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MADURO, TRUMP Y UNA «BAHÍA DE COCHINOS 2.0»

Roberto Mansilla Blanco*

Meses de táctica intimidatoria, presiones y ambigüedades dialécticas por parte de Donald Trump mientras aumentaba acciones militares «antinarcóticos» en el Mar Caribe que progresivamente se han instrumentalizado en acciones operativas orientadas a un eventual cambio de régimen en Venezuela, dan a entender que la crisis que actualmente se está llevando a cabo entre Washington y Caracas parece encaminarse hacia un escenario de colisión, a priori, inmediato e irreversible.

El pasado 22 de noviembre, aerolíneas estadounidenses y europeas anunciaron la preventiva suspensión de vuelos directos a Venezuela ante el aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe. Recomendaciones similares de cautela giró Washington con respecto a su personal diplomático y profesional establecido en Venezuela.

Con anterioridad, Trump autorizó a la CIA realizar operaciones encubiertas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, lo cual confirma su pretensión de conocer el terreno con mayor exactitud vía trabajo de inteligencia. Por otro lado, medios estadounidenses filtraron informaciones sobre una posible oferta de Maduro a Trump para dejar el poder y exiliarse en Turquía, rechazada oficialmente por la Casa Blanca.

A pesar de la escalada militar, Trump ha anunciado que no descarta la vía de negociación con Maduro, un escenario que implica una negociación entre varios actores, dentro y fuera de Venezuela que, eventualmente, podría arrojar pistas en torno a una posible transición pactada de poder en Caracas, buscando evitar contextos conflictivos.

No obstante, la tensión se ha elevado ante el anuncio este 24 de noviembre por parte de Washington de etiquetar oficialmente de «terroristas» a Maduro y al controvertido Cártel de los Soles, una directriz que parece definir una nueva fase en la estrategia de Trump, ahora bajo la denominación oficial de «Lanza del Sur», pero hasta ahora condicionada por los vaivenes de una escalada de tensiones que, en el fondo, revela interrogantes e incluso incongruencias sobre cuál es la verdadera estrategia de Washington con respecto a Venezuela.

El papel de Marco Rubio y la crisis del MAGA

En la escalada de tensiones entre Trump y Maduro destaca igualmente el papel del secretario de Estado Marco Rubio, cuyo objetivo estratégico es romper el eje Cuba-Venezuela. El medio estadounidense Político asegura que Rubio encabeza la campaña de presión de Trump para forzar la salida de Maduro en la que se incluirían ataques aéreos selectivos, buques de guerra y hasta 15.000 tropas estadounidenses posicionadas cerca de la región bajo la narrativa de una «guerra contra los cárteles».

El verdadero objetivo sería un cambio de régimen en Venezuela que, visto en términos políticos e incluso hasta electorales a mediano plazo, buscarían mejorar la imagen de Trump, muy golpeada recientemente en las encuestas, así como también del propio Rubio, especialmente entre la comunidad de exiliados venezolanos y cubanos en Florida. El primer test electoral del «trumpismo 2.0» instalado en la Casa Blanca serán las elecciones del mid-term en noviembre de 2026, donde se renovarán el Congreso y un tercio del Senado.

Estos intereses políticos en torno a la crisis con Venezuela ocurre igualmente en un contexto de divisiones dentro del «movimiento MAGA» de Trump en EEUU, lastrada por la polarización interna tras la defección de Marjorie Taylor Greene, una de las principales bazas de apoyo a Trump. Existen aristas ideológicas y de movilización de liderazgos que comienzan a distanciarse del propio presidente estadounidense. Por otro lado, no existe un consenso político entre republicanos y demócratas sobre la necesidad de intervención militar en Venezuela.

Esta crisis interna del «MAGA» observa una estrategia poco esclarecedora sobre cómo afrontar el «tema Venezuela». Un fracaso o un desenlace caótico de la crisis con Venezuela pondría en riesgo esta base política, especialmente entre votantes aislacionistas del movimiento MAGA, colocando en una difícil posición a una presidencia de Trump que comienza a observar un tímido resurgir de la oposición, especialmente tras la reciente victoria electoral de Zohran Mamdani en la Alcaldía de Nueva York.

Del mismo modo, si la campaña punitiva contra Maduro se vuelve estéril y Trump apuesta por negociar con él una especie de transición pactada de salida de poder y exilio toda vez que Washington se asegura el retorno firme de las multinacionales estadounidenses al mercado energético venezolano, la posición de Rubio se vería igualmente en riesgo al no poder explicar por qué este amplio despliegue militar no produjo resultados políticos tangibles y deseosos para varios sectores de la «línea dura» tanto del MAGA como del Partido Republicano, ansiosos de por desalojar a Maduro del poder.

¿Sobrevivirá Maduro a una «Bahía de Cochinos 2.0»?

La oficialmente denominada operación antinarcóticos en el Mar Caribe impulsada por Washington supone la mayor movilización militar en el Caribe probablemente desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962.

Continuando con las comparaciones históricas, este escenario podría igualmente amparar la posibilidad de reproducción de una especie de «Bahía de Cochinos 2.0», realizando una comparativa con la operación llevada a cabo contra Cuba en 1961 por exiliados cubanos y la CIA apoyados por la administración Kennedy.

Ante este intrigante escenario no se debe descartar que sus consecuencias podrían implicar efectos contraproducentes para la estrategia de Washington. Por un lado, y al igual que sucedió en 1961 con el recién instaurado régimen socialista en Cuba, el eventual fracaso de una operación «Bahía de Cochinos 2.0» de 2025 contra Venezuela podría significar una perspectiva de consolidación del poder de Maduro, ahora instrumentalizada en términos de relato «soberanista y revolucionario» que le permita consolidar un sello personal y político dentro del «chavismo».

El uso punitivo de la fuerza por parte de Washington busca otra salida: la puesta en marcha de una transición pactada entre las elites del poder en Caracas y los actores exteriores con peso decisivo en los asuntos venezolanos, principalmente en los casos de EEUU, Rusia y China y, en menor medida, Brasil y Colombia.

En este último caso, el presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, ha sido igualmente señalado por Trump dentro de esta campaña militarista «antinarcóticos» en el Caribe, aspecto que le habría obligado al mandatario colombiano adoptar una prudente distancia en lo relativo a su tradicional apoyo a Maduro y ante lo que pueda suceder en Venezuela. Por su parte, el presidente brasileño Lula da Silva ha mantenido su tradicional posición de rechazar la violencia y apostar por la negociación.

Así mismo, la tensión entre EEUU y Venezuela determina un respectivo pulso de legitimidades entre los actores involucrados. Toda vez que le favorece el giro hacia la derechización en América Latina por la vía electoral (Bolivia, Ecuador, Argentina, posiblemente Chile), Trump necesita consolidar un triunfo internacional que desvíe la atención de las tensiones internas en EEUU, ya anteriormente mencionadas.

En el caso venezolano, Maduro, simbólicamente entronizado como «el hijo de Chávez», su sucesor no sólo en el poder sino en el devenir del proceso revolucionario, busca hacer realidad el viejo sueño de su «padre político»: resistir el asedio del «Imperio del Mal» estadounidense, independientemente si la misma conlleva una acción militar. Un episodio que, si bien no es exactamente comparable con la histórica invasión de «Bahía de Cochinos», sería convenientemente aprovechado por Maduro para instrumentalizar una narrativa heroica propia que le permita fortalecer su imagen y la de su estructura de poder.

Entran en esta ecuación algunos aspectos que no se deben pasar por alto y que podrían beneficiar a Maduro. Si bien es cierto que existe un portentoso despliegue militar estadounidense, es evidente la disparidad en el equilibrio de fuerzas en relación con Venezuela, en este caso obviamente favorable a EEUU, son escasos los indicios que confirmen la posibilidad de que Trump tenga decidida una invasión terrestre para desalojar del poder a Maduro, bajo el argumento de la amenaza del narcotráfico, siguiendo un guion similar al de la invasión a Panamá de 1989.

Diversas fuentes estiman en 15.000 los marines establecidos en este despliegue militarista estadounidense en el Caribe, ampliados con una logística naval y comunicativa de alto nivel, con nueve buques de guerra. No obstante, es preciso resaltar que esta cifra es insuficiente para invadir un país, Venezuela, de casi un millón de kilómetros cuadrados, 3.000 kilómetros de costa con el Mar Caribe, aproximadamente 30 millones de habitantes y una Fuerza Armada que, si bien observa condiciones de cierta precariedad si lo comparamos con sus homólogos estadounidenses, cuenta con más de medio millón de efectivos y el apoyo logístico y de entrenamiento de potencias militares como Rusia, China e Irán.

Los rumores constantes y las idas y venidas de la estrategia diletante de Trump dan a entender que, más allá del hecho de que la invasión «esté sobre la mesa», no existe una estrategia definida y efectiva ni mucho menos una «quinta columna» dentro de Venezuela capacitada operativamente para apoyar esta invasión exterior que permita derrocar a Maduro. No se percibe quiebra ni en el Alto Mando de la FANB ni en los mandos medios, así como tampoco en las altas esferas del poder ni en los cuadros políticos y burocráticos del oficialismo. Lo que se observa es un «atrincheramiento» dentro del «chavismo-madurismo», en actitud expectante hacia lo que realmente pretende Trump.

Si bien es cierto que predomina una tensa calma y la consecuente incertidumbre y expectación hacia lo que puede ocurrir toda vez que se activan de manera disuasiva los mecanismos de seguridad oficiales, hoy en día las calles de Caracas distan notablemente de observar un clima de efervescencia política o de paranoia social ante una inminente invasión.

Por otro lado, la oposición venezolana está prácticamente desaparecida, por mucho que María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 que irónicamente apoya la intervención militar estadounidense en su país, se esfuerza hasta la saciedad desde la clandestinidad por hacer un llamado a la rebelión militar incluso anunciando un gobierno de transición donde ya ha sellado las claves de la nueva relación con Washington vía beneficios de inversiones petroleras y de otros recursos minerales estratégicos. Machado prometió generar US$ 1,7 billones en los próximos 15 años a través de la privatización de la industria petrolera.

Por otro lado está el eje Cuba-Venezuela que Rubio ansía desarticular en aras de procrear transiciones políticas en ambos países. De acuerdo con el economista cubano Pavel Vidal, la isla caribeña perdería el 7,7% del PIB si deja de recibir petróleo venezolano. No obstante, los expertos especulan con que la cúpula militar cubana difícilmente se encamine a destruir el sistema del que es la piedra angular, con riesgo incluso de desaparecer en caso de que esto suceda.

En respuesta a la puesta en escena militarista de Trump, Maduro ha hecho lo mismo en las calles venezolanas vía extensión de la Milicia Popular Bolivariana. El número de efectivos es lo de menos; lo importante es el mensaje en clave política. Y no es exactamente dirigido hacia Trump sino más bien ante cualquier posibilidad de disidencia política y militar dentro del régimen venezolano, y ante la posibilidad de acciones sediciosas opositoras aparentemente amparadas desde Washington.

Como imagen propagandística ante la sociedad venezolana y la comunidad internacional a la hora de reflejar quién «está al mando», Maduro está aprovechando la crisis en términos políticos, reorganizando las estructuras de poder vía consejos comunales populares y organizaciones sindicales y trabajadores. Con ello, Maduro busca recuperar la noción «chavista» del «pueblo armado en las calles», de la «revolución pacífica pero armada», del «poder popular vía Comuna» que tanto explayaba Chávez en sus discursos.

Tras varios años de cierto ostracismo, la Milicia Popular, formalizada como una especie de «guardia pretoriana» del chavismo, ha retomado su protagonismo en este 2025 de rumores de invasión estadounidense.

La realpolitik entra en escena

Mientras el despliegue militar estadounidense toma posiciones en el Mar Caribe muy cerca de las costas venezolanas se filtró la información de una negociación directa entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin para alcanzar un eventual plan de paz en Ucrania.

En esta ocasión aparentemente más receptivos, Europa y la OTAN no han desaprovechado la ocasión para mostrar su malestar e incluso incredulidad ante un pacto Trump-Putin en el cual quedan visiblemente fuera del centro de decisión.

Aquí vuelve a entrar en juego la realpolitik. El ultimátum de Trump al presidente ucraniano Volodymir Zelenski para aceptar este plan de 28 puntos que beneficia claramente a Rusia, evidencia la impaciencia de Washington, ansiosa de tener menos ataduras en el exterior para intentar definir una salida efectiva a la crisis con Venezuela, especialmente con la finalidad de neutralizar la posibilidad de una intervención rusa dada su alianza con Maduro. Es pertinente considerar que estos contactos informales entre Trump y Putin sobre Ucrania en medio de la crisis de EEUU y Venezuela definen equilibrios colaterales que muy probablemente influirán en lo que pueda suceder en Venezuela.

Si la escalada de tensiones aumenta, Trump podría ensayar en Venezuela lo que en 2017 hizo contra la Siria entonces gobernada por Bashar al Asad (hoy exiliado en Moscú) ordenando en este caso una serie de ataques quirúrgicos y concretos contra instalaciones militares venezolanas lanzadas desde portaaviones estadounidenses, en este caso en el Mar Caribe.

No deja de ser curioso que Trump acaba de recibir en la Casa Blanca al «sucesor» de Bashar al Asad en el poder en Siria; el ex yihadista Ahmed al Shara’a, un personaje por el que una vez Washington llegó a pedir una recompensa de US$ 10 millones por su captura «dead or alive». Una recompensa menor a los US$ 50 millones que ha pedido la Casa Blanca por Maduro con la intención de provocar una sedición militar y una rebelión popular en Caracas, hasta ahora inexistente, pero que se convierta en un bálsamo para «blanquear» las expectativas de intervención militar por parte de Washington.

Más allá de la escalada ruidosa de rumores y de la escasez de confirmaciones informativas, de salir airoso de esta crisis, una posibilidad que cobra fuerza mientras el tiempo pasa sin observarse novedades concretas, Maduro estaría por consolidar su poder incluso «legitimando» su presidencia, despejando así las acusaciones sobre el fraude electoral en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Por otro lado, un Trump acosado por la caída de popularidad, los rumores en torno al escándalo Epstein, el coste social y económico del cierre durante más de 40 días del gobierno federal y la crisis interna en el MAGA, se vería políticamente expuesto en caso de escenificarse una infructuosa aventura militar caribeña del que existe más ruido que certezas y que lleva ya cuatro meses de duración desde la puesta en marcha en agosto pasado de la operación «antinarcóticos».

Ante este escenario propio que podríamos denominar «Bahía de Cochinos 2.0», Maduro muy probablemente buscará imponer su sello personal y político especialmente dentro del «chavismo» que sigue comparándolo, en algunos casos con suspicacia, con el «Comandante Eterno» Hugo Chávez. Resistir, con concesiones o sin ellas, supone para «el Hijo de Chávez» ganar esta partida de póker con Trump y consolidar al «madurismo» como la estructura de poder absoluto en Venezuela.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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EL GRAN REPLIEGUE. EEUU APLICA EN CENTROAMÉRICA TODA SU DOCTRINA DE GUERRA HÍBRIDA.

Daniel Symcha*

Basil Henry Liddell Hart, periodista y militar británico que alcanzó el grado de Capitán y que en 1920 participara en forma central en la redacción del «Manual de mando para oficiales de Infantería» del Ejército Británico, elaboró su teoría de la «Estrategia de la aproximación indirecta», la que busca debilitar al enemigo de forma no directa, evitando ataques frontales y buscando la vulnerabilidad del adversario a través de la movilidad y el engaño. Su teoría surgió a partir del estudio de la guerra acorazada con la aparición en el campo de batalla de los tanques de guerra. El objetivo de esta estrategia para enfrentar un fuerte poder de fuego no consiste en la aniquilación frontal del enemigo, sino la desestabilización y desorganización de sus fuerzas y la consecución de la victoria con el menor costo posible.

En 1999 los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui en su libro «Guerra irrestricta» identifican la sistematización del uso de la teoría de Liddell Hart por parte de Occidente en los diferentes escenarios de conflicto alrededor del mundo y realizan un análisis del uso y alcance de la denominada guerra híbrida la cual implica una reorganización de las herramientas utilizadas en todas las guerras de la humanidad, intensificando el uso de acciones por debajo del umbral de la violencia entre Estados mediante lo que el Dr. Marcelo Gullo Omodeo denomina Unidades Políticas sin Asiento Territorial como lo son las fundaciones, asociaciones, empresas privadas o redes sociales que, utilizando los derechos establecidos y garantizados por los Estados Nación, crean las condiciones necesarias para la desestabilización social generando focos de conflicto y por lo tanto una debilidad manifiesta que permite el desarrollo de acciones violentas de grupos clandestinos.

Esta operatoria, que se basa en tomar una insatisfacción de la sociedad, intensificarla, generar un conflicto y escalarlo, se llevó a cabo con éxito en las conocidas Revoluciones de Colores: Revolución de los Bulldozers (2000) que terminó con la desintegración de Yugoeslavia, la Revolución de las Rosas en Georgia (2003), la Revolución Naranja en Ucrania (2004) y la Revolución de los Tulipanes en Kirguistán (2005) y en las denominadas Primaveras Árabes: Túnez (2011), Argelia (2011), Barein (2011), Omán (2011), Siria (2011), Libia (2011), Yemen (2012) y Kuwait (2012).

En la actualidad hemos sido testigos de: La Revolución Primavera de Birmania (2022), protestas en Irán (2022); las protestas en Sri Lanka (2022), La Revolución de Julio en Bangladesh (2024), Corea del Sur (2024); las protestas de la Generación Z en Nepal (2025); protestas en Turquía (2025) y protestas estudiantiles y sociales en Indonesia (2025). Todas estas situaciones reproducen esquemas operativos similares y forman un arco en relación a China, India y Rusia.

El pasado como bitácora de la diplomacia anglosajona

Desestabilizar sociedades y regiones, generar inquina, enfrentamientos, vulneración de las condiciones sociales que debilitan a los gobiernos soberanos y de esa manera poder alcanzar objetivos estratégicos para sostener la hegemonía contra cualquier intento de independencia. John Brabazon Ponsonby aplicó esta operatoria allá por 1860 en el Río de la Plata y Thomas Edward Lawrence hizo lo mismo en 1915 en Medio Oriente.

EEUU, en su repliegue a una zona de influencia directa frente al avance de la nueva configuración del comercio mundial y ante la necesidad de dar respuesta a sus propias necesidades internas, posicionó en el mar Caribe una flota integrada por los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham, USS Sampson, USS Stockdale; los buques de transporte anfibio USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale; un buque de combate litoral de clase Freedom el USS Minneapolis–Saint Paul; el USS Lake Erie, crucero misilístico; el submarino atómico de ataque USS Newport News y el Grupo de Ataque de Portaaviones del USS Gerald R. Ford integrado por el portaaviones USS Gerald R. Ford y los destructores USS Mahan, USS Bainbridge y USS Winston S. Churchill.

A principios del mes de agosto de 2025 el presidente de EEUU, Donald Trump, había ordenado al entonces Departamento de Defensa utilizar la fuerza militar para desarticular las operaciones de los carteles de droga identificados semanas antes como organizaciones terroristas lo que ubica a las FFAA estadounidenses en un rol directo que nunca habían ejercido. En este contexto el almirante Alvin Holsey a cargo del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), responsable de las fuerzas estadounidenses en el Caribe, anuncia su retiro a menos de un año de haber asumido el cargo que otrora ocupara la generala de cuatro estrellas del USS Army, Laura Jane Richardson.

Sembrar discordia para cosechar el dominio

En el escenario del juego mediático durante el movimiento de buques y tropas, el presidente estadounidense no solamente realiza declaraciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sino también contra el presidente colombiano Gustavo Petro y declara que México está liderado por los narcotraficantes. A su vez interviene abiertamente en la campaña política de Argentina concediendo un inusual auxilio económico de US$20.000 millones al gobierno de Javier Milei. En Bolivia gana las elecciones el candidato del Partido Demócrata Cristiano, el senador Rodrigo Paz, quien inmediatamente anuncia un alineamiento directo con EEUU.

En mayo de 2025 la presidenta de México, Claudia Sheinbaum rechazó un ofrecimiento de Donald Trump para enviar tropas y armamento para la lucha contra los carteles de la droga en territorio mexicano. El 8 de agosto el diario The New York Times reportó una supuesta orden ejecutiva del gobierno de Trump que autoriza a las Fuerzas Armadas de EEUU a realizar operaciones directas en territorio extranjero contra los carteles mexicanos. En este contexto, dos meses más tarde, se sucede el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez en la celebración anual des Día de Muertos, fecha simbólica central en la cultura mexicana. La población realizó una pueblada que culmina con el incendio de instituciones oficiales. Días más tarde se sucede una protesta de la generación Z en el contexto de un reclamo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se suceden actos violentos y se agita sistemáticamente en redes sociales la caída del gobierno mexicano generando confusión.

En Colombia, entre enero y junio de 2025, la Defensoría del Pueblo reportó 1.834 eventos de conflictividad social en todo el país. El 11 de agosto de 2025 es asesinado el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato a presidente por el Partido de Centro Democrático.

En Brasil, el día 27 de octubre el ex Canciller del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, expresó preocupación por los ataques estadounidenses sin «ninguna prueba» contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe y afirmó que Brasil estaba preocupado por la escalada de violencia. Mientras al otro día, Cláudio Castro el gobernador bolsonarista de Río de Janeiro, ordenó la operación policial más mortífera de la historia de Brasil contra el Comando Vermelho que dejó más de 120 muertos y una tensión política inesperada en Brasil.

El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer.

En el concepto de Antonio Gramsci estamos frente a una crisis orgánica, un momento histórico en el que se quiebra el vínculo entre gobernantes y gobernados, una pérdida de consenso y de legitimidad del hegemón, cuya capacidad de dirigir moral e intelectualmente a su área de influencia se deteriora. El italiano a esto lo llama «interregno» y es donde, según él, emergen formas «monstruosas» a partir de la descomposición del orden anterior y la falta de un nuevo equilibrio.

Lo cierto es que el Departamento de Estado realiza un movimiento táctico de buques y tropas a una región sobre la que se suceden una serie de operaciones de desgaste que condicionan la capacidad de movimiento de los gobiernos que manejan las principales superficies de la región que es paso obligado de productos desde el océano Pacífico hacia el Atlántico.

La situación presenta muchos puntos de comparación con las operatorias antes descriptas en el Río de la Plata, Medio Oriente, el Cáucaso, África y Asia. Operaciones de desgaste y guerra psicológica sobre la población para generar el clima propicio para escaladas violentas internas que serán potencialmente apoyadas desde la flota estadounidense y, ocasionalmente, pasado el fragor del enfrentamiento entre hermanos «pacificar» los teatros de operaciones.

Por otra parte, para beneficio del universo anglosajón sin haber jugado aún las fichas de los enfrentamientos religiosos, con la actual dirigencia política de Argentina y Uruguay, el Reino Unido tiene aseguradas sus operaciones en Malvinas y Antártida mientras que EEUU pasará a tener un punto de control en Tierra del Fuego tanto para el Canal de Magallanes como para el temible Estrecho de Drake con la Base Naval Integrada prometida por el presidente Milei a la generala Richardson. Parte de la dirigencia chilena, mientras tanto, continúa con el apoyo a los anglosajones desde Punta Arenas y los acuerdos con el poder blando estadounidense como en el caso de la administración de los Parques Nacionales australes que generó una denuncia penal contra Kristine Tompkins, presidente de la fundación homónima, por el cambio de destino de 2.360 hectáreas del Parque Nacional Patagonia de Chile para la instalación de un proyecto minero de extracción de oro por parte de la minera australiana Equus que pone en riesgo el desarrollo sustentable de los habitantes que viven en la comunas de Ibañez, Chile Chico, Cochrane y Caleta Tortel al quedar expuestos a contaminación de cianuro y mercurio los lagos Carrera, Bertrand y los ríos Baker y Jeinimeni proveedores del agua potable de la región. El lago Carreras es, del lado argentino, el lago Buenos Aires.

EEUU se replegó a su retaguardia ante la imposibilidad de competir con China y los BRICS y en ese repliegue está generando desestabilizaciones con el objetivo de mantener la hegemonía total sobre países débiles antes que comience a hacer eclosión, en su propio territorio, la guerra civil que comenzó el 11 de septiembre de 2001.

 

* Periodista. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional, Universidad Nacional de La Plata. Investigador de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

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VENEZUELA: EL PACTO DE LAS ELITES

Roberto Mansilla Blanco*

Un año después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, denunciadas por la oposición venezolana y una buena parte de la comunidad internacional como fraudulentas, se abordan varias interrogantes sobre la realidad venezolana: ¿cómo y por qué se mantiene Nicolás Maduro en el poder?; ¿se ha consolidado una nueva estructura de poder en Caracas?; las recientes presiones externas, principalmente desde EEUU, ¿adquirirán la dimensión de una invasión militar similar a la ocurrida en Panamá en 1989?

El contexto venezolano parece demostrar una nueva realidad. Pese a las presiones y sanciones desde el exterior, principalmente por parte de EEUU, es perceptible que se está afianzando una nueva estructura de poder en Caracas conformada por diversas elites políticas, económicas y burocráticas obligadas a entenderse.

La nueva realidad: «despolitización» por «estabilidad»

Esta estructura de poder de naturaleza tecnócrata pero con aspiraciones oligárquicas ha demostrado igualmente su capacidad de elasticidad y resiliencia, propiciando el «pacto inter pares» entre viejas y nuevas elites que se han erigido durante más de dos décadas de «revolución bolivariana y socialista». El vocabulario popular en Venezuela identifica a estas elites como la «boliburguesía».

Entre sus objetivos parece establecerse uno especialmente estratégico: despolitizar a la sociedad venezolana con la finalidad de reducir los canales de polarización y de radicalización en aras de garantizar un clima de estabilidad que permita propiciar la recuperación económica y la normalización de la vida política que, en el fondo, se traduce en una «domesticación» de los sectores opositores más radicales.

Las elecciones ya no son un termómetro definitivo para medir la realidad política venezolana ya que, a base de coerción y sanciones contra candidaturas disidentes y negociaciones con diversos sectores políticos opositores, han pasado a ser un mero apéndice instrumentalizado para barnizar la legitimidad del régimen «madurista».

Un sector de la oposición ha entrado en el juego político y electoral de Maduro participando en estos comicios bajo la perspectiva de normalizar la situación política, muy polarizada en los últimos años ante los distintos pulsos por la legitimidad del poder, en especial durante lo que se denominó coloquialmente como el «interinato presidencial» de Juan Guaidó (2019-2022) que, a pesar de que en su momento contó con un elevado reconocimiento internacional (aproximadamente unos 60 países incluyendo la primera presidencia de Donald Trump) terminó por recrear una ficción de bicefalia de poder en su pulso contra Maduro, ocasionando una progresiva erosión e incluso deslegitimación de las estrategias políticas opositoras.

Los recientes comicios municipales del pasado 27 de julio han confirmado este diagnóstico sobre la “nueva realidad de poder” en Venezuela, con un arrase vencedor del 85% de candidaturas “maduristas” en las 335 alcaldías nacionales. La baja participación electoral (abstención del 69%) reafirma igualmente el desencanto y el desinterés ciudadano por la contienda política ante el ventajismo oficialista y la configuración de nuevas elites de poder menos proclives a la confrontación política.

De este modo, la líder opositora María Corina Machado se encuentra cada vez más aislada y con menos margen de maniobra política, al igual que el líder en el exilio y candidato opositor contra Maduro en 2024, Edmundo González Urrutia, reconocido por una veintena de países como el ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

No obstante, y a pesar de las estrategias de «normalización» y de «estabilidad», en Venezuela siguen existiendo presos políticos. De acuerdo con la ONG Foro Penal Venezolano, con cifras actualizadas este 18 de agosto de 2025, existen en este momento 815 presos políticos en el país, de los cuales 169 son militares, 98 mujeres y 4 adolescentes. Recientemente fueron liberados unos 57 presos políticos. El régimen «madurista» utiliza las medidas de excarcelación y de encarcelamiento de nuevos dirigentes políticos, estudiantiles y vecinales como una estrategia de coerción y de disuasión política con similitudes con otros regímenes como el cubano.

La elevada cifra de militares puede igualmente intuir un proceso de preventiva purga interna dentro de la FANB, cuya estructura de mando fue renovada tras los ascensos militares de julio pasado. En medio de presiones exteriores ante las acusaciones de vínculos con el narcotráfico y bandas criminales, en estos ascensos se reforzó el poder del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en el cargo desde 2014 siendo hasta ahora el ministro de Defensa con mayor duración en el cargo en la historia contemporánea de Venezuela, así como de altos mandos fieles al régimen.

Consciente del apoyo mayoritario de los cuadros militares dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), probablemente el principal actor de poder en Caracas con un elevado nivel de capacidad coercitiva a través de los organismos de seguridad estatales (SEBIN, FAES, GNB), el «madurismo» ha apostado por la desideologización, tomando distancia del frenesí ideológico predominante durante el mandato del presidente Hugo Chávez (1999-2013)

Incluso la familia Chávez y otros líderes «chavistas» ha sido preventivamente apartados del centro de poder, desplazada por el predominio del «triunvirato» conformado por el matrimonio presidencial de Maduro y Cilia Flores (la «Primera Dama Combatiente»); los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez; y el siempre omnipotente Diosdado Cabello, un ex militar que controla grandes porciones de poder en la FANB, la burocracia del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), las elites económicas «boliburguesas» e incluso algunos medios de comunicación, en especial el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), donde tiene un programa propio, «Con el Mazo Dando».

Por otro lado, los datos económicos parecen demostrar avances en aras de propiciar la estabilización. Si bien fuentes privadas cuestionan los índices oficiales, el gobierno reportó un crecimiento del 7,1% del PIB para el primer semestre de 2025, elevando esas expectativas al 9% para final de año, gracias a la recuperación de la industria petrolera (producción de 1,1 millones de barriles diarios) y la minería. De acuerdo con datos del gobierno, Venezuela ha experimentado 17 períodos consecutivos de crecimiento económico, aparentemente dejando atrás las dificultades acaecidas durante el período 2015-2019. El turismo también ha recuperado ciertos niveles de productividad.

No obstante, la inflación se prevé que terminará en un 200% este año. Se estima igualmente que las remesas desde la diáspora disminuirán este 2025, afectando un importante flujo de divisas. Aquí juega un papel clave la recuperación económica, que ha permitido el regreso de diversos emigrantes; y las políticas antiinmigración en diversos países, especialmente EEUU.

Trump y la presunta «invasión»: ¿farol o disuasión preventiva?

Pero las presiones exteriores siguen su curso. Washington ha ofrecido una recompensa de US$ 50 millones por la cabeza de Maduro acusándolo de liderar una organización de narcotráfico, el Cartel de los Soles.

Mientras avanzaba en la cumbre en Alaska con su homólogo ruso Vladimir Putin para discutir la posibilidad de resolución del conflicto en Ucrania, el presidente estadounidense Donald Trump autorizó la realización de ejercicios navales militares en el Caribe en una operación oficialmente definida como «antiterrorista y antinarcotráfico». Trump apuntó contra cinco carteles de la droga y dos grupos criminales de carácter transnacional: la salvadoreña Mara Salvatrucha y el venezolano Tren de Aragua.

El mensaje de Trump parece imprimir un clima de presión coercitiva contra el régimen de Maduro ante las acusaciones de su participación en el tráfico de drogas hacia EEUU. El contexto es clave en un momento en que las deportaciones de inmigrantes ilegales por parte de Trump han llegado a miles de venezolanos residentes en EEUU.

Ante los ejercicios navales estadounidenses en el Caribe, Maduro ha respondido anunciando la movilización a más de cuatro millones de reservistas, lo que igualmente puede interpretarse como una estrategia de legitimación y de «unidad nacional» pero también de disuasión hacia los sectores opositores, algunos de ellos con contactos en Washington, particularmente ante cualquier tentativa sediciosa.

Estas estrategias estadounidenses de ejercicios navales en el Caribe han explotado hasta la saciedad diversas comparaciones con acciones del pasado como la invasión a Panamá de 1989 o las de Haití en 1994 y 2004. Pero la Venezuela de 2025 choca con otra realidad: una es la operatividad en el terreno, ya que Venezuela no es un istmo como el panameño ni una isla antillana como Haití sino que forma parte de la masa continental, lo cual requiere una logística mucho mayor en caso de necesidad de desembarco, más allá de posibles bombardeos quirúrgicos contra instalaciones militares venezolanas desde portaaviones y bases en el Caribe. Por otro lado, Washington necesitaría de aliados internos poderosos en Venezuela, con especial influencia dentro de la FANB, para acometer una eventual invasión que derroque a Maduro.

Otro factor tiene que ver con los apoyos externos de Maduro (Rusia, China, Irán), que tienen también sus intereses geopolíticos y geoeconómicos en Venezuela pero que, en caso de una invasión liderada por EEUU, es probable que no cuenten con la capacidad operativa para asistir a su aliado venezolano más allá de las consecuentes protestas diplomáticas ante los foros internacionales en caso de una hipotética invasión militar estadounidense.

Si bien se habla de la presencia del Grupo Wagner en Venezuela así como de presuntos milicianos del Hizbulá libanés y de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, su capacidad de defensa coordinada con la FANB y otros organismos como la Milicia Popular Bolivariana no parece ser tan contundente a la hora de repeler una tentativa de invasión exterior. La crisis de Oriente Medio, particularmente el enfrentamiento entre Israel e Irán, también condiciona la operatividad en Venezuela de estos grupos armados libaneses e iraníes.

Por otro lado, el presidente colombiano Gustavo Petro acordó la creación de una fuerza binacional con Venezuela condenando las presiones estadounidenses de una eventual invasión. Un enfoque similar podría adoptar otro gobierno de izquierda como el de Lula da Silva en Brasil. En el caso colombiano, convulsionado políticamente tras la muerte del político Luis Uribe Turbay, víctima de un atentado en junio pasado, los ejercicios navales estadounidenses argumentando la «lucha contra el narcotráfico y el terrorismo» también suponen un motivo de preocupación para el gobierno de Petro, aliado de Maduro.

Así mismo, Guyana, con recientes tensiones militares con Venezuela por la soberanía del territorio Esequibo, ha denunciado que la mayor parte de la droga que se consume en este país viene desde Venezuela y se traslada hacia Europa y África Occidental.

Como un émulo de su guerra arancelaria contra diversos países, la apuesta de Trump parece más bien orientada al carácter disuasivo y preventivo contra Maduro. Una operación militar en Venezuela requiere del apoyo del Senado y del Congreso, donde Trump cuenta con mayoría. Por otro lado, las crisis de Ucrania y Oriente Medio (Gaza e Irán) ocupan mayor atención en Washington aunque las mismas están indirectamente ligadas al caso venezolano, tomando en cuenta las alianzas exteriores de Maduro.

En el caso venezolano, Trump parece más bien interesado en asegurar con Maduro canales de negociación para la expatriación de venezolanos en situación irregular en EEUU así como concesiones para el retorno de operaciones a Venezuela de multinacionales como Chevron y posicionarse con fuerza en el apetecido mercado energético venezolano, donde aliados de Maduro como Rusia, China, Irán, Turquía e India, entre otros, cuentan con mayores ventajas. Por otra parte, Maduro ansía alcanzar algún nivel de reconocimiento por parte de Washington, factor que puede propiciar algunos canales de entendimiento con Trump a pesar de las coercitivas presiones exteriores.

En cuanto al contexto hemisférico, la Venezuela de Maduro ha perdido peso protagónico geopolítico incluso fragmentando sus apoyos en el espacio de las izquierdas. El avance de la derecha a nivel continental en Ecuador, Bolivia, EEUU y Argentina, a la espera de las elecciones presidenciales chilenas, condiciona esos apoyos exteriores para un Maduro que, no obstante, aún cuenta con el respaldo de aliados fieles como Cuba y Nicaragua y el tácito apoyo por parte de gobiernos de izquierdas en países con peso político como México, Brasil y Colombia.

En términos migratorios y de extensión de redes delictivas venezolanas hacia otros países (principalmente el ya mencionado Tren de Aragua), la crisis venezolana se ha convertido en motivo de preocupación para la seguridad hemisférica, un factor que muy probablemente se acentuará si detrás de la reciente presencia naval estadounidense en el Caribe se esconde algún tipo de iniciativa de intervención militar y política directa en los asuntos venezolanos.

 

* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

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