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RESISTENCIA ASIMÉTRICA

Iris Speroni*

El Estado nos sale el doble que durante el siglo XX, pero sin contraprestación alguna.

 

Desde que se instaló la socialdemocracia al frente del gobierno del país, en 1983. No paramos de retroceder.

Habrá quienes sostengan que viene de antes y ofrezcan fechas alternativas. Es válido.

De 1983 subió sin cesar el costo del Estado como proporción del PBI. Esto quiere decir que del total que los argentinos producen año tras año, el 50% se lo llevan los administradores del país (los políticos) para gastar como ellos crean conveniente. La contracara de esto es que de todo lo que producimos nos queda para nosotros solamente el 50% y nos tenemos que arreglar con eso. El tema no es menor, porque la Argentina, para no perder capital (para producir bienes y servicios) necesita reinvertir al menos el 20% de lo que produce. Con lo que los privados o bien nos dedicamos a vivir con el 30% restante y reinvertir el 20% o no reinvertimos nada y nos queda el 50% para vivir; o algo intermedio. Ahora bien, si no invertimos, mínimamente el 20%, cae el capital total y entonces el país cada vez puede producir menos. Que es exactamente lo que sucede. El país no para de decrecer porque la inversión anual no alcanza el nivel de reposición del capital que se amortiza. Por otra parte, un nivel de consumo bajo (con el 50% que nos dejan, tenemos que hacer malabarismos entre invertir y consumir) lleva a una caída general de actividad. Sufren todos aquellos que producen bienes y servicios para el consumo doméstico, porque tienen un público empobrecido.

Lo más paradójico de todo esto es que todos los servicios públicos son peores que décadas atrás. Ahora se quedan con el 50% en lugar del 25% (el standard durante el SXX) y sin embargo los hospitales se caen a pedazos y pagan monedas a médicos y resto del personal; las escuelas necesitan pintura, reparar techos y aberturas, limpieza; no tenemos FFAA; las fuerzas de seguridad necesitan buenos sueldos, entrenamiento, uniformes, hasta balas para practicar tiro. No hablemos de la administración de justicia, que brilla por su ausencia a pesar de los sueldazos de los jueces.

Con el 25% el Estado hacía escuelas; con el 50% no pinta las escuelas que existen. Con el 25% el Estado construía Chocón-Cerros Colorados, Salto Grande y Atucha. Con el 50% actual debe endeudarse para levantar represas en Santa Cruz o ampliar Atucha. Con el 25% teníamos submarinos, cientos de aviones de guerra, miles de argentinos hacían el servicio militar todos los años y teníamos miles de militares profesionales repartidos por todo el país. Con un Estado que cuesta el 50% del PBI anual, los militares ganan miseria, no le dan instrucción militar a los ciudadanos, no tenemos submarinos, tenemos pocos barcos, no tenemos aviones de guerra, interrumpieron la construcción de misiles y la lista continúa. Con 25% teníamos algo parecido a administración de justicia (con fallas), pero los chorros iban presos. Con 50% llenamos de hippies la justicia, y entonces paz y amor con supersueldos y los chorros y asesinos libres.

Con lo cual, el Estado nos sale el doble que durante el SXX, pero sin contraprestación alguna. Ni siquiera mantienen los bienes en las mismas condiciones en que estaban. Lo que existe, se deteriora por falta de mantenimiento. Además los gobiernos kirchneristas (2003-2015) y de Macri se caracterizaron por la venta indiscriminada y acelerada de bienes (propiedad de las FFAA, del FFCC, edificios antiguos y de alta categoría como el que alojaba el Instituto Antártico) y la destrucción del patrimonio cultural arquitectónico de nuestro país. O sea que dándoles un 50% de todo lo que producimos anualmente, reducen el patrimonio común.

Además, nos endeudan, que es la segunda manera de reducir el patrimonio común. El patrimonio es todo lo que uno tiene menos todo lo que uno debe.

Más importante que cuánto gasta el Estado es cuánto nos queda a nosotros. Durante el SXX el Estado se llevaba el 25%. Eso quiere decir que en los bolsillos nuestros nos quedaba el 75% de lo que se producía. Por eso antes un trabajador podía hacerse una casa y ahora no. Por eso se podía ir 10 días a Santa Teresita y ahora no. Tener el 75% en nuestros bolsillos nos permitiría consumir más, invertir en bienes de capital (una camioneta para hacer reparto, un pequeño comercio, herramientas), o en bienes durables (vivienda). Nuestro nivel de vida no para de caer para que ese dinero pase —momentáneamente— a las arcas del Estado, para que luego los políticos y sus amigos se abalancen y se lo repartan entre ellos.

Mientras nosotros estamos cada vez más pobres, los políticos y sus amigos están cada vez más ricos, a niveles impensados cuarenta años atrás.

Se abocaron a una bacanal de saqueo. Es la remuneración por ser interventores del país y no dejarnos levantar cabeza. Tanto los políticos como los “empresarios” amigos acatan cuanta imposición les venga del exterior, con tal de no perder su posición de privilegio.

Podríamos hablar de cómo le regalan la cordillera y el Mar Argentino a los ingleses y españoles o cómo abandonaron la causa Malvinas o cómo destruyeron sistemáticamente la educación o cómo dejan que las empresas nos vendan porquerías bajo el rótulo de alimentos. Son detalles adicionales de la traición.

Lo que importa es que nosotros somos cada vez más pobres mientras vemos que los políticos viven en un lujo soñado décadas atrás no sólo por estos individuos sino por la casta política en general. El país se cae a pedazos y la población se agarra con las uñas a su cada vez más escaso patrimonio, mientras la casta ya no recuerda qué significa trabajar en la economía real, acumula más y más patrimonio y sus integrantes tienen veleidades de millonarios.

Cuando uno los escucha hablar a algunos diputados o senadores, aún a gente que en otra situación es sensata, se da cuenta que:

a) no tienen proyecto de país,

b) no tienen verdadera dimensión de cuán mal están las cosas para el pueblo de a pie,

c) no se les cae una idea de cómo mejorar la situación,

d) no les importa,

e) sólo piensan en continuar la depredación del patrimonio nacional para su beneficio personal,

f) con tal de seguir en el puesto aceptan cualquier cosa (g. el aborto impuesto desde el exterior, v.g. que el CELS y Amnistía Internacional fueran los censores de los ascensos militares, v.g. que el BID y el BM impongan la destrucción del FFCC y de la educación),

g) no importa cuánto dinero les demos, siempre es poco —como todo vicioso—,

h) jamás se preocupan por mejorar las condiciones de vida de la población (ej. pintar escuelas y hospitales, bajar los niveles de criminalidad),

i) son socios de los “empresarios” saqueadores y entre ambos grupos nos comen las entrañas hasta dejarnos en la carcasa,

j) kirchneristas, massistas, radicales, cc, pros son socios en arruinarnos, acá no hay buenos,

k) Argentina está intervenida.

Por lo tanto, hasta que reconstruyamos el proyecto de país, nos deshagamos de todos ellos y hagamos andar a la Argentina (totalmente factible), debemos encarar una resistencia pasiva. Pagar la menor cantidad de impuestos posible, interponer amparos ante la Justicia para frenarles todo lo que quieran hacer, no importa qué, y complicarles la vida en la medida de nuestras posibilidades. Enseñar a nuestros hijos cómo creemos que son las cosas, rechazar todas las porquerías que nos quieren imponer.

Hasta que podamos echarlos a patadas.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

 

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EN LA JABONERÍA DE VIEYTES

Santiago González*

Una Argentina irreparablemente rota reclama refundación y reanudación, y hay quienes estudian cómo hacerlo.

 

Hay cosas que cuando se rompen ya no tienen arreglo, como los jarrones de porcelana, las copas de cristal, los matrimonios y las naciones. Eventualmente, con los materiales y la tecnología adecuados, se podría obtener una copia más o menos exacta del jarrón o la copa, pero los matrimonios o las naciones son irreparables porque sus ingredientes están amasados con tiempo y el tiempo marcha en una sola dirección. No hay manera de “volver a ser felices como antes”, tal como reclaman con lágrimas en los ojos las esposas traicionadas o prometen con aviesa seguridad los políticos traidores. Es posible, sí, volver a ser felices, pero no como antes, y casi nunca con el mismo socio, sentimental o político. Esto no lo entienden muchos cónyuges y muchos ciudadanos, que con pertinaz voluntarismo o con mal encaminada esperanza insisten en renovar sus votos, conyugales o sociales, a la figura equivocada, con lo que sólo logran prolongar sus padeceres y multiplicarlos.

Además, el “como antes” puede tener sentido en la vida de un matrimonio pero resulta inasible en la vida de una nación: ¿en qué punto del tiempo se ubica ese “antes”? ¿En el de la propia memoria? ¿En el de la memoria familiar? ¿En la de los libros? Mi propio “antes” arranca en las primeras décadas del siglo pasado con los recuerdos de la Buenos Aires señorial que con orgullo argentino me confiaba mi madre y llega hasta 1975, cuando murió mi padre y yo recorría el final de mi tercera década. Desde entonces todo ha sido, en términos de la imagen de la Argentina que guarda mi espíritu, un después. A la larga me vería en dificultades para contar a mis hijos que hubo una Buenos Aires verdaderamente rica, elegante y culta, y que yo y mis padres y abuelos y bisabuelos habíamos vivido en ella. Una Buenos Aires donde una clase alta refinada y escasamente ostentosa era el modelo a imitar por una clase media laboriosa, sana y bien alimentada, y educada en el orden conservador instalado por esa misma clase alta.

Una Buenos Aires donde los 25 de Mayo el aire se teñía de azul y blanco, tantas eran las cintas y las escarapelas y las banderas que la adornaban, donde los 9 de Julio retumbaban con la marcha pesada de los tanques y el vuelo rasante de los aviones, donde la llegada de la Primavera era saludada con un despliegue de flores, carrozas y mannequins vivants que exponían colores, formas y texturas de temporada, donde los grandes locales comerciales competían cada Navidad con sus escenas del Nacimiento. Una Buenos Aires, modelo y escaparate de todo un país, que gestó la mayor explosión de talento alumbrada en el siglo XX por cualquier ciudad hispanohablante, de la literatura a la ciencia, de la técnica a la arquitectura, de las artes plásticas a la medicina, y del cine a la música, empezando por el tango y terminando con el rock.

Me pregunto cuál es el “antes” de una persona de clase media como yo, pero de la generación siguiente, a cuya conciencia nacional contribuyeron Andrés Cascioli, Jorge Lanata, Mario Pergolini y Marcelo Tinelli. O Beatriz Sarlo, Juan José Sebreli, Horacio Verbitsky y José Pablo Feinmann, para el caso. ¿Qué entiende el compatriota de cualquier clase, educado por el progresismo y la socialdemocracia, si le hablo de patria? ¿Cuál es su vínculo emocional con la Argentina, con los otros argentinos? ¿Qué significan para él San Martín, Rosas, Alberdi, Sarmiento, Roca, Perón? ¿Qué entienden sus hijos, incluida la generación que no sabe leer ni contar, que no estudia ni trabaja, si se les propone “volver a ser felices como antes”? ¿Cuál es la conexión de los hombres y mujeres de hoy, de los adolescentes de hoy, con el pasado? ¿Cómo insertan su historia familiar en la del país? ¿Qué ven cuando ven el Palacio Pizzurno o la estación Constitución o el edificio del diario La Prensa o el Hospital Rivadavia? Es más: ¿qué ven en el Cabildo los maestros que llevan a sus alumnos a visitar el Cabildo?

Hay cosas que cuando se rompen ya no tienen arreglo.

* * *

¿Qué significa una Argentina rota? Por lo pronto, una Argentina cuyas instituciones han dejado de funcionar. Las instituciones dejan de funcionar no sólo cuando dejan de cumplir el cometido para el que fueron creadas, tal como la crónica registra a diario, sino, y especialmente, cuando perdieron la capacidad de repararse, sanarse, regenerarse, cosa que la crónica omite o no advierte. A lo largo de los últimos cincuenta años, se han sucedido gobiernos militares y civiles, peronistas y antiperonistas, elegidos por el voto popular o por la asamblea legislativa, y ninguno pudo revertir la línea descendente, componer lo descompuesto. No se trata simplemente de que fallen los gobiernos: falla el sistema, fallan sus mecanismos de regeneración, está roto. No sirve.

Una Argentina rota significa también la disolución de la affectio societatis, el tejido emocional que nos vincula con los otros argentinos, con la casa común, con la historia vivida. Ese tejido no cumple una función exclusivamente social, sino también personal: es la red donde la propia vida cobra valor y sentido. Cuando se desintegra, las madres matan a sus bebés, los esposos se matan entre sí, los jóvenes matan a los ancianos para robarles, y cualquiera mata a cualquiera porque sí. Y el que no puede matar se droga hasta que puede. Si mi vida no vale ni tiene sentido, no vale ni lo tiene la de nadie. La crónica remite estas noticias al fondo de las páginas policiales: deberían estar al frente de las páginas políticas.

Una Argentina rota implica por fin la cancelación del futuro, la negación del proyecto, la imposibilidad del entusiasmo. Es lo que no soportan los argentinos audaces que marchan al exilio. No se van en busca de mejores salarios, paisajes más atractivos u oportunidades de consumo más refinadas. No se van en busca de comodidad; se van, lo dicen francamente cuando la crónica los interroga, en busca de un futuro.

Una Argentina así de rota es irreparable. No hay tratamiento gradualista ni de impacto capaz de hacerla funcionar. Creer lo contrario es perder el tiempo cuando ya no hay tiempo que perder. Urge desprenderse de un sistema irreversiblemente desbaratado y crear uno nuevo, con nuevos códigos y nuevas instituciones. Como en vísperas de Mayo, otra vez en la jabonería de Vieytes, con la cabeza probablemente llena de ideas confusas y contradictorias, que deberán ordenarse en la franqueza del debate y en el empeño de la fundación. Mejor dicho, de la refundación (volver a fundar) y la reanudación (volver a anudar), porque no se partirá de cero, con la página en blanco. Detrás hay pueblo, territorio, historia y experiencia, sólo necesitados de vínculos que los unan y de un sistema que les permita funcionar.

Pero atar y planear no va a ser exactamente coser y cantar.

* * *

Imagino a los contertulios de la nueva jabonería reclutarse siguiendo el magisterio de la historia: comerciantes, hacendados, publicistas, vecinos principales, canónigos, jurisconsultos, milicianos, en general personas con algo que defender, discretas y prudentes, y con cierto reconocimiento en la comunidad como para saber con quiénes se está tratando. Casi podría asegurarse que entre los más vehementes, e incluso exaltados, están quienes por una razón u otra, por un camino u otro, guardan memoria de que aquí hubo otro país, de que la nación argentina está muy por encima de esta mediocridad delictiva, dictatorial y decadente que asfixia, acorrala, aplasta y expulsa, y cuyo primer impulso es el de salir a la calle, gritar “¡Viva la Patria!” y arengar a la lucha para “volver a ser felices como antes”.

Veo entonces a las mentes más templadas avisarles de su error. Recordarles con Neruda que “nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos” y con Borges que no existe “una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía”. Que la mayoría de los compatriotas no tiene la menor idea, o la tiene muy confusa o distorsionada por la propaganda socialdemócrata, de cómo era ese “antes”, de qué cosa es la patria, de cuáles atributos distinguen propiamente al argentino. Que un mensaje articulado sobre esa retórica, con apelaciones a un pasado confuso, a un sentimiento mortecino o desconocido, a unas lealtades jamás probadas, les dirá poco y nada, o peor todavía: puede sonar como un nuevo intento de manipulación. Que lo primero, entonces, antes que proponer, es escuchar.

De la nación quedan la tierra, la historia y el pueblo. Pero el pueblo es la materia viva.

* * *

La jabonería de Vieytes elige entonces como prioridad auscultar las cuitas de los compatriotas (que en definitiva no diferirán de las propias sino en escala), conocer su estado de ánimo, adentrarse en sus necesidades (más allá de las obvias, relacionadas con la supervivencia), tomar el pulso de sus expectativas, sus creencias y sus temores. El pueblo es la materia viva de la nación, y escucharlo requiere de una atención máxima y desprejuiciada: antes de ingresar a la jabonería, los contertulios dejan los telefonitos y las ideologías en la puerta. Es precaución elemental en cuestiones relativas a la nación evitar las interferencias externas.

Las circunstancias les ofrecen una oportunidad inesperada y sorprendente para conducir esa escucha: la sociedad argentina es una de las que con mayor docilidad aceptó en el mundo primero una cuarentena desmesurada, innecesaria y letal para una economía en terapia intensiva; después, unas vacunas experimentales sobre las que hay más dudas que certezas, y de las que nadie se hace responsable; y últimamente, una cantidad de restricciones a las libertades individuales para quienes no se han vacunado. Esta mansa aceptación, impensable por cierto en la Argentina “de antes” (lo que habla de por sí sobre la profundidad de los cambios sufridos), atraviesa todas las clases sociales y todas las regiones geográficas. Por su amplitud, y por su excepcionalidad para una sociedad famosa por su independencia y rebeldía, los contertulios deciden estudiarla.

Iluminada desde un lado, aparece una sociedad acobardada, temerosa, ignorante, incapaz de forjar su propio juicio y defenderlo racionalmente, fácilmente manipulable por los charlatanes de la prensa, la política y la ciencia, incluso proclive a la delación de quienes exhiben un comportamiento independiente, y favorable a cualquier disposición autoritaria y compulsiva que le permita enmascarar bajo el amparo de la ordenanza municipal su propio miedo, su propia cobardía. Iluminada desde el lado opuesto, se presenta una sociedad tan abandonada a su suerte y tan necesitada de creer que arriesga su bienestar y su salud en un acto de fe, en la confianza de que, al menos esta vez, en un caso de vida o muerte, su país, sus compatriotas, sus dirigentes, sus médicos, sus periodistas no la engañan. Que estamos juntos en esto, que nos cuidamos entre todos. Y que hay sanción para el que no cumple.

Visto a plena luz, se hace evidente la desesperación del pueblo de la nación, su materia viva.

* * *

En una Argentina cuyo sistema institucional ha dejado de funcionar, y cuya affectio societatis se deshilacha sacudida por vientos cruzados, el estado de un pueblo a la deriva, al que cada vez resulta más difícil describir como sociedad, no sorprende a los atentos contertulios de la jabonería de Vieytes. Iluminado desde todos los ángulos, de manera de no dejar espacios en sombras, ese pueblo exhibe una demanda intensa de pertenencia y de sentido, de relación funcional y constructiva con una comunidad en cuyo seno la propia vida, la propia actividad, adquiera significado y gane reconocimiento, asuntos estos relacionados con la affectio societatis. Y también exhibe un reclamo urgente de eficacia y de justicia, de eficacia en la administración de la cosa pública (que la educación eduque, la salud cure, y la defensa defienda) y de justicia en la administración de premios al mérito y la conducta y castigos a la indolencia y la inconducta, asuntos estos relacionados con el sistema institucional.

Pertenencia y sentido tienen que ver con la identidad, con el quiénes, eficacia y justicia con la administración, con el cómo. Los concurrentes a la jabonería perciben que falta algo. Falta el qué. Las luces revelan una sociedad dispuesta a aceptar un liderazgo, deseosa de creer, pero necesitada además de que se le proponga un camino, un rumbo común dentro del cual encarrilar los propios sueños y ambiciones. Esto es, un proyecto, que no puede ser absolutamente individual, como querrían los liberales, ni tampoco absolutamente colectivo, como querrían los socialistas (los socialdemócratas, los globalistas, los comunistas), sino nacional (una nación es “un proyecto sugestivo de vida en común”, diría Ortega en una frase que incomoda a la vez a nacionalistas y liberales).

La primera preocupación de los asistentes a la jabonería, si los interpreto correctamente, es dar respuesta a estas demandas: pertenencia, sentido, eficacia, justicia y proyecto. Su amplitud (atraviesan todas las clases sociales), su importancia (se imponen incluso por sobre las necesidades materiales) y su urgencia (alimentan todas las inquietudes, las neurosis, los estallidos emocionales y la violencia) quedan de manifiesto en el comportamiento público, en el perceptible a simple vista y en el registrado por la crónica, y especialmente, como hemos visto, en la reacción frente al episodio de la covid. La respuesta exigirá a los tertulianos la definición de un rumbo, el trazado de un plan de trabajo, la promoción de un liderazgo capaz de llevarlo a cabo, y la elaboración de una narrativa capaz de persuadir, de entusiasmar, de aglutinar.

El patriotismo, la historia, la fe no son un proyecto, son la condición de posibilidad de un proyecto.

* * *

Los contertulios de la jabonería presente saben muy bien que su combate por la pertenencia, el sentido, la eficacia, la justicia y el proyecto (nacional) habrá de librarse contra la presión del globalismo que busca reacomodar el planisferio a su gusto. Pero conocen el paño. Cuando la Argentina institucional sólo era un proyecto en la mente de sus fundadores, el nuevo orden mundial de la época amenazaba con la Restauración monárquica, y muchos asistentes a la tertulia histórica imaginaban para la nación argentina un futuro coronado por derecho divino. Entre ellos el jabonero Vieytes, que puso a su hija el nombre de Carlota Joaquina, y el propio Manuel Belgrano, que se carteó con la infanta durante mucho tiempo (sin ser mayormente correspondido). Los tertulianos de esta generación saben de esas trampas, porque sus antepasados les enseñaron lo peligroso que es caer en ellas.

Ningún orden mundial, nuevo o viejo, ha servido jamás a los pueblos sino sólo a sus promotores.

 

* Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y se inició en la actividad periodística en el diario La Prensa de la capital argentina. Fue redactor de la agencia noticiosa italiana ANSA y de la agencia internacional Reuters, para la que sirvió como corresponsal-editor en México y América central, y posteriormente como director de todos sus servicios en castellano. También dirigió la agencia de noticias argentina DyN, y la sección de información internacional del diario Perfil en su primera época. Contribuyó a la creación y fue secretario de redacción en Atlanta del sitio de noticias CNNenEspañol.com, editorialmente independiente de la señal de televisión del mismo nombre.

 

Publicado originalmente el 01/02/2022 en Restaurar.org, http://restaurarg.blogspot.com/2022/02/en-la-jaboneria-de-vieytes.html y el 29/01/2022 en Gaucho Malo (El sitio de Santiago González) https://gauchomalo.com.ar/gaucho-malo/

EL CONSEJO NACIONAL DE MALVINAS NO DISEÑA UNA POLÍTICA DE ESTADO

César Augusto Lerena*

Por ley 27.558 el gobierno nacional promovió ante el Congreso la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes (en adelante Consejo o Consejo de Malvinas). Lo hizo pomposamente anunciando que los asuntos de Malvinas serían una Cuestión de Estado y para ello se creó una Comisión interdisciplinaria y multipartidaria, integrada también por ex Combatientes de la Guerra de Malvinas, aunque al hacerlo le quitase toda facultad ejecutiva y decisoria al indicar que este Consejo “…adoptará sus recomendaciones, con carácter no vinculante…” (Art. 4º) y, complicando más aún la función de este Cuerpo, cuando sus miembros no estarían formalmente designados ya que no habría Resolución publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme el Art. 3º del Anexo del Decreto 822/2020 e, incluso, otros integrantes actuales del Consejo no estarían previstos en el Art. 3º de la citada ley 27.558. Esto parece central para rechazar cualquier intento de aprobar tal o cual “recomendación” que este Consejo promueva, a riesgo de violar el Código Penal de la Nación (Ley 11.179) en especial su Capítulo III Art. 246º que establece que, «será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo (1º) el que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente» y, el Capítulo IV Art. 248º por el que «será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere» y/o el Art. 253 por el que «será reprimido con multa de cien a mil pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales», pudiendo caer en prevaricato (Cap. X Art. 269º, 271º y 272º), además de violar la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos.

Todo ello se configuraría:

1) Si no hubiese designaciones: en los casos del Art. 3º en los incisos g) Dos especialistas en Derecho Internacional; h) Tres representantes del sector académico y científico de reconocida trayectoria en la materia; i) Un representante de los Ex Combatientes de Malvinas, que según el Art. 3º del Decreto reglamentario 822/2020 debieron ser designados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, aunque no hay antecedentes hasta la fecha en el Boletín Oficial a pesar del tiempo transcurrido.

2) Si hubiese más designaciones de lo que dice la ley: la ley 27.558 en el Art. 3º inciso g) indica que el Consejo estará integrado por dos (2) especialistas en Derecho Internacional y, según comunicado de prensa de la Cancillería (07/11/2020) y antecedentes, habría seis miembros: Armando Abruza; Frida Armas Pfirter; Marcelo Kohen; Mónica Pinto; Susana Ruiz Cerutti y Juan Gabriel Tokatlian. La Ley 27.558 en el Art. 3º inciso h) indica tres (3) representantes del sector académico y científico y, según comunicación de la Cancillería (07/11/2020) y antecedentes habría siete miembros: Armando Abruza; Alcira Argumedo; Frida Armas Pfirter; Marcelo Kohen; Mónica Pinto; Juan Gabriel Tokatlian y Oscar Padín. La misma ley en el Art. 3º inciso i) indica un (1) representante de los ex Combatientes de Malvinas y, según comunicación de la Cancillería (07/11/2020) y antecedentes habría tres: Ernesto Alonso, Martín Balza y, Adolfo Schweighofer. Es decir que en lugar de designarse un total de seis miembros que es lo que prevé la referida Ley se habrían incorporado al Consejo once, por lo cual —fallecida Alcira Argumedo— sobrarían cuatro integrantes.

3) Si se recomienda o se aprueban documentos sin facultades ni consensos: cuando se recomiendan o aprueban cuestiones no previstas en el Art. 2º de la ley 27.558; cuando se lo hace con miembros que no están previstos en el Art. 3º; cuando no se cuenta con el consenso previsto en el Art. 4º o, cuando se aprueban documentos o procedimientos, como por ejemplo el Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo previsto en el Art. 7º sin encontrarse los miembros formalmente designados.

Los extremos suelen unirse y, respecto al cumplimiento de las normas, la ex primera ministra británica Theresa May fue contundente contra Boris Johnson “O el primer ministro no había leído las reglas, o no las había entendido, o pensó que no se aplicaban a él” (Urgente24, 31/01/2022), algo que —si se configurasen los supuestos indicados precedentemente— parece haber ocurrido y, muy especialmente con Marcelo Gustavo Kohen, quien habría sido postulado para la Corte Internacional de Justicia y en el caso de los secretarios de Malvinas Daniel Filmus y Guillermo Carmona que por el Art. 3º del Decreto 822/2020 tenían la obligación de “coordinar el Procedimiento de designación de los integrantes del Consejo de Malvinas”.

En lo relativo a las funciones que le atribuye la ley al Consejo podemos ver en el Art. 2º que se limitan a) “contribuir” (ayudar, asistir, colaborar) a “generar los consensos políticos y sociales” necesarios para diseñar e implementar políticas de Estado; políticas que por otra parte ya están establecidas en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; b) “Colaborar” a sustentar la posición argentina; es decir, ser un colaborador de quien elabore las cuestiones geográficas, ambientales, biológicas, históricas, jurídicas y políticas; c) “Proponer y llevar adelante” actividades de docencia e investigación. En estas tareas de divulgación y análisis, se le asigna al Consejo tareas de elaboración y ejecución; al igual que el ítem d) “Realizar acciones” destinadas a colaborar en la difusión y promoción y e) “Proponer estrategias que aporten al reconocimiento permanente de los Ex Combatientes de Malvinas y caídos en combate y de sus familiares”. Una única tarea “estratégica” limitada a un fin específico, que si bien importante, no avanza en los aspectos de Política de Estado previstos en la Constitución Nacional.  

Es decir que en todas sus funciones los integrantes del Consejo son meros colaboradores del Poder Ejecutivo, por lo tanto, no podrían inmiscuirse en la formulación de la política de fondo y, mucho menos, constituirse en un aval de las políticas que el ministro de Relaciones Exteriores promueva por indicación del Presidente.

Es tan secundario el rol de este Consejo que no ha sido incluido entre sus integrantes un experto en materia de defensa y que no ha sido prevista en la ley ni en su decreto reglamentario la confidencialidad en el tratamiento de los temas y, entendemos, que tampoco podría dictarse esta clasificación mediante el Reglamento Interno del Consejo “Asesor” ya que éstos no podrían determinar por sí, el carácter confidencial de sus acciones, debiendo ser el Poder Ejecutivo —a quién va destinado su asesoramiento— quien lo determine. En la Argentina podría clasificarse de esta manera por Resolución Ministerial pero, tratándose el Consejo de una dependencia del ámbito presidencial, es razonable pensar que la calificación debiera efectuarse por Decreto del P.E.N. con la firma del Jefe de Gabinete y de los Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, aunque, resulta dudosa la importancia de clasificar los temas que se tratan “como confidenciales”, cuando se ventilan por “Zoom”; se utiliza un correo común para su traslado o se tratarían las cuestiones en salas y salones ordinarios de la Cancillería. Todas cuestiones que atentan contra la confidencialidad de temas y documentos que no deberían salir del ámbito donde se generan, pero, de hacerlo, deberían seguir una cadena de resguardo y registro y, en atención al alcance de las funciones asignadas a los asesores, los hechos y los temas que se abordan en la llamada “Agenda Malvinas 40 años”, no habría sido necesario. No parece muy razonable tampoco que, debido a la única acción ejecutiva que se asigna a los miembros del Consejo, cual es “el reconocimiento a los excombatientes…” el tratamiento de este tema deba ser confidencial.   

Seguramente, nada de lo tratado podría preocupar a los británicos y de ser así ya estarían enterados, cuando el referido Marcelo Kohen describe en medios públicos y conferencias las estrategias que debería llevar adelante la Argentina, contrario a lo que manifestaba en el año 2000 un conocido y controvertido Subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE): “cuando se le preguntó sobre el destino de la documentación que produce la Secretaría, éste respondió: Como es secreta, se destruye” (Braslavsky, G.: “La SIDE debe dejar de ser secreta”, Zona, Clarín, pág. 5, 16/04/2002). No olvidemos que por los “frutos se conoce el árbol” y las acciones ya son públicas. Diferente sería si se tratase de ventilar una estrategia militar, pero como hemos visto —insólitamente— nadie representa al Ministerio de Defensa en el Consejo. Por otra parte, un número importante de los integrantes, son solo representantes de distintos partidos políticos o de veteranos de guerra; de modo tal, que no pueden resolver por sí, sino por el mandato que les confieren sus pares, de otro modo, carecería de sentido su representación, de tal manera que es imposible asegurar la confidencialidad, más aún cuando es posible delegar la representatividad (Art. 5° Ley 27.558).

El período «en el que se extiende la clasificación de secreto y reservado para la documentación general de los ministerios parece ser la década del ’30. Éste se abre con la intervención directa de las Fuerzas Armadas en la vida política del país (y muchas veces estas calificaciones son absurdas como) puede verse en una nota publicada en el suplemento Zona del diario Clarín en abril del 2000 donde se mencionan los temas de algunas de las leyes secretas y describe el cuarto donde son guardadas gracias a “una mano generosa” que abrió a Zona las puertas del cuarto donde se guardan las leyes secretas del Senado» (Nazar, Mariana “Los documentos secretos de Argentina”, Córdoba, 8/ 2003 Dto. Historia, FFyL UBA, Archivo General Nación).

Se observa —asimismo— que el presidente de la Nación preside (Art. 3º de la ley) este Consejo Asesor, por lo cual pareciera una incongruencia su inclusión en este Cuerpo ya que es el Poder Ejecutivo quién debe recibir el asesoramiento y, además, que este Consejo se ha creado en el ámbito de la Presidencia de la Nación (es decir fuera de la Cancillería), por lo cual, la designación de los integrantes del Consejo por parte del Ministro de Relaciones Exteriores prevista en el Art. 3º del Decreto 822/2020 parece no ajustarse a las prescripciones del Área de la Presidencia de la Nación, ya que mal podría un secretario (el Ministro) del Presidente designar a los integrantes de un Consejo que está presidido por el propio Presidente de la Nación y, mucho menos, el Secretario de Malvinas, a quien el Art. 2º del Decreto Reglamentario Nº 822/2020 —en contradicción con el artículo 3º a) de la Ley 27.558 que reglamenta— califica de “Autoridad de Aplicación”, pero restringe sus facultades a «dictar las normas aclaratorias y/o complementarias que resulten necesarias…», es decir, que están limitadas al Secretario de Malvinas meras tareas de coordinación, secretaría de actas, convocatoria a reuniones, elaboración e instrumentación de políticas del P.E.N. promovidas a través del Canciller.

Como consecuencia de los Art. 7º y 8º de la Ley, el Consejo es quién dicta su propio Reglamento Interno de Funcionamiento y, si bien el secretario de Malvinas deberá aprobarlo, los integrantes del Consejo serán quienes le fijen a éste sus deberes y atribuciones, lo que demuestra una subordinación del referido funcionario a asesores promovidos por él (Art. 3º del Decreto 822/2020). Un verdadero despropósito en materia de procedimientos administrativos.

Si el Consejo se creó para avalar las políticas en la “Cuestión Malvinas”, de la selección de sus integrantes podemos imaginarnos cuáles serán esas políticas, aunque del “Alcance de Funciones del Consejo” previsto en la ley, parecen insuficientes para que estos tengan un rol protagónico. Muy especialmente, cuando la Política de Estado en esta materia ya está absolutamente definida por la voluntad popular en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. Lo que cierra cualquier acción de funcionarios de turno para la firma de nuevos Acuerdos destinados “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”, como rezaba el Pacto de Foradori-Duncan o llevar adelante “aventuras” como llevar la cuestión Malvinas a la opinión Consultiva de la Asamblea General de las Naciones Unidas o a la Corte Internacional de Justicia, a modo de referéndum de las Res. 1514 (XV), 2065 (XX) y 31/49 de las Naciones Unidas, sobre las cuales la Argentina en 1994 ya ha ratificado su vocación constitucional.

Contrario a lo que algunos funcionarios refieren (Filmus, Twitt 16/12/2020; Carmona, Inf. de Prensa Nº 046/22, 25/1/2022), no está en juego la disputa de la soberanía, que la Argentina ya ratificó que es legítima e imprescriptible; la discusión es cuándo la Argentina tomará posesión de su territorio irredento.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado de la Presidencia de la Nación. Ex Secretario de Bienestar Social (Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex Asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Autor de 28 libros, entre ellos: “Malvinas. 1982-2022. Una Gesta Histórica y 40 años de Entrega. Pesca la moneda de cambio” (2021).