César Augusto Lerena*
El día 2 de abril en que debió resaltar frente al Cenotafio de Buenos Aires, el sacrificio de los combatientes argentinos caídos en Malvinas; pero el presidente Javier Milei dio por tierra el eje central de la reivindicación argentina respecto a Malvinas, plasmado en la Disposición Transitoria Primera del Constitución Nacional: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».
El Presidente «anheló», que los malvinenses «decidan algún día, votarnos con los pies»; es decir, aplicar «la fórmula británica de la autodeterminación» rechazada reiterada y fundadamente por la Argentina y descartada por las Naciones Unidas y, con sus improcedentes expresiones, invitando a los isleños británicos que se trasladasen desde un territorio ―las Malvinas e islas del Atlántico Sur― que no es ajeno a Argentina, sino parte integrante e indivisible de la República. Por sus afirmaciones la Justicia sabrá si tipificarlo de Incapaz o Traidor a la Patria. Además, debemos indicarle al Señor Presidente que el reclamo argentino ―como lo indica la Constitución Nacional― no solo alcanza a los «espacios marítimos circundantes» sino «a los correspondientes» y, entre ellos, a los 1.639.900 Km2 que tiene invadidos ―y explota los recursos― el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, nación que el primer magistrado ni siquiera mencionó a lo largo de su reducido discurso. Por cierto, tampoco son «malvinenses» sino isleños ocupas británicos y también rechazamos que «nuestra demanda soberana haya sido damnificada» por una supuesta casta política, porque si bien, se han llevado insuficientes y erróneas acciones políticas en los gobiernos de turno, no se puede involucrar en ellas a los importantes aportes de destacadas personalidades de la política y de la diplomacia argentina que permitieron el apoyo de las naciones del mundo y en particular el dictado de las Resoluciones de las Naciones Unidas, de singular valor para sostener la posición de Argentina sobre los derechos argentinos.
A modo de ejemplo, bastaría recordar el memorable «Alegato Ruda» donde el representante argentino, el Embajador Dr. José María Ruda, en el Subcomité III del Comité Especial encargado de examinar la situación respecto a la aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales (Nueva York, 09/09/1964).
No ha habido, daño más grave a la soberanía nacional que el infringido por las citadas declaraciones del presidente. Hay que prestar atención, que no se trata de un funcionario de segunda categoría el que efectuó las lamentables declaraciones, sino que son expresiones del Presidente de la Nación que lesionan toda la política argentina, muy especialmente las que resultaron el dictado de Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre otras la Resolución 31/49 del 1/12/1976 ―aunque aprobada gracias a las gestiones llevadas adelante por el gobierno de Isabel Martínez de Perón― que instó «a las dos partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones 1.514 (XV) del 14/12/1960, la 2.065 (XX) del 16 de diciembre de 1965 y la 3.160 (XXVIII) del 14/12/1973» y donde la Asamblea General de la ONU expresa «su reconocimiento por los continuos esfuerzos realizados por el Gobierno de la Argentina, conforme a las decisiones pertinentes de la Asamblea General, para facilitar el proceso de descolonización y promover el bienestar de la población de las Islas». Esfuerzos que parecen ignorar el presidente Milei.
De igual modo, las Resoluciones 2.065 y 3.160 citadas, donde la Asamblea General «pide a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que aceleren las negociaciones relativas a la disputa sobre soberanía».
Por otra parte, mediante un extraordinario esfuerzo y éxito de la diplomacia argentina y el apoyo de numerosos países del mundo la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14/12/1960 aprobó la Resolución 1.514 (XV) «que declaró que todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas»; una decisión plenaria que irresponsablemente pretende dejar de lado el presidente Milei.
En esta Resolución se declaró que «La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales»; que «a fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional»; que «Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» y que «Todos los Estados deberán observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de la ONU; de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la presente Declaración sobre la base de la igualdad, de la no intervención en los asuntos internos de los demás Estados y del respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial».
A esta importante Resolución le siguió la Resolución 2.065 del 16/12/1965 de las Naciones Unidas que despejó toda duda sobre los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, dejando constancia de «la existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña acerca de la soberanía sobre dichas Islas e invitó a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial» y, dejando nuevamente en claro, que ninguna cuestión relativa a «la autodeterminación» de los isleños está en juego.
La guerra por la recuperación de Malvinas de 1982 y el posterior retiro de las tropas argentinas no modificaron los derechos argentinos sobre los archipiélagos ya que la Resolución 37/9 de la Asamblea General de la ONU del 04/11/1982 «recordando todas las resoluciones citadas y las Resoluciones 502 (1982) y 505 (1982) del Consejo de Seguridad del 3 de abril y 26 de mayo de 1982…» la Asamblea General instó «a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte a que reanuden las negociaciones para encontrar en el más breve plazo una solución pacífica al conflicto de la soberanía en el asunto de las Malvinas»; es decir, absolutamente contrarias a las manifestaciones del desinformado (¿?) Diputado José Luis Espert y también a las imputaciones inconsistentes del presidente Milei.
El Reino Unido de Gran Bretaña carente de todo derecho sobre las islas se ha negado sistemáticamente a dialogar con Argentina sobre «el otorgamiento de la soberanía plena», demostrando un total desprecio sobre el reclamo reiterado y universal de los pueblos para terminar con esta invasión de los territorios insulares y marítimos argentinos; por el contrario el Reino Unido avanzó sobre nuevos territorios argentinos, ya que mientras en 1982 invadían y explotaban las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur de unos 20.000 Km2 y las tres millas marinas alrededor de éstas, han avanzado hasta invadir 1.639.900 Km2 de territorios insulares y marítimos argentinos y disputan con la Argentina 1.430.367 Km2 de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas y los territorios de la Antártida Argentina. Hecho gravísimo al que hay que agregarle la extracción ilegal de unas 250.000 toneladas anuales recursos pesqueros y el inicio de la explotación de recursos petroleros, estimada en 150.000 barriles diarios.
La pretensión del invasor, su dilación en el tratamiento del tema y la inconsistente argumentación utilizada es de una gravedad superlativa ya que atenta contra la soberanía argentina; por lo tanto, las declaraciones del presidente Milei comprometen la soberanía nacional y contradicen la política internacional seguida sin solución de continuidad por nuestro país desde la invasión a Malvinas por el Reino Unido en 1833 dando lugar al reconocimiento de la demanda argentina de la mayoría de los países del mundo. Una irresponsabilidad sin precedentes tratándose del primer magistrado de la Nación.
Pero, estas declaraciones gravísimas no pueden considerarse producto de una desinformación del presidente o del escribiente del discurso pronunciado el 2 de abril en el Cenotafio a la hora de honrar a los caídos en Malvinas, ni se trata de hecho aislado; son la culminación de una serie de actos contrarios al interés nacional que debilitan el pleno cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
El nuevo gobierno libertario alineado en forma irrestricta con los gobiernos de Estados Unidos-Israel rechazó la incorporación de Argentina a los BRICS, todas acciones que debilitan los tradicionales apoyos que tuvo Argentina sobre la Cuestión Malvinas en las Naciones Unidas. Insólitamente, mientras eso ocurría el presidente Donald Trump diferenció a las Islas Malvinas respecto a la Argentina continental aplicándole un arancel del 41% en lugar del 10% que le aplicó a la Argentina y el resto de los países de Sudamérica, como si Malvinas se tratara de un Estado independiente.
Por otro lado, es más que evidente el silencio del gobierno argentino frente a las distintas acciones británicas vinculadas a los territorios insulares y marítimos argentinos e, incluso, manifestando su intención de incorporarse a la OTAN; cuestión ciertamente insólita porque el Reino Unido la integra y la Argentina al igual que el Reino Unido ni siquiera le prestan atención a la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur», que este último viola sistemáticamente.
Al mismo tiempo, al asumir el gobierno del presidente Milei en 2023 no trató el presupuesto anual y con ello, congeló los fondos de las fuerzas navales armadas, de seguridad marítima y fluvial y de control, dificultando aún más la administración y control del Atlántico Sur y la ejecución de toda política de fortalecimiento de la soberanía nacional en la parte meridional del Atlántico Suroccidental y la Antártida, el control de la pesca ilegal, el trabajo esclavo, el narcotráfico y la contaminación marina.
La entonces Canciller Diana Mondino declaró en 2024 que era «necesario atender los derechos de los isleños», en línea con lo expresado por el presidente el pasado 2 de abril y en contraposición a lo previsto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y la doctrina mantenida por la Argentina de integridad territorial.
Este mismo año el Poder Ejecutivo Nacional presentó al Congreso la Ley de Bases (Ómnibus) donde se preveía reformar la ley de Pesca que permitiría el acceso mediante el pago de un canon a empresas pesqueras extranjeras a la Zona Económica Exclusiva Argentina; hecho inédito en el mundo desarrollado, hecho que hace inviable todo tipo de control argentino en el Atlántico Suroccidental, debilitando su administración y favoreciendo la posición británica en el área. Profundizando la gravedad de la medida, esta Ley preveía autorizar el desembarco fuera de los puertos nacionales, el ingreso de barcos de cualquier antigüedad y la utilización de tripulación extranjera en los barcos pesqueros. Al mismo tiempo derogaba la Ley 26.386 que prohibía que barcos habilitados por la Autoridad de Aplicación pescaran sin habilitación nacional en Malvinas y viceversa, permitiendo en consecuencia que buques que pescan con licencia ilegal británica en Malvinas, entre ellos los de sociedad española-británica, coreanos y taiwaneses pesquen en la Zona Económica Exclusiva Argentina, una verdadera cesión de la soberanía nacional. Este proyecto fue retirado por el gobierno por la gran oposición que realizaron los sectores empresarios, gremiales, políticos y expertos.
Mientras tanto, en nombre de la Corona Británica, el Comisionado de las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur extendió «la prohibición de pescar» a 449.000 Km2 en el denominado Santuario Ecológico ilegal del Reino Unido de 1.070.000 Km2 de alrededor de las islas, violando ―además de la soberanía argentina― la Convención de los recursos vivos en la Antártida, constituyéndose en un nuevo acto unilateral sin que la Cancillería argentina tomara posición alguna y actuara en consecuencia.
Se violaba de esta manera la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y toda la legislación argentina aplicable (Leyes 15.802; 22.584; 23.775; 23.968; 24.216; 24.543; 24.922; 25.263; 25.675; 26.386; 26.651; 26.776 y, 27.564) y la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, la administración invasora en Malvinas licita la construcción de un nuevo puerto en Malvinas cuyo costo de 194 millones de dólares estaría financiado por la Banca Rothschild, estimándose habilitar esta terminal portuaria en 2027, mejorando la logística en las islas, además de contar con un aeropuerto para aviones de gran porte. Todo ello facilitará las operaciones de los grandes buques de carga que utilizan el Estrecho de Magallanes para acceder al océano Pacífico ante la imposibilidad de hacerlo por el canal de Panamá. También los que transitan desde el océano Índico, los contingentes turísticos y los pesqueros extranjeros que operan en la parte meridional del Atlántico Suroccidental; además de promover el interés científico mundial de quienes trabajan en la Antártida; desplazando en todas estas actividades a los puertos del Tierra del Fuego. El objetivo del Reino Unido es la constitución de un Hub Regional en Malvinas.
La Canciller Mondino y la secretaria de Malvinas de la Cancillería Paola Di Chiaro, se ausentan en la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) donde, pese a ello «los países de la región reafirmaron su respaldo a los derechos de soberanía argentinos en la cuestión de las Islas Malvinas, conforme a lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas».
Se debilita el frente fluvial y marítimo argentino y se promueve la extranjerización de la administración de la vía troncal fluvial Paraná-Paraguay que a la par de desatender la soberanía nacional y el poder de policía en estos importantes ríos se impedirá el desarrollo regional del litoral del nordeste argentino. A la par se autoriza a Uruguay la profundización del canal del Puerto de Montevideo sin una tarea equivalente en el proyectado canal de Magdalena impidiendo la debida integración de la red comercial fluvial-marítima argentina y facilitando la logística de la pesca ilegal en alta mar de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva y de Malvinas, debilitando la soberanía en los archipiélagos del Atlántico Suroccidental y, muy especialmente, a las poblaciones de la Patagonia, cuya densidad población es la más bajas del país.
Ante la inacción de la Cancillería argentina, todas las operaciones relacionadas con Malvinas utilizan los puertos y aeropuertos de Uruguay para favorecer las operaciones pesqueras y petroleras de Malvinas; al igual que el puerto de Punta Arenas de Chile; es decir, se consolidan las relaciones del Reino Unido con estos países, pese a la posición retórica de Suramérica en favor de la Argentina y ante el poco interés de los funcionarios argentinos por buscar acuerdos con los vecinos, en especial los vinculados al Atlántico Sur y la Antártida.
Mediante el Comunicado de prensa del 24/09/2024 (IP 470/24) se promueve el Pacto Mondino-Lammy, donde se ratifican los contenidos del Pacto Foradori Duncan, firmado en 2019 donde se estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías (de titularidad de Argentina) y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba…»; es decir, facilitando el comercio de los isleños con uno de los centro más importantes de Suramérica de distribución mundial. Todo ello sin aporte alguno del Reino Unido como contrapartida a esta vergonzosa cesión del gobierno argentino.
En febrero de 2025 se designa a la embajadora argentina en Londres a Mariana Edith Plaza; nombramiento que mereció el rechazo de la Confederación de Combatientes de Malvinas, la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires y de gran parte del arco político opositor, por cuanto esta diplomática habría manifestado que se debería «renunciar a todos los reclamos y derechos que tiene la Argentina sobre las Islas Malvinas» (De Vedia Mariano, La Nación, 22/02/2025).
Sin oposición Argentina el Reino Unido en marzo de 2025 profundiza el proyecto petrolero León Marino (Sea Lion) de la empresa israelita Navitas Petroleum asociada a la británica Rockhopper Exploration que alcanzará la extracción de 150.000 barriles diarios y, en el mismo mes las fuerzas armadas británicas efectúan ejercicios militares en Malvinas para mostrar su potencial bélico a la Argentina y al mundo y su ocupación militar en el Atlántico Suroccidental.
La Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, el 3 de abril, ha denunciado al presidente Javier Milei por traición a la Patria.
Las acciones o inacciones precedentes confirman que las declaraciones del presidente Javier Milei el pasado 2 de abril no fueron producto de un error sino la clara determinación de dar por tierra con todos los avances logrados por Argentina respecto a recuperar su soberanía plena en Malvinas a través de toma de posesión territorial de todos los espacios insulares y marítimos invadidos en forma prepotente por Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar
