TRAICIONAR A LA PATRIA

César Augusto Lerena*

El día 2 de abril en que debió resaltar frente al Cenotafio de Buenos Aires, el sacrificio de los combatientes argentinos caídos en Malvinas; pero el presidente Javier Milei dio por tierra el eje central de la reivindicación argentina respecto a Malvinas, plasmado en la Disposición Transitoria Primera del Constitución Nacional: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».

El Presidente «anheló», que los malvinenses «decidan algún día, votarnos con los pies»; es decir, aplicar «la fórmula británica de la autodeterminación» rechazada reiterada y fundadamente por la Argentina y descartada por las Naciones Unidas y, con sus improcedentes expresiones, invitando a los isleños británicos que se trasladasen desde un territorio ―las Malvinas e islas del Atlántico Sur― que no es ajeno a Argentina, sino parte integrante e indivisible de la República. Por sus afirmaciones la Justicia sabrá si tipificarlo de Incapaz o Traidor a la Patria. Además, debemos indicarle al Señor Presidente que el reclamo argentino ―como lo indica la Constitución Nacional― no solo alcanza a los «espacios marítimos circundantes» sino «a los correspondientes» y, entre ellos, a los 1.639.900 Km2 que tiene invadidos ―y explota los recursos― el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, nación que el primer magistrado ni siquiera mencionó a lo largo de su reducido discurso. Por cierto, tampoco son «malvinenses» sino isleños ocupas británicos y también rechazamos que «nuestra demanda soberana haya sido damnificada» por una supuesta casta política, porque si bien, se han llevado insuficientes y erróneas acciones políticas en los gobiernos de turno, no se puede involucrar en ellas a los importantes aportes de destacadas personalidades de la política y de la diplomacia argentina que permitieron el apoyo de las naciones del mundo y en particular el dictado de las Resoluciones de las Naciones Unidas, de singular valor para sostener la posición de Argentina sobre los derechos argentinos.

A modo de ejemplo, bastaría recordar el memorable «Alegato Ruda» donde el representante argentino, el Embajador Dr. José María Ruda, en el Subcomité III del Comité Especial encargado de examinar la situación respecto a la aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales (Nueva York, 09/09/1964).

No ha habido, daño más grave a la soberanía nacional que el infringido por las citadas declaraciones del presidente. Hay que prestar atención, que no se trata de un funcionario de segunda categoría el que efectuó las lamentables declaraciones, sino que son expresiones del Presidente de la Nación que lesionan toda la política argentina, muy especialmente las que resultaron el dictado de Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre otras la Resolución 31/49 del 1/12/1976 ―aunque aprobada gracias a las gestiones llevadas adelante por el gobierno de Isabel Martínez de Perón― que instó «a las dos partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones 1.514 (XV) del 14/12/1960, la 2.065 (XX) del 16 de diciembre de 1965 y la 3.160 (XXVIII) del 14/12/1973» y donde la Asamblea General de la ONU expresa «su reconocimiento por los continuos esfuerzos realizados por el Gobierno de la Argentina, conforme a las decisiones pertinentes de la Asamblea General, para facilitar el proceso de descolonización y promover el bienestar de la población de las Islas». Esfuerzos que parecen ignorar el presidente Milei.

De igual modo, las Resoluciones 2.065 y 3.160 citadas, donde la Asamblea General «pide a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que aceleren las negociaciones relativas a la disputa sobre soberanía».

Por otra parte, mediante un extraordinario esfuerzo y éxito de la diplomacia argentina y el apoyo de numerosos países del mundo la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14/12/1960 aprobó la Resolución 1.514 (XV) «que declaró que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas»; una decisión plenaria que irresponsablemente pretende dejar de lado el presidente Milei.  

En esta Resolución se declaró que «La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales»; que «a fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional»; que «Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» y que «Todos los Estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de la ONU; de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la presente Declaración sobre la base de la igualdad, de la no intervención en los asuntos internos de los demás Estados y del respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial».

A esta importante Resolución le siguió la Resolución 2.065 del 16/12/1965 de las Naciones Unidas que despejó toda duda sobre los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, dejando constancia de «la existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña acerca de la soberanía sobre dichas Islas e invitó a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial» y, dejando nuevamente en claro, que ninguna cuestión relativa a «la autodeterminación» de los isleños está en juego.

La guerra por la recuperación de Malvinas de 1982 y el posterior retiro de las tropas argentinas no modificaron los derechos argentinos sobre los archipiélagos ya que la Resolución 37/9 de la Asamblea General de la ONU del 04/11/1982 «recordando todas las resoluciones citadas y las Resoluciones 502 (1982) y 505 (1982) del Consejo de Seguridad del 3 de abril y 26 de mayo de 1982…» la Asamblea General instó «a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte a que reanuden las negociaciones para encontrar en el más breve plazo una solución pacífica al conflicto de la soberanía en el asunto de las Malvinas»; es decir, absolutamente contrarias a las manifestaciones del desinformado (¿?) Diputado José Luis Espert y también a las imputaciones inconsistentes del presidente Milei.

El Reino Unido de Gran Bretaña carente de todo derecho sobre las islas se ha negado sistemáticamente a dialogar con Argentina sobre «el otorgamiento de la soberanía plena», demostrando un total desprecio sobre el reclamo reiterado y universal de los pueblos para terminar con esta invasión de los territorios insulares y marítimos argentinos; por el contrario el Reino Unido avanzó sobre nuevos territorios argentinos, ya que mientras en 1982 invadían y explotaban las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur de unos 20.000 Km2 y las tres millas marinas alrededor de éstas, han avanzado hasta invadir 1.639.900 Km2 de territorios insulares y marítimos argentinos y disputan con la Argentina 1.430.367 Km2 de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas y los territorios de la Antártida Argentina. Hecho gravísimo al que hay que agregarle la extracción ilegal de unas 250.000 toneladas anuales recursos pesqueros y el inicio de la explotación de recursos petroleros, estimada en 150.000 barriles diarios.

La pretensión del invasor, su dilación en el tratamiento del tema y la inconsistente argumentación utilizada es de una gravedad superlativa ya que atenta contra la soberanía argentina; por lo tanto, las declaraciones del presidente Milei comprometen la soberanía nacional y contradicen la política internacional seguida sin solución de continuidad por nuestro país desde la invasión a Malvinas por el Reino Unido en 1833 dando lugar al reconocimiento de la demanda argentina de la mayoría de los países del mundo. Una irresponsabilidad sin precedentes tratándose del primer magistrado de la Nación.

Pero, estas declaraciones gravísimas no pueden considerarse producto de una desinformación del presidente o del escribiente del discurso pronunciado el 2 de abril en el Cenotafio a la hora de honrar a los caídos en Malvinas, ni se trata de hecho aislado; son la culminación de una serie de actos contrarios al interés nacional que debilitan el pleno cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

El nuevo gobierno libertario alineado en forma irrestricta con los gobiernos de Estados Unidos-Israel rechazó la incorporación de Argentina a los BRICS, todas acciones que debilitan los tradicionales apoyos que tuvo Argentina sobre la Cuestión Malvinas en las Naciones Unidas. Insólitamente, mientras eso ocurría el presidente Donald Trump diferenció a las Islas Malvinas respecto a la Argentina continental aplicándole un arancel del 41% en lugar del 10% que le aplicó a la Argentina y el resto de los países de Sudamérica, como si Malvinas se tratara de un Estado independiente.

Por otro lado, es más que evidente el silencio del gobierno argentino frente a las distintas acciones británicas vinculadas a los territorios insulares y marítimos argentinos e, incluso, manifestando su intención de incorporarse a la OTAN; cuestión ciertamente insólita porque el Reino Unido la integra y la Argentina al igual que el Reino Unido ni siquiera le prestan atención a la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur», que este último viola sistemáticamente.

Al mismo tiempo, al asumir el gobierno del presidente Milei en 2023 no trató el presupuesto anual y con ello, congeló los fondos de las fuerzas navales armadas, de seguridad marítima y fluvial y de control, dificultando aún más la administración y control del Atlántico Sur y la ejecución de toda política de fortalecimiento de la soberanía nacional en la parte meridional del Atlántico Suroccidental y la Antártida, el control de la pesca ilegal, el trabajo esclavo, el narcotráfico y la contaminación marina.

La entonces Canciller Diana Mondino declaró en 2024 que era «necesario atender los derechos de los isleños», en línea con lo expresado por el presidente el pasado 2 de abril y en contraposición a lo previsto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y la doctrina mantenida por la Argentina de integridad territorial.

Este mismo año el Poder Ejecutivo Nacional presentó al Congreso la Ley de Bases (Ómnibus) donde se preveía reformar la ley de Pesca que permitiría el acceso mediante el pago de un canon a empresas pesqueras extranjeras a la Zona Económica Exclusiva Argentina; hecho inédito en el mundo desarrollado, hecho que hace inviable todo tipo de control argentino en el Atlántico Suroccidental, debilitando su administración y favoreciendo la posición británica en el área. Profundizando la gravedad de la medida, esta Ley preveía autorizar el desembarco fuera de los puertos nacionales, el ingreso de barcos de cualquier antigüedad y la utilización de tripulación extranjera en los barcos pesqueros. Al mismo tiempo derogaba la Ley 26.386 que prohibía que barcos habilitados por la Autoridad de Aplicación pescaran sin habilitación nacional en Malvinas y viceversa, permitiendo en consecuencia que buques que pescan con licencia ilegal británica en Malvinas, entre ellos los de sociedad española-británica, coreanos y taiwaneses pesquen en la Zona Económica Exclusiva Argentina, una verdadera cesión de la soberanía nacional. Este proyecto fue retirado por el gobierno por la gran oposición que realizaron los sectores empresarios, gremiales, políticos y expertos.

Mientras tanto, en nombre de la Corona Británica, el Comisionado de las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur extendió «la prohibición de pescar» a 449.000 Km2 en el denominado Santuario Ecológico ilegal del Reino Unido de 1.070.000 Km2 de alrededor de las islas, violando ―además de la soberanía argentina― la Convención de los recursos vivos en la Antártida, constituyéndose en un nuevo acto unilateral sin que la Cancillería argentina tomara posición alguna y actuara en consecuencia.

Se violaba de esta manera la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y toda la legislación argentina aplicable (Leyes 15.802; 22.584; 23.775; 23.968; 24.216; 24.543; 24.922; 25.263; 25.675; 26.386; 26.651; 26.776 y, 27.564) y la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, la administración invasora en Malvinas licita la construcción de un nuevo puerto en Malvinas cuyo costo de 194 millones de dólares estaría financiado por la Banca Rothschild, estimándose habilitar esta terminal portuaria en 2027, mejorando la logística en las islas, además de contar con un aeropuerto para aviones de gran porte. Todo ello facilitará las operaciones de los grandes buques de carga que utilizan el Estrecho de Magallanes para acceder al océano Pacífico ante la imposibilidad de hacerlo por el canal de Panamá. También los que transitan desde el océano Índico, los contingentes turísticos y los pesqueros extranjeros que operan en la parte meridional del Atlántico Suroccidental; además de promover el interés científico mundial de quienes trabajan en la Antártida; desplazando en todas estas actividades a los puertos del Tierra del Fuego. El objetivo del Reino Unido es la constitución de un Hub Regional en Malvinas.

La Canciller Mondino y la secretaria de Malvinas de la Cancillería Paola Di Chiaro, se ausentan en la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) donde, pese a ello «los países de la región reafirmaron su respaldo a los derechos de soberanía argentinos en la cuestión de las Islas Malvinas, conforme a lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas».

Se debilita el frente fluvial y marítimo argentino y se promueve la extranjerización de la administración de la vía troncal fluvial Paraná-Paraguay que a la par de desatender la soberanía nacional y el poder de policía en estos importantes ríos se impedirá el desarrollo regional del litoral del nordeste argentino. A la par se autoriza a Uruguay la profundización del canal del Puerto de Montevideo sin una tarea equivalente en el proyectado canal de Magdalena impidiendo la debida integración de la red comercial fluvial-marítima argentina y facilitando la logística de la pesca ilegal en alta mar de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva y de Malvinas, debilitando la soberanía en los archipiélagos del Atlántico Suroccidental y, muy especialmente, a las poblaciones de la Patagonia, cuya densidad población es la más bajas del país.

Ante la inacción de la Cancillería argentina, todas las operaciones relacionadas con Malvinas utilizan los puertos y aeropuertos de Uruguay para favorecer las operaciones pesqueras y petroleras de Malvinas; al igual que el puerto de Punta Arenas de Chile; es decir, se consolidan las relaciones del Reino Unido con estos países, pese a la posición retórica de Suramérica en favor de la Argentina y ante el poco interés de los funcionarios argentinos por buscar acuerdos con los vecinos, en especial los vinculados al Atlántico Sur y la Antártida.

Mediante el Comunicado de prensa del 24/09/2024 (IP 470/24) se promueve el Pacto Mondino-Lammy, donde se ratifican los contenidos del Pacto Foradori Duncan, firmado en 2019 donde se estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías (de titularidad de Argentina) y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba…»; es decir, facilitando el comercio de los isleños con uno de los centro más importantes de Suramérica de distribución mundial. Todo ello sin aporte alguno del Reino Unido como contrapartida a esta vergonzosa cesión del gobierno argentino.

En febrero de 2025 se designa a la embajadora argentina en Londres a Mariana Edith Plaza; nombramiento que mereció el rechazo de la Confederación de Combatientes de Malvinas, la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires y de gran parte del arco político opositor, por cuanto esta diplomática habría manifestado que se debería «renunciar a todos los reclamos y derechos que tiene la Argentina sobre las Islas Malvinas» (De Vedia Mariano, La Nación, 22/02/2025).

Sin oposición Argentina el Reino Unido en marzo de 2025 profundiza el proyecto petrolero León Marino (Sea Lion) de la empresa israelita Navitas Petroleum asociada a la británica Rockhopper Exploration que alcanzará la extracción de 150.000 barriles diarios y, en el mismo mes las fuerzas armadas británicas efectúan ejercicios militares en Malvinas para mostrar su potencial bélico a la Argentina y al mundo y su ocupación militar en el Atlántico Suroccidental.

La Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, el 3 de abril, ha denunciado al presidente Javier Milei por traición a la Patria.

Las acciones o inacciones precedentes confirman que las declaraciones del presidente Javier Milei el pasado 2 de abril no fueron producto de un error sino la clara determinación de dar por tierra con todos los avances logrados por Argentina respecto a recuperar su soberanía plena en Malvinas a través de toma de posesión territorial de todos los espacios insulares y marítimos invadidos en forma prepotente por Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar

¿ES VIABLE LA EUROPA DE LA DEFENSA?

Roberto Mansilla Blanco*

Imagen: centaur60 en Pixabay.

 

Tras las negociaciones directas en Arabia Saudita entre delegaciones de EEUU y Rusia con la finalidad de alcanzar un acuerdo en Ucrania, lo cual ha permitido entre otras disposiciones la reapertura del tráfico de mercancías en el mar Negro, París acogió una Cumbre por Ucrania el 27 de marzo entre los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) y la OTAN y en la que se reafirmó el «compromiso europeo» para asistir militarmente a Ucrania.

La UE, concebida y construida a partir de 1950 como un espacio de paz, convivencia y estabilidad, ingresa en este 2025 en la discusión sobre su rearme y su capacidad defensiva. De «territorio de paz», Europa pretende súbitamente posicionarse como actor de guerra. La denominada «amenaza rusa» tras la invasión de Ucrania y el desinterés del presidente estadounidense Donald Trump en seguir prestando ayuda militar incluso vía OTAN son los argumentos más utilizados por los líderes europeos para justificar este rearme.

Puede que en Bruselas las élites europeístas, tan acomodadas en su espacio de confort, comiencen ahora a enterarse de la «nueva realidad» donde la carrera armamentista condiciona y presagia un cambio tectónico en los equilibrios geopolíticos globales así como en los programas de desarrollo y en las iniciativas tecnológicas aplicadas al ámbito militar. En todas estas variables, Europa aún no está a la altura de EEUU, de China o de Rusia.

En España observamos un áspero debate parlamentario sobre el Plan de Defensa presentado por el presidente de gobierno Pedro Sánchez, muy seguramente una reproducción del enviado desde Bruselas por la cada vez más todopoderosa presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, convertida junto con el presidente francés Emmanuel Macron en la más entusiasta impulsora de esta carrera armamentista y de la deriva belicista europea contra Rusia. Dentro de la coalición de gobierno en Madrid, partidos políticos como Sumar y BNG no sólo rechazan este gasto militar sino que también exigen la salida española de la OTAN. Simultáneamente en Madrid se celebraba un Foro sobre la Defensa en la que un experto informaba que Rusia «produce en tres meses más artillería que Europa y EEUU juntas durante un año».

Más allá de los datos hay un hecho indiscutible: Rusia está militarmente más preparada para una eventual confrontación militar, sea contra la nueva Europa «militarista» o contra la OTAN, básicamente porque mantiene intacto su poderío nuclear, experiencia de combate y una serie de recursos militares, industriales y de recursos humanos concentrados en consolidar su defensa y seguridad nacional.

Si bien Moscú busca evitar cualquier clima de tensión con Occidente sin por ello renunciar obviamente a mantener firmes sus imperativos de seguridad ante cualquier provocación exterior, Europa parece apostar por la carrera militarista contra Rusia, de consecuencias imprevisibles, en vez de poner en marcha iniciativas diplomáticas de resolución de conflictos.

 

El razonamiento europeo: del «enemigo conveniente» a las «expectativas de conflicto»

A diferencia de Europa, visiblemente dividida en cuanto el compromiso de asistencia militar a Ucrania, la posibilidad de «resetear» las relaciones con Rusia y la necesidad de rearme, el Kremlin se muestra decidido a la hora de aumentar el gasto militar: se espera que para este 2025, Moscú aumente un 13,5% el gasto en armamentos. En China ocurre lo mismo: el presidente Xi Jinping anunció un aumento del 7% en defensa para este año.

A nivel europeo sólo Francia y Gran Bretaña, por ser potencias nucleares que cuentan con un importante conglomerado militar-industrial, tienen esa capacidad de defensa contra una amenaza exterior. No obstante, en la cumbre de París, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió que ni Francia ni Gran Bretaña poseen por ahora la capacidad de sustituir a EEUU como líder de la Alianza Atlántica.

No obstante, el complejo militar-industrial francés y británico necesita ampliar su cartera de clientes y el rearme contra la «amenaza rusa» propicia esa expectativa. En el caso francés es más visible esta necesidad de búsqueda de clientes tras perder peso geopolítico, económico y militar en el Sahel francófono (Mali, Níger y Burkina Faso), países cuya reorientación estratégica se ha focalizado hacia Rusia y China. Por otro lado, este contexto de rearme europeo alienta a otros actores como Polonia, observada cada vez más como un socio estratégico clave para la defensa europea y atlantista contra esa presunta «amenaza rusa».

Ahora bien, ¿qué le espera a la Europa de la Defensa? Quizás aquí deberíamos analizar dos variables hipotéticas que pueden explicar el repentino viraje militarista y belicista de Europa: una de esas variables podría denominarse el «enemigo conveniente»; la otra podría definirse como la de «expectativas de conflicto».

¿Qué significa un «enemigo conveniente»? Como lo fue en el caso de la URSS durante la «guerra fría», para Occidente esta condición supone un actor con las siguientes características:

  • entidad política y estatal con legitimidad y capacidad de control de un vasto territorio;
  • suficientes capacidades militares, económicas, tecnológicas, de recursos humanos y naturales;
  • capacidad geopolítica y de alianzas internacionales para contrarrestar y desafiar las pretensiones hegemónicas occidentales, alterando así los equilibrios de poder y el estatu quo.

Para Occidente, Rusia y China entran claramente en estos parámetros sin menoscabar que otros actores de menor rango como Irán y Corea del Norte pueden igualmente ser incluidos en esta lista pero focalizados en contextos geopolíticos determinados, en este caso Oriente Medio y Asia Oriental. En este sentido, el concepto de «enemigo conveniente» determina la justificación por parte de Occidente de armarse ante una supuesta amenaza que ponga en riesgo no sólo su seguridad sino sus expectativas de equilibrio de poder.

La hipótesis del «enemigo conveniente» implica observar la segunda variable, la de las «expectativas de conflicto». La capacidad de amenaza de ese presunto «enemigo» supone calibrar inmediatos escenarios de tensión permanente con capacidad suficiente para convertirse en un conflicto armado.

En el caso de Rusia, esos escenarios serían:

  • Ucrania y el pulso ruso-occidental por mantener sus respectivas esferas de influencia;
  • Polonia y los países bálticos, miembros de la UE y de la OTAN;
  • Transnistria como república de facto dentro de Moldavia. La reciente e ilegal detención de la presidente de Gagauzia, Yevgenia Gutsul por parte de las autoridades moldavas presididas por la europeísta Maia Sandu podría explicarse como una provocación avalada desde la UE para profundizar las tensiones con Rusia;
  • las tensiones en torno al control sobre el mar Negro como paso estratégico hacia el Mediterráneo;
  • el Cáucaso y el espacio euroasiático, donde Moscú mantiene firmes sus esferas de influencia.

Para China, los escenarios de expectativas de conflicto para Occidente se resumen en:

  • Taiwán y las pretensiones soberanistas tanto de Taipei como de Beijing;
  • el sureste asiático y las controversias soberanistas en el Mar de China Meridional;
  • las expectativas de remilitarización de Japón y sus controversias históricas con China;
  • la península coreana;
  • Asia Oriental y los nuevos organismos geopolíticos y de defensa como el AUKUS (2021) impulsado por EEUU, Gran Bretaña y Australia.

Todos estos escenarios suponen conflictos potenciales donde se pondrán a prueba esas hipótesis del «enemigo conveniente» y de las «expectativas de conflicto» que, como en el caso de la «guerra fría», puede que nunca lleguen a materializarse en una confrontación directa.

Objetivo 2030

Para no perder peso ante sus respectivas poblaciones, las élites europeas necesitan justificar ese gasto militar condicionando a la población a seguir ese esfuerzo e incluso avivando el miedo social. La Comisión Europea ya anunció este 25 de marzo la aplicación de un manual de supervivencia para la ciudadanía en caso de emergencia por «crisis bélica, pandemias o desastre natural».

Desde Bruselas, Úrsula von der Leyen ansía una Europa militarmente potente para el año 2030. Rusia avanza precisamente en esa dirección para consolidar su gasto en defensa y sus imperativos en materia de seguridad. En esa dirección, Moscú está reorganizando recursos y planificando estratégicamente su doctrina de seguridad nacional.

Por otro lado, Rusia concibe el contexto actual con los mismos parámetros de «amenaza» (mucho más visibles en este caso) contra su soberanía y seguridad por parte de la OTAN y ahora de la propia UE, los cuales han venido expandiéndose hacia las fronteras rusas desde 1997. China comienza a fomentar igualmente esa idea con respecto a Taiwán, peón estratégico occidental en el contexto asiático cuyo objetivo es reducir la capacidad de influencia de Beijing.

Visto este panorama, el año 2025 anuncia el final de la UE tal y como la habíamos conocido hasta ahora. Con escasa experiencia militar, Bruselas observa ahora como imprescindible reagrupar todo tipo de capacidades militares, políticas, tecnológicas, científicas, económicas e incluso de formación académica para alcanzar la «autonomía estratégica» en materia defensiva.

El «rearme» europeo anuncia nuevos tiempos que algunos expertos califican como «post-normales», los cuales requieren de capacidad de anticipación para acometer escenarios volátiles y de incertidumbre. Pero este propósito aborda interrogantes inevitables: ¿tiene Europa realmente capacidad efectiva para acometer los retos estratégicos que se abren en materia militar, de seguridad y geopolítica para este siglo XXI?; o, por el contrario, ¿seguirá siendo un actor expectante y una mera comparsa dependiente de un EEUU que busca unilateralmente afianzar una hegemonía que se prevé en declive? En perspectiva, ¿tiene futuro la Europa de la Defensa?

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO NACIONAL CONSOLIDAN AL REINO UNIDO EN MALVINAS Y LAS AGUAS ARGENTINAS

César Augusto Lerena*

Las políticas de Argentina relativas a la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur se habían limitado a reclamar derechos, cooperar unilateralmente sin contraprestación alguna del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte e invitar a dialogar ―sin éxito alguno― a Londres sobre la restitución de los Archipiélagos. El nuevo gobierno libertario alineado en forma irrestricta con los gobiernos de Estados Unidos e Israel ha desactivado todas las acciones que pudiera llevarse a cabo en las cuestiones de Malvinas con el Reino Unido y la manifestación más evidente es el silencio del gobierno argentino frente a las distintas acciones británicas vinculadas a estos territorios insulares y marítimos e, incluso, manifestando su intención de incorporarse a la OTAN, cuestión ciertamente insólita porque la Argentina ni siquiera presta atención a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur”, que el Reino Unido viola sistemáticamente.

A poco de asumir en 2023 el Presidente Milei ordena no tratar el presupuesto anual y con ello, congela los fondos de las fuerzas navales armadas, de seguridad marítima y fluvial y de control dificultando aún más la administración y control del Atlántico Sur y la ejecución de toda política de fortalecimiento de la soberanía nacional en la parte meridional del Atlántico Suroccidental y la Antártida; el control de la pesca ilegal, el trabajo esclavo y el narcotráfico.

La entonces Canciller Diana Mondino declaró que “es necesario atender los derechos de los isleños” en contraposición a lo previsto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y la doctrina mantenida por la Argentina de integridad territorial.

Este mismo año el Poder Ejecutivo Nacional presenta al Congreso la Ley de Bases (Ómnibus) donde se prevé reformar la ley de Pesca para permitir el acceso mediante el pago de un canon a empresas pesqueras extranjeras a la Zona Económica Exclusiva Argentina; hecho inédito en el mundo desarrollado, que extranjeriza el mar argentino y hubiera impedido todo tipo de control argentino en Atlántico Suroccidental debilitando su administración. Profundizando la gravedad de la medida, esta Ley preveía autorizar el desembarco fuera de los puertos nacionales, el ingreso de barcos de cualquier antigüedad y la utilización de tripulación extranjera en los barcos pesqueros. Al mismo tiempo derogaba la ley 26.386 que prohibía que barcos habilitados por la Autoridad de Aplicación pescaran sin habilitación nacional en Malvinas y viceversa; permitiendo en consecuencia, que buques que pescan con licencia ilegal británica en Malvinas, entre ellos los de sociedad española-británica, pesquen en la Zona Económica Exclusiva Argentina, una verdadera cesión de la soberanía nacional. Este proyecto fue retirado por el gobierno por la gran oposición que realizaron los sectores empresarios, gremiales, políticos y expertos (entre estos, quienes escribimos estas líneas).

El Comisionado de las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur extendió “la prohibición de pescar” de 283.000 a 449.000 Km2 en el denominado Santuario Ecológico ilegal del Reino Unido de 1.070.000 Km2 de alrededor de las islas, violando ―además de la soberanía argentina― la Convención de los recursos vivos en la Antártida, constituyéndose en un nuevo acto unilateral sin que la Cancillería argentina tomara posición alguna y actuara en consecuencia.

La Canciller Diana Mondino y la Secretaría de Malvinas de la Cancillería Paola Di Chario, los responsables diplomáticos de la Convención sobre Recursos Vivos Marítimos Antárticos y de la Protección del Medio Marino Antártico; de la Secretaría de Bioeconomía, Fernando Vilella; de la Subsecretaría de Pesca Juan Antonio López Cazorla y del Consejo Federal Pesquero, violan por acción u omisión la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y toda la legislación argentina aplicable (Leyes 15.802; 22.584; 23.775; 23.968; 24.216; 24.543; 24.922; 25.263; 25.675; 26.386; 26.651; 26.776 y, 27.564); independientemente de la responsabilidad que podría caberle al gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego Gustavo Melella en su competencia provincial.

El avance sobre la prohibición de navegación y pesca de un área 166.000 Km2 sobre el Área Marina Protegida existente viola la citada Convención y la Resolución de la ONU 31/49 del 1/12/1976, promovida por el gobierno de Isabel Martínez de Perón, que instó «a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones 2065 y 3160»; las normas relativas a la Convención Antártica y toda la legislación argentina relativa a los derechos argentinos territoriales, pesqueros y ambientales.

A la existencia de un Puerto en las Georgias del Sur y Malvinas, el Reino Unido anuncia la construcción de un nuevo puerto en Malvinas cuyo costo de 194 millones de dólares estaría financiado por la Banca Rothschild que se estima habilitar esta terminal portuaria en 2027, mejorando la logística en las islas, además de contar con un aeropuerto para aviones de gran porte. Todo ello facilitará las operaciones de los grandes buques de carga que utilizan el Estrecho de Magallanes para acceder al Océano Pacífico ante la imposibilidad de hacerlo por el canal de Panamá. Del mismo modo, los que transitan desde el Océano Índico, los contingentes turísticos y los pesqueros extranjeros que operan en la parte meridional del Atlántico Suroccidental; además de promover el interés científico mundial de quienes trabajan en la Antártida; desplazando en todas estas actividades a los puertos del Tierra del Fuego. El objetivo del Reino Unido es la constitución de un Hub Regional en Malvinas.

La Canciller Mondino y la secretaria de Malvinas de la Cancillería Paola Di Chiaro, se ausentan en la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) donde “los países de la región reafirmaron su respaldo a los derechos de soberanía argentinos en la cuestión de las Islas Malvinas, conforme a lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Sin solución de continuidad se sigue desinformando a los argentinos sobre la verdadera gravedad de la invasión británica en los archipiélagos y el mar argentino: La posición de la Canciller Mondino es -al menos- contradictoria: cuestiona que Rusia ocupe el 18% del territorio de Ucrania y no denuncia que el Reino Unido invada o dispute el 46,64% del territorio argentino; es decir, un espacio más amplio que el territorio continental americano argentino (2.791.810Km2) y antártico argentino (965.314 Km2), ya que el  Reino Unido invade y/o disputa a la Argentina 5.497.178 Km2 del territorio nacional. Es decir, un 46,64%, ya que ocupa y explota 1.639.900 Km2 de territorio argentino (aguas correspondientes, zona de protección y GAP en Malvinas y el Área Marina Protegida y santuario ecológico de 1.070.000 km2 alrededor de Georgias del Sur y Sándwich del Sur) y, disputa con la Argentina 2.426.911 Km2 del continente antártico y 1.430.367 Km2 de la plataforma continental.

Por acción o inacción de las Autoridades argentinas, el frente fluvial y marítimo argentino está siendo debilitado. Una falta de administración adecuada de la vía troncal fluvial Paraná-Paraguay que no favorece el desarrollo regional del litoral del nordeste argentino y la autorización para la profundización del canal del Puerto de Montevideo sin una tarea equivalente en el proyectado canal de Magdalena impide la debida integración la red comercial fluvial-marítima argentina y favorece la logística de la pesca ilegal en alta mar de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva y en Malvinas, debilitando la soberanía en los archipiélagos del Atlántico Suroccidental y, muy particularmente, a las poblaciones de la Patagonia, cuya densidad población es la más bajas del país.

Ante la inacción de la Cancillería argentina, todas las operaciones relacionadas con Malvinas utilizan los puertos y aeropuertos de Uruguay para favorecer las operaciones pesqueras y petroleras de Malvinas; al igual que el puerto de Punta Arenas de Chile; es decir, trabajan consolidando las relaciones con estos países, pese a la posición retórica de Suramérica en favor de la Argentina y el poco interés de los funcionarios argentinos por buscar acuerdos con los vecinos, en especial los vinculados al Atlántico Sur y la Antártida.

Finalmente, en una clara demostración del objetivo británico de ocupar este espacio estratégico del Atlántico, el Reino Unido mantiene en las Islas una base militar misilística y naval absolutamente desproporcionada, contraria a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que firmaran todos los países de África occidental y América oriental, aprobada en 1986 por la Res. 41/11 de las Naciones Unidas. Todos hechos de fortalecimiento de la proyección del Reino Unido hacia la Antártida, que pueden ser inconmensurables y muy probablemente irreversibles, ante la tolerancia y pasividad de la Canciller argentina.

Sin que la Cancillería lleve política activa alguna, el Reino Unido tiene una política diseñada para todos los Archipiélagos de Ultramar que éste considera parte de la Comunidad Británica de Naciones y, entre ellas, la anunciada en 2017 respecto a establecer un “Cinturón Azul” (Blue Belt) a las islas, bajo el pretexto de proteger el ambiente alrededor de estas; cuando en realidad, no es otra cosa que constituir áreas de control británico marino, como es el caso de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich, tal es el caso del “Santuario Ecológico” de 1.070.000 Km2 establecido alrededor de las últimas islas en 2011, que ahora profundiza, mediante la prohibición absoluta de pesca de 166.000 Km2 que se agregó a la determinación del Área GAP de 4.000 Km2 al noroeste de Malvinas, donde se concentra gran parte del calamar, especie central de Malvinas.

Tampoco la Cancillería lleva adelante una política de relación con la Unión Europea post-Brexit de modo que todos los productos pesqueros capturados en el área de Malvinas no ingresen a la Unión Europea sin pagar aranceles de importación y, en especial sobre España que, teniendo empresas radicadas en la Argentina, autoriza a buques gallegos a pescar en Malvinas y asociarse con empresas británicas de las islas, sin ―como dijimos― la Argentina aplique sanción alguna por violación a la Ley 24.922 y la Res. 31/49 de las Naciones Unidas.

Por cierto, siguen vigentes, los Acuerdos de Madrid I y II que limitan la acción de defensa nacional naval y aérea y habilitan de hecho la captura de los recursos pesqueros argentinos en Malvinas e impiden que los buques argentinos pesquen en esa área.

Es manifiesta la extranjerización del Atlántico Sur y la apropiación de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar y Malvinas: Empresas chinas, españolas-británicas, coreanas, taiwanesas y otras pescaron desde 1976 a la fecha -con licencias ilegales británicas o sin ellas- 48 millones de toneladas, por un valor total estimado de 192 mil millones de dólares.

Respecto a la industria pesquera radicada en el continente argentino «del total de dólares de las exportaciones pesqueras declaradas en 2024 fueron 539.289 toneladas por un valor de 2.005 millones de U$S procedentes de la captura en su ZEE; un 70% en manos de 20 grupos empresarios y un 30% de las 174 empresas exportadoras restantes. De esos 20 grupos, el 70% son sociedades de capitales extranjeros y un 30% de empresas nacionales y, de esas empresas extranjeras el 70% son empresas de capitales chinos y españoles» (César Lerena “Los estados chino, español y británico se hacen de la pesca argentina”, 20/03/2023). No hay políticas en la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; en la Secretaría de Malvinas; en el Consejo Nacional de Malvinas o Consejo Federal Pesquero para administrar el Atlántico Suroccidental y recuperar pacíficamente Malvinas.

Desde la asunción de la Canciller Diana Mondino da reiteradas muestras de simpatía con británicos e isleños ocupantes de Malvinas; asignándoles derechos a estos últimos, como si fueran parte en la Disputa, violando el mandato de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, además de no efectuar los correspondientes reclamos en los distintos foros y haciendo caso omiso a las reiteradas violaciones de nuestros territorios irredentos por parte de la corona británica, distintos funcionarios y las fuerzas armadas británicas. La ministra Mondino ratifica su política pro-británica con la designación del ex Canciller Jorge Faurie como embajador en Chile ―un tradicional aliado del Reino Unido en la región― y la designación del Embajador Carlos Foradori en Ginebra, efectuando con ello, su aval a lo actuado por el gobierno argentino en 2016, ratificado en la reciente Reunión de Cancilleres de la Argentina y del Reino Unido, a través del Comunicado de prensa sobre la Cuestión Malvinas del 24/09/24 (IP 470/24) donde se ratifican los contenidos del Pacto Foradori Duncan, a través de un nuevo Pacto Mondino-Lammy que en sus partes más salientes indica: «que la Canciller Argentina, Diana Mondino, y el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, reunidos en Nueva York el 24/09/2024 avanzaron en una agenda amplia que incluyen aspectos vinculados al Atlántico Sur, aplicándose esta agenda y a sus resultados la fórmula de salvaguardia de soberanía que figura en el párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989». Las Partes acordaron retomar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja. También se estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba…». Objetivos, que no son otros que los indicados en el Pacto Foradori-Duncan de «adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos». Todo ello sin aporte alguno del Reino Unido como contrapartida a esta vergonzosa cesión de la Argentina. Mariano Moreno nos decía: “hay determinaciones que no se pueden tomar ni ebrios ni dormidos”, es decir, bajo ninguna circunstancia». Este Pacto indigno Mondino-Lammy, lesiona la soberanía nacional y viola la Constitución Nacional; deja de lado nuevamente al Congreso Nacional y a la voluntad mayoritaria de los argentinos, que no otorgó mandato alguno a la Canciller para facilitar la ocupación territorial británica de nuestros territorios.

El 31 de octubre 2024 cesa en sus funciones la Canciller Mondino y se designa Canciller a Gerardo Werthein quien continua sin llevar adelante ninguna acción positiva respecto a Malvinas.

En febrero de 2025 se designa a la embajadora argentina en Londres a Mariana Edith Plaza, nombramiento que mereció el rechazo de la Confederación de Combatientes de Malvinas; la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires y de gran parte del arco político opositor, por cuanto esta diplomática habría manifestado que se debería “renunciar a todos los reclamos y derechos que tiene la Argentina sobre las Islas Malvinas” (De Vedia Mariano, La Nación, 22/02/2025).

Sin oposición Argentina el Reino Unido en marzo de 2025 profundiza el proyecto petrolero León Marino (Sea Lion) de la empresa israelita Navitas Petroleum asociada a la británica Rockhopper Exploration que alcanzará la extracción de 150.000 barriles diarios. En el mismo mes las fuerzas armadas británicas efectúan ejercicios militares en Malvinas para mostrar su potencial bélico a la Argentina y al mundo y su ocupación militar en el Atlántico Suroccidental y los accesos al océano Pacífico, Índico y la Antártida, haciendo caso omiso a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que firmaron todos los países de África occidental y América del Sur Oriental.

La política exterior llevada adelante por el gobierno de Milei, de alineamiento exclusivo a Estados Unidos e Israel aísla a la Argentina del conjunto de naciones que apoyaron tradicionalmente los reclamos argentinos sobre Malvinas y nuestra debilidad, derivada de una política de apertura de las importaciones, desindustrialización y destrucción del Estado coloca a la Argentina en la peor condición de dependencia extranjera para sostener nuestros reclamos soberanos.

Después de 43 años de políticas erráticas relativas a Malvinas, debiéramos decir, que no se trata de vivir aislado del mundo ni de utilizar procedimientos bélicos, ya que la Argentina no está en capacidad de sostener ningún conflicto, no solo por encontrarse desarmada, sino por la debilidad y dependencia económica extrema en la que se encuentra. Tampoco, de ser anglo-fóbico o sostener sencillamente «contra los ingleses es mejor» como prologa en su libro la escritora Ema Cibotti o utilizar la «mano de Dios» que exteriorizó un sentimiento popular que tienen ―aún antes que nosotros― muchos irlandeses, escoses y galeses.

Nuestra Independencia nos sacó de encima el virreinato de los españoles, pero los ingleses siguieron haciéndose de nuestros recursos en el país a pesar de los Tratados de Paz y Amistad o bajo el amparo de Acuerdos que, como el de Madrid, sirvieron para seguir ampliando la ocupación de nuestro territorio. Como la enseñanza bíblica de David y Goliat nos indica, es necesario utilizar las mejores capacidades disponibles para resolver esta cuestión que hiere nuestros sentimientos, ya que las Malvinas, como el Unicornio Azul, son nuestras y las queremos.

Alfonso Hernández-Catá nos decía: «La guerra no empieza nunca en la primera batalla ni acaba con la última» y, nosotros modestamente reiteramos que “a Cancha Rayada le llegó su Maipú” como también le llegará a Malvinas, sí nuestra política deja de ser: declamar, reclamar y cooperar unilateralmente y, los funcionarios en lugar de temblar y asegurarse el salario, caminen con coraje e inteligencia hacia la soberanía plena de nuestro territorio continental, insular y marítimo.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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