Gaby Weber (desde Alemania)*
Que el dinero negro pueda legalizarse en Argentina no es nada nuevo. La expresidenta peronista Cristina Kirchner ya había autorizado en dos ocasiones la declaración de capital no declarado ante las autoridades fiscales para su reincorporación a la economía argentina: con la Ley 26.476 (en 2008) y con la Ley 26.860 (en 2013). Pero el nuevo presidente, el ultraderechista Javier Milei, tiene muchas posibilidades de establecer un récord de lavado de dinero, y las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea guardan silencio. Pero el sector bancario privado europeo es menos indulgente y ha incluido al país en su lista de sanciones, secretamente.
La primera ley por el lavado de dinero de Milei entró en vigor en julio de 2024, apenas seis meses después de asumir el cargo. La Ley N° 27.743 fue apodada por los medios argentinos como la «Ley de Blanqueo». De ese modo, el capital de origen dudoso podía transferirse a la Argentina e invertirse sin límite, costos adicionales ni impuestos hasta el 31 de diciembre de 2025. No se requería comprobante de origen. Se estima que más de US$ 20 mil millones de dólares estadounidenses ingresaron al país de esta manera.
De repente, aparecieron enormes letreros anunciando «Aptos para el blanqueo» en obras de construcción por todo Buenos Aires. Sin embargo, algunos funcionarios de la AFIP estaban interesados en saber quiénes se beneficiaban de esta nueva ley y en qué medida. Milei, presumiblemente, consideró esto contraproducente y, por lo tanto, disolvió la AFIP mediante el decreto 953/2024. La nueva agencia, ARCA, estaba integrada por personas de su confianza y se encargaría de los asuntos fiscales y aduaneros a partir de entonces. Sin embargo, como alardeaba el autoproclamado anarcocapitalista, sería menos burocrática, lo que haría que todo el proceso fuera «más accesible y eficiente para el ciudadano».
Miembros del Poder Judicial e incluso de la Iglesia Católica advirtieron que los cárteles de la droga, en particular, explotarían estas nuevas regulaciones ―o mejor dicho la falta de regulaciones―, ya que las políticas sociales neoliberales radicales habían incrementado drásticamente el poder de los narcotraficantes. En los suburbios, el nuevo gobierno reprimió a los grupos comunitarios y recortó los programas sociales; los narcotraficantes llenaron este vacío.
El flujo constante de dólares de los narcotraficantes disminuyó el año pasado, por lo que Milei intentó otra ley para hacerse con el «dinero oculto», como lo denominó el Ministerio de Economía. En enero de 2026 entró en vigor la ley de «inocencia fiscal», que legalizaba los ahorros previamente no declarados. Nadie tenía que demostrar cómo había adquirido su riqueza; se presumía su inocencia y se invirtió la carga de la prueba. En lugar de que el propietario del capital tuviera que probar su origen, el sistema judicial debía aportar pruebas concretas. Incluso los bancos locales percibieron problemas con la seguridad jurídica y el cumplimiento de las obligaciones internacionales contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, desestimó las críticas, decidiendo que una simple solicitud era suficiente y que no se podía exigir ninguna prueba adicional.
También se abolió la normativa que obligaba a notificar automáticamente a las autoridades fiscales las transacciones financieras superiores a 10 millones de pesos, y aún se permitía la compra de bienes inmuebles en efectivo, incluso en pequeños billetes. Esta práctica lleva tiempo prohibida en países vecinos como Uruguay y Chile. Además, se redujeron significativamente las sanciones por evasión fiscal. El Ministerio de Economía pretende controlar los US$ 170.000 millones que sospecha que están bajo del colchón, «ocultos». Se fortalecerán las reservas del Banco Central y se saldarán las deudas externas.
El FMI debería haber dado la voz de alarma y sancionado al país, pero recientemente le ha concedido otro préstamo de US$ 10.000 millones. Y esto es puramente por motivos políticos. Milei apoya incondicionalmente a Donald Trump y Benjamín Netanyahu y ahora quiere privatizar el suministro de agua y la Hidrovía del Paraná.
Su Armada acaba de firmar un memorando de entendimiento con la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos sobre cooperación en materia de «amenazas». En él, las aguas argentinas se consideran un «bien común global», lo que el diario Página 12 describe como una «rendición de soberanía».
Junto con sus homólogos argentinos, los marines estadounidenses planean expulsar a los buques factoría chinos que agotan regularmente los caladeros de la costa. Japón y España hacen lo mismo, pero no se les menciona en este contexto. Milei fue fotografiado en el portaaviones USS Nimitz con su hermana Karina y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno (ex de JPMorgan). El embajador estadounidense presente celebró «una nueva era de profundo acercamiento estratégico».
Es comprensible que el FMI no quiera denunciar a la persona tan útil como lavador de dinero. Sin embargo, en Europa, el sector bancario privado tiene una opinión diferente y sus propias listas de sanciones. Cualquier persona que desee ser cliente del Deutsche Bank, por ejemplo, y que resida en Argentina, es informada de que Argentina es un país de alto riesgo y que no es bienvenida como nuevo cliente.
La Comisión Europea no suele ser mezquina a la hora de imponer sanciones, especialmente cuando las empresas hacen negocios con Rusia o cuando los periodistas supuestamente difunden «narrativas rusas».
La Comisión Europea, mediante el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, del 14 de julio de 2016, identificó terceros países que presentan un alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Su Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una lista de países sometidos a un escrutinio reforzado (la «lista gris»), que se actualiza periódicamente. Esta lista del GAFI contiene cuatro categorías de países de alto riesgo, entre los que se incluyen Rusia y Bolivia[1].
Por razones inexplicables, Argentina no figura en esta lista, a pesar de que existen muchos motivos para su presencia, entre ellos, las leyes contra el blanqueo de capitales del presidente Milei. En las elecciones provinciales del pasado octubre, su principal candidato por Buenos Aires fue José Luis Espert. Poco antes de las elecciones se supo que había sido financiado durante mucho tiempo por el narcotraficante Fred Machado, quien también le había proporcionado los aviones para la campaña. Machado fue extraditado a Estados Unidos y se declaró culpable de lavado de dinero y fraude. Sin embargo, Milei apoya a su amigo, calificándolo de «víctima de una vil campaña mediática».
El dinero negro repatriado no ha impulsado la economía nacional. Desde que Milei asumió el cargo hace dos años y medio, 24.437 empresas han quebrado; la economía no se encontraba en tan mal estado ni siquiera después del confinamiento de siete meses durante la pandemia de COVID-19. Solo las industrias minera y petrolera siguen recibiendo fondos, pero únicamente las empresas extranjeras se benefician de ello.
* Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde 2002 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y la Argentina, trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Entre sus libros podemos mencionar: «Los expedientes Eichmann. Los archivos desclasificados que revelan su relación con el sionismo, la Guerra Fría, la bomba atómica y el engaño sobre su secuestro en la Argentina».
Cita
[1] Banking Industry 2026. Reportlinker.com, https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2026/rs_03_26_hochrisikostaaten_gw.html?nn=156690
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