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LA SECRETARÍA DE MALVINAS NO AGARRA UNA SOLA PELOTA ANTE LA ACCIÓN POLÍTICA BRITÁNICA EN LA ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona.

La posesión de la pelota respecto a la cuestión de Malvinas en el territorio argentino la tiene claramente el Reino Unido y la Secretaría de Malvinas de la Cancillería Argentina lleva adelante un juego defensivo que no alcanza a pasar del área chica local. Sin “la mano de Dios” es difícil ganarles a los ingleses y el partido se está perdiendo por goleada. Como suele ocurrir en estos casos y, sino pregúntenle a Luis Enrique, la culpa la suele tener el director técnico.

Por si acaso, antes de seguir “anulemos la mufa”.

Mark Kent, el entonces embajador británico en la Argentina, llegó al país en junio de 2016 y se fue en el mismo mes, cinco años después. “Se ganó el corazón de todos aquellos que lo conocieron”, diría Soledad Blardone de Infobae (16/06/2021); pero, durante la estada de este diplomático en el Palacio Madero Unzué —la embajada-residencia más lujosa que los británicos tienen en el mundo— este simpático pero disciplinado personaje no tuvo ni un solo gesto relacionado a los derechos argentinos sobre Malvinas. Sin embargo, para algunos argentinos distraídos y otros tantos anglófilos (por ser diplomático) supo ganarse —al igual que algunas señoritas de Buenos Aires de 1806— sus corazones. Habla español, twittea en este mismo idioma; le gusta el mate, el vino argentino, el asado, hacer chistes y viajar en colectivo; también el futbol, pero “siempre hincha por el equipo legal”; invitaba a sus “admiradores” a la embajada a tomar uno o varios “Johnnie Walker Double Black o Blue Label”, cuestión que puede hacer perder la cabeza a más de uno; de hecho, el ex Canciller del Reino Unido Alan Duncan comentó (Eduardo Barcesat. Perfil, 24/04/2022) que el vicecanciller argentino Carlos Foradori habría acordado el martes 13 de septiembre de 2016 en los sótanos de esa Embajada el Pacto que lleva vulgarmente el nombre de ambos, en un estado etílico que el más básico control de alcoholemia le hubiese quitado la licencia de conducir; pero, no le impidió, nada menos, que acordar se adopten “las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos” sin aludir en ese acuerdo a la cuestión central de la soberanía plena de Malvinas, pese a todas las Resoluciones de las Naciones Unidas y la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

“Mi padre era granjero y camionero”, decía Kent, “el maestro es bueno” diría Alberto Olmedo; pero de eso no se trata, ni de como manifestaba en la entrevista de Infobae que “los argentinos son ácidos, sarcásticos, irónicos y, el sentido del humor es muy similar al de los británicos” (sic) porque durante el tiempo que este buen hombre se ganó el corazón de muchos argentinos, el citado Kent dejaba claro que “Sobre Malvinas las posiciones de base política no cambiaron (…) Reconocemos que tenemos posiciones diferentes y que no estamos de acuerdo en ciertas cosas” y los británicos siguieron ocupando nuestros territorios y explotando nuestros recursos hasta nuestros días, ante la más absoluta pasividad de la Secretaría de Malvinas de la Cancillería argentina. Bien a la Argentina: los británicos son buenos, pero no boludos.

Pero llegó Kirsty Hayes a la embajada británica y pese a que el presidente de la Nación, la Cancillería Argentina y el secretario de Malvinas manifestaron que la Argentina no haría negocios con el Reino Unido mientras no se tratase la cuestión de Malvinas, esta señora agarró el porfolio y empezó a comprarles a los gobernadores ávidos salir del cabotaje y vincularse con el mundo. Morales de Jujuy; Sáenz de Salta; Uñac de San Juan; Jalil de Catamarca y Bordet de Entre Ríos (Agenda Malvinas, 05/11/2022), se transformaron en los primeros, tal vez por aquello, de “divide y domina” (Julio César; Napoleón) frente a una Secretaría de Malvinas y una Cancillería sin poder ni rumbo alguno. Días después nos enteramos (Letra P) que militares de Kosovo harán ejercicios militares en Malvinas y recordamos «que en Malvinas se entrenaron tropas británicas que luego intervinieron en Afganistán» (Carlos Biangardi, 06/12/2022) y también que «Malvinas se convierte en un centro de entrenamiento de la OTAN» (Horacio Micucci, 06/12/2022).

Ya sabemos, la Ley 24.184 de “Protección y Promoción de las inversiones británicas en la Argentina” sigue vigente, al igual que los Acuerdos de Madrid y los citados Pactos de Foradori-Duncan, pese a las amenazas del secretario de Malvinas Guillermo Carmona de no «dar marcha atrás, nuestro país se reserva el derecho de revisión de los acuerdos de cooperación en curso entre ambos países» (Letra P); aunque este mismo funcionario ya indicara en diversas oportunidades que estos acuerdos están desactivados de hecho (¿?). Tan desactivados, como que empresas británicas son adjudicatarias de exploraciones petroleras offshore violando la Ley 26.659 (Solanas) que impide que empresas con vínculos en Malvinas tengan actividad en la jurisdicción argentina o, de igual forma, que la Cámara de Mar del Plata levantara la cautelar beneficiando a las empresas Equinor y Shell o los vuelos de LATAM siguen haciendo la logística de los británicos en Malvinas.

La embajadora británica en la Argentina Kirsty Hayes se mueve como pez en el agua en el país y en contrario la Secretaría de Malvinas no hace más que reclamar, declamar y actuar con un voluntarismo que contrasta con la reconocida profesionalidad británica para tratar sus cuestiones internacionales.

Por su parte, el Consejo Nacional de Malvinas, en sintonía con la falta de políticas de la Secretaría de Malvinas, a más de dos años de creado, no ha elaborado una sola estrategia acorde a las obligaciones que los miembros seleccionados por imperio de la Ley 27.558 debieron cumplir. Lo acaba de dejar en claro, quien se define como un estrecho Asesor del secretario Carmona.

Es bastante lógico que no exista a hoy un plan en el Consejo (aunque sus dictámenes no sean vinculantes), ya que este engendro —que daría la sensación de haber sido creado al solo efecto de acompañar la propuesta de salto al vacío de un elucubrado y arribista “académico”— no habría tenido como objeto elaborar una estrategia, sino solamente servir de apoyo “con consenso” (Art. 4º de la Ley 27.558 y 8º del Reglamento) a la Autoridad de Aplicación por parte de los políticos, académicos, juristas y veteranos seleccionados, a la iniciativa suicida de requerir una opinión consultiva, sin ningún fundamento nuevo y sin mejorar en nada el contenido ni los apoyos ya logrados en las Resoluciones 1514/60, 2065/65 y la 31/49, entre otras de las Naciones Unidas.

Nada mejor para entender la ineficacia de las acciones de la Secretaría y el Consejo de Malvinas que las esclarecidas opiniones emitidas el pasado 5 de diciembre de 2022 por el auxiliar docente de la UBA, amanuense (copia escritos y pasa en limpio) de Marcelo Kohen y asesor de la Secretaría de Malvinas el abogado Facundo Rodriguez, en oportunidad del reconocimiento a la Facultad Regional de La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional, donde participó en representación del secretario Guillermo Carmona; se trataba del principal orador convocado.

Allí dijo el referido representante: «Ustedes deben saber mejor que nosotros las dificultades internas para hacer llegar esa moneda o condecoración a sus destinatarios o por lo menos a sus familiares. Si hay algo que Carmona siempre ha mencionado y, lo digo porque lo he escuchado, no porque estoy defendiendo alguna postura o algo, yo soy académico, que su posición es de una Cancillería abierta o al menos de una Secretaría abierta. La Cancillería ha sido siempre vista y con justa razón, un lugar de elite o de personajes que no comulgan con lo popular o generalmente es un lugar de ámbito de difícil acceso…» (sic). A confesión de parte relevo de pruebas.

Preguntado en esa ocasión por Luciano Moreno de Pal’Sur respecto «a la presencia de una persona que pide dividir la Provincia de Tierra del Fuego, generar un referéndum en Malvinas para que los isleños determinen si son británicos o argentinos después de darle la posibilidad de que estos tengan un sistema migratorio por 30 años y esa persona se encuentra en el Consejo Nacional de Malvinas. se llama Marcelo Kohen y, propuso todo esto en el CARI diciendo además que la Disposición Transitoria Primera de la CN atentaba contra las negociaciones y a la solución de la disputa para que el Reino Unido se siente para descolonizar y, si estaba previsto que esa persona se le pida que se retracte…». El representante Carmona contestó: «El Consejo Nacional de Malvinas fue creado como un ámbito plural en donde se escuchan todas o por lo menos la mayor cantidad de voces posibles del espectro Malvinas, tenemos veteranos; académicos; juristas de distintas visiones; miembros de los distintos partidos políticos con visiones totalmente opuestas respecto a la estratégica para recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía sobre Malvinas y, me parece, que más allá de lo que cada uno pueda decir en su ámbito personal y a título personal, porque esto es algo que el profesor Kohen ha manifestado que lo ha dicho (el plan a los isleños y en el CERA) a título personal y así lo ha declarado, yo no voy a explicar la propuesta, ya que no es mi propuesta, es la propuesta de él y tendrá que explicarla cuando se lo pidan…» (sic).

Y continuó Rodriguez: «Entonces lo que haya dicho el profesor Kohen o haya dejado de decir en base a su propuesta, quizás, la propuesta en sí no sea…¿cómo se llama? pregunta y tartamudea el representante del Secretario de Malvinas, a lo que agrega Moreno “no sea constitucional”, precisando Rodriguez: para que sea constitucional o no, el debería ser parte de un poder del Estado y al no ser y simplemente exponer en un ámbito académico, quizás, deberíamos ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío». Aquí interviene nuevamente Moreno para acotarle: “la propuesta la presentó primero en Malvinas a los Kelpers y éstos le pagaron un lugar donde exponer, fue expuso y luego hizo lo mismo en el CARI”; acotando el asesor: «lo interesante quizás sería ver el vaso medio lleno, el debate que dispara esa propuesta, no la propuesta en sí, porque la propuesta de él (la de Kohen) puede ser una propuesta cualquiera, mientras no venga del Poder Ejecutivo no es vinculante para la Argentina; pero la propuesta quizás, y es lo que logró, porque estamos hablando de esto, estamos hablando quizás de reforzar algún punto que esté flojo en nuestro discurso o proposición (…) Uno de los déficits más grandes que tiene la Argentina es la falta de una propuesta concreta para llevarle al Reino Unido porque nosotros pedimos sentarnos a negociar, pero si nosotros le llevamos una propuesta al Reino Unido se va a ver obligado a negar (…)» (Estos comentarios son idénticos, copia textual de los ya formulados en 2018 por Kohen en su exposición en el CARI). Continúa Rodriguez: «Creo que viendo el vaso medio lleno, esta propuesta del profesor Kohen, quizás, nos depara la necesidad de elaborar en conjunto de la sociedad, los académicos, los veteranos, o quizás dentro del Consejo Malvinas, una propuesta con las voces y las visiones plurales que se encuentran en ese Consejo, como en la actualidad tenemos visiones totalmente opuestas como la del profesor Armando Abruza por un lado; del profesor Marcelo Kohen; la profesora o doctora Susana Ruiz Cerutti, con senadores y diputados del PRO, de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, radicales y cada uno de ellos ha llevado una política totalmente distinta…» (sic).

A esta altura, es interesante hacer notar algunas afirmaciones de este Asesor de la Secretaría de Malvinas, que en la ocasión representa al secretario Carmona (es decir habla por este): por lo que manifiesta, no parece que en el ámbito de la Secretaría o del Consejo se le hayan pedido explicaciones a Marcelo Kohen por su Plan, que coincidió con la vigencia del Pacto de Foradori-Duncan y, en particular, no se le habría preguntado con qué mandato, quién financió y en nombre de qué institución presentó la propuesta en 2018 ante los isleños en el territorio argentino de Malvinas, ubicadas a 12.558 km en línea recta de su residencia en Ginebra.
Contrario a lo que manifiesta este asesor, el citado Marcelo Kohen es parte del Estado, lo fue cuando representó los intereses del Estado argentino en los casos de las papeleras de Uruguay y la Fragata Libertad y también al integrar el Consejo de Malvinas que se encuentra en el ámbito de la Presidencia de la Nación (Art. 1º de la Ley 27.558) y asesora al presidente (Art. 4º de la Ley). Sus opiniones no han sido formuladas en un “ámbito personal” como refiere Rodriguez, sino en forma política y pública (Perfil, 22/03/2018) y a los propios isleños (además de su exposición en el CARI) violentando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y las Resoluciones de las Naciones Unidas, por cuanto estos no son parte en la disputa. Al indicar que no siendo formulada la propuesta por el Poder Ejecutivo no es vinculante, demuestra una supina incapacidad política, que le podría llevar a afirmar que dichos del Canciller o del secretario de Malvinas, que no son el presidente de la Nación y, por lo tanto, no son el Poder Ejecutivo, contrarios a la posición argentina expresada en la Constitución Nacional, no dañarían la postura argentina en la cuestión Malvinas (¡!).

En su calidad de Asesor de la Secretaría e interviniendo incluso en el Consejo Nacional de Malvinas: Rodriguez afirma: «estamos hablando quizás de reforzar algún punto que esté flojo en nuestro discurso o proposición (…) Uno de los déficits más grandes que tiene la Argentina es la falta de una propuesta concreta para llevarle al Reino Unido porque nosotros pedimos sentarnos a negociar, pero si nosotros le llevamos una propuesta al Reino Unido se va a ver obligado a negar, a decir no la quiero; no voy a negociar y eso nosotros la podemos usar para que la opinión pública británica (…) quizás, nos depara la necesidad de elaborar (…) dentro del Consejo Malvinas, una propuesta con las voces y las visiones plurales que se encuentran en ese Consejo…» en primer lugar, habría que decir que este representante de Carmona podría quedar incurso en la violación de la confidencialidad prevista en el Artículo 16º del Reglamento del Consejo y, ello derivaría de la ventilación de que ese Cuerpo debiera hacer propuestas que no estaría haciendo e incluso anuncia públicamente los efectos que estas propuestas —que el Consejo no realiza— podrían tener sobre la opinión pública británica. Una acción irresponsable de un funcionario de la Cancillería y una apreciación de increíble ingenuidad de quien se presenta como especialista en derecho internacional.

Respecto a las afirmaciones de Rodriguez que «en la actualidad (en el Consejo) tenemos visiones totalmente opuestas (…) y cada uno de ellos ha llevado una política totalmente distinta…» (sic), lo que constituye una nueva violación de la confidencialidad necesaria en materia de las estrategias que debe llevar el Consejo (“…Quienes ejerzan o hayan ejercido funciones en el Consejo no deberán dar a conocer, en momento alguno, las deliberaciones que tengan allí lugar ni la opinión de otro miembro…”. Art. 16º del Reglamento). Consultado al respecto un acreditado diplomático, con una amplia experiencia en cuestiones de Malvinas, manifestó duramente: «claro que hay visiones totalmente opuestas: la del interés nacional y la de los traidores, ignorantes y oportunistas».

A lo ya dicho respecto a la ocupación extranjera del Atlántico Suroccidental (César Lerena El extranjero ocupa y explota el Atlántico Suroccidental”, 14/11/2022) se agregan las recientes declaraciones del presidente de la Nación: “Argentina tiene que destinar sus recursos a cosas más importantes que la compra de aviones militares. Estamos en un continente muy desigual, pero no hay problemas de guerra y se busca la unidad entre los países” (The Global Boardroom de @FT), lo que parece estar demostrando el desconocimiento del Poder Ejecutivo sobre cuáles son las amenazas que enfrenta la Nación, ya que nadie se imagina una confrontación con países de Suramérica; pero, no podemos olvidar que el Reino Unido de Gran Bretaña tiene ocupado o en disputa con la República Argentina 5.497.178 Km2 de su territorio continental, insular, marítimo y de la plataforma continental extendida. Todo ello, en medio del injustificable viaje de jueces y fiscales a Lago Escondido del británico Joe Lewis, quien sería, el mismo propietario de la pista de aterrizaje de 1.800 metros inaugurada en 2008 para aviones de gran porte, ubicada en Sierra Grande (Río Negro), lindero a Chubut y a 1.200 km de Malvinas.

Me repito: La incapacidad se pone de manifiesto poniendo a las personas en la máxima posibilidad de sus capacidades y, en muchas ocasiones, este umbral es muy bajo.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

FALLOS Y FALLIDOS

Santiago González*

Como el ejecutivo y el legislativo, el poder judicial no escapa a la corruptela que socava las instituciones de la República

 

Pudo haber sido un momento bisagra en la salud de la República, una de esas instancias en que la sociedad restaña su dignidad lastimada y se pone de pie para enfrentar la fuente del daño. Como en su momento lo fue el juicio a las juntas: más allá de los episodios concretos examinados en ese tribunal, lo que la sociedad civil esperaba de una sanción ejemplar era poner fin a la continua intromisión del estamento militar en la vida política, perturbada una y otra vez en su desarrollo normal y natural. Del juicio a Cristina Kirchner, tal como fue presentado a la opinión pública, la sociedad esperaba un “nunca más” a la corruptela que socava la vida nacional desde que la democracia recuperó la formalidad de sus instituciones.

Esas expectativas, lamentablemente, se vieron frustradas. El fallo dictado por el tribunal que examinó el caso parece más orientado a sostener en el corto plazo el titular Cristina condenada, habilitando al mismo tiempo su posterior sobreseimiento, que a imponer una sanción ejemplar contra las prácticas corruptas. Al descartar la figura de la asociación ilícita, el fallo desbarata el esqueleto mismo de la acusación de los fiscales (que de inmediato prometieron apelarlo por esa razón), y al absolver a Julio de Vido, eslabón indispensable en la cadena de responsabilidades que se pretende elevar hasta la viuda de Kirchner, obsequia un argumento decisivo a las esperables acciones de sus defensores en las instancias superiores.

Visto el inexplicable crecimiento patrimonial de la familia Kirchner, y el de sus amigos y presuntos testaferros, la familia Báez, y considerando la abrumadora información periodística sobre los mecanismos de recaudación, acumulación y lavado, el público no duda de que aquí hubo una asociación ilícita más o menos parecida a lo que describieron los fiscales Luciani y Mola. El problema es que la cabeza de esa asociación ilícita no fue Cristina sino Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner está muerto. A Cristina no le cabe la acusación de administración fraudulenta, por la que fue condenada, porque nunca administró nada, sino, en todo caso, la de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber denunciado mientras fue senadora o presidente lo que necesariamente debía ser de su conocimiento.

El procesamiento de la ex presidente estuvo mal planteado desde un principio, porque su propósito no era judicial sino político. Contra lo que suele decirse, la causa que condujo a la condena de Cristina Kirchner no es la que en 2008 inició Elisa Carrió contra Néstor Kirchner, De Vido y Lázaro Báez más o menos sobre el mismo asunto, y para su pesar recaída en el juzgado de Julián Ercolini, quien (eran otros tiempos) acababa de sobreseer a Néstor en una causa por enriquecimiento ilícito. La causa cuyo veredicto se conoció esta semana se abrió en 2016 a partir de una denuncia del funcionario macrista Javier Iguacel, fue instruida casualmente por el mismo juez Ercolini con la asistencia de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, y apuntó directamente contra la ex presidente. La causa iniciada por Carrió apuntaba a combatir la corrupción, la que abrió Iguacel se proponía destruir políticamente a la ex presidente. Son dos cosas distintas.

El tribunal oral federal que juzgó a Cristina sintió la presión política y mediática que le exigía producir un fallo condenatorio y aparentemente no supo, no pudo o no quiso resistir esa presión. Pronunció su condena, pero salomónicamente también abrió espacios para una eventual absolución de la acusada en alguna instancia superior. Dicho de otro modo, satisfizo el propósito político de la causa, pero no cerró el camino a la justicia. Es claro que ésta no es una lectura jurídica sino periodística y provisoria de una sentencia cuyos fundamentos, por otra parte, el tribunal inexplicablemente decidió hacer públicos sólo dentro de tres meses. Una minuta adjunta al fallo entregado a la prensa no aportó datos o argumentos que permitieran modificar esta lectura. Y esta lectura no permite ilusionarse con ninguna regeneración moral de la República.

 

Resulta imposible separar el fallo condenatorio contra Cristina Kirchner del episodio de los excursionistas de Lago Escondido, no sólo porque salieron al conocimiento público casi simultáneamente, o porque la propia vicepresidente los vinculó al hablar después de conocido el fallo, sino porque los elencos involucrados son parecidos —jueces, operadores mediáticos, empresarios, funcionarios macristas, espías— e incluso hay apellidos como Ercolini o Mahíques que se repiten en uno y otro asunto. Ambos redondean una imagen deplorable de la justicia argentina, que se agrega a la imagen deplorable de los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, para completar el retrato más desalentador de toda nuestra historia republicana. Para donde se mire hay incompetencia o corrupción.

Esta mal que encumbrados dirigentes del mayor grupo de medios y comunicación de la Argentina inviten a jueces y funcionarios públicos a participar de excursiones con todos los gastos pagos y está mal que jueces y funcionarios acepten esas invitaciones; está peor que esos jueces y funcionarios acepten invitaciones de personas o grupos sobre los que han tomado en el pasado, o eventualmente podrían tomar en el futuro, decisiones capaces de incidir en los intereses de esas personas o grupos; y está mucho peor en este caso que la excursión haya sido a la propiedad de un extranjero que la adquirió en condiciones irregulares y que fue sobreseído al respecto justamente por uno de los jueces invitados al paseo.

Todo eso está mal desde la ética más elemental, más allá de que en uno u otro caso se haya cometido un delito tipificado por los códigos. Y por encima de todo lo que está mal, y de lo que está muy mal, y de lo que está peor, y de lo que constituye un delito, están escandalosamente mal las maniobras realizadas por la banda de turistas para encubrir todo lo que hicieron mal a sabiendas, analizando a tal fin todas las opciones de falsificación documental, amenazas físicas, extorsiones y engaños. E igualmente escandalosamente mal están los esfuerzos de la grandes empresas de medios para ocultar todo, o restarle importancia, o justificarlo invocando “amenazas a la intimidad” de los excursionistas.

La vicepresidente le prestó un gran servicio al país al exponer, de manera conceptualmente ordenada, la serie de conversaciones en que los turistas debaten la manera de zafar del problema en el que se metieron. Si no lo hubiera hecho, los medios lo habrían ocultado y no habría sido posible el conocimiento público de esas conversaciones, la arrogante seguridad que transmiten los interlocutores. Después de más de medio siglo de ejercer el periodismo en este bendito país debo decir que el tono de esas charlas me resulta extremadamente familiar: así es como habla el poder fáctico en la Argentina, así es como expresa sus complicidades, así es como se percibe por encima de la ley, aun cuando muchas veces se encuentre burdamente fuera de la ley.

 

Las conversaciones en las que los viajeros invitados por un grupo corporativo a vacacionar en la estancia de un extranjero indeseable discuten la manera de borrar las huellas de su mala conducta traen, con todo, una buena noticia para los ciudadanos: el poder le tiene miedo a los periodistas. Con las empresas de medios saben entenderse, pero los periodistas, individualmente considerados, siguen siendo un enigma para el poder, una rueda loca que no acaban de centrar en su eje. Ese temor se advierte en los términos generalmente despectivos y condescendientes con los que los contertulios se refieren a periodistas de los grandes medios, a quienes conocen por sus nombres, probablemente tratan con frecuencia y sobre los que tienen opiniones formadas (hasta dónde parece, bastante equivocadas).

Según una regla endosada por la vocera presidencial Gabriela Cerruti, un periodista debe contar con al menos tres fuentes que corroboren un dato antes de tomarlo como cierto. Esto quiere decir que un juez, un empresario y un político, entre whisky y whisky, durante una excursión por los lagos del sur, pueden construir una verdad periodística. A los poderosos les encantaría vivir en un mundo cuyas redacciones estuvieran pobladas de Cerrutis, repetidores políticamente correctos de relatos prefabricados. Los mismos que se sienten capaces de “hacer cagar” a un funcionario público, se muestran inquietos sobre lo que alguien pueda escribir acerca de ellos. Para estas personas, acostumbradas a llevarse las instituciones por delante, una computadora cualquiera en manos de un periodista incontrolable es un arma temible.

El público no imagina las trampas y presiones que un periodista debe sortear antes de escribir una noticia cuyo equilibrio lo satisfaga en principio a él mismo. Me refiero, por supuesto, a los profesionales, no a los periodistas militantes de cualquier tendencia obsesionados por acomodar los datos a un preconcepto ideológico. Esas trampas y presiones pueden venir de las fuentes, como lo revelan los diálogos entre los pasajeros de Lago Escondido, pero también de los propietarios de los medios para los que los periodistas trabajan. El público tiende a identificar a los periodistas con su medio, y viceversa, pero son cosas distintas: no fueron los periodistas de La Nación quienes escribieron en ese diario una defensa de lo indefendible, ni fueron los periodistas de Clarín quienes propusieron elaborar “una notita” para amenizarle la vida al jefe de la Policía Aeroportuaria.

 

* Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y se inició en la actividad periodística en el diario La Prensa de la capital argentina. Fue redactor de la agencia noticiosa italiana ANSA y de la agencia internacional Reuters, para la que sirvió como corresponsal-editor en México y América central, y posteriormente como director de todos sus servicios en castellano. También dirigió la agencia de noticias argentina DyN, y la sección de información internacional del diario Perfil en su primera época. Contribuyó a la creación y fue secretario de redacción en Atlanta del sitio de noticias CNNenEspañol.com, editorialmente independiente de la señal de televisión del mismo nombre.

 

Artículo publicado el 08/12/2022 en Gaucho Malo, El sitio de Santiago González, https://gauchomalo.com.ar/

EL SISTEMA INMUNOLÓGICO DE LA NACIÓN EN PELIGRO: SITUACIÓN DE LA INTELIGENCIA DE ESTADO EN LA ARGENTINA

Marcelo Javier de los Reyes*

El sistema de Defensa Nacional, los diversos organismos de Seguridad y el Sistema de Inteligencia Nacional son a la Nación como el sistema inmunológico al cuerpo humano.

El sistema inmunológico es una red compleja de células, tejidos y órganos que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. La función de este sistema es defenderlo de agentes patógenos, es decir, de organismos que causan enfermedades, como por ejemplo los virus y las bacterias.

De manera similar, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y la Inteligencia trabajan con el mismo objetivo aunque cada una de estas instituciones tiene su objetivo.

Este diagnóstico será considerado desde dos puntos:

    • Institucional
    • Profesional

La Inteligencia Nacional es definida por la Ley 25.520 como «la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación». La Ley 27.126, promulgada el 3 de marzo de 2015, considera a la Inteligencia Nacional como «la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación». Solo un cambio sutil pero importante, pues se han eliminado las «amenazas» respecto de la Ley 25.520. Mientras que la «amenaza» es una probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino en un lapso dado, el «riesgo»  sería la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.

La Inteligencia es el conocimiento que favorece al decisor en la toma de decisiones, como así también en la reducción de los riesgos. En síntesis, la importancia es que es una herramienta fundamental para la toma de decisiones.

La Inteligencia es una herramienta fundamental para la toma de decisiones.

La actividad de Inteligencia, más precisamente la Inteligencia Estratégica, le permite al gobierno nacional comprender los conflictos regionales e internacionales con el objetivo anticipar las respuestas adecuadas a los mismos.

Del mismo modo, la Inteligencia le permite al gobierno tomar las medidas adecuadas para favorecer la inserción de nuestro país en el escenario internacional, tanto en el ámbito diplomático como económico.

A partir de esto se puede afirmar que, desde lo institucional, los organismos de Inteligencia deben estar en condiciones de dar respuestas a estas demandas.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y, conforme a la ley, debería dirigir el Sistema de Inteligencia Nacional —que incluye a los demás organismos de Inteligencia del Estado que dependen del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad— a los efectos de contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la Nación.

En función de ello pueden determinarse las siguientes anomalías que impiden que la Inteligencia Nacional cumpla con sus objetivos:

    • Los diversos gobiernos nacionales de las últimas décadas han transformado la Inteligencia Nacional en una herramienta para amedrentar jueces, políticos opositores y demás denunciantes a partir de lo que se denominan «carpetazos».
    • Como consecuencia de ello, los gobiernos nacionales (fundamentalmente los kirchneristas y el de Cambiemos) han realizado un uso perverso de la inteligencia interior pero desatendieron la Inteligencia Exterior y la Inteligencia Estratégica al punto que se puede afirmar que estas áreas están prácticamente desactivadas y sin rumbo. La Inteligencia Exterior ha perdido, virtualmente, contacto con los servicios de otros países, lo que implica una seria gravedad desde el punto de vista del intercambio de información y de la capacitación. Las delegaciones del exterior de la Secretaría de Inteligencia / AFI carecieron de rotación de sus delegados durante más de una década y su número ha sido seriamente reducido, al punto que fueron cerradas delegaciones en los principales países de Europa. Como los gobiernos actúan en este sentido con reciprocidad, varios servicios no destinan agentes a sus embajadas en la Argentina y algunos los han retirado reasignándolos en países de la región. La situación se ha visto sumamente agravada con las filtraciones a los medios de las Actas durante la gestión de la «fiscal interventora» Cristina Caamaño.
    • Respecto del tema de la capacitación, el sistema ha perdido el rumbo desde el gobierno de la Alianza (1999-2001), gobierno que el 7 de febrero de 2000 realizó una purga de 1.500 agentes, un hito lamentable que cortó la transferencia de conocimientos. La idea fue apelar a la contratación de «consultoras», lo que pone en evidencia la ignorancia de quienes estaban al frente de la Inteligencia Nacional. Los últimos gobiernos, sin excepción, han puesto al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) a funcionarios inexpertos, al igual que en el resto del organismo, y en la actualidad le ENI tiende más hacia un adoctrinamiento, no hacia una capacitación profesional, impartiendo «cursos de género», «Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los Tres Poderes del Estado», etc. En este punto cabe destacar que el máximo responsable de la ENI de la gestión de Cambiemos llegó a manifestar a un medio «vamos a cambiar la cultura del espionaje»: es evidente que desconocía de qué se trata la Inteligencia[1].
    • Cabe recordar que en febrero de 2015 el gobierno de Cristina Kirchner disolvió la Secretaría de Inteligencia y creó una AFI debilitada, otorgándole un rol protagónico a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar pero llevando a cabo actividades ilegales, toda vez que esa área no debe, por ley, realizar inteligencia interior. Incluso el presupuesto destinado a ese órgano militar era mayor al que recibía la entonces Secretaría de Inteligencia.
    • Contrariamente a lo que especifica la Ley, la AFI, como es de conocimiento público, ha sido prácticamente marginada y no dirige el Sistema Nacional de Inteligencia. Aún peor, el proyecto de Ley de Inteligencia presentada al Congreso por la entonces interventora de la AFI Cristina Caamaño proponía que ese organismo dejara de ser la cabeza del sistema de Inteligencia. Varias delegaciones del interior han sido eliminadas o reducidas en su operatividad. Vale aquí recordar que la mencionada interventora desactivó la base de Trelew y cedió el edificio al Ministerio de Desarrollo Social de Nación, en una región con graves problemas derivados del problema de la nueva etnia autodenominada «mapuche», con tomas de tierras e incendios de propiedades privadas e iglesias.
    • Los organismos de inteligencia no mantienen contactos entre sí y, peligrosamente, se aprecia una competencia entre algunos de esos organismos.

Desde lo profesional, desde que asumió el gobierno del Frente para la Victoria, en la entonces Secretaria de Inteligencia se ha procedido a una «purga» de su personal, reduciéndola a su mínima expresión. Cierto es que hasta la creación de la AFI no ingresaron «militantes» y los cargos políticos fueron muy reducidos. Con sus limitaciones, el organismo continuó funcionando pero la «metodología» que se implementó produjo una fuerte desmotivación del personal, por falta de incentivos, bajos salarios y una persecución hacia algunos agentes que fueron destinados a «áreas de castigo». A ello debe sumarse la pérdida del rumbo del organismo lo que se traduce en un sin sentido de la actividad diaria del agente de inteligencia.

Si, debe reconocerse, que durante la gestión de Oscar Parrilli al frente del organismo se produjo un sustancial aumento de sueldos —el cual finalmente no se completó— pero con ello se favoreció el ingreso de numerosos «militantes» que no calificaban para cumplir con sus funciones.

Se procedió a una reestructuración, con un nuevo organigrama que incrementó notablemente los cargos directivos y eliminó las jefaturas intermedias lo que, al igual que en el ámbito privado, hace inviable cualquier gestión. Aún más grave fue la supresión de un área de «Análisis» cuando ésta es la tarea esencial de un organismo de inteligencia.

La gestión del organismo durante el gobierno del presidente Macri, teniendo la oportunidad de reconstruirlo, siguió la misma línea del gobierno kirchnerista y los cargos directivos fueron ocupados por gente inexperta, entre los cuales se encuentran quienes fueron los máximos responsables del organismo. Además debe mencionarse la incorporación de algunos ex comisarios con antecedentes de sumarios dentro de la propia policía. Es en ese momento que se crearon más delegaciones en el AMBA con una impronta inspirada en una comisaría.

Con respecto al personal, se despidió a los contratados por la gestión de Parrilli y se contrató a un número similar de personal, en su mayoría tampoco calificado para cumplir funciones en un organismo de Inteligencia. Además se contrató más personal con sueldos equivalentes a cargos directivos.

Del mismo modo, debe destacarse que los políticos tienden a confundir Inteligencia con «Seguridad», lo que lleva a una seria distorsión de la actividad.

Asimismo, la gestión del gobierno de Cambiemos continuó marginando al personal de carrera e igualando hacia abajo como lo hizo el gobierno del Frente para la Victoria, el cual desarmó su cuerpo profesional que otrora era considerado «Personal Superior». Desde entonces, numerosos cargos que deberían corresponder a ese cuadro pasó a estar en manos de personal auxiliar, desvirtuando la línea jerárquica y profesional que debe mantener un organismo de estas características. Es como si en las Fuerzas Armadas se colocara a un suboficial por encima de un oficial.

Por otra parte, la gestión política siempre hace uso de la «caja» del organismo con fines políticos, es decir, el uso de sus recursos que no son empleados para mantener la infraestructura y la operatividad del organismo.

En síntesis, hasta la llegada de la Alianza al gobierno, el organismo, a pesar del despido de algunos agentes durante el gobierno de Alfonsín, mantuvo un alto nivel profesional. En la ENI se dictaban cursos tanto destinados a personal de la Argentina como a personal extranjero. El nivel del cuerpo docente y de los cursos aún hoy es reconocido por agentes europeos que asistieron a los mismos en la década de 1990. La formación giraba en torno a inteligencia, al análisis de la información, de los medios de comunicación, a la geopolítica entre otros temas.

Del mismo modo, existía un curso denominado «Curso básico de Inteligencia para funcionarios del Estado» al que asistía personal de diferentes ámbitos, de la Justicia, de lo que hoy es la AFIP, de la Cancillería, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de diversos organismos. Este curso era fundamental para establecer lazos informales en un agradable ambiente de camaradería.

Esto funcionó, por inercia, hasta aproximadamente el año 2002. En la actualidad nos encontramos con un organismo verdaderamente destruido, con personal que no ha recibido una buena capacitación, con una ENI carente de docentes, pero lo más difícil será reconstruir tanto el organismo como el instituto de formación debido a que durante décadas no se ha considerado la importancia que tiene la transferencia de conocimientos en una actividad cuyos conocimientos se adquieren con la práctica dentro de un servicio. Para hacer un paralelismo, un ingeniero se forma en una universidad pero la experiencia la obtiene en la obra, en un astillero, en una fábrica, según sea su especialidad.

Para completar el calamitoso cuadro en que se encuentra el Sistema de Inteligencia Nacional deben mencionarse dos proyectos de ley, uno presentado por la entonces diputada Elisa Carrió —que tenía la intención de cerrar el organismo y crear uno nuevo que coordinara las fuerzas de seguridad y pusiera la mira en el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo— y otro el ya mencionado presentado por la que fuera interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Ambos dan claras muestras del desconocimiento de la actividad de inteligencia o de un intento de seguir destruyendo el sistema inmunológico de la Nación y en esto coinciden quienes se definen a uno y otro lado de la grieta.

La propia Elisa Carrió pidió la eliminación de la AFI en diciembre de 2018[2] y Maximiliano Ferraro, también de la Coalición Cívica, propone nuevamente «crear en su lugar un organismo que solo coordine a las fuerzas de seguridad en la prevención y el combate especialmente del narcotráfico, del terrorismo y del crimen organizado en general». En primer lugar, demuestra su desconocimiento del Sistema de Inteligencia Nacional que incluye la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y, de nuevo, se observa la confusión de Seguridad con Inteligencia. Pero lo paradójico es que su crítica se centró en oportunidad de que saliera a la luz el espionaje llevado a cabo por María Eugenia Vidal cuando era gobernadora, es decir, durante el gobierno de Cambiemos, del cual la Coalición Cívica fue parte. Según la ex interventora de la AFI Cristina Caamaño, durante su gestión halló una fotografía y un informe de seguimiento a Carrió durante un viaje a Paraguay en 2017, es decir, durante el gobierno de Cambiemos[3].

Los del Frente de Todos apuntan al espionaje durante el gobierno de Macri pero olvidan que durante el gobierno de Néstor Kirchner se procedió también a un espionaje de consideración tanto de opositores como de allegados, al punto que se difundió que mandó a pinchar 20.000 teléfonos[4]. También el presidente Menem acostumbraba a espiar hasta a sus propios funcionarios.

Para concluir, tampoco se debe confundir «espionaje» con «inteligencia» y no se debe responsabilizar al organismo ni a sus agentes por el uso que le dan los políticos a esa estructura.

Por otro lado, la Ley 25.520 es una ley que puede ser mantenida en vigencia, más aún cuando lo que han presentado últimamente es verdaderamente un adefesio.

Propuestas en materia de Inteligencia
    • Establecer los Objetivos Nacionales de corto, mediano y largo plazo en materia de Inteligencia, los cuales deberán ser acordes a una agenda de Seguridad Nacional diseñada a los efectos de salvaguardar los intereses de la República
    • La Inteligencia es un atributo de un Estado y no de un gobierno, por lo que debería volverse a recrear la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) con un Secretario con rango de Ministro. Por un lado, se volvería a jerarquizar la actividad de Inteligencia y, por otro, tanto la sociedad como los medios continúan denominando informalmente al organismo como «SIDE».
    • Dejar inmediatamente sin efecto el Decreto 1.311 y restablecer el organigrama existente hasta la modificación implementada por la gestión de Parrilli y «La Cámpora». Eso reduciría considerablemente las direcciones creadas por el kirchnerismo y el macrismo y restablecería las jefaturas de División y Departamento, cuya desaparición ha hecho ingobernable al organismo.
    • Reestructurar nuevamente las diferentes áreas de bajo la conducción de un Subsecretario de Inteligencia Estratégica.
    • Crear, al menos, una delegación en cada Provincia con la finalidad de actuar en coordinación con el Gobierno Provincial, la Policía Provincial y las Fuerzas de Seguridad Federales existentes en cada Provincia, como así también las unidades de las Fuerzas Armadas.
    • Crear delegaciones regionales de Inteligencia Estratégica que actuaran con las autoridades respectivas a los efectos de: a) recurrir a la Inteligencia Competitiva a los fines de analizar el mayor aprovechamiento de los recursos económicos regionales en favor de la producción y del empleo; b) analizar los medios de comunicación para favorecer la explotación económica regional y la integración regional y nacional, lo cual favorecerá, asimismo, a fortalecer la Soberanía Nacional.
    • Otorgarle a la ENI el lugar que le corresponde como máximo instituto de formación de la Inteligencia Nacional, la cual, en coordinación con un equipo idóneo de profesionales deberá reestructurar la forma de reclutamiento del personal, los cursos a dictarse y la carrera profesional, de modo tal que el organismo deje de ser una «agencia de empleo» a disposición del gobierno de turno.
    • La profesionalización del organismo debería evitar la intromisión del oportunismo político. La Inteligencia depende de la Presidencia de la Nación pero no de los antojos del Presidente o de funcionarios políticos designados por la máxima magistratura nacional.
    • Atento a que la intención es dinamizar la inserción de la Argentina en el mundo, el personal de inteligencia exterior deberá gozar de una alta capacitación con el objetivo de que sus miembros puedan ser incorporados circunstancialmente al Servicio Exterior de la Nación para cumplir sus funciones en nuestras representaciones diplomáticas.
    • Deben reconstruirse con urgencia las áreas de Reunión y Análisis, toda vez que la Inteligencia es el resultado del análisis de la información recolectada.
    • Por medidas de contrainteligencia, el organismo debe ser relocalizado en un lugar discreto a determinar y alejado de la zona céntrica. De la misma manera la ENI podrá mantener su sede actual a los efectos protocolares pero sería apropiado que cuente con otra sede donde desarrolle sus actividades con la discreción que amerita la profesión.
    • A los efectos de estimular al personal deberá establecerse una meritocracia que actuará como un filtro natural en la carrera profesional. Se evaluará una recomposición salarial escalonada a los efectos de equiparar al personal con el Servicio Exterior de la Nación o el Poder Judicial y no con el gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como en la actualidad.
    • Debería considerarse la incorporación de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación dentro del organismo de Inteligencia a los efectos de que la misma se beneficie de la información de inteligencia y evitar la duplicación de las actividades.
    • Finalmente, debería evaluarse la pertinencia de la creación de una Asociación Profesional del Personal Civil de Inteligencia con el propósito de defender los derechos del personal de Inteligencia, promover su jerarquización, su profesionalidad y el federalismo, como base para el desarrollo de una Inteligencia no politizada para la Argentina.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] «Mendocino en la escuela de espías: “Vamos a cambiar la cultura del espionaje”». Sitio Andino, 06/08/2016, https://www.sitioandino.com.ar/n/207008-mendocino-en-la-escuela-de-espias-vamos-a-cambiar-la-cultura-del-espionaje.

[2] «Elisa Carrió pidió eliminar la AFI: “Hay que terminar con el oscuro mundo del espionaje y las operaciones”». La Nación, 28/12/2021, https://www.lanacion.com.ar/politica/elisa-carrio-pidio-eliminar-la-afi-hay-que-terminar-con-el-oscuro-mundo-del-espionaje-y-las-nid28122021/

[3] Luciana Bertoia. «Cómo la AFI de Macri espió a Elisa Carrió en Paraguay cuando se reunía con un carapintada». Página 12, 19/10/2022, https://www.pagina12.com.ar/490763-la-afi-macrista-siguio-a-elisa-carrio-en-paraguay.

[4] “Kirchner mandó a pinchar 20 mil teléfonos. La Política online, https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-55555/

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