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RECORDEMOS AL GENERAL GUGLIALMELLI EN MEDIO DE LA CEGUERA GEOPOLÍTICA Y ESTRATÉGICA

Marcelo Javier de los Reyes*

 

General de División Juan Enrique Guglialmelli (1917 – 1983)

El hombre, su carrera y su obra

Juan Enrique Guglialmelli nació en 1917 en San Martín, Provincia de Buenos Aires. Militar de vocación, tuvo como objetivo la defensa del patrimonio de la Nación y su desarrollo económico y social a través de un camino propio —es decir, de un nacionalismo económico— pero en el contexto de una Argentina integrante del Cono Sur.

En nuestro país, la Geopolítica lo tiene como uno de sus grandes mentores, con una trayectoria en relevantes cargos. El general Guglialmelli fue Jefe del Comité de Planes de la Junta Interamericana de Defensa; Jefe de Estado Mayor de la 7ª División de Infantería y del IV Cuerpo de Ejército; Comandante de la 6ª División de Infantería de Montaña, Director de la Escuela Superior de Guerra y del Centro de Altos Estudios y Comandante del V Cuerpo de Ejército de la República Argentina, en cuyo ejercicio pasó a retiro en el año 1968.

En junio de 1970 fue designado secretario del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) pero su paso fue efímero dado que no compartía las políticas liberales implementadas por la conducción económica nacional.

Fundó el Instituto Argentino de Estudios Estratégicos y de las Relaciones Internacionales (INSAR), el cual publicó la reconocida revista Estrategia, en cuyos diversos números se puede apreciar la visión económica nacional y su apoyo a la política industrialista.

El primer número de Estrategia fue publicado en mayo-junio de 1969. El solo hojear la revista, las publicidades de grandes empresas que apostaban por una Argentina industrial y desarrollada —muchas de las cuales ya no existen o fueron erosionadas por años de malas gestiones nacionales—, así como los temas que se abordaban, nos sumergen en un país que ya no existe y que solo quienes contamos con varias décadas podemos recordar a esa Argentina que nos prometía grandezas a pesar de sus convulsiones políticas o, al menos, era lo que percibíamos quienes éramos formados en una Escuela Pública que enseñaba a querer la Patria y sus símbolos nacionales.

En ese primer número el general Guglialmelli expone, en “Propósitos y definiciones”, lo siguiente:

Nuestra tarea, en fin, estará orientada por las normas más estrictas de la libertad académica. No renunciará, empero, a una ideología propia que responde a las necesidades de cambio de nuestro tiempo y que exige como datos esenciales de la estrategia nacional:

      • Objetivos nacionales y políticos claros y definidos.
      • Política exterior independiente capaz de obtener la libertad de acción necesaria para el logro de esos objetivos.
      • Colaboración de los distintos sectores de nuestra sociedad y su participación efectiva en el QUE y COMO hacer concretos.
      • Cabal conocimiento de los intereses externos e internos en conflicto con los propios fines perseguidos, sus modos de operar y sus agentes.
      • Un programa de desarrollo económico, social y cultural ejecutado con ritmo acelerado y definido y definidas prioridades, en áreas geográficas rezagadas, sectores básicos de la producción nacional e infraestructura de servicios, en el diálogo social y en una política educacional y de investigación científica y tecnológica al servicio del desarrollo nacional.[1]

Desde una posición mucho más modesta, la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), aspira a poder erigirse como una sucesora en esa tarea.

Su visión

Su conocimiento profundo de la Patagonia, región en la que estuvo destinado durante su carrera militar, lo llevó a ponderar la necesidad de desarrollar esa extensa área de nuestro país.

Frente a la visión de la Argentina “insular”, basada en el análisis de la situación geográfica del país desarrollada por otro de nuestros grandes geopolíticos, el vicealmirante Segundo R. Storni, el general Guglialmelli considera que la Argentina “tiene ‘carácter peninsular’, en la más amplia acepción geopolítica del término. Mantiene en este sentido su condición marítima pero asume, también el rol continental”.

En efecto. Su territorio, al norte de la línea Cabo San Antonio-San Rafael (Mendoza) se articula con la masa terrestre continental “introduciéndose” en ella. Al sur de aquel linde, se prolonga hacia el sur como una cuña entre los grandes océanos. En su extremo austral, esta región incluye los sectores insular y antártico. Debido a esta conformación, nuestro país recibe la influencia del Pacífico (Chile por medio) y del Atlántico, en particular este último, sobre parte de cuyas aguas, plataforma y subsuelo, extiende su soberanía. Teniendo en cuenta, por último la situación de la América del Sur y de la Argentina dentro de ésta, resalta, como lo señaló Storni, su posición periférica y marítima respecto a las masas continentales del Hemisferio Norte.

Todo el espacio argentino se articula con los países vecinos a través de los aspectos geoambientales fronterizos incluidos los medios de integración física (caminos, ferrocarriles, vías fluviales).[2]

En este concepto geopolítico de la Argentina “peninsular” debe considerarse “al mercado interno, apoyado sobre un aparato productivo integrado en lo espacial y sectorial”[3]. El desarrollo de las diversas regiones, cada una aportando sus riquezas a la producción —alimentos, minería, energía, etc.— debe contar con “un sistema de comunicaciones que vincule, además de los puertos, con preferencia a las distintas regiones y sus grandes polos”, lo que permitirá concretar una “estructura económica integrada, independiente y autosostenida, base indispensable para un destino de gran potencia”[4].

En este concepto de la Argentina “peninsular” le otorga gran importancia a los intereses marítimos, lo que lleva a valorar los recursos del mar y el desarrollo —al igual que proponía el vicealmirante Storni— de una Marina Mercante, “con sus beneficios de trabajo e ingreso por fletes y seguros”[5].

Para el general Guglialmelli, la Argentina, en términos geopolíticos es, entonces, “peninsular”: es continental, bimarítima y antártica. Agrega a esto:

Esta conceptuación significa no sólo una situación geográfica, sino también y fundamentalmente, una economía integrada e independiente, un mercado interno en permanente expansión y una irrenunciable vertebración cultural con los países de América del Sur en particular los vecinos y el Perú”[6].

Era consciente de que las grandes potencias y las corporaciones internacionales, o la combinación de éstas con las primeras, procuran mantener la dependencia del mundo periférico, fomentando integraciones regionales en desmedro de la Soberanía Nacional. Como ejemplo de esas integraciones regionales cita la Cuenca del Plata como una prioridad que puede relegar al resto del país.

Otro de los grandes problemas que percibía era la continuación de la Argentina agroexportadora, “el papel de granja”, en tanto que las exportaciones se basaran solamente en productos primarios, cumpliendo así con las exigencias de la división internacional del trabajo. En este sentido, responsabilizó a la generación militar del 66 pero en particular a la contrarrevolución comenzada en marzo de 1967 desde los más altos niveles de la conducción económica. “Porque allí, en esa área, habían hecho pie quienes por filosofía, desaprensión o, lo que es peor, intereses, defendían la persistencia del modelo agroexportador, disimulando sus propósitos con declamaciones retóricas o sólo tibias reformas”[7].

En este punto fue muy crítico de la conducción económica y de la implementación de las rebajas arancelarias:

En nuestra opinión, a pesar de los fines enunciados, sostenemos que se trata de algo más trascendente y peligroso. El de insertar a la Argentina en un ordenamiento externo, basado en la fórmula de Nelson Rockefeller: que cada país se particularice ‘según su mayor eficacia selectiva y mayor eficiencia relativa’. En virtud de tal premisa nuestro papel será especializarnos en las agroindustrias, con las derivaciones para la seguridad nacional que se verán más adelante.[8]

De ese modo, la Argentina continuaba la dependencia trazada durante la generación del 80, es decir, un país exportador de productos agropecuarios e importador de bienes finales. Esto claramente significaba la “subestimación de los sectores industriales ajenos al ámbito rural y deterioro, cuando no liquidación, de nuestra producción de bienes finales”[9].

Por tanto, el general Guglialmelli era un gran defensor de llevar adelante una política industrialista para salir de esta trampa en la que se encontraba nuestro país. En este sentido, ponderaba el desarrollo que habían alcanzado las Fuerzas Armadas y las iniciativas de los generales Enrique Mosconi y Manuel Savio en pos de una industrialización de la Argentina.

Dramáticas reflexiones finales

Nuestro país ha sido dotado de una gran y diversificada riqueza, tanto en su territorio como en su mar territorial. Sin embargo, se precisaba algunos pasos más para alcanzar ese grado de desarrollo que permitiría concretar una “estructura económica integrada, independiente y autosostenida” como proponía el general Guglialmelli.

Hubo un importante avance en el proceso de industrialización y, en buena medida, los generales Mosconi y Savio contribuyeron con ese objetivo. El país desarrolló una importante comunicación a través de carreteras pero, fundamentalmente, con la construcción de una de las más importantes redes ferroviarias del mundo que superaba los 40.000 kilómetros de vía. Los ferrocarriles, nacionalizados durante el gobierno del general Juan Domingo Perón —no viene al caso aquí formular valoraciones sobre esa nacionalización— se constituyeron en un importante medio de transporte de pasajeros pero sobre todo de bienes.

Del mismo modo, había desarrollado el transporte fluvial de mercaderías y contaba con una Marina Mercante nacional, particularmente la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), que llevaba las exportaciones argentinas a todos los puntos del planeta.

Así como el general Giglialmelli expone la fórmula de Rockefeller, cabe aquí mencionar que existió el denominado “Plan Larkin” —elaborado por el general e ingeniero estadounidense Thomas B. Larkin con apoyo del Banco Mundial entre 1959 y 1962—, el cual consistía en una racionalización y modernización de los medios de transporte terrestre y fluvial de nuestro país. Obviamente, el plan apelaba a la reducción de unos 15.000 kilómetros de vías por considerarlos deficientes o improductivos. El plan llegó a la Argentina poco tiempo antes de que fuera derrocado el presidente Arturo Frondizi, quien debió enfrentar a los gremios ferroviarios durante su gobierno. Sin embargo, el plan fue llevado a cabo en los años noventa del siglo pasado por el gobierno peronista/liberal del presidente Carlos Saúl Menem. La Argentina quedó fragmentada y desvinculada con sus políticas de desmantelamiento del sistema ferroviario, fluvial y de la liquidación de la empresa ELMA.

La industria siguió un camino similar a raíz de las concesiones y privatizaciones de sectores vitales de la industria y de la energía.

En una de las críticas que Guglialmelli le formula a Storni, respecto a su visión de la “insularidad”, el general considera que el marino cayó en lo que otro destacado marino denominó “astigmatismo estratégico navalista, primera variedad”. La realidad es que en las últimas décadas la conducción argentina padece de una seria ceguera geopolítica y estratégica que ha provocado un serio y peligroso retroceso de nuestro país, ocasionando la pérdida de poder económico, poder militar y poder diplomático, además de ocasionar un grave deterioro institucional.

En el capítulo dedicado al análisis de si la Argentina es “insular” o “peninsular”, el general Guglialmelli menciona los aspectos negativos que el vicealmirante Storni expone en su libro “Intereses argentinos en el mar”, respecto de por qué los argentinos no tienen una vocación marinera, lo cual sería vital para el desarrollo de la Nación. Al igual que el general Guglialmelli, me gustaría cerrar este artículo reproduciendo una reflexión del vicealmirante Storni:

En nuestra infancia como nación, hemos permanecido poco menos que indiferentes a estos problemas, y la empresa extranjera realizó con el niño incipiente la misión de madre que nutre y educa. Pero si ese estado de cosas hubiera de ser definitivo e imponer un límite a nuestros ideales marítimos, la acción extranjera tomaría el aspecto del impulso generoso que lleva el alimento a la boca del paralítico o de la diestra maniobra del fuerte que explota son compasión al débil”[10].

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Referencias

[1] “Propósitos y definiciones”. Estrategia, mayo-junio de 1969, p. 7

[2] Juan Enrique Guglialmelli. Geopolítica del cono sur. Buenos Aires: El Cid Editor, p. 78.

[3] Ibíd., p. 79.

[4] Ibíd., p. 80.

[5] Ídem.

[6] Ídem.

[7] Ibíd., p. 81.

[8] Ibíd., p. 251.

[9] Ibíd., p. 251-252.

[10] Citado por el general Guglialmelli, op. cit., p. 63.

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ESTADO DE SITUACIÓN DEL ATLÁNTICO SUR, EL RÍO DE LA PLATA Y LA HIDROVÍA. UN FUTURO MEJOR ES POSIBLE MIENTRAS HAYA INTELIGENCIA Y VOLUNTAD.

Cesar Augusto Lerena*

 

Respecto a los espacios marítimos y fluviales la Argentina sufre un estado de indefensión aprendida y, los gobiernos, se comportan pasivamente con la sensación subjetiva de no tener ninguna capacidad ni actitud para pensar que existen oportunidades para cambiar esta situación aversiva. La ausencia de políticas respecto a estos espacios es llamativa y se expresa en la sociedad con dos signos patognomónicos: los argentinos vivimos de espaldas al mar y, en la dieta alimentaria, el consumo de pescado está en el orden de los 6 kg per cápita por año cuando el promedio mundial es de 20 kg. Consumimos menos pescado que los países más ricos y que los más pobres. El argentino medio está ajeno a las cuestiones relativas a sus mares y ríos, de otro modo, no podría tolerar pasivamente tener ocupados 1.639.000 Km2 por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (R.U.) en la Zona Económica Exclusiva Argentina (Z.E.E.A).

Un territorio equivalente a toda la Patagonia, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Formosa, por cierto, un espacio mucho más amplio y rico que los 11.410 km2 del Archipiélago de Malvinas.

La Argentina permanece congelada respecto a estos hechos desde la sanción de la Res. 2065/65 de la ONU y, con motivo de la “fórmula del Paraguas” del Acuerdo de Madrid. Es imprescindible una política activa, diferente a la llevada en estos últimos 55 años.

Esta situación de indefensión en el Atlántico Sudoccidental, el Río de la Plata y la Hidrovía Paraná-Paraguay se manifiesta con una pérdida de soberanía política, territorial, económica, social, alimentaria y ambiental. En especial se observa:

PBI del Atlántico Sudoccidental

La estimación del potencial económico del Mar Argentino, según los investigadores Baruj y Drucaroff, (CICTI) ajustados por el autor para el período 2016-2035 —en un escenario medio— sería de un potencial económico de: US$ 669.598 millones de dólares; puestos de trabajo directo prospectado: 568.751 empleos; generación de divisas: US$ 3.964.091 millones, como resultado de las siguientes actividades: petróleo y gas; energía oceánica; pesca marítima; maricultura; turismo e industria naval (no se ponderó minerales, microalgas y algas y no se incluyó el efecto multiplicador que estas actividades tendrían sobre el resto de la economía). En la actualidad las actividades argentinas están reducidas a la pesca y navales.

Ocupación y explotación del Atlántico Sur

De un total de 3.146.345 de km2 de territorio marítimo argentino (el Mar Territorial y la Z.E.E.A.) el R.U. tiene ocupado 1.639.000 km2, es decir el 28% de todo el territorio nacional y el 52% del territorio marítimo. A ello se agrega la disputa de 1.430.367 km2 de la Plataforma Continental presentada por Argentina en la Comisión de Límites de la ONU (de los 1.782.000 km2 presentados solo se recomendaron 351.633 km2 ya que el resto está en disputa con el R.U.). Amén de ello, los 965.597 km2 y sus aguas circundantes de la Antártida Argentina que también el R.U. reivindica como propia.

Por la explotación de los recursos pesqueros con licencias británicas el R.U. extrae 250.000 toneladas de peces y calamar por un valor de 650 millones de dólares por año y, debido a la internacionalización del caladero, buques extranjeros con licencias británicas o sin ellas, extraen un millón de toneladas/año de un monto aproximado a los 2.600 millones de dólares. Podrían ponderarse los efectos negativos, económicos, laborales y sociales, que estas extracciones sobre las especies migratorias argentinas le ocasionaron al país en los últimos 40 años (U$S 104 mil millones); pero es imponderable el daño biológico al ecosistema ocasionado y, por lo tanto, a la propia sostenibilidad de las especies en la Z.E.E. y su explotación por buques nacionales.

La presencia de entre 350 y 500 buques extranjeros que capturan en forma subsidiada (sin impuestos); ingresan sin aranceles sus productos a los países de donde provienen los buques; se reaprovisionan combustible y hacen transbordo en alta mar; sus operarios realizan trabajo esclavo; realizan una pesca no registrada ni declarada, etc. constituyen una expoliación de los recursos migratorios argentinos y una competencia desleal en el mercado internacional con las mismas materias primas que extraen y exportan las empresas argentinas con altos impuestos internos.

En los últimos 40 años la Argentina aprehendió 80 buques —dos por año— lo cual nos indica, que el incremento de multas en la Z.E.E. no modificará la pesca ilegal (hay muchas razones de uso práctico para justificar esta afirmación) y sigue sin resolverse la captura en la Alta Mar de las especies migratorias argentina originadas en la Z.E.E.A. y las capturadas en el área de Malvinas.

Por su parte, el Acuerdo de Nueva York y las consecuentes creaciones de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP), de ratificarse en el Congreso, pondría en manos de los Estados de Bandera la administración del Atlántico Sur y, muy especialmente, la profundización de la intervención del R.U. (quién pretende considerarse un Estado ribereño) en la administración de los recursos, violando lo previsto de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Se agrega a ello las exploraciones petroleras británicas dentro del área de Malvinas y en los 100 mil km2 en el área austral entre el continente y Malvinas, licitados durante 2019 para la explotación petrolera, donde se adjudicaron áreas a varias empresas británicas o con intereses en Malvinas contrariando lo prescripto en la Ley 26.569 (Solanas) que lo prohíbe; pero que junto al área de Malvinas, el área de Reserva de Georgias del Sur y Sándwich del Sur, constituyen un bloque estratégico relacionado a la Antártida y el Estrecho de Magallanes.

El desarrollo de las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur

Por efecto de los Acuerdos de Madrid y del Pacto de Foradori-Duncan, la Argentina autorizó vuelos a Santiago de Chile y luego a San Pablo, que facilitarán el comercio de las materias primas de Malvinas con el mundo. Más aún, si se produjese el Brexit sin libre comercio entre el R.U. y la U.E. donde esas mercaderías deberían pagar aranceles para su ingreso a la U.E.

El Reino Unido ha constituido de hecho una asociación estratégica con España, tanto es así, que empresas pesqueras españolas han formado joint ventures con británicas y si bien muchas de estas empresas hoy utilizan bandera británica o de Malvinas para establecer el origen de las capturas, conforme el post Brexit podrían cambiar sus banderas por españolas evitando el pago de los referidos aranceles para facilitar el comercio de las exportaciones de Malvinas que tienen como primer destino a la Unión Europea y, en especial España.

La construcción de un puerto en las Georgias del Sur y el próximo inicio de otro en Malvinas hace presumir que el archipiélago se constituiría en el epicentro de apoyo a los buques que operan en el Atlántico Sur, muy especialmente, en un área de gran concentración de especies migratorias de valor, originadas en la Z.E.E.A.

Estrecho de Magallanes, Canal de Beagle y Chile

Estos espacios marítimos son centrales en la relación bioceánica respecto a Chile, en especial, por el aumento de grandes portacontenedores y su tránsito a través del Estrecho de Magallanes, a partir de las limitaciones del canal de Panamá para el paso al pacífico de estos grandes buques y, también, de buques pesqueros (especialmente chinos) que pescan en forma ilegal tanto en el Pacífico como el Atlántico Sur.

Chile es un aliado estratégico del R.U. (de hecho es el único país de habla hispana que llama Falklands a las Malvinas) y desde la firma en 1984 del Tratado de Paz y Amistad, la Argentina no ha buscado una fórmula de integración que revierta la relación entre ambos países —con el objeto de mejorar nuestra posición en el área y en particular en la Antártida— y, por el contrario, con la sanción de la Ley 27.757 “de espacios marítimos” (ratificación de los límites de la Plataforma Continental), se generó una nueva tensión, por cuanto se habría superpuesto con Chile una pequeñísima porción de la plataforma continental que ambos países reivindican.

El Puerto de Montevideo, el Río de la Plata, la Zona Común de Pesca y el Uruguay

A pesar de las Declaraciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños sobre los derechos de Malvinas (2011 y otras) Uruguay ha facilitado sus puertos para que buques pesqueros que capturan en forma ilegal en el Atlántico Sur —con o sin licencia británica— efectúen su logística (cambio de tripulación, armado de los buques, recarga de combustibles, transbordos, etc.). Ello, no solo debilita la posición de Argentina respecto a Malvinas, sino que constituye una grave competencia comercial con los buques pesqueros argentinos.

Los sucesivos gobiernos uruguayos han procurado acordar —y aún lo hacen— con empresas chinas la instalación de un puerto en ese país, con un régimen de puerto franco y condiciones muy favorables para la operatividad de los buques pesqueros chinos que operan ilegalmente en el Atlántico Sur. Si esto ocurre, la perspectiva de que la Argentina pueda administrar el recurso en esta área se habrá de tornar impredecible, aumentando la tensión en la región, la depredación y, la quiebra del sector pesquero argentino. China no solo tiene unos 16.000 buques pesqueros, sino que es esta población de buques, la que tiene mayor presencia en el Atlántico Sur y el Pacífico y es el primer productor de pescados en el mundo. Además, que tanto Argentina como Uruguay tienen fuerte dependencia comercial con ese país, lo que dificulta razonables acuerdos comerciales y su posterior denuncia. Pero ello, no es todo lo grave. Con motivo del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, Uruguay podría otorgar permisos de pesca a buques chinos y de otras nacionalidades frente a las costas de la Provincia Buenos Aires hasta la altura —aproximadamente— de Mar del Plata (La Zona Común de Pesca). La Argentina ya tiene una amplia experiencia de la depredación que causaron tanto los buques de la URSS como los españoles, con motivo de los Acuerdos Pesqueros con la URSS, Bulgaria y la Unión Europea, debido a la incapacidad argentina de controlar las capturas extranjeras.

Una nueva situación de tensión se vive en la actualidad entre ambos países a raíz del tratamiento en el Congreso Nacional de un proyecto de construcción del Canal de Magdalena, destinado a evitar que los buques que transitan desde o hacia Argentina deban utilizar el Canal de Punta Indio y por consiguiente depender de Uruguay para el transporte marítimo de mercaderías como ocurre en la actualidad.

La dependencia argentina en materia de transporte fluvial y oceánico de mercaderías en manos de empresas extranjeras.

La Argentina tiene una dependencia en el transporte marítimo y fluvial que la deja a merced de las empresas navieras extranjeras, a la par de las pérdidas en materia de fletes y la imposibilidad de establecer políticas de transporte que hagan a la soberanía y al desarrollo nacional y regional.

Falta y deterioro de puertos, calado insuficiente

Al monopolio de las empresas navieras extranjeras se agregan las dificultades operativas de los buques nacionales que ocasionan la falta o el deterioro de los puertos y su calado insuficiente, lo que constituye una debilidad manifiesta del país.

La administración de la hidrovía Paraguay-Paraná

Los gobiernos y las empresas que administraron la hidrovía arrojan como resultado negativo la extranjerización del transporte de mercaderías ya que banderas extranjeras se traslada el 60% del comercio internacional del país. La bandera argentina es casi inexistente en esta vía y esto se debe a la política tributaria argentina; retenciones a la exportación; aportes laborales; impuestos a la construcción de embarcaciones, etc. Cuestión, que si no se revierte resultará muy difícil modificar.

Tal vez el efecto más negativo y, no tan visible, es que la hidrovía no ha servido lo suficiente para dinamizar las economías regionales argentinas de las provincias del litoral, abaratando fletes tanto de aquellos productos destinados al mercado interno como el comercio internacional.

La reciente constitución de la Administradora Federal Hidrovía S.E. con intervención de las Provincias y el Estado Nacional pondrá a prueba si el Estado puede administrar en forma eficiente este canal central, promover las actividades regionales; el manejo cristalino de las mercaderías y el control del narcotráfico y, también resolverse las cuestiones de dragado que están bajo control de empresas extranjeras.

Las Fuerzas Armadas y seguridad de control en el mar

Con 3.146.345 km2 de Z.E.E.A. a lo que deben agregarse las aguas de la Antártida Argentina, el pasaje de Drake, el Estrecho de Magallanes, etc. la Argentina no tiene medios aéreos y navales suficientes (se estima que deberían quintuplicarse) para realizar el control de los buques de diverso tipo.

La actividad pesquera. Extranjerización y monoexplotación

La pesca hace 50 años era una actividad netamente nacional. Hoy siete de las diez primeras exportadoras son extranjeras (chinas, españolas, americanas, noruegas, etc.). El problema, no es que se traten de capitales extranjeros, sino, que el modelo que impera es “extractivo”, las exportaciones son de bajo valor agregado y la Argentina regala el empleo a los países importadores (desarrollados) y a los transformadores, que agregan valor y reexportan los productos. El 60% de las exportaciones son langostinos, una especie anual de disponibilidad impredecible, cuya carencia provocaría una crisis laboral sin precedentes en la Patagonia. La política la fijan los países importadores y la conclusión podría sintetizarse: se exporta en dólares el 50% menos de los valores posibles.

Ambiente sostenible y depredación

Como consecuencia de las capturas ilegales de los recursos migratorios argentinos en Malvinas y en Alta Mar y, la exploración de hidrocarburos, tanto en Malvinas como en el área austral del Atlántico Sur (sin estudios de impacto ambiental) no están garantizados el ambiente marino y sus recursos pesqueros. El descarte y la depredación dejan sin una ración de proteína diaria a 3 millones de niños y/o adolescentes.

El desarrollo poblacional, industrial y estratégico de la Patagonia

Si bien, los pobladores de la Patagonia tienen un PBI per cápita de US$ 24.000, está muy por debajo de los US$ 100.000 per cápita de los habitantes de Malvinas. La Patagonia es el territorio más despoblado de Argentina con un 6% del total y con una densidad poblacional de 3 hab/km2. El 90,1% de la población está radicada en los grandes centros urbanos y más de 1,7 millones de hectáreas están ocupadas por extranjeros. Resultaría importante vincular el continente con Tierra del Fuego para que las cargas no deban pasar por Chile, pero bien podrían transportarse las mercaderías por vía marítima para reducir los costos de fletes, la polución ambiental y el mantenimiento de las rutas; para ello, debería ser muy importante la construcción de un puerto en Río Gallegos (Santa Cruz), otro en Río Grande y uno nuevo en Ushuaia. Tierra del Fuego, la provincia que se integra con Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, la Antártida y las aguas circundantes, no tiene suficiente apoyo teniendo en cuenta la centralidad que tiene respecto a territorios marítimos e insulares en disputa con el R.U. y la necesaria logística con la Antártida. Por cierto, ello no alcanza para ser autónomos porque las navieras son extranjeras.

La vocación de independencia de los habitantes de Malvinas

El R.U. ha demostrado desde hace casi 200 años (1833) que no tiene vocación de devolver a la Argentina el archipiélago de Malvinas. Esto quedó ratificado con el desconocimiento de la Res. 2065/65 y de la ONU. Una hipótesis que no hay que descartar, es la pretensión de independizarse del R.U. e integrarse como un Estado independiente como parte de la British Commonwealth of Nations (ya me he referido al respecto en un artículo anterior). Más allá de los apoyos que pudiese tener Argentina habría que evaluar qué tan eficaces serían. Todo lo que se haga para resolver los puntos precedentes dificultará que la referida hipótesis se pueda convertir en ley.

Hay herramientas suficientes para revertir esta situación. Se requiere aplicar una estrategia consensuada —en forma coordinada y sostenida— de todos los organismos que en forma directa o indirecta confluyan para revertir una situación que atenta contra interés supremo de la Nación y de todos los argentinos. Nada de lo mismo, que ha sido infructuoso durante 55 años.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

 

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SOBERANÍA Y PODER AÉREO

Marcos Kowalski*

Con la humilde pretensión de contribuir a contextualizar la Importancia de la Superioridad Aérea para la República Argentina, insistiendo en la búsqueda de generar Inquietud e Interés, así como fomentar cambios de mentalidad en la sociedad y los tomadores de decisión políticos en relación con los nuevos escenarios que la era contemporánea obliga a alcanzar para el ejercicio de la Soberanía garantizando la seguridad y la defensa nacionales.

Podemos definir la Soberanía como la capacidad de ejercer el Estado de Derecho en un territorio a mano de instituciones organizadas en un gobierno efectivo y en un contexto determinado. Esto significa que se debe contar con la capacidad total, para ejercer en forma innegable e irrevocable la voluntad de un Estado, mediante el marco jurídico adecuado, que lo faculte a ejercer su poder en su territorio Nacional, y, sin la interferencia de actores externos, ya sean de carácter público o privado.

Pero para ejercer en forma efectiva la Soberanía los Estados deben contar con los medios y los recursos para hacer valer los derechos y la voluntad Nacional, expresados en su capacidad de Defensa (externa) y de observancia de la ley y fiscalización (interna). Sin esos medios y recursos, puede hablarse de una Soberanía legal o de jure (es decir, expresada por cuestiones normativas y legales abstractas) pero solo con los atributos mencionados puede hablarse del ejercicio de una Soberanía real (de facto), es decir que se cuentan con los medios reales para hacer valer el concepto de soberanía. Los Estados modernos deben contar con ambos atributos, el legal y el fáctico y de esta manera participar más eficientemente en una comunidad internacional que se encuentra en constante interacción e interconexión por la vía aérea.

Solo controlando la soberanía del espacio aéreo se tiene capacidad de influir en tierra y mar y, por tanto, el espacio aéreo es estratégico y vital para la supervivencia de los Estados contemporáneos. Es obvio que aquellos Estados que cuentan con más capacidades de defensa, protección y salvaguarda de su soberanía aérea tienen por definición mayor capacidad de prevenir intervenciones e influencias externas en su espacio aéreo y sus determinaciones y, por lo tanto, también en sus territorios terrestre y marítimo.

Para preservar y salvaguardar la soberanía nacional de carácter integral, es primordial, entonces, proteger y salvaguardar el espacio aéreo y esta es una de las labores principales de las Fuerzas Aéreas. El ejercicio de la soberanía implica el uso de los activos aéreos nacionales para ejercer y mantener el código normativo nacional e internacional en este entorno siendo las Fuerzas Aéreas las que poseen un papel preponderante para efectivizar la soberanía dentro del espacio aéreo nacional frente a actores domésticos o foráneos.

Este es el fundamento a partir del cual es prudente reflexionar sobre las capacidades de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) en materia de Seguridad Integral y Defensa Aérea, siendo la Republica Argentina un actor fundamental, como sujeto de Derecho soberano en el escenario internacional, lo anterior no sólo es prudente y procedente para preservar la integridad como Nación, si no que hace a las relaciones internacionales de nuestro país, para promover un mayor entorno de competitividad, de cooperación y de gestión conjunta en los ámbitos políticos, económicos, sociales y militares de carácter hemisférico, continental e internacional.

Contar con los medios y recursos, que habíamos mencionado, implica desarrollar, gestionar y administrar eficientemente los elementos necesarios para proteger la soberanía nacional en forma integral en un entorno complejo y dinámico. Es entonces oportuno señalar que la Soberanía se ejerce no sólo en nuestro territorio geográfico y marítimo, sino también en toda nave que navegue o aeronave que vuele con bandera argentina, además de los ciudadanos argentinos que puedan estar visitando otros países en todo el mundo, porque todo argentino, toda nave argentina y toda aeronave nacional en vuelo es parte del país y por tanto nos encontramos obligados a defenderlos, protegerlos y salvaguardarlos. Para ello existen diversos caminos y medios, pero nada sustituye la necesidad de contar con una Fuerza Aérea eficiente, fuerte y con proyección global.

Entonces debemos decir que es imperioso para cualquier Nación sobre todo para una nación como Argentina contar con PODER AÉREO. Pero ¿Qué es el poder aéreo? La definición más conocida dice que es la habilidad del uso de una o más aeronaves en el espacio aéreo con fines militares, llegando a cualquier punto sobre la tierra, en defensa de los intereses soberanos de una Nación, mientras que EURAC —el foro que agrupa a los jefes aéreos de 17 naciones europeas—, con una visión más actualizada, define el Poder Aéreo como “la capacidad de proyectar Fuerza militar en el aire o el espacio o desde una plataforma o misil que opere por encima de la tierra”.

Podemos ver que la protagonista del Poder Aéreo es la aviación, que ha tenido en el mundo un acelerado desarrollo a partir de inicios del siglo XX, así como su independencia de las fuerzas terrestres y navales. A través del tiempo se ha demostrado que la capacidad de la aviación es el punto de inflexión para ganar o perder una guerra. En efecto, desde la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el empleo del avión comenzó a deslumbrar a estrategas, políticos y pensadores por su potencial para superar la lógica de la guerra de trincheras que consumía inmensos recursos humanos y materiales. Posteriormente, las batallas aéreas demostraron ser decisivas en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y el ejemplo de los éxitos operacionales alcanzados por la fuerza aérea alemana, la británica o la estadounidense, motivó a las demás naciones a constituir sus propias fuerzas aéreas.

La Superioridad Aérea y Dominio del Aire, en el teatro de la guerra o en el de operaciones, se ha constituido en la primera necesidad en un conflicto por los efectos que produce sobre el adversario. Hoy en todo conflicto es imperioso lograr la Superioridad Aérea que es un estado, momentáneo y temporal de la consecución de la guerra aérea donde en la zona en la que se opera se pueden realizar misiones con posibilidad de éxito. Los aspectos de la Superioridad Aérea podrían resumirse en básicamente tres situaciones o estados, la de paridad aérea, la de superioridad aérea y la de supremacía aérea.

Cada uno de esos tres estados se pueden conseguir en tres áreas generales del espacio aéreo en la batalla; en el espacio aéreo propio, sobre el campo de batalla, o en el espacio aéreo del enemigo.

La paridad aérea significa que ambos bandos pueden efectuar misiones exitosas en el mismo espacio. Superioridad aérea significa que se pueden realizar misiones en cierto espacio aéreo con pocas chances de ser repelidos o evitados por el enemigo, es decir que si un bando gana la superioridad aérea sobre el campo de batalla, entonces puede realizar las misiones con poco peligro de ser evitadas o interceptadas por la aviación enemiga y ésta, por lo tanto, pierde la paridad aérea y no puede realizar misiones con alto grado de éxito.

La supremacía aérea significa que el bando controla TOTALMENTE el espacio de batalla. Si un bando tiene supremacía aérea sobre el campo de batalla significa que prácticamente no existen posibilidades que el enemigo realice las operaciones aéreas propias, siendo casi imposible que pueda desarrollar alguna sobre ese espacio aéreo.

Para que se posibilite la supremacía aérea, incluso una superioridad aérea, es necesario que un país cuente con los medios aéreos apropiados para ese fin y debemos recordar que la Republica Argentina es un país obligado por la Constitución a mantener su soberanía, orden constitucional e integridad territorial, para poder cumplir con ello la Superioridad Aérea debe ser el primer objetivo por alcanzar.

Debemos siempre tener presente que nuestro país tiene las Malvinas e islas del Atlántico Sur ocupadas por una potencia extranjera y que es mandato constitucional demandar su recuperación, entonces, deben volver a instruirse por parte de los políticos a cargo de la administración nacional de turno las hipótesis de conflicto abandonadas en 1983, porque en una eventual guerra no se puede esperar que la iniciativa la tenga el enemigo, para reaccionar posteriormente en defensa. La pregunta sería en ese momento ¿reaccionar con qué? O, en el peor de los casos, ¿ya para qué?, si el enemigo ha sido lo suficientemente capaz de neutralizar nuestro Poder Aéreo.

La Superioridad Aérea como parte del Poder Aéreo, como estamos viendo, juega un papel de primer orden en las guerras, batallas y campañas. Sin importar el modo de la guerra en que un país se involucre, es importante conocer las amenazas presentes y futuras que restringen la capacidad del Poder Militar y en especial las del Poder Aéreo, que es quien debe dar la pauta de libertad de acción a las operaciones conjuntas.

Hoy, el cielo tridimensional y la quinta generación en la tecnología se constituyen en los medios y formas para alcanzar el fin del mejor grado de Dominio del Aire. La tecnología de hoy permite evaluar el alcance de las capacidades de una Fuerza de Superioridad Aérea y, en consecuencia, su grado de ventaja sobre el enemigo. La quinta generación constituye el mayor potencial aéreo capaz de enfrentar amenazas y buscar la supervivencia a la hora de proteger una Nación, tener poder aéreo es costoso, mantenerlo aún más, pero no tenerlo es el peor de los costos; puede significar la perdida de la soberanía. Si se posee el suficiente y necesario poder aéreo para alcanzar la superioridad aérea prevista, los comandantes de tierra y mar pueden y deben sentirse más seguros y protegidos y con total libertad de ejecutar sus operaciones.

Pero que debe considerarse al elegir un avión de combate que pueda disputar el espacio aéreo a un eventual enemigo hoy, en el caso concreto de Argentina, con una Fuerza Aérea casi inexistente por desidia o desinterés político, con pilotos con muy bajos sueldos, con materiales vetustos y que se mantienen en vuelo por un esfuerzo impresionante de las tripulaciones, tanto de vuelo como de tierra, la Fuerza Aérea Argentina es una sobreviviente, que viene perdiendo capacidades desde hace décadas.

Un estado de crisis permanente, propiciada por una clase política, solo preocupada por disputas intestinas agonales, no ha podido en su despropósito construir hasta la fecha una base estructural que permita una arquitectura política superadora para retomar el camino perdido hace muchas décadas.

Los políticos no saben o no quieren hacer resurgir la Argentina que siempre fue, han llevado al Estado argentino y a las Fuerzas Armadas a un declive permanente y la Fuerza Aérea Argentina no ha podido recuperar ni mínimamente la capacidad de combate perdida, encontrándose además con serias restricciones en las pocas capacidades, incluyendo el transporte, que posee, reduciéndose hoy a una pequeña cantidad de aviones, muchos ya vetustos, milagrosamente en condiciones de operar.

Es indudable, que, con el estado de cosas actuales, la reconstrucción de un poder militar creíble y con cierta capacidad disuasiva requiere un consenso entre los actores políticos y una continuidad. En ese aspecto el proyecto de ley FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa) que asigna el cero coma treinta y cinco por ciento (0,35%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional para el año 2020, el cero coma cinco por ciento (0,5%) para el año 2021, cero coma sesenta y cinco por ciento (0,65%) para el año 2022, hasta alcanzar el cero como ocho por ciento (0,8%) para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios, si bien es todavía insuficiente representa por lo menos un marco jurídico para el financiamiento en la recuperación de las capacidades bélicas de la Nación.

En lo que a la Fuerza Aérea Argentina se refiere, en un ambiente donde los países de la región tienden a adquirir aeronaves de combate de cuarta y quinta generación, que tienen un alcance, con sus armas, más lejos que el horizonte, superando el campo visual y con capacidad de combate como vectores para lanzar armas inteligentes.

Debemos concebir, la necesidad y con independencia del tipo de combate que se requiera, propender a disuadir mediante una superioridad aérea, con competencia de respuesta más allá del campo visual, además de una serie de capacidades que son, a nuestro juicio, esenciales e inalterables, tanto para el piloto como para el avión.

En el caso de los pilotos, son imprescindibles una alta capacidad de gestión, concentración y reacción inmediata para detectar las amenazas del combate. Parte de estas capacidades podemos decir que, en Argentina, se está logrando mediante el entrenamiento que proporcionan la Escuela de Aviación Militar y el Curso de Estandarización y Procedimientos para Aviadores de Combate (CEPAC) que cuenta con aviones de entrenamiento como los Beechcraft T-6 Texan II e IA-63 “Pampa” que son modernos y hacen que la capacitación resulte buena.

IA-63 Pampa III

La gran carencia es la falta de capacidad aérea de combate, aun cuando el esfuerzo operativo de la FAA, permite que permanezcan en servicio los viejos A-4AR. Está claro que el sistema no tiene mucho tiempo más de vida útil, siendo ya hoy insuficiente en número y capacidades para el control del espacio aéreo, que no puede ser completado por la última versión de un entrenador como es el “Pampa”. En definitiva, las capacidades de hoy de la FAA no alcanzan para proporcionar un control efectivo del espacio aéreo nacional.

La recuperación de cualquier capacidad operativa en la vida requiere, como es bien sabido, tiempo y persistencia en el esfuerzo. A toda la Argentina hay que reconquistarla en sus valores, pero la capacidad bélica, ante un panorama donde nuestros vecinos recurren a hipótesis de enfrentamientos en la zona y se preparan, tanto en planificación como armamento para tal contingencia, debe ser prioridad y fundamentalmente reconstruir nuestra capacidad de respuesta aérea.

A tal efecto debe adquirirse un tipo de aeronave, con sus respectivos componentes, que provean precisión, legibilidad, funcionalidad, fiabilidad y rendimiento que son y seguirán siendo esenciales para garantizar la superioridad en el enfrentamiento aéreo. Recordemos que, en la actualidad, el combate aéreo por lo general y debido al tipo de armamento con el que hoy deberían estar equipados los aviones es más allá del horizonte (BVR, Beyond Visual Range) con un tipo de armas semiactivas, de guía radar que el piloto lanza a mucha distancia.

Debemos, además, tener en cuenta que la lucha por la superioridad aérea está ahora en dar respuesta a las demandas lógicas del combate más frecuente, el BVR, y, en consecuencia, los avances a nivel ingeniería, construcción, e innovación tecnológica destinados a la mejora de la aerodinámica de un avión han llegado a un periodo de maduración. A la hora de adquirir material aéreo hoy la búsqueda se debe dirigir hacia esa tecnología.

Que un avión pueda acelerar más rápido y tenga más maniobrabilidad, siempre son ventajas sobre el enemigo, es indudable, pero en los combates actuales es mucho más importante que el radar de un avión sea mejor que el del enemigo para, entre otras cuestiones, ser capaz de distinguir aviones a más distancia y ver simultáneamente a todos los objetivos.

Respecto a la aviónica, las nuevas tecnologías integradas a bordo convierten a la aeronave en una plataforma óptima para una amplia variedad de misiones, desde vigilancia, reconocimiento y ataque a guerra electrónica e inteligencia de señales. En la carrera por la superioridad aérea de un avión, un área fundamental es la mejora de los aviones a nivel software y, sobre todo, cómo presentárselo al piloto. Es impensable obtener la victoria sin la superioridad electrónica.

El piloto tiene tanta información facilitada por el software de su avión, que su mayor dificultad es ser capaz de gestionarla por completo y saber qué es lo importante en cada momento, para que la saturación de datos no le suponga en ningún momento una sobrecarga cognitiva, porque cuanto más complicada sea la parte informática de un caza, peor será el combate que realice en vuelo. El avión que se debe seleccionar debe tener una presentación de la información mediante el procesamiento de algoritmos que priorice qué información mostrar, en qué orden y en qué momento para facilitar el análisis y la toma de decisiones por el piloto. De la misma manera, la legibilidad y ergonomía de la instrumentación es un requisito de la mayor importancia.

En cuanto a armamento, es fundamental que las innovaciones vayan muy parejas con los avances en radar pero todo avión, cualquiera fuere su misión, debe tener un sistema de misiles de corto alcance, que junto al cañón y el rendimiento aerodinámico son esenciales para un eventual combate visual. Para el combate más allá del alcance visual, se debe implementar, de ser posible, un misil guiado por radar activo con “alcance más allá del horizonte” (BVRAAM) En definitiva, es fundamental que vayan parejos las innovaciones y alcance en armamento con los del radar de la aeronave.

En un país inmerso en una crisis económica permanente, donde no parece que la administración política del Estado argentino resulte capaz para proveer el bienestar común que se preconiza en nuestra Constitución Nacional, con la desaprensión y el desinterés en materia de Estrategia de Defensa de la mayoría de los políticos, es casi improbable que se reconstruya el Poder Aéreo en estos tiempos, pero los que estamos interesados en el estudio de los conflictos a nivel mundial, preocupados por la indefensión de nuestra Patria, nos vemos en la obligación de advertir las carencias en esta materia y ofrecer alternativas y como decimos al principio contribuir a contextualizar la tremenda importancia que tiene la Defensa Nacional y en este caso el Poder Aéreo.

* Jurista USAL con especialización en derecho internacional público y derecho penal. Politólogo y asesor. Docente universitario.

Aviador, piloto de aviones y helicópteros. Estudioso de la estrategia global y conflictos.

 

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