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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE XIANNANG (CONOCIDA COMO HONG KONG)

Giancarlo Elia Valori*

Las guerras del opio (1839-1842 y 1856-1860) fueron impuestas por el Reino Unido a China.

 

El imperialismo en sus formas más horrendas, que son el colonialismo y el neocolonialismo, pierde el pelo, pero no el vicio.

Los recientes acontecimientos relacionados con la aprobación de una ley por parte del Consejo Legislativo (parlamento) de Xiannang (destrozado por los colonialistas con el nombre de simio de Hong Kong) están desatando la furia de muchos occidentales. No sólo creen que Xiannang sigue siendo una colonia británica, sino que cuando descubren que Londres la ha cedido pacíficamente y a regañadientes a Pekín hace veintisiete años, les gustaría que Occidente siguiera dictando sus propias reglas desafiando al pueblo chino y a los miembros del Consejo Legislativo, la expresión de los ciudadanos de Xiannang.

Demos un paso atrás y sumerjámonos en la historia para contar cómo el Oporto con aroma a incienso terminó en las manos codiciosas, sucias y sangrientas de los imperialistas británicos.

Todo comenzó cuando Gran Bretaña inició las dos Guerras del Opio (1839-1842, 1856-1860) para tener no solo la posibilidad sino el derecho de exportar drogas al Imperio Medio: Inglaterra fue el primer traficante autorizado por la fuerza de sus armas que se utilizaron para vender opio a los chinos, una droga refinada y perfeccionada a través de la India, reducida a la condición de apéndice de la reina Victoria.

Hong Kong fue fundada como colonia del Imperio británico después de que la dinastía Qing cediera la isla de Xiannang en 1841-1842 como resultado de la pérdida de la Primera Guerra del Opio, que humilló al Imperio Medio. La colonia se expandió a la península de Jiulong (Kowloon) en 1860 y se extendió aún más cuando el Reino Unido obtuvo un contrato de arrendamiento de 99 años de los Nuevos Territorios en 1898.

Dos años más tarde, una fuerza multinacional compuesta por Austria-Hungría, Francia, Alemania, Japón, Italia, el Reino Unido, Rusia y los Estados Unidos de América desembarcó en China para reprimir el levantamiento imperialista anticolonial de los bóxers. A esto le siguieron numerosos abusos, ejecuciones sumarias y violaciones contra la población civil china, así como el saqueo de objetos de arte (muchos de los cuales fueron llevados a Europa).

Cuando las tropas aliadas se trasladaron de Pekín al campo del norte de China, ejecutaron a un número desconocido de personas acusadas o sospechosas de ser o parecerse a los rebeldes bóxers. Mientras los Aliados estaban en Pekín, saquearon palacios, yamen y edificios gubernamentales, infligiendo una pérdida incalculable de reliquias culturales, libros de literatura e historia (incluido el famoso Yongle Dadian) y daños al patrimonio cultural (incluida la Ciudad Prohibida), el Palacio de Verano, Xishan y el Antiguo Palacio de Verano.

Más de 3.000 budas de bronce chapados en oro, 1.400 obras de arte y 4.300 bronces fueron saqueados del templo de Songzhu. El chapado en oro de los tanques de cobre frente a los edificios de la Ciudad Prohibida fue raspado por las tropas aliadas, dejando marcas de arañazos que aún se pueden ver hoy en día. El Yongle Dadian, compilado por 2.100 eruditos durante el período Ming Yongle (1403-1408), con un total de 22.870 volúmenes, había sido parcialmente destruido durante la Segunda Guerra del Opio en 1860. Más tarde se recogió en el Palacio Imperial de la calle Nanchizi. Sin embargo, fue encontrado y completamente destruido por la alianza en 1900. Parte del Yongle Dadian se utilizó para la construcción de fortificaciones.

La Biblioteca Completa de los Cuatro Tesoros (o Siku Quanshu) fue compilada por 360 eruditos durante el período Qing Qianlong. Recopiló 3.461 libros antiguos, con un total de 79.309 volúmenes. Algunos de ellos fueron destruidos en 1860 durante la Segunda Guerra del Opio. Otros 10.000 y más volúmenes fueron devastados en 1900 por la Alianza de las Ocho Naciones. La Academia Hanlin albergaba una colección de libros preciosos, libros de la dinastía Song, material literario e histórico y pinturas preciosas. La Alianza de las Ocho Naciones también saqueó estas colecciones. Algunos de estos libros, robados al pueblo chino, permanecen vergonzosamente conservados en los museos de Londres y París, sin que ningún intelectual haya pedido que se los devuelvan al pueblo chino-

La alianza se disolvió tras la firma del Protocolo de los Bóxers en 1901, después de dos años de lucha, un acuerdo que ahora se incluye en los tratados desiguales impuestos por la violencia.

Y hoy los herederos «multicolores» de los mismos colonialistas imperiales, ladrones, asesinos, violadores y engrasadores, regresan con una palabra de libertad y democracia: la suya, con la esperanza de seguir explotando Xiannang a su conveniencia y placer.

Con respecto a la nueva legislación sobre la salvaguardia de la seguridad nacional en Xiannang, los malentendidos y controversias de algunos se centran principalmente en estos puntos: 1) el proceso legislativo es demasiado rápido; 2) la nueva ordenanza es demasiado estricta y algunas disposiciones son demasiado ambiguas, lo que da un amplio espacio a las explicaciones y, por lo tanto, otorga más poderes a la aplicación de la ley; 3) la ley viola los principios de derechos humanos y puede obstaculizar las empresas extranjeras y poner en peligro a los extranjeros que viven en Xiannang; 4) la ley empuja aún más a Xiannang a perder singularidad y competitividad en el mundo, convirtiéndola en una ciudad que no tiene diferencia con otras ciudades de China continental.

Responder:

1) Si hay acuerdo entre los miembros del Consejo Legislativo, no está claro por qué es demasiado rápido; es especialmente ridículo decir esto en Italia, donde los ciudadanos se quejan de la excesiva duración de los procedimientos jurisprudenciales, procesales y burocráticos.

2) No corresponde a terceros juzgar la severidad y el mérito de las leyes de otro país, sino que es su pueblo el que se expresa a través de instituciones representativas. Y así lo afirma el derecho internacional, a menos que intervengamos con bombardeos humanitarios y armas sofisticadas para cambiar la opinión de la gente; después de todo, hacerlo eliminaría por completo las fuerzas de la ley y el orden en Xiannang como esperaban los mencionados.

3) La violación de los derechos humanos, el primero de los cuales es la vida, habría que exigirlo para los pueblos de Dresde, Hiroshima y Nagasaki; para los pueblos de Vietnam, Irak, Afganistán y los de África y otras partes del mundo, que fueron  carne de cañón para la industria armamentística occidental.

4) ¿Por qué los chinos no deberían convertirla en una ciudad que no tenga diferencias con otras ciudades de China continental? La respuesta es muy sencilla: para que siga siendo un enclave del imperialismo, o incluso se convierta en una base militar de la OTAN. Xiannang es chino, pero los imperialistas quieren que siga siéndolo solo en restaurantes, postales y souvenirs para los occidentales de vacaciones en busca de emociones, y para los militaristas de negocios con rostro «humano» y «democrático».

Esta legislación salvaguarda la seguridad nacional y está en consonancia con la práctica internacional. Todos los países del mundo conceden gran importancia a la legislación de seguridad nacional, que está vinculada a la supervivencia de un Estado. Xiannang es una Región Administrativa Especial de la República Popular China y no de otras, y tiene la responsabilidad constitucional de salvaguardar la seguridad nacional.

A través de la legislación del artículo 23 de la Ley Básica, Xiannang puede complementar las disposiciones legales locales relacionadas con la seguridad nacional, absorber nuevas disposiciones internacionales sobre delitos relacionados con la seguridad nacional y construir un sistema legal integral para salvaguardar la seguridad nacional. Solo de esta manera, y sin interferencias externas, Xiannang podrá ganar confianza, desarrollar su economía con tranquilidad y mantener la prosperidad y la estabilidad a largo plazo.

La seguridad nacional es la piedra angular del desarrollo de Xiannang, ya que no habrá conflicto entre la seguridad nacional y los intereses públicos. La razón es simple: no hay ningún interés público en este mundo que ponga en peligro la seguridad nacional. Si pone en peligro la seguridad nacional, no puede ser de interés público.

El artículo 23 de la Ley Fundamental añade algunos delitos de acuerdo con las necesidades de la situación actual: tiene visión de futuro y debería proporcionar un apoyo importante para el mantenimiento de la buena gobernanza y la estabilidad a largo plazo en Xiannang.

La legislación del Artículo 23 construye un fuerte muro de seguridad nacional y cierra algunas lagunas legales. En particular, la modificación de algunas leyes existentes, la conversión de algunos delitos de derecho consuetudinario en leyes estatutarias y la creación de efectos extraterritoriales no darán a los elementos antichinos y perturbadores ningún espacio para afianzarse en Xiannang, y aquí queda claro cómo la ciudad se protege contra las revoluciones de color heterodirigidas, cuyos fracasos están sembrando la muerte en Europa del Este.

El artículo 23 de la Ley Básica de Xiannang es claro y establece: «La Región Administrativa Especial de Xiannang promulgará su propia legislación para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión del gobierno popular central y robo de secretos de Estado, y prohibir a las organizaciones o grupos políticos realizar actividades en la Región Administrativa Especial de Xiannang,  prohibir a las organizaciones o grupos políticos de la Región Administrativa Especial de Xiannang establecer vínculos con organizaciones o grupos políticos extranjeros». Es decir, evitar intervenciones desde el exterior que pongan en peligro la seguridad nacional y organizaciones que se dediquen a actividades que atenten contra la seguridad nacional.

El gobierno de Xiannang promovió la legislación del Artículo 23 el 30 de enero y lanzó una consulta pública de un mes de duración, durante la cual se recibieron más de 13.000 opiniones, de las cuales el 98,64 por ciento expresó apoyo y opiniones positivas. Sobre esta base, el gobierno de Xiannang redactó el proyecto de ley y lo presentó al Consejo Legislativo para su revisión.

Los reglamentos relativos a las nuevas disposiciones legislativas han estudiado y absorbido un gran número de disposiciones y precedentes del common law, manteniendo la coherencia y sincronización de la legislación nacional en materia de seguridad con los principales países y regiones del common law. Su marco penal y su sistema punitivo son científicamente razonables, comparables y compatibles con el derecho de seguridad nacional y pueden utilizarse como referencia para las esferas en las que se aplica el derecho consuetudinario. Las nuevas normas cuentan con suficientes preparaciones previas, una buena base de opinión pública y un alto grado de consenso social, y constituyen un punto de referencia importante para una legislación de alta calidad en la región administrativa especial.

Todos los ámbitos de la vida en Xiannang reconocen en general que sólo complementando la legislación local del artículo 23 y mejorando aún más el sistema institucional de la Región Administrativa Especial para salvaguardar la seguridad nacional será posible garantizar la prosperidad y la estabilidad de Xiannang y la aplicación a largo plazo del principio de «un país, dos sistemas».

La política de «un país, dos sistemas» contribuye a salvaguardar los derechos y libertades legítimos de los residentes de Xiannang y otros ciudadanos de conformidad con la ley, y conduce al mantenimiento de la prosperidad y la estabilidad a largo plazo de la Región Administrativa Especial de Xiannang.

Lo que se denomina el «muro protector» de la prosperidad y la estabilidad garantizará un desarrollo de alta calidad con un alto nivel de seguridad y amplias perspectivas de gobernanza, y la prosperidad en Xiannang se verá más favorecida.

El sistema de seguridad nacional y el estado de derecho servirán además como elemento disuasorio jurídico para las fuerzas de intervención externa y contribuirán a fortalecer la confianza y la identidad de la sociedad Xiannang en el estado de derecho, mejorará la confianza de los inversores y consolidará el reconocimiento internacional y las funciones de servicio global de Xianang como centro financiero internacional, optimizando el entorno empresarial gratuito y el mecanismo de promoción de Xianang en el mundo.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción. 

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EL STURZENEGGER POR LA BOCA MUERE

César Augusto Lerena*

Artículo publicado (tapa) por Página 12 el 17 de febrero de 2024.

 

Sturzenegger es, sin dudas, un hombre de la «casta»…

El Poder Ejecutivo retiró el proyecto de ley ómnibus pero no parece dispuesto a renunciar a sus intenciones y cumplirlas por otras vías. Aprovechando la invitación a disertar en un simposio celebrado en Miami, el cerebro del proyecto, Federico Sturzenegger, insistió en mencionar al sector pesquero argentino como un factor negativo. Incluso citó la Ley Federal de Pesca promulgada por el presidente Carlos Menem en 1997.

Dijo Sturzenegger que en lugar de la ley vigente un nuevo régimen «buscaba licitar los permisos de pesca para que el Estado obtenga un mayor beneficio, pero la iniciativa no prosperó en el Congreso debido al lobby de las empresas pesqueras».

En general los proyectos de ley se tratan en las comisiones específicas del Congreso. Respecto a la reforma de pesca, debió tratarse en la Comisión de Intereses Marítimos, cosa que no ocurrió, discutirse y eventualmente aprobarse por los diputados de esa representación. Finalmente, si se logran los consensos adecuados un proyecto puede recibir la media sanción parlamentaria si la mayoría lo aprueba en el recinto.

Cuando son proyectos del Poder Ejecutivo, como este caso, se presentan a defender la propuesta los ministros, secretarios o subsecretarios del área. Cuestión que insólitamente tampoco sucedió. En varios escritos insté al secretario de Bioeconomía Fernando Vilella y al subsecretario de Pesca José Antonio López Cazorla a que dieran su opinión. Ante su silencio lo mejor fue aplicar aquel proverbio que dice que «hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño». Y apareció. Se llama Federico Sturzenegger. Queda claro porque fue uno de los temas que eligió para su exposición en el Miami Herbert Business School.

¿A qué economista se le ocurriría hablar en un foro de esta naturaleza sobre un tema tan complejo ajeno a su especialidad y a la de la universidad que lo convocó si no fuese porque se trata del autor del proyecto seriamente cuestionado por todo el arco político, empresario, gremial y técnico, a punto tal que debió ser retirado de la ley ómnibus?

Hay cierta egolatría en los autores de los textos ―aun los malos― y es frecuente que el pez por la boca muera cuando no dispone de argumentos sólidos.

Es el caso de este profesor que, entre otras cosas, indicó: «La Argentina tiene un mar lleno de peces (donde) hay unas pocas empresas que pescan gratis los peces de todos nosotros, de lobbies y de un adormecimiento de la sociedad durante cincuenta años (…) un régimen de pesca con un origen muy militar (…). No hay derechos de propiedad en el mar, el gobierno da la autorización para pescar a alguien y cobra por eso. En Argentina se cobra un 0,15 por ciento. O sea, es gratis. Cuando uno lee la ley de pesca se da cuenta de que los militares lo que querían eran barcos (y) decían: hacéme un barco y yo te regalo la pesca (…). Luego se armó un sistema donde a aquel que tenía la pesca se le mantuvieron los privilegios. Nosotros quisimos plantear que esos permisos de pesca se tenían que licitar (y) no conseguimos ningún voto». Los textuales están tomados de la Revista Puerto del 14 de febrero último.

El proyecto viola la Constitución Nacional y el artículo 25º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Civiles y Políticos (16/12/1966) porque «menoscaba el derecho inherente de los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente de sus riquezas y recursos naturales» y por ello, seguramente, no obtuvo ni un solo voto en el Congreso.

Sturzenegger es, sin dudas, un hombre de la «casta» y es llamativo que no hubiese planteado antes que «la pesca es un negocio de unos pocos» ya que fue secretario de Política Económica con Fernando de la Rúa en 2001, presidente del Banco Ciudad (2008-2013), diputado nacional (2013-2015) y presidente del Banco Central (2015-2018). No podría decirse que no era un hombre informado, ya que fue considerado «el segundo economista académico residente en Argentina con mayor impacto en la ciencia económica» (Ranking IDEAS). Aunque, sería bueno recordar también que según CEPA «la política monetaria del organismo conducido por Sturzenegger le costó al Estado unos 1,2 billones de pesos, y el déficit fiscal del 2017 fue el tercero más alto de la historia». Sturzenegger no tiene ningún antecedente en una actividad productiva. Tampoco en la pesca.

No siendo funcionario del gobierno actual, es evidente que Sturzenegger se expresa en su calidad de autor del proyecto en estas charlas de difusión popular. Pero de la lectura de la reforma que propone no solo se desprende que no conoce la industria pesquera. También surge que está promoviendo un pésimo proyecto económico y un modelo depredador que ha sido dejado de lado hace treinta años por las administraciones pesqueras más desarrolladas y modernas del mundo. Por lo cual, si realizó los mismos comentarios que hizo en Miami en la Fundación de Rockefeller de la Universidad de Harvard, en la Universidad de San Andrés y en la Universidad HEC de París, la información que difunde es como mínimo errónea e incompleta. Además, desalienta seriamente las inversiones en esta materia en la Argentina y daña severamente a la industria argentina de capital nacional o extranjero radicada en el país. Esa industria compite en el mercado internacional con las reglas de éste. Lo hace incluso bajo las políticas poco competitivas de distintos gobiernos, entre otros el que lo tuvo a Sturzenegger como funcionario jerarquizado y esencial en la política monetaria.

Llama la atención, también, que Sturzenegger se refiera al negocio de pocos y a los lobbies, ya que si de ello se hubiese enterado recién en diciembre pasado habría que preguntarse por qué el gobierno actual designó como subsecretario de Pesca al citado López Cazorla que ha sido miembro del Consejo Federal Pesquero desde el 2006 a 2019 y, por tanto, directamente responsable de establecer la política pesquera, de aprobar permisos, cuotas y autorizaciones de captura y de fijar los valores de los derechos de captura a las empresas. En ese período Sturzenegger era presidente del Banco Central.

Por otra parte, el mar no está lleno de peces que puedan capturarse, como dijo en Miami. Las «capturas máximas sostenibles» las determinan el Instituto Nacional de Investigación (INIDEP) y el citado Consejo Federal, de modo tal que la máxima explotación posible sin dañar el ecosistema se distribuya en unos 520 buques también habilitados por este Consejo. El otorgamiento de cuotas y autorizaciones se realiza mediante una serie de exigencias definidas en los artículos 26º y 27º de la Ley 24.922 que el proyecto de Sturzenegger precisamente desnaturalizó.

La intención de Sturzenegger es que el simple pago de un canon permitiese a buques extranjeros el acceso a la Zona Económica Exclusiva. Quiere allanarles el mar a estas flotas, que hubiesen podido tener cualquier antigüedad y utilizar solamente mano de obra extranjera. Y además, y muy importante, podrían desembarcar en cualquier puerto extranjero e incluso efectuar transbordos en el mar, procedimiento que la FAO considera una de las primeras causales de la pesca ilegal.

La mayoría de los buques que pescan a distancia, contrariando a la Organización Mundial de Comercio, lo hacen subsidiados. No pagan aranceles en sus países y realizan la pesca con trabajo esclavo. Incluso pescan a pérdida, porque vienen por la más importante proteína de origen animal.

El proyecto de Sturzenegger atrasa 30 años. La captura extranjera llevaría a cambiar el sistema de cuotificación implementado en la Argentina en 2008 por imperio de la Ley 24.922 sancionada en 1998 y no en el gobierno militar como refiere. El sistema quedaría reemplazado mediante la extracción por «pesca olímpica», un método descartado en el mundo. Se repetiría el error cometido en 1986 con los Acuerdos con la URSS-Bulgaria y en 1994 con la Unión Europea. Éste último acuerdo produjo una depredación sin precedentes. Su denuncia fue muy dificultosa por la asimetría económica y comercial entre los países partes. En ambos casos los acuerdos se limitaron a la captura de supuestos excedentes y no al total del stock pesquero que plantea el proyecto.

Todo ello, que omitió decir Sturzenegger en su charla de Miami, hubiese producido el más absoluto descontrol de la pesca y la consecuente depredación en el Atlántico Sur. La caída de las exportaciones pesqueras argentinas. La quiebra del sector con la consiguiente desocupación y el éxodo de las poblaciones portuarias de la Patagonia. Un procedimiento de apertura del mar argentino a flotas extranjeras que no tiene antecedente en ningún país desarrollado. Tampoco en los Estados Unidos, donde Sturzenegger dio su charla. Solo se aplica en Costa Rica, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y algunos países africanos, que no tienen desarrollada su flota, su industria ni sus mercados pesqueros.

Sturzenegger desconoce que el sistema de licitación fue desechado en todos los países del mundo desarrollado por ineficaz para promover una pesca sostenible, sustentable y estable en los Estados ribereños. La pesca no es la construcción de una ruta. Requiere previsibilidad y tiempo. Chile es el único país que «licita internamente» el 15 por ciento de sus cuotas y lo hizo mediante una negociación para promover el interés de nuevos actores a cambio de otorgar a los empresarios cuotas de pesca por veinte años con opción a otros veinte.

Referirse a que «Una posibilidad de éxito se basa en empobrecer a aquellos que empobrecen al pueblo, buscar mecanismos para restarles esos recursos, porque esos recursos van a ser usados como mecanismo de bloqueo a cualquier proceso de reforma», es incalificable. En este proyecto hubo intencionalidad, perversidad, audacia y desprecio por la industria nacional. No puede dejarse en estas manos el diseño de políticas que llevarían a la destrucción de un sector productivo, generador de pueblos e industrias en el litoral marítimo patagónico con la más baja densidad poblacional del país. Pero también afecta la industria pesquera de Mar del Plata, donde se desembarca el 50 por ciento de las capturas nacionales.

Sturzenegger también omitió hablar de la derogación del art. 27 bis (la Ley 26.386) que abriría el mar argentino a los buques que pescan en forma ilegal en Malvinas, violando la Constitución Nacional.

La Ley de Pesca debe reformarse en la mayoría de los artículos, pero absolutamente en ninguno de los propuestos por el animador de la ley ómnibus. Sturzenegger debería haberse ocupado en determinar cuál es el valor sustentable de los derechos de captura y por qué el Consejo Federal no habría establecido desde 1998 a la fecha. Debió conocer si todos los buques cuentan con la habilitación legal y cuál es el resultado del Informe de la Auditoría de la UBA. Por qué motivo los fondos provenientes del cobro de derechos de captura en la Zona Económica Exclusiva no son distribuidos adecuadamente para solventar el total de gastos del Estado en investigación y control. Por qué existe concentración en la actividad. Cuáles son las razones por las cuales tratándose de recursos de dominio del Estado se negocian las transferencias entre privados y por el contrario la reforma eliminaba la intervención de la Autoridad de Aplicación; por qué motivo el gobierno no ha iniciado acciones a los buques extranjeros que pescan en Malvinas; por qué se siguen admitiendo los descartes que permitirían alimentar a tres millones de niños por día. Por qué no se ha actuado sobre los Estados de la flota extranjera que pesca los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva.

«Un Estado sin pesca nada puede sobre la mar», escribió Manuel Belgrano. En el siglo XIX ya tenía ideas más claras que el disertante de Miami.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. www.cesarlerena.com.ar

EL MODELO DE ENAJENAR LOS BIENES DEL ESTADO VOLVERÁ SOBRE LA REFORMA PESQUERA

César Augusto Lerena*

El pescado es un bien del Estado. Algunos referentes afines al gobierno manifestaron que el sector pesquero se quedaba por unas monedas con un recurso de todos los argentinos. Para contrastar con estas afirmaciones, el sector y distintos opinantes refirieron que los empresarios aportaban el 35% de las ventas. Una discusión distractiva que esconde el verdadero objeto de reformar la ley de pesca que, a juzgar por su contenido original y, aún luego de la primera corrección, tenía como objetivo llevar adelante un programa de liberar el mar al mejor postor, lo mismo que justificó al gobierno el intento de derogar la Ley de Tierras.

Cuando el autor o autores, ni el Subsecretario del ramo, no pueden defender la reforma, nos lleva a pensar que el proyecto a tratar en Diputados era indefendible técnicamente. Se basó en cuestiones que no pueden fundarse y/o en razones ideológicas fundamentalistas que podrían dar a lugar, incluso para llevarlas adelante, a destruir un sector industrial que compite internacionalmente pese a la errática e inconsistente política económica argentina. Como la eventual privatización de algunas empresas (YPF, INVAP, etc.) no importa si generan o no superávit o si son estratégicas para la Nación; da lo mismo, si las empresas pesqueras o la industria naval son nacionales o extranjeras y tampoco si la explotación es sostenible y sustentable.

Es el modelo en el que está en juego. El remate al mejor postor, no hay fundamentos relativos a la estrategia nacional, al desarrollo poblacional e industrial ni la generación de empleo argentino.

Señores empresarios no se distraigan, el gobierno insistirá a través de Decretos, muchas de las cuestiones planteadas en la reforma fallida podrían haber sido de resorte del ejecutivo o, bien, Decretos de Necesidad y Urgente (DNU) o a través de una nueva ley en las Sesiones Ordinarias y entonces sería deseable que el sector pesquero y la industria naval tengan un proyecto, no de maquillaje sino de una verdadera reforma moderna, profunda, sostenible y sustentable.

Hay cambios que hacer en la actividad pesquera y no se puede seguir llorando sobre la leche derramada. Siempre será preferible que los cambios resulten de la discusión interna en el sector. Nosotros hemos concluido ese proyecto y lo debatiremos en el ámbito empresario o público.

Para quienes no hay podido recibir nuestro último artículo de opinión (César Lerena, “Un día después del intento de enajenar la pesca y la industria naval nacional”, 01/02/2024) lo transcribimos:

«Se dejaron sin efecto los artículos de modificación de la Ley de Pesca y hubo un respiro de alivio en el sector pesquero, industrial naval y las industrias anexas; pero, aunque pareciera, nada ya volverá a fojas cero.

Antes de analizar lo que deja el proyecto de reforma de la Ley de Pesca, sería bueno saber ¿quién fue el autor de esta iniciativa?, ya que, contrario a cualquier proyecto de ley puesto a consideración del Congreso, este careció de fundamentos que pudieran justificar el cambio de 180 grados que se proponía. Por otra parte, ha sido muy llamativo que el secretario de Bioeconomía Vilella o el Subsecretario de Pesca López Cazorla no hayan salido a explicar el proyecto del P.E.N. Por mucho menos, cualquier presidente les hubiese pedido la renuncia.

Aun así, esta reforma puso de manifiesto, más que la calidad de sus textos la debilidad del sector pesquero, cuya actividad es poco conocida en la sociedad, en los propios ámbitos de poder e incluso en el Ministerio del área, donde es la prima pobre y fea de la Agricultura y Ganadería. Y lo peor es que en algunos casos, incluso, se ventila una mala imagen promovida por parte de algunos de sus actores, a pesar de ser parte indivisa de lo que se cuestiona. Esto requerirá un necesario cambio de las reglas de juego.

Hay quienes deslizaron que los diseñadores de esta reforma desconocían la actividad y el proyecto tenía como objetivo una mera cuestión recaudatoria. Nosotros creemos que no es ni una ni otra. Por un lado, para elaborar este proyecto se debió contar con el aporte indispensable de alguien vinculado a la pesca, capaz de analizar la ley de pesca vigente, ya que se efectuaron cambios destinados a producir un importante diseño que hubiera implicado la destrucción de la industria pesquera nacional existente para permitir el acceso de buques de terceros países, estén o no pescando en la actualidad los recursos migratorios argentinos más allá de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina o en Malvinas con licencia ilegal de los isleños británicos. Hubo conocimiento, perversidad, audacia y desprecio por la industria nacional.

Aumentar ostensiblemente el canon a través del ingreso de buques extranjeros a la ZEEA; no requerirles ninguna antigüedad a las embarcaciones ni que desembarquen en puertos argentinos y no exigirles tripulación argentina, no hubiese aumentado la recaudación del Estado ya que, como hemos visto en el informe estadístico de las empresas, “la pesca no aporta el 0,2% sino el 35% de las ventas” (Karina Fernández, Revista Puerto, 30/01/2024). Aun así, es una facultad del Consejo Federal Pesquero, que está integrado por funcionarios nacionales y provinciales quienes pueden decidir sobre el aumento de los derechos de captura, etc., que, en cualquier caso, no puede ser arbitrario sino tener en cuenta todas las variables internas y las derivadas del comercio exterior.   

Habiendo eliminado ―como se hizo ante las primeras quejas― algunas de estas excepciones a la ley, no puede esperarse que una actividad se desarrolle y genere más recursos, si las herramientas que se utilizan no están destinadas a producir más y mejor; para ello, lejos de desestimarse las exigencias previstas en el artículo 26º y 27º de la Ley 4.922 de Pesca, hay que profundizarlas para premiar a quienes invierten,; agregan valor y generan productos de calidad destinados en forma directa a las góndolas de los mercados consumidores; destinan parte de su producción al mercado interno y promover el consumo nacional que está entre los más bajos de Latinoamérica; incorporen tecnología de última generación; capturan y procesan forma sostenible; no pescan en forma ilegal y no realizan prácticas prohibidas, en especial no descartan materias primas aptas para el consumo; capacitan y generan mano de obra calificada y registrada; fabrican sus buques en astilleros nacionales públicos o privados y ponen al servicio de la explotación buques de menor antigüedad y seguros; radican sus empresas en lugares estratégicos y de baja densidad poblacional; trabajan con responsabilidad social en relación a sus comunidades, etc.

Quien propició esta reforma no desconocía estas exigencias, por el contrario, las eliminó para facilitar el acceso de buques extranjeros a la ZEE Argentina. Tampoco podía desconocer que el sistema de licitación pública se desechó en el mundo desarrollado por ser ineficaz para promover una actividad pesquera sostenible y sustentable en los Estados ribereños. Y ello es muy importante, porque de ellas dependen las empresas y los trabajadores. No debería haber proyecto aprobado por la Autoridad de Aplicación sin sustentabilidad.

Esta reforma podría haber tenido como objeto un proyecto de explotación extranjera directa que hubiera requerido de oficinas ad-hoc en la Argentina para llevar adelante “los negocios” pertinentes o destinado a facilitar el uso de puertos argentinos a embarcaciones extranjeras que pescan ilegalmente al margen de la ZEE Argentina, como el que denunciamos, cuando se promovía la construcción del puerto de Río Grande… Ambos objetivos se habrían sustentado también con la derogación del Artículo 27 bis de la Ley 24.922 que hubiera permitido que buques con licencias ilegales en Malvinas lo hicieran también la ZEE Argentina y viceversa.

Este proyecto no se trató de un mero aumento del canon para pescar; que, si de eso se trataba, hubiera bastado ―como dijimos― con una mera resolución fundada del Consejo Federal Pesquero; o bien, aunque no se dice, este Consejo pudo ser parte del problema, donde el actual Subsecretario fue 13 años su miembro.

Podría ser peor en el futuro y no quiero avivar giles, por eso daré un solo ejemplo, donde la reforma mantenía un párrafo del artículo 27º: “Las cuotas de captura serán concesiones temporales que no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje que fijará el Consejo Federal Pesquero sobre la Captura Máxima Permisible por especie a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas”; un mecanismo que podría dar lugar a que un pequeño número de personas diga cuándo una concentración “es indeseable” y, con este justificativo u otro biológico sin el respectivo fundamento, no se reduzca la cuotas sino los días de pesca, haciendo inviable la actividad pesquera, en favor de nuevos permisos y/o o cuotas (véase antecedentes de los recortes en la Unión Europea) o, todo lo contrario, que unos pocos se queden con todas las cuotas.

Nada de esto lo tuvo en cuenta el sector pesquero. Se manejó a puro instinto, como cuando salía a pescar a mediados del siglo pasado con las lanchitas amarillas apelando a la pura abundancia. Y es notable, porque todos sabemos que hablamos de un recurso que debe tratarse “en forma conjunta e integral”, como refiere a FAO y la Convención del Mar (CONVEMAR) … por lo cual es verdaderamente notable que exista tal número y diversidad de Cámaras y de Gremios, atomizando la estrategia sectorial que, dificulta, una política acordada.

En este proceso angustiante no estuvieron los argentinos en defensa de esta actividad, porque “viven de espaldas al mar”, a pesar de que el territorio marítimo sea mucho más amplio que el continental y es que “no se quiere lo que no se conoce” y los gobiernos de turno y toda la actividad tienen una gran deuda al respecto. Tampoco hablaron los consumidores, porque la Argentina tiene un bajísimo consumo per cápita de 4,8 kg por año, por debajo del promedio de Latinoamérica y África.

No estuvieron los intendentes de las ciudades-puertos ―a excepción de Montenegro en Mar del Plata― que deberían entender que esta actividad es formadora de pueblos, de radicación de industria y generadora de empleos. Y los gobernadores del litoral marítimo se opusieron a la reforma; pero ¿quiénes son, al igual que en el sector agropecuario, los diputados y senadores nacionales y provinciales, cualquiera sea su pertenencia política, que representan y conocen las virtudes de esta actividad?»

“Una victoria más como ésta y estamos perdidos” James Joyce, Ulises

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Web: cesarlerena.com.ar