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GAS Y BUQUES MILITARES, EL EMBROLLO PERFECTO EN EL MEDITERRÁNEO

16 septiembre, 2020 SAEEG Deja un comentario

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Giancarlo Elía Valori*

Defender la autonomía turca y las «manos libres» en el Mediterráneo oriental es, para los estrategas turcos, una prioridad estratégica. Y es en ese cuadrante donde se mueven los intereses estratégicos que afectan no solo a Italia y Grecia.

Para entender cómo piensa estratégicamente la Turquía de Erdogan, necesitamos ver la evolución reciente del sistema político de Ankara, junto con sus determinantes geopolíticos históricos, que siempre están definidos. Como dijo Napoleón, para establecer la política exterior de un país, sólo hay que mirar su mapa. El primer gobierno del AKP, un partido islamista que es reformulado y refundado después que algunos de sus miembros no fueran considerados regulares por la Corte Constitucional, duró de 2002 a 2010. Y más, como sabemos.

Originalmente en 1970, nació en Turquía el primer partido islamista, el “Partido de la Orden Nacional” (MNP) encabezado por Necmettin Erbakan que fue cerrado por el Tribunal Constitucional, para resurgir al año siguiente como el “Partido de la Salvación Nacional”, que en las elecciones de 1973 obtuvo 48 escaños en el Parlamento.

En 1981 fue cerrado por el Consejo de Seguridad Nacional, junto con todas las demás formaciones políticas, ninguna excluida esta vez, debido al golpe “constitucional” de las Fuerzas Armadas. En 1983, cuando se permitió de nuevo la formación de los diversos partidos políticos, nació, de las cenizas del MNP y de la “Salvación Nacional”, el “Partido del Bienestar”, siempre dirigido, tras bambalinas, por Erbakan. Ese siempre será el modelo explícito y venerado de Erdogan. De todos modos este partido no tuvo el consentimiento de los militares para participar en las elecciones de 1983.

Para todos los años 80, el “Partido del Bienestar” no superó el umbral del 10% y por lo tanto no entró en el Parlamento. Pero comenzó a crecer considerable e inesperadamente en la década de 1990, hasta la victoria en las elecciones de 1997 y la posterior, ahora inevitable, intervención de las Fuerzas Armadas turcas. En 1998 el Tribunal Constitucional “cerró” de nuevo el Partido de Bienestar que reapareció en 1999, como el “Partido de la Virtud” que logró poco consenso en las elecciones de 1999 y fue cerrado de nuevo por la Corte. Luego vino el “Partido de la Felicidad”, de una división tradicionalista del ala “modernista”, que se encuentra en el AKP. Pero no llegará muy lejos.

¿La ideología? Es la del Milli Goru, o la “perspectiva nacional”, que ve una clara separación entre la civilización occidental, materialista, colonialista, represiva hacia los “terceros” países, destinados todos —rasgo importante— a una muerte rápida, y la civilización islámica, basada en un hecho esencial y típico: la justicia. Por lo tanto y a partir de esta ideología, las reformas modernizadoras que desde Ataturk han secularizado la sociedad y la política turcas, tampoco son buenas. Aunque el nacionalismo que también caracterizó la tradición “secular” de Turquía a principios del siglo XX está muy bien.

No hay pertenencia a la UE, por supuesto, ni ninguna relación, si no agresiva, al menos en palabras, con Israel. Pero aquí está la columna vertebral de esta nueva ideología del AKP que podríamos definir genéricamente como «islamismo», es que solo Turquía, solo Turquía, tendrá que liderar el nuevo mundo islámico unido. De hecho, el secularismo sólo se acepta en la medida en que permite la libertad de religión, pero se rechaza en nombre del Islam, que es la única verdad.

Otro elemento de la ideología islamista, que luego se mueve casi en su totalidad hacia el AKP, es el “orden correcto”, adil d’zen, un modelo de “tercera vía” superior al capitalismo y al socialismo. No hay interés en el comercio, aunque el mecanismo financiero se organiza actualmente según el sistema bancario islámico, también modelado en las líneas de Al Qaradawi, predicador príncipe de Al Jazeera y entre las figuras más importantes de la Hermandad Musulmana. Este es también un punto que tanto los saudíes como al-Sisi están cuestionando fuertemente.

Moody’s en enero de 2020, verificó que los intercambios bancarios islámicos en Turquía son alrededor del 15% del total de transacciones. Mucho más que muchos países de Oriente Medio, pero menos que en Arabia Saudí o incluso Malasia. A partir de aquí, de nuevo, el odio masivo hacia el FMI, el Fondo Monetario Internacional, la UE, incluso la OTAN, pero hablaremos de ello más adelante. Sin embargo, los partidos islamistas turcos son los únicos partidos de masas que quedan hoy en día, después de que la política posmoderna también infectara a Oriente Medio o incluso a los países orientales.

“El AKP es una democracia conservadora”, dijo Erdogan en las elecciones de 2002. Pero también está la declaración explícita, de nuevo por Erdogan, del libre mercado, de las privatizaciones y la inversión extranjera en Turquía, también define la relación entre Ankara y Washington como fuerte, incluso con la OTAN y con las Repúblicas, a veces de origen turaniana de Asia Central. La democracia es vista sobre todo como un escudo contra la interferencia del Estado secular.

A nivel geopolítico, Erdogan repite, mezclándolas, las piezas de la estrategia global tradicional turca: un control cuidadoso de los puertos mediterráneos para evitar que las zonas sensibles de Ankara sean objeto de operaciones enemigas. Entonces, aquí está el punto: Chipre. Fue Bulent Ecevit, el primer ministro turco secular y de centro-izquierda, quien ordenó la invasión de Chipre en 1974. Es cierto que Atenas había derrocado, justo antes, al arzobispo Makarios y declarado la Enosis, la unión con Grecia.

Y ahora está la clara negativa de Ankara a aceptar una zona económica exclusiva (ZEE) de Chipre griega, y luego el acuerdo leonino con la Libia de Trípoli —de la Hermandad Musulmana— para lograr una ZEE turca que va de la costa libia tripolitana a la isla (griega) de Kastellorizo y a todo el mar chipriota, con partes de la posible futura ZEE griega.

Como sabemos, las ZEE son zonas que se extienden hasta 200 millas náuticas desde la línea de base de un estado costero y, desde el punto de vista jurídico, son la “territorialización del mar”, ya que permiten la explotación de los recursos naturales del fondo marino.

Italia y Grecia han ratificado recientemente un acuerdo, que luego debe ser firmado por nuestro Presidente de la República, aunque Italia ya tiene una “casi ZEE” en el mar Tirreno, desde el mar de Liguria hasta el mencionado Tirreno, especialmente para la protección de la fauna marina. Atenas y Roma ya han decidido, sin embargo, que para el futuro, deberían hacerlo, dada la visión que Italia tiene de Turquía, y la manía, ya certificada por Cavour, de ir a favor de cualquier diplomático para “estar allí”. La ZEE ítalo-turca será, muy probablemente, la definida por el Tratado de 1977. El acuerdo griego para permitir a 68 de nuestros barcos pesqueros, sobre la base del Reglamento 1380/2013 de la UE, el acceso a las aguas territoriales griegas, también se aplicaría en el futuro.

Nuestros políticos sólo piensan en la pesca, por supuesto importante, pero nunca piensan en cables de Internet, estaciones de defensa remota de áreas relevantes de nuestro territorio, líneas comerciales, vías de primera o segunda respuesta ante operaciones adversas. O congeladores de pescado. Por supuesto, Grecia ha silenciado a Italia, que se ocupa sólo de pulpos, mejillones y atún, con un acuerdo favorable, pero Atenas está examinando sobre todo la proclamación de su “gran ZEE”, que irá, y esto es bien conocido por los turcos, hasta Egipto y gran parte de Chipre.

La próxima medida de Atenas será un acuerdo con sus vecinos, de nuevo para su “gran” ZEE, especialmente con Albania. Pero también Egipto, que tiene la gran cuenca gasífera de Zohr, que descubrió ENI pero que no me extrañaría que se “pasara”, por la generosidad típica de los muertos de hambre, a la propia Grecia, ya que todavía no tenemos negociaciones efectivas de la ZEE con El Cairo. No me gustaría que terminara en un juego, como en el Tratado de Caen en 2015: con los “mapas equivocados” difundidos por casualidad por los franceses que fueron entonces declarados, precisamente, falsos. Me pregunto por qué.

Por supuesto, el Tratado de Caen sigue siendo un secreto cerrado con siete sellos. La “línea media” del agua y todas las demás frescuras jurídicas de la Convención son seguras, como se lee, pero siguen existiendo dudas sobre la protección efectiva de nuestras fronteras económicas, militares, comerciales, políticas y fiscales. Cuando se trata de la ZEE y las fronteras, siempre hay una parte trasera disponible: la nuestra.

Así que este es el escenario principal: a principios de este mes de agosto, después que Turquía llevó a cabo ejercicios navales en todo el Mediterráneo oriental, con la extensión de sus análisis sísmicos del fondo marino. Grecia consideró estas “observaciones” y ejercicios militares completamente ilegales, hubo enfrentamientos, confrontación militar diplomática y luego también marítima, entre Turquía, Grecia, Francia e incluso Italia. También hubo buques italianos y franceses en apoyo operativo de los griegos, pero Turquía ya ha colocado todos sus peones en el Mediterráneo oriental.

El acuerdo de 2019 entre Ankara y el Gobierno del Acuerdo Nacional (GNA) en Trípoli se refiere principalmente, cabe destacar aquí, la cooperación militar y la jurisdicción marítima. Entre los dos países, Trípoli-GNA y Turquía, la ZEE ya mostró superposiciones bilaterales, tanto en el sur como en el norte, con la Zona Económica Exclusiva Griega y Ankara también tiene la oportunidad de hacer exploraciones, exclusivas, en el mar frente al Estado muy débil del GNA y Al Serraj.

La estrategia mediterránea turca, llamada Mavi Vatan, o “Patria Azul”, se basa en el hecho de que la propagación generalizada de las islas peloponésicas de Grecia “no puede tener un efecto de la exclusión de Turquía hacia el resto del Mediterráneo, y con el acuerdo con Libia del GNA hemos demostrado que no podemos aceptar ningún hecho consumado”. Así lo dice el Ministro de Defensa en Ankara. Defender la autonomía turca y las “manos libres” en el Mediterráneo oriental es, para los estrategas turcos, una prioridad estratégica.

Pero veamos cómo reacciona Turquía a las políticas de gas de Estados Unidos y de la Federación de Rusia, que es el verdadero complot para entender lo que está pasando hoy. El 15 de junio de 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos desarrolló una política restrictiva para las empresas que operan en North Steam 2, el gasoducto ruso, y también para Turk Stream 2. Las sanciones a Turk Stream 1 y 2 son esenciales para entender las reacciones marítimas actuales de Ankara. TurkStream, repetimos, envía el gas desde Rusia por Turquía, con ramales menores hacia Bulgaria, Grecia, Macedonia del Norte, y es un oleoducto que ha comenzado a operar en enero 2020.

Gazprom, la conocida empresa rusa, y BOTAS, la empresa estatal turca, siguen completando la fase final de TurkStream2. Los intereses turcos en la red TurkStream 2 ahora son marginales. Estos son sólo derechos de paso, que no resuelven la crisis económica turca y los proyectos a veces faraónicos del régimen de Erdogan. Pero Turquía, en este sector del gas, tiene tres objetivos reales: el rápido desarrollo del campo de gas en el mar Negro, en Sakarya, un depósito de 320 mil millones de metros cúbicos, entonces Ankara quiere bloquear la competencia de gas de Rusia y el Mediterráneo, finalmente para promover el gasoducto trans-anatolio, que lleva el gas azerbaiyano a través de Turquía al gasoducto trans-adriático a Grecia, una línea que también podría ampliarse con gas de Israel, el país kurdo iraquí y de Turkmenistán.

Turquía también favorece el paso de los buques que contienen GNL desde el canal de Estambul, aunque pronto estará abierto un canal artificial que conecta 28 millas del mar Negro y el mar de Mármara, hacia Bulgaria, Rumania y Ucrania. El canal se terminaría en 2025, tal vez antes. Los derechos de paso de los buques deberían ser mucho mayores que los de los oleoductos, e incluso podrían cambiar lentamente el equilibrio financiero del Estado turco. Así que Turquía tiene poco interés, o tal vez quede complacida con las sanciones estadounidenses contra TurkStream2.

Casualmente Estados Unidos comienza a convertirse en uno de los principales exportadores de gas licuado cuando comienza la legislación de Washington contra los gasoductos rusos a Europa. En julio de 2018 fue afectado el NordStream2, pero TurkStream no fue sancionado hasta junio de 2019. La industria del gas se encuentra ahora en una etapa muy compleja.

La demanda de gas de la UE disminuyó un 8% de enero a mayo de 2020, pero existe una posibilidad real de que el gas natural pueda participar plenamente en la próxima carrera de hidrógeno, ya que el metano extraído del gas natural puede producir hidrógeno, que también se puede transportar fácilmente en tuberías antiguas. Por lo tanto, no se está haciendo más exploración del gas, dada la volatilidad del mercado mundial y esto mantiene el futuro del gas mediterráneo y, sobre todo, el Mediterráneo oriental en espera. Pero recién en 2018 Turquía redujo su dependencia del gas ruso.

Ankara también importa gas de buques de Qatar, Estados Unidos, Argelia y Nigeria. Hoy Turquía es el tercer importador de gas natural estadounidense en Europa después de España y Francia. Y Ankara descubrió recientemente un nuevo campo de gas natural submarino, el Tuna-1, también en el mar Negro. Así que Turquía ya no depende del gas de los antiguos gasoductos, pero ahora Israel ha ganado su batalla geoeconómica con los acuerdos de Egipto y Jordania como importadores permanentes del nuevo gas natural israelí. Esto se mantendrá, si Chipre sigue estando lejos de la influencia turca en la nueva zona del gas, una reserva que no puede ser prohibida, salvo en casos particulares, por el hegemonismo turco, incluso delante de Egipto o frente al Líbano.

^*Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

Artículo publicado por International World Group https://www.internationalworldgroup.it/gas-e-navi-militari-ecco-lingorgo-perfetto-nel-mediterraneo-analisi-di-valori/ y traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor.

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Análisis, Japón

LA POLÍTICA EXTERIOR DE JAPÓN DE 2012 A 2019: EL SURGIMIENTO DE LA “DOCTRINA ABE”.

15 septiembre, 2020 SAEEG Deja un comentario

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Franklin M. Hernández Hernández*

Introducción

El 28 de agosto de 2020, el Primer Ministro de Japón Shinzo Abe anunció su renuncia por cuestiones de salud. De esta forma, concluyó el período de gobierno del primer ministro japonés más joven en ascender al cargo (durante su primer término en 2006), así como el que más tiempo se mantuvo en la oficina en el período de posguerra. Durante los cerca de ocho años de su gobierno, Abe estuvo constantemente bajo crítica de los medios nacionales y varios países del área debido a políticas como la reforma constitucional, el éxito discreto de su programa económico y el incremento sostenido del gasto militar.

A pocos días del término de su gobierno, la mayoría de la literatura científica al respecto se ha centrado en los “fracasos” de la política exterior del ex premier nipón, como el empeoramiento de las relaciones con China y la República de Corea. Incluso, el propio Abe en su discurso de renuncia oficial, expresó su insatisfacción por no haber podido regresar a los japoneses secuestrados por la República Popular Democrática de Corea (RPDC) o no haber firmado un tratado de paz con Rusia (Gabinete de Japón, 2020).

No obstante, la política exterior de Japón durante el gobierno de Abe ha sido más profunda y amplia de lo que refleja esa parte de la bibliografía. Un análisis de los hechos entre 2012 y 2020, arroja rápidamente que la diplomacia nipona se expandió hacia tareas y lugares anteriormente inexplorados. Por solo mencionar algunos casos, Japón intervino de manera activa por primera vez en los conflictos de Asia, forjó un sistema de asociaciones estratégicas que incluye su alianza con Estados Unidos (EE.UU.), fue el líder del primer megacuerdo de libre comercio del mundo (el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica, CPTPP) y firmó con la Unión Europea (UE) el mayor tratado de libre comercio del planeta.

Precisamente, el primer objetivo de este artículo consiste en explicar los principales rasgos de la política exterior japonesa durante el gobierno del Primer Ministro Abe. Para ello, y tomando en consideración la cantidad abrumadora de información al respecto, dichas características fueron divididas en dos grupos: las temáticas generales y políticas bilaterales/regionales. El primer grupo incluye las Fuerzas de Autodefensa y la influencia cultural nipona y los acuerdos de libre comercio; en tanto, el segundo abarca las relaciones con EE.UU., las asociaciones estratégicas en Asia-Pacífico, las relaciones con la UE y, por último, la proyección nipona hacia África y Medio Oriente.

Dado que las relaciones con China, la República de Corea, la RPDC y Rusia no experimentaron procesos que permitan diferenciar la política de Abe hacia estos países de las del resto de las administraciones más recientes, no fueron tomadas en cuenta a la hora de redactar este artículo. Ello no significa que las relaciones con estos países no sean importantes para la política exterior japonesa: por el contrario, se trata del ambiente geográfico más cercano de Japón (el Este de Asia) y de países con los que posee conflictos que agravan su situación de seguridad nacional.

El segundo objetivo del artículo consiste en demostrar el surgimiento de un nuevo paradigma en la política exterior japonesa: la Doctrina Abe. Para ello, se parte de la explicación del anterior paradigma, la Doctrina Yoshida, y se examina si las políticas introducidas por Abe funcionan como un todo coherente esencialmente diferenciable con respecto al paradigma precedente. El artículo concluye explicando precisamente cuáles son los axiomas de esta nueva doctrina.

Para la conformación de este artículo, fueron utilizadas varias publicaciones periódicas de fuentes oficiales del gobierno japonés. Entre estas destacan fundamentalmente Diplomatic Bluebook y Cooperation Whitebook del Ministerio de Asuntos Exteriores y Defense of Japan y Defense Budget del Ministerio de Defensa. Además, se emplearon criterios de tanques pensantes y expertos en Asia-Pacífico, así como obras de la Teoría de las Relaciones Internacionales en la conformación del concepto de Doctrina de Política Exterior.

La Expansión de las Fuerzas de Autodefensa

Desde su llegada al poder en 2012, Abe abogó por el aumento sostenido del gasto militar, así como de los roles y radio geográfico de acción de las fuerzas armadas japonesas. Estas acciones levantaron críticas sostenidas en la región, alegando que constituía el “renacer” del militarismo japonés, y fueron posiblemente los tópicos más publicitados por los medios de comunicación acerca de la administración de Abe.

La Constitución del Estado de Japón de 1947 establece en su archiconocido artículo 9 que “el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como un derecho soberano de la nación” y para ello, “no serán mantenidas fuerzas terrestres, marítimas y áreas, así como ningún otro potencial de guerra” (Constitution of the State of Japan, 1947, p. 4).

De esta forma, la posesión de fuerzas armadas no fue reconocida en la constitución de posguerra. Sin embargo, dicha prohibición no tardó en ser reinterpretada: en 1954, el Gabinete de Shigeru Yoshida, alegando que la legítima defensa del Estado no constituía una violación del artículo 9, decidió crear un ejército estrictamente defensivo, las Fuerzas de Autodefensa de Japón (JSDF por sus siglas en inglés). Sucesivas interpretaciones en 1992, 2001 y 2009 permitieron a las JSDF participar en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, operaciones antiterroristas y operaciones antipiratería respectivamente, pero con varias limitaciones. Incluso, en 2004 las JSDF fueron en desplegadas en Iraq para asistir en las labores de reconstrucción y ayuda humanitaria.

La administración de Abe forma parte de esta tendencia, pero su impronta individual se ha reflejado en la intensidad del fortalecimiento militar sin precedentes llevada a cabo entre 2012 y 2020. Este se ha expresado en tres variables: gasto militar, rol de las JSDF y radio geográfico de acción.

En el momento del ascenso de Abe al poder, el gasto militar nipón se encontraba en picada, lo cual se revirtió en su primer año de mandato. Para el año fiscal 2018, se había alcanzado el récord anterior de 4.96 billones de yenes, y en el próximo año fiscal, se estableció un nuevo máximo histórico, 5.01 billones de yenes (Tabla 1).

Asimismo, las posibilidades de las JSDF también fueron incrementadas significativamente. En 2016, el Gabinete de Abe aprobó la Legislación para la Paz y la Seguridad de Japón, la cual constituía una nueva reinterpretación del artículo 9. Debido al aumento de las amenazas a la seguridad nacional de Japón, fundamentalmente el poderío militar de China y el programa balístico y nuclear de la RPDC, y al desarrollo de una situación internacional cada vez más incierta a causa de fenómenos transnacionales como el terrorismo, la piratería y el tráfico de drogas, las JSDF debían aumentar su papel en la seguridad regional.

Tabla 1: Presupuesto Militar de Japón (billones de yenes)

(1997-2019)

Fuente: Japan Ministry of Defense, 2019b.

En ese sentido, fue permitido que acudieran al rescate de nacionales japoneses en el extranjero y que llevaran a cabo inspecciones a buques en ultramar si poseen el consentimiento del estado dueño del pabellón del buque, o la solicitud de Naciones Unidas debido a la sospecha de que transporta armas a un área en conflicto (Gabinete de Japón, 2016). Por último, Japón puede auxiliar en la defensa de cualquier país bajo ataque, mientras se estime que las relaciones con el atacado son estratégicas, o ese ataque amenace la seguridad nacional de Japón y/o los derechos de la población japonesa. De esta forma, quedó habilitado el derecho a la defensa colectiva (Ibídem).

Por último, el radio de acción de las JSDF se expandió más allá del archipiélago japonés o el Este de Asia, donde habían estado confinadas con anterioridad. Para 2019, las JSDF tenían una presencia sostenida en el Sudeste Asiático, el Océano Índico, el Océano Pacífico, el Mar Arábigo y el Golfo de Adén, lo cual también coincide con las líneas marítimas de abastecimiento y comercio de Japón (LMAC) (Gagaridis, 2017).

De esta forma, durante la administración de Shinzo Abe no se produjo solamente el aumento del gasto militar, sino también el incremento de las posibilidades de las JSDF y de su radio geográfico de acción. Consecuentemente, uno de los principales resultados de su gobierno es la conversión de las JSDF en un ejército de facto, pues estas poseen todas las capacidades legales del ejército de cualquier país[1], un elevado gasto militar, armas que exceden los límites “defensivos”[2] y un radio de acción mucho más amplio que el territorio japonés. Si bien el propio Abe afirmó que la reforma constitucional, que incluía la reformulación del artículo 9 a fin de legalizar las JSDF, no fue posible en su gobierno; todas las acciones individuales llevadas a cabo por su administración con respecto a las fuerzas armadas, conllevaron en la práctica a la superación del artículo 9.

**Más Allá de la Fuerza: Soft Power e Influencia Cultural**

Una de las particularidades de la política exterior japonesa en la posguerra fue el empleo mayoritario de herramientas de poder blando (Nye , 2004), como resultado de la prohibición del empleo de la fuerza (poder duro) establecida en la Constitución. Ello provocó que la política exterior nipona se especializará en dicha rama: desde 1954, con la entrada de Japón al Plan Colombo, hasta inicios del siglo XXI, la más importante herramienta de la diplomacia japonesa fue la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD). De hecho, Japón se convirtió en el mayor donante del mundo en la década de los 90 sobrepasando a EE.UU. (Ono, 2015). No obstante, una vez que los efectos de la recesión comenzaron a manifestarse a inicios de los 2000, y la capacidad del país para ofrecer AOD disminuyó en consecuencia, fue priorizada la exportación cultural, fundamentalmente el idioma japonés, como vía de influencia.

Abe recogió la larga tradición de poder blando de la política exterior japonesa en la posguerra y mejoró varios de sus elementos constituyentes. En ese sentido, resaltan la renovación de la estrategia Cool Japan en 2014 (creada en su primer término de gobierno) cuya intención es promocionar los productos culturales japoneses en el mundo a fin de generar beneficios económicos y políticos (Gabinete de Japón, 2014). En este caso, la administración del Primer Ministro creó el Fondo Cool Japan, con una capitalización total de 38.5 mil millones de yenes, para que el Estado y las grandes empresas financien la expansión cultural, así como el Consejo de Promoción, una entidad encargada de decidir las prioridades de exportación cultural.

Otra medida significativa en este campo fue la implementación de la Carta de la Cooperación al Desarrollo en 2015. A partir de este documento, el gobierno de Abe decidió incluir consideraciones geoestrégicas en las decisiones de asignación de la AOD. Entre los factores a tomar en cuenta a la hora de aceptar un proyecto se encuentran el estado de las relaciones bilaterales, la importancia de los determinados países receptores, las implicaciones para la seguridad de Japón y el desarrollo del poder militar de los estados receptores. Asimismo, la nueva Carta de la AOD permite a Japón destinar fondos para el apoyo de las fuerzas armadas de otros países (Gabinete de Japón, 2015).

Si bien resulta difícil cuantificar cuánto se expandió la influencia cultural nipona en un período determinado, varios indicadores pueden servir de referencia. Por ejemplo, entre 2012 y 2019, el número de restaurantes con temática japonesa en el mundo aumentó cinco veces en comparación con estudios realizados en 2006 (Number of Overseas Japanese Restaurants Tops 100,000, 2018). Asimismo, las exportaciones de la industria nipona del entretenimiento se incrementaron en el período de gobierno de Abe, reportando aumentos de 15%, 42% y 670% en los casos de la animación, el cine y los videojuegos respectivamente (Japan Ministry of Economy, Trade and Industry, 2016, pág. 15).

De las 25 marcas de entretenimiento más exitosas del mundo, diez pertenecen a empresas niponas. Por si fuera poco, Pokémon y Hello Kitty encabezan esa lista de las franquicias más exitosas, con beneficios de USD 92 mil millones y USD 80 mil millones cada una (Jones, 2019). Otro indicador que experimentó un crecimiento notable fue el número de turistas que arribaron a Japón: la cantidad de visitantes aumentó sostenidamente hasta triplicarse, de 8 millones en 2012, a 24 millones en 2016 (Tabla 2).

El colofón de la influencia cultural nipona durante la administración de Shinzo Abe, y uno de los logros que el propio Abe pretendía alcanzar, era la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Al igual que en la anterior edición de 1964, la cita de 2020 constituiría también una demostración del desarrollo de la nación asiática en campos como la robótica, la inteligencia artificial y la 5G. Aunque los Juegos Olímpicos hayan sido atrasados hasta 2021, los logros de la administración de Abe en cuestión de expansión de la influencia cultural nipona resultan innegables.

Tabla 2: Cantidad de turistas que arribaron a Japón (2004-2016)

Fuente: Japan Ministry of Land, Infraestructure and Tourism, 2017.

El paladín del libre comercio

La promoción del libre comercio ha constituido una de las prioridades del gobierno nipón desde la recuperación económica de posguerra. Japón, con escasos recursos naturales que no pueden sostener su industria nacional, necesita exportar hacia mercados con bajas tarifas aduaneras para que sus productos mantengan cierta competitividad. Precisamente, el gobierno de Abe ha reflejado la promoción del libre comercio como un objetivo de seguridad nacional de su administración (National Security Strategy, 2013).

En ese sentido, entre 2012 y 2019, Japón firmó acuerdos bilaterales de libre comercio con Mongolia, Laos, Cambodia y Myanmar. A estos se suman los primeros tratados multilaterales de libre comercio de la nación asiática: el CPTPP en 2018 y el Acuerdo de Asociación Económica con la UE en 2019. La firma del primero en particular, demostró el liderazgo de Japón en este rubro, puesto que el país asumió la conducción del acuerdo tras la retirada de EE.UU., principal promotor del mismo.

De esta forma, las políticas de Abe han llevado a que Japón haya logrado liberalizar el 51.6% de su comercio exterior, lo cual trae beneficios enormes a la economía nipona. Si a estos se agregan los acuerdos que se comenzaron a negociar durante la administración de Abe (con China y Corea del Sur, con el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, con Colombia y con Turquía), la cifra asciende hasta el 85.8% (Japan Ministry of Foreign Affairs, 2019, Pp. 262).

La redefinición de la alianza con EE.UU.

Para el gobierno de Abe, la alianza con EE.UU. continuaba siendo el pilar fundamental en las relaciones internacionales de Japón. Sin embargo, la alianza con EE.UU. ya no bastaba por sí sola para hacer frente a las complejidades del escenario regional, caracterizado por el ascenso de China como potencia. En ese sentido, la relación entre ambos países debía adaptarse al nuevo contexto, en función de otorgar un mayor rol a Japón en la seguridad regional. A su vez, esta tendencia coincidió con el planteamiento estratégico del presidente Barack Obama acerca del “pívot asiático” que consistía en delegar mayores responsabilidades a sus aliados en la región.

Estos factores conllevaron a que los términos de la alianza fueran revisados a través de las Líneas Maestras para la Cooperación entre Japón y EE.UU. de 2015. Dicho documento reflejó la voluntad de ambas partes de equilibrar los términos de la alianza a fin de hacerla más igualitaria. En ese sentido, las condiciones de subordinación disminuyeron, pues EE.UU. solo podría actuar bajo pedido explícito del gobierno japonés. Asimismo, ambos actores fueron equiparados en cuanto a la posibilidad de defenderse mutuamente.

Por otro lado, el cambio en los términos de la alianza también se reflejó en la disminución de las tropas e instalaciones estadounidenses en Japón. En ese sentido, en Okinawa, la prefectura con la mayor presencia militar de EE.UU., el número de instalaciones estadounidenses decreció hasta menos de la mitad con respecto a 1972 (Japan Ministry of Defense, 2019a), y cerca del 60% del personal estacionado allí. Con respecto al costo financiero de la alianza, en 2016, Japón pagaba el 75% de los gastos de la alianza, superando a su contraparte (Mainichi Shinbun, 2016).

El sistema de asociaciones estratégicas en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el entorno geográfico donde se desenvuelven la mayoría de las acciones de política exterior de Japón. En la Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno de Abe, el incremento de la cooperación en defensa con países de la región es uno de los tres pilares de la seguridad nacional de Japón junto a las JSDF y la alianza con EE.UU. (Gabinete de Japón, 2013).

En ese sentido, el gobierno de Abe enfocó sus esfuerzos en aquellos países que cumplían simultáneamente con determinadas condiciones. En primer lugar, poseían conflictos comunes con China, principal amenaza a la seguridad nacional de Japón, y/o relaciones de cooperación con EE.UU., aliado de Japón. Luego, detentaban cierto poderío nacional capaz de enfrentar a las amenazas comunes, y, por último, mostraban voluntad para cooperar con Japón y una opinión positiva sobre el gobierno de Abe.

En general, Japón estableció como sus socios estratégicos a India, Australia, Vietnam y Filipinas. Sin lugar a dudas, las relaciones con estos cuatro pases fueron cualitativamente superiores a las que se sostuvieron con el resto de la región. Por ejemplo, Japón promovió la creación de espacios multilaterales para la cooperación militar como el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Japón, EE.UU., India y Australia) y el Diálogo de Seguridad Trilateral (Japón, India, Australia). Asimismo, India, Vietnam y Filipinas fueron los mayores receptores de AOD japonesa en el periodo (Japan Ministry of Foreign Affairs, 2017), así como de las primeras transferencias de equipo militar nipón[3] (Japan Ministry of Defense, 2019a). Además, la nación asiática financió y entrenó los servicios guardacostas de Vietnam y Filipinas para que pudieran enfrentar de forma más efectiva las incursiones chinas en el mar de China Meridional (Tarriela, 2018). Japón cooperó en cuestiones de defensa con otros países del área como Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur, etc. Sin embargo, la intensidad de la cooperación (Tabla 3) se realizó de manera desigual según las prioridades de la política exterior nipona.

De esta forma, el sistema de asociaciones estratégicas de Japón creado por el gobierno de Abe tiene en su centro a EE.UU., único aliado obligado a defender a Japón. Luego se encuentran los socios estratégicos mayores, India y Australia, con los cuales Japón realiza prácticamente las mismas actividades que con EE.UU. En un tercer lugar, se ubican los socios estratégicos menores, Vietnam, Filipinas y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como organismo. Posteriormente, están los socios menores, integrados por el resto de miembros de la ASEAN y Nueva Zelanda; y en un último puesto de precedencia otros asociados, fundamentalmente de Medio Oriente, con los cuales la cooperación es aún mínima.

Tabla 3: Resumen de los acuerdos de cooperación entre Japón y países de Asia-Pacífico y Medio Oriente (2004-2016)

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Japan Ministry of Defense, Defense of Japan 2019

Una asociación en la sombra: las relaciones con la UE

Desde el fin de la Guerra Fría, las relaciones entre Japón y los mecanismos integracionistas de Europa Occidental, experimentaron un crecimiento sostenido que se manifestó en el inicio de las cumbres Japón-UE en 1991. En un primer momento, los diálogos se limitaron a cuestiones económicas generadas por las fricciones comerciales, y a la coordinación de temas políticos generales. La capacidad de accionar conjunta de ambos actores estaba muy limitada debido a que, entre otros factores, sus respectivas alianzas con EE.UU. seguían ocupando la prioridad en su política exterior.

El gobierno de Shinzo Abe planteó claramente en sus documentos estratégicos la importancia que poseían las relaciones con la UE, un bloque comercial con gran poder adquisitivo y con dos miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En ese sentido, Japón y la UE dotaron a sus relaciones de una normatividad que creó pautas vinculantes para ambas partes, y que ha otorgado una mayor fortaleza y sostenibilidad temporal a las acciones conjuntas. Se pueden listar una miríada de acuerdos firmados entre ambas partes, sin embargo, debido a su significación, destacan el Acuerdo de Asociación Económica, mencionado antes, y el Acuerdo de Asociación Estratégica.

El Acuerdo de Asociación Estratégica fue firmado en julio de 2018, y ratificado posteriormente por los respectivos parlamentos nacionales en 2019, marcando su entrada en vigor. El texto se compone de 51 artículos destinados a institucionalizar la cooperación entre Japón y la UE en cuestiones de seguridad (Strategic Partnership Agreement between the European Union and Japan, 2018). Consecuentemente, tanto como los ejercicios militares conjuntos como los diálogos de seguridad con los países europeos y/o la UE se incrementaron sostenidamente entre 2012 y 2019 (Tabla 4). En ese sentido, la administración de Abe firmó acuerdos de venta de armas con Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, de Apoyo Logístico con Reino Unido y Francia, así como de Inteligencia con Reino Unido e Italia (Japan Ministry of Defense, 2019a).

Tabla 4: Diálogos de seguridad con países europeos/UE/OTAN (2012-2019)

Fuente: Hernández Hernández, F. M. & García, A., 2020

La diplomacia japonesa adquiere una perspectiva geoestratégica

Una de las principales deficiencias de la política exterior de Japón durante la posguerra, fue su excesiva concentración geográfica en Asia. No obstante, a medida que la economía japonesa se internacionalizó en los años 70, el gobierno nipón debió empezar a buscar nuevos mercados y recursos naturales en América Latina, Medio Oriente y África. Precisamente, estas dos últimas regiones comenzaron a tener una mayor relevancia dentro de la política exterior nipona a partir de las primeras inversiones y partidas de AOD.

A pesar de la creación del mecanismo de cumbres entre Japón y países africanos, la Conferencia de Tokyo sobre el Desarrollo de África (TICAD) en 1993, y el despliegue de las JSDF en Iraq en 2004, el papel de estas regiones continuó siendo el de proveedoras de materias primas. El gobierno de Abe propuso una nueva concepción geoestratégica a su política exterior en el año 2014: la noción del Indo-Pacífico. Esta plantea que, dado que el grueso las LMAC de Japón atraviesan un territorio que comprende desde el archipiélago nipón hasta el Golfo de Adén, el suministro energético, el comercio, y en general, la seguridad del país, dependen del control de dichas rutas.

En el caso de África, como resultado de los acuerdos de la sexta edición de TICAD, Japón comenzó a involucrarse de manera más activa en los conflictos internos africanos, aunque con un enfoque no militar. En ese sentido, se han llevado a cabo acciones como el fortalecimiento de la institucionalidad de varios estados, el asesoramiento jurídico, la transferencia de equipamiento militar a países afectados por terrorismo y el financiamiento a los centros de mantenimiento de la paz de la Unión Africana (Hernández Hernández, F. M., 2020a).

Una mención especial requiere la base japonesa en Djiboutí (abierta en 2009): hasta mayo de 2019, las JSDF se habían involucrado en más de 14.000 acciones antipiratería, lo cual representó cerca del 80% del total de actividades internacionales en el Golfo de Adén (Japan Ministry of Defense, 2019a).

Con respecto a Medio Oriente, el gobierno de Abe ha implementado una política regional única en el mundo, pues ha logrado mantener buenas relaciones con todos los actores de la región sin importar los conflictos que existan entre ellos, lo cual se manifestó el lanzamiento del Primer Diálogo Japón-Países Árabes en 2017. En ese sentido, la inversión japonesa en Israel aumentó 120 veces desde 2012, y en 2019, ambos países sostuvieron su primer diálogo de seguridad; en 2017, Japón lanzo el Corredor para la Paz y la Prosperidad, una iniciativa destinada a mejorar la situación de la población de Palestina; durante el gobierno de Abe, la nación asiática realizó sus primeros ejercicios militares con las monarquías del Golfo Pérsico (Tabla 3); y por último, Japón ha entrenado a los expertos iraníes en el manejo de la energía nuclear con fines pacíficos, a la vez que Abe mantuvo la compra de crudo iraní a pesar de las sanciones de EE.UU. (Japan Ministry of Foreign Affairs, 2019).

El Primer Ministro de Japón como líder internacional

A la lista de sucesos en materia de política exterior del gobierno de Abe, se debe agregar un elemento relacionado con la imagen internacional del premier japonés. Con anterioridad, el Primer Ministro nipón tenía escaso o ningún reconocimiento internacional. Ello no solo estaba condicionado por la escasa proactividad de la política exterior de ese país, sino también por la inestabilidad que atravesaba el país desde los 90 e imposibilitaba el fortalecimiento de ninguna administración.

Por ello, la primera condición indispensable a partir de la cual Abe aumentó el papel del premier japonés, fue la estabilidad con la que contó su gobierno. A esto se le deben añadir factores que se derivan del propio Abe, pues al récord de duración se añade el de activismo diplomático.

Abe también se convirtió en el Primer Ministro con más visitas al exterior: un total de 160 visitas y 78 países visitados hasta abril de 2019 (Japan Ministry of Foreign Affairs, 2019). Asimismo, fue el primer premier nipón en visitar 24 de estos países[4] (Ibídem). A ello se suman el prestigio que ha obtenido por sus intervenciones en eventos y organismos como la Cumbre del Este de Asia, el G7, el G20 y la Organización de Naciones Unidas.

Igualmente, ha sido el único premier de posguerra cuya gira inaugural al exterior no se realizó a EE.UU., una práctica establecida dentro de la política japonesa, sino al Sudeste Asiático. Ello denotó un cambio en la imagen concebida hasta el momento acerca del rol del premier japonés como un subordinado a EE.UU., y su ascenso como un líder regional.

De hecho, la posición diplomática de Abe, llevó a varios expertos del Lowy Institute for Asia and the Pacific, a declararlo como el más influyente líder regional, por encima del Presidente de China, el Primer Ministro de Singapur y el Primer Ministro de India (Lowy Institute for Asia and the Pacific, 2019). Igualmente, encuestas del Pew Research Center muestran que Abe es percibido como el líder regional más confiable, superando a sus homólogos de India, China y la RPDC (Silver, Kat & Huang, 2019).

¿Una Doctrina Abe?

El término de “doctrina de política exterior” se usa indiscriminadamente para referirse a las estrategias de política exterior de diferentes gobiernos en el mundo sin el bagaje teórico necesario. Por lo tanto, a fin de valorar si la política exterior del gobierno de Abe constituye o no, una doctrina, resulta necesario auxiliarse de las definiciones que varios teóricos de las Relaciones Internacionales han ofrecido al respecto.

En ese sentido, Miguel Á. Barrios en su Diccionario de Geopolítica, se refiere a la “Doctrina” como: “El conjunto de principios y normas de orden general que orientan una actividad determinada para actuar en ausencia de órdenes específicas, permitiendo un mejor y más fluido entendimiento entre organismos diferentes, comprometidos en alcanzar un mismo objetivo (…)” (Barrios, 2009, Pp. 144).

Las doctrinas de política exterior de EE.UU. han sido las más estudiadas en el campo de las Relaciones Internacionales. Por ejemplo, Martin Kelly plantea que una “Doctrina presidencial” es “una política exterior aplicada consistentemente” y resalta el matiz ideológico de esta (Kelly, 2019). Por otro lado, Rexford Barton plantea que el término se refiere fundamentalmente a “un fin, un objetivo estratégico a ser alcanzado” (Barton, 2017).

De estas definiciones pueden ser inferidos varios elementos comunes. El primero de ellos es el conjunto de normas generales coherentes entre sí que guían la política exterior de un Estado, sus herramientas, actores componentes, etc., y las cuales están determinadas por factores ideológicos, económicos, políticos relativos al Estado en cuestión. Luego, una doctrina de política exterior no existe por sí misma, sino que debe estar encaminada hacia la consecución de un determinado resultado. El último criterio sería la sostenibilidad temporal; es decir, que se debe apreciar que las normas que enarbola una determinada doctrina sean usadas de manera sistemática y no esporádicamente.

De esta forma, y para los fines de este artículo, se puede entender operativamente “doctrina de política exterior” como el conjunto coherentemente organizado de normas generales que guían la política exterior de un Estado hacia objetivos determinados de manera estable en un período de tiempo determinado. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón asumió un paradigma en su política exterior conocido como Doctrina Yoshida, en honor a su creador, el Primer Ministro Shigeru Yoshida. Los axiomas de esa doctrina se sintetizan en: 1) La recuperación económica debía ser el principal objetivo nacional; y para ello, la cooperación económica y política con EE.UU. era necesaria; 2) Japón debía permanecer ligeramente armado y evitar involucrarse en conflictos internacionales; 3) para obtener una garantía a largo plazo de su propia seguridad nacional, también debía proveer a EE.UU. con bases para sus fuerzas armadas (Siew Man, 2007).

La Doctrina Yoshida cumple con los requisitos teóricos planteados anteriormente: ofrecía normas generales de actuación (no intervenir en conflictos armados y subordinarse políticamente a EE.UU.), tenía un objetivo claramente definido (la recuperación económica), poseía coherencia (destinar todos los recursos a la recuperación económica y dejar los temas de seguridad en manos de EE.UU.) y fue asumida por todas las administraciones hasta el fin de la Guerra Fría. Incluso, gobiernos ulteriores crearon ampliaciones de la Doctrina Yoshida como la prohibición de exportación de armamentos de Eisaku Sato, los límites al gasto militar de Kakuei Tanaka o las políticas hacia el Sudeste Asiático de Takeo Fukuda.

El fin de la Guerra Fría supuso el fin de las condiciones históricas que dieron surgimiento a la Doctrina Yoshida. Sin embargo, ninguna administración asumió una actuación esencialmente diferente a los axiomas de la Doctrina Yoshida. Aunque hubo muestras de una política exterior con perspectivas de desarrollar normas coherentes, como la de Kiichi Miyazawa o la de Jun´ichiro Koizumi, ninguno estuvo el suficiente tiempo en el poder para lograr el salto cualitativo hacia la creación de una doctrina que cambiara radicalmente la política exterior de Japón.

No obstante, el gobierno de Abe marca un punto de giro en esta tendencia. Como se ha expuesto, entre 2012 y 2020, la política exterior nipona ha sido transformada en sus aspectos superficiales, y resta consecuentemente, examinar si ello ha implicado un cambio en sus normas axiomáticas. Para ello, se deben responder cuatro interrogantes tomando en consideración la definición operativa de doctrina de política exterior:

I) ¿Qué objetivos persigue la política exterior de Abe?

Los objetivos de la política exterior del gobierno de Abe, fueron claramente delineados en el Estrategia de Seguridad Nacional de 2013: “mantener la paz y la seguridad de Japón y asegurar su supervivencia son las responsabilidades primarias del gobierno de Japón” (Gabinete de Japón, 2013, Pp. 1). Si bien este el objetivo esencial de todo Estado en sus relaciones internacionales, posteriormente se adecúa a los términos específicos de Japón. De esa forma, se identifican como los objetivos fundamentales la promoción del libre comercio, de la seguridad marítima y de un orden internacional estable y predictible (Ibídem).

Para ello, Japón debe minimizar las amenazas que impiden el cumplimiento de dichos objetivos. En ese sentido, el propio documento plantea que las principales amenazas a la seguridad nacional nipona son la expansión del poder militar de China, el programa balístico y nuclear de la RPDC y fenómenos transnacionales como la piratería y el terrorismo (Ibídem).

Como se puede apreciar, el gobierno de Abe ha tenido objetivos claros hacia los cuales encaminar sus acciones. De hecho, si se reexaminan las principales características de la política exterior de Abe expuestas en el artículo, se aprecia que todas están encaminadas hacia la promoción del libre comercio, la seguridad marítima y la estabilidad regional.

II) ¿Qué normas han guiado la política exterior de Abe?

La política exterior del gobierno de Abe ha tenido pautas generales de actuación que pueden ser interpretadas como normas rectoras. La primera de ellas es la proactividad, es decir, la acción diplomática, política y militar constante hacia la consecución de los objetivos anteriormente mencionados, o hacia la eliminación de las amenazas a la seguridad nacional antes de que estas surjan, o su minimización en que caso de que ya existan. Una actuación proactiva presupone además una total autonomía con respecto a EE.UU. y la eliminación de la dependencia alrededor de la alianza, lo cual se puso de manifiesto en la firma del CPTPP.

No obstante, el sistema internacional es demasiado complejo como para afrontar las amenazas desde una perspectiva exclusivamente nacional; por lo cual, la tercera norma es la cooperación internacional hacia la consecución de objetivos comunes, ejemplo de lo cual son las relaciones con EE.UU., el sistema de asociaciones en Asia-Pacífico y los nexos con la UE.

III) ¿Son coherentes las acciones de la política exterior de Abe?

Aunque los rasgos de la política exterior del gobierno de Abe fueron expuestos de manera aislada, todos se interrelacionan entre sí, demostrando una gran coherencia. En ese sentido, las determinadas herramientas de la política exterior nipona se combinan sinérgicamente a fin de multiplicar los beneficios derivados de estas. Por ejemplo, aquellos países con los cuales Japón tiene mejores relaciones políticas, EE.UU., los socios estratégicos mayores y menores mencionados anteriormente, son a la misma vez con los cuales se realizan una mayor cantidad de actividades militares, con ellos existen acuerdos de libre comercio, son los mayores receptores de AOD y sobre sus poblaciones se realizan intensas labores de influencia cultural.

Precisamente, esta combinación de diversas herramientas de política exterior se ha demostrado también en la Estrategia del Indo-Pacífico Libre y Abierto, un plan lanzado por Abe en 2019 y que consiste en la construcción de infraestructuras, firma de acuerdos comerciales, realización de ejercicios militares, proyectos de cooperación en intercambios culturales con aquellos países que se encuentran en las cercanías de las LMAC japonesas (Gabinete de Japón, 2019).

El resultado palpable de esa interacción es el prestigio internacional ganado por Japón en el período en cuestión. Según encuestas realizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la opinión positiva sobre Japón en Medio Oriente (2019), India (2019), Asia Central (2019), Australia (2017) y ASEAN (2019), asciende al 83%, 88%, 70%, 81% y 89% respectivamente.

Además, el gobierno de Abe ha logrado aumentar su activismo internacional sin elevar de manera dramática la percepción de amenaza de otros países. De acuerdo a encuestas del Pew Research Center de 2019 realizadas en 18 países del mundo, solo Corea del Sur identificó a Japón como una amenaza (en segundo lugar, después de China), mientras tres señalaron a EE.UU. y siete a China (Silver, 2019).

IV) ¿Se ha sostenido temporalmente la política exterior de Abe?

Mediante una lectura rápida de todo lo expuesto hasta ahora, se aprecia que la política exterior de Abe se ha sostenido temporalmente en sus ocho años de gobierno. Las acciones llevadas a cabo han sido sistemáticas y no esporádicas, lo cual se evidencia, por ejemplo, en la creación de múltiples mecanismos institucionales que aseguren la supervivencia de las determinadas iniciativas. De hecho, cada uno de los gráficos muestra una progresión ascendente hacia el incremento de las acciones en política exterior (gasto militar, arribo de turistas, diálogos de seguridad, tratados de libre comercio, etc.).

Tomando en consideración la respuesta a las interrogantes planteadas, es posible afirmar que en la política exterior de Japón durante el período de gobierno del Primer Ministro Shinzo Abe, se ha producido un cambio cualitativo, el surgimiento de la “Doctrina Abe”. Los axiomas de esta doctrina son:

1) El objetivo nacional fundamental es garantizar la supervivencia del Estado mediante la promoción del libre comercio, la seguridad marítima y la estabilidad regional y global.

2) Para ese fin, Japón empleará de manera coordinada y proactiva todos los recursos disponibles en su poder, como el poder militar, el activismo diplomático, los acuerdos de libre comercio y la influencia cultural.

3) Japón actuará autónomamente para la consecución de sus objetivos, pero también cooperará con sus aliados y asociados según la intensidad de las relaciones con cada uno.

4) Debido a la interrelación de la seguridad nacional nipona y la seguridad regional y global, Japón se involucrará de manera activa en la resolución de los conflictos desde una perspectiva que integre enfoques militares y no militares.

No obstante, aun es posible cuestionar si la Doctrina Abe sobrevivirá en el período pos-Abe. En el momento de redactar este artículo, el Partido Liberal Democrático todavía se encontraba decidiendo el sucesor a Primer Ministro, por lo cual es muy pronto para ofrecer una conclusión al respecto. Pero, observando los candidatos a la sucesión de Abe, todos miembros de su Gabinete y agentes de dicha política exterior, así como las grandes tendencias en el devenir histórico de Japón tras el fin de la Guerra Fría, resulta poco probable que los cambios realizados por Abe sean revertidos. La Doctrina Abe podría ser el próximo paradigma estratégico para la nación asiática.

* Máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales. Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), Habana, Cuba.

Referencias

[1] Excepto el derecho a la guerra, el cual se mantiene inalterablemente prohibido en la Constitución.

[2] Como los buques portahelicópteros Izumo y Kaga de las JSDF.

[3] En 2014, el gobierno de Abe decidió despenalizar las exportaciones de armamentos, aunque estas debían tener en cuenta determinados criterios.

[4] Portugal, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Bahréin, Djiboutí, Irlanda, Luxemburgo, Costa de Marfil, Mozambique, Ucrania, Malta, Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Serbia, Rumanía, Trinidad y Tobago, Colombia, Uruguay, Paraguay, Jamaica y Cuba.

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Análisis, Economía, LIBIA

ECONOMÍA EN LIBIA

12 septiembre, 2020 SAEEG Deja un comentario

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Giancarlo Elia Valori*

Parece extraño decirlo pero la economía Libia, que como es bien conocido depende mucho si no exclusivamente de la extracción y venta de petróleo, funcionó muy bien en 2017 incluso en tiempos en que los precios internacionales caían, se ha vuelto más compleja debido a la pandemia de Covid19 que ha llevado a la crisis a numerosos países consumidores.

Cabe recordar que el buen desempeño de 2017 de la economía libia se produjo seis años después de la tonta eliminación del coronel Gaddafi, con un incremento de extracción del 67% en comparación con 2016. En 2018 el aumento se redujo al 17,9%, pero en 2019 el PIB creció un 9,9% y actualmente, a finales de 2020, se espera una caída vertical del PIB del 58,7%.

Obviamente, existe una combinación inextricable de grave inestabilidad política y militar interna, crisis relacionada con la pandemia en los países consumidores, así como una configuración diferente de la lucha por la energía petrolera mundial, especialmente con la llegada del petróleo de esquisto estadounidense.

Básicamente, la extracción y refinación de petróleo en Libia casi se han detenido, excepto en las últimas semanas, cuando se supone que algunos pozos de petróleo (como El Sharara o El Feel, entre los más grandes de Libia) reabrirán “lo antes posible”, como dijo el ministro.

Los dos pozos de petróleo, sin embargo, siguen siendo controlados por las fuerzas de LNA de Khalifa Haftar. Este es el claro vínculo entre la desestabilización político-militar y la crisis económica libia. La producción de petróleo disminuyó en 0,1 millones de barriles por día a partir de abril de 2019, es decir, al comienzo del choque entre el GNA y el LNA, con un déficit público que alcanzó el 28,9% del PIB en 2019, pero con una tasa de inflación del 4,6% solo en 2019, aunque se espera que alcance el 22,3% a finales de 2020.

Se supone que el costo mundial del barril de petróleo seguirá cayendo también en 2021, pero la producción en Libia siguió creciendo, al menos hasta marzo de 2020, que era la fecha de expiración de la moratoria otorgada a Libia por la OPEP. Sin embargo, el nivel específicamente político de las negociaciones entre Libia y la OPEP, que es lo que importa, será mediado principalmente por Arabia Saudí, notoriamente pro-Haftar, y Estados Unidos, a menudo partidario acrítico del régimen de Trípoli. Una mediación compleja. Sin embargo, tanto el LNA del general Haftar como, en muchos sentidos, los diversos katibe vinculados al régimen de Trípoli —a menudo de manera bastante laxa— son grupos empresariales —en su mayoría ilegales— y, como siempre sucede en estos casos, constituyen monopolios ilegales garantizados por el ejercicio monocrático del poder y la fuerza.

Por lo tanto, la “mafia” de la economía es el resultado obvio de un Estado central ausente, sustancialmente ilegal o percibido como tal. El general Haftar ha impuesto su monopolio principalmente a la exportación de chatarra y a la venta de productos petrolíferos refinados. Muchos monopolios, que van desde alimentos hasta la venta de materiales tecnológicos, han sido garantizados más o menos legalmente al LNA de Haftar por la Cámara de Representantes de Tobruk. Las actividades de control y gestión de las rutas de tránsito y envío de migrantes subsaharianos a Italia están conectadas principalmente a las redes paralelas del LNA de Haftar, pero también a las redes de Zawiya de Trípoli y al grupo «Al Nasr Martyrs», que siempre operan en esa ciudad. Pero hay sectores enteros del Ministerio de Defensa, la Guardia Costera libia, la Policía y el Ministerio del Interior que cooperan y contribuyen, directa o indirectamente, al gran sistema bipolar de tráfico ilegal de migrantes y contrabando.

Esta es la segunda fuente de ingresos ilegales, después del contrabando de productos petrolíferos. Esto es lo que sucede cuando se desestabiliza un Estado costero africano, sin ningún otro proyecto que la charla de algún pseudo-intelectual francés sobre los “derechos humanos”. Es la clásica paradoja anti maquiavélica de la política moderna. La heterogénesis de los extremos, como dijo Giovanni Gentile. Pero el LNA de Haftar, en particular, también se financia directamente con los bancos: el Banco Central de Libia en el Este, de hecho, ha respaldado los salarios y el material de las tropas de Haftar durante tres años, con el equivalente local de al menos 6.700 millones de dólares estadounidenses.

Además, con el fin de financiar al Estado y a sus ejércitos, tanto Trípoli como Benghasi utilizaron los créditos concedidos por los bancos comerciales, a menudo manu militari o a través de la corrupción o las conexiones político-militares. Sólo en 2018, el gobierno de Cirenaica recaudó 7.900 millones de dólares estadounidenses en préstamos, mientras que el área de Trípoli alcanzó un presupuesto de más de 8.100 millones de dólares estadounidenses sólo con préstamos de bancos de crédito.

Como se mencionó anteriormente, esta participación incluye el papel de la corrupción, que es enorme e incluso afecta a los funcionarios de la estructura anticorrupción en Trípoli, por un importe de millones de dólares. Obviamente esto se aplica también al Este.

Con unos 70.000 soldados, el LNA de Haftar controla actualmente un territorio más grande que Francia, pero el núcleo de sus operaciones financieras sigue siendo la creación, el 5 de junio de 2017, del “Comité de Inversión Militar y Obras Públicas”, dirigido por el coronel de la Fuerza Aérea al-Madani al-Fakhri, cuyos líderes comenzaron inmediatamente a extorsionar a los empresarios de Cirenaica. En Occidente, los diversos katibe militares de “mártires” compartían el control sobre todas las actividades comerciales y productivas, sector por sector.

Sobre la base de lo que se puede inferir de fuentes locales «abiertas», el GNA ha extorsionado con al menos 5-6 mil millones de dólares a empresarios y comerciantes sólo en 2020.

Aunque la propaganda occidental siempre tiende a ver el LNA de Haftar como la guarida de todos los males, las dos fuerzas son similares en lo que respecta a la economía ilegal. Además, nadie sabe cuántos dinares falsificados se imprimieron en Rusia, posiblemente más de 4.000 millones, con la efigie de Gaddafi, que pasó por Malta, engrasando muchas ruedas. En mayo de 2017, durante el Ramadán, los billetes impresos en Rusia se distribuyeron particularmente a los bancos del Sur y del Este.

La idea, después de todo, no fue mala. Los libios no confían en los bancos, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando hacen retiros. Por lo tanto, cuando se trata de pagar salarios y salarios, los gobernantes de Oriente y Occidente se apresuran a imprimir dinero nuevo, que se intercambia fácilmente con los billetes probablemente impresos en Rusia. Tanto es así que si todo el mundo lo acepta a un valor menor que los dinares normales, se convierte sólo en una moneda devaluada, ya no es dinero falso. Esto está bien, incluso mejor que el dinar oficial, para la economía “gris” y “negra”.

Además, el sistema de petróleo financiero no soporta directamente el LNA de Haftar, ni puede hacerlo. Sólo la estatal National Oil Company (NOC), que es en gran parte responsable ante Occidente, tiene la posibilidad de vender petróleo libio y sólo el Banco Central de Trípoli puede aceptar los pagos relacionados. El hecho es que todos los grupos militares que operan en Libia, en el Este y en Occidente, están vinculados a la economía de guerra e inextricablemente vinculados a la economía paralela para o totalmente ilegal.

La crisis económica, relacionada con la inexistencia de un Estado central fuerte y creíble, perpetúa los incentivos positivos para todos aquellos que se aprovechan de las disfunciones del Estado. Las economías disfuncionales y para criminales siempre se basan en tres pilares: contrabando, extorsión, robo de recursos públicos y patrocinio externo. Este último puede ser de un potentado libio o, más a menudo, de un “jugador externo”: Turquía, Egipto, la Federación de Rusia, Francia, Arabia Saudí, Qatar. Obviamente Italia ha desaparecido de Libia, ya que actualmente su política exterior es poco menos que una broma.

Las operaciones de los servicios de inteligencia de todos estos países son recompensadas en gran medida por los negocios de las empresas vinculadas a dichos servicios, si operan en Libia. Las operaciones de las diversas agencias de inteligencia se financian por sí solas en Libia. Me han dicho que, independientemente del actor externo, las operaciones de los diversos servicios de inteligencia generan ganancias del 20-25%, que están garantizadas por la capacidad de extorsión de los diversos katibe locales a los que se refieren los Estados externos. No hay retorno de una economía criminal que genera un estado fallido y, sobre todo, elimina cualquier opción legal alternativa.

En Cirenaica, ahora existe el monopolio del uso ilegal de la fuerza por Haftar y su LNA. Muestra signos de sobredimensionamiento y algunos viejos aliados están mostrando signos de desilusión. Pero los soldados de Darfur, Chad e incluso Mauritania pronto podrían fortalecer a Haftar y permitir una nueva ofensiva hacia Trípoli, considerando también la presencia de yihadistas sirios en el GNA, enviados por el servicio de inteligencia turco.

En Trípoli se asienta el gobierno de Fajez al-Sarraj, a menudo elogiado y cómicamente aclamado por los occidentales.

En este caso, sin embargo, hay otro factor de debilidad estructural que no es el LNA: el faccionalismo de los diversos katibe y su relación a menudo completamente interesada y siempre parcial con el gobierno de Trípoli.

Por lo tanto, la pareja analítica con la que estudiar las conexiones entre Trípoli y Bengasi es faccionalismo/juego de fuerzas. Aquí está la dialéctica fundamental.

Una vez más utilizando términos muy útiles de la jerga mafiosa, las milicias de Trípoli son un “cartel”, mientras que en el Este existe el monopolio de la fuerza ilegal e ilegítima que, sin embargo, lucha por hacerse creíble.

Además, el faccionalismo es inherente al alma árabe y, sobre todo, beduina: “mi hermano y yo contra nuestro primo, mi primo, mi hermano y yo contra el extraño”.

Pensar en Oriente Medio con la idea típicamente occidental y europea del Estado-Nación es un error que nos llevará a desastres mucho mayores que los causados por el acuerdo Sykes-Picot, narrado en un viejo libro con el ahora famoso título, Una paz para poner fin a todas las paces.

Distribución de bandas locales y pozos de petróleo, actualizado a mayo de 2020.

Entonces está el poderoso “invitado de piedra” de la economía libia que nunca debemos descuidar, China.

Cabe recordar que China se abstuvo en el voto del Consejo de Seguridad de la ONU para autorizar una intervención militar en Libia contra Gaddafi y también criticó la decisión de la OTAN de crear una zona de exclusión aérea. Incluso subrayó la ilegalidad de los ataques aéreos contra las fuerzas legítimas del régimen de Gaddafi. China tenía razón.

Incluso cuando Gaddafi estaba en el poder, China era muy activa en la infraestructura libia, ya que Libia pagaba muy bien. En el momento de la caída de Gaddafi, China tenía hasta 75 empresas que operaban en Libia, con una facturación de 18.800 millones de dólares estadounidenses. Los trabajadores afectados eran principalmente 36.000 chinos, pero también unos 28.000 libios o incluso muchos inmigrantes (egipcios, tunecinos y argelinos).

Hasta 2011 había 50 proyectos chinos en Libia y cabe señalar que Libia sólo producía el 3% de todas las importaciones de petróleo chinas, lo que equivale a 150.000 barriles diarios. En el momento de la máxima manipulación de Occidente contra Gaddafi, China siempre trató de mantener todas sus conexiones comerciales, obviamente rechazando la misión militar de la OTAN en su totalidad.

Además, al igual que la Federación de Rusia, China también rechazó la teoría —típicamente al estilo occidental en su ingenuidad y arrogancia— de Responsabilidad de Proteger, es decir, la regla universal, cosas para los boy scouts o socialistas elegantes, por la que los Estados pueden intervenir directa y militarmente en otros Estados cuando se necesita la protección de los “derechos humanos”.

Sin embargo, ¿quién establece y determina la violación de los derechos humanos? ¿Un pseudo filósofo francés, un antiguo seguidor de Pol Pot, dos artículos en el New York Times o posiblemente las declaraciones de una ONG inventadas en este momento (en este sentido, la historia de las ONG que trabajan para los migrantes de Libia a Siria sería muy interesante) o el lamento de algunos “intelectuales” que ni siquiera saben dónde está Trípoli en el mapa?

Obviamente, con el fin de no ser relegada para desempeñar el papel de la única protectora del villano Gaddafi, China finalmente se abstuvo en la votación sobre la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Libia, pero inmediatamente reconoció al Consejo Nacional de Transición (NTC), como la única semblanza de un gobierno unitario libio de izquierda.

ENI también lo reconoció, mucho antes que otros, exactamente dos días después del inicio de la insurgencia contra el coronel, escenificada sólo por el Este y por submarinos franceses.

Ya a principios de junio de 2011, China celebró su primera reunión con Mohammed Jibril, el jefe de la NTC. Unos días más tarde, el Jefe del Departamento de Asuntos de Asia Occidental y Oriente Medio del gobierno chino, Chen Xiaodong, visitó Bengasi con mucho cuidado.

Obviamente, China aplica una política de neutralidad cuidadosa entre las dos facciones, a saber, el GNA y el LNA de Haftar. Oficialmente China apoya al GNA que, en un Memorándum de Entendimiento (MoU) firmado en junio de 2018, incluso aceptó que Libia sería parte de la Iniciativa China de Infraestructura de Transporte, aunque con algunos giros obvios en el mapa. China, sin embargo, también tiene excelentes relaciones con Haftar y, sobre todo, con la Cámara de Representantes de Tobruk.

En cuanto a la pandemia Covid-19, que para quienes saben utilizarla es una oportunidad para la penetración hegemónica en los llamados “terceros” países, China ha incluido rápidamente a Libia en sus programas humanitarios y de ayuda sanitaria, que actualmente están previstos para unos 82 países.

Sin embargo, ¿cuál es la profunda lógica del sistema político y, por lo tanto, económico de Libia? Desafortunadamente, siempre vemos e interpretamos el mundo no occidental a través de los ojos de nuestras ideologías a menudo idiotas y de moda. Es el mayor error que podemos cometer actualmente. Como se ha visto anteriormente, el hecho es que las instituciones libias siempre han sido sectarias y sesgadas en Libia, pero por esta razón no menos poderosas.

La Administración Militar Británica (1942-1951) construyó una gran cantidad de mediaciones políticas y políticas en Libia incluso iguales, si no mayores, que las de Gaddafi. Permanecieron en gran medida en su lugar, incluso después del golpe de 1969 de los “Oficiales Libres”, organizado por los servicios de inteligencia italianos en una reunión en Abano Terme.

Luego está la monarquía Senussi, originaria de una secta esotérica islámica, no de un linaje familiar específico del monarca.

El último rey Idriss fue derrocado por el golpe de Estado de los “Oficiales Libres” socialistas nasseristas y del Tercer Mundo, dirigidos en ese momento por Gaddafi, que había sido seleccionado a tal efecto por los servicios de inteligencia italianos, durante una cómoda reunión —todavía recuerdo— en un excelente hotel en Abano Terme.

La monarquía Senussi se originó a partir de una extraña organización esotérica que partió de una amplia heterodoxia islámica y finalmente se desplazó a una especie de norma cuasi-wahabi coránica, que no es en absoluto contradictoria, como aparecería en las mentes pobres de los occidentales, que sólo ven la adaptación servil al pluralismo occidental o simple “fanatismo”, viejo tema de lo peor y más ingenuo de la Iluminación del siglo XVIII.

Como todos sabemos, el régimen de Gaddafi comenzó en 1969, en medio del contragolpe, los ataques y las operaciones adversas de los servicios de inteligencia británicos, que sólo gracias a Italia fueron destruidos. Los gobiernos revolucionarios, sin embargo, eligen sólo las tribus fieles, que son tales porque se les paga para serlo.

En el caso de los Senussi, las Fuerzas de Defensa Cirenaica —y el rey Idriss se jactó de que nunca había estado en Trípoli— estaban compuestas por agentes y empleados de los servicios de inteligencia británicos. También el Comité Social de Ejecutivos del Pueblo tuvo funciones militares. Gaddafi no tenía piedad, por supuesto.

La tribu Warfalla hizo varios intentos fallidos contra la vida del coronel. Por lo tanto, después del intento de golpe de Estado en 1991 aceptó una negociación con Gaddafi. Sin embargo, fue precisamente por la Jamahiriya de Gaddafi (1973-1979) que las redes económicas libias se volvieron cada vez más informales y a veces tribales, pero paradójicamente cada vez menos controladas por el régimen del coronel.

Exactamente esas redes lo mataron y por lo tanto lo derrocaron del poder, aunque las pobres redes económicas militares informales creían en las promesas occidentales de una economía integrada en el mercado mundial y en una apertura de Libia a la inversión extranjera. Querían la globalización, sin demasiados desastres, pero Occidente les dio un estado fallido inútil, incluso para Italia.

De todos modos, dentro de la Gran Jamahiriya Socialista del Pueblo Árabe Libio todavía había comités populares que se ocupaban de la economía y los negocios, a menudo muy en serio, pero sin ninguna coordinación y control por parte de los líderes de Gaddafi, excepto por el NOC.

Allí estaban GECOL (General Electricity Company of Libya), un comité separado, así como LISCO (Libyan Iron and Steel Company), ESDEF (Fondo de Desarrollo Económico y Social) y ODAC (Oficina de Desarrollo de Complejos Administrativos).

Un gran papel fue desempeñado por la zona franca del puerto de Misrata y por un sinfín de comités autónomos, incluso en los Servicios de Seguridad que, sin embargo, estaban vinculados a la estructura abstracta e incluso apenas “informativa» de Jamahiriya.

En términos generales, la red de Comités de “personas” que gestionaban la economía informó al Congreso Popular General, pero obviamente todo estaba en manos de Gaddafi y de sus ayudantes y colaboradores más confiables, quienes, sin embargo, no lograron recibir las noticias a tiempo o dejaron escapar algunas operaciones, dado el nivel de informalidad de la economía libia, ya patológica en ese momento.

Las dos únicas organizaciones con cierto grado de autonomía fueron el Banco Central de Libia, establecido en 1956, mucho antes del golpe de Estado de Gadafi —que, sin embargo, se originó en una institución establecida por la ONU, a saber, el Comité de Moneda Libia— y, obviamente, la Corporación Nacional del Petróleo (NOC), creada en 1970, inmediatamente después del golpe de Gaddafi. También está el Fondo Libio de Inversiones (LIA), el Fondo Soberano Libio que apoya otros 15 fondos o iniciativas financieras aparentemente autónomas. Fue fundado en 2006. Al principio, en los buenos años de los ingresos petroleros, LIA tenía una dotación de hasta 60 mil millones de dólares estadounidenses.

El hijo de Gaddafi, Saif-al Islam, era en realidad su líder. Pero, después de la “revolución” anti-Gaddafi, entre 2005 y 2010, también llegaron los expertos que parecían capaces de privatizar cualquier cosa. Llamados por Francia, Estados Unidos, la propia élite libia, pero no por Italia, por supuesto.

En esa coyuntura, dada la solidez de las viejas economías informales de Gaddafi y de las que seguían a la destrucción del Estado libio, llegaron las nuevas agencias de los liberales libios. De ahí que se establecieran la Junta de Desarrollo Económico y la Junta de Privatización e Inversiones, además de la Autoridad de Proyectos Públicos.

Privatizas cuando hay capital disponible, de lo contrario ¿a quién vendes en un Estado fallido donde los que tienen dinero ya están fuera de Libia? Ya en la fase en la que empezaba a surgir la guerra entre Libia oriental y occidental, los gobiernos locales tenían que “reclutar” técnicos, expertos, economistas y juristas empresariales para comprender las complejidades de las estructuras económicas post-Gaddafi que, en cualquier caso, se habían desarrollado —en su complejidad barroca y elaborada— desde los últimos años de la vida de Gaddafi. Podríamos definir Libia entre Gaddafi y los dos gobiernos actuales como un solapamiento entre los Estados inquilinos de petróleo, las autocracias socialistas típicas de la Tercera Internacional y los caóticos e incoherentes intentos de liberalización que los estadounidenses hicieron en las viejas economías socialistas del Este después de 1989.

Esto se suma a la falta de preparación y el faccionalismo de las nuevas clases gobernantes económicas y políticas que llegaron al poder después de la eliminación de Gaddafi. La tecnocracia del coronel era a menudo mejor que las actuales.

No se hizo visible ningún criterio unificador económico entre las diversas facciones que lucharon y luego gestionaron la insurgencia de 2011, pero todo esto se mantuvo incluso en los años 2013-2015, cuando los altos precios de los barriles de petróleo dieron esperanza de que el capital fresco corregiría los errores de una planificación autoritaria que se sumaba al faccionalismo de la economía y la ingenuidad miope de la Bolsa de las liberalizaciones postsoviéticas.

Mientras tanto, la masa de salarios y subsidios aumenta cada año independientemente de la cantidad de ingresos petroleros. Por lo tanto, no hay soluciones rápidas ni eficaces para un mecanismo que ahora está tan estructurado. El Banco Mundial predice que las rentas del petróleo serán del 47% del PIB a finales de 2021, pero los salarios aumentarán hasta en un 49%.

Los subsidios públicos para el petróleo o los alimentos serán igualmente elevados, un 10,6% del PIB, pero entonces ¿cómo se refinanciará la deuda?

En Trípoli, si bien la situación en Bengasi parece similar, la solución será el adelanto en efectivo del Banco Central de Libia, además de la venta de bonos del Tesoro, especialmente en Cirenaica.

Nota: traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor.

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