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LA RELEVANCIA DE CONOCER LA POLÍTICA INTERNACIONAL Y DE EMPLEAR LA INTELIGENCIA DE ESTADO. EL CASO «$LIBRA».

Marcelo Javier de los Reyes*

«Somos la primera línea de defensa de la Nación».
Página oficial de la Central Intelligence Agency (CIA)
Introducción

Para entrar en contexto, debe considerarse la relevancia que tiene la política internacional para trazar los lineamientos de la política nacional, algo que los políticos argentinos no suelen tener en cuenta. A su criterio, parecería que todo pasa por la política doméstica y que no hay nada más allá de las fronteras de la Argentina.

Con respecto a la Inteligencia de Estado, suelen confundirla con «seguridad», sin comprender que no son lo mismo y que tanto la Inteligencia, como la Defensa y la Política Exterior constituyen tres pilares fundamentales de la Seguridad Nacional. Ya lo expresó oportuna y claramente Sherman Kent (1903-1986) cuando definió la «Inteligencia»: «Es el conocimiento que nuestros hombres, civiles y militares, que ocupan cargos elevados, deben poseer para salvaguardar el bienestar nacional»[1].

Sólo me limitaré a mencionar el caso denominado «$LIBRA» sin realizar una consideración del tema, el cual se encuentra en sendos procesos judiciales en la Argentina y en Estados Unidos. El caso vincula al presidente de la Argentina, Javier Milei, a su hermana Karina Milei, toda vez que el 14 de febrero de 2025 el propio mandatario realizó un posteo en la red social X favoreciendo una iniciativa privada impulsada por el joven Hayden Davis, una criptomoneda, lo que llevó a miles de inversores a comprarla lo que terminó siendo una «criptoestafa» y el presidente eliminando su posteo. Cabe destacar que Milei no figura como acusado, testigo ni co-conspirador en el proceso que se lleva a cabo en Estados Unidos pero su nombre aparece en el expediente.

La vinculación al caso de la hermana del presidente tuvo lugar en la investigación que se lleva a cabo en los Estados Unidos mediante una presentación firmada por los letrados Max Burwick y Margaret Hoppin, quienes en una ampliación de la demanda colectiva menciona a la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei, por primera vez en el proceso que tramita ante la Justicia federal en Estados Unidos. La mención se debe a que los registros oficiales señalarían que Karina Milei autorizó el primer ingreso de Davis a la Casa Rosada, visita que luego se habría reiterado en otras ocasiones. Del mismo modo, el propio Davis habría dado testimonio acerca de cómo controlaba al presidente a través de ella[2].

Más recientemente apareció un ciudadano singapurense de nombre «Julian Peh», de quien no existen registros de ingreso al país. Este caso muestra un entramado de conexiones que llegan al presidente de la Nación y pone en evidencia la vulnerabilidad del propio mandatario como de la propia Argentina.

El objetivo de este artículo es examinar el caso $LIBRA a la luz de los principios de la inteligencia estratégica y de la política internacional, evaluando fallas en la gestión de riesgos, transparencia y ética gubernamental.

El posteo del 14/02/2025 de Milei promocionando $LIBRA que luego fue borrado.

Una agenda presidencial sin filtros

En principio, el 30 de enero de 2025 el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al joven estadounidense Hayden Mark Davis, quien se desempeña como CEO de Kelsier Ventures, una firma de consultoría e inversiones en criptomonedas y negocios digitales. El presidente informó acerca del encuentro a través de su cuenta en X, adjuntando una foto con Davis. Tras mencionar que fue asesorado por Davis «sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país», Milei agregó: «Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial».

Extracto del extenso posteo de la cuenta en X de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) del día 15/02/2025 confirmando las reuniones y deslindando al presidente de toda responsabilidad.

Davis no era hasta ese momento una persona reconocida en ese sector tecnológico y la empresa familiar Kelsier Ventures, a la que se apunta como la responsable del caso, borró buena parte de sus registros en la web. Aún más, la cuenta en X de la empresa, @KelsierVentures, no registra ningún nuevo posteo desde el 15 de febrero, fecha en la que se subió un video de Davis refiriéndose al caso. En el perfil de la cuenta, creada en enero de 2022, dice en inglés: «Invertimos, asesoramos y llevamos al mercado lo último en Blockchain, Crypto e IA.» («We invest, consult, and bring to market the cutting edge of Blockchain, Crypto, and AI.»). Del mismo modo, tiene un vínculo a un sitio web, kelsier.io, el cual actualmente no existe. Con respecto al dominio «.io» la empresa GoDaddy Operating Company informa: «La extensión de dominio .io se usa principalmente como una abreviatura para entrada/salida (input/output), por lo que es muy popular para las empresas nuevas del sector tecnológico. El dominio de nivel superior .io también representa el código de país para el Territorio Británico del Océano Índico».

En la investigación aparecen otros nombres, Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli y Julian Peh, este último de la firma KIP Protocol.

El caso de Julian Peh es sumamente llamativo ya que apareció en el evento Tech Forum Argentina 2024, «el foro sobre tecnologías disruptivas más importante del país» según expresa el sitio oficial de la Argentina[3]. El sitio informa: «El evento contó con la disertación del presidente de la Nación, Javier Milei, quien tras considerarse un “tecno optimista” sostuvo que “la tecnología es la mayor muestra de las capacidades que tiene el ser humano, tanto a nivel individual como colectivo”, y que “cada innovación tecnológica es un paso que ha dado el hombre en solucionar un problema, permitiéndose tener tiempo ocioso para resolver el siguiente”». Quien desee leer el discurso completo del presidente en oportunidad de ese evento puede encontrarlo en la página oficial de la Casa Rosada[4].

En la foto del Tech Forum Argentina 2024 se encuentra el presidente de la Nación y el tercero a su izquierda es «Julian Peh». Delante, agachado, Charles Hoskinson, uno de los referentes más influyentes del mundo cripto.

Antes de avanzar con «Julian Peh», cabe mencionar que Charles Hoskinson, fundador de la plataforma Cardano, quien oportunamente se unió al equipo de Trump en una alianza que prometía cambios profundos para la industria crypto e inauguró el Tech Forum de Buenos Aires, no bien saltó el escándalo $LIBRA denunció que el entorno de Javier Milei le pidió coimas[5]. Hoskinson se negó a pagar por reunirse con Milei por lo que no tuvo ningún contacto con el presidente y todo quedó reducido a la foto del Tech Forum. Sin embargo, las denuncias de coimas para reunirse con el presidente también tuvieron eco en The New York Times y otros medios del exterior[6].

Con respecto a «Julian Peh», imputado por el fiscal Eduardo Taiano y la jueza Servini de Cubría, en su momento contó con el respaldo de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien rápida de reflejos salió inmediatamente en defensa del presidente, atacó a la oposición y con respecto a la empresa de «Julian Peh» expresó: «No es una empresa que salió de la nada, estaba en una feria», con referencia al evento Tech Forum Argentina[7].

«Julian Peh» fue recibido el 19 de octubre de 2024 por Javier Milei en el Hotel Libertador ―donde se desarrolló el Tech Forum―, propiedad del Grupo IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) ―empresa argentina líder en el sector inmobiliario―, cuyo presidente es el empresario Eduardo Elsztain, hotel en el que Milei estuvo hospedado en campaña desde el 22 de octubre de 2023 hasta el 8 de enero de 2024, casi un mes después de haber asumido la presidencia. Como puede apreciarse, la reunión no tuvo lugar ni en la Casa Rosada ni en la Quinta Presidencial de Olivos.

Según se estima, el ciudadano de Singapur ha visitado en más oportunidades la Argentina e, incluso, habría estado en oportunidad del lanzamiento de la criptomoneda pero no hay certeza de si se reunió nuevamente con el presidente. Sin embargo, cuando el fiscal Taiano solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones información acerca del ingreso y salida de la Argentina de «Julian Peh», no existía ninguna información sobre sus movimientos migratorios, ni siquiera con el número de documento que habría proporcionado para su encuentro con el presidente. Tras lo informado por Migraciones, el fiscal Taiano ordenó que se solicitara la colaboración a la «Embajada de Singapur» en Argentina, además de solicitar la información al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina para recabar información de Peh a través de su par de Singapur. Según informaron los medios, la «Embajada de Singapur» en Argentina respondió que no contaba con información sobre el ciudadano «Julian Peh». En este punto, cabe destacar que Singapur sólo cuenta con un Consulado Honorario en Buenos Aires y que el embajador designado para la Argentina es «no residente» pues reside en Singapur, tal como lo expresa el sitio oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático.

Página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur en la que destaca que el Embajador Dr. LEONG Horn Kee es «no residente» y que su sede está en Singapur. Fuente: https://www.mfa.gov.sg/Overseas-Missions/Find-A-Singapore-Overseas-Mission?letter=a

Por su parte, el sitio web de la Embajada Argentina en Singapur informa que el embajador de Singapur ante la República Argentina, Dr. LEONG, Horn Kee, presentó sus cartas credenciales el día 2 de septiembre de 2020 «de manera virtual» ante el entonces vicecanciller, Embajador Pablo Anselmo Tettamanti «en una ceremonia celebrada de manera conjunta en la Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en Buenos Aires, y en la sede de la Embajada Argentina en Singapur. El Embajador Federico Barttfeld, en representación del Sr. Vicecanciller, recibió en Singapur copia de las referidas cartas credenciales»[8].

Finalmente, en los primeros días de agosto de 2025, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el verdadero nombre de «Julian Peh» es Peh Chyi Haur, que ingresó a la Argentina el 16 octubre de 2024 y abandonó el país cuatro días más tarde, el 20[9]. Esta información también pudo haberse recabado desde la Dirección General de Asuntos Consulares de la Cancillería Argentina, la cual debe tener acceso a la base de datos de migraciones, como en otra época lo tenían ciertas áreas de la Secretaría de Inteligencia hasta que luego le fue inhabilitado ese acceso.

La utilización de una identidad falsa debería perjudicar la situación judicial del ciudadano de Singapur pero, asimismo, al entorno presidencial que favoreció la llegada de Peh Chyi Haur al presidente Milei. Para más inri, según la investigación llevada a cabo por The new York Times, Davis declaró a los asistentes del Tech Forum que «tenía control sobre Milei y podía negociar acuerdos’» y que en un mensaje de audio dirigido a otro empresario afirmó que podía conseguir «todo, desde los tuits de Milei» hasta «todo el papeleo de Milei, básicamente, aparecer en eventos, etc. Tengo control sobre muchos de esos mecanismos»[10]. Del mismo modo, según lo manifestado por los empresarios en la investigación del The New York Times, Davis agregó que «hay un costo», el cual podría ser de millones de dólares, a la vez que ofrecería una reunión con Milei y una asociación con el gobierno argentino a cambio de unos US$ 90 millones en criptomonedas en 27 meses[11].

Algunas observaciones finales

Lo descrito ut supra pone en evidencia que la dirigencia política argentina no sólo carece de conocimientos acerca de la política internacional y de la necesidad de una Inteligencia de Estado sino que, asimismo, carece de criterio.

Con respecto al caso $LIBRA debe considerarse no sólo la irresponsabilidad del presidente de prestarse a la difusión de una «iniciativa tecnológica» que despierta más dudas que certezas, sino sobre todo la gran irresponsabilidad del entorno del presidente, de la Casa Militar ―a cargo de la seguridad del presidente, dependiente de Secretaría General de la Presidencia, a cargo Karina Milei― y de los funcionarios que conducen ―supuestamente― la Seguridad Nacional y la Inteligencia Nacional.

El presidente no es la primera vez que incurre en la difusión de una iniciativa de este tipo y que queda expuesto. Como diputado nacional hizo lo propio en febrero de 2022 cuando elogió en sus redes el activo digital de la empresa de videojuegos Vulcano, un emprendimiento de quien hoy aparece nuevamente vinculado al caso $LIBRA, Mauricio Novelli. Por otro lado, todo lo relacionado a las criptomonedas y activos digitales están en la esfera de la especulación financiera en manos de unos pocos y lo que debe hacer un presidente de la Nación es difundir todo aquello que favorezca la producción nacional, ya sea del sector agropecuario como del sector industrial y del sector tecnológico y científico. Esos son los sectores fundamentales para el desarrollo nacional.

Las experiencias ajenas parecen que no son tenidas en cuenta por las «personas de confianza» del presidente, quienes le presentan sujetos de dudosa moralidad que incluso esconden sus verdaderas identidades. Queda en evidencia que esas «personas de confianza» no resguardan la seguridad ni la imagen del presidente. Con respecto a esas experiencias ajenas, vale recordar la desafortunada presencia del presidente Fernando De La Rúa en el programa Videomatch de Tinelli, en el año 2000, cuando entre varios desaciertos y torpezas fue increpado por un joven del público que lo cruzó frente a las cámaras para pedirle por los presos en huelga de hambre. En esa oportunidad, el presidente De la Rúa fue tan mal asesorado por su entorno como hoy lo es el presidente Milei. A eso debe agregarse la responsabilidad de los funcionarios del gobierno que están a cargo de la seguridad y de la imagen del presidente y de la Nación.

En el caso de los funcionarios, una vez más, la ministra Bullrich demuestra no estar a la altura de encabezar el Ministerio de Seguridad Nacional. Los desaciertos son numerosos pero en este caso se destaca la defensa que hizo inmediatamente que estallara el escándalo $LIBRA de la empresa de «‘Julian’ Peh», sin siquiera informarse acerca de la identidad del «empresario».

El desconocimiento cultural y de todo lo referido a las cuestiones internacionales ya es visible ―y hasta risible― cuando comienzan a buscar los antecedentes de «‘Julian’ Peh», sus ingresos y egresos del país con ese nombre. «‘Julian’ Peh» es un nombre occidentalizado usado por un ciudadano asiático del que ni las autoridades de Singapur podían suministrar información. Es común que los ciudadanos chinos y de otros países asiáticos procedan a adoptar nombres usados occidentales como Benito, Jimmy, Carlos, Jason, etc., para facilitar la pronunciación de sus nombres a los occidentales.

Asimismo, es gravísimo que alguien que se reunió con el presidente ―en este caso Davis― manifieste que podía manipular al presidente mediante pagos. Claro que alguien podrá decir que no se puede controlar lo que diga Davis pero si debe cuidar quien se acerca al presidente.

Es evidente que el presidente no es protegido ni por las Fuerzas de Seguridad ni por el Ministerio de Seguridad Nacional ni por la Inteligencia. Es inconcebible que el entorno presidencial ―más propenso a emprender negocios oscuros que a cuidar a quien consideran su «amigo» o «líder»― esté por encima de la seguridad del presidente. Nadie hace un perfil (un informe de antecedentes) de estos supuestos empresarios que concurren a entrevistarse con el presidente ni tampoco una investigación acerca de sus supuestas empresas. Si la Inteligencia Nacional funcionara, si la ministra de Seguridad se dedicara a los riesgos y a las amenazas a la Seguridad Nacional en lugar de vender siempre humo o hacer un video sobre cómo evitar los robos de celulares ―un ministro de Seguridad Nacional debe ocuparse cuestiones más importantes en un país cuyas fronteras son un colador y en el que el narcotráfico se expande considerablemente― todo esto se habría podido prevenir. De hecho, si hubiera personal capacitado en esas áreas no habrían estado buscando a «Julián», a quien de hecho no investigaron.

Cabe agregar que ambos sujetos, Davis y Peh, llegaron nada menos que al presidente con la intención de cometer una estafa pero de la misma manera podrían haber llegado a él para cometer un atentado. Sin duda, si infelizmente eso hubiera ocurrido, hoy nos encontraríamos ante una situación en la que se estaría buscando a los responsables en la seguridad o en la inteligencia, sumado esto a la complicada situación institucional en que hoy se hallaría nuestro país. No obstante, a estas alturas ya nada de esto importa, pero sí el grado de inseguridad en que nos encontramos con inoperantes al frente de la Inteligencia Nacional y del Ministerio de Seguridad Nacional. Obviamente, nadie renuncia y todo sigue como que nada ha pasado. Este caso también revela la falta de coordinación entre los diferentes organismos del Estado Nacional.

La Inteligencia debe servir al Interés Nacional, no a intereses particulares, y cuidar al presidente de la Nación ―de quien depende―, es una de sus tareas y debe imponerse por sobre los allegados a quien ejerce la primera magistratura de la República. De ese modo también estará cuidando las instituciones.

Queda en evidencia que la destrucción de la Inteligencia y de la Seguridad, el echar o jubilar al personal de carrera de áreas tan importantes es algo que resulta sumamente peligroso para nuestra Argentina. No hay análisis, no hay controles, no hay evaluación de amenazas y quedan expuestas las fallas en la gestión de riesgos, pero también en la transparencia y en la ética gubernamental.

Sirva esta situación para reconsiderar la profesionalidad del personal de las áreas de incumbencia a la Seguridad Nacional porque queda demostrado que menospreciar al «sistema inmunológico» de la Nación ― Inteligencia, Seguridad, Defensa y Cancillería― tiene un costo alto y que formar a profesionales lleva muchos años y, mientras tanto, la Argentina se encuentra en un grave estado de vulnerabilidad.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024.

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] Sherman Kent. Inteligencia Estratégica. Buenos Aires: Pleamar, 1967, p. 9.

[2] Hugo Alconada Mon. «». La Nación, 30/07/2025, <https://www.lanacion.com.ar/politica/caso-libra-amplian-la-class-action-en-eeuu-y-mencionan-por-primera-vez-a-karina-milei-nid30072025/>, [consulta: 05/08/2025].

[3] «Tech Forum Argentina 2024», <https://www.argentina.gob.ar/noticias/tech-forum-argentina-2024>, [consulta: 06/08/2025].

[4] «Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, en el Tech Forum Argentina 2024, Hotel Libertador». Sitio oficial de la Casa Rosada, 19/10/2024, <https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/50731-palabras-del-presidente-de-la-nacion-javier-milei-en-el-tech-forum-argentina-2024-hotel-libertador>, [consulta: 06/08/2025].

[5] «Criptogate. Un líder mundial de las cripto denunció que el entorno de Javier Milei le pidió coimas». El Ancasti, 16/02/2025, <https://www.elancasti.com.ar/politica-y-economia/un-lider-mundial-las-cripto-denuncio-que-el-entorno-javier-milei-le-pidio-coimas-n576848 >, [consulta: 05/08/2025].

[6] «Milei, $Melania and Memecoins». The New York Times, 28/02/2025. <https://www.nytimes.com/2025/02/28/world/americas/argentina-crypto-scandal-president.html?smid=url-share>, [consulta: 01/03/2025].

[7] «Escándalo cripto: Patricia Bullrich salió en defensa de Javier Milei y apuntó contra la oposición». Letra P, 15/02/2025, <https://www.letrap.com.ar/politica/escandalo-cripto-patricia-bullrich-salio-defensa-javier-milei-y-apunto-contra-la-oposicion-n5414120>, [consulta: 21/07/2025].

[8] «Presentación de cartas credenciales del Embajador No Residente de Singapur ante la República Argentina, Dr Leong Horn Kee». Sitio oficial de la Embajada de la República Argentina ante Singapur, 03/09/2020, <https://esing.cancilleria.gob.ar/es/presentación-de-cartas-credenciales-del-embajador-no-residente-de-singapur-ante-la-república>, [consulta: 06/08/2025].

[9] «Caso $LIBRA: Migraciones confirmó la verdadera identidad de Julian Peh, el CEO cripto que se reunió con Javier Milei». MDZ, 08/08/2025, <https://www.mdzol.com/politica/caso-libra-migraciones-confirmo-la-verdadera-identidad-julian-peh-el-ceo-cripto-que-se-reunio-javier-milei-n1310589>, [consulta: 08/08/2025].

[10] Federico Rivas Molina. «‘The New York Times’ revela una trama que exigía pagos para reunirse con Milei». El País (España), 28/02/2025, <https://elpais.com/argentina/2025-03-01/the-new-york-times-revela-una-trama-que-exigia-pagos-para-reunirse-con-milei.html>, [01/08/2025].

[11] Ídem.

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LA POLÍTICA NACIONAL DESTRUYE LA INDUSTRIA PESQUERA

César Augusto Lerena*

El ordinario tecnicismo del economista y Presidente Javier Milei referido al comercio: «se van a meter los productos en el orto» (Neura Media, 15/04/2025). Una acepción que en la Argentina no se refiere precisamente a la salida del sol y que ya se advirtió cuando la industria pesquera nacional se resistió a la Reforma de Pesca que establecía la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» que, más que dar libertad a los argentinos otorgaba libertad total a los buques extranjeros para pescar en la Zona Económica Exclusiva Argentina, no descargar sus capturas en los puertos argentinos, utilizar buques de cualquier antigüedad y tripulantes extranjeros. Una política que siguiendo con los argentinismos podríamos denominar de «boluda total» y que solo unos pocos países bananeros en el mundo aplican: Costa Rica, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y algunos países africanos, que no tienen desarrollada su flota, su industria ni sus mercados pesqueros; no es el caso de Argentina que posee un gran desarrollo en la temática.

Las declaraciones del ministro reorganizador Federico Sturzenegger calificando al sector de «ladrón» y afirmando que «se llevan el pescado de todos los argentinos» (Radio Mitre, 17/10/24) cierran estas ideas descalificadoras e imprecisas ya que la pesca no tributa solo el 0,2% como este ministro manifestó, sino que previo al aumento de los derechos a la extracción el sector «ya aportaba el 35% de las ventas» (Karina Fernández, Revista Puerto, 30/01/2024).

Como en su oportunidad dijimos, el rechazo de este proyecto de extranjerización irrestricto del mar, no será gratis para la industria pesquera (César Lerena «Enajenar los bienes del Estado…”, 08/02/2024). La revancha será terrible y la forma que el gobierno la materializa es mediante una política económica e impositiva que destruye la producción pesquera argentina. Un dólar anclado, con o sin banda de flotación, un sinnúmero de impuestos; retenciones a las exportaciones (DEX) del 3 al 9%; derechos de captura (DUE) de 80,53 a 509,38% según la especie; tasas de inspección, servicios portuarios, etc.; servicios de energía (+268% en 2024); gas (entre 150 y 460% en 2024); agua (+317,22% en 2024); gasoil (+275% en 2024); fletes (+85%), etc. y, el continuo aumento de costos internos de insumos, los salarios, etc. hacen inviables las concesiones de explotación pesquera. El sector pesquero industrial compite con los mercados más exigentes del mundo quienes fijan los precios, pese a la errática e inconsistente política económica argentina y un dato no menor: la pesca no es ilimitada y debe ser sostenible para asegurar los recursos a las generaciones futuras; pero, la situación actual parece inviable.

En aquella ocasión señalamos que «hubo intencionalidad, perversidad, audacia y desprecio para la industria nacional» y presagiamos: «señores empresarios no se distraigan, el gobierno insistirá, nada volverá a fojas cero»; aunque, nunca imaginamos que sería mediante tan semejante “mala praxis” con olor a vendetta. El Consejo Federal Pesquero ―el responsable según la Ley 24.922 de fijar las políticas pesqueras― y el Subsecretario de Pesca su presidente, han demostrado su incapacidad para administrar la actividad, conforme las variables internas y las relativas al mercado internacional y han puesto al sector ―según las principales Cámaras Empresarias― en la crisis más profunda de su historia.

La Argentina exportó en 2024 unas 540.000 toneladas por valor de US$ 2 mil millones, es decir, un promedio de US$ 3.704 la tonelada que se mantiene en los últimos diez años; mientras los costos internos de la captura y la industria pesquera argentina crecen en forma continua, junto a un dólar devaluado, con el agravante que el consumo interno con 4,9 Kg per cápita por año es el más bajo de Latinoamérica y ello también tiene relación con las pésimas políticas nacionales.

La Argentina destina un 95% de la producción nacional pesquera a la exportación y, la Unión Europea, Estados Unidos y los países asiáticos que importan pescados, crustáceos (langostino) y moluscos (calamar) colocan aranceles a los productos pesqueros terminados; siendo España, China y Estados Unidos los principales compradores de pescados argentinos.

El producto que más dólares aporta a la Argentina es el langostino, comprado principalmente por España, Italia y China. El calamar, por su parte, lo adquieren mayoritariamente China, Corea del Sur y Singapur. Estados Unidos a su vez, es comprador de Merluza común (hubbsi), Merluza Negra, Merluza de cola y, Corvina. Y, siendo, el tercer comprador de productos argentinos acaba de agregarle un nuevo arancel del 10% a las importaciones desde Argentina, que provocará un mayor quebranto a la empresa pesquera del país (de capital nacional o extranjero).

Los pescados, crustáceos y moluscos están entre los diez productos argentinos exportados a Estados Unidos que más dólares aportan al país y, están en tercer lugar en las exportaciones totales, luego de España y China; a pesar de ello el gobierno argentino le coloca el 6% de retenciones, lo cual demuestra la falta de políticas para compensar los gravámenes proteccionistas extraordinarios que le colocan importadores, como Estados Unidos; pero, que debería tenerse en cuenta no solo en este caso sino en todos las oportunidades que los países importadores coloquen aranceles para evitar el ingreso a precios competitivos de nuestro país. Es de esperar que la crisis se agrave porque el aumento general de los alimentos podría producir una disminución de la demanda en aquel país.

Con un mecanismo absolutamente empírico el 4 de abril de 2024 el gobierno llevó las Unidades de Pesca (UP) de $ 376 a $935, lo que representa un aumento del 148%; de forma que todos los valores referidos a esta UP aumentarán en la misma proporción. Se trata de un valor relacionado al costo del litro del gasoil grado 2; de tal manera, que además de aumentar en forma creciente el valor del combustible y sus impuestos -un insumo esencial de la actividad- se encarecerán exponencialmente todos los costos de las operaciones de pesca.

El medio especializado Pescare (04(04/2024) precisa que, a la pesca, contrario a lo que ocurre en la extracción de petróleo, gas y otros minerales, se le cobra un «Derecho Único de Extracción» (DUE), a pesar de que esos recursos no son renovables como en la pesca. Una observación interesante, sobre la que habría que ampliar.

Como hemos dicho el Consejo Federal Pesquero no ha evaluado sus costos ni los de la Subsecretaría de Pesquera en materia de administración, investigación y control, a la hora de determinar el valor del derecho a la extracción (DUE) de los recursos pesqueros. Es decir, se le impone a la captura una tasa en forma empírica encareciendo los costos de producción que, dicho sea de paso, no pagan los buques extranjeros que pescan subsidiados los recursos migratorios argentinos ilegalmente (alta mar y Malvinas) luego compiten en los mismos mercados internacionales.

Hay que tener en cuenta, que el Estado otorga en concesión la explotación de la pesca, de modo tal de aprovechar la disponibilidad de los recursos pesqueros en el mar argentino, generando riqueza, empleo y desarrollo poblacional e industrial en las regiones del litoral marítimo. Es obvio entonces, que esa explotación debe generar una rentabilidad al concesionario y no pérdidas, porque se desalentaría la actividad y las inversiones en la región. Motivo por lo cual, todos los impuestos, derechos y tasas deben estar destinados a solventar los gastos básicos de administración general, investigación y control y no a generar utilidades al Tesoro Nacional con todo este tipo de tributos colocados en forma arbitraria. Todo ello es además una extracción a las provincias donde las empresas están radicadas impidiendo nuevas inversiones.

Por si fuera poco, en medio de este festival de impuestos, derechos y tasas, Néstor Saldivia nos indica (Revista Puerto) que “China no está comprando langostino a la Argentina”, lo cual no es un dato menor, ya que en 2024 fue el tercer importador de langostino nacional.

En vistas a esta situación que afecta especialmente al procesamiento de las materias primas en las plantas procesadoras de las provincias el Consejo Federal Pesquero, a instancias de la Cámara Argentina de Armadores de altura (CAABPA) y la Cámara de la Industria (CAIPA) y, fundado en la caída de los mercados, salarios, aumentos de combustibles, los precios internacionales, etc. redujo por 180 días un 20% el Derecho Único de Extracción (DUE) a aquellas trasformaciones que se realizan en las plantas industrias en tierra, a excepción del abadejo, el calamar y los tiburones. Y es contradictorio exigiéndose una transformación de un porciento de las capturas de calamar se procese en las plantas en tierra se exceptué a esta especie de esta disminución del DUE, desalentando el proceso de elaboración generación de empleo.

Por cierto, si bien el gasoil es un insumo muy importante en la pesca, la actualización de los impuestos, tasas y derechos a través del costo del gasoil es incorrecto, porque el encarecimiento de este insumo incrementa aún más los costos de las operaciones. Por supuesto, que se paguen los impuestos con que se gravan los combustibles agregan costos a las exportaciones pesqueras; pero, además, colocan en una situación de desventaja a las empresas nacionales en relación a las flotas pesqueras extranjeras que pescan subsidiados a distancia los recursos pesqueros migratorios argentinos.

Por ello, al tiempo de eliminar las retenciones en forma equivalente a los aranceles de importación que en los distintos mercados sufran los productos, se debieran eliminar los impuestos aplicados al gasoil a los buques pesqueros fresqueros y, a los congeladores nacionales que pesquen en alta mar.

En necesario también tener en cuenta que los insumos que utiliza la pesca (repuestos diversos, plásticos, cartón corrugado, cajones, redes, cables, acero inoxidable, hielo, fletes, gasoil, servicios de gas, energía y agua, servicios portuarios, mantenimientos diversos, etc.) han subido, mientras el dólar se ha mantenido estable y, a su vez, los procesos realizados en las plantas industriales en tierra utilizan más personal que los realizados a bordo, de modo tal que su rentabilidad se agrava.

Es impostergable en este estado de cosas suspender ―hasta evaluar los costos de administración, investigación y control de Estado― el pago de los Derechos Únicos de Extracción (DUE) y reducirlos si los resultados de ese análisis superan esos costos. Al respecto hay que apreciar que estos derechos son aproximadamente un 300% más altos que los que aplican otros países pescadores del mundo.

Por otra parte, si bien las correcciones al dólar pueden ser importantes, no son suficientes; por lo tanto, hay que revisar la matriz de los costos del Estado y los de la explotación, teniendo en cuenta las inversiones y el empleo que se genera, asegurando empresas concesionarias sanas, cualquiera sea su importancia.

Las empresas indican que han perdido millones de dólares tanto por mantener la flota pesquera parada como por salir a pescar a pérdida, considerando la crisis «la más importante de su historia»; en ese sentido, se han pronunciado todas las Cámaras Empresarias del País: la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA); la Cámara de Armadores de Poteros de Argentina; la Cámara de la Industria Pesquera Argentina; la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura; el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA); la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca, la Cámara Argentino Patagónica de Industrias Pesqueras; la  Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos.

Los propios gremios han propuesto reducción de impuestos ya que entienden que colisionan con sus propias remuneraciones y dificultan el comercio pesquero.

En cualquier caso, es hora que estas concesiones, se diseñen como consorcios con la participación de todos los actores y de modo tal que las políticas no impidan competir en el mundo a los productos pesqueros argentinos que reúnen todas las condiciones de calidad y seguridad alimentaria que requieren los consumidores más exigentes.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar

 

 

EL CFP (LA CASTA FEDERAL PESQUERA)

César Augusto Lerena*

El Consejo Federal Pesquero (CFP) y sus miembros ―según el presidente de la Nación Javier Milei― podrían ser tipificados de “CASTA”, ya que varios de sus integrantes no son idóneos, no trabajan, afectan al sostén de sus escasas actividades como consejeros de gran parte de los dineros de los empresarios aportados a través de los derechos de captura y otros aportes y, en algunos casos, permanecen enquistados en este organismo pese a los cambios partidarios en el gobierno. Ante esta situación y siguiendo su costumbre, el Primer Mandatario podría llegar a calificar al citado Consejo Federal Pesquero y a una cantidad importante de sus miembros, con todos o alguno de los siguientes epítetos ya emitidos por el Presidente: “casta putrefacta, manga de delincuentes, ladrones, chorros, consuetudinariamente estafadores, mentirosos, traidores, cobardes, imbéciles, tarados, burros, inútiles, nido de ratas miserables, culo sucio, degenerados fiscales, fascistas, nazis, comunistas, socialistas, zurderío inmundo(sic) y otros tantos léxicos incalificables degradantes hacia estos funcionarios, cuyo Estado que referido gobernante “desprecia en forma infinita” y “viene a destruir desde adentro”.

Nosotros no compartimos el uso de estos adjetivos y afirmaciones del presidente; aunque, cuando vemos que un funcionario no parece competente para las responsabilidades que se le asignan preferimos definirlos de incapaces, ineptos o idiotas en la definición de los griegos. Por otra parte, somos partidarios de transformar las estructuras del Estado en eficientes, de eso se trata la conducción de un gobierno; aunque, claro está, ello es inviable cuando los que tienen que hacerlo no tienen aptitud ni actitud para hacerlo. No es cuestión de echarle la culpa al administrado cuando esta anida en quienes administran el Estado y nos referimos a quienes cumplen funciones jerárquicas en las estructuras de éste y no en los empleados cuya ineficiencia la mayoría de las veces es de responsabilidad del directivo.  

El encarecimiento del costo del Estado. El gobierno ha venido diciendo públicamente que los empresarios pesqueros explotan los recursos pesqueros en forma gratuita y, si bien esta información es falsa y no pondera los impuestos, tasas, cargas sociales y patronales y retenciones, etc., con los que se grava al sector, lo cierto que el Consejo Federal Pesquero ha incrementado los derechos de captura en forma importantísima sin evaluar la estructura de costos de las empresas y los precios internacionales de los productos que se comercializan y sin modificar el reparto de las recaudaciones, acrecentando los fondos destinados a sostener estructuras burocráticas del Consejo y de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación y, sin devolver esos fondos a obras acordadas con el sector, a la investigación y control del mar.

La Nación ―Consejo y Subsecretaría― se queda con el 66,64%[1] de los recursos derivados de derechos, multas, etc., cobradas a los empresarios, de los cuales, solo destina a la investigación el 10,37% y para el patrullaje y control otros 10,37%. En contraste, en cualquier actividad productiva eficiente los gastos de administración nunca debieran superar el 7% del total de sus costos totales de personal. A su vez, el llamado pomposamente Consejo “Federal” Pesquero solo entrega a todas las Provincias el 33,36% de lo recaudado, fondos que tampoco sabemos a qué fines específicos de la pesca se dedican y que, en principio, no deberían destinarse a financiar las estructuras administrativas de las Provincias, para lo cual tienen sus propias recaudaciones derivadas de la pesca dentro de las 12 millas marinas.

En realidad, la explotación de la pesca es una concesión y debieran administrarse entre la autoridad concedente y los concesionarios los costos de administración, investigación y control del mar y la pesca para hacer factible la actividad y en base a ello determinar los valores de los derechos. No puede ser un número arbitrario impuesto por un pequeño número de personas cuyos intereses parecieran ser meramente recaudatorios y no de desarrollo de la actividad y las comunidades del litoral marítimo.

Lo que está haciendo el gobierno no es hacer más eficiente el Estado ni reducir los impuestos a quien invierte, produce y contrata personal, sino todo lo contrario. A la par, de profundizar el descrédito del Estado y bajo ese pretexto, abrir caminos a la extranjerización, etc.

La política pesquera y la administración de cuotas de captura. Pese a que es obligación del Consejo Federal Pesquero (CFP) elaborar la política pesquera (Ley 24.922 art. 9º inc. a) este Cuerpo no ha diseñado tal política y, consecuentemente, a partir del otorgamiento de las cuotas y autorizaciones de captura se limita a delegar en terceros la administración del recurso y actúa y mal, como un mero fiscalizador de la actividad. Ni siquiera diseña un Plan de investigación y tecnológico acorde a las necesidades de la producción y, mucho menos establece la estrategia de los controles navales de seguridad y su financiamiento. Sin embargo, sin plan ―lo que demuestra una imprevisión total― se reserva un 32,52% del porcentual de Captura Máxima Permisible de merluza común; motivo por el cual, al otorgar cuotas en el futuro lo hará con una discrecionalidad inadmisible en manos de unas pocas personas, favoreciendo prácticas de cohecho.

Respecto a la pesca ilegal sobre los recursos migratorios de la ZEE en alta mar y la pesca ilegal en Malvinas, el Subsecretario de Pesca y el CFP no han llevado adelante ninguna acción desde la promulgación de la Ley 24.922 en 1998, pudiendo todos estos funcionarios estar incursos en el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

La imagen de la actividad pesquera. La publicación del medio especializado RevistaPuerto.com.ar tituló «Incalificable: Sturzenegger calificó al sector pesquero argentino de ladrón e informó que el sector pesquero paga solo por derechos de extracción y aseguró que si pagaran más el Estado bajaría impuestos en otros lugares y generaría más industria y empleo que la pesca» y mencionó que el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado en Radio Mitre sostuvo que «el sector pesquero solo paga el 0,15% para llevarse el pescado “de todos los argentinos” y se ufanó de que el secretario Juan Pazo esté llevando los Derechos de Extracción al 2,5%, todos muzzarella» y concluyó su presentación «calificando a la industria pesquera argentina de ladrona…cuando venzan los contratos actuales, no voy a tocar derechos, entre los pescadores argentinos van a tener que pujar para ver cuanto pagan».

Empezaremos de menor a mayor, Sturzenegger pondera la acción del representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo Juan Alberto Pazo (Decreto N° 374 del 29/04/2024), pero este funcionario que por su designación era uno de los principales para definir la política pesquera prevista en la Ley no participó ni en una sola de las 19 reuniones que realizó en el año el Consejo Federal Pesquero. ¿Habrá tratado estas cuestiones en otros ámbitos? Más “Casta” imposible. Bueno, este postulante a titular del ARCA (ex AFIP), según “La PolíticaOnline” (08/12/24) “deberá dar explicaciones sobre bienes no declarados en Miami y sociedades en el exterior”, no pareciera que sea el funcionario más apropiado para “ordenar” la pesca.

Ya nos hemos referido ―y también lo han hecho otros autores― con el desprecio y ligereza que estos funcionarios han calificado al sector pesquero; pero también es cierto, que el sector no ha querido, no ha podido o no ha sabido liderar un proceso de cambio y de modernización de la actividad (no solo la construcción de un buque o una planta procesadora) y se ha limitado a introducir distintos operadores en el Consejo Federal Pesquero y/o incidir en la designación del subsecretario de pesca de turno ―como lo hacen todos los sectores productivos en sus propias áreas― solo que no se puede dejar de lado que, a diferencia de otras actividades, la explotación del recurso es una concesión de Estado y los dirigentes de la pesca han mostrado una debilidad y dependencia extrema y no una industria potente e imprescindible. La falta de un plan único derivado de un número atomizado de Cámaras conspira contra una posición fuerte y el “sálvese quien pueda” tiene el efecto de implosión. Además, en la Argentina el pescado no se conoce ni se consume y ello alcanza a los funcionarios. No es España, que son los propios españoles los que defienden este noble producto. Hay mucho para hablar, pero sobre este tema por razones de síntesis cerraremos aquí.

La dedicación al trabajo de los miembros del Consejo Federal Pesquero (CFP) y las cuotas de captura. Pese a que la función principal del CFP ―como hemos dicho― es diseñar la política pesquera; los consejeros no parecieran muy afectos al trabajo, teniendo presente que cualquier empleado público cumple unas 40 horas semanales y estos miembros del Consejo durante todo el año 2024 realizaron 19 reuniones donde se labraron 27 Actas ―el número más bajo de tertulias desde 1999― y ocuparon para ello un total de unas 20 horas; es decir un promedio de una hora por reunión. Ello podría ser el motivo formal, para que recién el 5 de diciembre pasado, el CFP definiera el régimen de adjudicación de las cuotas de la merluza común ―la más importante especie generadora de empleo― manteniendo a toda la actividad en un estado de incertidumbre, ya que a la fecha no se ha definido la vigencia de las cuotas, pese al reclamos de empresas y gremios (Acta CFP 27/24 12/12/24). Sabemos que no es la razón y han circulado públicamente todo tipo de argumentos e incluso se ventilaron supuestas coimas. No somos ingenuos, es muy rara la reserva de cuotas que realiza el CFP y en la decisión, sobrevuela una licitación parcial a la chilena anunciada oportunamente y será total si el otorgamiento de las cuotas de captura se limita a un año. En un juego de pinzas juega el sideral aumento del Derecho Único de Extracción (DUE). Mientras tanto, ya hemos dicho, el sector pesquero se limita al envío de notas, cuyo tratamiento ―según las Actas― pareciera que se realiza fuera del Consejo.

Casta federal pesquera e idoneidad. Pero, si algo está mal y ―hay muchas cosas que están mal― a los primeros que debería observar Federico Sturzenegger o cualquier otro funcionario de turno es a quienes integran el Consejo Federal Pesquero (CFP). Cómo puede pretender el ministro transformar este sector cuando el Subsecretario de Pesca y Presidente del CFP es un fiel representante de “la casta”. López Cazorla, de él se trata, fue miembro de este cuerpo desde 2006 al 2019, pasando por todos los gobiernos sin solución de continuidad y ―según las Actas de las reuniones― nunca aportó nada relativo al cambio de la actividad; planteó la necesidad de modificar el sistema de otorgamiento de cuotas o cuestionó el valor de los derechos de captura. Obviamente no se comportó durante 14 años como el responsable de la definición de la política pesquera. Lo mismo podría decirse de Carlos Cantú que está en el CFP desde 2002 al 2015 y desde el 2020 a la fecha y fue muchos años el representante del Poder Ejecutivo Nacional. Se omiten otros tantos por razones de síntesis.  

Las obligaciones del CFP tienen la complejidad de administrar una actividad muy compleja que alcanza a la captura, el procesamiento de los productos y su exportación; pero también implica, tener conocimientos relativos a cuestiones económicas, comerciales, biológicas, marítimas, climáticas, ambientales y sanitarias, a la par de conducir la investigación e intervenir en asuntos relativos a la seguridad de la tripulación y la nación y, administrar el conjunto de la actividad. No es una misión destinada a ser realizada por personas que no tengan un amplio conocimiento en la materia. Capacitada para diseñar y conducir la política pesquera nacional y con ello importantísimos intereses económicos, sociales y regionales.

Además de ello se necesita un cierto compromiso temático, vemos por ejemplo el caso de Juan Alberto Pazo que ha pasado de la superintendencia de seguros a la ARCA, previa la secretaría de Relaciones Exteriores; pero, como miembro del Consejo Pesquero no asistió a una sola reunión de trabajo en el año. Otro tanto Miguel Schmukler que del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), donde la pesca industrial es irrelevante en relación a sus pares de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz, pasó a ser miembro del Consejo a instancias del ministro Caputo, donde participó solo de ocho reuniones de las 19 llevadas a cabo en el año. Y así varios consejeros que, como los nombrados, que de la materia al asumir solo conocían un pescado a lo sumo en un Restaurante o a través el tradicional poster de especies del INIDEP.

También, a modo de ejemplo, la Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores Paola Andrea Gucioni que ―suponemos― que no se la incorporó al Consejo por haberse prestado ―según la AFIP― «servicios personales n.c.p., incluyendo actividades de astrología y espiritismo, las realizadas con fines sociales como agencias matrimoniales, de investigaciones genealógicas, de contratación de acompañantes, la actividad de lustrabotas, acomodadores de autos, etc. (960990)» como se indica (www.dateas.com/es/persona/paola-andrea-gucioni; https://w20argentina.com/empresa/gucioni-paola-andrea) o por el hecho haber trabajado en la Dirección de Malvinas de la Cancillería. Debería ser obligatoria que la repartición publique los CV documentados de los funcionarios.

Hay que reorganizar el Estado; pero en general la solución no es cerrar, concesionar, privatizar o aumentar los costos impositivos a la producción para justificar la ineficiencia de las organizaciones, echándole ―a la par― la culpa a los administrados, sino poner en los cargos a funcionarios probos e idóneos que transformen al administrador en una herramienta eficaz para atender las cuestiones indelegables del Estado, servir al estímulo de la producción e industria argentina y defender la soberanía nacional.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar

 

Referencia

[1] Nación: No coparticipables Autoridad de Aplicación $190.435.242,47 – 100% / $16.799.599,35 – 8,82% Embarque de Inspectores $190.435.242,47 – 100% / $38.236.043,80 – 20,08% INIDEP $190.435.242,47 – 100% / $19.750.000,00 – 10,37% Patrullaje y control $190.435.242,47 – 100% / $19.750.000,00 – 10,37% Consejo Federal Pesquero – 11,04% $190.435.242,47 – 100% $16.750.000,00 – 8,80% Capacitación $190.435.242,47 – 100% $3.050.000,00 – 1,60% Coparticipables Nación $190.435.242,47 – 100% / $12.683.266,55 – 6,60% Buenos Aires  $190.435.242,47 – 100% / $12.683.266,55 – 6,60% Provincia de Río Negro $190.435.242,47 – 100% / $12.683.266,55 – 6,60% Provincia de Chubut $190.435.242,47 – 100% / $12.683.266,55 – 6,60% Provincia de Santa Cruz $190.435.242,47 – 100% / $12.683.266,55 – 6,60%  Provincia de Tierra del Fuego, A. e Islas del A.S. $190.435.242,47 – 100% / $12.683.266,55 – 6,60%.