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EL PACTO MONDINO-LAMMY LA REEDICIÓN DE PACTO FORADORI-DUNCAN

César Augusto Lerena*

El martes 13 de septiembre de 2016 la Cancillería Argentina informó (IP 304/16) que «El Ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica Sir Alan Duncan realizó una visita a la Argentina manteniendo reuniones con autoridades nacionales y participar en el Foro de Inversiones y Negocios, organizado por Argentina».

La entonces la Canciller Susana Malcorra «concedió una audiencia a Sir Duncan, reflejando el mejoramiento de las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido y, durante su visita, ambas partes se comprometieron a poner énfasis en la agenda positiva de las relaciones con el objetivo de estrechar aún más los vínculos bilaterales, desarrollar lazos más cercanos y una sólida cooperación en beneficio de los pueblos de ambos países».

«El Vicecanciller Foradori y el Ministro Duncan mantuvieron una reunión de trabajo donde se pasó revista a los principales temas de la agenda bilateral y la reunión bilateral sirvió para que ambos funcionarios pudieran continuar impulsando una agenda omnicomprensiva, multidimensional y multisectorial, basada en la complementariedad entre ambas naciones, orientada al fortalecimiento de la relación bilateral… Se acordó trabajar en conjunto para identificar áreas nuevas de colaboración y se resolvió buscar ampliar la relación bilateral en torno a una agenda positiva que aborde los desafíos globales, en áreas como democracia, derechos humanos, cooperación en paz y seguridad internacional, no-proliferación, medio ambiente y cambio climático, energías limpias, comercio e inversión, ciencia, tecnología e innovación, turismo y deporte».

«Se evaluaron las áreas de posible cooperación en materia antártica, incluyendo intercambios, actividades conjuntas y acuerdos entre los programas científicos del Instituto Antártico Argentino (IAA) y el British Antarctic Survey (BAS), así como también el desarrollo de actividades científicas conjuntas en el área de la Convención sobre Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA)».

«En un espíritu positivo, ambas Partes acordaron establecer un diálogo para mejorar la cooperación en todos los asuntos del Atlántico Sur de interés recíproco. Ambos Gobiernos acordaron que la fórmula de soberanía del párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989, se aplica a este Comunicado Conjunto y a todas sus consecuencias. En este contexto se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos».

«De conformidad con los principios establecidos en la Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999 y el Acuerdo por Canje de Notas, ambas Partes acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países. En este contexto acordaron el establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección. Los detalles específicos serán definidos».

«Ambas Partes expresaron su pleno apoyo al proceso de identificación de ADN con relación a los soldados argentinos no identificados sepultados en el cementerio de Darwin. Las conversaciones sobre esta delicada cuestión humanitaria serán llevadas adelante en Ginebra sobre la base de una evaluación del Comité Internacional de la Cruz Roja, complementada por las conversaciones bilaterales que sean necesarias. Ambas Partes acordaron que los deseos de las familias involucradas son de la mayor importancia».

Nosotros, luego de varios artículos críticos sobre este Acuerdo, el 7 de mayo de 2022 publicamos Ni ebrios ni dormidos, pactando con el enemigo referido al Pacto de Foradori-Duncan con motivo de que el Ministro Alan Duncan escribió en sus memorias que, al momento de concretarse el referido Pacto, el vicecanciller argentino «Carlos Foradori estaba tan borracho que al día siguiente no podía recordar los detalles del documento» (Télam, 26/04/2022) y dijimos, que hace más de 40 años que los británicos avanzan sobre nuestros territorios insulares y marinos. En 1982 ocupaban 11.410 km2 y desde hace muchos años tienen invadidos 1.639.900 km2 equivalentes al 50% de la Zona Económica Exclusiva Argentina; ello sin evaluar los más 1,4 millones de Km2 que nos disputan de la Plataforma Continental y los más de 1 millón de km2 de la Antártida y sus aguas correspondientes.

En esa ocasión indicábamos que según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) «El uso nocivo del alcohol desafía al desarrollo social y económico de muchos países, incluidos los de las Américas, donde el consumo es de aproximadamente un 40% mayor que el promedio mundial. En general esta población consume alcohol en un patrón que es peligroso para la salud, así como para la violencia doméstica, la pérdida de productividad, y muchos costos ocultos» (www.paho.org/es/temas/alcohol). Tal vez, dentro de estos costos ocultos, la OPS pudo haber ponderado los probables efectos negativos del alcohol en las decisiones de los altos diplomáticos; pero nosotros no creemos que esta sea —al menos la única causa—, sino la reiterada vocación de acordar sin ninguna contrapartida.

Para descartar la cuestión del alcohol de una vez por todas, tengamos en cuenta que el pacto habría sido muy trabajoso, ya que el vicecanciller Foradori habría entrado a la bodega de la Embajada británica el día 12 de septiembre y selló el pacto, el fatídico martes 13 por la madrugada.

En realidad, nadie en su sano juicio o que no tuviese el mandato de favorecer los intereses británicos en Malvinas podría acordar «adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos». Una verdadera cesión incondicional; una entrega definitiva del ejercicio de la soberanía plena de Malvinas y una clara violación de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución.

Se omite decir que este Pacto, enmascarado en un llamado “Comunicado Conjunto”, es un Acuerdo ya que refiere en su texto siete veces a la palabra “acordar” y es la ratificación “de hecho” de los Acuerdos de Madrid y la fórmula del Paraguas, pudiendo interpretarse que el reiterado pedido de diálogo que la Cancillería Argentina demanda está siendo llevado a cabo por el Reino Unido, a punto tal, que la Argentina promete quitarle todos los obstáculos para el desarrollo de Malvinas.

Del mismo modo, el Reino Unido sigue otorgando licencias pesqueras ilegales a terceros países en violación a la Res. 31/49 de las Naciones Unidas sin que la Argentina inicie acciones legales a las empresas licenciadas, por violación a las leyes 24.922 (1998) y 27.564 (2020) y en algunos casos de la Ley 26.386 que impide a las empresas radicadas en el continente argentino operar en Malvinas y ello significa la extracción anual de recursos pesqueros argentinos del orden de las 250.000 toneladas, valuadas sin proceso alguno en unos mil millones de dólares.

Por otra parte, la Cancillería Argentina autorizó vuelos a San Pablo desde las islas, lo que le abriría las puertas a un mercado de más de 30 millones de habitantes de gran poder adquisitivo, además de la distribución al mundo de todos los productos desde este importante Estado brasileño, agregando nuevos vuelos a los que ya lleva Latam desde Malvinas a Chile y viceversa.

Igualmente sigue vigente el otorgamiento (2019) de un área con más de 100 mil km2 para la explotación hidrocarburífera offshore en la Cuenca de Malvinas, entre los archipiélagos y el continente argentino, a empresas petroleras de origen británico y/o que han intervenido en explotaciones en Malvinas, en abierta violación a la Ley 26.659 (Ley Solanas), tales como Shell, BP Exploration Operating Company Ltd; Tullow Oil y Equinor; al igual que esta última frente a las costas de Mar del Plata.

El acuerdo de cooperación antártica constituye además un acto de reconocimiento a la posición británica inadmisible. Es interesante transcribir al respecto lo dicho por el catedrático Armando Abruza: respecto a estos acuerdos «en materia de investigación científica en aguas subantárticas circundantes a las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en lugar de hacerlo en el marco multilateral de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), que constituye el único régimen jurídico válidamente aplicable en esa región. En esta materia, corresponde igualmente poner de relieve la técnica empleada en la redacción del texto del Comunicado Conjunto, el cual, como se ha expresado, deja traslucir la autoría británica del documento, verificable en este caso específico a partir de su diseño… Cualquier concesión que el Gobierno argentino pudiera realizar en las materias precedentemente señaladas, sin que se reanudaran prontamente las negociaciones sobre la soberanía y sin ninguna contraprestación sustantiva a cambio, tal como indiscutiblemente ocurrió a lo largo de la década de los 90 y hasta entrado el siglo actual, serían incompatibles con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y lesivas para los intereses de la Nación». (“El Comunicado Conjunto argentino-británico…”, p. 89:116 Anuario Argentino de Derecho Internacional, 2016).

El Pacto de Foradori-Duncan fue suspendido en el gobierno agónico de Alberto Fernández; cuestión que criticamos, porque dejó numerosas cuestiones pendientes además de los Acuerdo de Madrid I y II.

Ahora bien, la Canciller Diana Mondino desde su asunción viene dando reiteradas muestras de simpatía con británicos e isleños ocupantes de Malvinas; asignándoles derechos a estos últimos, como si fueran parte en la Cuestión Malvinas, violando el mandato de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, además de no efectuar los correspondientes reclamos ante los distintos foros y haciendo caso omiso a las reiteradas violaciones de nuestros territorios irredentos por parte de británicos y sus fuerzas armadas.

Si algo le faltaba a la ministra Mondino fue la designación del Embajador Carlos Foradori en Ginebra, efectuando con ello su aval a lo actuado por el gobierno argentino en 2016 y ratificando en la reciente Reunión de Cancilleres de la Argentina y del Reino Unido, a través del Comunicado de prensa sobre la Cuestión Malvinas del 24/09/2024 (IP 470/24) la voluntad de mantener vivo el Pacto Foradori-Duncan, a través de este nuevo Pacto Mondino-Lammy, que en sus partes más salientes indica: «En el marco de una renovada etapa de la relación bilateral, caracterizada por el diálogo y la construcción de confianza, la Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Diana Mondino, y el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, David Lammy, reunidos en Nueva York el 24 de septiembre avanzaron en una agenda amplia de temas que incluyen distintos aspectos vinculados al Atlántico Sur, aplicándose esta agenda y a sus resultados la fórmula de salvaguardia de soberanía que figura en el párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989».

Las Partes han acordado retomar las negociaciones tendientes a finalizar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja Internacional, así como también organizar un viaje de familiares de caídos a las Islas antes de fin de 2024, para que puedan visitar las tumbas de los soldados que allí descansan».

También se estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba. Estas medidas permitirán avanzar en una agenda más ambiciosa de cooperación en diferentes ámbitos y bajo fórmula de soberanía, tendientes a promover el desarrollo humano y económico y estrechar lazos entre las Islas y el continente». Este último párrafo no es otro de aquel que la Argentina «adopte las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos».

¿Y nos preguntamos cuál es el aporte del Reino Unido? Como contrapartida a esta vergonzosa cesión de la Argentina.

Mariano Moreno nos decía: “hay determinaciones que no se pueden tomar ni ebrios ni dormidos”, es decir, bajo ninguna circunstancia». No podemos seguir admitiendo, que este nuevo Pacto indigno Mondino-Lammy, que lesiona la soberanía nacional y viola la Constitución Nacional, se firme dejando nuevamente de lado al Congreso Nacional y a la voluntad mayoritaria de los argentinos que no le han dado mandato alguno a la Canciller para facilitar la ocupación territorial británica de nuestros territorios.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar

LA CANCILLERÍA ARGENTINA TIENE UN INQUILINO EN MALVINAS

César Augusto Lerena*

     Imagen: Cba24 

No alcanzamos a imaginarnos, cómo hubiese manejado el Ministerio de Economía la Canciller Diana Mondino si en lugar del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto le hubiesen encomendado aquella cartera. De números nada y de cumplimiento de obligaciones, contratos y leyes menos y, pese al origen mundano de su apellido y su fluido inglés, no parece que esta señora esté capacitada para manejar un Ministerio que debería representar las relaciones y los intereses argentinos en el mundo. El «inglés» sin contenido o con contenido contrario a los intereses argentinos carece de total eficacia. Alcanzaría con el traductor de Google o cualquier aplicación de Inteligencia Artificial si la cuestión fuese solo números o proyectos de consultoría para terceros; pero no para representar a una Nación Soberana. El manejo en la cuestión Malvinas de la Cancillería haría carecer de sentido la independencia argentina de 1816, recientemente conmemorada.

No nos referiremos aquí a las pésimas declaraciones del gobierno respecto a los presidentes de los principales países importadores de productos argentinos. Cuestión, que no se compadecen con el amable tratamiento que la Canciller le presta a «la Pérfida Albión», pese al gravísimo daño que ésta le infiere a la soberanía argentina, al comercio internacional de nuestros productos, a la economía nacional, al desarrollo regional de la Patagonia, al empleo y al ecosistema marino y pesquero, con la ocupación prepotente de nuestros archipiélagos y mares y apropiándose de nuestros recursos pesqueros e hidrocarburíferos.

Preocuparse por la honestidad de la mujer del Primer ministro del gobierno español ―Estado que reconoció la soberanía argentina de Malvinas― y no exigirle que sus buques gallegos dejen de pescar ilegalmente en Malvinas asociados con los británicos es inadmisible, ya que estos quiebran nuestra autonomía. la normativa legal argentina y la Res. 31/49 de las Naciones Unidas, mientras la Argentina otorga permisos de captura a empresas nacionales de capital español para pescar en la jurisdicción marítima continental argentina.

Por cierto, pelearse con China y Brasil, que junto a España son los principales compradores de productos pesqueros, no parece tener otro fundamento que el ideológico, llamativamente en un gobierno que se autocalifica de «anarcocapitalista». Ahora bien, la pesca ilegal de buques taiwaneses, coreanos y españoles-británicos de los recursos argentinos en aguas argentinas de Malvinas representa el 60% de los ingresos de los isleños, por algo, ya en 2012, el entonces director británico de pesca en las islas John Barton, decía: «sin la pesca no hubiésemos sobrevivido» (El Cronista, 14/3/12). «Trabajar en conjunto», como refiere la Canciller, sería cometer el mismo error cometido por la Argentina en 1988 en los prolegómenos de los Acuerdos de Madrid, donde se descartó «hablar de la pesca».   

En 1848 Sir William Molesworth, quien en 1855 sería el secretario de Estado para las Colonias del Reino Unido, decía: «En las miserables islas Malvinas, no se da el trigo, no crecen árboles, están abatidas por los vientos; desde 1841 nos costaron 35 mil libras, sin retorno ni beneficio alguno. Decididamente, soy del parecer que esta inútil posesión se devuelva, desde luego, al Gobierno de Buenos Aires, que justamente lo reclama». Pasarían 128 años y el 21 de julio de 1976, mediante el Informe de Lord Shackleton los británicos se dieron cuenta que la riqueza estaba en el mar y no en las islas; cuestión que los gobernantes argentinos ―como la Canciller― siguen sin entender e ignoran igualmente que las islas argentinas no las defienden los británicos por los tres mil isleños que las habitan, sino porque están enclavadas en la parte meridional del Atlántico Sur con proyección a la Antártida y control de los océanos Pacífico e Índico de un valor geopolítico superlativo, frente a la vulnerabilidad del Canal de Panamá. Además, que los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea ya han declarado que la pesca es una cuestión de seguridad nacional, mientras que las autoridades de la Cancillería y de la Subsecretaría de Pesca de la Argentina han sido incapaces de controlar la pesca ilegal que se realiza desde 1976 en el Atlántico Suroccidental de la mano de chinos, taiwaneses, coreanos y españoles-británicos. Solo de las aguas de Malvinas los buques extranjeros extraen anualmente 250.000 toneladas de productos pesqueros por un valor equivalente al 50% del total de las exportaciones anuales argentinas de estas especies y, como es de conocimiento público, se agregará la explotación petrolera de «un yacimiento con reservas comprobables de 300 millones de barriles de petróleo» (Agenda Malvinas, 21/06/2024).

En este escenario, en el imaginario de la Canciller en una reciente conferencia en el Rotary Club de Buenos Aires comparó a Malvinas con «un departamento» en el cual la Argentina es la dueña y los británicos inquilinos y «algunos pensaran que son okupas», obviamente excluyéndose de esta última calificación. Manifestando también, que «si una empresa opera en las islas no puede operar en Argentina y así un montón de temas donde hemos presentado quejas a países vecinos por permitir que aterrice un avión que luego siguió a Malvinas. Eso con nosotros se terminó. Queremos tener una relación razonable, la agresividad con nosotros se terminó. Lo que queremos hacer es mantener una relación en donde podamos trabajar en conjunto».

Estas manifestaciones de Mondino son sinceramente imperiales y esotéricas. No tiene la Canciller un poder omnívoro, la política argentina en la cuestión Malvinas está determinada en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y efectivamente las empresas que directa o indirectamente operan en Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y las aguas correspondientes, no pueden hacerlo en el continente nacional por las leyes 24.543; 24.922; 26.386; 26.659 y 27.564 entre otras, todas aprobadas por el Congreso de la Nación y por lo tanto sus dichos y acciones deben cumplir con el mandato popular. Y además de ello, debería estar sancionando a todo buque pesquero que opera en Malvinas.

Los británicos en Malvinas no son inquilinos. No tienen contrato de alquiler firmado por Argentina y son manifiestamente ocupantes ilegales que además violan la Res. 31/49 de las Naciones Unidas avanzando desde 1982 a la fecha en la ocupación de nuevos territorios marítimos argentinos y explotando, como hemos dicho, los recursos naturales argentinos, con los daños ya descriptos.

Imaginamos a la Canciller solicitando a la Ministra de Seguridad la desocupación del edificio de la Cancillería si esta fuese ocupada por un grupo de embajadores y ministros que reclaman por la aplicación del impuesto a las ganancias en sus remuneraciones o, requiriendo la desocupación por la fuerza pública de su casa si fuese ocupada por un grupo homeless que para sostenerse además alquilasen algunas de las habitaciones «circunstancialmente» libres. Los británicos no son inquilinos de las Islas Sra. Mondino, tal vez esté en sus planes y fue un acto fallido. En todo caso, hemos sido incapaces de sacar a los británicos de la zona de confort, con alguna estrategia donde «trabajar en conjunto» (sic) no sea la opción, sino todo lo contrario, ajustar los procedimientos y declaraciones a la legislación vigente y extremar el ingenio y las capacidades para lograr aquello que hasta la fecha no se logró.

La «relación razonable» que la ministra refiere es de tal generalidad e imprecisión y, su referencia a aportes que en forma unilateral la Argentina efectuó en épocas pasadas sin contraprestación alguna por parte de los británicos, les ha permitido llegar a los británicos a este estado de cosas y, en este sentido, le sugerimos tomar nota de la realidad, porque afirmar temerariamente que «Hoy hay un montón de actividades, sobre todo en hidrocarburos y pesca, que no las hacemos ninguno, ni ellos ni nosotros», es desconocer absolutamente la ocupación de nuestros territorios y la explotación de nuestros recursos, que sintéticamente hemos descripto.

El Ministerio es de Relaciones Exteriores y ello exige entender, como refería el escritor, novelista, dramaturgo y licenciado en Ciencias Políticas y Ciencias Económicas Antonio Gala (1930-2023) «la política no puede estar al servicio de la economía», sino todo lo contrario.  

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

LOS APÁTRIDAS Y EL MAR

César Augusto Lerena*

«En el gobierno no hay sustento intelectual ni convicción política alguna para cuidar nuestros derechos marítimos y mucho menos, respetar el sentimiento de los argentinos».

 

La “forma apátrida” con la que la política nacional desprecia la soberanía argentina en el Atlántico Suroccidental tiene muy pocos precedentes desde la Argentina independiente que conmemoramos el pasado 9 de julio con la firma del llamado “Pacto de Mayo”, en cuyos puntos, no hay una sola línea referida a la soberanía nacional y, muy particularmente, sobre la única política de Estado, plasmada en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Mientras que la Declaración de Independencia de la Argentina del 9 de julio de 1816 ampliada declaró formalmente “la ruptura de los vínculos de dependencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española y con toda otra dominación extranjera”, el citado Pacto de Mayo, no refiere nada respecto a una política de recuperación de los 1,6 millones de km2 de la jurisdicción marítima argentina y los archipiélagos argentinos ocupados por el Reino Unido; tampoco tiene en cuenta la disputa de ese Reino de más 1,4 millones de km2 de la plataforma continental argentina, la Antártida y las aguas correspondientes. Mucho menos refiere nada con los buques españoles y de otras nacionales que extraen nuestros recursos en Malvinas. La Argentina, sin hipótesis de conflicto.

Ya sufrimos la política de Cavallo ―uno de los principales referentes de este gobierno― para congraciarse con los británicos con la firma de los llamados Acuerdos de Madrid (1989/90) donde se consolidaron los permisos de pesca ilegales en Malvinas que constituyen ―hasta hoy― el principal recurso económico de los isleños que ahora da lugar a los joint venture con empresas gallegas que facilitan el acceso de los productos pesqueros a la Unión Europea sin pago de aranceles pese al Brexit. El mismo Cavallo que acordaría con el Reino Unido la protección de la explotación de los recursos al este de Malvinas y las investigaciones pesqueras conjuntas en el Atlántico Sur; todos hechos que fortalecieron la posición británica en las islas (John Barton, director de Pesca inglés en Malvinas, 2012). También el dictado de la ley 23.968 promovida por la Cancillería facilitó la delimitación de los archipiélagos ocupados por el Reino Unido, además de reducir en 1991 nuestra soberanía plena a 12 millas; aún antes de ratificar la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar en 1995. En 2016 se firmaría el Pacto de Foradori-Duncan ratificatorio de los Acuerdos de Madrid bajo la consigna de “eliminar todos los obstáculos para el desarrollo de Malvinas”. Vergonzante. Aun así, la Argentina, no dejó en todos estos años, de reclamar la ocupación prepotente británica y los derechos sobre los archipiélagos invadidos, como ocurre en la actualidad.

Sin embargo, lo peor está por venir, porque no solo se resignan ―a través de hechos aislados― derechos argentinos sino que bajo pretexto de una política “anarcocapitalista”, distintos “apátridas” desde el gobierno y fuera de él, llevan adelante un plan de sesión de los espacios territoriales argentinos y de enajenación de nuestros recursos naturales. En algunos casos, mediante el mero pago de algún canon desindustrializador y, en otros, por anomia geopolítica y desinterés de administrar el Estado, sus bienes patrimoniales y culturales e incluso “destruirlo desde adentro”, como manifestara el propio Milei.

El presidente que admira a Margaret Thatcher, la misma que ordenó el hundimiento del ARA General Belgrano y con ello provocó la muerte de 323 argentinos. La Canciller Mondino que sostiene que el tema Malvinas es una cuestión más en la relación argentina con el Reino Unido y ante el periódico inglés “The Telegraph” anuncia “los derechos de los isleños serán respetados”, dando por tierra la defensa de integridad territorial plasmada en la Constitución Nacional y termina agradeciendo, la visita del Canciller inglés David Cameron a Malvinas, como si su presencia no fuera una nueva manifestación inglesa de autoridad.

La política economicista monotemática es lamentable; hasta el propio presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados José Espert consideró que “Las Malvinas no son argentinas, porque las perdimos en la guerra”, ignorando todas las Resoluciones de la ONU, en especial la 37/9 del 9 de noviembre de 1982 que “le pidió a Argentina y al Reino Unido la reanudación de las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa de Soberanía sobre dichas Islas”. Igual opinión tiene la Diputada Sabrina Ajmechet o quienes consideran ―como el presidente Macri― que la recuperación de las islas significaría un déficit económico, desconociendo que el producto bruto per cápita de Malvinas es de noventa mil dólares; cuatro veces superior al de la ciudad de Buenos Aires y 50 veces al de La Quiaca (ambas ubicadas a 1.800 km de Buenos Aires); además de la invalorable importancia geopolítica de las islas en la parte meridional del Atlántico Sur y en relación con la Antártida, el océano Pacífico e Índico, como ya sabían los españoles en el siglo XVIII.

En el gobierno no hay sustento intelectual ni convicción política alguna para cuidar nuestros derechos marítimos y mucho menos, respetar el sentimiento de los argentinos. No es posible con este marco moral esperar idénticas políticas a las sostenidas por los independentistas de 1816; razón por la cual, el Pacto de Mayo es letra muerta. El ministro español de ultramar y académico Adelardo López de Ayala (1828-1879) hubiese dicho en la oportunidad: “cuando la estafa es enorme toma nombre decente”.

Decenas de hechos muestran la alineación colonial de este gobierno en las cuestiones relativas al Atlántico Sur, sus archipiélagos y recursos, aunque nos limitaremos a indicar algunas para no agobiar al lector.

En la cumbre del MERCOSUR y con la ausencia del presidente de nuestro país, en un hecho inédito en treinta años, el gobierno argentino no reclamó la soberanía de Malvinas. Precisamente un ámbito central donde la Argentina debería profundizar sus vínculos ante las relaciones amistosas y comerciales crecientes de los isleños en Uruguay, Chile y Brasil. Pero esto se ha transformado en una constante, porque todas las acciones militares británicas en Malvinas y de otro tipo son ignoradas por la Cancillería argentina, como los recientes ejercicios militares de las Fuerzas de Defensa de las islas, la Royal Navy y la Real Fuerza Área británica. Un debilitamiento de Argentina en los reclamos y un enfrentamiento diverso con los países que apoyan la posición argentina, que estarían demostrando la pérdida de apoyo en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.

Días antes la Canciller Mondino, al firmar en la ONU el “Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en alta mar” (BBNJ) con una ignorancia supina, se refirió a “proteger nuestras aguas” y a “ser inflexible en la defensa de nuestro territorio” desconociendo que se tratan de aguas internacionales donde la Argentina no tiene jurisdicción y que de ninguna manera ese Acuerdo resuelve la pesca ilegal como manifiesta sino que, por el contrario, a la ya presencia de una flota pesquera de más de 500 buques pesqueros extranjeros, a través de la creación que prevé este Acuerdo de “organizaciones regionales de integración económica” y su incorporación por parte del Reino Unido, se le habrá dado estatus de “Estado ribereño” a los isleños ocupantes de Malvinas, contrario a lo reglado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Mientras firma Acuerdos contrarios al interés nacional y en forma ignara, los pondera, tolera la pesca ilegal anual de 250 mil toneladas de recursos pesqueros en Malvinas sin aplicar la legislación argentina y la Res. 31/49 de la ONU, con un comportamiento que se tipificaría -al menos- de incumplimiento de los deberes de funcionario, ya que se trata de la pesca ilegal más importante del mundo de un Estado a otro, ignorando, lo que ya en el siglo XVIII Manuel Belgrano sabía: “un Estado sin la pesca nada puede sobre la mar”.

La economista-canciller desconoce que las Áreas Marinas Protegidas (AMP) que ese Acuerdo promueve; las utiliza el Reino Unido desde el 2017 para controlar los territorios de ultramar. Es el caso de Malvinas del denominado “Blue belt” donde el proyecto de AMP Bentónica “Agujero Azul” promovida por la fundación Wildlife Conservation Society (WCS) completaría el cinturón azul al NORESTE de Malvinas facilitando la llegada de los recursos pesqueros a las islas. Igual, al SUR de Malvinas con la declaración unilateral británica de “santuario ecológico” de un millón de km― alrededor de las islas Georgias y Sándwich; al ESTE con el citado Acuerdo de Cavallo y al NOROESTE con el GAP de 1.400 Km2 de calamares.

Se agrega el proyecto 1258-D-2024 del Diputado Manes que pretende que el Congreso declare AMPs por 595.000 km2, sin mencionar que el Reino Unido ―como indicamos― ya declaró un AMP de 1.070.000 Km2, es decir una reducción de las áreas de captura mucho mayor que la exigida en el acuerdo de biodiversidad. Un ejemplo patético de colonización y una asombrosa mutación de la “neurología” a “oceanografia”.

La macro o microeconomía no sirve para elaborar una estrategia marítima: «El 85% de la pesca a distancia en alta mar la realizan China, España, Taiwán, Japón y Corea del Sur que, del total mundial de 37 millones de horas de pesca ocupan 25 millones; motivo por el cual, el mayor daño no lo ocasionan los 216 Estados restantes, sino que lo generan solo cinco, que son los mismos que operan en el Atlántico Suroccidental y, por lo tanto, hay que trabajar sobre esos países responsables del desequilibrio de los ecosistemas, juntos capturan 26 millones de toneladas de un total 84 millones/año (2019), el 31% de las capturas sobre «221 Estados que notificaron algún tipo de actividad en el comercio pesquero» (FAO, “Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura”, 2020) y agregamos: el Reino Unido que se lleva el equivalente al 30% de nuestros desembarcos. Nada de ello hace la Cancillería Argentina y no se trata solo de ineptitud ―que la hay― sino una política de desmalvinización, que es la apunta del iceberg de la sumisión y dependencia nacional, con la consecuente desatención de la soberanía territorial y de los recursos naturales argentinos. De otro modo, no se podría entender el proyecto de reforma de pesca en la Ley de Bases sobre la extranjerización de la explotación del mar argentino; la permanencia de un radar británico en Tierra del Fuego; la designación de los embajadores Jorge Faurie en Chile ―el socio estratégico británico― y de Carlos Foradori en Ginebra, ambos responsables del Pacto Foradori-Duncan que promovía “el desarrollo de Malvinas” en poder de los isleños; la desatención de los estratégicos Puertos de Ushuaia y Río Grande, mientras que en Malvinas se licita un nuevo puerto destinado a dar logística a los buques de transporte, militares, de turismo y ciencia vinculada a la Antártida.

El enfrentamiento con los presidentes de nuestros tres principales compradores de pescado: Brasil, China y España y por supuesto la pelea con todos nuestros aliados naturales que “amenazan con hacer perder en la ONU de los apoyos históricos en la Causa Malvinas” (Taglioni, Augusto, LPO, 11/7/24); la tolerancia de que empresas de Israel exploten los recursos petrolíferos en Malvinas mientras se promueve el traslado a Jerusalén de la embajada argentina, etc., a lo que hay que sumar la paralización de todas las obras estratégicas, entre ellas la etapa norte del Gasoducto NK.

Y lo peor, no se trata de una simple asignación de prioridades, no es posible esperar de apátridas, proyectos destinados a fortalecer la soberanía política, territorial y alimentaria.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).