Archivo de la etiqueta: Reino Unido

VISIONES GEOPOLÍTICAS CONTRAPUESTAS. UN SIGLO DE PÉRDIDA DE INICIATIVA EUROPEA. (PRIMERA PARTE)

Marcelo Javier de los Reyes*

«Britons wants you». Afiche con la imagen de Horacio Kitchener: “¡Únete al ejército de tu país! Dios salve al rey”, 1914.
Introducción

Los países de Europa dominaron buena parte del mundo hasta comienzos del siglo XX. Se utiliza el concepto de “la paz armada” para denominar la carrera armamentística y el desarrollo de la industria militar —por parte de las potencias europeas— que se llevó a cabo entre el fin de la guerra franco-prusiana (1871) hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914). A comienzos del siglo, la competencia entre las potencias por los espacios desencadenó cuatro crisis internacionales que obraron como precedentes de la guerra que se iniciaría en 1914: la primera crisis marroquí, 1905-1906, que involucró a Francia, España y Alemania; la anexión austríaca de Bosnia-Herzegovina, 1908; el incidente de Agadir en Marruecos, 1911, que también tuvo como escenarios Marruecos y como protagonistas a Alemania y a Francia; y las guerras balcánicas, 1912-1913.

Estas guerras provocaron los siguientes cambios en la región:

    • el imperio turco quedó reducido en los Balcanes a la región en torno a Estambul,
    • Serbia, aliada de Rusia y protectora de los derechos de los ciudadanos eslavos en el seno de Austria-Hungría, se consolidó como el principal Estado de la región;
    • el imperio austrohúngaro, alarmado por el poder que adquiría Serbia, contempló la necesidad de emprender una guerra preventiva como forma de impedir que Serbia provocara un levantamiento general de los eslavos en sus dominios. Para los Habsburgo estaba claro que si ello ocurría, Serbia contaba con el apoyo de Rusia.
    • Alemania estaba dispuesta a acudir en respaldo de Austria-Hungría.
    • lo propio haría Rusia a favor de Serbia y, a su vez, Francia respaldaría a Rusia.

De este modo, estas cuatro crisis permitían comprender como se alinearían las fuerzas de cara a un conflicto y cómo se tensaban las relaciones entre las potencias haciendo casi imposible que la guerra pudiera evitarse.

La emergencia de nuevos actores, como Estados Unidos y Japón, comenzó a revelar que el poderío europeo tenía sus limitaciones. En el caso del Japón, el hecho palpable se aprecia en la guerra con Rusia (1904-1905), a la cual derrotó. Su poder se mantuvo durante la década del 30 y hasta la mitad del 40, y ello se constata en la invasión a las colonias europeas en Asia cuando se produjo la expansión japonesa.

Con respecto a Estados Unidos, su peso y presión sobre la política exterior y sobre la defensa europea se aprecian ya desde el curso de la Primera Guerra Mundial y se mantiene hasta el presente, asfixiando la geopolítica de los países de la Unión Europea y de la de cada uno de los países europeos, aun los que no integran ese bloque.

En los últimos años la dirigencia europea está percibiendo las limitaciones que ello le ha ocasionado y ha tomado conciencia que, de continuar por ese camino, sus decisiones permanecerán bajo la subordinación de los Estados Unidos, o en el futuro de Rusia o de China. Angela Merkel y Emmanuel Macron procuran torcer ese destino.

Mar y Tierra. La mirada puesta en el este.

Carl Schmitt en su libro Mar y Tierra[1], obra editada en 1942, se refiere a las dos bestias de la Biblia, a Leviatán y a Behemot —la del mar y la de la tierra—, para ejemplificar la puja entre el poder naval y el poder terrestre. El dominio de los mares se encontraba hacia fines del siglo XIX en poder del Reino Unido pero la guerra que los Estados Unidos le impusieron a España en 1898, mediante la cual no sólo perdió sus colonias de Filipinas, Guam, Cuba y Puerto Rico sino también su flota de guerra, posicionó a la potencia americana como un nuevo poder naval. Esta conquista coincidía con la geopolítica diseñada por el almirante Alfred Thayer Mahan (1840-1914) en la última década del siglo XIX, quien ponderó el poder naval. Cabe destacar que por esa época el poder naval requería del apoyo de bases estratégicas en tierra como puntos de apoyo para que los buques pudieran abastecerse así como realizar sus actividades específicas, fueran estas militares o comerciales. Estos puntos de apoyo eran cruciales más aun teniendo en cuenta que el combustible utilizado era el carbón. De este modo, se ponía fin al mayor imperio que existió en la historia y los Estados Unidos pasaban a ser una potencia global. Sin embargo, a pesar de que algunos se refieren al “aislacionismo estadounidense” —tema quizás para otro trabajo— debe recordarse la batalla de Derma (1805), en Trípoli, actual Libia, de la que participaron sus marines.

Por esos años el poder naval británico comenzaba a tener un competidor emergente, Alemania, cuya política exterior había cambiado a partir del káiser Guillermo II, imponiendo la Weltpolitik en reemplazo de la Realpolitik desarrollada hasta ese momento por el Canciller Otto von Bismarck con su antecesor, Guillermo I.

Un dato no menor es que tanto el Reino Unido como Alemania tenían grandes reservas de carbón, aunque la segunda no contaba con las mismas bases de apoyo que los británicos supieron conquistar expandiendo su imperio a escala global.

En cuanto a Rusia, su política de expansión hacia el este se inició con la asunción al trono de Pedro el Grande (1672-1725) en 1689[2]. El zar le arrebató a los turcos la zona del mar de Azov, en la desembocadura del río Don, y estableció alianzas con los estados europeos para, precisamente, contrarrestar el poder de los turcos. Del mismo modo, esclareció los límites con Suecia y Polonia en el oeste, lo propio hizo en el sur de sus dominios sobre el río Dnieper y hacia el sudeste, en el Cáucaso, sobre el río Ural, la desembocadura del Volga en Astrakhan y el río Terek[3]. Hacia el este expandió sus dominios sobre Siberia hasta llegar a la península de Kamchatka en 1697. En el plano militar Pedro es considerado el responsable de la modernización del ejército y de la marina de Rusia. Para su organización siguió el modelo europeo y mandó construir una pequeña armada que luego enfrentó a los suecos en el Báltico y a los turcos en el mar Negro en 1696.

La expansión del Imperio ruso también tuvo como protagonista a Catalina la Grande, cuyo gobierno se extendió de 1762 a 1796. La zarina llevó a cabo campañas militares que se dirigieron contra el Imperio otomano, con el objetivo de apropiarse de los puertos cálidos del mar Negro, indispensables para la actividad comercial rusa. En la Guerra Turco-rusa de 1768 a 1774, Rusia conquistó Crimea, anexionada al imperio en 1783. Entre 1787 y 1792 se hizo con todos los territorios ubicados al oeste del río Dniéster, incluido el puerto Ochakov, sobre el mar Negro.

La política imperial de expansión continuó con los sucesores de Catalina la Grande. Hacia Occidente, gracias a las tres particiones de Polonia de 1772, 1793 y 1795, el Imperio ruso obtuvo 468.000 km2 de tierra e incorporó 6 millones de habitantes. Rusia le arrebató a Suecia las islas Åland y toda Finlandia (guerra de 1808 y 1809), a Turquía le ocupó Besarabia (guerra de 1806 a 1812) y en Asia se anexionó Georgia en 1801 y en 1813 ocupó Daguestán y otras áreas. La alianza que las potencias conservadoras realizaron en Europa le permitió a Rusia su expansión hacia en tres direcciones: al suroeste, hacia el Mediterráneo, interfiriendo en las provincias balcánicas de Turquía; al sur, hacia el Cáucaso y Asia central, y al este hacia el Pacífico. La expansión no iría por entonces más allá de las costas del Pacífico y de Alaska, la cual fue vendida a los Estados Unidos en 1867, principalmente debido a las dificultades que implicaban la administración y el aprovisionamiento.

El zar Nicolás I instaló sus tropas en Dardanelos, lo que llevó a las otras potencias europeas a percibir la amenaza de Rusia en Oriente Próximo y en los Balcanes. En 1853, tras la invasión rusa de los principados del Danubio —Moldavia y Valaquia—, Turquía le declaró la guerra a Rusia. En la guerra de Crimea (1853-1856), Rusia se enfrentó a una coalición formada por Turquía, el Reino Unido, Piamonte y Francia, sufriendo un duro revés.

A pesar de que el zar Alejandro II debió firmar la paz de París en 1856 —por lo que Rusia fue obligada a abandonar Kars y parte de Besarabia y su posición en el mar Negro quedó neutralizada y el protectorado ruso sobre los principados del Danubio fue suprimido—, Rusia mantuvo el avance en el Pacífico y en el golfo Pérsico. En 1850 se estableció un asentamiento ruso en el estuario del río Amur y la mitad norte de la isla de Sajalín fue ocupada en 1855. Tres años más tarde, toda la región del Amur y el área meridional (donde se fundó en 1860 la ciudad de Vladivostok) quedaron totalmente anexionadas. En la región de Asia central, Rusia extendió sus dominios hasta alcanzar prácticamente la frontera con la India británica, con la anexión de Tashkent (1865), Bujara (1866), Samarcanda (1868), Jiva (1873) y Jojand (1876); Merv fue anexionada en 1884, tres años después de la muerte de Alejandro.

Su política paneslavista la llevó a involucrarse en los problemas internos del Imperio otomano pero las potencias europeas, principalmente el Reino Unido, siempre temerosas de la dominación rusa de los Dardanelos, convocaron al Congreso de Berlín (1878) para revisar el tratado de San Stefano que había resultado de la guerra ruso-turca de 1877–1878. El equilibrio de poder entre las potencias estaba vigente pero la puja por el poder en Medio Oriente, el Cáucaso y Asia Central estaba tomando fuerza.

Años más tarde, en julio de 1890, el gobierno ruso recibió una alarmante noticia: China había comenzado a construir un ferrocarril hasta la periferia del Extremo Oriente ruso con la ayuda de ingenieros británicos[4]. Hasta ese momento el ferrocarril ruso acababa en los Urales, desde donde se podía continuar a través de un camino de postas que se extendía a lo largo de Siberia[5]. Desde el lago Baikal se podía llegar a Vladivostok en barco a través de los ríos Shilka y Amur, pero dependiendo de las estaciones del año, la comunicación regular podía interrumpirse. Este viaje podía demandar al menos 11 meses[6]. La alternativa era por mar, rodeando India, China, Corea y Japón —unos seis meses de travesía— pero cualquier posible conflicto entre Rusia y el Reino Unido, China o Japón dejaría incomunicado el Extremo Oriente con la Rusia Europea[7].

En agosto de 1890, Nikolái Girs, ministro de Asuntos Exteriores del Imperio ruso, declaró que la construcción del ferrocarril Transiberiano era algo “de vital importancia”[8]. La geopolítica se imponía. La construcción de la “Gran Ruta Siberiana”, como fuera denominado oportunamente el Transiberiano, comenzó el 31 de mayo de 1891 y se inauguró en 1904, lo que permitió conectar Moscú con Vladivostok (9.288 kilómetros) e impulsó un gran desarrollo económico y militar durante el imperio y durante el régimen soviético.

La inauguración del Transiberiano causó alarma en otra potencia: el Reino Unido. Cabe aquí recordar el denominado “Gran Juego”, que durante el siglo XIX enfrentó al Reino Unido y al Imperio ruso por el control de Asia Central, el cual estuvo a punto de derivar en un conflicto armado.

Tras el Congreso de Berlín, Chipre pasó a ser colonia del Imperio británico, el cual controlaba las entradas al Mediterráneo, Gibraltar, y el canal de Suez, inaugurado en 1869, además de la isla Malta.

En 1870 el gobierno persa firmó un acuerdo con el barón Julius de Reuter (1816-1899) —nacido en Kassel, Alemania con el nombre de Israel Beer Josaphat, cambiándolo cuando se estableció en Londres en 1845—, fundador de la agencia de noticias Reuter—, por el que le concedía la explotación de las minas petroleras del país durante setenta años. En 1902, otro acuerdo fue suscrito por el entonces gobierno persa con el británico William Knox D’Arcy, al que le otorgó por sesenta años la concesión, explotación y comercialización del petróleo iraní en todo el país, excepto en cinco partes del norte[9].

El descubrimiento de petróleo en Persia en 1908, de la mano de los intereses y del gobierno británico, dio origen a la inmediata fundación de la Anglo-Persian Oil, que en 1954 pasaría a llamarse British Petroleum, y de la cual un gran porcentaje era de la corona británica.

El mencionado incidente de Agadir de 1911 llevó a que Winston Churchill comprendiera que el Imperio alemán estaba dispuesto a disputar la hegemonía en los mares. Poco después fue nombrado primer lord del Almirantazgo, cargo desde el que llevó adelante una audaz transformación de la armada británica: decidió reemplazar el carbón por el petróleo para propulsar los buques, lo cual les proporcionaba una mayor energía y se liberaban de la función de los fogoneros[10].

Pocos días antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico había otorgado a la Anglo-Persian Oil Company el contrato de suministro de petróleo para la Royal Navy.

Otra decisión del Imperio alemán hubo de encender las alarmas en el gobierno británico y, sin duda, fue otro de los verdaderos detonantes de la declaración de guerra del Reino Unido: el proyecto del ferrocarril Berlín – Bagdad. Nuevamente la expansión hacia el este y la competencia entre una talasocracia y una telurocracia, Leviatán y Behemot.

Algunas fuentes consideran que la construcción del ferrocarril habría sido el principal motivo del inicio de la guerra. Bagdad, por entonces, era parte del Imperio otomano. El ferrocarril conectaría Alemania con Medio Oriente, evitando el Mediterráneo y el canal de Suez, ambos bajo control británico. La línea férrea debía extenderse a Basora —hoy la segunda ciudad en importancia de Iraq— lo cual permitiría el acceso de Alemania al golfo Pérsico pero su trazado significaría una amenaza comercial para el Cáucaso, controlado por Rusia, y una amenaza militar para la India, la joya del Imperio británico. Del mismo modo, el ferrocarril permitiría el transporte del crudo hacia Alemania, con lo cual podía obtener combustible para su esfuerzo bélico.

Demoras por cuestiones técnicas y diplomáticas llevaron a que en 1915 el ferrocarril se encontrara a 480 km de su finalización.

Durante la guerra los británicos ocuparon Bagdad y las guerrillas del militar británico Thomas Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, atacaron la línea ferroviaria del Hiyaz que entre 1908 y 1916 unió las ciudades de Damasco y Medina, a través de la región del Hiyaz, en Arabia Saudí, con un ramal hacia Haifa, en las costas del mar Mediterráneo. El proyecto original contemplaba conectar Kadıköy con La Meca pero la revuelta árabe, impulsada por los británicos no logró que fuera más allá de Medina.

Dos hechos que contribuyeron con la Revolución Bolchevique

Durante el año de 1917 dos hechos promovidos desde dos diferentes actores estatales contribuyeron al desenlace del conflicto social que afectaba a Rusia desde fines del siglo XIX y que había derivado en acciones terroristas, como la que ocasionó la muerte del zar Alejandro II, el 13 de marzo de 1881, por parte del grupo terrorista Naródnaya Volia (Наро́дная во́ля “Voluntad del Pueblo”).

La ideología marxista acechaba tanto al Imperio alemán como al ruso desde antes del inicio de la guerra. Cabe recordar que el primer intento revolucionario en Rusia tuvo lugar en 1905.

En 1917, dos de los líderes marxistas rusos se encontraban fuera del país. Lev Davídovich Bronstein (1879-1940), más conocido como Trotsky, distanciado ideológica y personalmente de Vladímir Ilich Uliánov (1870-1924), Lenin, se estableció en Nueva York entre enero y marzo de ese año. El propio Trotsky comentaba acerca de su estadía en esa ciudad:

Mi única profesión en Nueva York fue la de socialista revolucionario. Fue antes de la guerra por la “libertad” y la “democracia”, y en aquellos días, la mía era una profesión tan deplorable como la de un contrabandista. Escribí artículos, edité un periódico e hice discursos en reuniones de trabajadores. Estuve hasta el cuello en el trabajo, y por lo tanto en ningún momento me sentí extranjero”.[11]

Deportado de Francia y de España por sus escritos y actividades contra la guerra, llegó a Estados Unidos como exilado político. Trotsky era conocido como un líder carismático y popular durante la revolución de 1905 y por su oposición a la “guerra imperialista”. Fue recibido por una multitud conformada mayoritariamente por exiliados revolucionarios rusos, inmigrantes judíos, rusos, alemanes y polacos, y la información acerca de su arribo fue publicada en los principales periódicos en inglés, ruso, yiddish y alemán[12].

Una edición de Forward con Trotsky. Cortesía del autor. Fuente: “Trotsky’s New York”. An Interview With Kenneth D. Ackerman, Jacobin, https://www.jacobinmag.com/2016/10/trotsky-new-york-socialist-party-debs-revolution/

Trotsky estaba preocupado por “la actitud del movimiento socialista hacia la guerra y la participación en ésta de Estados Unidos”. El presidente Woodrow Wilson había ganado la elección presidencial de 1916 por haber mantenido a su país fuera de la guerra pero esa habría sido una táctica para la reelección y una conveniencia económica ya que los Estados Unidos estaban involucrados en la guerra abasteciendo a los aliados y obteniendo enormes ganancias. Trotsky escribe en Mi Vida:

[…] las cifras del crecimiento de las exportaciones estadounidenses durante la guerra me asombraron; eran, de hecho, una completa revelación. Y fueron esas mismas cifras las que no sólo predeterminaban la intervención de Estados Unidos en la guerra, sino también el rol decisivo que Estados Unidos jugaría en el mundo después de la guerra.[13]

El 3 de febrero de 1917 el presidente Wilson rompía relaciones diplomáticas con Alemania y Trotsky mantenía su posición contraria a que los Estados Unidos ingresaran a la guerra.

La estadía de Trotsky fue exitosa a pesar de las discrepancias que mantuvo con algunos sectores socialistas. Al tomar conocimiento de la revolución de febrero decidió retornar a Rusia. A finales de marzo partió rumbo a Rusia vía Halifax y la noche anterior fue despedido por unos 800 simpatizantes. Sin embargo, en su regreso fue detenido por los británicos e internado durante un mes en un campo de concentración en Canadá.

Sin embargo, Trotsky no sólo vivió de las conferencias que brindaba en Nueva York sino que fue el recaudador del oro capitalista —aportado por Jacob Schiff (titular de la firma Kuhn, Loeb and Company, quien financió al Japón en su guerra contra Rusia de 1904-1905 porque estaba “enfurecido con los pogromos y políticas antisemitas del zar”[14]) y Felix Warburg (figura clave en la élite judía alemana y de la comunidad judía estadounidense de principios del siglo XX, quien participó en organizaciones como la Agencia Judía, el Comité de Distribución Conjunta Judía Estadounidense y el Comité Judío Estadounidense[15]), entre otros— que permitiría llevar a cabo la revolución.

Trotsky obtuvo en un país capitalista los recursos necesarios para la creación del Ejército Rojo que enfrentaría y derrotaría a los restos de las fuerzas zaristas que aún se mantenían resistiendo.

Poco después de su partida, el 6 de abril, el Congreso de Estados Unidos dio su aprobación para entrar en la guerra.

La mencionada revolución de febrero dejó al imperio en manos de un gobierno provisional integrado por liberales y socialistas con el consentimiento de los bolcheviques. El 15 de marzo el zar Nicolás II debió abdicar. No obstante y a pesar que las tropas alemanas habían tomado buena parte de la Rusia europea, el nuevo gobierno continuaba la guerra. Era imprescindible que Lenin volviera a Rusia.

Desde su exilio en Suiza seguía los acontecimientos de su país y su retorno fue una operación alemana en su búsqueda de forzar la salida de la guerra de Rusia. Sin embargo, el plan fue ideado por el socialista revolucionario ruso Alexander Israel Lazarevich Gelfand (o Helphand; en ruso, Израиль Лазаревич Гельфанд, nacido en Bielorrusia en 1867 fallecido en 1924), más conocido por su seudónimo Alexander Parvus, o simplemente Parvus[16].

La operación se llevó a cabo en lo que se denominó el “tren blindado” o “tren sellado”.

Itinerario del viaje de Lenin en el “tren sellado”. Foto: Michael Pearson, Lenin’s mistress.

El 9 de abril de 1917 Lenin y otros 31 revolucionarios partieron en tren desde la estación de Zúrich en dirección a la frontera alemana. El destino era San Petersburgo, adonde llegó el 16 de abril tras atravesar Alemania, Suecia y Finlandia. No bien llegó a destino, Lenin llamó a la revolución mundial: “Esta guerra entre piratas imperialistas es el comienzo de una guerra civil en toda Europa”[17].

Como puede apreciarse, los “piratas imperialistas” —o capitalistas— desde Estados Unidos y desde otros países como Alemania financiaron la revolución en Rusia.

La cuña en Medio Oriente

Durante el transcurso de la guerra, hubo un acuerdo secreto y una declaración que no solo fijaban las condiciones que habrían de imperar durante la postguerra: sellaron la situación de Medio Oriente desde ese momento. Uno fue el Tratado secreto de Londres, en 1915, mediante el cual Italia ingresó al conflicto del lado de los aliados luego de que le fueran prometidos por Francia y el Reino Unido los siguientes territorios: Trentino, Alto Adigio, Istria, gran parte de Dalmacia, Libia, Eritrea, Somalia y concesiones en Asia Menor (Anatolia turca). Otro fue el Acuerdo Sykes-Picot, en 1916, por el cual y en base al Tratado de Londres, las potencias hicieron sus proyecciones con respecto al reparto de territorios al finalizar el conflicto. Francia y el Reino Unido acordaron el reparto de los territorios del denominado “enfermo de Europa”, el Imperio Otomano, el cual quedaría reducido prácticamente a la región de Anatolia. Finalmente se produjo la Declaración Balfour, en 1917, por la cual el Reino Unido le prometió a las organizaciones sionistas la cesión de parte de Palestina. Este acuerdo no solo fue una traición al esfuerzo de guerra y a la promesa que el gobierno británico les hizo a los árabes que luchaban codo a codo con Thomas Edward Lawrence (1888-1935), “Lawrence de Arabia” sino que también constituye el eje de los actuales conflictos que enfrentan a árabes y palestinos con israelíes.

El plan para el reparto de Medio Oriente entre británicos y franceses tras la derrota del Imperio otomano, según el Acuerdo Sykes-Picot. Fuente: https://recortesdeorientemedio.com/the-sykes-picot-agreement-1916-2/
La postguerra y el período de entreguerras

Francia se impuso con su posición más dura en la mesa de negociaciones, lo que tuvo serias consecuencias en la postguerra y produjo un fuerte resentimiento en los vencidos, fundamentalmente en Alemania. Una vez finalizadas las negociaciones en la conferencia se le presentaron los acuerdos como un hecho consumado a los vencidos. Los alemanes, quienes representaron a la recién fundada República de Weimar, firmaron el 28 de junio de 1919 luego de ser amenazados con una invasión total de su país.

La reconfiguración territorial en Europa, Medio Oriente y Asia Central fue el punto de partida para futuros conflictos. Con el fin de la guerra desaparecieron los imperios austro-húngaro, otomano y alemán, los que se sumaron al ya desaparecido Imperio ruso.

El marxismo no solo avanzaba por Rusia sino también por Europa, particularmente en Alemania. El 9 de noviembre de 1918, tras difundirse que el emperador Guillermo II de Prusia había dimitido —sin que el propio káiser fuera consultado— los comunistas proclamarían la república. Ante este rumor, ese mismo día, el diputado socialdemócrata Philipp Scheidemann se adelantó al Partido Comunista alemán (KPD) y desde el balcón del Reichstag, en Berlín, proclamó la república. Aun sin contar con el apoyo pleno del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), pues varios miembros no estaban de su lado. En la tarde, una gran multitud se reunió ante el Palacio Imperial de Berlín y el líder de la Liga Espartaquista, Karl Liebknecht también proclamó la república y llamó a la creación de una “República libre y socialista de Alemania” y a partir de entonces ondearía “la bandera roja de la República libre de Alemania”[18].

La sociedad alemana se polarizó de manera irreconciliable e izquierda y derecha formaron grupos armados que se enfrentaban en las calles. La extrema derecha sumó a muchos soldados que retornaban del frente de batalla.

El levantamiento espartaquista estuvo al borde de provocar la guerra civil y entre el 8 y el 10 de enero de 1919 se produjo en Berlín una tentativa de insurrección. El levantamiento fue sofocado y “los grupos paramilitares ‘limpiaron’ la ciudad, asesinando a cientos de revolucionarios, entre ellos a los dos íconos del Partido Comunista Alemán, Rosa Luxemburgo (1871-1919) y Karl Liebknecht, arrojando sus cuerpos al canal de Landwehr”[19].

La humillación que sufrió Alemania con su derrota llevó a Karl Haushofer (1869-1946) a desarrollar su teoría del Lebensraum o del “espacio vital” para albergar y alimentar a la —entonces— creciente población alemana. Se trataba de una concepción imperialista que ponía fin a la idea de las fronteras como líneas rígidas para concebirlas como “organismos vivos que se extienden y se contraen, del mismo modo que la piel y otros órganos protectores del cuerpo humano”[20].

Cabe mencionar que Rudolf Hess y Adolf Hitler fueron encarcelados en la Fortaleza de Landsberg durante un año y medio por su participación en el putsch de la cervecería del 8 de noviembre de 1923, a donde Haushofer los visitó en varias oportunidades. Durante el período de entreguerras se fue gestando una amistad entre Rudolf Hess, Adolf Hitler y Karl Haushofer —quien fue oficial del Estado Mayor—, un “extraño triunvirato” como lo denomina el escritor británico Martin Allen, quien se refiere a esta relación en una de sus obras[21]. A principios de la década de 1930, el Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei (NSDAP) creó el Arbeitsgemeinschaft für Geopolitik con sede en Heidelberg, “con la finalidad de desarrollar las ideas geopolíticas haushoferianas y asesorar al partido nazi en la toma de decisiones políticas”[22]. Antes de ascender al poder, Adolf Hitler recurrió varias veces al concepto de Lebensraum y ya en el gobierno se constituyó en uno de los pilares de la política del III Reich pero le dio un sesgo ideológico y racial a la definición de la Geopolítica[23].

Mientras las potencias centrales y Europa en general quedaban geopolíticamente encerradas por la Rusia bolchevique y las potencias atlantistas, las corrientes ideológicas se radicalizaron. El comunismo se expandía por Europa a la vez que surgía el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en la República de Weimar —en una Alemania que no había perdido la guerra— y en España emergió el falangismo. Estas ideologías llevaron a la guerra civil española entre 1936 y 1939, en la que se enfrentaron y de la que participaron varios países europeos.

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Citas bibliográficas y notas

[1] Carl Schmitt. Tierra y mar. Una reflexión sobre la historia universal. Madrid: Trotta, 2007, 112 p.

[2] En realidad Pedro el Grande, quien nació en 1672, había asumido el trono a la edad de diez años compartiéndolo con su hermanastro Iván V y bajo la regencia de su hermana Sofía (de 1682 a 1689). Iván padecía de una discapacidad mental y Pedro, a los diecisiete años, junto a un grupo de conspiradores, se hicieron con el gobierno y encerraron a Sofía en un convento, la única que podía disputarle el reinado. Por tal motivo, se toma formalmente el año 1689 como la asunción al trono por parte de Pedro. Iván murió en 1696 y hasta ese año fue co-zar de Pedro.

[3] Eduardo A. Zalduendo. Las seis Rusias. Sociedad, política y economía. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Católica Argentina, 2000, p. 159-160.

[4] Alexéi Volynets. “Por qué Rusia construyó el ferrocarril Transiberiano”. Russia Beyond, 21/01/2017, <https://es.rbth.com/cultura/historia/2017/01/21/por-que-rusia-construyo-el-ferrocarril-transiberiano_685766>, [consulta: 28/10/2020].

[5] Ídem.

[6] Ídem.

[7] Ídem.

[8] Ídem.

[9] “Especial ‘29 de Estand’, día de la nacionalización de la industria petrolera”. Pars Today (Irán), 19/03/2020, <https://parstoday.com/es/radio/iran-i63167-especial_29_de_estand_día_de_la_nacionalización_de_la_industria_petrolera>, [consulta: 28/10/2020].

[10] Diego Durán y Joaquín Armada. “La Gran Guerra y el petróleo”. En: Historia y Vida, 02/12/2013.

[11] Linda Tenenbaum. “Trotsky en Nueva York, 1917: Un radical en la víspera de la Revolución, por Kenneth D. Ackerman”. World Socialist Web Site, 17/10/2016, [consulta: 20/10/2016].

[12] Ídem.

[13] Ídem.

[14] “Jacob Henry Schiff”. Jewish Virtual Library, <https://www.jewishvirtuallibrary.org/jacob-henry-schiff>, [consulta: 12/10/2020].

[15] “Felix M. Warburg Papers”. Jacob Rader Marcus Center of the American Jewish Archives, <http://collections.americanjewisharchives.org/ms/ms0457/ms0457.html>, [consulta: 12/10/2020].

[16] “Alexander Parvus (1867 – 1924)”. Marxists Internet Archive, <https://www.marxists.org/espanol/parvus/index.htm>, [consulta: 15/10/2020]

[17] Joaquín Armada. “El tren de la revolución”. En: Historia y Vida, nº 588, 2017.

[18] Matthias von Hellfeld. “¡Que viva la República!”. Deutsche Welle, 02/06/2009, <http://www.dw-3d.de/dw/article/0,,4280165,00.html>, [consulta 10/06/2009].

[19] Ídem.

[20] Ratzel, Kjellen, Mackinder, Haushofer, Hillon, Weigert, Spykman. Antología geopolítica. Buenos Aires: Pleamar, 1975, p. 92.

[21] Martín Allen El enigma Hess. El último secreto de la segunda guerra mundial al descubierto. Barcelona: Planeta, 2005, 397 p.

[22] Rubén Cuéllar Laureano. “Geopolítica. Origen del concepto y su evolución”. Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, nº 113, mayo-agosto de 2012, p. 65-66.

[23] Ídem.

©2020-saeeg®

LA DENUNCIA DEL CONVENIO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA EN ARGENTINA

César Augusto Lerena* (Artículo escrito en colaboración con Alejandro Olmos Gaona)

Junto a la denuncia de los Acuerdos de Madrid I y II, el Acuerdo de Nueva York, el Acuerdo conocido como pacto Foradori-Duncan y el Convenio de Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), el Estado Argentino debería —ya vencido— denunciar el Convenio suscripto en Londres el 11 de diciembre de 1990 con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para “LA PROMOCIÓN Y LA PROTECCIÓN DE INVERSIONES EN LA ARGENTINA”, sancionado el 4 de noviembre de 1992 por Ley 24.184.

Sobre todas estas cuestiones de fondo y otras que tienen que ver con una estrategia respecto a cumplir con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional deberá comenzar a trabajar en forma urgente y sostenida el Consejo Nacional de Asuntos relativos a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y espacios marítimos correspondientes recientemente creado por Ley 27.558, donde, a poco de andar, podremos ver qué tan dispuestos y, qué alcance tienen sus integrantes: ser, un mero cuerpo asesor no vinculante (Art. 4º de la ley) o diseñar una Política de Estado para ejecutar la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía nacional” en los archipiélagos argentinos. El tiempo nos dirá, si como hasta ahora, la Argentina se limitará a solicitarle al Reino Unido que se siente a negociar soberanía. Pero sobre ello, nos referiremos en detalle en un próximo artículo.       

El 2 de febrero de 1825 las Provincias Unidas del Río de la Plata y “su Majestad Británica” firmaron el “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación” y, un par de   años después, en 1833, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante el Reino Unido) invadía las Malvinas.  El 4 de noviembre de 1992, en el marco de los Acuerdos de Madrid, se sancionaba la Ley 24.184 por la cual se aprobaba el Convenio suscripto en Londres el 11 de diciembre de 1990 con el Reino Unido, para “la Promoción y la Protección de Inversiones”, pese a lo cual, la invasión por parte del Reino Unido sobre los territorios marítimos avanzó de ocupar en 1982 unos 11.410 Km2 de territorio insular argentino a 1,6 millones de km2 en la actualidad; un 52% de la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) Argentina y, habiéndonos extraído —en estos años— unas 11 millones de toneladas de recursos pesqueros por un valor de 28 mil millones de dólares. ¿El precio de la rendición?

No pareciera que este socio británico con el que firmamos Tratados de Paz y Amistad a los que le promovemos y protegemos las inversiones, sea de confiar. Más bien todo lo contrario. Mientras en la década del 90 se desguazaba el Estado Nacional —también en algún gobierno posterior— a los británicos se les regalaban importantes recursos naturales para dar sustento a la ocupación de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, cuestión que, en lugar de denunciar, se contribuía a su sostén y el de Malvinas con investigaciones conjuntas pesqueras, además de facilitarles la logística en Chile, Uruguay y Brasil.

Entre las partes salientes este Convenio con el deseo de crear condiciones favorables para un aumento de las inversiones” se acordaba que no podrían modificarse las inversiones británicas realizadas antes o después del Convenio, entre otras, en materia de “concesiones comerciales otorgadas por ley o por contrato, incluidas las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales”; las inversiones no recibirán un trato menos favorable que el otorgado a las inversiones y ganancias locales (…); deberán recibir  indemnizaciones en casos de (…) emergencia nacional  (…) y los pagos serán libremente transferibles; no se los podrá nacionalizar o expropiar, salvo utilidad pública (…); se garantizará la libre repatriación de las inversiones, ganancias y la transferencia sin restricción de los dividendos (…); las controversias relativas donde el tribunal supere el plazo de 18 meses sin emitir una decisión definitiva serán sometidas a arbitraje internacional (Art. 1º, 3º a 6º, 8º).

Según el Artículo 14º el presente Convenio tendría una vigencia de diez años y un período de doce meses posteriores a la denuncia, salvo aquellas inversiones anteriores al período de expiración que tendrán una vigencia de 15 años a la partir de la expiración del Convenio; de tal modo, que el Convenio en cuestión pudo denunciarse a partir del 11 de diciembre de 2000. Este Convenio, de dudosa constitucionalidad, pese a encontrarse vencido no se le quitó vigencia, ya que el mismo prevé su prórroga automática hasta que sea denunciado por alguna de las partes.

Por un lado, es llamativo que este Convenio no haya aplicado a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, ya que es sabido que no son admitidas las inversiones argentinas en estos archipiélagos usurpados por el Reino Unido, en especial, porque en el artículo 1º del Convenio se especifica que “el término ‘territorio’ significa el del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o de la República Argentina así como también el mar territorial y cualquier área marítima situada más allá del mar territorial del Estado correspondiente que haya sido designada o puede ser designada en el futuro en virtud de la legislación nacional de ese Estado conforme al derecho internacional como un área dentro de la cual puede ejercer derechos con respecto al suelo y subsuelo marinos y a los recursos naturales…”. Lo que indica taxativamente que el Reino Unido no tiene claro los títulos sobre las islas.

Los discursos políticos posteriores al 2001 denostaron las políticas neoliberales, de las que solo tomaron una distancia verbal, ya que, pudiendo modificar alguna de las muchas tramas legales y urdimbres procesales que tejió una lamentable política de endeudamiento del país y de dependencia, se han abstenido de denunciar —a pesar de que el plazo de vigencia se ha cumplido en exceso— el Convenio para la Promoción y la Protección de Inversiones del Reino Unido.

En orden a lo expresado, es de recordar  que en la década de los años ’90, y como reflejo de las políticas inspiradas en el  llamado “Consenso de Washington”, la República suscribió decenas de Tratados de Protección como uno de los complementos necesarios del proceso privatizador de nuestra economía, que en poco menos de cuatro años, enajenó la casi totalidad de las empresas estatales, a las que previamente  les subvaluó fuertemente  sus activos, obligando al  sector público a asumir los pasivos de las mismas como condición de su venta. Los ingresos por las privatizaciones fueron de aproximadamente 19.500 millones de dólares; de los cuales 14.000 en efectivo y 5.500 en títulos de la deuda externa (aceptados por 14.000 millones a valor nominal). Los pasivos transferidos al Estado por parte de las empresas que fueron privatizadas alcanzaron aproximadamente 20.000 millones de dólares.

La denuncia del Convenio, por la inconveniencia al interés nacional de sus cláusulas, no solo porque afecta a nuestra soberanía, sino porque contradice la política activa que debiera encararse con relación a la invasión sostenida y creciente de nuestros territorios marítimos por parte del Reino Unido.

La   inversiones amparadas en el país por este Convenio tienen asegurada la libre e irrestricta repatriación de todos los pagos relativos a sus inversiones;  la ganancia relativa al capital invertido y los remanentes de la liquidación de dicho capital,  en divisas libremente convertibles; la posibilidad de emplear al personal superior que deseen, sea cual fuere su nacionalidad; la inmunidad frente a cualquier tipo de requisitos de desempeño que les puedan exigir compromisos de exportar mercancías o especifiquen mercaderías o servicios que puedan adquirir localmente, o recaudos similares en beneficio del país que los receptó; convenciones que les otorgan una protección más que ventajosa y un poder financiero que no guarda relación con el magro beneficio social y estructural que eventualmente, pueden llegar a proporcionar.

Como si fueran pocas tales concesiones a la obsesión desmesurada del lucro, también quedó congelada a su respecto cualquier legislación que en el país se dictara a partir de la vigencia del Convenio y de otros similares. (Conforme al artículo 75, inciso 22, primer párrafo, de la Constitución Nacional) Tales leyes y reglamentos, no pueden ni podrán afectar en modo alguno las especificaciones contenidas en el mismo. Esto, como puede advertirse, hace tabla rasa con la normativa del artículo 16 de nuestra Constitución, que establece que “la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley (…) La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

Este Convenio, para un país receptor de capital como el nuestro, implica no sólo la violación de expresos derechos y garantías constitucionales sino, además, la aceptación mansa y callada de unos principios abstractos e inexistentes, que sólo disfrazan apresuradas declinaciones de nuestra soberanía y el abandono negligente del poder de policía y de la obligación estatal de dirigir la economía nacional y de velar por el bienestar común. Poderes, facultades y obligaciones estatales que, por efecto de este acuerdo quedan en manos de empresas extranjeras, cuyo principal objetivo es el maximizar sus ganancias y minimizar sus costos de cualquier índole y en el más breve lapso.

Como una manera nada ingenua de asegurar las facultades otorgadas al capital extranjero, este Convenio desplazó la competencia de los Tribunales locales en la resolución de las controversias que se pudieran plantear con los inversores británicos. Y esta declinación se hizo a favor de foros arbitrales, como el CIADI y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, según sus siglas en inglés) que funcionan al margen del derecho internacional, constituyendo una suerte de Tribunal Especial para Mercaderes y Financistas, de dudosa imparcialidad.

No menos grave que la imposición del arbitraje por encima del ordenamiento jurídico nacional, es la doctrina con que el CIADI sustenta su competencia, a instancias del inversor, aún en aquellos casos en que los tribunales locales hubieren dictado sentencia en un diferendo (Emilio Agustín Maffezini c/Reino de España”, ARB/97/7).  La misma también ha sido receptada por algunos tratados celebrados por nuestra República, que, de manera incomprensible, aceptó que una controversia sea llevada a arbitraje aun cuando en la misma ya hubieren sentenciado los tribunales locales.

Así, en el Tratado Bilateral de Inversión (TBI) con Canadá, ratificado por Ley 24.125 de 1992, prevé que el inversor podrá someter una disputa protegida por el TBI ante el CIADI, aún después de una decisión del tribunal local, cuando “la decisión definitiva del tribunal mencionado haya sido emitida pero las partes continúen en disputa”; eufemismo que significa, que la sentencia local no favoreció al inversor. Esta curiosa convención está también recogida por el TBI suscripto con Austria, ratificado por Ley 24.328 de 1994, que establece que la controversia podrá ser sometida a arbitraje, después de una resolución local, cuando “tal decisión haya sido emitida pero la controversia subsista. En tal caso, el recurso al tribunal de arbitraje privará de efectos las decisiones correspondientes adoptadas con anterioridad en el ámbito nacional”.

En ese desmantelamiento de la soberanía y de la autonomía nacional, y para mayor ludibrio de nuestro ordenamiento jurídico y de todo el derecho internacional vigente, el Tribunal del CIADI interpretó que al no aclararse qué debe entenderse por inversor,  debía considerarse como inversión amparada por este, incluso, la participación minoritaria en una sociedad argentina (International Legal Material, Volumen 40, Nº 2, Marzo 2001), lo que implica que cualquier accionista, con independencia de la actitud de la mayoría accionaria de la sociedad que integra, puede litigar contra la República ante los tribunales arbitrales; doctrina que se plasmó en los numerosos litigios que se abrieron contra la Nación a raíz de la salida de la convertibilidad y del canje de deuda.

No se pretende aislar al país del concierto de las naciones, por el contrario, se aspira con la denuncia del Convenio a que sus relaciones internacionales transcurran en un  marco de igualdad y equidad, amparando el trabajo y el capital nacional, priorizando alianzas regionales y convenciones que permitan el intercambio de bienes y servicios con aportes tecnológicos y claras condiciones de desempeño para los inversores, aseguramiento de valor agregado argentino y respeto al derecho a un medio ambiente sano. No es el caso de las empresas británicas, que han contribuido a todos los procesos privatizadores, que se han dedicado a la explotación de los recursos pesqueros, mineros y petroleros, y que violan nuestra soberanía en nuestros mares y la plataforma continental, a los fines de explotar recursos naturales originarios de la República Argentina.

Es importante puntualizar que después de lo ocurrido con la nueva invasión de Malvinas en 1982, los gobiernos de la democracia acordaron con el Reino Unido un nuevo tipo de relación que, se plasmó en los Acuerdos de Madrid de 1989/90, y se complementó con convenios suscriptos como consecuencia de ellos, entre ellos el Acuerdo conocido como pacto de Foradori-Duncan. No importó a las autoridades de aquel entonces, que la política colonialista del Reino Unido se mantuviera incólume desde la primera invasión a Malvinas en 1833 y fuera sostenida y creciente desde 1982, a punto de tener ocupados en forma prepotente un 52% de los espacios marítimos argentinos.

Aunque transcurrieron muchas décadas desde la primera mitad del siglo XX, los Acuerdos celebrados con el Reino Unido, significaron una tácita ratificación del llamado “Pacto Roca-Runcinman”, celebrado en 1933, que Arturo Jauretche denominara “el estatuto legal del coloniaje”.

Por el Convenio de “Protección y Promoción de Inversiones”, que promovemos denunciar, se favoreció notablemente las inversiones británicas que encontraron, campo propicio, no solo para avanzar en los procesos de privatización desarrollados a partir de la década del 90, sino también consolidar todo un sistema de inversiones diseminado en actividades centradas especialmente en la especulación financiera y la explotación de los recursos naturales. Habría múltiples ejemplos para señalar respecto a ello, pero solo nos referiremos a la explotación del mayor yacimiento de petróleo que tiene nuestro país —Cerro Dragón— que fuera concesionado hasta el año 2043 a la Pan American Energy, empresa cuya mitad del capital accionario pertenece a la British Petroleum y también a la Barrick Gold de Canadá, accionistas petroleras que están explorando la plataforma continental argentina. Como tales inversiones no están desprovistas de capitales financieros especulativos, también el Banco Barclays, resulta ser accionista de una de las petroleras que operan en las Malvinas, habiendo sido contratado por el gobierno Nacional para el anteúltimo canje de deuda externa.

Resulta incomprensible que, ante la negativa pertinaz efectuada por el Reino Unido al reconocimiento de nuestros derechos sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y ocupen 1,6 millones de Km2 y exploten la Zona Económica Exclusiva Argentina en el Atlántico Sudoccidental, todavía se promuevan y promocionen las inversiones de ese país a través de este Convenio. Esto es una clara muestra de una desacertada política económica para la cual no resulta incompatible la realización de negocios con empresas que violan nuestra soberanía, explorando y explotando ilegalmente la obtención de recursos energéticos, pesqueros y mineros en nuestro territorio.

Conviene recordar también, para entender en la situación irregular que se encuentran muchas de las inversiones británicas en la Argentina, que, el Congreso de la Nación aprobó en 2008 la Ley 26.386 y en 2011 la Ley 26.659, por la cual se establecieron una serie de requisitos para la explotación de los recursos pesqueros e hidrocarburíferos en la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental Argentina, estableciendo la prohibición a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera y sus accionistas, a realizar actividades en la República Argentina sin la correspondiente habilitación argentina, lo que obviamente, alcanza a todas las empresas que explotan nuestros recursos en el área ocupada por los británicos en Malvinas y, a su vez, se estableció que el Estado Nacional, los Estados provinciales, municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán contratar con personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, sus controladas o accionistas que en forma directa o indirecta desarrollen actividades en las áreas mencionadas sin haber obtenido habilitaciones para realizar la exploración, explotación de hidrocarburos, minerales o pesca emitida por autoridad competente argentina, razón por la cual, existe una abierta contradicción con el Convenio celebrado con el Reino Unido, por lo que terminar con la vigencia este Convenio, no solo sería revertir una incoherencia jurídica, sino poner fin a la promoción  y protección de inversiones del Reino Unido, en condiciones más ventajosas que a las propias empresas nacionales, a pesar de que ocupa y explota nuestros territorios y recursos, pese a las innumerables Res. de las Naciones Unidades y muy especialmente la 2065/65 y la 31/49. 

Cuando la estafa es enorme toma un nombre decente (Abelardo López de Ayala)

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

Copyright ©2020

 

 

EL ATLÁNTICO SUR. UNA ZONA DE PAZ Y COOPERACIÓN EN CONFLICTO. CUANDO NO SE USAN LAS HERRAMIENTAS QUE SE DISPONEN.

César Augusto Lerena*

Países miembros de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, ZPCAS.

Convencidos la mayoría de los países con Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) en el Atlántico Sur, en la 50a. sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones, se dictó la Res. 41/11 el 27 de octubre de 1986 donde se declaró al Océano Atlántico, en la región entre África y América del Sur, como Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (ZPCAS) y se exhortó a todos los Estados de esta área “a promover una mayor cooperación regional, entre otras, para el desarrollo económico y social; la protección del medio ambiente; la conservación de los recursos vivos y, la paz y seguridad de toda la región” a la par de impulsar —en especial a los Estados militarmente importantes— que respeten escrupulosamente a esa región como zona de paz y cooperación, en particular mediante “la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva y la no extensión a la región de rivalidades y conflictos que le sean ajenos».

América y el Caribe por el Tratado de Tlatelolco (1967), ya se había convertido en la primera región desnuclearizada (Alfredo Palacios, 30/10/18), cuestión que violó el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante el Reino Unido) a partir de 1982.

Independientemente de las cuestiones relativas a la eliminación del apartheid y a la libre determinación e independencia de Namibia que refirió la Asamblea e, instar a la aplicación de todas las resoluciones referidas al colonialismo, el racismo y el apartheid; como un hecho muy importante, en relación de la ocupación británica de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas), la Asamblea también exhortó a los Estados de la región y a todas las demás regiones a que “…respeten la unidad nacional, la soberanía (…) y la integridad territorial de todos los Estados (…) observen estrictamente el principio de que el territorio de un Estado no debe ser objeto de una ocupación militar (…) así como el principio de que es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza”.

El Atlántico Sur es la frontera común entre dos continentes que con anterioridad estaban unidos geológicamente y, ahora están separados por un extenso espacio marítimo que linda con las costas americanas, africanas occidentales y antártica. Los límites del Atlántico Sur son en la latitud al norte del Ecuador y al Sur en 66°33´5” donde se encuentra el Círculo Antártico. Los límites medidos en longitud son entre 70° Oeste y 20° Este. Rebasa la cuestión geográfica del Atlántico Sur e incluye archipiélagos como Cabo Verde. (González, Ariel S. Universidad Kennedy, 2007).

Angola, Argentina, Benín, Brasil, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea-Conakri, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, República del Congo, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica (se incorporó en la cumbre de Brasilia de 1994), Togo y Uruguay suscribieron la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (en adelante ZPCAS) y, quedaron afuera de ello, las islas Ascensión y Tristán da Cunha, que son colonias británicas e, inclusive, nuestras Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur que, podrían interpretarse como participantes al ser parte de nuestro territorio nacional, pero sin concretarse mientras se encuentren ilegalmente ocupadas por el Reino Unido. Este hecho notable debería contribuir a aislar al Reino Unido en el Atlántico Sur, ya que resulta inaceptable la presencia de buques y submarinos nucleares de su Armada en la región y la ocupación territorial marítima y la explotación ilegal de los recursos naturales, en contradicción con lo resuelto en la Res. 31/49 de las Naciones Unidas; a la par de quedar marginada de cualquier proyecto global sur-sur que lleven adelante estos países respecto a la “Zona”.

Dejaré de lado la historia respecto a los avances y retrocesos desde 1986 a la fecha de la ZPCAS; sí diré que los distintos gobiernos argentinos carecieron de una Política de Estado al respecto y llevaron adelante tácticas contradictorias, que fueron, desde no efectuar declaraciones finales sobre la cuestión Malvinas en las reuniones; minimizar el valor de la ZPCAS ausentándose el Canciller argentino en las deliberaciones, hasta tener alguna mención específica relativa a cumplir con la Res. 2065/65 de la ONU, incluso, con el apoyo de países de la Comunidad de las Naciones Británicas. Nada o casi nada respecto a la explotación de los recursos naturales y en especial a los migratorios, cuya captura afecta al ecosistema y consecuentemente a la explotación nacional del total del stock disponible originado en la ZEE Argentina.

En síntesis, entiendo, que la Argentina ha desaprovechado hasta la fecha esta relación afroamericana unánime para favorecer la posición de Argentina en el Atlántico Sur, en particular, en lo relativo a Malvinas y la explotación de los recursos naturales y muy especialmente los migratorios.

Los Acuerdos, Tratados, Declaraciones, hojas de ruta (Acuerdos de Madrid, Pacto de Foradori-Duncan, Acuerdo de Nueva York, etc.) no han sido, lo que jurídica y diplomáticamente todavía se discute, han sido lisa y llanamente cesiones de Argentina al Reino Unido y a los Estados de Bandera y la consolidación de la extranjerización del mar argentino.

De tal modo que tenemos al menos tres problemas: El primero, hay que desactivar esas cesiones; el segundo, los británicos tienen ocupado militarmente 1,6 millones de km2 de la ZEE Argentina y dentro de él a los archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y están en una situación geopolítica de prevalencia respecto a la parte meridional del Atlántico Sur, la Antártida y el Estrecho de Magallanes y, el tercero, hay que recuperar un millón de toneladas de productos pesqueros que se capturan en forma ilegal (INDNR) con o sin licencia británica en el Atlántico Sudoccidental. No parece que, en esta situación, la Argentina pueda desatender este importante foro, la más importante convención sur-sur.

En su política exterior de afianzar las relaciones con el África, la República Federativa del Brasil ha sido el principal promotor de esta iniciativa; pero, la Argentina debería empezar a prestarle mucho interés, porque tiene varias razones de peso como he apuntado. Para ello, debería darle especial atención a las cuestiones de organización de modo de promover las acciones y acuerdos de cooperación, ya que la actual estructura no cuenta con la dinámica suficiente, en la búsqueda de alcanzar la entidad internacional indispensable para sostener con fuerza nuestras iniciativas; promover acuerdos respecto al transporte marítimo; el cuidado ambiental y de los recursos de las ZEE y del dominio de las especies migratorias y potenciar la relación y los negocios con los países africanos costeros occidentales. Por ejemplo, las relaciones con Angola que nacieran en 1988 con Alfonsín; en 2013 el gobierno la dinamizó con la designación del embajador Julio Lascano y Vedia quien accedió a una Embajada inexistente. Se hicieron varios convenios de cooperación que llevaron la balanza comercial de 150 a 400 millones de dólares y hoy Angola está entre las que tienen balanza favorable para la Argentina. África es un mercado demandante de alimentos y tecnología que nuestro país puede proveer. Ello, no solo permitiría un intercambio de bienes sino un mayor interés africano en las cuestiones argentinas y en especial la relativa a los derechos de Argentina sobre Malvinas y la Antártida.

Por supuesto, que la ZPCAS, es el ámbito adecuado para tratar también, cuestiones relativas al narcotráfico, trabajo esclavo, contrabando y crimen organizado. Temas en que la Argentina debiera acordar muy especialmente con el Uruguay, respecto al apoyo a buques asiáticos que hacen apoyo en sus puertos.

En las reuniones en Luanda y Montevideo se abordaron alguna de estas cuestiones en los tres talleres preparatorios y durante la VI Reunión Ministerial de la ZPCAS, donde el gobierno argentino le dio relevancia a tres temas claves: la cuestión de Malvinas, el desarrollo de los mecanismos de las Operaciones de Paz y en el marco del Derecho del Mar, la implementación de medidas contra la pesca INDNR y la protección de los recursos genéticos marítimos (Gladys Lechini, Revista Brasileira de Estudios, 7, Jan./Jun. 2019), aunque a la luz de los resultados, los avances han sido insignificantes respecto a la custodia de la soberanía política, territorial, marítima, pesquera y alimentaria argentina.

Esta acción del bloque permitiría avances rápidos de cooperación en ciencia, tecnología y mecánica agroindustrial e intercambios tecnológicos y de regulación de la Pesca en el Atlántico Sur sin la injerencia de terceros países ajenos a ZPCAS que, a través de la CONVEMAR, pretenden como Estados de Bandera (buques extranjeros) explotar los recursos que son de dominio de los Estados Ribereños. Este es el caso de las flotas pesqueras chinas, coreanas y a taiwanesas, pero también, de las españolas que —tienen licencias ilegales en Malvinas y pescan a distancia en alta mar— y habrán de incrementar su presencia a raíz de reducirse sus capturas en aguas británicas a raíz del Brexit y transformarse en un 30% en Áreas Marinas Protegidas las aguas comunitarias.

La ZPCAS se encuentra en abierta contradicción con la CONVEMAR ya que mientras aquella alentaría el intercambio de recursos naturales entre sus miembros y, por tanto, la protección de éstos en sus ZEE y los migratorios fuera de ella, desalentando la injerencia de terceros países en la región, la CONVEMAR y el Acuerdo de Nueva York promueven la explotación de los Estados de Bandera (buques extranjeros que pescan a distancia) y la formación de Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) donde intervendrían países ajenos a la ZPCAS.

Por cierto, el fortalecimiento del intercambio y la cooperación generará mayores lazos para que los países que integran la ZPCAS apoyen de mínima la posición argentina de reclamar al Reino Unido la negociación de soberanía según la Res. 2065/65 de la ONU y de máxima lo que ya Sudamérica ha resuelto, que, es no prestar ningún tipo de apoyo (comercial, portuario, de transporte, logística, etc.) que favorezca del desarrollo del Reino Unido en Malvinas y, en ese sentido, el gobierno de Argentina debe mantener una coherencia que no ha mantenido en las reuniones de la ZPCAS, respecto a reclamar o no sus derechos en Malvinas o, con la firma de acuerdos que autorizan vuelos desde Malvinas a San Pablo, investigaciones conjuntas pesqueras, etc. Una política pendulante de Argentina que debe terminar y ajustar sus acciones a lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

¡Nada mucho cuesta poco! Pero ha llegado la hora de avanzar con inteligencia, rigor y perseverancia.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

Copyright ©2020