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LA BAJA CALIDAD DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DEL GOBIERNO QUE UN SEMINARIO MARÍTIMO DEJÓ AL DESCUBIERTO

César Asgusto Lerena*

Días pasados se desarrolló en Buenos Aires, un Seminario de Intereses Marítimos organizado por la Armada Argentina y las Universidades de Buenos Aires, del Salvador y de la Defensa donde se abordaron diversos temas relativos al Atlántico Sur, su explotación y defensa. Una excelente iniciativa que acerca al ámbito universitario la problemática del mar, un tanto ajena en la comunidad, más bien predispuesta a tratar las cuestiones continentales.

Mi reconocimiento a los organizadores y moderadores que abrieron las exposiciones al debate del auditorio.

Habrá que profundizar los temas abordados y, especialmente, buscar una mayor diversidad de opiniones, en aquellos temas relativos a la explotación de los recursos, su vigilancia, la sustentabilidad y, el resguardo y la reafirmación de la soberanía nacional.

Abrió las exposiciones el director del Instituto del Servicio Exterior de la Cancillería Emb. Fernando Petrella, quién ratificó las políticas de seducción de los isleños ya aplicadas sin éxito por Menem-Di Tella, en cuyo gobierno se desempeñó como Vicecanciller. Trató a los ingleses de “amigos”, dejando de lado, que éstos ocupan 1,6 millones de km2 de mar argentino, extraen 250 mil toneladas anuales de recursos pesqueros nacionales, exploran nuestros recursos hidrocarburíferos y han generado un polo de atracción del Atlántico Sur con más de 350 buques extranjeros ilegales. Fuera del estrado —ya que en la UBA no se habilitaron preguntas luego de las exposiciones— el Embajador consideró adecuados los vuelos a San Pablo y Córdoba desde Malvinas, sin prestar importancia que, de producirse un Brexit, con las consecuencias arancelarias para Malvinas que implicarían, mediante los vuelos, los isleños tendrán acceso a un mercado de treinta millones de personas ABC1 para comercializar sus productos, además de la conectividad con el mundo desde San Pablo.

El Subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles Ing. Carlos Casares y el Director de Exploración y Producción Ing. Gonzalo Aguirre de la Secretaría de Energía se refirieron a las recientes adjudicaciones offshore de 100 mil km2 en la primera ronda (una segunda estaría prevista para 2020) y, de sus exposiciones, quedó claro que el área seleccionada no avanzó dentro las 200 millas marinas alrededor de Malvinas ocupadas ilegalmente por el Reino Unido, resignando la soberanía nacional con esta autolimitación geográfica y aumentando la presencia británica en el mar austral a partir de la adjudicación de siete de las 18 áreas licitadas en la Cuenca de Malvinas a las empresas Shell, BP Exploration Operating Company Limited y Tullow Oil, donde esta última, violaría la ley 26.659, ya que habría “operado ilegalmente siete áreas al sur de las islas en el 2007 y, por su parte, la noruega Equinor, también adjudicataria, tiene dentro de su directorio a una ex asesora de la administración isleña, quien trabajó para Tullow Oil en la planificación del plan de desarrollo offshore en Malvinas”. Por cierto, de la exposición surgió que no se tuvo en cuenta las prohibiciones de la Ley 26.659 ni se le dio participación de la Subsecretaría de Pesca a la hora de elaborar los pliegos licitatorios, con el argumento de evitar la intervención de una mayor cantidad de profesionales en los procesos burocráticos, olvidando, que se pone en juego un área donde las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos deberán convivir con la explotación de los recursos pesqueros, cuyos ingresos anuales le permiten a la Argentina exportar por valor de 2.100 millones de dólares, además de sostener a gran parte de los pueblos del litoral marítimo y mantener la presencia de buques nacionales en el Atlántico Sur.

A la hora de la intervención del Subsecretario de Puertos y Vías Navegables Lic. Mariano Saúl, éste efectuó una serie de recomendaciones pero no se refirió a la próxima licitación de un nuevo puerto para la ciudad de Buenos Aires, cuyo proyecto, sin el debido debate ni la participación de todos los sectores involucrados, sigue insistiendo con el emplazamiento de un puerto con los mismos problemas que el actual ya que “el calado proyectado por el gobierno apunta a los 11 metros (36 pies), no previendo la llegada al puerto de Buenos Aires de buques de 14.000 TEUs para el año 2020 y de 18.000 TEUs para el año 2025. Actualmente con 32 pies de calado los buques de 10.000 TEUs solo pueden operar en el puerto de Buenos Aires cargados a menos del 75% de su capacidad, por lo tanto, la profundización del canal propuesta, solo serviría por unos pocos años e implicará el dragado permanentemente por los próximos 20 a 25 años” (Fabian Lugarini, 26/8/19).

La disertación del Asesor Jurídico Dr. Alejo Toranzo reemplazante del Dr. Juan Bosch dejó en evidencia que la Subsecretaría de Pesca no ha dado un solo paso para eliminar la pesca ilegal (INDNR), cuya obligación es una de sus responsabilidades conforme lo establece la Ley 24.922 y lo ratifica la Res. 1/08 del Consejo Federal Pesquero. En las filminas que parecían diseñadas para un auditorio desinformado, se refirió a un sistema integrado de control que, cualquiera que conoce los procesos a bordo y desembarques sabe que son inexistentes. Pero el asombro llegó cuando mencionó “las decisiones adversarias que toma la Subsecretaría respecto a Malvinas y, se refirió a que esta dependencia actuaba con los lineamientos de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), pese a que si bien la Argentina aprobó por ley 25.290 el Acuerdo de Nueva York que impone este tipo de organizaciones, no lo ratificó y, por el contrario, habría que esperar que se derogue, porque su aprobación, habrá de significar el control del Atlántico Sur por parte de los Estados de bandera (extranjeros) que son mayoría frente al Estado ribereño y, además, le abriría las puertas a una mayor intervención aún del Reino Unido en Malvinas. La Argentina debe en este sentido definir la preeminencia de los Estados ribereños sobre los Estados de bandera, porque aquellos son los titulares del dominio de los recursos originarios de la Zona Económica Exclusiva que migran a la Alta Mar.

No parece encontrarse dentro de “las decisiones adversarias de la Subsecretaría respecto a Malvinas, la colaboración de Argentina a través de la investigación, para que los británicos conozcan la biología y stock pesquero del Mar Argentino, en especial, de aquellas especies que le permiten al Reino Unido otorgar permisos de pesca a buques extranjeros todos los años. Si esta es la política para los adversarios, no imagino que haríamos si fuésemos amigos como refiere el embajador Petrella.

Los citados disertantes debieran leer el muy buen artículo del Emb. Jorge Arguello “Entender el Mundo, decidir con autonomía” publicado en la edición de octubre 2019 de Le Monde Diplomatique, para entender que los modelos de copiar y pegar, que muchas veces aplicaron las autoridades de nuestro país, a la luz del escenario internacional, requiere que muten a una mayor imaginación, rigor e interés nacional.

Este Seminario puso de manifiesto la baja calidad de las políticas nacionales del gobierno, por lo que será muy importante la continuidad de estos encuentros, para que los funcionarios recuerden, que son servidores públicos que, mediante estas exposiciones, rinden cuentas de su gestión y, el auditorio, compuesto por docentes, profesionales, diplomáticos, empresarios y miembros de las fuerzas armadas y de seguridad discutan ideas y se transforman en difusores calificados de una temática que debe empezar a interesar al conjunto de los argentinos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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EL GOBIERNO BUSCA ADELANTAR LA RENOVACIÓN DE CUOTAS DE PESCA PARA ENTORPECER LA POLÍTICA PESQUERA DE ALBERTO FERNÁNDEZ

César Augusto Lerena*

La reciente reunión realizada en el Ministerio de Producción y Trabajo —a tres meses de la finalización del mandato de gobierno— por parte de funcionarios de Pesca e Industria, entre ellos el Subsecretario de Pesca Juan Bosch, con empresarios de la pesca, con la intención de adelantar la renovación de las cuotas de captura que recién vencen en el año 2024, es un abierto intento de entorpecer las reformas sustanciales que habrán de realizarse a partir del próximo 10 de diciembre, en el caso de confirmarse los resultados de las PASO.

Esta pretensión de postergar por quince años más las Cuotas Individuales de Captura, pretende atar de manos al próximo gobierno que tiene previsto efectuar profundas reformas en la Administración de los recursos pesqueros, entre ellas, el proceso de otorgamiento de Cuotas y Autorizaciones de Captura, para garantizar el incremento del valor agregado, la mayor generación de empleo y la radicación industrial.

Los argumentos utilizados por los empresarios y el gobierno para buscar esta postergación de los plazos aún vigentes, intentan encontrar justificativo en la ejecución del DNU 145/19, pero, estos fundamentos carecen de toda seriedad a la luz de los plazos que el referido Decreto de Necesidad y Urgencia (Proyecto, Art. 2º de la Ley Pinedo) otorga para renovar la flota pesquera: “Los límites de antigüedad establecidos en el artículo 1° de la presente ley regirán a partir del 1° de enero de 2040” (sic), por lo cual, carece de toda razonabilidad técnica no esperar los tres meses que median para la asunción de las nuevas autoridades y los términos establecidos por ley.

Por otra parte, en el Congreso Nacional, se están tratando sendos proyectos de ley de Solanas-Luenzo que dejarían sin efecto el referido Decreto 145/19, revisando el aval de Cuotas y Autorizaciones de Captura para la construcción y, propiciando otros medios y plazos, para la renovación de la flota pesquera.

Se entenderá que, tratándose estas Cuotas y Autorizaciones, de las principales herramientas que tiene el Estado para administrar, explotar, conservar y distribuir adecuadamente el recurso, seguramente se habrá de revisar esta decisión si, como a prima facie lo indican las PASO, el próximo gobierno estuviese en manos del Dr. Alberto Fernández. Aunque, es de suponer que semejante aprobación no pase el Consejo Federal Pesquero, donde los representantes de las provincias son todos originarios de Estados, donde el gobierno de Cambiemos ha perdido las recientes elecciones.

Lo mismo ocurre en lo relativo a los aranceles de importación de buques, donde los equipos técnicos del peronismo ya han estudiado los caminos necesarios para ello, de asumir el próximo 10 de diciembre.

Vísteme despacio que estoy apurado (Napoleón Bonaparte).

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

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PLAN MAQUILLAJE DE AFIP NO RESUELVE LA EMERGENCIA PYME

Ante la nueva Resolución General Nº 4557 de AFIP publicada en el día de la fecha en BOLETÍN OFICIAL el Colectivo de Mujeres Argentinas por las PYMES, formado por empresarias, emprendedoras y comunicadoras, repudia las medidas ante la gravedad actual y su agudización en los próximos 90 días.

Esto es maquillaje electoral, necesitamos instrumentos concretos para resolver la gravedad del problema en el sector más productivo del país: las PYMES.

La tasa de financiación significa que vamos a pagar un 300% más de la deuda original. Eso dependiendo de los ajustes trimestrales que se aplicaran desde enero del 2020.

Entendemos que esta es una medida oportunista con fines electorales que no resuelve los problemas de fondo. Es una irresponsabilidad lanzar esta resolución porque ahoga a las PYMES con tasas variables a partir del pago de la cuota 02, aplicables desde enero 2020 y actualizada cada tres meses. Ese sistema de financiación es inédito en planes de pago de AFIP. No sabemos cuánto  vamos a pagar la deuda, no podemos calcular costos, solo sabemos que las deudas serán pagas en plazos de hasta 10 años. Sin embargo, no sabemos el monto final de la deuda ni el costo de financiación por adherir a este plan que propone AFIP.

AFIP no da garantías, es irresponsable y busca generar un beneficio electoral y a su vez una caja en base a tasas que no son claras. Al adherir al plan de pagos, estamos aceptando normas de juego que no son claras y esto atenta directamente contra la producción. Cada 3 meses debemos pasar por la angustia e incertidumbre sobre la cuota que se abonará. 
Honestamente, hacemos un llamado a la seriedad y a la negociación con reglas claras para poder trabajar dignamente. Queremos poder trabajar, pagar las deudas, queremos pagar sueldos y tributar lo que corresponde.

Reiteramos que Mujeres Argentinas por las PYMES no está bajo ninguna bandera política. Defendemos el derecho al trabajo y las reglas claras.  Somos el sector más productivo del país: las PYMES.

Consideramos acertado que no se exija pago a cuenta a las empresas MIPYME y el plazo de financiación de hasta 120 meses, igualmente resulta razonable el tope a la tasa de interés del 2.5% para estas empresas en las actuales condiciones, y el tratamiento de los embargos.

En cambio creemos que el sistema de cálculo de las cuotas arrojará valores muy elevados, al menos para las primeras de ellas, y que las condiciones de caducidad son muy estrictas para un plan de pago de 10 años, ambas cuestiones creemos que pueden producir que muchos planes caduquen regenerando el problema que se intenta solucionar.