZEE y una Plataforma Continental de 200 millas (322 km2) alrededor de Malvinas.
1983. (-) La fórmula del Paraguas. En la ONU se reúnen el canciller Caputo, el jefe de la negociación García del Solar, el embajador Marcelo Delpech y el Subsecretario Robert Gelbard de Estados Unidos. El canciller expuso el texto propuesto por Argentina sobre el “paraguas de soberanía”, que el funcionario norteamericano retransmitió a la Embajada Británica. Caputo no hizo otra cosa que aceptar la formula inglesa que Argentina ya había rechazado en 1981: congelar las cuestiones de “soberanía” y cooperar en forma conjunta en el desarrollo de Malvinas.
1983. (-) Negociaciones pre-Acuerdo de Madrid. Caputo y García del Solar acuerdan en Ginebra con el embajador británico en la ONU, Crispín Tickell, omitir toda referencia a los temas de pesca. Este tema le pareció a este gobierno y a los siguientes una cuestión menor; pero, como ya lo manifestamos en trabajos anteriores fue y es un tema central. Ello lo ratificó el director ilegal británico de Pesca de Malvinas, John Barton: “sin la pesca los malvinenses no podrían haber subsistido” (sic). Mientras la delegación argentina entusiasta hacía llegar non papers a Londres, Gran Bretaña anunciaba maniobras Fire Focus en Malvinas. Caputo insta a dialogar según la fórmula británica del paraguas y el gobierno británico le expresa que “abordarían el diálogo sobre la base de su declaración de 1986”, mientras el gobierno argentino, lo haría “sobre la base de la jurisdicción argentina reafirmada desde 1966 con el dictado de la Ley 17.094” (Ley que el gobierno de Menem derogaría). El Reino Unido no contestó y, hacia fines de 1988, Caputo “dejaba clara su urgencia, dado que existía la posibilidad, de qué en las elecciones presidenciales del año siguiente, ganara la oposición”. Para julio de 1989, el Reino Unido no había dado respuesta al nonpaper argentino de septiembre de 1988 y gobierno radical se agotaba.
GOBIERNO 1989-1999.
1989. (-) Los Acuerdos de Madrid. En el mes de octubre en Madrid, se efectúa la Declaración Conjunta que confirma la “fórmula del paraguas”, la entrega de la pesca al Reino Unido y las restricciones militares británicas (muy bien descriptas por el Dr. Julio C. González, 1998) que consolidan la ocupación militar y económica británica del Atlántico Sur. La congelación de la soberanía sin fecha de vencimiento benefició claramente al Reino Unido, que estaba y está en posesión de las islas y del mar austral. La fórmula utilizada fue notablemente imperfecta: no debió tratarse solo de no hablar de soberanía, sino —en todo caso— de no hacerlo por un tiempo determinado y, no modificar, mientras tanto, el statu quo de 1982. La Argentina debió denunciarlo hace décadas, ya que el Reino Unido ha avanzado en forma sostenida ocupando nuevos territorios marítimos y explotando los recursos pesqueros e hidrocarburíferos en el área en conflicto. El Reino Unido avanzó de los 11.400 km2 (Malvinas) que ocupaba en 1982 a 1.639.900 de km2 que ocupa hoy. Del total de km2 que el Reino Unido tenía bajo control alrededor de Malvinas este año descarta en forma espontánea unos 4.000 Km2 al sudoeste de Malvinas, que Cavallo exhibe como un éxito, cuando en realidad, el objeto británico era consolidar la aplicación de la CONVEMAR que, establece, en su art. 74º que la ZEE debe dividirse en forma equidistante, entre los países ribereños vecinos, ya que el Reino Unido se reivindica como tal.
1989. (-) La conservación conjunta de los recursos pesqueros al este de Malvinas. Gran Bretaña anuncia la posible instauración de una ZEE de 200 millas alrededor de Malvinas y la Primera Ministro Thatcher hace suya la posición de los isleños con la aclaración de “que debería acordarse el límite oeste con Argentina, donde las ZEE se superponen”. En noviembre se firma el “Acuerdo del Gallinero”, donde la Cancillería Argentina conviene con el Reino Unido, el cuidado de los recursos pesqueros y su prohibición de pesca en una importante área al este de Malvinas —con forma de medialuna— desde las 200 millas del archipiélago hasta el límite exterior de la plataforma continental que la Argentina reclama como propia y que, además, les asegura a los ingleses, que terceros países no pesquen los recursos que migran a Malvinas, facilitándoles con ello, el otorgamiento de licencias a buques asiáticos, españoles, polacos, etc., asegurando la consolidación económica de los isleños, que obtienen con la pesca el 75% de sus ingresos.
1989. (-) La determinación de las Líneas de Base de Argentina. Con la sanción de la Ley 23.968 “de líneas de base” se derogó de hecho la Ley 17.094, reduciendo el mar territorial argentino de 200 a 12 millas. El Acuerdo de Madrid se consolidó con esta Ley que allanó el camino del Reino Unido a la posterior declaración de una Z.E.E. de 200 millas (322 km) alrededor de Malvinas.
1989. (-) El Reino Unido amplía su ocupación hasta 200 millas alrededor de las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Esta determinación implicó una mayor ocupación marítima y el control del Océano Austral y su vinculación con la Antártida.
1989. (-) La captura y veda del calamar. El gobierno argentino establece el charteo y las vedas a la captura del calamar que garantizan a los isleños la llegada a Malvinas de este vital recurso. Por su parte, el Reino Unido establece un área “GAP” al noroeste de las islas, por fuera de la zona de exclusión pesquera (FICZ) de unos 1.400 Km2, para proteger sus importantes capturas de calamar.
(-) El Acuerdo con la Unión Europea. La Argentina firma el Acuerdo Pesquero con la U.E. y, poco después, el Reino Unido establece una Z.E.E. de 200 millas alrededor de Malvinas, que impide a los buques nacionales pescar, facilitando el otorgamiento licencias pesqueras a los británicos. La zona asignada a los buques españoles en el Acuerdo no alcanzó el área de Malvinas e, inclusive, en el caso del calamar, se le asignó la captura de una subpoblación que no migra al archipiélago.
1994. (+) Nueva Constitución de la Nación Argentina. En Santa Fe se aprueba la nueva Constitución de la Nación Argentina, que en sus Disposiciones Transitorias establece: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”; lo que demuestra en forma elocuente, la vocación de todos los sectores políticos de la Nación, de persistir en la recuperación de este territorio a la soberanía nacional. Pese a ello la Carta Magna no impide realizar Acuerdos contrarios a la letra aprobada por los Constituyentes.
1995 (-) La investigación conjunta de los recursos argentinos en el Atlántico Sur. Se aprueba esta Investigación Conjunta y mientras se realiza con los medios, la capacidad técnica y operativa de Argentina los británicos se hacen de una información vital para prever la disponibilidad de los recursos pesqueros y otorgar licencias a los buques extranjeros y propios.
(-) La ratificación de la CONVEMAR. La Argentina ratifica por Ley 24.543 la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que reduce de 200 a 12 millas nuestro Mar Territorial Argentino, y limita en general a 350 millas marinas la Plataforma Continental Argentina que, en Malvinas, llega a las 850 millas. Entendemos, además, que la Argentina debió observar varios de sus artículos relativos a las cuestiones territoriales marítimas, los recursos migratorios y las facultades preeminentes de los Estados ribereños sobre los Estados de Bandera, debilitando nuestros derechos territoriales y los relativos al archipiélago de Malvinas y la Antártida.
1996 (-) El Reino Unido, una parte involucrada para la cancillería argentina. En Londres, el secretario de Relaciones Exteriores, Andrés Cisneros explica, como exitoso, el rotundo fracaso de la política argentina: Ítem a) Se normalizan las relaciones con Inglaterra, sin que la Argentina limite la ocupación territorial del Reino Unido o su libre explotación de nuestros recursos. Ítem d) Se acuerda la conservación conjunta para evitar la sobreexplotación de recursos pesqueros en “beneficio de las partes involucradas”, donde la cancillería argentina considera “partes involucradas” a los británicos. Se firman medidas, vulgarmente conocidas de “cooperación”, aunque, es sabido, que dos o más naciones pueden cooperar con recursos económicos, tecnológicos y de otro tipo; pero no es posible convenir ninguna cooperación, cuando la Argentina pone los recursos científicos, pesqueros, marítimos, petroleros y territoriales, y mientras que el R.U. ocupa los espacios y explota los bienes argentinos.
1997 (-) La carencia de medios de difusión oficiales sobre el Atlántico Sur y Malvinas. Comienza a editarse un medio digital pro-británico que emite informaciones en inglés y castellano que trata cuestiones relativas al Atlántico Sur y Malvinas. En la Argentina la Fundación Malvinas recolecta informaciones de distintos medios nacionales.
1998 (-) Convenio de Cooperación Militar. Se firma el “Convenio de Cooperación Militar” con el Reino Unido y, en lugar de reducirse la presencia militar inglesa en el mar argentino, el Reino Unido traslada el Comando Sur desde la isla Ascensión a Malvinas, instalando la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur, con aviones, fragatas, misiles y radares de última generación.
(-) Sanción de la Ley de Pesca. Se sanciona la Ley 24.922 sin promoverse herramientas para evitar la extranjerizaron del mar argentino, la pesca y los recursos migratorios. Apropiándose de recursos provinciales que debilitan la economía y la posición estratégica de los pueblos del litoral marítimo patagónico. Mientras en 1970 todas las empresas pesqueras eran nacionales, en 2019 siete de las diez principales empresas exportadoras son extranjeras y hay un promedio de 500 buques extranjeros pescando en el Atlántico Sur. Un miembro de la Cancillería Argentina tiene un asiento permanente en el Consejo Federal Pesquero, sin embargo, en 21 años jamás presenta —según las Actas— una iniciativa referida al Atlántico Sur, Malvinas y Pesca, ni se opone a las acciones de la Subsecretaría de Pesca Nacional que favorecen los intereses británicos en la región.
1999 (-) La Cancillería Argentina colabora con el R.U. en combatir a los buques sin licencias pesqueras británicas en el Atlántico Sudoccidental. En Madrid el secretario de Relaciones Exteriores Andrés Cisneros acuerda siete medidas con los británicos. Es decir, Argentina, vuelve a beneficiar al Reino Unido con medidas para combatir a los “buques sin licencias pesqueras inglesas”, en el mar argentino, de modo que la administración ilegal de Malvinas pueda seguir otorgando licencias a buques extranjeros para capturar los recursos argentinos.
GOBIERNO 1999-2001.
2001(-)La absurda invitación de la Cancillería Argentina a coordinar con el R.U. la presentación ante la ONU los límites exteriores de la plataforma continental. El canciller argentino Adalberto Rodriguez Giavarini invita al Reino Unido a coordinar la presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU y “…proponerle el siguiente arreglo: la fórmula sobre soberanía…” (sic) un tema que nunca se había incluido dentro de la fórmula del paraguas.
GOBIERNO 2001-2003.
2001-2003(-)No se registran asuntos relevantes.
GOBIERNO 2003-2007.
2005 (-) El apoyo de los países amigos: el Tratado de Lisboa y los desembarcos en Montevideo. Los ciudadanos de la Unión Europea votan la consulta sobre la aprobación del texto constitucional que incluye dentro de ésta, a Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y la Antártida como territorios británicos de ultramar. Seguramente, muchos de los españoles e italianos que votaron favorablemente eran parientes de los más de un millón de coterráneos que llegaron a la Argentina en el siglo XX y, no se sabe, cómo votaron los argentinos de doble nacionalidad que viven en la Argentina y Europa. En cualquier caso, se desconoce el rol cumplido por la Cancillería Argentina para promover un voto contrario a considerar Territorios de Ultramar a Malvinas, etc. de los países y ciudadanos. Los británicos siguen ocupando el Atlántico sur y los buques que pescan en Malvinas desembarcan en el Puerto de Montevideo facilitando su logística y comercio, mientras el canciller Bielsa nos dice: “hemos actuado con firmeza, pero sin estridencias ante el mundo”.
(+) Suspensión de la Investigación conjunta en el Atlántico Sur. En forma positiva se suspenden las reuniones de la Comisión de Pesca debido a que los británicos otorgan licencias de pesca por 25 años en Malvinas. Este hecho, que demuestra la voluntad británica de explotar el recurso pesquero —aún— depredándolo; termina resultando auspicioso; ya qué a través de estas investigaciones, la Argentina aportaba conocimiento y barcos y, los ingleses elaboraban su estrategia pesquera en la región.
2007(-)Concesiones petroleras a empresas británicas. El gobierno otorga la explotación hasta el año 2043 del yacimiento petrolero “Cerro Dragón” a la Pan American Energy, cuyo capital accionario es en gran parte de la British Petroleum. A su vez, se ignoran los estrechos vínculos empresarios y de intereses de corporaciones mineras, petroleras y financieras con las empresas que explotan el petróleo en Malvinas, entre otras: la Barrick Gold, Minera Bajo La Alumbrera y Cerro Vanguardia son copropietarios de las petroleras Desire Petroleum, Rockhopper Exploration, FOGL y Southern & Borders Petroleum, y a ellas se suman capitales especulativos como la banca Barclays, accionista de una de estas petroleras y contratada por el Gobierno para negociar el canje de deuda.
(+) La Argentina y el R.U. ratifican sus derechos ante la ONU sobre las 350 millas (563 km) de la plataforma continental alrededor de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, en acuerdo a lo previsto en la CONVEMAR; Convención que nos referimos a lo ocurrido en 1995 la Argentina debió observar varios de sus puntos.
GOBIERNO 2007-2015.
2008(+)Restricciones a las empresas pesqueras que operan en Malvinas. Se sanciona positivamente la Ley 26.386 por la que se impide a las empresas pesqueras que operan en forma directa o indirecta en Malvinas obtengan habilitaciones para pescar en el Atlántico Sur. Ello no ha impedido que algunas empresas violen esta legislación.
(-) Inacción del Comité de Descolonización de la O.N.U. Durante los años 2008-2009 no hay acción alguna de parte de este Comité. El gobierno argentino critica por enésima vez al Reino Unido por ignorar la invitación de la Res. 2065/65. No parece entender, que “si una misma acción se repite varias veces en un mismo escenario, no hay que esperar más que un mismo resultado”. El Reino Unido obtiene el reconocimiento de la Unión Europea como territorio extracontinental de ese bloque.
2010(-)Se inician las exploraciones petroleras británicas en Malvinas. El Reino Unido inicia las exploraciones petroleras en Malvinas. Se considera este hecho muy importante ya que de resultar positivas las exploraciones y su costo competitivo podría consolidar fuertemente la posición británica en las islas.
(+)Permiso de Tránsito a Malvinas. Por Decreto del P.E.N. Nº 256/10 se obliga a los buques que van a Malvinas a solicitar permiso a las autoridades nacionales, medida que es apoyada retóricamente por América latina. Aunque pueden observarse cientos buques extranjeros que operan en área de Malvinas o en la Z.E.E. Argentina y se reparan, arman y transbordan en Puertos Uruguayos.
2011 (+) Restricciones a las empresas petroleras que operan en Malvinas. Se sanciona positivamente la Ley 26.659, elaborada por el Senador Fernando “Pino” Solanas, que establece sanciones a las empresas del continente que mantengan intereses directos o indirectos en Malvinas.
(+) Declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre los derechos argentinos de Malvinas (Caracas). Aunque inicialmente el presidente de Uruguay Pepe Mujica impide el ingreso a Montevideo de buques pesqueros extranjeros (no mercantes), esto se flexibiliza y a 2019 son cientos los buques de Malvinas que usan este puerto.
(-) Reserva ecológica británica. El gobierno británico crea —sin consulta a Argentina— una “reserva ecológica” de 1 millón de km2 que incluye a Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. Ello, pese a que ambos países son firmantes de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), ello contrasta, con el poco interés en el cuidado de los recursos por parte del Reino Unido.
2012(+)El Informe Rattenbach. Se conformó una comisión para conocimiento público de este Informe, analizar y evaluar el desempeño de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas.
2013 (+) Referéndum británico en Malvinas. En el Referéndum sobre los si los británicos que viven en Malvinas desean que las islas conserven su actual estatus político como Territorio de Ultramar del Reino Unido. El resultado fue positivo en un 99,83% sobre un total de 1516 votos. Ratifican su condición de británicos y con ello dejan en claro que no son autónomos ni buscan la independencia.
2014(+)Declaración de la CELAC sobre los derechos argentinos de Malvinas (La Habana). Aunque esta, como las anteriores y posteriores declaraciones no tienen efecto práctico.
2015 (-) Hallazgo de petróleo en Malvinas. Londres anuncia el hallazgo de petróleo en el pozo Isobel Deep en la Cuenca Norte a unos 200 km del archipiélago. Son denunciadas penalmente empresas extranjeras por operar ilegalmente en la plataforma continental argentina.
(-)Reforma del artículo 2340 del Código Civil respecto del dominio público en la ZEE. En la reforma del Código Civil se ignoran los cambios lingüísticos de la legislación del mar, sin tener en cuenta, que al momento de la aprobación del artículo 2340 del Código Civil, tenía plena vigencia la Ley 17.094 que establecía la soberanía argentina a un mar territorial hasta las 200 millas marinas; mientras que hoy, el artículo 235 que lo sustituye, refiere a un Mar Territorial; que según los tratados internacionales y nuestra legislación, se limita a sólo 12 millas. Es decir, salvo una interpretación distinta se excluirían del dominio público unas 188 millas marinas.
GOBIERNO 2015-2019.
2016(+)Ratificación por unanimidad del informe argentino de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de la O.N.U. En forma positiva la ONU ratificó el informe argentino sobre el límite exterior de la Plataforma Continental luego de 13 años de trabajo de la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental de Argentina (COPLA) de la Cancillería presentó a la ONU en abril de 2009. Un total de 1.782.000 km2 desde las 200 millas marinas y hasta el límite exterior, aunque de estos km2 sólo unos 350.000 km2 han quedado firmes y no encuentran discusión, porque en la superficie restante la Comisión de Límites de la ONU ha suspendido su tratamiento por tratarse de un espacio en disputa; espacios que se agregarían a las 4.799.000 km2 existentes desde las líneas de base hasta las 200 millas marinas; es decir, un total de 6,58 millones de km2 del territorio nacional, sus recursos hidrocarburíferos, minerales y de especies sedentarias. Un trabajo que se constituye en un modelo de cómo la Argentina debe proceder en sus políticas de Estado, y una demostración de la capacidad profesional de los embajadores y técnicos que integraron la COPLA qué, a pesar de transcurrir seis gobiernos, y pese a las dificultades políticas, económicas e instrumentales, realizó un tarea científica y jurídica encomiable en favor de los intereses superiores de la Nación.
(-) Ratificación de hecho del Acuerdo de Madrid. El secretario Carlos Foradori firma el denominado Pacto Foradori-Duncan, ratificado por los sucesivos Cancilleres Malcorra y Faurie, quien junto al ministro británico, Alan Duncan, declararon: “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas” manteniendo viva la “fórmula del paraguas”. Este pacto habilitó a un nuevo vuelo entre Malvinas y San Pablo y una vez por mes con Córdoba, facilitando el comercio de Malvinas y la sobrevivencia de las islas frente al Brexit.
(+)Visibilización de los reclamos argentinos. El comunicado del Premier de las Islas Vírgenes y Presidente del Consejo Político de UKOTA D. Orlando Smith OBE, deja en evidencia la debilidad de los derechos británicos en Malvinas y en las “doce colonias de Ultramar”. El bajo precio del petróleo y la persistencia argentina en el reclamo de la plataforma, podrían ser también un desaliento a la instalación de empresas de exploración petrolera en el área Malvinas.
(+)Penalización de empresas pesqueras por aplicación de la Ley 26.386. Por aplicación de la Ley 26.386 y luego de ochos años de inaplicabilidad total inactividad, el gobierno argentino multa con 10 millones de pesos a la empresa de Desarrollo Pesquero de Chile SA (EMDEPES) subsidiaria de la japonesa Nippon Suisan Kaisha (Nissui) por pescar con el buque “Unión Sur” en la Z.E.E. Argentina con licencia del Reino Unido en el área de Malvinas. Ello se logra no por el control o investigación del gobierno, sino por la denuncia que efectúa y sostiene el ex director de operaciones de PESANTAR subsidiaria de la citada NISSUI en Argentina, Juan Benegas.
(+)La identificación de los caídos en Malvinas. Se acuerda en Londres entre Argentina y el Reino Unido el Plan de Proyecto Humanitario del CICR integrado por un equipo de forenses, entre otros los del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para iniciar las tareas de identificación de soldados argentinos caídos en Malvinas.
(-)Malvinas deja de ser el tema más importante entre la Argentina y el Reino Unido. La Canciller Malcorra manifiesta en el Líbano que “las Islas Malvinas no son más el tema principal en la relación entre Buenos Aires y Londres”, dejando de lado lo prescripto en la Constitución nacional.
2018(-)Se firman Acuerdos pesqueros con China y Rusia durante la Cumbre del G20 realizada en la ciudad de Buenos Aires. La promoción de nuevos acuerdos pesqueros con Rusia y China, anunciados durante la Cumbre del G20, junto el otorgamiento de licencias ilegales pesqueras en Malvinas y las extracciones ilegales en la ZEE, junto a la utilización logística de puertos de Montevideo demuestran una política de extranjerización total del Atlántico Sur.
2019 (-) Aprobación de vuelos entre Malvinas, San Pablo y Córdoba. Se aprueba la empresa Latam para hacer vuelos semanales a San Pablo y una vez por mes a Córdoba, lo que implica, facilitar a los isleños el comercio con Brasil y al mundo, a través de San Pablo, a la par de contribuir con la logística y el transporte de personas y bienes.
(-) Se licita y aprueba a favor de empresas británicas áreas offshore de explotación petrolera en un área entre Malvinas y el continente argentino. Debilitando de esta manera la posición argentina en la zona austral del mar argentino.
(+)El Primer Ministro del Reino Unido Boris Johnson prevé concretar el Brexit en octubre de este año. El Brexit sin acuerdo con la U.E. puede presentarse como una oportunidad para la Argentina, si negocia adecuadamente con la U.E. y el Reino Unido, en atención al Acuerdo del EUROSUR y la política de aranceles de la Unión Europea.
Después de 37 años de políticas relativas a Malvinas, muchas de ellas desacertadas, debiéramos decir que no se trata de vivir aislado del mundo ni de utilizar procedimientos bélicos, ya que la Argentina no está en capacidad de sostener ningún conflicto armado, no solo por encontrarse desarmada, sino por la debilidad y dependencia económica extrema en la que se encuentra. Es fácil entender que Malvinas no estaría ocupada por el Reino Unido si fuese China o de Estados Unidos. Tampoco, es cuestión de ser sencillamente anglofóbico o sostener “contra los ingleses es mejor” como prologa en su libro la escritora Ema Cibotti o, reivindicar “la mano de Dios” que exteriorizó un sentimiento popular que tienen antes que nosotros, muchos irlandeses, escoses y galeses y, que seguramente, habrá de aflorar, con motivo del Brexit. Ahora, nuestra Independencia, nos sacó de encima el virreinato de los españoles, pero los ingleses siguieron haciendo de las suyas en nuestro país a pesar de la Reconquista, los Tratados de Paz y Amistad o bajo el amparo de Acuerdos, que como el de Madrid, sirvieron para seguir ampliando la ocupación de nuestro territorio. Entonces, no es el punto de ser anglofóbico pero tampoco cipayo. Como en la enseñanza bíblica de David y Goliat, deberíamos utilizar nuestras mejores capacidades para resolver esta apropiación, ya que las Malvinas, como el Unicornio Azul, son nuestras y las queremos.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
En 2010 la empresa estatal China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) estableció contacto con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina con la intención de examinar la posibilidad de emplazar una estación de apoyo para las misiones chinas de exploración espacial en nuestro país. El acuerdo inicial se concretó y el lugar elegido por los chinos fue Bajada del Agrio, en la provincia de Neuquén.
A través de un documento de fecha 21 de diciembre de 2011, la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN) de la Cancillería Argentina, entonces a cargo del ministro Alberto Dojas, elevó las actuaciones del proyecto de acuerdo redactado en castellano, inglés y chino, acerca de la instalación de la estación espacial china a partir del envío, en mayo de 2010, de una misión de autoridades y funcionarios a la Argentina, encabezada por Niu Hongguang, Segundo Comandante en Jefe, Programa de Ingeniería Espacial Tripulado de China y del programa de exploración lunar de China. La misión analizó ocho sitios en las provincias de Neuquén y Río Negro, aunque también tenían en consideración su establecimiento en Chile. Cinco de esos ocho sitios seleccionados por CLTC se encontraban en Neuquén.
Imagen1. Misión de autoridades y funcionarios a la Argentina, encabezada por Niu Hongguang, Segundo Comandante en Jefe, Programa de Ingeniería Espacial Tripulado de China y del programa de exploración lunar de China.
Los organismos especializados de ambos países firmaron el “Acuerdo de Cooperación en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna entre el China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de la República Argentina para establecer instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluida una antena para investigación del espacio lejano, en la Provincia del Neuquén, Argentina.
En el marco del “Programa Nacional de Exploración de la Luna y Marte” el gobierno de China firmó un convenio con su par de la República Argentina en el que se acordó la construcción de la primera estación interplanetaria, la cual está siendo emplazada en la localidad de Quintuco, ubicada al noroeste de la provincia del Neuquén, a 7 kilómetros de la Ruta Nacional 40 camino a Chos Malal ─más precisamente entre las localidades de Las Lajas y Chos Malal─ y a 285 kilómetros de Neuquén capital.
Para la CONAE se trata de la “fracción de tierra de lote E1, en un predio del Paraje Quintuco Pilmathue, nomenclatura catastral 05-RR-011-5424-0000, del Departamento Loncupué”.
El “Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China sobre la construcción, el establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano de China en la Provincia del Neuquén, Argentina, en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna” considera las disposiciones del “Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes”, celebrado el 27 de enero de 1967, del que la Argentina y China son parte, entre otros acuerdos previos. Este tratado fue aprobado a través de la Ley 17.989 del 4 de diciembre de 1968[1].
Imagen 2. Lugar de emplazamiento
En las consideraciones de este acuerdo se expresa que “el Gobierno de China ha identificado que el territorio de la Provincia del Neuquén, Argentina, es el que reúne las condiciones más favorables para alojar una estación de espacio lejano, en América del Sur”.
Mediante el mencionado tratado la Argentina ha facilitado la instalación en su territorio de una estación que integrará la red de Telemetría, Seguimiento y Comando de China. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina “se beneficiará con el acceso a un mínimo del diez (10) por ciento del tiempo de uso de la antena para desarrollar proyectos propios”.
A los efectos de sentar las bases mínimas del proyecto se firmaron dos instrumentos:
El Acuerdo de Cooperación en el ámbito del Programa Chino de Exploración de la Luna entre la China Satellite Launch and Tracking Control General (CTLC) y la CONAE para establecer las condiciones que rigen la implantación de las instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluida una antena para investigación del espacio lejano en la provincia del Neuquén, firmado el 20 de julio de 2012, y sus anexos.
El Acuerdo de Cooperación en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna entre la CLTC, la CONAE y la Provincia del Neuquén para establecer las condiciones que rigen la implantación de las mencionadas instalaciones, incluida una antena para investigación del espacio lejano en Neuquén, firmado el 28 de diciembre de 2012 y sus anexos.
Un tercer documento es el acuerdo marco, celebrado el 23 de abril de 2014, entre ambos países, que fue ratificado por el Congreso Nacional a fines de febrero de 2015 y publicado en el Boletín Oficial a comienzos de marzo de 2015. El mismo estipula:
que las instalaciones serán construidas y operadas por China con el fin de brindar soporte terreno a las misiones de Exploración del Espacio Lejano;
que todas las operaciones de comercio exterior realizadas por el Gobierno de China destinadas a la instalación, así como las compras y contrataciones de bienes, obras, locaciones o prestaciones de servicios realizadas en Argentina gozarán de desgravaciones impositivas (estarán exentas de todo impuesto y/o derecho aduanero, impuestos internos e impuestos nacionales al consumo, I.V.A. incluido.
que el gobierno de China llevará a cabo sus actividades de acuerdo con las leyes y reglamentaciones nacionales de la Argentina, de la Provincia de Neuquén y las disposiciones previstas en los acuerdos de Cooperación Interinstitucional, firmados oportunamente;
por su parte, “el Gobierno de Argentina no interferirá ni interrumpirá las actividades normales que se lleven a cabo en virtud del presente acuerdo de Cooperación”;
con respecto a las cuestiones migratorias, “el Gobierno argentino facilitará la tramitación de los permisos de ingreso y/o la emisión de visas en las categorías correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente”:
el acuerdo también contempla el régimen laboral;
en el art. 6º que se titula “Indemnidad”, se estipula que “el Gobierno de la Argentina no se responsabiliza, nacional o internacionalmente, en razón de las actividades del Gobierno de China en su territorio vinculadas al proyecto, sea por acción u omisión de ésta, o de sus representantes. El Gobierno de China mantendrá indemne a Argentina de toda obligación que surgiere de reclamos de cualquier naturaleza, a pedido e instancia de terceros, como consecuencia de tales actos u omisiones”;
la solución de las controversias se hará “a través de los canales diplomáticos correspondientes”;
el acuerdo tendrá una vigencia de 50 años pero podría ser extendido mediante negociaciones entre las partes. Para ello, la parte que desee extender el acuerdo deberá notificar a la otra parte con una antelación de, al menos, 3 años previos al vencimiento del mismo. Asimismo, cada una de las partes podrá poner fin al acuerdo “con justa causa, debidamente acreditada”, para lo cual la parte peticionante deberá notificar a la otra parte con al menos 5 años de antelación.
Cabe agregar aquí que por ese entonces la CONAE funcionaba en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo del Ingeniero Julio De Vido.
En los planes se preveía que la estación espacial estaría terminada y operativa en 2016.
Especificaciones
La estación de referencia sería la tercera de una red y la primera fuera de territorio de la República Popular de China, sobre un predio de 200 hectáreas cedido en comodato por la Provincia del Neuquén (ver imagen 3).
Imagen 3
La construcción de la base contemplaba una antena de 110 toneladas y 35 metros de diámetro para exploración del espacio profundo (telemetría y tecnología para “seguimientos terrestres, comando y adquisición de datos”), la que se halla en una etapa final de obra, ya que se prevé la inauguración de la misma en los primeros meses de 2017. La antena está destinada al seguimiento de las naves espaciales que China enviará a la Luna y a Marte. Además se preveía la construcción de cuatro edificios. La inversión se ha estimado en US$ 300 millones.
Preocupación en países occidentales
La instalación de esta estación espacial generó, oportunamente, cierta inquietud en los gobiernos de los Estados Unidos y de los países de la Unión Europea (UE), los cuales se manifestaron en forma reservada.
En febrero de 2015 los responsables del área de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires habrían transmitido ese sentimiento a oficiales de las Fuerzas Armadas de nuestro país.
Varios diplomáticos europeos habrían hecho lo propio ante la Cancillería Argentina y ante funcionarios del gobierno anterior. Diplomáticos y miembros de la comunidad de inteligencia estaban interesados en conocer los pormenores del acuerdo para saber si el uso de la estación tendría un “uso dual”, es decir civil y militar.
Cuando, oportunamente, se les respondió a los representantes europeos que la UE tenía una estación espacial en Mendoza, marcaron la diferencia de que la europea es manejada por civiles, mientras que la china estará dependiendo del ChinaSatellite Launch and Tracking Control General (CLTC), organismo que depende del Departamento General de Armamento y de la Comisión Central Militar del Ejército Popular de Liberación de China, cuyo director es el General Zhang Youxia, quien también es director del Science and Technology Committee (STC), responsable de la innovación tecnológica de armamentos, que participa en el programa de modernización de misiles de corto alcance hasta los ICBM (intercontinentales), incluso de aquellos con capacidad para transportar ojivas nucleares.
La preocupación se agravó ante la difusión de que habría dos anexos secretos que sólo obrarían en poder de la CLTC de China y de la CONAE de Argentina. Por su parte el Embajador de China en Argentina, Yang Wanming, siempre negó que la estación espacial vaya a tener un propósito militar.
El Secretario General de la CONAE, Félix Menicocci, oportunamente desmintió que la base tuviese un uso militar en el futuro y afirmó que los objetivos de la estación espacial son “totalmente civiles y no será operada por personal militar”. El funcionario también desmintió la existencia de esos dos anexos secretos[2].
Antecedentes
La instalación de la estación espacial china en territorio argentino cuenta con, al menos, dos antecedentes:
Torre Omega: formó parte del sistema de navegación OMEGA —Omega Navigation System—, destinado a la navegación de muy largo alcance, operando con frecuencias de 10,2, 11,33 y 13,6 KHz. El sistema estaba integrado por ocho estaciones (designadas con las letras A hasta la H) y fue desplegado por la Marina de los Estados Unidos con fines militares. Era un sistema de radiotransmisión global diseñado para localizar la posición de cualquiera de sus barcos o aeronaves a lo largo y a lo ancho del planeta. Su desarrollo fue aprobado en 1968 con tan solo ocho transmisores que operaban con una muy baja frecuencia de cuatro tonos únicos que se repetían cada diez segundos. Cada antena distribuida estratégicamente en distintas partes del mundo, cubría un espacio aproximado de 5.000 kilómetros a la redonda y funcionaba mediante la triangulación de tres posiciones de tres antenas. La estación F fue instalada en Trelew, provincia de Chubut (coordenadas 43º03’13”S 65º11’27”O). El Comando en Jefe de la Armada Argentina, a través de la Dirección General del Material Naval, llamó a licitación pública para la construcción de la Torre Omega en 1973, apareciendo en el Boletín Oficial el 12 de abril de 1973. La torre tenía una altura de 366 metros (más alta que la torre Eiffel) y habría servido para el desplazamiento de los SSBN (submarinos de lanzamiento de misiles balísiticos intercontinentales). La aparición del GPS —Global Positioning System— reemplazó al sistema OMEGA y las torres fueron desactivadas en 1997. La F fue dinamitada el 23 de junio de 1998.
Estación Espacial de la UE: en diciembre de 2012, mediante una videoconferencia, la entonces presidente Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner inauguró la instalación espacial que alberga la antena para el estudio del espacio profundo, denominada “DSA3 Malargüe”. Con este emplazamiento fue completada la red de monitoreo de la Agencia Espacial Europa (ESA) con una inversión de € 45 millones. Las otras dos antenas se encuentran en New Norcia, en Australia, y en Cebreros, en España, finalizadas en 2002 y 2005, respectivamente. El acuerdo para su construcción y explotación fue firmado el 16 de noviembre de 2009 por un período de 50 años y establece que la Argentina brindará sus instalaciones y servicios a cambio de un 10% del tiempo de antena para los proyectos científicos argentinos en el espacio. La antena se encuentra ubicada a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe, en la provincia de Mendoza, frente al volcán Malacara, a la vera de la ruta 182. Fue elegida por reunir las mejores condiciones de ubicación por su visibilidad y potencial de propagación de radio. Sus primeras señales de prueba fueron recibidas el 14 de junio de 2012, cuando la sonda Mars Express transmitió datos desde Marte. La DSA3 fue crucial para la misión Rosetta, el aterrizaje del robot Philae en un cometa. Tiene una antena de 35 metros de diámetro.
Algunas cuestiones destacables en torno a la estación espacial
La construcción de la estación espacial fue iniciada antes de que fuera aprobada por el Congreso de la Nación.
El 9 de septiembre de 2014, cuando la obra estaba en los comienzos de su construcción, Jorge Sapag, entonces gobernador de Neuquén, y el Secretario de Gestión Pública, Rodolfo Laffitte, recibieron la visita de una delegación de funcionarios chinos encargados de monitorear los avances de las obras de la antena de comunicaciones aeroespacial y coordinar la importación de los equipos que se instalarían en la base espacial[3].
En esa oportunidad, el gobernador Sapag expresó que se trataba “‘sencillamente de un sistema de comunicación a distancia remota con fines pacíficos y científicos, con el fin de colaborar con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)’[4]. Una obra similar a la que construyó la Agencia Espacial Europea, también en convenio con la CONAE, en la zona de Malargüe, inaugurada a fines de 2012”. Sapag agregó que “vincular estas obras con fines militares es antojadizo y tendencioso, desconociendo lo que significa la tecnología de comunicaciones y a quienes tienen dudas sobre estos temas los invitamos a conocer las obras de Malargüe y las que se están construyendo en nuestra Provincia”[5].
En la versión taquigráfica de la Reunión 29 del XLIII Período Legislativo de la Legislatura de la Provincia del Neuquén, 27ª Sesión Ordinaria de fecha 6 de noviembre de 2014, puede apreciarse que en “Otros Asuntos” ─páginas 4715 y 4716─ figura “Beneficio impositivo para la empresa China Launch and Tracking Control General”.
Imagen 4. Reunión 29 del XLIII Período Legislativo de la Legislatura de la Provincia del Neuquén
La versión publicada de la sesión de referencia dice que el Legislador Raúl Juan Dobrusin (Instrumento Electoral por la Unidad Popular, UPie) se refiere a que se enteró por el diario Río Negro del 4 de noviembre de 2016, “hoja quince”, del “Beneficio impositivo para los chinos”. El Legislador dice textualmente: “Esta es una vieja historia, parece ser, un convenio que todavía no está aprobado en Nación, sigue en el Congreso Nacional discutiéndose entre CONAE y la empresa estatal que se llama China Launch and Tracking Control General, un convenio que no hemos votado acá en esta Legislatura, cesión de tierras, la gente puede entrar sin necesidad de tener los papeles a cargo”. Agrega, “Nosotros, el convenio entre Neuquén, la CONAE, y esta empresa china, no lo hemos visto”. El Legislador hace mención al artículo 238 del Código Fiscal y añade que está siendo mal utilizado ya “que sólo lo puede hacer el Ejecutivo (la eximición) en caso de emergencia económica”.
La versión de la Sesión Ordinaria dice que el proyecto de la estación espacial “quedó eximido del impuesto a los Sellos mediante un decreto del gobierno provincial”. Agrega que “la norma, que lleva el número 2336/14, fue firmada hace poco más de dos semanas por el gobernador Jorge Sapag y refrendada por los ministros de Economía y Obras Públicas, Omar Gutiérrez, y de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza”.
En la misma versión de la Reunión 29 de la Legislatura provincial, bajo el título “Alusión a la empresa china”, la Legisladora Beatriz Isabel Kreitman (Coalición Cívica-ARI) dice que por un pedido de su bloque asistió a la Comisión el Ingeniero Laffitte ─mencionado ut supra─ pero que de ningún modo vieron el convenio. Según la Legisladora, el Ingeniero Laffitte se comprometió a llevar el convenio, no bien lo tuviera, para presentarlo ante la Comisión o la Legislatura pero eso no ocurrió. Añade a lo mencionado por su colega respecto de los beneficios obtenidos por la empresa, que el terreno cedido “tenía un poblador de allí, que generó mucho conflicto, en el cual también hicimos un pedido de informe, hablamos con los pobladores, finalmente, intervino la Dirección de Tierras y no sé cómo habrá terminado el acuerdo, pero esa tierra se le quitó a un poblador”.
Imagen 5.
En este punto cabe destacar que existe una nota de fecha 16 de mayo de 2011, firmada por el Ingeniero Adolfo Luis Italiano ─quien fuera hasta 2003 interventor de la CNC─, Director Provincial de Planificación y Desarrollo de TICs, Secretaría de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones, dirigida a un tal “Sr. Ma Zhinqiang” (imagen 6), a quien le informa que:
“Uno de los sitios preseleccionados, cercano a la ciudad de Zapala, que dio buenos resultados iniciales, tuvo una fuerte reacción por parte de los pobladores cercanos al mismo, pertenecientes a la Comunidad Gramajo de pueblos originarios,
La manifiesta oposición de los pobladores vecinos, expresada en una serie de reuniones con ellos mantenidas, ha obligado a suspender las evaluaciones del sitio y terminar con los estudios pertinentes, de manera anticipada”.
Imagen 6. Nota del Ingeniero Adolfo Luis Italiano dirigida a un tal “Sr. Ma Zhinqiang”.
En el punto tercero del tercer artículo del Acuerdo de Cooperación entre ambos gobiernos, el texto dice:
“El Gobierno de Argentina no interferirá ni interrumpirá las actividades normales que se lleven a cabo en virtud del presente Acuerdo de Cooperación. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la Argentina deba tomar decisiones que puedan interferir con las actividades de China, se compromete a informar a ésta con la debida anticipación, así como a explorar soluciones alternativas, cuando sea necesario, a fin de asegurar que tales actividades no se vean sustancialmente afectadas”.
Tal redacción parecería reconocer una autoridad extraterritorial extranjera que asumiría atribuciones de autoridad y control sobre territorio soberano de la República Argentina, situación que debería considerarse inadmisible.
En el “Acuerdo de Cooperación en el Marco del Programa Chino de Exploración de la Luna” entre el CLTC y la CONAE debe destacarse el artículo 15 que en sus dos primeros incisos expresa que “las partes se consultarán mutuamente sobre cuestiones que surjan de la interpretación, aplicación o ejecución” del Acuerdo. En caso de que las autoridades de CLTC o de la CONAE no puedan dirimirlas “se constituirá un comité de arbitraje compuesto por un representante de cada una de las partes, más un tercero designado de mutuo acuerdo”. El punto tercero del mencionado artículo manifiesta que las partes “afrontarán proporcionalmente los gastos que demande dicha designación”, así como que “dicho arbitraje tendrá lugar en Beijing, China, si CONAE fuera la Parte que somete la disputa a arbitraje, y en Buenos Aires, Argentina, si CLTC fuera la que somete la disputa a arbitraje”.
Por su parte la Provincia del Neuquén asume los compromisos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura que permita el funcionamiento de la estación china. A esos efectos autorizó la construcción de una “Torre de Calibración” a 11,5 kilómetros de la estación, en un predio de 10 metros cuadrados; se comprometió a realizar las inversiones necesarias para ampliar la planta transformadora del Ente Nacional Provincial de Energía sita en Las Lajas, dado que la estación requiere de un total de 1.500 KW. Del mismo modo, se comprometió a facilitar un cable de fibra óptica con una banda inicial de 40 Mbits/s y a mantener en buen estado, de forma permanente, la Ruta Provincial Nº 31 que vincula la Ruta Nacional 40 con la estación espacial. Todas estas erogaciones estarán a cargo del Neuquén.
Respecto del uso militar de la estación
En el mes de junio de 2015 salió a la luz una nueva preocupación respecto de que la estación espacial china pudiera tener un uso militar a partir de un documento que, el 26 de mayo de 2016, emitió la Oficina de Información del Consejo de Estado de China referido a la estrategia militar de ese país. El informe de seis capítulos expresa que “la fuerza aérea se esforzará por cambiar su enfoque de la defensa aérea del territorio tanto en defensa como en ataque” y manifiesta el objetivo de “construir una fuerza de defensa del espacio aéreo como una estructura que puede cumplir con los requisitos de operaciones aerotransportadas, la proyección estratégica y el apoyo integral” para la defensa. En ningún momento el informe hace referencia a la estación de Neuquén pero esas líneas habrían llamado la atención de legisladores (Mario Negri de la UCR, Sebastián Velesquén del Frente Renovador, entre otros) y de miembros de las Fuerzas Armadas de la Argentina[6].
El documento sostiene que “el espacio exterior se ha convertido como dominante en la competencia estratégica internacional” y agrega que “los países afectados están desarrollando sus fuerzas e instrumentos espaciales y han aparecido los primeros síntomas de militarización del espacio ultraterrestre. El texto afirma que China “se mantendrá al tanto de la dinámica del espacio exterior, frente a las amenazas de seguridad y los desafíos en ese dominio para asegurar sus activos espaciales y servir a su desarrollo económico y social del país para mantener la seguridad en el espacio ultraterrestre”.
La mención del “espacio exterior” ha encendido la alarma en quienes vinculan a la estación espacial de Neuquén con un propósito militar. Se sabe que China percibe al “espacio aéreo” como una amenaza así como que también ha llevado a cabo un gran esfuerzo en la guerra cibernética. Oportunamente, el jefe de bloque de diputados del actual partido gobernante (PRO), Federico Pinedo, presentó un proyecto de declaración que exigía al gobierno que antes de la habilitación y posesión de la planta “negocie un anexo al acuerdo de la estación espacial con China en donde conste la prohibición de uso de las instalaciones para cualquier aplicación de tipo militar, bajo pena de rescisión automática” del convenio.
Otro elemento que habría dado lugar a la sospecha de la existencia de “cláusulas secretas” en el presente acuerdo es un documento firmado por la Embajadora Susana Ruíz Cerruti, quien estaba a cargo de la Dirección General de Consejería Legal (DICOL) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En ese documento, escrito a comienzos de 2013, la diplomática hace referencia a párrafos que no aparecen en el acuerdo del 23 de abril de 2014, puntualmente en lo que se refiere al otorgamiento a la “República Popular de China, a la oficina General de Control de Lanzamiento y Seguimiento de Satélites China (CLTC), a sus autoridades y a sus empleados en la construcción y operación de la misma, una serie de privilegios, derechos, facultades, exenciones y garantías de gran amplitud”.
Imagen 7.Consideraciones de la Embajadora Susana Ruíz Cerruti sobre el acuerdo que se evaluaba con CLTC.
En otra parte del dictamen de la Embajadora Ruiz Cerruti se citan artículos y párrafos que no coinciden con el acuerdo de referencia. Por ejemplo el artículo 1º, párrafo 1, en donde se establecerían las exenciones impositivas; el párrafo 2 del mismo artículo en el que se facilitaría “la disponibilidad de la tierra por parte de la Provincia del Neuquén, mediante un comodato de uso durante un período de 50 años, así como carreteras, líneas de comunicación, energía eléctrica y suministro de agua”. Tampoco el artículo 3º, párrafo 2, en donde se menciona que se requiere una consulta previa a CLTC en caso de que la Argentina deba tomar decisiones que pudieran interferir con sus actividades”.
Imagen 8.
Asimismo se hace referencia al artículo 5º, párrafo 1, incisos (1), (2) y (3) “por los que se establecen exenciones impositivas y se requiere la aprobación de China para expropiar o embargar equipamiento e instalaciones de la estación de espacio lejano”. El dictamen cita el artículo 5º, párrafo 2, inciso (3): “se otorgará a los empleados del CLTC exención judicial por expresiones escritas y orales en su trabajo para la estación de espacio lejano”, como así también el artículo 7º “que establece que ‘[l]a Argentina permitirá la importación libre de impuestos para artículos de subsistencia de empleados de CLTC al territorio argentino de conformidad con la legislación argentina”.
Imagen 9.
De la confrontación del texto del dictamen con el del acuerdo es que se deduce que esos artículos pudieron haber sido eliminados o bien que el dictamen está haciendo referencia a otro acuerdo, que no es al que se ha podido acceder.
Otro punto a observar es cuando la Embajadora Ruiz Cerruti hace mención al artículo 2 en el que se indica que “Cada parte designa a sus respectivas Autoridades Ejecutivas, estableciéndose que ellas firmarán un convenio de implementación por separado para la construcción, operación y gestión de la estación del espacio lejano”, texto que parecería formar parte de acuerdos que no se han hecho públicos.
Imagen 10.
Es necesario destacar que en septiembre de 2014 el ex vicecanciller, embajador Roberto García Moritán manifestó que la construcción de una estación de monitoreo en la Argentina tiene “cierta complejidad geoestratégica”. Agregó que:
“Por las características técnicas de la antena de recepción y los instrumentos operativos, (el observatorio espacial) tendría otros eventuales alcances que le permitiría un uso dual, civil y militar”[7].
Luego remarcó:
“La estación, con antenas que permitirían una cobertura y visibilidad casi completa de la Tierra, sería a la vez un centro potencial de escaneo de comunicaciones, rastreo y detección de satélites, control de lanzamientos a escala global incluso, en caso de necesidad, de misiles, drones y otras actividades militares semejantes», fundamentó el diplomático. «Estas circunstancias, entre otras, pondrían a la Argentina en teoría en un complejo mapa de riesgos hipotéticos”[8].
Del mismo modo consideró que “no se trata de temas menores ya que la presencia de una estación estratégica de estas características, por sus efectos, hace a la defensa nacional e incluso a orientaciones de política exterior”.
Por su parte, el Senador (UCR) Juan Carlos Marino denunció que en el convenio queda en evidencia que “la Argentina perderá soberanía con China” toda vez que “el personal estará bajo las leyes de ese país y el lugar que ocupe la estación en Neuquén quedará bajo control del gobierno chino”[9]. También expresó sus inquietudes el senador de UNEN Fernando «Pino» Solanas, quien señaló que «hay muchas preguntas y pocas respuestas sobre algo tan sensible como entregar cientos de hectáreas de una provincia limítrofe con otro Estado, a un tercer Estado por medio siglo para actividades en las que la Argentina se beneficiará de forma ínfima»[10].
El 7 de septiembre de 2014 el Diputado Nacional Alberto Asseff presentó un pedido de informes al Ejecutivo haciendo alusión a “la letra chica” del Acuerdo o a los anexos reservados, para lo cual también se basó en los dichos de los Senadores Marino, Solanas y en las expresiones del Embajador García Moritán.
En febrero de 2015, en un texto publicado por el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), titulado “Los Acuerdos con China. Las urgencias como camino para perder soberanía”, Gustavo Lahoud y Claudio Lozano formulan serias críticas a los acuerdos que posibilitaron la construcción de la estación espacial china[11].
Cuestiones laborales y demoras en las obras
Durante las obras se han presentado numerosos conflictos laborales lo que produjo una demora en las mismas debido a que los chinos no contemplan que las jornadas laborales sean de 8 horas, tampoco el descanso de fin de semana.
En febrero de 2015, trabajadores neuquinos frenaron la obra en reclamo de mejores condiciones laborales y solicitaron que se contrate personal local. Asimismo denunciaron amenazas del sindicato UOCRA para que levanten la huelga[12]. Los trabajadores habían tomado el predio de Bajada del Agrio, en Quintuco, y dejaron de realizar tareas hasta que la empresa constructora a cargo de la obra, Esuco S.A —subcontratada por la compañia estatal China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC)—, resolviese las demandas del personal.
Hacia junio de 2015 la conflictividad laboral se había incrementado debido a que la contratista de la obra despidió a unos 100 trabajadores en dos meses[13]. En esa ocasión la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no dejó entrar a los trabajadores. Según la firma, los 43 despidos en mayo de ese año obedecieron a problemas de comportamiento y ausentismo y los otros 54 restantes, en junio, porque su labor ya no es necesaria debido al avance de la obra. Según los operarios, restaba el 60% de la obra para terminar por lo que no consideran que el personal no fuera necesario.
Para ese entonces la obra, que debería estar finalizada en 2016, se encontraba al 40% de su ejecución. Debido a los conflictos gremiales, no se concluirá durante el año en curso sino recién en 2017.
Según información que no se ha podido corroborar, en la obra se encuentran trabajando afiliados del SITRAIC (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción), sindicato opuesto a la UOCRA (también a los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) y cuyo Secretario General es Víctor Grosi.
Se difundió información acerca de la construcción de una nueva base china en San Juan
Algunos medios han reproducido una información difundida por Perfil acerca de que existiría un proyecto para la construcción de una nueva base espacial china en la provincia de San Juan.
Este proyecto habría sido mantenido hasta el presente en estricta reserva y se sabe que es gestionado por un área militar del gobierno chino. Debido a que la tecnología utilizada en la base china para el control de operaciones espaciales podría permitir un “uso dual”, el gobierno argentino estaría preocupado por su aplicación. Tal tecnología podría ser utilizada para monitorear la llegada del primer astronauta chino a la Luna así como también para controlar el curso de misiles balísticos intercontinentales nucleares chinos o de un tercer país[14].
En julio de 2016 se informó que mientras la provincia de San Juan sigue esperando la no objeción de Susana Malcorra, había circulado la versión de que si se sigue dilatando la autorización nacional para instalar el radiotelescopio chino en Calingasta, podría cambiarse su emplazamiento y ser instalado en las cercanías del Observatorio Cerro Tololo, en Chile, zona que reúne las mismas condiciones geográficas que El Leoncito.
En el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan habría preocupación al respecto ya que este proyecto se remonta al 2004, año en el que el entonces rector, Benjamín Kuchen, firmó el convenio con la Academia Nacional de Ciencias de China y, seguidamente, el gobierno de la provincia sumó su adhesión.
El radiotelescopio del denominado del proyecto CART (Chinese-Argentine Radio-Telescope) es similar a una antena parabólica, tiene un diámetro cercano a los 40 metros y una vez instalado entre el Casleo y el Observatorio Félix Aguilar sería visible desde varios kilómetros a la redonda. Según se informó, el presupuesto está íntegramente a cargo de China, incluso el desembolso inicial de US$ 1,5 millón para la base de hormigón con sus respectivas adecuaciones de infraestructura que frenó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación.
La comunidad académica está a la espera de que el Ministerio de Relaciones Exteriores expida una “no objeción” al proyecto del radiotelescopio. Ese documento permitirá destrabar el proceso.
Cabe agregar que la Canciller Susana Malcorra viajó a China en mayo de 2016 con el objetivo de preparar el viaje del Presidente Mauricio Macri a ese país, para ultimar los detalles de su participación en la cumbre del G20 que se llevó a cabo en septiembre.
Por su parte, ha trascendido que el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación, Lino Barañao, se ha desentendido del tema del radiotelescopio, situación que es percibida en San Juan como una “reorientación” política del ex Ministro de Cristina Fernández de Kirchner, como miembro del gabinete del presidente Mauricio Macri.
Ante estas indefiniciones, los chinos estarían en tratativas con el Observatorio Cerro Tololo de Chile.
Imagen 11.Ubicación del Observatorio Astronómico El Leoncito, en la provincia de San Juan, Argentina, y del Observatorio Interamericano Cerro Tololo, en Chile.
Imagen 12. Valle del Elqui. El Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, Chile.
Los tratados con China
Ante la situación generada por esta información, la canciller Susana Malcorra habría solicitado la asistencia a otros organismos del gobierno. El gobierno de Macri desea rever los tratados bilaterales firmados por el gobierno precedente y durante la primera reunión que el propio presidente mantuvo con su par chino, Xi Jinping, se comprometieron a trabajar para confirmar esos acuerdos.
La Argentina y China han celebrado otros tratados de cooperación además de los referidos a las mencionadas bases:
Centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Estarán localizadas en el cauce del río Santa Cruz y hasta 2010 se las denominaba “Cóndor Cliff” y “La Barrancosa”. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fueron rebautizadas con los nombres de los que fueran los gobernadores de Santa Cruz. El 18 de julio de 2014 se firmó el contrato de financiamiento de las mismas por US$ 4.714 millones de dólares, que estaría a cargo de los bancos chinos Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited y Bank of China Limited. Desde el punto de vista ecológico, estas centrales son el objetivo de serias críticas. En el Congreso de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor y más antigua organización ambiental del mundo, en los primeros días de septiembre de 2016, en Hawaii, fue presentada una moción para que se suspendan estas obras hidroeléctricas hasta tanto se garantice que no afectará a las poblaciones de macá tobiano, un ave que se encuentra en estado crítico de extinción y que fue descubierta en 1974. Se encuentra en la lista roja de la UICN. La moción pide que se realicen estudios de impacto ambiental ya que esta ave pasa todos los inviernos en la desembocadura del río Santa Cruz, donde se zambulle para buscar su alimento, que se verá alterado con las obras.
Energía nuclear. En noviembre de 2015 se firmaron los acuerdos destinados a la construcción de la cuarta y quinta central nuclear, una inversión total de US$ 14.000 millones de los que China aportará el 85% del financiamiento. Los contratos fueron firmados en el marco de la Cumbre del G20 que se desarrolló en Antalya, Turquía. En su visita a China, en SET16, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, mantuvo una reunión con representantes de la empresa China National Nuclear Corporation CNNC), con la que fueron suscritos acuerdos para la construcción de las dos centrales nucleares.
Proyectos en energía eólica y solar. A desarrollarse en Jujuy, La Rioja, San Juan.
Proyecto de acueducto. En Entre Ríos.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también firmó acuerdos en materia de Defensa. El entonces Ministro de Defensa Agustín Rossi consideró a China “socio estratégico” y destacó un acuerdo con Norinco, empresa que fabrica los blindados, para la compra y transferencia de tecnología con el proyecto de instalar una planta en la Argentina. Cabe recordar que el 18 de julio de 2014 ambos gobiernos elevaron la relación a la categoría de Asociación Estratégica Integral.
Algunas consideraciones finales
Al momento de considerar el tema de la estación espacial en la Provincia del Neuquén, debe tenerse en cuenta que China ha desarrollado varias bases ─algunas de uso dual─ localizadas principalmente sobre el mar de China y el océano Índico, para garantizar su abastecimiento de materias primas así como su política expansionista. Esas bases ─que se han denominado “collar de perlas”─ serían las siguientes:
Hong Kong, que posee el tercer centro financiero del mundo, un puerto y una terminal petrolera;
Sanya, en la isla Hainan de China, con una base aérea y una base de submarinos nucleares, en cavernas bajo las rocas, protegidos de la detección de los satélites espías;
isla Woody (islas Paracel, reclamadas por China, Vietnam y Taiwán), en donde hay un puerto y una base aérea y se desarrollan proyectos turísticos;
islas Spratly (reclamadas por Brunei, China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam, en las que se realizan prospecciones gasíferas y petroleras, además de exploraciones submarinas;
Sihanoukville (Campong Som) y Ream (Camboya), donde se realiza la ampliación de puertos, acceso naval;
el istmo de Kra (Tailandia), proyecto de corredor estratégico (autopista, ferrocarril, oleoducto, canal marítimo);
islas Coco, en el mar de Andamán, área perteneciente a Myanmar desde finales del siglo XIX pero que han sido revalorizadas geopolíticamente a partir de los noventa con la supuesta presencia militar china en dichas islas;
Kyaoukyu, también perteneciente a Myanmar, con un puerto, una terminal petrolera y un proyecto de corredor estratégico para China, que incluye un oleoducto, ferrocarril y carretera;
Chittagong, territorio de Bangladesh, donde China patrocinó el desarrollo del mayor puerto de ese país a cambio de emplazar una amplia estructura para el transporte de contenedores;
Hambantota, en Sri Lanka, donde Beijing invirtió millones de dólares en la construcción de un puerto próximo a la costa de la India a cambio de ayuda para liberar a Sri Lanka del terrorismo tamil;
Marao, en las islas Maldivas, en donde se realizan exploraciones marinas y se proyecta la construcción de una base militar;
Gwadar, Pakistán, donde China construyó un puerto a sólo 180 millas náuticas del estrecho de Ormuz y que originó una protesta por parte de la India;
un puerto en Sudán del Norte, con una terminal petrolera, un corredor estratégico que incluye un oleoducto y una base de inteligencia;
Sittwe, en Myanmar, donde China construye un oleoducto que transportará petróleo de Sittwe a Kunming, capital de la provincia china de Yunnan, y que constituye otro punto del conflicto potencial entre China e India.
Imagen 13. El denominado «collar de perlas chino».
En febrero de 2016 el Ministerio de Defensa de China confirmó oficialmente que dio comienzo a la construcción de lo que ha calificado como “instalaciones de apoyo” en Djibouti. Las autoridades chinas alegan razones logísticas ya que facilitaría el mantenimiento de sus buques destinados a combatir la piratería en el golfo de Adén, así como en Índico, en el mar Arábigo y en el mar Rojo.
Esta infraestructura está desarrollada y planificada estratégicamente en función de las necesidades de China pero también ante un conflicto que pudiera desencadenarse en el mediano y largo plazo. En función del mismo es que China está construyendo una isla artificial cerca de Filipinas, donde los Estados Unidos tienen la base Subic, en la bahía homónima en la isla Luzón. En la actualidad, el gobierno de Washington se apresta para retomar su presencia en bases de Filipinas.
En este contexto ─en el que además deben destacarse las tensiones por las disputas del mar de China, el refuerzo de la capacidad militar de Estados Unidos en el Pacífico y las explosiones nucleares llevadas a cabo por Corea del Norte─ la apertura de una base espacial que podría tener un uso dual debería haber sido considerada con mayor detenimiento.
El acercamiento a China y los numerosos acuerdos que se firmaron con ese país fueron pergeñados por los ministros de Planificación Federal y de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y Axel Kicillof, quienes viajaron en varias ocasiones a ese país y recibieron a empresarios chinos en Argentina. Estos ministros fueron quienes celebraron los acuerdos para la construcción de las represas en Santa Cruz, para la construcción de las centrales nucleares y los acuerdos con la petrolera china Sinopec, entre otros. Cabe recordar asimismo que Economía consiguió un “swap” del país asiático que fue ampliado en agosto de 2015 con un refuerzo equivalente a US$ 2.000 millones para evitar que cayeran las reservas.
Toda esta suma de acuerdos con un solo e importante actor como China significaría una seria limitación para la Argentina, habida cuenta de la dependencia que se impone a la Nación en términos económicos y contractuales.
Asimismo, debe considerarse que el organismo que llevó adelante el acuerdo con China para la construcción de la estación espacial, la CONAE, precisamente era una dependencia del Ministerio de Planificación Federal, a cargo del Ingeniero De Vido.
En el caso puntual de la estación espacial de Neuquén, en lo que se refiere a los supuestos anexos secretos no se ha podido confirmar si efectivamente existen o si se llevó a cabo una modificación en el proyecto de los acuerdos.
Al momento de que el acuerdo fuera ratificado por el Congreso Nacional, la estación espacial estaba en un avanzado proceso de construcción, pues las obras comenzaron en marzo de 2013, casi dos años antes. Por su parte, la Legislatura de la Provincia del Neuquén no accedió al supuesto acuerdo, con lo cual no convalidó el tratado.
Por otro lado, la Provincia del Neuquén debió ceder 200 hectáreas a China, emprender una erogación de consideración para ofrecerle cierta infraestructura a la base espacial china sin recibir nada a cambio. La situación de la República Argentina es similar, amén de que debe resignar su soberanía en parte de su territorio.
En este sentido, un punto a considerar es que los científicos argentinos pueden acceder al uso del 10% del tiempo de la estación, como mínimo, cuando así lo dispusieran, pero el acuerdo entre la CONAE y CLTC, establece que la Argentina podrá usar la antena para investigaciones propias pero mediante la solicitud de un permiso escrito a CLTC con, al menos, tres meses de anticipación. Este punto es por demás absurdo. Asimismo establece que ese tiempo de ninguna manera es acumulable a través de los años.
Imagen 14.
Respecto a la finalización del acuerdo, el convenio habla de que si se decidiera concluir el acuerdo deberá hacerse mediante “un preaviso por escrito” de “al menos 5 años previos a la fecha en que se pretende terminar el acuerdo”, es decir un 10% del tiempo total de la concesión. Para la Argentina eso significa un serio riesgo para su seguridad nacional, habida cuenta que se trata de un territorio cedido a una potencia extranjera y sobre el cual no podrá ejercer su soberanía.
Más allá que la canciller Susana Malcorra haya logrado un compromiso de parte de las autoridades chinas de que no se llevará a cabo actividad militar en la estación espacial, ninguna autoridad argentina tendrá acceso a lo que se haga dentro de la misma y debiera considerar como “inquietante” que para que los científicos argentinos accedan a la estación deba realizarse un pedido por escrito con, al menos, tres de meses de antelación.
En tal sentido, se percibe que la afirmación de que China respetará la legislación y la normativa argentina así como la neuquina, resultaría a simple vista relativo ya que la República Argentina ha cedido 200 hectáreas bajo la cláusula de extraterritorialidad, al igual que si se tratase de una embajada.
Probablemente, si se decidiese cancelar el acuerdo, el momento más oportuno sería antes de la finalización de las obras, lo que supondría asumir el costo de la decisión.
El proyecto de referencia no sólo afecta los planes espaciales de ambos países sino que también complica los planes económicos del actual gobierno argentino debido a que dentro del paquete de acuerdos heredado existirían varios proyectos de inversión de utilidad para reactivar la economía.
China es el “principal inversor” de la Argentina. Los proyectos de inversión de ese país en Argentina alcanzan los US$ 25.000 millones. En este sentido, debe mencionarse que en oportunidad de la participación del presidente Macri en la Cumbre del G20 mantuvo reuniones con empresarios de ese país ─Jack Ma (dueño de Alibaba, sitio de comercio minorista global), el presidente de Sany (maneja el 64% del mercado mundial de volcadoras de cemento), el titular de Power China, la mayor compañía productora de electricidad de China), con representantes de la empresa contratista de las dos hidroeléctricas proyectadas para Santa Cruz y con los de Huawei, la tercera productora de teléfonos celulares del mundo con una creciente presencia en Argentina y con su planta de América del Sur en nuestro país─, lo que pone en evidencia la intención de lograr mayores inversiones chinas en Argentina. No obstante, debe considerarse que una gran dependencia económica respecto de un único actor limita la toma de decisiones políticas y soberanas.
La relación bilateral con China constituye un capítulo delicado debido a que el actual gobierno requiere oxígeno para poder desarrollar su programa económico de la manera menos cruenta. China está en condiciones de llevar a cabo inversiones millonarias, con tasas razonables y de manera más sencilla pues para ello se operaría con empresas estatales chinas involucradas en los proyectos energéticos.
* Licenciado en Historia graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).
