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ANÁLISIS A 20 AÑOS DEL 11-S Y PERSPECTIVAS DE UNA NUEVA POLÍTICA IMPERIALISTA.

Marcelo Javier de los Reyes*

Imagen de David Mark en Pixabay 

Antes de analizar las consecuencias de los ataque del 11-S. en principio habría que hacer una gran digresión y remontarnos varios años antes de ese día fatídico para comprender la complejidad del tema. Porque ¿cuál fue el desenlace de esos hechos? La ocupación de Afganistán, en la que ya los Estados Unidos estaban involucrados antes del 11-S, ya antes incluso de la invasión de la Unión Soviética con el sostén financiero, en armas y de inteligencia, que se produjo en el marco de la “Operación Ciclón” de la CIA, con la intervención de Arabia Saudí, el Reino Unido, Pakistán y la República Popular China, en el marco de las relaciones originadas a partir de la denominada diplomacia del ping-pong, pergeñada por Henry Kissinger y Richard Nixon. Esto es mencionado por Tim Weiner en su libro Legado de Cenizas. La Historia de la CIA, y por el propio Kissinger en su libro China.

A ello se suman los intereses de las compañías petroleras, principalmente UNOCAL, que desplazó un proyecto de gasoducto que estaba llevando a cabo la empresa argentina Bridas —que ya contaba con derechos exclusivos otorgados por Afganistán y Pakistán—, cuyo presidente era Carlos Bulgheroni, de una extensión de más de 1.400 kms desde los yacimientos de Yaslar, en Turkmenistán —donde operaba Bridas— a Pakistán. UNOCAL debió desentenderse de ese proyecto —financiado por Arabia Saudí— después de los atentados a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, el 7 de agosto de 1998. Las presiones sobre la petrolera estadounidense fueron tan fuertes que tres días después del 11-S, el ejecutivo de esa empresa difundió un comunicado en el que tomaba distancia del gobierno talibán y que había dejado sin efecto sus proyectos en Afganistán.

Del mismo modo, debe recordarse que, en agosto de 1998, el presidente Clinton ordenó bombardear “bases militares” en Sudán y Afganistán, el mismo día en que la ex becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky debía testificar ante el Gran Jurado Federal sobre sus relaciones con Clinton. También que esa operación militar se llevó a cabo en momentos en que el mundo musulmán se disponía a celebrar el Ramadán. En ese entonces, el embajador de Sudán ante las Naciones Unidas, Elfaith Erwa, anunció que presentaría una protesta ante el Consejo de Seguridad debido a que su gobierno había expulsado a Bin Laden de su país en 1996, precisamente a pedido del gobierno de Washington.

Los atentados de 2001 en Nueva York y Washington fueron la causa de una serie de fuertes cambios, tanto dentro de los Estados Unidos como a escala internacional.

En lo interno se aprobaron leyes restrictivas como la denominada Ley Patriótica, que permitió al gobierno una recolección masiva de datos sobre las comunicaciones entre ciudadanos de Estados Unidos y residentes. Se produjo una fuerte restricción sobre las libertades.

Progresivamente los controles se fueron incrementando conforme se iban incorporando avances tecnológicos aplicados a la recolección de información.

Se llevaron a cabo una serie de medidas secretas por partes de los servicios de Inteligencia que luego fueron reveladas por Edward Snowden, quien hizo público los programas de vigilancia masiva e indiscriminada (PRISMA, Tempora, XKeystore, etc.) llevados a cabo por los Estados Unidos, incluso contra líderes de países aliados.

Se trató de una legislación que permitió el control social institucionalizado. De ese modo, la NSA tuvo carta blanca para la recolección de metadatos telefónicos de millones de ciudadanos que podía almacenar por un período de cinco años.

En materia de Inteligencia se creó el Departamento de Seguridad Nacional y se fusionaron veintidós agencias gubernamentales, incluyendo:

  • el Servicio de Inmigración,
  • la Guardia Costera y
  • la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

A escala global, cambió la visión que se tenía acerca del terrorismo, fenómeno que existe desde tiempos remotos, pero que a partir del 11-S incorpora el concepto de “terrorismo islámico”, lo que también conlleva a una estigmatización del islam.

La introducción de este concepto, desde lo social, llevó a la estigmatización de los ciudadanos musulmanes e, incluso, derivó en una islamofobia que aún perdura y que se ha desarrollado a partir de las migraciones que, en buena medida, se incrementaron notablemente desde la intervención de los Estados Unidos, de la OTAN y de los países aliados, tanto en Afganistán como en Iraq, Libia y Siria y que afectan directamente a Europa.

En el marco de la Inteligencia, el terrorismo islámico pasó a ser el principal objetivo de los organismos de Inteligencia, por encima de otras amenazas transnacionales como el narcotráfico, el tráfico y trata de personas, el lavado de dinero, etc. En todo caso, se puso el foco en el financiamiento del terrorismo que, en el caso de la población islámica tampoco podía abordarse con precisión por el sistema denominado hawala, una modalidad de transferencia de dinero alternativa, en la que existe un menor nivel de registro o vigilancia. Su uso abarca tanto los envíos locales de dinero como los realizados a gran distancia entre distintos países.

Esto fue grave para los países como los nuestros, los de América, que debieron establecer prioridades de defensa y de seguridad, así como hipótesis de conflictos que nos fueron impuestas por las potencias dominantes, sin que nuestros países pudieran definir sus propias prioridades.

La forma de viajar, de desplazarse, también se vio afectada, principalmente en lo referente a los vuelos internacionales. Se tomaron medidas tanto respecto de la seguridad en los aeropuertos, como dentro de los propios aviones.

Los controles dentro del territorio de Estados Unidos llegaron a asumir extremos denigrantes para algunos viajeros. Personalmente recuerdo que fui invitado a dar unas conferencias en Corea del Sur, en 2002, y puse como condición que mi vuelo fuera a través de Europa y no de Estados Unidos.

También se introdujeron medidas de seguridad en el comercio internacional. El gobierno estadounidense implementó la Iniciativa de Seguridad de Contenedores, que establecía que más del 80% de la carga marítima en contenedores que se importaban se preseleccionaba antes de ingresar a los Estados Unidos. Los escáneres se pusieron a la orden del día.

Desde lo que se considera la lucha contra el terrorismo global, esto ha sido un verdadero fracaso porque lo que estaba focalizado se extendió mundialmente como una metástasis.

Recordemos que el DAESH tiene su origen en la prisión de Camp Bucca, en las afueras de Basora, de donde salieron varios de sus líderes, incluido Abu Bakr Al-Baghdadi. A esa prisión fueron trasladados varios detenidos en la cárcel de Abu Graib, tras el escándalo sobre las torturas a que eran sometidos los prisioneros, torturas que también tuvieron lugar en la prisión de Guantánamo, en la cual, en 2019, aún permanecían cuarenta prisioneros, todos musulmanes y la mayoría de ellos encerrados desde hace quince años. Los centros de detención de supuestos terroristas —conocidos y clandestinos— se multiplicaron.

Por otro lado, esto se incrementó con el respaldo a los movimientos de la denominada “Primavera Árabe”. El caso del apoyo a los rebeldes de Siria es ejemplificador.

A todo esto debe sumarse la cuestión que comprometió a varios servicios de Inteligencia y gobiernos europeos por el traslado de supuestos terroristas en vuelos de la CIA a través de Europa, para conducirlos a centros de detención clandestinos.

Las operaciones militares llevadas a cabo bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo internacional, que en verdad escondían otros fines —intereses petrolíferos y gasíferos, eliminación de regímenes que ponían en riesgo a empresas estadounidenses y a la propia economía de Estados Unidos, como la decisión de Saddam Hussein de eliminar el dólar de las transacciones petroleras y reemplazarlo por el euro; a lo que puede añadirse el trazado de los ductos— solo sirvió para convertir al mundo en un sitio más inseguro, con mayor incertidumbre.

Tampoco hubo una cuestión humanitaria, ya que durante la ocupación de Afganistán se incrementó la muerte de civiles como producto de sus bombardeos indiscriminados perpetrados desde drones, matando a ciudadanos que estaban llevando a cabo bodas o funerales. Las explicaciones oficiales, para estos hechos que se dieron frecuentemente entre los años 2004 y 2010, es que siempre se trataba de grupos terroristas.

Aún es reciente para evaluar las verdaderas argumentaciones del presidente Joe Biden sobre el retiro de las tropas de Afganistán, más aún de la forma en que fue llevado a cabo. Pero lo que parecía dejar en claro era el hartazgo de la guerra, manifestado principalmente por el pueblo estadounidense. No obstante, esto no parece ser desmentido cuando las noticias nos informan acerca de la entrada del portaaviones estadounidense USS Carl Vinson (10/09/2021) —uno de los diez portaaviones de tipo Nimitz de Estados Unidos— en aguas del Mar de China, a lo que debe sumarse la presencia del portaviones británico HMS Queen Elizabeth en una base naval cerca de Tokio (lunes 06/09/2021), en lo que consideraría el comienzo de una presencia militar permanente en una clara provocación a China, a la que parecen querer disputarle el poder en Asia.

USS Carl Vinson. Foto: U.S. Navy Photo
HMS Queen Elizabeth. Foto: Royal Navy.

Claramente, desde el Brexit, el establishment del Reino Unido se ha podido liberar de las ataduras de la Unión Europea, y comienza a mostrar su músculo junto a los Estados Unidos, cuyo presidente expresó contundentemente que Afganistán ya no tenía un interés estratégico para la Casa Blanca. El objetivo de los “anglos”, hoy en día, parece ser dominar Asia para frenar a China, las explotaciones petroleras frente al Esequibo, en Venezuela, y el Atlántico Sur —en el que ambas potencias muestran su interés— pero en el caso británico, su objetivo es continuar avanzando sobre el espacio oceánico —usurpado a la Argentina— para asegurarse la proyección hacia la Antártida.

Todo esto significa un serio peligro que algunos de la región no parecen comprender, ni los miembros de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS). Menos comprensible aún es la inacción que las autoridades de la Argentina, gobierno —Cancillería, Secretaría de Pesca y Agencia Federal de Inteligencia— y legisladores, manifiestan ante esta situación, quienes son responsables del estado de indefensión de la Nación.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

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ARGENTINA EN EL FONDO DEL MAR Y SIN HIPÓTESIS DE CONFLICTO

César Augusto Lerena*

No podemos asombrarnos de las acciones británicas, tampoco de las de Chile (funcional a esos intereses) ni las de los isleños, que hacen lobby en Europa y conversan con uruguayos, brasileños y chilenos.

El Gobierno no tiene hipótesis de conflicto. ¿Qué organismo estratégico argentino debe establecerlo y cuáles son los parámetros? ¿Quién aconseja al Poder Ejecutivo Nacional respecto a su determinación y acciones? ¿No se enteró la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur que en el Atlántico Sur y, su relación con el océano Indico, Pacífico y la Antártida, hay una extensa zona en conflicto con motivo de la militarización del Reino Unido en Malvinas, en una “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que acordaron todos los países de Africa occidental y América oriental? (Res. ONU 41/11 el 27/10/1986).

¿No se enteró esa misma Secretaría de Estado que el Gobierno de Chile planeaba reclamarle a la Argentina espacios marítimos y del suelo y subsuelo de la plataforma continental argentina? Esta Secretaría tiene como función, según la Cancillería (01/09/2021), “todos los temas vinculados a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur. Diseña estrategias y coordina acciones en el ámbito bilateral y multilateral para la mejor defensa de los derechos e intereses argentinos (…) Entiende además en las políticas y acciones que realiza el Consejo Consultor sobre temas vinculados al Atlántico Sur. Además, tiene a cargo, la planificación y dirección de la política antártica…”.

Entonces, antes de opinar sobre las funciones incumplidas de la secretaría después de casi dos años de la designación de Daniel Filmus y, en medio de la situación de indefensión que vive Argentina, sería bueno que la Cancillería corrija la misión de esa secretaría: no son los espacios marítimos “circundantes” como dice, sino los espacios marítimos “correspondientes”.

En primer lugar, porque así lo precisa la Constitución Nacional y, después, porque si la referida secretaría no reconoce la diferencia entre espacios circundantes y correspondientes, mal puede establecer una política o, tal vez, los funcionarios desconozcan que el Reino Unido de Gran Bretaña no solo ocupa Malvinas y tres o doce millas circundantes, sino que ocupa y explotan 1.639.900 km2 de espacios marítimos e insulares (52% de nuestro mar), además de disputarnos 1.410.367 km2 de la plataforma continental y 965.597 Km2 de la Antártida Argentina.

Es decir, el equivalente a tener en disputa u ocupados espacios que superan al territorio continental argentino desde La Quiaca a Ushuaia. Un médico clínico diría: sin un buen estudio semiológico y un diagnóstico etiológico, es imposible instaurar un buen tratamiento y, mucho menos, establecer un pronóstico. Y ello seguramente lleva a que el secretario de Malvinas no tenga un plan y no pueda cumplir con otra de sus funciones: “entender en las políticas y acciones que debe realizar el Consejo Nacional de Malvinas”.

No es de esperar ningún avance argentino sin diagnóstico certero y sin plan y, es posible que, frente a ello, haya acción alguna, como ha ocurrido hasta hoy. El secretario ha promovido tres leyes sin debate alguno, en la búsqueda de su posicionamiento político interno y con ningún efecto internacional. La primera, una ley de incrementos de multas a la pesca ilegal que no sancionó ni un solo buque fuera o dentro del área de Malvinas, donde las empresas de España -cuyo país reconoció la soberanía argentina en Malvinas- son los principales socios para la consolidación de la ocupación en las Islas.

La segunda, una ley sobre la plataforma continental que ni siquiera sirve para profundizar una cultura marítima entre los argentinos, que no describe los reales alcances de la recomendación de la Comisión de Límites y que no se acompaña de un fortalecimiento económico, físico, militar y de integración de Tierra del Fuego con el continente.

Finalmente, una ley para crear un Consejo Nacional de Malvinas, a cuyos miembros —después de un año— ni siquiera se los convoca presencialmente a discutir una idea. ¿Se puede —en serio— un tema estratégico y de carácter secreto tratar en forma virtual, al acceso de todos los servicios de información del mundo? ¿Y pueden semejantes asuntos de Estado, cuyos resultados podrían influir negativamente en los espacios en disputa y en toda en Argentina, inclusive la Antártida, tratarse con asesores ad honorem, con dedicación parcial, muchos de los cuales no tienen ningún conocimiento en la materia e inclusive están en la antípodas de lo que prescribe la Constitución Nacional? ¿Puede integrar ese cuerpo el abogado Marcelo Kohen, quien en 2018 promovió un plan de dar a los isleños la posibilidad que se autofinancien con recursos argentinos, que su Gobierno ilegal determine quién puede o no radicarse en Malvinas y que, a los treinta años, tengan un referéndum sobre si quieren vivir bajo soberanía británica o argentina? Por citar solo un caso.

¿Se sorprende la Cancillería que el Gobierno chileno tenga la pretensión de reivindicar 6.000 km2 de plataforma argentina, contrario a lo acordado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984? El PEN a través de la Secretaría de Malvinas no tiene un análisis geopolítico. Miremos nuestras Fuerzas Armadas y las de Chile; luego, veamos la desatención argentina en cuestiones marítimas y la desocupación de la Patagonia; la adjudicación hidrocarburífica offshore en manos británicas en el área en conflicto; nuestra tensa relación con los socios del Mercosur; la falta credibilidad en el mundo y, agreguemos en este escenario, la pasividad de la Secretaria de Malvinas que —según las propias manifestaciones de su secretario— tiene como eje de su acción política la búsqueda del diálogo con el Reino Unido y la cooperación (unilateral), cuyos resultados en estos últimos 60 años han sido absolutamente inconducentes.

No nos podemos asombrarnos de las acciones británicas, pero tampoco de Chile, funcional a los mismos intereses, como lo fue durante la Guerra de Malvinas. Argentina presentó todos los documentos sobre sus derechos sobre la plataforma continental ante la Comisión de Límites y firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile en 1984 que delimitó en su artículo 7º, mediante una línea divisoria, los espacios argentinos al este y los de Chile al oeste, según las coordenadas 67º 16’. Y asombra al secretario de Malvinas que no tiene plan, contrario a los 3.200 isleños en Malvinas que avanzan día a día. Hacen lobby en Europa, en el Reino Unido y conversan con uruguayos, brasileños y chilenos. Construyeron un puerto en Georgias del Sur e invierten 85 millones de libras para construir un puerto en Malvinas que desplazará a Ushuaia como acceso principal a la Antártida.

Por su parte los uruguayos atienden en sus puertos el aprovisionamiento, cambio de tripulación, trasbordos, etcétera, de todos los buques que pescan ilegalmente en el Atlántico Sur y Malvinas y proyectan para el 2022 tener un nuevo puerto a esos efectos. Entre otras cosas.

Nos asisten los derechos por el cumplimiento de las obligaciones de la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar y por el Tratado de Paz y amistad con Chile de 1984. Los chilenos tensionan la región y Argentina no tiene hipótesis de conflicto. De lo que estoy seguro es que la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur no tiene plan alguno.

(*) ExSecretario de Estado y experto en Atlántico Sur y Pesca

Nota publicada en El Economista, 08/09/2021, https://eleconomista.com.ar/2021-09-argentina-en-el-fondo-del-mar-y-sin-hipotesis-de-conflicto/

DIVIDE Y REINARAS. EL RECLAMO DE CHILE.

César Augusto Lerena*

A propósito del conflicto generado entre Chile y la Argentina con motivo de la oportuna delimitación de nuestro país de la plataforma continental, es interesante efectuar algunas precisiones al respecto, destinadas a esclarecer al común de los argentinos, en un tema de gran complejidad.

Empezaré por decir que la “plataforma continental” según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) comprende el lecho y subsuelo por debajo del mar, que se extiende a lo largo de la prolongación natural del territorio hasta el borde exterior del margen continental. No comprende el fondo oceánico ni el subsuelo de éste. Cuando este margen se extiende más allá de 200 millas marinas desde las líneas de base (la Zona Económica Exclusiva), los Estados ribereños, indica la Convención, delimitarán el límite exterior de la plataforma continental hasta las 350 millas marinas.

La Argentina, en 1995, mediante la Ley 24.543 ratificó la CONVEMAR, por tal motivo, creó la Comisión de Límites de la Plataforma Continental Argentina (COPLA) que, desde su formalización por la Ley 24.815 de 1997, elaboró un trabajo interdisciplinario excepcional que transcurrió durante varios gobiernos (Menen, De la Rúa, Kirchner, Fernández de Kirchner), de modo de cumplir con lo previsto en el artículo 76º (inc. 8 y 9) que establecía: «El Estado ribereño presentará información sobre los límites de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas (…) a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental…» para lo cual, «depositará en las Naciones Unidas las cartas e información pertinente que describa el límite exterior de su plataforma continental…».

Como consecuencia de ello, la referida Comisión de Límites, que funciona en la O.N.U. pero no pertenece a esta Organización, sino que fue creada por la CONVEMAR (Anexo II art. 1 a 3), compuesta de 21 miembros, analizó la voluminosa documentación que la Argentina presentó el 21 de abril de 2009, mediante la cual solicitó la recomendación por parte de esta Comisión de 1.782.000 km2 de plataforma continental por fuera de las doscientas millas marinas; la cual, el 28 de marzo de 2016 y el 17 de marzo de 2017 recomendó la aprobación de solo 351.633 km2 por cuanto 1.430.367 km2 no fueron tratados —por entender ese Cuerpo— que eran espacios relacionados a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Ya en el año 2020 este gobierno promovió —a mi juicio innecesariamente— la sanción en el Congreso de la Nación de la Ley 27.557 resaltando una supuesta reafirmación soberana sobre espacios que en su mayoría —como dije— estaban en disputa con el Reino Unido, con el objeto evidente de satisfacer políticas domésticas.

Por su parte, la República de Chile, no efectuó similar presentación ante la referida Comisión de Límites y si, bien no hay plazos porque la plataforma continental es “inherente” a los Estados, es particularmente notable la falta de observación oportuna de Chile, ya que por un lado los técnicos que integraban la Comisión recomendaron por unanimidad la presentación argentina en los kilómetros cuadrados indicados, que incluían el espacio, hoy reclamado por Chile y, tampoco el país vecino efectuó observación alguna, entre la presentación y la recomendación a Argentina (entre 2009 y 2017) y, recién el pasado 27 de agosto de 2021 el gobierno de Sebastian Piñera cuestionó por Decreto los espacios informados por la Argentina, entendiendo que en el sur de Tierra del Fuego, se podría estar cercenando derechos chilenos relativos a la isla Diego Ramirez y, fundado en que Chile, pretendería proyectar su plataforma continental al este de las coordenadas establecidas en el artículo 7º del Tratado de 1984.

Es difícil entender el reclamo chileno ya que, correspondería indicar los límites que se acordaron entre ambos países por el Tratado con Chile de 1881, el Protocolo Complementario de 1893 y, especialmente por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, donde se estableció una línea divisoria en las coordenadas 67º 16’ que delimita claramente a ambos países: «El límite entre las respectivas soberanías sobre el mar, suelo y subsuelo de la República Argentina y de la República de Chile en el mar de la Zona Austral a partir del término de la delimitación existente en el Canal de Beagle será la línea que una los puntos que a continuación se indican y que se identifican con líneas y los puntos A, B, C, D. E y F, donde se indica que desde el punto E el límite continuará hacia el Sur hasta el punto cuyas coordenadas son 58° 21’,1 de latitud Sur y 67° 16’,0 longitud Oeste identificado como punto F.

A esta altura suscribo a la expresiones del Coordinador del Departamento del Atlántico Sur del IRI el Dr. Carlos Alberto Biangardi Delgado en el sentido de que “Argentina y Chile se han reconocido mutuamente derechos de soberanía sobre una porción del cuadrante antártico suramericano: promover la defensa conjunta de la misma dentro del Sistema del Tratado Antártico, ya que los actores extrarregionales que operan hoy en la Antártida dificultarán al extremo una acción individual exitosa de cada uno de estos países (…) lo importante es no ser funcional al juego de todos aquellos interesados en dividirnos, solucionando este nuevo diferendo dentro del amplio marco que nos ofrecen las herramientas del Derecho Internacional (…) y promover la defensa conjunta del cuadrante antártico suramericano reclamado por ambos países, partiendo de la base del mutuo reconocimiento de la soberanía sobre el mismo”.

Dicho esto, no deja de llamar la atención la innecesaria confrontación en estos momentos, en que ambos países enfrentan procesos electorales y Chile lleva además adelante, una reforma Constitucional, a la par de que la Argentina, sufre una invasión británica de 1,6 millones de km2 de sus mares y territorios insulares en el Atlántico Sur; la explotación de sus recursos naturales; más la pretensión del Reino Unido de disputarnos millones de km2 de plataforma continental y la Antártida.

Este reclamo chileno, debería resolverse entre ambas Cancillerías, evitando pasar por arbitrajes que tensionan, respetándose las mutuas soberanías y de la manera más efectiva, para que estas diferencias no sean funcionales a intereses ajenos a Suramérica.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG.

 

Artículo publicado por “El Economista. Internacional”, 31/08/2021, https://eleconomista.com.ar/2021-08-divide-y-reinaras-reflexiones-sobre-el-reclamo-territorial-de-chile/