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LA BAJA CALIDAD DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DEL GOBIERNO QUE UN SEMINARIO MARÍTIMO DEJÓ AL DESCUBIERTO

César Asgusto Lerena*

Días pasados se desarrolló en Buenos Aires, un Seminario de Intereses Marítimos organizado por la Armada Argentina y las Universidades de Buenos Aires, del Salvador y de la Defensa donde se abordaron diversos temas relativos al Atlántico Sur, su explotación y defensa. Una excelente iniciativa que acerca al ámbito universitario la problemática del mar, un tanto ajena en la comunidad, más bien predispuesta a tratar las cuestiones continentales.

Mi reconocimiento a los organizadores y moderadores que abrieron las exposiciones al debate del auditorio.

Habrá que profundizar los temas abordados y, especialmente, buscar una mayor diversidad de opiniones, en aquellos temas relativos a la explotación de los recursos, su vigilancia, la sustentabilidad y, el resguardo y la reafirmación de la soberanía nacional.

Abrió las exposiciones el director del Instituto del Servicio Exterior de la Cancillería Emb. Fernando Petrella, quién ratificó las políticas de seducción de los isleños ya aplicadas sin éxito por Menem-Di Tella, en cuyo gobierno se desempeñó como Vicecanciller. Trató a los ingleses de “amigos”, dejando de lado, que éstos ocupan 1,6 millones de km2 de mar argentino, extraen 250 mil toneladas anuales de recursos pesqueros nacionales, exploran nuestros recursos hidrocarburíferos y han generado un polo de atracción del Atlántico Sur con más de 350 buques extranjeros ilegales. Fuera del estrado —ya que en la UBA no se habilitaron preguntas luego de las exposiciones— el Embajador consideró adecuados los vuelos a San Pablo y Córdoba desde Malvinas, sin prestar importancia que, de producirse un Brexit, con las consecuencias arancelarias para Malvinas que implicarían, mediante los vuelos, los isleños tendrán acceso a un mercado de treinta millones de personas ABC1 para comercializar sus productos, además de la conectividad con el mundo desde San Pablo.

El Subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles Ing. Carlos Casares y el Director de Exploración y Producción Ing. Gonzalo Aguirre de la Secretaría de Energía se refirieron a las recientes adjudicaciones offshore de 100 mil km2 en la primera ronda (una segunda estaría prevista para 2020) y, de sus exposiciones, quedó claro que el área seleccionada no avanzó dentro las 200 millas marinas alrededor de Malvinas ocupadas ilegalmente por el Reino Unido, resignando la soberanía nacional con esta autolimitación geográfica y aumentando la presencia británica en el mar austral a partir de la adjudicación de siete de las 18 áreas licitadas en la Cuenca de Malvinas a las empresas Shell, BP Exploration Operating Company Limited y Tullow Oil, donde esta última, violaría la ley 26.659, ya que habría “operado ilegalmente siete áreas al sur de las islas en el 2007 y, por su parte, la noruega Equinor, también adjudicataria, tiene dentro de su directorio a una ex asesora de la administración isleña, quien trabajó para Tullow Oil en la planificación del plan de desarrollo offshore en Malvinas”. Por cierto, de la exposición surgió que no se tuvo en cuenta las prohibiciones de la Ley 26.659 ni se le dio participación de la Subsecretaría de Pesca a la hora de elaborar los pliegos licitatorios, con el argumento de evitar la intervención de una mayor cantidad de profesionales en los procesos burocráticos, olvidando, que se pone en juego un área donde las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos deberán convivir con la explotación de los recursos pesqueros, cuyos ingresos anuales le permiten a la Argentina exportar por valor de 2.100 millones de dólares, además de sostener a gran parte de los pueblos del litoral marítimo y mantener la presencia de buques nacionales en el Atlántico Sur.

A la hora de la intervención del Subsecretario de Puertos y Vías Navegables Lic. Mariano Saúl, éste efectuó una serie de recomendaciones pero no se refirió a la próxima licitación de un nuevo puerto para la ciudad de Buenos Aires, cuyo proyecto, sin el debido debate ni la participación de todos los sectores involucrados, sigue insistiendo con el emplazamiento de un puerto con los mismos problemas que el actual ya que “el calado proyectado por el gobierno apunta a los 11 metros (36 pies), no previendo la llegada al puerto de Buenos Aires de buques de 14.000 TEUs para el año 2020 y de 18.000 TEUs para el año 2025. Actualmente con 32 pies de calado los buques de 10.000 TEUs solo pueden operar en el puerto de Buenos Aires cargados a menos del 75% de su capacidad, por lo tanto, la profundización del canal propuesta, solo serviría por unos pocos años e implicará el dragado permanentemente por los próximos 20 a 25 años” (Fabian Lugarini, 26/8/19).

La disertación del Asesor Jurídico Dr. Alejo Toranzo reemplazante del Dr. Juan Bosch dejó en evidencia que la Subsecretaría de Pesca no ha dado un solo paso para eliminar la pesca ilegal (INDNR), cuya obligación es una de sus responsabilidades conforme lo establece la Ley 24.922 y lo ratifica la Res. 1/08 del Consejo Federal Pesquero. En las filminas que parecían diseñadas para un auditorio desinformado, se refirió a un sistema integrado de control que, cualquiera que conoce los procesos a bordo y desembarques sabe que son inexistentes. Pero el asombro llegó cuando mencionó “las decisiones adversarias que toma la Subsecretaría respecto a Malvinas y, se refirió a que esta dependencia actuaba con los lineamientos de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), pese a que si bien la Argentina aprobó por ley 25.290 el Acuerdo de Nueva York que impone este tipo de organizaciones, no lo ratificó y, por el contrario, habría que esperar que se derogue, porque su aprobación, habrá de significar el control del Atlántico Sur por parte de los Estados de bandera (extranjeros) que son mayoría frente al Estado ribereño y, además, le abriría las puertas a una mayor intervención aún del Reino Unido en Malvinas. La Argentina debe en este sentido definir la preeminencia de los Estados ribereños sobre los Estados de bandera, porque aquellos son los titulares del dominio de los recursos originarios de la Zona Económica Exclusiva que migran a la Alta Mar.

No parece encontrarse dentro de “las decisiones adversarias de la Subsecretaría respecto a Malvinas, la colaboración de Argentina a través de la investigación, para que los británicos conozcan la biología y stock pesquero del Mar Argentino, en especial, de aquellas especies que le permiten al Reino Unido otorgar permisos de pesca a buques extranjeros todos los años. Si esta es la política para los adversarios, no imagino que haríamos si fuésemos amigos como refiere el embajador Petrella.

Los citados disertantes debieran leer el muy buen artículo del Emb. Jorge Arguello “Entender el Mundo, decidir con autonomía” publicado en la edición de octubre 2019 de Le Monde Diplomatique, para entender que los modelos de copiar y pegar, que muchas veces aplicaron las autoridades de nuestro país, a la luz del escenario internacional, requiere que muten a una mayor imaginación, rigor e interés nacional.

Este Seminario puso de manifiesto la baja calidad de las políticas nacionales del gobierno, por lo que será muy importante la continuidad de estos encuentros, para que los funcionarios recuerden, que son servidores públicos que, mediante estas exposiciones, rinden cuentas de su gestión y, el auditorio, compuesto por docentes, profesionales, diplomáticos, empresarios y miembros de las fuerzas armadas y de seguridad discutan ideas y se transforman en difusores calificados de una temática que debe empezar a interesar al conjunto de los argentinos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

Copyright © *|2019|* *|César Lerena|* All rights reserved.

EL GOBIERNO DE TURISMO FERIAL PESE A LA CRISIS PESQUERA

César Augusto Lerena*

Imagen de MICHOFF en Pixabay

Lo estuvimos esperando al Subsecretario de Pesca Juan Bosch para hacerle algunas preguntas en el Seminario de Intereses Marítimos, organizado por la Armada y las Universidades de la UBA, USAL y UNDEF donde nos iba a explicar por qué en su gestión no ha hecho nada en materia de pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Sur, a pesar de que la Unión Europea ya estableció en 2008 un sistema para impedir, desalentar y eliminarla pesca ilegal, al igual que la Argentina a través de la Res. CFP 1/08 y la propia Ley 24.922. No es un tema menor la desatención del tema: los buques extranjeros se llevan un millón de toneladas de pescados y calamares que le permitirían a la Argentina duplicar las exportaciones y triplicar la mano de obra nacional.

Nos dicen que está viajando por Rusia y por algún otro lugar de Europa, ¿Galicia?, aunque, no constan en las Actas del Consejo Federal Pesquero —como debieran— las razones por las cuales este funcionario estaría haciendo turismo ferial con fondos públicos (¿?), desatendiendo las graves cuestiones pendientes de resolución ¿Los empresarios argentinos necesitarán de la presencia de este funcionario en el mundo para vender? Seguro que los rusos y gallegos no.

Solo dos ejemplos que muestran la complejidad que sufre el sector pesquero:

Conoce este funcionario los graves daños económicos y operativos que la Secretaría de Defensa Agrícola (SDA) de Brasil está ocasionando a las empresas exportadoras de productos pesqueros argentinos a ese país, a partir de normas brasileñas (Alerta de importación, 18/01/2017 mod. 27/09/2019) consolidadas por la Norma Interna SDA Nº 01 del 20 de diciembre de 2018, puesta en vigor ”con el propósito de disciplinar los procedimientos para la implementación del Régimen de Alerta de Importación (RAI)”, por la cual, se aplican exigencias y procedimientos que no están previstos en las normas sanitarias aprobadas en forma conjunta por el MERCOSUR que llevan a retener embarques en la frontera e incluso a la incautación de mercaderías, sin la más mínima posibilidad de participar en los procedimientos y de contar con la asistencia técnica oficial argentina para exigir se expliciten y limiten los controles a las exigencias técnicas acordadas en el MERCOSUR y las concordadas con la el C.A.A. y el Decreto 4238/68. ¿Qué acciones ha tomado el Subsecretario ante el SENASA para que en forma muy urgente se actúe ante su par DIPOA de Brasil, o ante la Secretaría de Mercados de Argentina y los Agregados Comerciales de Argentina y Brasil?

Para cuestiones técnicas tan básicas y universales, donde existe numerosa bibliografía técnica nacional e internacional para determinar la calidad de los productos que se comercializan, como la determinación del pH, el Nitrógeno Básico Volátil, información nutricional, Sodio (Na) entre otros y cuyas técnicas están al acceso de SENASA, INIDEP, CITEP, INTI, SALUD, etc. no puede haber grandes disensos entre los profesionales oficiales de ambos países, para dar certezas a las salidas de mercaderías de las plantas y erradicar la incertidumbre que, bajo el pretexto de aplicar exigencias no unificadas, se esté utilizando barreras paraarancelarias que desalienten y encarezcan la exportación de productos pesqueros argentinos al Brasil.

Por otra parte, en Comodoro Rivadavia se suspende a los trabajadores, fundado en que el sector está en quiebra, “no por responsabilidad de los trabajadores sino de la voracidad fiscal que los deja fuera del mercado internacional (sic), siendo necesario, dicen, “determinar la distribución de cuotas en las plantas locales y asegurar su provisión”, y resaltaron que “la suspensión de la actividad pesquera alcanza a todo Comodoro Rivadavia e incluye barcos, estiba, plantas de procesamiento y transporte” y, aseguraron, que “sin respuestas no hay actividad”.

La solución de estos temas y decenas de éstos, que padece a diario y en forma crónica la actividad, no puede esperar meses, porque se resienten las exportaciones argentinas, la economía de las empresas y el empleo de los trabajadores. El rol que se espera del Subsecretario de Pesca es la resolución de los problemas que afectan diariamente al sector, favorecer la industrialización, el comercio y promover el empleo. La obligación de los empresarios es exportar más valor agregado y calidad. El turismo ferial no es una prioridad en un Estado que necesita divisas y sacar de la pobreza a 35% de los argentinos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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LA SUBSECRETARÍA DE PESCA. UN MODELO DEL FRACASO NACIONAL.

César Augusto Lerena*

Juan Bosch, Subsecretario de Pesca y Acuicultura, en las jornadas para fortalecer las medidas de reducción de la captura incidental en las pesquerías. Foto: Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

Cuando en las recientes Jornadas sobre “selectividad y reducción de pesca incidental” realizadas en el INIDEP escuchamos decir que es un escándalo que tiremos comida al agua que nos deja mal parados ante el mundo” (Revista PescaPuerto.com.ar, 20/9/19), pensamos que se trataba del representante de la ONG —“Ni un solo niño con hambre”— o de otra preocupada por el medio ambiente o, tal vez de un militante opositor del gobierno, pero no, era el mismísimo Subsecretario de Pesca Juan Bosch quien formulaba estos dichos, como si no hubiese sido el más alto funcionario del sector que, después de casi cuatro años y a pocos días de finalizar su mandato, se daba cuenta que era un escándalo que se descarten cientos de miles de toneladas de proteínas al mar, que podrían alimentar a tres millones de niños y adolescentes diarios y que, desvergonzadamente, admitía ser, junto al Consejo Federal Pesquero, el principal responsable de este escándalo.

Empecemos por decir que, es muy probable, a la mayoría de estos funcionarios les alcancen las prohibiciones de la Ley 25.188 de Ética Pública (sus art. 13º y 15º), ya que han mantenido (¿o mantendrían?) vínculos directos con empresas o cámaras empresarias hasta el mismo momento de su asunción y, desempeñándose “ad honorem”, no se sabe cómo se mantienen (salvo los funcionarios en provincias). Tal es el caso del citado Juan Bosch, que hasta su asunción fue abogado de la empresa Vieyra; el técnico químico Oscar Fortunato, quien a pocos días de representar al Poder Ejecutivo Nacional era presidente del Consejo de Empresas de Pesca, entidad que agrupa a cuatro empresas que se disputan las primeras posiciones en las exportaciones pesqueras. También el recurrente Lisandro Belarmini, pariente y empleado de Moscuzza y, otros, como el representante de Santa Cruz, Carlos Liberman, quien ha votado reiteradamente decisiones que perjudican el interés pesquero en general y muy especialmente los de su provincia, como surge de las actas del CFP y del escaso desarrollo pesquero de esa provincia en los últimos quince años, sino fuese por la presencia del imprevisible langostino. Además, algunos de los miembros de esta provincia representarían el interés de ”empresas con vínculos en Malvinas, tal es el caso de Ricardo Patterson, Leonardo Álvarez y Alexis Quintana (La Tecla, Mar del Plata, 21/09/2019).

A la asunción de los nuevos funcionarios el 10 de diciembre, le cabrá a un juez determinar si a esos agentes públicos les cabe alguna sanción y, si sus resoluciones carecerían de valor.

Mientras tanto, la incapacidad es alarmante por parte de quien preside el CFP (el Subsecretario Bosch) o representa al Ejecutivo Nacional en este cuerpo (Fortunato), ya que han incumplido, en primer lugar, con las previsiones previstas en la Ley de Pesca 24.922 y con el mensaje político de su propio mandante, el presidente Macri, quien al iniciar su mandato expresó: ”para que haya en realidad pobreza cero necesitamos generar trabajo, ampliar la economía, aprovechar los enormes recursos naturales y humanos que tiene la Argentina. Vamos a cuidar los trabajos que hoy existen, pero sobre todo a producir una transformación para que se multipliquen las fuentes de trabajo porque esa es la única forma de que haya prosperidad donde hoy hay una pobreza inaceptable. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio”.

A nuestro entender, estos funcionarios, en los últimos cuatro años, han tenido al menos veinticinco desvíos e incumplimientos de sus deberes:

 

Asuntos Nacionales

1) No se eliminó o redujo el descarte y la pesca incidental impidiendo la generación de nuevas fuentes de trabajo y contribuir a reducir el hambre cubriendo las necesidades proteicas diarias de tres millones de niños y adolescentes todo el año, con motivo del desembarco, proceso industrial y aprovechamiento de las 300 mil toneladas que se descartan por año, ajustándose a las exigencias de descarte cero que la Unión Europea aplica desde 2014 y que la Ley 24.922 exige desde 1998. Se suspendió la utilización de artes de pesca selectivas para facilitar el escape de juveniles, etc.

2) No se evitó la sustitución de las especies desembarcadas, favoreciendo la distorsión de las cuotas asignadas a las empresas y provocando depredación e inequidad en la distribución de las cuotas.

3) Como consecuencia de los descartes, depredación y sustitución no se garantizó la sustentabilidad del mar argentino para las actividades actuales y las generaciones venideras.

4) No se eliminó el trabajo en negro en la actividad industrial por la falta de utilización de sistemas que obliguen a la registración del trabajo.

5) No se aplicó un modelo de administración industrial del recurso para asegurar el trabajo y evitar la caída del empleo actual, con motivo —entre otros— del modelo extractivo y la transferencia del esfuerzo pesquero a la captura del langostino, desatendiendo la pesca de peces.

6) No se aumentó el valor agregado de las exportaciones en los últimos cuatro años, ni se evitó la cesión del empleo de mano de obra argentina en el procesamiento del langostino, derivando estos a terceros países consumidores finales o a los que transforman los recursos para éstos. El 65% de las exportaciones son commodities o de bajísimo valor agregado.

7) No se efectuó un control adecuado de las cuotas y se admitió la venta entre privados de las habilitaciones concesionadas por el Estado, que se limitó al mero registro. Se aumentó el esfuerzo pesquero con motivo de las reformulaciones de permisos de pesca desde embarcaciones de baja capacidad y bodega a buques de mayor eslora y capacidad pesquera.

8) No se aumentó el consumo nacional de pescado que está entre los más bajos del mundo y, por tal motivo, no se generó mayor valor agregado, empleo y mejora de la dieta de los argentinos.

9) Se promovió la concentración pesquera y en la actualidad unos diez grupos empresarios concentran el 50% del total de las exportaciones y unas cuatro empresas el 40% de las cuotas de merluza.

10) No se aseguró la diversidad de la explotación y en el año 2018 se capturaron 50 mil toneladas menos de pescados que en 2015 y 130 mil toneladas menos que en 2008. Si a eso le agregamos que el 60% del valor de las exportaciones tienen origen en el langostino, una eventual caída de precio o de la captura de esta especie llevaría al sector a una crisis sin precedentes.

11) No se implementó una política que asegure a las pequeñas y medianas embarcaciones una Unidad Económica Pesquera para garantizar su sustentabilidad económica y social.

12) No se facilitó la exportación y el comercio interno de las pequeñas y medianas empresas para mejorar su sustentabilidad económica y generar mayor valor agregado y empleo.

13) Se mantiene una política sin federalizar sobre la explotación de los recursos originarios, desindustrializando a las provincias del litoral marítimo.

14) No se llevó una política de renovación sostenida y de seguridad de los buques, operando en la actualidad 240 que están obsoletos y, a consecuencia de ello, se produjeron naufragios con la muerte de sus tripulantes. Se promovió la construcción de embarcaciones pesqueras, de investigación, petroleros, etc., fuera del país en lugar de propiciar la construcción en astilleros nacionales.

15) No se actuó sobre las empresas que abandonaron los buques pesqueros en los puertos dificultando la operatividad en los mismos, tal es el caso del puerto de Mar del Plata, donde se encuentran 53 buques abandonados.

16) No se promovió la construcción y/o ampliación y/o mejora de los puertos para facilitar la operación de los buques pesqueros.

17) No se le dio autonomía a la investigación pesquera y por el contrario se intervino el INIDEP.

18) No se efectuó un seguimiento en forma continua de todos los proyectos de inversión, radicación industrial, agregado de valor y ocupación de mano de obra etc. a las empresas concesionarias de cuotas y autorizaciones de captura.

 

Asuntos Internacionales

19) No se impidió la captura ni se efectuaron los correspondientes acuerdos para evitar la pesca de más de 350 buques extranjeros ilegales en el mar argentino y adyacente que priva a la Argentina de un millón de toneladas anuales de pescados y calamares que le permitirían a nuestro país duplicar las exportaciones y triplicar la mano de obra.

20) No se llevó adelante una política de explotación nacional del calamar destinada a mejorar las condiciones de explotación selectiva de esta especie por parte de los buques nacionales y reducir su extracción con buques de arrastre y con embarcaciones licenciadas por el gobierno ilegal británico.

21) Se transfirió conocimiento a los británicos en el área austral del Atlántico Sur y dentro de la zona de exclusión de Malvinas.

22) No se hizo valer en el concierto internacional el ejercicio de los derechos soberanos de Argentina en su carácter de carácter de país ribereño, ni se sancionó a todos los buques extranjeros que con o sin licencia ilegal británica pescan los recursos argentinos en el Atlántico Sur.

23) No se concretaron nuevos acuerdos con Uruguay que dificulten las operaciones de buques extranjeros en el Atlántico Sur y posibiliten una integración rioplatense para defensa del Atlántico Sur y, por el contrario, se ignoró la utilización de los puertos uruguayos por parte de buques extranjeros ilegales.

24) Se promovió el Acuerdo de Nueva York y del Atún originando la regionalización del Atlántico Sur y nuestro debilitamiento como país ribereño ante los buques de bandera y el Reino Unido en Malvinas.

25) No se generó la necesaria confianza internacional en los organismos nacionales de control y certificación para asegurar la colocación de los productos pesqueros en el mundo y certificaciones de otros países descalificaron a productos argentinos, como el langostino.
La inacción muestra la incapacidad de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Federal Pesquero y el grave desorden de la administración de la pesquería que deja este gobierno nacional y los próximos 365 días posteriores a la asunción de las nuevas autoridades serán vitales para revertir esta situación y contribuir al desarrollo nacional desde esta actividad a la generación de divisas, valor agregado, empleo y radicación industrial.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

 

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