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MUJERES EMPRESARIAS, EMPRENDEDORAS Y COMUNICADORAS UNIDAS PARA SALVAR A LAS PYMES

Manifiesto Mujeres Argentinas por las PYMES

Somos “Mujeres Argentinas por las PYMES”, un colectivo cuya bandera es la producción y el derecho al trabajo.

Nos constituimos porque estamos cansadas de esperar la unión del sector PYME. La situación es desesperante. Día a día vemos como cierran empresas y se pierden puestos de trabajo. Día a día vemos familias desesperadas ante el panorama desolador y la ausencia de políticas públicas para el sector. Día a día nos angustiamos a la hora de sacar cuentas para invertir o contratar gente, de pagar los servicios, de pagar los impuestos, de pagar los salarios correspondientes en tiempo y forma.

Somos mujeres de distintas edades, partes del país y experiencias. Estamos constituidas por empresarias, pequeñas emprendedoras, comunicadoras y trabajadoras de la cultura.

Como mujeres sabemos que la sociedad nos cuestiona. Por ser mujeres se nos cuestiona nuestra capacidad para llevar adelante proyectos económicos viables y sustentables. Se nos señala qué tipo de emprendimientos podemos llevar adelante por nuestro género. Se nos exige ser madres y ocuparnos del hogar. Se nos exige éxito y belleza al mismo tiempo que se nos mira con desconfianza si lo logramos. Se nos cuestionan los roles empresariales por el hecho de ser mujeres. Las palabras “emprendedor” y “empresario” se asocian a roles masculinos exclusivos.

Como mujeres emprendedoras que hemos aprendido que la unión hace la fuerza. La unión de las mujeres del sector es un hecho inédito y revolucionario, acorde con los cambios de época. No queremos ni necesitamos que otros hablen por nosotras. Nos unimos para hacer escuchar nuestra voz y nuestras propuestas como conocedoras del día a día en cada una de las áreas en las que nos desempeñamos con excelencia.

Nuestro objetivo es trabajar y desarrollarnos junto al país aun a pesar de las diferencias partidarias. Nuestra agrupación va más allá de ellas, nos cansamos de estar rehenes de las disputas partidarias. Necesitamos soluciones concretas y urgentes para el día a día.

Convocamos a todos los sectores sociales y espacios políticos a dar una respuesta concreta a la problemática PYME, y a aportar soluciones igualmente concretas. Es el momento de que la sociedad toda se involucre en los asuntos públicos en pos del bien común.                         

Nuestro colectivo de mujeres empresarias, emprendedoras y comunicadoras promueve la necesidad de dar respuestas a la situación económica actual mediante un proyecto de «emergencia PYME» para atender las diversas necesidades de un sector castigado diariamente. La iniciativa promovida por la Lic. Adriana Rodriguez, cuya única bandera política es la de la producción y continuidad laboral en todo el país, «Nos cansamos de esperar la unión del sector PYME, que cada emprendedora o empresaria en cualquier punto del país pueda ejercer su derecho al trabajo y que esto no se convierta en un castigo»

Requerimientos de emergencia

  1. Urgencia Firma de un DNU presidencial para suspender los embargos bancarios a las Pymes por parte de AFIP, Anses, Aduana u otro organismo que dañe el derecho constitucional de generación de empleo. Y medidas en misma línea de los gobernadores para aplicar a rentas provinciales.
  2.  Establecer un plan de pagos de las obligaciones tributarias y de la seguridad social con las siguientes características (tratamiento de las deudas que han llevado a embargar empresas, y de este modo se provocará el flujo de ingreso de pagos reales):

a) Abarcar la totalidad de la deuda devengada sin condonación de intereses ni sanciones o multas. De tal manera se desbarata el argumento que “siempre se beneficia a los que no pagan”, y su implementación no requiere el dictado de normas de rango superior.

b) Limitar el acceso a empresas que encuadren como empresas PYME de acuerdo con las normas de SEPYME.

c) Proponemos un plazo de hasta 300 cuotas, de acuerdo a los montos adeudados, para que la cuota inicial sea pequeña. Esto permitirá a las empresas evolucionar con sus propios recursos, a la vez que cancelan su pasivo fiscal.

d) Aplicar la tasa de interés de mercado, al momento del acogimiento al plan de facilidades y su periódica adecuación a las condiciones financieras imperantes. Sugerimos al respecto tomar como base la tasa establecida por el Banco de la Nación Argentina para depósitos a plazo fijo a 180 días constituidos por medios electrónicos, criterio adoptado por la AFIP para sus planes de facilidades de pago permanentes aprobados por la RG (AFIP) N 3827, más un spread mínimo. De esta manera al utilizar una tasa de interés real variable se acompaña a la inflación, teniendo en cuenta que el plazo solicitado es muy extenso.

e) Asimismo utilizar el método que históricamente aplicó la AFIP de cuota de capital creciente a interés simple, en lugar del sistema francés y/o alemán que hace que las cuotas resulten excesivas para la capacidad de pago del sector PYME.

f) Permitir a las empresas, incluso a las que tengan iniciado concurso preventivo la reformulación de los planes de facilidades de pago a los que se hayan adherido, para que de esta manera puedan mejorar su estructura de financiamiento y afianzar su capacidad de pago; o bien la opción de adherirse al presente plan en vez del creado por la RG 3587 AFIP o por la RG 3920, dentro del mismo plazo de consolidación fijado para estos últimos.

g) El Plan de Pagos propuesto puede reglamentarse por medio de una Resolución General de la AFIP, ya que está comprendida dentro de sus Esta vía normativa evitaría que deba requerirse la aprobación del Congreso, con lo que ello implica tanto en dificultades como en tiempos.

En este marco, entendemos que es un objetivo aún no alcanzado del Gobierno Nacional, solucionar el stock de deuda que muchas empresas mantienen con la AFIP en sus distintos rubros: Comercio, Servicios, Construcción, Industria en todas sus aplicaciones, Producción Química, y otros, que afecta también a las economías regionales en toda su magnitud.

Consideramos que el conjunto de medidas aquí planteadas tendrían varios efectos positivos que se potenciarían entre sí:

a) Las condiciones flexibles y suaves de amortización del stock de deuda fiscal existente permitiría realmente la existencia de fuertes probabilidades de cancelación, lo que a su vez llevaría a un real saneamiento de las economías empresarias, con su efecto sobre el nivel de negocios, el crecimiento y el empleo.

b) Estas condiciones permitirían a su vez reducir la probabilidad que para poder cancelar el stock de deuda fiscal se cree un nuevo stock de deuda con los nuevos vencimientos.

c) Es importante destacar otras dos características fundamentales de las PyMes:

        1.  La gran mayoría son de capital nacional.
        2.  Tienen una gran dispersión en el ámbito del país ya que no se concentran solamente en las grandes urbes.

d) En conclusión, facilitar el trabajo de la PyMes es una forma de impulsar el desarrollo de las economías regionales y por ende del país, promoviendo la inclusión social.

    1.  Eliminar el Impuesto al Cheque.
    2.  Eliminar todos los impuestos sobre tarifas eléctricas, de gas y combustibles.

DESDE HACE 23 AÑOS

Al borde de agotarse la falsa angustia por el resultado electoral, siempre aleatorio, fugaz, caprichoso y accidental, es necesario concentrarse en lo que es esencial y permanente para la existencia misma de la Nación Argentina.

En las últimas décadas de pronunciada decadencia espiritual, moral y material, el concepto y la palabra Patria fueron casi totalmente borradas de la memoria, del sentimiento y del alma colectiva de los argentinos, juntamente con la pérdida absoluta del Poder Nacional.

La Argentina atraviesa actualmente por la hora más trágica de su historia y “Gane quien Gane” las elecciones en curso, inexorablemente el país se enfrenta al futuro más incierto de su existencia.

El realismo político nos señala que nada bueno puede esperarse de una clase dirigente mayoritariamente ignorante, corrupta, indigna, inmoral y abyecta en todos sus ámbitos; es la misma que condujo el país a esta situación de ruina. A pesar de que las facciones en pugna pretenden diferenciarse engañosamente por sostener “modelos diferentes”, en realidad son “socios”, ya que detrás de bastidores o en la oscuridad de las organizaciones secretas obedecen a un único “titiritero”.

De continuar esta grave declinación, más temprano que tarde, la Argentina podrá terminar: o desintegrada en varias neocolonias dependientes de los imperios de turno, o bien se refunda conforme a sus principios fundacionales, idiosincrasia, identidad y tradición cultural nacional, iniciada en 1553 (fundación de Santiago del Estero) – e interrumpida su continuidad con la derrota de Caseros en 1852 (299 años), salvo unos fugaces destellos, por la acción del liberalismo masónico, el mamonismo (del dios caldeo Mammón), el anti catolicismo y los sectores antiargentinos que nunca se creyeron capaces de ser parte de un país independiente.

Sin piedad hacia el pasado no hay Patria.

La Reconquista y Defensa, debe ser considerada la Piedra Fundamental de la Refundación de la Argentina, y su jefe contrarrevolucionario el general Santiago de Liniers, su Libertador de la esclavitud de Inglaterra.

Hace 23 años iniciamos esta cruzada de la “Reconquista de la Argentina para los argentinos”. A pesar de la inmensa soledad e indiferencia no nos rendimos y nuestra esperanza es que las nuevas generaciones —inclusive las que aún no han nacido— recojan la posta y levanten el mandato de “Patriotismo sobre todo”, contra los perdularios que siempre adoraron el becerro de oro y cuyo lema fue y sigue siendo “Habilidad y riqueza” (Carta de Vicente López al Gral. San Martín, 04 Enero de 1830).

Misa de la RECONQUISTA

23ª Misa por la RECONQUISTA

Lunes 12 de agosto -19.15 Hs.

Durante 22 años un puñado de argentinos nos reunimos para dar gracias por la olvidada

Reconquista y Defensa de Buenos Aires (12 Ago 1806 – 7 Jul 1807), para rogar a Dios N.S. por una nueva y definitiva Reconquista de la Patria, y por el eterno descanso de Santiago de Liniers, y de todos los combatientes de las gestas de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires

Lo invitamos a que se sume a esta pequeña pero constante iniciativa patriótica, que no  tiene dueño, porque es de todos los que participan con su presencia y difusión.

¡Sin piedad hacia el pasado no hay Patria!

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Rejas de la clausura de las monjas “clarisas”.

Al anochecer del 11 de agosto de 1806, día de Santa Clara, frente a estas rejas – en el templo San Juan Evangelista – Santiago de Liniers, que había entrado clandestinamente a la ciudad, pidió a las monjas que rezaran durante toda la noche por el éxito de la operación de Reconquista de Buenos Aires, que iniciaría al día siguiente.

¡No podemos seguir viviendo en este clima insoportable de insubstancialidad espiritual, de desolación moral y de expoliación material!

Iglesia San Juan Bautista
(Alsina y Piedras)  Lunes 12 de agosto -19.15 Hs

En su patio descansan los restos de los argentinos muertos en esos gloriosos combates

Al término de la Misa – en el Patio de Santa Clara,  debajo del cual descansan los restos de nuestros guerreros de la Reconquista y Defensa – se realizará en una muy breve y ya tradicional ceremonia de lectura de la Oración a Santa Clara y la ejecución de cuatro breves toques de trompeta que simbolizan el llamado a la movilización de todos los espíritus, de muertos y vivos, por la Nueva Reconquista de la Patria

Oficia: Rvdo. P. Jerónimo Fernández Rizzo

Maestro de órgano: Rafael Ferreira
Soprano: Julieta Giordano

 

Santiago Roque Alonso – Director de Patria Argentina

PATRIA ARGENTINA

Sarmiento 1674 – 4 N; Capital Federal

Tel/Fax: 4382-8846 

www.sitio.patriaargentina.org/blog

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EL PODER CENTRAL PESQUERO ADMINISTRA MAL E IMPIDE EL DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS

César Augusto Lerena*

La administración por parte del gobierno nacional se origina con una legislación pesquera nacional inconstitucional, a cuyo amparo el Subsecretario de Pesca y Presidente del Consejo Federal Pesquero regula la actividad en forma central, en lugar de representar los intereses proporcionales de las provincias del litoral marítimo y, distorsionando la aplicación de las normas nacionales y provinciales referidas a la actividad pesquera, la sustentabilidad del recurso y el desarrollo previsible y sostenido de los pueblos y ciudades que debieran vivir de esta actividad.

Las facultades y derechos de estas provincias quedaron conculcados a partir de 1998 cuando se sancionó la mal llamada Ley Federal de Pesca (Nº 24.922), a través de la cual, la Nación mal administra los recursos pesqueros, se apropia de aranceles y derechos económicos derivados de la explotación de los recursos provinciales, ocasionándoles un daño gravísimo al impedirles un desarrollo planificado y, la aplicación de políticas industriales que den sustentabilidad económica y social a sus comunidades.

Resulta inadmisible, en especial para las provincias patagónicas —donde la pesca, debiera ser un recurso sustancial en sus economías— que estas se vean limitadas en sus desarrollos y sufriendo dificultades económicas por las políticas centrales que, gastando ingentes sumas de dinero para sostener la burocracia nacional, no solo se apropian de las autonomías regionales —además de encarecer la actividad productiva— sino que las dejan a merced de una voluntad autocrática carente de imaginación y de un proyecto federal.

Como ejemplo, podemos decir que la Provincia de Chubut, por estas políticas, desde 1998 a la fecha ha tenido un perjuicio económico del orden de los $ 21 mil millones, suma derivada de la imposibilidad de percibir derechos, de pérdidas industriales por depredación, menor producción y falta de radicación industrial y su consecuente falta de percepción de ingresos brutos, a la par de una pérdida de unos 9,2 millones de horas de mano de obra local, es decir unas 462 mil horas anuales. Todo ello, sin discutir una posible coparticipación (caso soja) de los derechos de las exportaciones de los productos originarios de la Provincia que podrían ascender a unos $ 687 millones anuales.

Nada puede esperarse de este modelo pesquero de administración central que lleva ya 50 años, profundizado con la sanción de la Ley 24.922 que concentró la decisión y los recursos en pocas manos e impiden una mayor distribución y un crecimiento exponencial de la actividad.

Accesoriamente a ello, el Subsecretario de Pesca de la Nación y sus antecesores, han sido pésimos administradores, a la par de utilizar nuevas formas de concentrar la pesca y reducir el valor agregado, a contramano de las necesidades de empleo de Argentina.

Mientras que la ilegal Dirección de Pesca de Malvinas administra la captura de unas 200/250.000 toneladas anuales desde dos contenedores, nuestro Subsecretario recauda un promedio de 200 millones de pesos anuales provenientes del aporte de las empresas y, en el período 2016-2019 recaudó $ 868.901.268, es decir, que desde la sanción de la Ley 24.922 en 1998 a los valores actuales se recaudaron $ 6,2 mil millones que, obviamente, la Nación se los quitó a la industria pesquera, sin aportarle un beneficio proporcional a sus contribuyentes ni a las provincias donde se originan los recursos.

La Ley 24.922, en su artículo 44º indica, en qué proporción debe distribuirse el Fondo Nacional Pesquero que se conforma con el cobro de derechos, permisos, multas, etc. y, si bien la misma ley faculta al Consejo Federal Pesquero a modificar esa distribución, es evidente, que más allá de que habría que devolverle a las provincias sus recursos, los parámetros indicados respecto a la investigación y el control marítimo, no debieran ser disminuidos, sino por el contrario, aumentados, si es que queremos asegurar una sustentabilidad biológica e impedir la pesca ilegal por parte de buques extranjeros en el Atlántico Sudoccidental.

No entiendo por qué motivo la Nación debe coparticipar con las provincias el 50% de la recaudación, cuando ya tiene asignado fondos destinados al funcionamiento de la Subsecretaría y el Consejo Federal Pesquero. Y, habría que preguntarse por qué se derivan fondos del FONAPE a la Fundación Argentina, con motivo de Cartas de Acuerdo, cuando todos los fondos del Estado deben estar sujetos al control previsto en la Ley de Contabilidad Pública y, sufrir los procesos licitatorios pertinentes a la hora de adjudicar importantísimos fondos para la prestación de servicios, etc. No quiere decir que esta deba ser una metodología destinada a evadir controles o licitaciones, pero parece muy similar a las conocidas y judicializadas entregas de fondos del entonces Ministerio de Planificación a las Universidades. Sería interesante conocer al respecto la opinión de los organismos de control del Estado.

El gobierno de la Nación, en la figura del subsecretario y presidente del CFP, en el período del año 2016 a julio de 2019, más allá de las reiteradas demoras en transferir los fondos pertinentes, afectó para sostener a la burocracia nacional la friolera de $ 270 millones, es decir, que en lugar del 3% previsto en los incisos c) y d) del Artículo 44º de la Ley 24.922 la Nación se quedó con un 31% de la recaudación total. Es decir, un monto equivalente al 16% del promedio del total de las exportaciones pesqueras de los últimos cuatro años. Esto bien podríamos denominarlo: “como hacer lo posible desde la burocracia nacional para quitarle competitividad al sector productivo nacional”. Por supuesto, no nos olvidamos los costos derivados de tasas, ganancias, IVA, rentas, seguridad social, etc. que son parte de los costos impositivos que sufre toda la empresa nacional.

Puede observarse rápidamente esta desproporcionada recaudación cuando observamos que, mientras la burocracia nacional se lleva el 31% de lo recaudado, cinco provincias solo acceden al 43%, cuando es sabido que los recursos más valiosos tienen origen en sus jurisdicciones.

A valores actuales desde la sanción de la Ley 24.922 a la fecha la Nación se ha llevado una suma del orden de los $ 2 mil millones.

Poco hay que esperar de esta gestión para recuperar el millón de toneladas anuales que los buques extranjeros se llevan del Atlántico Sur, en la ZEE Argentina, en el área de Malvinas y los migratorios en la Alta Mar ya que no hay aplicadas al efecto —todo lo contrario— y, entre otras cosas, no se afectan la cantidad suficiente de fondos para sostener el funcionamiento de los buques de la Armada y la Prefectura Naval. En ese sentido la Ley en su artículo 44º inc. b) preveía afectar el 20% de los recursos a las tareas de patrullaje y en estos cuatro últimos años solo se les aportó un 11% con una cifra ligeramente superior a los $ 98 millones. De ello resulta, que las empresas argentinas estén limitadas en sus extracciones y que, a su vez, el escaso apresamiento de buques extranjeros derive en las bajas multas aplicadas, cuyos ingresos podrían ayudar, al menos, a sostener la actividad de control.

También, la misma ley en el artículo 44º inciso a) preveía la afectación del 25% del Fondo Nacional Pesquero para la investigación, sin embargo, habiéndole aportado en estos cuatro años poco más de 103 millones de pesos, por lo que el INIDEP habría accedido a una coparticipación de solo el 11,8%, siendo fácil entender, las dificultades que, en materia de investigación, relevamiento y control biológico en las capturas, ello puede implicar.

Finalmente, los fondos destinados a la capacitación previstos en la ley del orden del 2% de lo recaudado, en este período alcanzaron a los $ 21 millones resultando insuficientes a la luz de una actividad compleja y diversa que requiere de mano de obra calificada, no solo en las tareas de extracción e industrialización, sino también en los oficios que giran alrededor de la actividad.

Podemos optar entre un modelo centralizado y concentrado que beneficia a unos pocos funcionarios y empresarios, o proyectar un modelo participativo y distributivo que promueva en forma sinérgica las potencialidades de las provincias, las empresas y la fuerza del trabajo; preservando las autonomías y nuestra soberanía marítima y alimentaria.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

 

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