César Augusto Lerena*

Este año vencen las cuotas de captura de las especies merluza hubbsi, merluza de cola, merluza negra y polaca por 15 años y el mar está revuelto. El nuevo gobierno pasó de pretender licitar el recurso internacionalmente a que todo siga como está.

Entendamos: los que encabezan las cuotas adjudicadas y además tienen autorizaciones para pescar langostinos y calamar, son las empresas que encabezan las exportaciones argentinas. Alguien se imagina, en este escenario, donde un pequeño número de personas que ―salvo excepciones― se repiten en las últimas décadas, pueden adjudicar por 15 años la captura de unas 325 mil toneladas por año de recursos pesqueros de dominio del Estado; es decir, unos 5 millones de toneladas, cuyos valores de exportación alcanzan hasta los 26.000 U$S FOB ¿y no existan sombras de corrupción? Es una tradición oral y vox pópuli en los ámbitos portuarios que los permisos de pesca tenían un precio. Cuestión que a partir de convertir las cuotas «en transferibles» se blanqueó. El buque pesquero más caro sin cuotas y/o autorizaciones no tiene ningún valor.                     

Se entiende entonces, ¿por qué la adjudicación de cuotas puede dar lugar a actos de corrupción? El dueño de la Pesca es el dueño del pescado. El Estado le da en concesión a una empresa la captura de una especie cuya demanda está asegurada. El empresario, sentado en el escritorio y en tiempo real, va conociendo como se va llenando la bodega del buque para cumplir con la orden de compra que ya fue emitida. El Estado le cede por 15 años «la gallina de los huevos de oro». Claro está, en la Argentina con los altos costos internos, la inflación imprevisible, sin proyecto y pendular, nada es fácil; pero, nada mucho cuesta poco.

Enrique Santos Discépolo en su tango «Cambalache» hace 90 años (¡!), inmortalizado por Carlos Gardel, ya nos decía: «el que no llora no mama y el que no roba es un gil, dale no más…».

Por un lado, el año 2024 comenzó con un intento de reforma del Régimen Federal de Pesca por la cual, mediante un simple pago de un canon, el gobierno les habría otorgado todos los recursos pesqueros argentinos a buques extranjeros sin necesidad de desembarcar en los puertos nacionales, sin utilizar tripulación argentina, sin industrializar las capturas en Argentina y evitando el pago de impuestos, retenciones, etc. Un proyecto que es difícil de creer que hubiese sido elaborado por un incapaz; tenía vocación sancionatoria y ejecutaba la idea anarcocapitalista de liberar todo y ante semejante desatino «bananero» nadie podría asegurar que no habría escondido un retorno multimillonario. No hubiese sido la primera vez; pero, aun fracasando, Federico Sturzenegger consiguió sembrar un estado de pánico, no solo en la Argentina sino en todos los países donde veían peligrar sus negocios en el país. Los WhatsApp de los gallegos explotaron entre ambos continentes. No querían quedarse solo explotando ilegalmente en Malvinas.   

El otro extremo de «que todo siga como está» también podría tener su precio y de eso hablaron los medios nacionales (La Política Online) y especializados (RevistaPuerto.com).

Como consta en las Actas 10, 12 y 14/2024 del Consejo Federal Pesquero (CFP), todo el sector empresario pesquero, gremial y naviero envió apresuradas notas a este Cuerpo solicitando la prórroga de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura de las referidas especies Las notas pudieron ser autónomas; pero, también podrían haber sido solicitadas por el Subsecretario de Pesca López Cazorla para curarse en salud y no innovar, contrario a las opiniones de Sturzenegger de que los empresarios no compiten y que por eso su intención había sido licitar.  

¿Son necesarios estos extremos? Porque en esta nueva adjudicación no se innovaría en materia de mayores inversiones; tampoco se establece que el tiempo de concesión debería estar determinado por la cuantía de las inversiones y de su recuperación económica; no se establece un aumento de la industrialización y el valor agregado; un mayor respeto por las autonomías provinciales o la exigencia de planes de desarrollo pesquero y comunitarios de cumplimiento auditables.

Las cuotas no puede otorgarlas el Consejo Federal Pesquero, sino una Comisión Técnica Ad-hoc designada al efecto que debiera evaluar y dictaminar previamente sobre la validez de todos los permisos, cuotas y autorizaciones de captura otorgados desde la sanción de la Ley 24.922 (recordemos la cajoneada Auditoría de la UBA) y además de las exigencias de la ley que, el otorgamiento no produzca una concentración indeseable en relación al resto de las empresas pesqueras, donde se establezca la «Unidad Económica Pesquera» que garantice la sustentabilidad de las pequeñas empresas para que no terminen transfiriendo sus cuotas, se incorporen buques con la mayor tecnología relativa a la eficiencia pesquera, reducción de la huella de carbono y que cuenten con sistemas de refrigeración para agua de mar u otros sistemas que garanticen la óptima calidad del producto capturado y transportado fresco que favorezcan la selectividad de las capturas; que los productos se procesen en el país y se destinen directamente al mercado minorista internacional o nacional; se realice un mayor aprovechamiento de los residuos a bordo o en tierra; no produzcan descartes en el mar sino que se desembarque y procese todas las capturas; el proyecto contemple el desarrollo de la producción en acuicultura o mariculturas en relación a las cuotas o autorizaciones de captura obtenidas; se presenten proyectos de Responsabilidad Social respecto a la comunidad de asiento de las empresa.

Tampoco es posible que, como un coto cerrado, se cierren las puertas a nuevas inversiones. Un porcentual del total a capturar debe destinarse a ello. No olvidemos: se trata de un recurso del Estado dado en concesión a privados para su explotación. Y por supuesto, no es posible que los fondos provenientes del pago de derechos, se siga haciendo como se lo hace, destinando sumas multimillonarias a la administración ineficiente y puesta en duda de la Subsecretaría y el Consejo Federal Pesquero (Ver Actas CFP 3, 8 y 11/24).

Ahora, dos medios son muy importantes para ventilar una corrupción que podría seguir vigente. LPO (La Política Online), que destapa la olla, y la Revista Puerto que da detalles elocuentes y, por su parte, la embajada de Estados Unidos que defiende los intereses de sus empresas radicadas en la Argentina. Nadie antes se había atrevido a tanto y en muchas escribanías podrían estar amarillos boletos de compraventa de permisos incompatibles con la administración de los recursos del Estado. Antes eran más formales, ahora basta un sótano. En cualquier caso, la justicia debería investigar aquellas de entonces y estas denuncias de corrupción; cuestión que parece una misión imposible, donde el Estado se pretende achicar, pero no a la hora de recaudar.    

La Revista Puerto indica «la irrupción solapada de un grupo de operadores que, según pudo chequear este medio, convocaron a referentes del sector a distintas reuniones diciendo que actuaban en representación de Santiago Caputo. De hecho, la persona a cargo de las primeras charlas mantuvo conversaciones con los representantes de las pesqueras más importantes del país en el microcentro porteño y algún sótano en la calle Paraguay. Según lo que pudimos saber off the record por fuentes del sector, el pedido de coima terminó siendo de 100 dólares por tonelada de merluza hubbsi y 1.000 dólares por tonelada de merluza de negra que deberían pagar eran unas 12 empresas receptoras de unas 120.000 toneladas de merluza hubbsi, lo que daría la cifra de 12 millones de dólares que, sumados a los 3,3 millones de la merluza negra, proporcionarían esos 15 millones de dólares a los que alude el portal LPO… algunos empresarios se negaron a pagar; dicen que el primero que dijo “no” fue Tony Solimeno; pero, al parecer, el que pateó el hormiguero fue la negativa del Grupo Iberconsa, propiedad del fondo Platinum Equity, de origen en Estados Unidos, con vinculaciones con la embajada de ese país, la que habría destapado el escándalo a través LPO…Es decir que el supuesto pedido de coima no sería para dar algo que no corresponde, sería en todo caso un apriete del ala de gobierno que respondería a Santiago Caputo con la amenaza de que, si no pagan, le van a dar vía libre a las pretensiones de Sturzenegger para licitar internacionalmente las cuotas y hacer desaparecer a gran parte del sector pesquero».

Aunque los hechos tengan cierta coincidencia con la declaración del presidente Milei el pasado 02/09/2024 en la UIA: «Vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes» (sic), hay una cierta confusión de quienes podrían ser los damnificados de haberse pagado esta supuesta coima. No son solo los empresarios, es nuevamente el Estado, porque esos 15 millones que habrían estado en juego, seguramente habrían de reducir el aporte del pago de los derechos de captura de los empresarios.

El Consejo Federal Pesquero (CFP) ante tan grave denuncia «habría suspendido la renovación de las Cuotas de Merluza y existen versiones ―dice la LPO el 04/09/2024― de la renuncia del funcionario a cargo». Aunque nos preguntamos porqué la suspensión estaría referida a la merluza hubbsi que tiene un valor del orden de los U$S 3.000 la tonelada y no también de la merluza negra, cuyo precio como dijimos supera los U$S 26.000 la tonelada y se vende a 32 dólares la libra (450 g) en Estados Unidos. También nos queda la duda si solo debieran renunciar el subsecretario de Pesca y presidente del CFP López Cazorla o el influyente delegado del ministro Caputo en el CFP Juan Pazo. En realidad, la suspensión y eventual renuncia se suman a darle crédito a la supuesta coima y en ese caso, la Autoridad de Aplicación por la Ley 24.922 el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Sergio Iraeta y todos los miembros del Consejo Federal Pesquero deberían renunciar.

Pero, éramos pocos y parió mi abuela. No bastaba con funcionarios, intermediarios y empresarios. Apareció Tío Sam. Porque, aunque Sturzenegger no lo sepa, en la Argentina hay innumerables empresas nacionales de capital extranjero. La actividad pesquera, si bien tiene muchos defectos, no está constituida por un empresariado nacional prebendario y el Grupo Ibérico de Congelados SA (IBERCONSA) es, a pesar de sus orígenes, de accionistas del fondo norteamericano Platinum Equity y seguramente tiene muchos problemas para justificar el negro.

Ahora, los peticionantes cayeron en el peor momento para quedarse con unos dólares a cambio de adjudicar cuotas de merluza negra, porque como nos explica Seafood Media Group con un extracto de Associated Press, ya hay roces diplomáticos entre Estados Unidos y el Reino Unido por las licencias de ilegales de pesca otorgadas por este último en las islas Georgias del Sur (argentinas), como contrapartida a la pesca indiscriminada rusa de esta especie, pese a que en esa región los límites se imponen por consenso por la Comisión de Conservación de la Antártida (CCAMLR); razón por lo cual, «las autoridades estadounidenses, amenazan con prohibir las importaciones británicas de esa zona» y no es un tema menor que algún referente del gobierno le hubiese requerido coimas a una empresa de capital americano, porque Estados Unidos es el primer comprador ―en volumen y precio― de merluza negra en Argentina. «La disputa indica que los esfuerzos de Rusia por socavar a Occidente llegan a las regiones más remotas, tradicionalmente al margen de las batallas geopolíticas» y tampoco parece haberlo entendido la Cancillería, cuyo gobierno dice estar alineado con el país del norte.

Hay cometas y cometas. Ésta habría sido de las peores: desmesurada y extorsiva. Y el gobierno va a tener que dar rápida respuesta al requerimiento de informes que al respecto efectuó el presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el ex Intendente de Mar del Plata Gustavo Pulti, a la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y al Consejo Federal de Pesca, en el cual manifestó que «A partir del estado público de que se habrían producido reuniones entre funcionarios del Gobierno Nacional y empresarios del sector que, culminaron con una denuncia efectuada por la firma IBERCONSA, ante la Embajada de Estados Unidos, quien asevera se le efectuó un pedido de coimas de 15 millones de dólares por parte de los emisarios del Gobierno Nacional» y ante «la inusitada gravedad que el hecho traduce, en la que se estaría denunciando la existencia de actos de corrupción y negociaciones incompatibles con la función pública que habrían llevado a las empresas extranjeras impropiamente requeridas a poner en conocimiento de la Embajada de los Estados Unidos sobre la comisión de un hecho de corrupción que, para mayor gravedad, se proyecta sobre recursos naturales estratégicos de la Nación ―como resulta ser el pesquero― justifican el requerimiento de información que se efectúa, correspondiendo aclarar que la actividad referida ―denunciadas en los informes periodísticos relevados― resulta constitutiva de conductas tipificadas por el Código Penal y contrarias a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por ley 26.097».

«Vale remarcar que la Constitución Nacional, desde su Preámbulo y artículo 1°, al igual que la Constitución provincial, establecen el principio republicano de gobierno, una de cuyas manifestaciones primordiales reside en la exigencia de publicidad de los actos de las autoridades del Estado. Con ello se procura que los ciudadanos puedan conocer los actos de gobierno, como modo de controlar a sus representantes, condición inherente a la democratización del poder. La Constitución Nacional prevé implícitamente este derecho en los enunciados generales de los artículos 1º y 33º, dentro del contenido ínsito en la libertad de expresión (art. 14) y en algunos campos en los que la información es peculiarmente necesaria, v.gr., arts. 38º (partidos políticos) 41º (derecho ambiental) y 42º (derechos de los consumidores y usuarios) … Análoga consagración surge de los tratados internacionales que revisten jerarquía constitucional de acuerdo al art. 75º inc. 22…la Convención Americana contra la Corrupción, ratificada por Ley 24.759…la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por la ley 26.097, etc. razón por la que solicito a los funcionarios, ponga a disposición del suscripto la información requerida, dentro de los plazos legales».

Y sería bueno que lo hagan; el pueblo quiere saber de que se trata y obrar en consecuencia. Hay que achicar el Estado de los que se valen de éste en forma corrupta e indecorosamente para su provecho.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar