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AUTOMÓVILES ANALÓGICOS Y DINERO DIGITAL

Iris Speroni*

Si así se comportan ahora, ¿cómo lo harán cuando tengan el 100% del control de nuestra billetera? ¿Cómo hará un pobre chango para comer?

– Deme dos kilos de milanesa.

– Acá tiene. Lea el QR.

… Luego de un minuto.

– Señora, le sale rechazado.

– No puede ser, tengo ciento veinte mil cositortos de saldo.

– Acá dice que usted se gastó el cupo de carne del mes.

– ¡Ay! ¿Y cómo podemos hacer? Tengo a mi sobrina viviendo en casa, somos más, me corresponden tres kilos más por mes.

– No sé señora, no me meta en problemas. Vaya al sitio Mi Argentina, acá está el cartel, y explíqueles todo, a ver si le dan permiso. Disculpe, yo tengo que seguir atendiendo.

 

– Tanque lleno, por favor.

– Señor, acá leo que usted no puede cargar. Está a más de 100 km de su domicilio.

– Tengo saldo en Mi Argentina Monedero.

– Si está a más de 100 km, no lo lee. Lo siento.

– Tengo krugerrand ¿lo acepta?

– Señor, hubiéramos empezado por ahí.

– ¡Hola! ¿Cuál es el primer micro que sale a Catamarca?

– Tiene uno en 45 minutos.

– Deme un pasaje por favor.

… Treinta segundos después.

– Señor, usted ya consumió los dos viajes anuales permitidos.

– Pero tengo a mi mamá internada, por favor.

– No sé. No puedo, el sistema no me cobra. Tiene que entrar a Mi Argentina y pedir una excepción. Lo siento.

Uno sabe lo que sigue a cada uno de los casos. Tener que entrar a un portal gubernamental, explicar que tiene la mamá internada, dar el DNI de la mamá (el de uno ya lo dio al ingresar). El sistema va a verificar en la historia clínica de la madre y luego en horas o días, darán el permiso de viaje, si es que lo dan. Ídem el resto.

El mundo occidental tiende a la pérdida de libertades. Cuánta sal ingiero, si como carne vacuna y cuánta. Si viajo, dónde y cómo.

Hoy en Londres multan el uso de los autos viejos con alguna excusa ambientalista. La idea es que sólo los ricos tengan medios de transporte propios. En Oxford implementaron la ciudad de 15 minutos (uno no puede alejarse de su casa, cual siervo de la gleba); tuvieron que recular por las protestas públicas. Francia tiene un proyecto de ley para limitar la cantidad de viajes en avión por año (para el populacho) y Alemania otro que limita la ingesta de carnes rojas por persona por mes.

Estas restricciones serán solamente para los plebeyos. Los muy ricos y los políticos que les hagan el caldo gordo podrán comer lo que quieran, trasladarse en avión privado o Escalade y a pesar del inminente aumento del nivel de los mares por el cambio climático y calentamiento global, comprarse mansiones al borde del mar.

Mansión de Obama en la costa. Adquirida luego de dejar su cargo público en 2016

De la misma forma que nos obligaron a vacunarnos mientras ellos no lo hicieron, como se supo esta semana respecto a la ex primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

Existen numerosas herramientas para ir metiéndonos dentro del corral. Algunas las pusieron en práctica durante la cuarentena.

Hay dos (*) herramientas de dominación de civiles muy avanzadas en su aplicación: sacarles los autos a la población, con exigencias pseudoambientalistas, verificaciones técnicas, etc., de tal forma que sólo los ricos y las autoridades gubernamentales tengan locomoción propia; y el dinero electrónico.

Dinero Digital

¿Les parece impensable que el Estado condicione cuantitativamente el uso del dinero fiat? Eso es lo que sucede hoy con la tarjeta ALIMENTAR, que tiene predeterminado el uso del dinero depositado en cuenta. Limitar a toda la población es solamente un paso adicional.

El dinero digital es dinero que emite un gobierno ―cualquier gobierno― no en papel o moneda, sino electrónicamente.

Es una idea del Foro Económico Mundial, avalado por todos los popes de la banca pública y privada de Occidente, criaturas como Christine Lagarde, por ejemplo.

Actualmente el mismo gobierno que nos propina emisión de papel moneda descontrolada y, peor aún, de LELIQs desaforadas, quiere poseer una tercera herramienta para empobrecernos. Es un mono con dos navajas: LELIQs y pesos.

Massa y Unión por la Patria quieren que les demos una ametralladora.

El historial de los protagonistas

Hay dos candidatos que proponen la imposición de la moneda digital. Massa, por UxP y Bullrich, por JxC.

Massa tuvo el dudoso privilegio de ser el primer intendente en gravar la venta minorista de combustibles a nivel municipal. Su bloque “federal” propuso y/o acompañó mayores y nuevos impuestos tanto en el gobierno de Macri como en el de Alberto Fernández.

Tomó, ya como ministro de economía, un país con alta inflación, y en sólo un año, aceleró el desastre, con la emisión tanto de pesos como de LELIQs.

La responsabilidad de controlar la emisión monetaria y el accionar del BCRA está en cabeza del Congreso. Según la Constitución debe definir el valor de la moneda, los montos de emisión y cuántas LELIQs (si alguna) y a qué tasa emite el BCRA. De nada de esto se ocupan los legisladores de los partidos mayoritarios, que miran para otro lado mientras el país desbarranca. 

Abuso de poder

El Estado argentino ha demostrado en infinidad de ocasiones durante el actual régimen iniciado en 1983 autodenominado “democracia” su propensión a abusar del poder.

Sólo con observar el accionar de la AFIP, ARBA o SENASA, lo comprobamos. Regulaciones, formularios, prohibición de trabajar si no se cumple con alguna de las infinitas pruebas de sumisión que demandan (a veces de cumplimiento imposible). Estas agencias son responsables de dejar fuera de la actividad económica a decenas de miles de familias y empresas; de desertificar grandes zonas del país, incluso en la Pampa Húmeda (**).

Si así se comportan ahora, ¿cómo lo harán cuando tengan el 100% del control de nuestra billetera? ¿Cómo hará un pobre chango para comer?

El control

La moneda digital está diseñada como una herramienta de opresión del Estado sobre el individuo.

La moneda digital no trata de dinero sino de control. 

Obviamente, habrá mecanismos legales para que los plebeyos sorteemos las restricciones. Nos obligarán a ingresar al sitio oficial Mi Argentina, (www.argentina.gob.ar) y explicar vida y milagros. El tener que ingresar y “explicar” (ya sea a Mi Argentina o a la AFIP o al SENASA) son en sí sumisiones, como tener que llevar el auto a la VTV.

El Nuevo Orden jurídico futuro ha sido y es construido ladrillo a ladrillo (***). En este año en curso 2023, los dos partidos mayoritarios (UxP y JxC) votaron digitalizar las historias clínicas y que las mismas estén a disposición de la burocracia gubernamental. Ahora el gobierno puede autorizar el uso de nuestro dinero (digital) si cumplimos con tal o cual requisito de salud. Por ejemplo: si usted se practicó una vasectomía luego del segundo hijo. ¿Parece extremo? Eso ya lo escribieron en 1974.

Descripción hecha por George Alexopoulos (@GPrime85) para la realidad de EEUU. Imaginen cuando acá les exijan la vasectomía para poder comprar una botella de cerveza.

 

Es un retroceso a las eras pre-modernas. Entonces los comunes no podían poseer caballos (como ahora nos quieren limitar el uso del automóvil), y no se podía dejar la tierra en la que uno había nacido, excepto que el señor de la comarca lo autorizara.

Las restricciones sobre la fertilidad sí son una novedad (si hacemos la vista gorda sobre los castrati en el Occidente Cristiano o los eunucos en el mundo árabe o chino). Las primeras que sabemos son las eugenésicas en Alemania y EEUU (y acá en 1921) y en China con “un hijo por familia” del régimen de Mao.

El dinero caduco

El otro punto sobre el que se habla poco en público pero está profusamente escrito, es que el dinero electrónico posea fecha de caducidad (lo que impediría ahorrar en esa moneda). Es un sistema similar a los de los puntos de “regalos” de algunas empresas.

Con este sistema el gobierno obligaría a “consumir” todos los ingresos e impedir que los comunes ahorremos (para comprar un techo o un automóvil). Por ejemplo: un trabajador cobra una indemnización por despido (****). El gobierno puede inhibir la compra de moneda fuerte o cualquier otro mecanismo de ahorro. Ese dinero tendría fecha de caducación, de tal forma de obligar al consumo del monto percibido dentro de un plazo.

Una vieja forma que tenían las personas para ahorrar era el oro. Gran cantidad de nuestros abuelos y bisabuelos, muy muy pobres, poseían una cadenita, una cruz o alguna otra joya valiosa o semivaliosa. Eso les permitió comprarse un pasaje a América o salir de situaciones desventajosas. 

Los gobiernos de Occidente hicieron propaganda durante el siglo XX, en particular luego de la Segunda Guerra Mundial, para que las familias no comprasen oro. Viajar, televisores enormes, consumir drogas, pero no oro. Es más, el gobierno de EEUU hizo una gran campaña publicitaria para que las familias le vendieran su oro al gobierno (*****).

Exageraciones

¿Creen que exagero?

Con la excusa del covid prohibieron transitar. Exigían permisos para ir de casa al trabajo, aunque la mayoría de la población no tuviera una impresora ni dinero suficiente para comprar megas de internet con el cual operar en los sitios electrónicos oficiales.

El presidente de Francia prometió fastidiarle la vida a quienes se negaran a vacunarse. El gobierno de Canadá confiscó todos los saldos electrónicos de una colecta a camioneros en huelga.

Hoy la AFIP impide a un herrero o a un plomero trabajar si no tiene al día el pago de un monotributo (******).

Si tanto AFIP, como ARBA, como SENASA ya lo hacen. Si el BCRA durante el gobierno de Macri obligó a todos los comercios minoristas a cobrar con tarjeta de débito con el costo que conlleva para el comerciante en una sociedad pauperizada.

¿Por qué no ajustarían una vuelta de tuerca adicional?

El automóvil

Tenemos que volver al automóvil analógico. A aquél que no se pueda parar con una computadora. El que permitirá mover (civiles y tropa) si somos invadidos. Piensen cuál es la situación hoy de los armenios en Nagorno Karabaj que no tengan auto propio. Se tienen que ir caminando, con lo puesto. Piensen cuán importante es tener auto propio, que gaste poco combustible y que no pueda ser monitoreado. Es la diferencia entre la vida y la muerte.

Tenemos que volver a fabricar Renault 4 sin electrónica alguna (o similar). Tirar a la basura todas las nuevas restricciones legales (inventadas por las automotrices y que no han servido para nada excepto encarecer los autos). Si alguien quiere comprarse un Escalade, puede. Si uno quiere un Rastrojero o un Fiat 600 analógico, puede.

Un propósito de un partido político debería ser: al menos un Renault 4 100% analógico por hogar. El Estado Mayor Conjunto nos va a agradecer. De igual forma liberar el uso de caballos en todo el país. Por las mismas razones: libertad de movilidad, libertad de portación de armas, libertad de moneda. No piensen que es algo descabellado que Argentina sea invadida.

En cuanto a la moneda digital: no permitamos ser campo de pruebas de la élite internacional.

Con el dinero digital debemos pararnos de manos contra los gobernantes: hacerles saber enfáticamente, que nos oponemos.

Propuestas
  1. Automóvil analógico para todos. De bajo consumo de combustible. Barato.
  2. No al dinero digital. Movilizarse. Hacer lío. Volverlos locos a los políticos. No es no.
  3. Ahorrar en oro. En el Estado (reservas) y democratizar de todas las formas posibles el ahorro en oro para las familias.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

Notas relacionadas

ENDURO

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Ahorro

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Del pase sanitario al crédito social chino

@hpititiminisky

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Black mirror: crédito social

@Lohengrin82https://restaurarg.blogspot.com/2020/05/black-mirror-credito-social.html

La deuda y las mentiras verdaderas

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Llenar los cofres

https://restaurarg.blogspot.com/2023/05/llenar-los-cofres.html

Artículo publicado el 07/10/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/10/automoviles-analogicos-y-dinero-digital.html.

INDEMNIZACIONES LABORALES

Iris Speroni*

Hablamos de U$D 4.034.107.584 anuales

Algunas consideraciones sobre el actual sistema de indemnizaciones por despido.

– Desprotección del trabajador en el sistema actual

El sistema en curso desprotege a gran parte de los trabajadores que se desempeñan en el sector privado. Queda claro que si el empleador es Coca-Cola, el trabajador eventualmente va a cobrar su indemnización por despido. ¿Pero qué sucede si el empleador es un taller o una fonda? Puede ser que quiebre antes de que sea efectivo el pago. No hay seguridad alguna de cobro si el empleador es una Pyme o una persona física.

– Cementerio de PyMes

Actualmente, el statu quo pone a todo empresario pequeño o mediano, todo taller, incluso una familia que contrate personal doméstico, a un escalón de la muerte económica. Un solo juicio laboral puede hacer quebrar a la empresa. Son varios los factores: la imprevisibilidad del costo de la indemnización, las tasas de actualización de los juicios laborales y los innumerables factores que hacen al monto base del reclamo. Todo eso hay que despejarlo y hacerlo previsible. No hablo acá de quitarle derechos al trabajador sino a que el número final sea previsible y no arbitrario o caprichoso.

– El imaginario del trabajador en relación de dependencia

Esto es interesante y absolutamente subjetivo. Todo trabajador calcula permanentemente en su cabeza el monto indemnizatorio. Considera el dinero de la indemnización como un crédito contra su empleador, aun cuando sea él quien renuncie o se jubile. Tramita la jubilación y luego hace juicio laboral. Este imaginario es el que tomo en cuenta al hacer la presente propuesta.

– El costo para las grandes empresas

No es un costo importante para las grandes empresas, las cuales tienen gran capital y poco costo laboral (con excepciones). Además, la propia rotación de personal les da erogaciones mensuales que las tienen asimiladas al costo laboral corriente. Situación totalmente diferente al de las PyMes. Inconvenientes: a) no descontar del impuesto a las ganancias las provisiones por futuras indemnizaciones, b) contratar estudio jurídico especializado para administrar la cartera de juicios, c) costo administrativo interno. En el caso de querer vender la empresa, el costo de indemnización ―imprevisible― se deduce del precio, lo que es un incordio.

La UIA hace años que trata de imponer un seguro de desempleo como actualmente existe el seguro de riesgos de trabajo. Esta iniciativa tiene un problema muy grave, que la industria del seguro conoce bien: favorece al que peor se comporta. En este caso favorecería a quien tiene mayor rotación de personal en detrimento de los buenos empleadores. Asimismo sería un subsidio de todos los que pagan el seguro a quienes, adrede, desean deshacerse de los trabajadores con mayor antigüedad (para bajar el costo total de las contingencias laborales). Por lo que propongo algo diferente: el ahorro indemnizatorio.

La actual ley de indemnizaciones por despido implica un mes de indemnización por cada año trabajado (antigüedad), un mes de preaviso y completar el mes en curso, más las vacaciones y aguinaldos proporcionales. Entonces, una persona que trabajó 3 años cobraría una indemnización de 5 sueldos más vacaciones y sueldo anual complementario.

Sobre esto hay varios problemas. Si el trabajador alega haber trabajado en negro (aunque sea por un día; u horas extras), puede pedir la duplicación del monto. Asimismo la tasa de actualización de las sumas reclamadas es distinta en el fuero laboral que en el civil y comercial. Un despropósito.

Además, la conformación del fuero laboral está hecho en base a recomendaciones de sindicalistas y de abogados laboralistas. Esto es muy grave, no sólo porque la parcialidad desmerece el funcionamiento del fuero, sino porque en este sistema político bipartidista, el nombramiento de los favoritos en el fuero laboral por parte del Partido Justicialista es hecho a cambio de regalarle a la UCR los fueros federales y nacionales. El Deep State.

Y, además, el sistema actual no protege al trabajador de la insolvencia ―real o inventada― del empleador. Además, seamos francos, si un trabajador logra una indemnización que hace quebrar a una pyme, él, tal vez, cobre una buena suma, pero deja al resto de sus compañeros sin trabajo.

Objetivos del nuevo sistema
  1. Previsibilidad en la suma de la indemnización para ambas partes.
  2. Seguridad de cobro para el trabajador.
  3. Posibilidad para las empresas de descontar de ganancias el costo indemnizatorio.
  4. Ahorro para el trabajador.
  5. Ahorro general para la República Argentina.
  6. Descomprimir los juzgados laborales.
  7. Recaudación del ANSES y/o sindicatos.

Con este esquema los únicos perjudicados serían los abogados laboralistas que verían una disminución de los casos a su cargo.

Propuesta

Por lo que propongo un sistema de ahorro de la indemnización, con una cifra única en todos los casos y que no llegue a los tribunales laborales.

Básicamente, que el empleador adelante el monto de la indemnización.

La indemnización se divide en a) mes en curso y b) preaviso + mes por antigüedad con sus adicionales de vacaciones y aguinaldo.

La antigüedad es un sueldo por año, esto es 8,33% del sueldo. Sería un sueldo anual complementario adicional.

Lo que propongo es:

  • Que se pague en la totalidad de los casos:
    • Despido con causa,
    • Despido sin causa,
    • Renuncia,
    • Jubilación,
    • Fallecimiento del empleado y/o empleador,
    • Invalidez, ya sea por accidente de trabajo o por cualquier otra razón.

En resumen, no importa la causa, el trabajador cobra.

  • No hay duplicación de indemnización por trabajar en negro. Si hubo una contratación en negro y queda efectivamente demostrada, se ampliarán los años de indemnización a los que correspondan, pero no habrá duplicación. Sí tendrá que pagar el empleador al ANSES los años no aportados (habrá que poner una tasa de actualización razonable para este ítem y no una tasa de interés punitoria).
  • El empleador pagará a un tercero el 8,33% del sueldo o el SAC quien será el depositario del monto indemnizatorio. Este tercero podría ser el ANSES o el sindicato del trabajador. El control sobre el ahorro por parte del administrador de ese fondo debe ser muy estricto.
  • El trabajador, cuando termine el contrato laboral, cualquiera sea la razón, cobrará un sueldo mensualmente hasta extinguir el fondo acumulado.
  • En el caso de jubilación o invalidez, una vez obtenido el cobro de su beneficio social por parte del ANSES, podrá retirar todo el dinero acumulado.
  • Se pueden evaluar casos especiales. Por ejemplo: permitir retirar hasta el 30% del fondo acumulado si la persona tiene un trabajo estable cuando el dinero se destine a la compra de un terreno o de una casa, como pago inicial.
  • No entran en el sistema los empleados públicos.
  • La historia laboral del empleado:
    • En el caso de la antigüedad acumulada previa al inicio de funcionamiento (*) se permitirá que las empresas conformen el fondo indemnizatorio en la cuenta de ahorro de los trabajadores con el siguiente esquema:
      • Dos años para las empresas grandes
      • Cinco años para las PyMes.
      • Conformar un moratoria y/o jubileo para el trabajo no declarado:
        • Dar la oportunidad de blanquear antigüedad no registrada para los empleadores. La patronal deberá conformar los fondos de ahorros de los trabajadores según la situación blanqueada.
        • Darle un año a los trabajadores para denunciar las situaciones no registradas. Algo tipo “hable ahora o calle para siempre”.

Esto de “ahorrar” toda la historia laboral es importante. Si no se hiciere, si se armara un caso de “a partir de las nuevas contrataciones” se creará una categorización de trabajadores “con la nueva ley” o “con la antigua ley” y las empresas estarán tentados a deshacerse de los empleados antiguos y librarse de la contingencia de los juicios laborales. Por eso propongo que las empresas conforme el ahorro de los trabajadores existentes para que exista una única categoría de trabajadores en el sector privado. Considero relevante esta distinción.

  • Por lo tanto quedarán fuera de los tribunales todos los reclamos de despidos sin causa porque en todos los casos el trabajador cobrará. En cuanto al monto del sueldo (horas extras en negro, por ejemplo), debe haber una obligación del trabajador de hacer una denuncia en plazos acotados. No puede ser una situación abierta. Y el reclamo será en unidades de sueldo y no montos con tasas de actualización delirantes.
  • El fuero laboral quedará para otro tipo de situaciones: empresas que no respetan las medidas de seguridad o maltrato en el ámbito laboral. No para ver si la persona cobra o no cobra, porque cobrará siempre.
  • Todas las demandas, por cualquier razón, se determinarán en moneda dura (el peso oro por ejemplo, o alguna divisa) y la tasa de actualización no podrá ser mayor al 4% anual.
  • Algunos empleadores dirán que aumentar un 8,33% el costo laboral es una barbaridad. Es un aumento por única vez, muy inferior a la inflación.
  • Las ventajas para el empleado son obvias: cobra indemnización en cualquiera de los casos de disolución de la relación laboral, y tiene garantía de cobro aún si el empleador quebrara.
  • Los empleadores deducen el costo de la liquidación de ganancias.
  • Elimina todo incentivo para deshacerse de los empleados con mayor antigüedad (y hoy con mayor contingencia) con lo que ayuda a garantizar la continuidad laboral.
¿De cuánto dinero estamos hablando?

Hablamos de un ahorro a administrar de U$D 4.034.107.584 anuales.

Según las estadísticas del ANSES “CUADRO 1.1.2.b APORTANTES AL SIPA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA SEGÚN RÉGIMEN. MARZO 2023”, a marzo 2023 había 5.918.928 trabajadores en el sector privado con una masa salarial de 1.464.035.719.215 pesos.

En dólares, con el blue a 393 pesos el 31/03/2023, hablamos de una masa salarial de U$D 3.725.281.728.

Mi propuesta es aportar el 8,33% de ese monto a este fondo de ahorro. Entonces hablamos de U$D 310.315.968 mensuales, U$D 4.034.107.584 anuales.

[$ 1.464.035.719.215÷393 $/U$D x 0,0833 x 13 ] = U$D 4.034.107.584 anuales.

Éste sería el monto a administrar anualmente (cobrar, adjudicar a las cuentas individuales, pagar las liquidaciones, invertir). Monto que se acumula, obviamente. Y que si logramos poner dentro del sistema a todos los que hoy están afuera, tendrá valores superiores.

El ahorro
  • Propongo que el ahorro del trabajador (el 8,33% del sueldo) al igual que el historial que pondrá al día el empleador en dos o cinco años se invertirá según la elección de cada trabajador en las siguientes opciones:
    • oro (que puede ser gramos de oro o pesos oro – oro 900) sin actualización.
    • divisas (dólar, euro, yuanes) sin actualización, a elección del trabajador.
    • cartera de divisas (⅓ dólar; ⅓ euro; ⅓ yuan) sin actualización.
    • bonos del Tesoro en divisa con garantía de recaudación aduanera con 4% de actualización anual.
    • bonos hipotecarios por viviendas del mercado argentino en divisa.
    • Algún mix de las anteriores pero no más de dos opciones (50% A y 50% B).
    • Podrán cambiar de opción una vez al año.

Estoy en contra de que con el ahorro de los trabajadores se compren bonos del gobierno o acciones y obligaciones negociables de empresas. Eso ya lo vivimos con las AFJPs (**) y resultó que la llenaron de títulos públicos, y los papeles privados no eran de calidad, pero como había que cumplir una cuota, se terminaba comprando cosas que no era kosher; sólo porque la ley así lo obligaba. Así que propongo la compra de oro o divisas.

  • El costo de administrar el fondo no se cobrará al trabajador. Si lo administra el ANSES, asumirá el costo la Administración; si lo hace el sindicato, el costo administrativo lo abonarán los empleadores con algún cargo mensual.
  • Se puede pensar en un sistema administrativo mixto del ANSES y los sindicatos. El ANSES tiene una experiencia informática que pocos hoy pueden igualar.
  • Es una fuente de ahorro adicional para la Nación.
Cargas Sociales

Actualmente la diferencia entre el costo de un trabajador y el sueldo de bolsillo es abismal. El sistema actual logra dejar insatisfechos a empleado y empleador por igual. Al empleador le genera un costo que no siempre puede descargar, de ahí que se cuida en ofrecer empleo, y el trabajador recibe la mitad del costo, lo que a todas luces es insatisfactorio.

Por lo que propongo eliminar toda carga laboral y empezar de cero.

  • el empleador pagará al fondo indemnizatorio (8,33% del sueldo).
  • el empleador pagará el seguro de riesgo de trabajo como actualmente.
  • el resto de las cargas para el empleador se eliminan.
  • el empleado abonará 10% para el fondo jubilatorio (ANSES).
  • el empleado abonará la cuota sindical.
  • el resto de la retenciones laborales se eliminan.

Las Obras Sociales Sindicales quedarán como administradoras de servicios de salud, como actualmente, pero el dinero vendrá del gobierno nacional, responsable del pago de salud, que deberá recuperar toda la salud nacional. A las OOSS no les afecta, porque el dinero lo reciben igual que ahora, pero no del bolsillo del trabajador o del empleador.

PAMI se financiará con dineros públicos.

Será una forma de devolver, en parte, el dinero que el estado nos viene quitando en los últimos años.

Estas medidas reducirán la brecha entre costo del empleado y el sueldo de bolsillo.

Terminar con el problema de los despidos, permitirá eliminar una de las grandes barreras al trabajo formal.

El objetivo debe ser:

  1. pleno empleo,
  2. buenos sueldos,
  3. 100% de los trabajadores en blanco.

Entiendo que la presente es una propuesta que beneficia a todas las partes, pero en particular a los trabajadores. Puede ser que alguno cobre buen dinero luego de un juicio. Por lo general es plata que viene tarde y mal con muchos comiendo en el medio. El trabajador necesita la seguridad de que va a llevar un plato a la mesa de su familia al mes siguiente de perder el trabajo. Este sistema se lo garantiza. Siempre es mejor plata en mano. Ése es el verdadero derecho del trabajador.

Por otro lado, una propuesta como la presente, permitirá reducir la actividad del fuero laboral en forma notoria.

Por la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Patria.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

Nota

(*) Supongamos que el sistema comienza a funcionar el 30/06/2024. Una persona trabaja para un banco desde el 2014. Ya tiene 10 años de antigüedad. La patronal comienza a aportar a partir del 01/07/2024. ¿Qué sucede con los 10 años acumulados? Son 10 sueldos más su aguinaldo (SAC).

Por ser una gran empresa, tiene dos años para conformar ese dinero (10 sueldos con aguinaldo). Si es una PyMe, hay que concederle más tiempo. Con eso limpian su historial de contingencias. Eso será dinero adicional a administrar además de los U$D 4 mil millones anuales.

También hay que hacer un jubileo respecto de la historia en negro. El sistema actual es absurdo. Basta haber pagado una hora en negro hace diez año y el trabajador puede reclamar doble indemnización.

Si se trabajó en negro, la única obligación del trabajador es cubrir el pago previsional.

Ni siquiera el de la OOSS, porque luego de un tiempo (¿dos años?) el reclamo debe prescribir. 

Lo mismo con el trabajo en negro. Luego de un año, no hay reclamos.

(**) Trabajé 10 años en una AFJP, y se trataba de una muy correcta y que seguía las reglas al pie de la letra. Las reglas estaban mal, porque obligaban a comprar papeles en la bolsa. Tarde o temprano ―en cualquier bolsa, pero más aún en la nuestra que es diminuta― uno termina comprando basura. Por eso: oro, plata o divisas o bonos en dólares con garantía de recaudación aduanera.

Artículo publicado el 23/09/2023 en Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/09/indemnizaciones-laborales.html.

UNA GUERRA DE VEINTE AÑOS POR EL ÁMBITO SOCIAL

François Soulard*

La democracia es el único régimen que cree estar obligado por sus principios a no defenderse de sus enemigos.

Raymond Aron (Introducción a la filosofía política).

 

Un conflicto estructural no nombrado

Es difícil, por no decir imposible, entender las problemáticas profundas de Argentina sin abordar sus dinámicas conflictivas y abordarlas desde una mirada renovada. El país no enfrenta meramente el cuadro general de cualquier integrante del Sur global, teniendo que sortear las distorsiones centro-periferia como lo recordaba Raúl Prebisch, la puja de sus facciones antagonistas internas o las fragilidades heredadas de las democracias parlamentarias tal como lo describiría un observador liberal como Martin Wolf[1]. Si bien todos estos criterios pueden ser válidos, es central focalizarse sobre la conflictividad estructural, susceptible de contener conflictos derivados, pero jerarquizando a toda la sociedad con la particularidad de ser paradojalmente menos detectable desde los marcos generales de percepción y además menos regulable desde las funciones heredadas del sistema político democrático-liberal.

En definitiva, es precisamente por una falta de percepción y de determinación para enfrentar a esta conflictividad que el país transita una situación de multiplicación de conflictos latentes y ramificados, desembocando en lo que varios comentaristas suelen retratar de «decadencia», de «zona gris» o de «Estado fallido».

Una guerra social encubierta, no convencional y no armada

En efecto, la Argentina se encuentra subsumida en un estado de guerra social de larga duración, ni declarada y ni armada, pero animada de fines estratégicos y políticos como lo es cualquier guerra contemporánea. Aplicando las reflexiones polemológicas de Aron y Clausewitz, cabría entonces designar cuáles son las entidades expresando una voluntad de enfrentamiento y cuáles son los medios violentos explícitamente movilizados en el marco del conflicto. Ahí aparece un primer problema con la segunda pregunta porque si bien podemos presenciar episodios puntuales de violencia física, es evidente que no estamos ante una confrontación violenta o una guerra civil armada de alta intensidad, semejante a otras fases bélicas de la historia nacional. No se trata de una guerra convencional, sino de una guerra combinada de otro tipo, de menor intensidad, disimulada en cuanto a sus fines, ejecutada en el ámbito social y político mediante otro tipo de fisionomía y medios.

Principales actores estratégicos

La primera pregunta enunciada en el párrafo anterior es más solventable. La dialéctica de voluntades ofensivas que estructura a Argentina pone en presencia a tres actores principales: las formaciones neomarxistas, con niveles de coordinación a nivel regional, procedentes de la tradición castro-revolucionaria y reconfiguradas después de cuatro fases previas de evolución como lo recalca Pablo Anzaldi[2]; el nacionalismo estadounidense, con su imperium continental (doctrina Monroe) y global, expresado en dos vertientes (capitalismo globalista pos-crecimiento y nacional-capitalismo liberal conservador); el nacionalismo inglés, aliado al anterior y fuente del conflicto militar en la Guerra del Atlántico Sur y de la disputa de las islas Malvinas.

Otros actores, como Venezuela, Israel, Irán o China, completan este panorama. Del mismo modo, convendría mencionar a otros actores locales, como por ejemplo las familias partidarias tradicionales de Argentina (justicialismo, republicanismo liberal, socialismo, etc.) o los sectores productivos estructurados. Sin dejar de tenerlos en cuenta, los consideraremos en este análisis en un plano más segundario.

Etapa previa: lucha armada, guerra del Atlántico Sur y political warfare posterior

La lucha armada, iniciada a partir del año 1959 con el respaldo del bloque soviético, abrió el camino para la represión militar en toda la región, avalada por Washington. En 1983, agotada la violencia tanto en los grupos civiles armados como en el régimen militar, el gobierno de Ricardo Alfonsín sentó las bases de una dependencia judicial y cognitiva decisiva para trasladar el conflicto anterior a otro escenario. Asumió la propuesta, diseñada desde la inteligencia británica y traída localmente por el jurista argentino Carlos Nino, de judicializar, en el marco del derecho civil, la pacificación posterior al enfrentamiento armado. Este proceso creó un frente de disputa interna y dio viabilidad a una ofensiva judicial y cognitiva apuntando el debilitamiento de dos núcleos del Estado nacional: la justicia y las fuerzas armadas.

Londres y Washington, doble artífices de una guerra insidiosa

Londres fue el primer artífice de esta modalidad de guerra (conceptualizada en 1948 por el norteamericano George Kennan), pero cuyos fundamentos están presentes en varias culturas estratégicas. Supo entender que la fase posterior a la victoria militar en el Atlántico Sur trasladaba nuevos antagonismos al tablero sociopolítico, con el riesgo potencial de que se reconstruya un nacionalismo argentino. Incentivó el prototipo de una guerra por el ámbito social (political warfare en inglés), basada en un conjunto de acciones combinadas e implementadas esta vez en tiempo de paz: difusión de conocimiento en universidades, presencia en los medios de comunicación, «entrismo cultural», activismo judicial, sostén de formaciones políticas colusivas (campo marxista-leninista), apoyos financieros a organizaciones locales (el Centro de Estudios Legales y Sociales en particular). Sus metas fueron debilitar la unidad estratégica del Estado nacional y modelar el entorno cultural y perceptivo de la sociedad, siempre de manera furtiva a fin de no despertar respuestas defensivas.

En paralelo, otro modelaje ofensivo se fue reforzando desde los Estados Unidos en los años 1990, a través de la generación de dependencia económica y de la jerarquización del conocimiento en materia de economía, ciencias de gestión, geopolítica y polemología. En 1993 el secretario de Estado Christopher Warren sellaba una política de seguridad económica elevada como prioridad de política exterior que Carla Hills, delegada al comercio (me parece mejor “representante comercial”) de 1989 a 1993, resumía con la siguiente fórmula: «abriremos los mercados extranjeros con una barra de acero cuando sea necesario, pero con un apretón de manos siempre cuando sea posible». El alcance de este modelaje, aplicado al interior de la OTAN y en otras latitudes, es de no divulgar las herramientas conceptuales para librar estas modalidades furtivas de guerra y de focalizar la atención en otras.

Conquista del poder e ingeniería social dual

En Argentina, el año 2003 marca el punto de retorno y llegada al poder de las formaciones afiliadas a la base neomarxista latinoamericana. Los coletazos político-económicos de fines de los años 1990 fueron aprovechados para facilitar su ascensión, de modo democrático o pseudo-arbitrario. Luiz Lula da Silva y Hugo Chávez llegan por las urnas en Brasil (2002) y Venezuela (1998), el segundo habiendo ensayado un golpe de Estado (1992). Evo Morales en Bolivia y Eduardo Duhalde en Argentina llegan luego de procesos de enfrentamiento territorial que terminan desbordando a los gobiernos establecidos (renuncia de Fernando De la Rúa en Argentina, renuncia de Carlos Sánchez de Lozada y Carlos Mesa en Bolivia como consecuencia de la Guerra del gas).

De entrada, el gobierno de Néstor Kirchner pone en marcha una ingeniería social dual (negativa y positiva), apuntando a conquistar la confianza de una parte de la sociedad a costa de la activación de conflictos triangulados y la designación de enemigos internos. Los movimientos sociales, los sectores sindicales, los partidos de izquierda y de centro-izquierda, junto con las masas informales son aliados y se ven movilizados en un proceso de rearticulación transversal. Una vez estabilizado, el poder ejecutivo anula rápidamente la Ley de obediencia debida y reabre el juicio a las cúpulas militares en continuidad con la etapa previa mencionada. Los derechos humanos son elevados al rango de secretaria de Estado y sirven de escudo informacional para atacar a poderes constituidos (medios de comunicación, justicia, fuerzas armadas, inteligencia, empresariado industrial). En el plano económico, la demanda global en commodities abrió un ciclo de prosperidad fiscal hasta el año 2010.

En el campo psicosocial, cada línea de tensión o cada adversario designado viene acoplado con un grado de desautorización que apunta a instalar un margen de rechazo en la sociedad («los militares son genocidas», «Clarín miente», «la derecha es reaccionaria»). Los medios de comunicación opositores o el campo liberal-republicano abonan a la misma lógica inversa, activando así una suerte de triángulo de Karpman (círculo vicioso de persecución, victimización, salvación), participando de una mayor polarización e histerización de la sociedad. En 2008 la Resolución 125, que cuestiona a la renta agraria, constituye uno de los conflictos más agudos obligando al sector agroindustrial a definir su límite mediante un conjunto de medidas de fuerza.

Subversión y guerra informacional

En el telón de fondo, el cuestionamiento epocal de la visión positiva del desarrollo heredada de las revoluciones industriales y de la falsa pacificación asociada a la globalización, abona al diseño de una política de relativismo y de revisionismo. Bajo el paraguas del progresismo, varios puntos débiles del liberalismo son atacados (desigualdades, crecimiento por derrame, concentración de riqueza, etc.) para legitimar un «Estado presente» a la par de los derechos sociales. En la realidad profunda, este manejo de las percepciones no impide la práctica de un capitalismo tradicional y su subversión con el propósito de captar poder y recursos. Es un hecho que la mayoría de las experiencias progresistas a nivel regional demuestran un nivel inusual de predación de recursos y de maniobras concentradoras de poder.

Los derechos humanos, al igual que el indigenismo o el ecologismo, están instrumentalizados como un factor cultural e identitario de segmentación y de complejización de la sociedad, coincidiendo ahí con la vertiente globalista del nacionalismo norteamericano. Ya practicadas en otros contextos (África del Sur, Europa del Este, Medio Oriente), estas estrategias buscan cultivar un mayor grado de entropía social favorable a la desarticulación del tejido nacional. En este punto precisamente se cristaliza una colusión de objetivos entre los sistemas de influencia anglosajona y el proyecto neomarxista latinoamericano.

En el terreno del conocimiento, la veintena de universidades creadas en el conurbano bonaerense (por citar un ejemplo) extienden la búsqueda de acomodar una matriz de conocimiento compatible con la cosmovisión de estos proyectos. Es acompañado por un entrismo en las estructuras académicas existentes. A partir de 2009 se buscó desconcentrar a los grandes medios de comunicación (Ley de servicios de comunicación audiovisual) encarnados por el grupo Clarín. Fue resistida en la justicia por medidas cautelares (demandadas por el mismo grupo Clarín) y finalmente modificada en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri.

De forma general, la arquitectura de guerra informacional desplegada abona a mantener un cerco cognitivo en la sociedad y al interior de los grupos sociopolíticos afines. Es necesario limitar los elementos de unidad nacional o distanciarse del mito liberal fundacional frustrado de haber sido una «gran nación argentina». La realidad es sistemáticamente abordada con percepciones alteradas o desviadas y, según los casos, envueltos en ofensivas informacionales de fuerte intensidad (expropiación de REPSOL-YPF, caso Alberto Nisman, causa Correo, endeudamiento con el FMI, Santiago Maldonado, ARA San Juan). El triple registro de la victimización, combinado con el de coaccionar y de rescate (formalizado por Stephen Karpman), han potenciado los alcances de la ingeniería social.

Escasez de voluntad y de ideología

Frente a esta iniciativa de demolición endógena de la sociedad argentina, ha sido notable la escasez de ideologías, de voluntad y de métodos de parte de sus contrincantes. No es propio a Argentina, sino a cualquier régimen político dejando de ser inquieto y atento a descifrar la gramática ofensiva del siglo XXI. En este sentido, el campo neomarxista ha tenido un mayor espesor estratégico en el campo subversivo e informacional. No es una casualidad que la acción judicial sobre los hechos de corrupción haya constituido el movimiento más contraofensivo para frenar estos proyectos. En Brasil, la mega-investigación judicial Lava Jato logró rebatir varias cartas políticas con el apoyo remoto del ala del nacionalismo estadounidense quien, de paso, no dudó en hacerse de las grietas vacantes para posicionar sus peones en la economía brasileña.

Hoy, una multitud de países incentivan este tipo de guerra subterránea en el tejido interno de sus adversarios, entre ellos los Estados Unidos, Reino Unido, Irán, Israel, Rusia, Alemania y China. Si el año 2023 aparece como un año de despertar en Argentina, esta matriz conflictiva seguirá su curso. Es imperativo radiografiarla con mayor precisión, armarse mentalmente y dotar la democracia de nuevas herramientas compatibles con su vocación liberal y abierta.

* Nacido en Francia, es ensayista y coordinador de la plataforma internacional de comunicación Dunia. Titular de una maestría en Ciencias de la Tierra en Francia. Se dedicó a la planificación territorial en el norte de Francia hasta el año 2003, para luego ser observador-partícipe de las dinámicas sociopolíticas en varios continentes. En 2012 fundó la plataforma Dunia en pos de brindar servicios de comunicación digital e investigar el rol estratégico de la información. Ha sido partícipe de distintos movimientos sociales en la región, en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Es autor de «Una nueva era de guerra informacional en América Latina»; coautor del «Diccionario del poder mundial» (2015) y «Democracia digital» (2020). Tradujo al español y al inglés algunas obras del geoestratega Gérard Chaliand («Por qué Occidente pierde la guerra, Terrorismo y política, Atlas estratégico»). Desde 2020 colabora con la Escuela de Guerra Económica en Francia.

Miembro de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG.

 

Referencias

[1] The Crisis of Democratic Capitalism (2023). Penguin Random House.

[2] Diez tesis sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Disponible en ieeba.org.

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