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LA PÉRDIDA DE LOS TRIPULANTES DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN. UNA LEY PARA SU HOMENAJE Y PROTECCIÓN

César Augusto Lerena*

El Submarino ARA San Juan (S-42) sirvió desde el 2 de diciembre de 1985 a la República Argentina. Tenía su asiento habitual en la Base Naval de Mar del Plata hasta que el 15 de noviembre de 2017 en una misión de patrulla de “vigilancia y control” perdió contacto con la Armada, siendo localizado en el POI Nº 24, 45°56′ 59” S 59°46’22″O el 17 de noviembre de 2018 a unos 907 metros de profundidad, a la altura del Golfo de San Jorge y a unas 270 millas náuticas de Comodoro Rivadavia, sobre la plataforma continental argentina.

Para ello, la Oficina Internacional para el Rescate y Escape de Submarinos coordinó el envío de naves, aeronaves, equipos y personal especializado desde 18 países que, junto a los de Argentina, alcanzaron a más de 37 naves y aeronaves y, unas 4 mil personas que realizaron las operaciones de búsqueda en un área de 482.507 km2.

No obstante, la fecha oficializada del hallazgo del submarino, el 17 de noviembre de 2018, el contralmirante (R) de la Armada Argentina Luis López Mazzeo reveló ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que «el gobierno argentino habría conocido su ubicación al menos 20 días después de su desaparición. La posición —dijo— la había revelado el buque chileno «Cabo de Hornos» (Andrés Klipphan, 7/11/2020, Infobae)»; información, «que habría sido ratificada por el Capitán (R) de la Armada de Chile, César Miranda, quien fue comandante de la citada nave en noviembre de 2017 (Ultimas Noticias -Chile- 22/11/2020. pág. 3,4).

Por su parte, el entonces embajador argentino Rafael Grossi miembro de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, informó al Ministerio de Defensa de Argentina un año antes del encuentro del submarino, que éste podría encontrarse en la latitud 46.12 y longitud 59.69 donde se había descripto un evento “anómalo, único, corto y violento” coincidente con una explosión, muy cerca del lugar donde finalmente se detectó el submarino (Dinatale, Martín; Infobae, 17/11/2018).

Ante la dificultad para determinar la causa del hundimiento y la característica que cita Grossi de explosión “única, corta y violenta”, entre las distintas hipótesis y, más allá de detectarse fallas en las baterías de la nave, se debería tener en cuenta que la desaparición del submarino ARA San Juan se produce en una etapa de tensión en el mar argentino, debida a que pocos días antes del hecho, se realizaron ejercicios militares del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte —entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre de 2017— con misiles, buques, submarinos y aviones en el área de Malvinas, repitiendo maniobras que este Reino ya había realizado en 2016, en ambos casos, en abierta violación a la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas que declaró al Atlántico Sur “Zona de Paz y Cooperación” con la firma de todos los países de África occidental y América oriental y, también, correlacionar este hecho, con el conocimiento que habrían tenido Grosso, López Mazzeo y Miranda, respecto a la ubicación aproximada del desenlace, aproximadamente un año antes de la fecha oficial.

De la «Orden “Confidencial” de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos N° 04/17, fechada el 24/10/2017» publicada (Infobae, Andrés Klipphan, 04/02/2018) surge que el submarino ARA San Juan debía «obtener reconocimiento preciso y localización, identificación, registro fotográfico/fílmico» de varios buques, entre ellos el BP CFL HUNTER, el HMS CLYDE y el FPV PROTEGAT y las Aeronaves de la Fuerza Real Aérea Británica (RAF C130) y de la Gobernación (NdA: ilegal) de Malvinas» (punto 3.4.1.2).

Puede verse en el citado informe, que la Patrulla tenía como objeto principal realizar operaciones de vigilancia y control (punto 2); de ejercicio de ataque submarino (puntos 1.2.1, 3.3.2, 4.4.1 y 4.4.2); de patrulla antisubmarina (punto 3.2.1); de conocimiento de modalidad de otros buques REEFERs, Logísticos, petroleros, etc. y de toda actividad ajena no prevista (Punto 1.1.2); pero, todas las tareas de identificación y obtención de imágenes debían hacerse “sin vulnerar la discreción y sigilo de la unidad submarina” (punto 2.4.). Todas cuestiones que demuestran el rol protagónico del ARA San Juan en el cuidado de la soberanía nacional, que acrecienta el valor de los tripulantes en el cumplimiento de la función militar asignada.

Por otra parte, posibles controles de pesca ilegal de embarcaciones extranjeras por parte del submarino San Juan se podrían enmarcar en el citado punto 1.1.2 que refiere al control de “toda actividad ajena no prevista”, en atención a que los recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE Argentina, en particular los que usurpa el Reino Unido en Malvinas y los buques extranjeros, deben ser controlados conforme los artículos 4º, 5º d, 21º e 22º y 23º de la Ley 24.922 y la nueva doctrina de seguridad que indica que la pesca ilegal no es solo un problema de sostenibilidad del recurso sino de inseguridad, ya que si bien tradicionalmente la seguridad solo incluía al Estado o a los gobiernos contra los ataques extranjeros (Figueiredo, 2010, pág. 273), el Informe de la ONU sobre Desarrollo Humano de 1994 examina amenazas a la seguridad de carácter económico, ambiental y social y, en el documento sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima de 2005 se asocia la explotación indebida de los recursos marinos con daños al medio ambiente y a la seguridad económica y, afirma, que la competencia por las poblaciones pesqueras puede dar lugar a conflictos violentos e inestabilidad regional, lo que requiere que las marinas nacionales tomen medidas agresivas” (Luciano Vaz Ferreira, “a pesca como um problema de seguranza…” Artigos. Revistá InterAcá o pág. 11:43, 2018, Universidad Federal de Río Grande. Brasil).

Por su parte, en 2014 el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en su Documento de Estrategia de Seguridad Marítima expone «la necesidad de protección contra las amenazas de su dominio marítimo, incluida la pesca ilegal y, pone a ésta al mismo nivel de otras amenazas, como la delincuencia organizada y el terrorismo, lo que demuestra la gravedad». Ese mismo año, la Unión Europea, incluyó a la Pesca Ilegal como una amenaza para la seguridad marítima de sus Estados miembros y en 2016 el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos publicó un informe exclusivo sobre el tema de la Pesca Ilegal (IUU), y lo define como una amenaza para la seguridad alimentaria y económica, que beneficia al crimen organizado transnacional.

El control de la Pesca Ilegal se relaciona con la delincuencia organizada transnacional (ONU, A/RES/64/72); la inmensidad del mar, la dificultad para hacer cumplir la ley y las bajas penas impuestas por estos delitos hace a la Pesca Ilegal muy atractiva por las organizaciones delictivas (Haenlein, 2017, p. 08); se utilizan estos buques que pescan ilegalmente para el transporte de drogas y armas, donde se utiliza el trabajo esclavo (Shaver; Yozell, 2018, pág. 16; Milko Schvartzman Trabajo Esclavo, Trata y Muerte en el Puerto de Montevideo”, 2018; César A. Lerena “Malvinas 1982-2022”. Pesca la Moneda de Cambio; 2021) y hay abusos laborales —incluida la esclavitud moderna— que son subsidios ocultos y permiten que las flotas pesqueras de aguas distantes sigan siendo rentables y promuevan la sobrepesca (Universidad de Australia Occidental y la iniciativa Sea Around Us en la Universidad de Columbia Británica; Juventud Marítima del SOMU, Argentina, 10/12/2018); cuestiones que los Estados ribereños deben, mediante sus fuerzas aeronavales, disuadir y erradicar, para garantizar su soberanía territorial, económica, social y alimentaria.

Más allá de destacar los servicios prestados por el ARA San Juan en distintas operaciones navales en el país y el extranjero, corresponde resaltar el rol cumplido por las distintas tripulaciones de este submarino en su carácter de custodios del mar argentino con posterioridad a la guerra de Malvinas y, muy especialmente, a quienes en esta última misión ofrendaron la vida en cumplimiento de su deber.

Pasaron un año y dos días después de su desaparición para que se encontrara al submarino y, con ello, a los 38 tripulantes, entre ellos una mujer y 6 buzos tácticos que estaban cumpliendo a bordo funciones propias de control y vigilancia en el territorio marítimo nacional, la Zona Económica Exclusiva, la Plataforma Continental Argentina y sus archipiélagos, entre ellos Malvinas; es decir, realizando tareas de resguardo de la soberanía nacional, más aún, cuando parte de las aguas y archipiélagos argentinos del Atlántico Sudoccidental se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y por cientos de buques extranjeros que efectúan pesca de los recursos pesqueros originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina, dentro de esta y en alta mar, con o sin licencia ilegal británica.

En atención a ello hay que configurar el lamentable hundimiento y desaparición de su tripulación como un acto heroico en defensa de los territorios nacionales.

En esa tarea de custodia de la soberanía nacional estaban encomendados los miembros de la Armada Argentina: Alcaraz Coria, Fabricio A. (Cabo principal); Alfaro Rodriguez, Ricardo G. (Suboficial segundo); Aramayo, Hugo D. (Cabo principal); Arjona, Alberto R. (Cabo principal); Bergallo, Jorge I. (Capitán de Corbeta); Castillo, Enrique D. (Cabo principal); Cisneros, Leandro F. (Cabo primero); Coronel, Victor H. (Suboficial primero); Cuéllar, Sergio A. (Cabo principal); Enríquez, Victor. (Suboficial segundo); Espinoza, Franco J. (Cabo principal); Fernández, Daniel A. (Suboficial segundo); Fernández, Pedro M. (45, Capitán de Fragata); Gallardo, Javier A. (Suboficial Principal); García, Luis E. (Cabo principal); Herrera, Hugo A. (Suboficial segundo); Ibáñez, Cristian D. (Cabo principal); Krawczyk, Eliana M. (Tte. de Navío); Leiva, Luis M. (Suboficial segundo); Maroli, Victor A. (Tte. de Navío); Mealla, Jorge L. (Tte. de Corbeta); Medina, Roberto D. (Suboficial segundo); Melián, David A. (Cabo primero); Mendoza, Fernando V. (Tte. de Navío); Monzón, Jorge A. (Cabo principal); Niz, Luis A. (Cabo primero); Nolasco, Luis C. (Cabo primero); Ortiz, Jorge I. (Cabo principal); Polo, Daniel A. (Cabo primero); Real, Walter G. (Suboficial primero); Rodríguez, Hernán R. (Suboficial primero); Sánchez, Alberto C. (Suboficial primero); Santilli, Fernando G. (Cabo principal); Silva, Renzo D. M (Tte. de Fragata); Suárez, Germán O. (Cabo primero); Tagliapetra, Alejandro D. (Tte. de Corbeta); Toconas, Mario A. (Cabo principal); Tolaba, Aníbal (Cabo segundo); Valdez, Jorge E. (Cabo principal); Vallejos, Celso O. (Suboficial segundo); Vargas, C. H. (Suboficial segundo); Villarreal, Fernando V. (Tte. de Navío); Wagner, Diego M. (Tte. de Navío) y Zunda Meoqui, Adrian (Tte. de Fragata).

Por otra parte, en atención, a la profundidad en la que se encuentra el submarino ARA San Juan y su tripulación, resulta —al menos por el momento y con la tecnología disponible actual— muy difícil recuperar la nave y con ello, a sus tripulantes, motivo por el cual, es necesario protegerlos de toda acción derivada de exploraciones mineras o hidrocarburíferas y explotaciones pesqueras con artes de pesca de arrastre de fondo, de modo de no afectar el lecho donde descansan los marinos que en el ARA San Juan perdieron la vida en el cumplimiento de sus deberes con la Nación.

Teniendo en cuenta que por la Ley 27.037 el 19 de noviembre de 2014 se sancionó el “Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas” destinado a proteger y conservar espacios marinos y, la Ley 27.615 y su Decreto Reglamentario 316/2021 que estableció indemnizaciones a los familiares. Y en ese sentido sugiero el dictado de la siguiente Ley Nacional:

Artículo 1º. Declárase MONUMENTO NACIONAL MARINO al lugar de la plataforma continental argentina, donde descansan los restos del Submarino ARA San Juan y los 44 tripulantes de esta embarcación de la Armada Argentina, de conformidad con el artículo 5º inciso b) de la Ley 27.037.

Artículo 2º. EL Monumento Nacional Marino se denominará “TRIPULANTES DEL ARA SAN JUAN”, conmemorándose el día 15 de noviembre de cada año, el día del submarinista, en recordación de los 44 tripulantes fallecidos.

Artículo 3º. Encomiéndase al PODER EJECUTIVO a formar una Comisión Técnica para que en el término de noventa (90) días y en base a la documentación existente, determine el área de protección que asegure la inviolabilidad de los restos del Submarino ARA San Juan y de los tripulantes de esta embarcación naval. Dicha Comisión deberá contar con una representación de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Artículo 4º. Establécese, conforme el artículo 5º inciso b) iii) de la Ley 27.037, en el área que determine el Poder Ejecutivo de acuerdo al dictamen de la Comisión Técnica indicada en el artículo precedente, la prohibición de cualquier tipo de actividad extractiva en el lecho y subsuelo marino; la captura con artes de pesca de arrastre de fondo; la introducción, descarte, transplante y propagación de elementos químicos y productos biológicos y/o cualquier actividad que perturbe o modifique la característica única que justifica la categorización de Monumento Nacional Marino.

Artículo 5º. Una vez determinada el Área y las restricciones referidas en los artículos 3º y 4º, comuníquese a todos los Estados de Bandera que realicen actividades de pesca en el Atlántico Sur las prohibiciones citadas, las que en caso de no ser debidamente cumplidas darán lugar a las más severas sanciones aplicables en la legislación nacional e internacional vigente.

A los que custodian nuestra soberanía se los respeta. A Nuestros muertos en cumplimiento de su misión se los venera.

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca (CESPE). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex-Secretario de Estado. Ex-Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021).

 

A LA ARGENTINA LE URGE UN GRAN REDISEÑO ESTRATÉGICO. EJES DE LA PROPUESTA.

Marcelo Javier de los Reyes*

«La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes».

Peter Drucker

 

Si me preguntaran que haría para reconstruir la Nación, tendría que presentar una propuesta integral pero, dado el desastroso estado en que la casta política ha dejado las arcas nacionales, provinciales y municipales, habrá que trazar algunas prioridades, pero lo cierto es que no se debe emparchar sino proceder a un proyecto estratégico de reordenamiento nacional.

Para poner en contexto la tarea que se debe llevar desde el gobierno, me permito compartir con ustedes algunos párrafos de mi libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales: un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”[1]:

La inteligencia, entonces, resulta íntimamente vinculada a la geopolítica, a la economía, a la estrategia y a las relaciones internacionales —por ende, a la diplomacia—, a partir de relaciones cooperativas, competitivas o confrontativas que los actores internacionales —en este caso los Estados— generen entre sí.

Les cabe a los decisores del más alto nivel de un Estado diseñar, planificar y ejecutar los objetivos geopolíticos a partir de la información proporcionada por la Inteligencia Estratégica. De este modo, Geopolítica e Inteligencia deben actuar estrechamente[2]. Cabe aclarar que la Geopolítica debe ser entendida en un sentido actualizado que excede el concepto de “territorio”, habida cuenta la proyección de los Estados en el espacio celeste y en el espacio virtual. La observancia de esos objetivos nacionales es lo que lleva a los diversos gobiernos a jugar en el escenario internacional. De modo tal que es casi imposible que un país pueda desvincularse del acontecer internacional, de las tendencias y de las ideologías que se imponen en el escenario mundial, así como de las amenazas, riesgos y crisis que se convierten en transnacionales.

El mundo actual, plagado de incertidumbres, de cambios impredecibles, sometido incluso a alteraciones con motivo del cambio climático, lleva a que los Estados precisen, imperiosamente, de un alto nivel de inteligencia y de sus métodos de análisis para resolver o prevenir conflictos, para desarrollar el planeamiento estratégico y para llevar adelante los procesos de toma de decisiones. […]

La política exterior de un Estado no está necesariamente desvinculada de su política interna, por el contrario. […]

Para desarrollar su política exterior un Estado precisa de una estrategia, de objetivos nacionales claramente especificados y de instrumentos que no significan otra cosa que los recursos de poder con que cuenta para influir sobre los otros miembros de la comunidad internacional. […]

El concepto de estrategia, si bien es propio del lenguaje militar, puede ser aplicado a diferentes ámbitos y nos permite evaluar entre un determinado número de alternativas cuál es la solución más conveniente y aplicable para los intereses nacionales. De forma más clara podría expresarse que la estrategia nos sugiere cómo llevar adelante determinados objetivos.

El vocablo estrategia proviene del griego y se origina en strategós—στρατηγός— que traducimos por “general”. El diccionario la define como el arte de dirigir operaciones militares.

Es un término que en la actualidad ha sido muy aceptado por diferentes disciplinas y ha ocupado incluso espacio en la vida cotidiana: se habla así de estrategias de mercado, de estrategias publicitarias, de estrategia de vida, etc. Por ende la estrategia es una disciplina a la que tanto los militares, los políticos, los economistas, los profesionales de las ciencias sociales y de la ciencia política recurren para llevar a cabo sus respectivos objetivos y toman de ella la terminología necesaria para adaptarla a las diferentes ciencias o disciplinas.

Para ponerla en práctica la estrategia debe identificar actores, intereses —tanto propios como ajenos—, los obstáculos actuales o potenciales para el desarrollo de los objetivos. La estrategia constituye una habilidad o herramienta sumamente necesaria en materia de política exterior para que un Estado pueda imponer sus intereses en función de sus objetivos nacionales o saber cómo accionar ante estímulos externos.

En función de lo expuesto, se debe llevar a cabo una propuesta integral, estratégica, que nos permita diagnosticar los recursos disponibles y potenciales con que cuenta la Argentina para su desarrollo, para su proyección exterior —para lo cual es imperativo instrumentar las herramientas que le permitan desplegar un “poder blando”— y siempre trabajando de forma articulada sobre los ejes interno y externo.

Los ejes centrales

A los fines de llevar adelante una propuesta estratégica debemos debatir acerca de qué modelo de país queremos construir para fijar los Objetivos Nacionales. No cabe duda que Argentina debe ser reconstruida prácticamente desde cero y para ello se debe trabajar para que:

    1. surja una nueva dirigencia nacional en todos los órdenes;
    2. poner fin a la corrupción, un “impuesto” que a la sociedad argentina la somete a la pobreza y a restarle recursos —por ejemplo— a la Educación y a la Salud. En este sentido, se debe tener en claro que el problema de la Argentina no es económico, sino de falta de ética por parte de la clase dirigente;
    3. la población logre tomar conciencia de la crítica situación del país y tome conocimiento de la necesidad de abordar temas que, aunque parezcan distantes, son fundamentales para mantener/recuperar/defender la Integridad Territorial. Uno de ellos es reclamado por la sociedad, la Seguridad, el otro es la Defensa.

«Una buena estrategia comienza con tener el objetivo correcto».

Michael Porter

A estos efectos, es fundamental poner énfasis en el sistema de Justicia, porque el Poder Judicial tiene una gran responsabilidad en el estado de anomia que existe en el país. El Poder Judicial debe ser autónomo pero requiere poner fin al “garantismo” y ser la herramienta para atacar la corrupción, retomar el Estado de Derecho y garantizar el funcionamiento de las instituciones y de la República.

Para llevar adelante la Propuesta de Reconstrucción de la Argentina, se hace necesario implementar desde el primer día la “Reforma del Estado”, algo de lo que mucho se habló y que hasta dio lugar a que el gobierno de Macri, sin ningún sentido y solo a los efectos de generar más gastos, creara un Ministerio de Modernización.

A falta de inversiones externas e internas, mientras se procura la llegada de las mismas, el Estado deberá ser nuevamente el motor del desarrollo nacional —como lo fue para crear la industria petrolera y la industria siderúrgica con los generales Enrique Mosconi y Manuel Savio— y deberá reconstruir las áreas y las infraestructuras abandonadas y perdidas como consecuencia de la implementación de políticas liberales que prometían un Estado más eficiente y un compromiso del sector privado que no tuvo lugar.

Para lograr un Estado eficiente es relevante contar con personal de carrera idóneo y evitar las intromisiones del nepotismo y de los funcionarios políticos con “ideas innovadoras”.

Del mismo modo, se debe proceder a reducir considerablemente la cantidad de ministerios, de secretarías y de subsecretarías de Estado. No se deben crear esas áreas en función de un amigo que se quiera nombrar como funcionario sino como respuesta a los Intereses de la Nación. De modo tal que se deben mantener los ministerios necesarios para administrar el Estado Nacional y eliminar los que fueron funcionales para los gobiernos precedentes, los cuales en muchas ocasiones multiplicaron innecesariamente las funciones con resultados significativamente perjudiciales para el erario público.

La propuesta de Ministerios es la siguiente:

    • Jefatura de Gabinete
    • Ministerio de Producción, el cual abarcará las áreas de Agricultura, Ganadería, Pesca, Recursos Forestales, Industria, Minería, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Turismo.
    • Ministerio de Defensa.
    • Ministerio de Desarrollo Social, que incluirá Deportes y áreas afines.
    • Ministerio de Economía.
    • Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
    • Ministerio de Obras Públicas, el cual tendrá a cargo, entre otras funciones, las que se refieren a Transporte, Infraestructura y Energía.
    • Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
    • Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
    • Ministerio del Interior, que incluirá la Secretaría de Seguridad Interior.

En el marco de una reestructuración del Estado —uno de los principales ejes— debe reducirse el número de ministerios a un máximo de 10 u 11, dentro de los cuales se deberán incorporar otros ministerios actuales como secretarías o subsecretarías. Es esencial cerrar el Ministerio de Género que se lleva un alto porcentaje del Presupuesto Nacional, del que buena parte podrá disponerse para Defensa.

La tan proclamada reestructuración del Estado debe ser real, reduciendo el costo de la política y apelando al personal de carrera capacitado para ocupar los cargos directivos. Esto implicará rescatar los funcionarios de carrera en actividad o la contratación de técnicos y especialistas que hayan sido dados de baja o jubilados para ser reemplazados por las diferentes “camadas de la política partidaria”.

La Inteligencia deberá ser puesta en valor, para lo cual se procederá a una reforma que permita crear nuevamente la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), tema sobre el que me explayaré más adelante.

Este es el achicamiento del Estado que permitirá que el mismo se convierta nuevamente en motor del desarrollo económico y de la producción, favoreciendo las condiciones para ello. Se reducirá así el gasto en funcionarios innecesarios (parte del “gasto político”) y se reasignarán los fondos para favorecer las áreas productivas.

En este sentido, será necesario potenciar y revalorizar la Dirección Nacional de Vialidad —lo que incluirá la reapertura de las cinco escuelas técnicas dependientes de esa dirección cerradas en 2018 por el gobierno de Macri— y la reconstrucción de la red ferroviaria acorde a los Intereses Nacionales y a las necesidades de las economías regionales. Se implementará un Plan Ferroviario Nacional que incluirá el transporte de pasajeros, el de mercancías, el estratégico y el de turismo. Por las mismas vías nacionales podrán transitar ferrobuses nacionales, provinciales o privados que permitirán las conexiones interurbarnas y el desarrollo de pueblos y ciudades.

La Planificación Estratégica requiere la reconstrucción del sistema ferroviario nacional, el cual podrá ser articulado con el de aquellas provincias que posean un servicio propio. Debe destacarse que por las mismas vías podrán circular:

    • trenes de larga distancia de pasajeros,
    • trenes de carga,
    • ferrobuses que podrán interconectar pueblos y ciudades del interior entre sí,
    • trenes turísticos de lujo, con lo que implicaría en el sector turístico;
    • y trenes estratégicos para el desplazamiento de material militar. Es inconcebible que se empleen camiones para el traslado de blindados (así se hace hoy) o que el Ejército Argentino debe rendar bandejas si desea usar ese medio.

El desarrollo ferroviario requerirá la modernización de los talleres ferroviarios (actualmente en estado calamitoso) y estudiar potenciales acuerdos o subsidios a empresas argentinas (por ejemplo Materfer y otras) así como alianzas estratégicas con otros países.

A los efectos de articular nuevamente el territorio nacional —cuya destrucción se produjo fundamentalmente durante el gobierno de Carlos Saúl Menem y continuada por sus sucesores— también se procederá al fortalecimiento y renovación de la empresa Líneas Aéreas del Estado (LADE), la que deberá cumplir nuevamente con el rol social que tenía hasta la década de 1990. Del mismo modo, la presencia de LADE en los diferentes puntos del país a donde no vuelan las empresas comerciales significa una defensa de nuestra Soberanía Nacional, una presencia esencial en el sostenimiento de nuestra integridad territorial.

En materia de transporte también se debe crear nuevamente la Marina Mercante, es decir, una empresa como ELMA (quizás con el mismo nombre ya que aún goza de reconocimiento) lo que debe impulsar nuevamente la reactivación de los astilleros. Una Marina Mercante Nacional reducirá costos de fletes, de seguros y garantizará el transporte de nuestra producción al interior y al exterior.

En el mismo campo, potenciar el transporte aéreo con un eficiente servicio de Aerolíneas Argentinas hacia el exterior e interior, retomando sus rutas internacionales que este gobierno ha —misteriosamente— compartido con Aeroflot.

Oportunamente, y considerando el desarrollo de un “poder global” para la Argentina, en 2007, formando parte de un grupo de trabajo asesor ad honorem para las direcciones de África Subsahariana (DIASA) y África del Norte y Medio Oriente (DANMO) de la Cancillería Argentina, había propuesto la creación de un “hub” de Aerolíneas Argentinas en Guinea Ecuatorial (sugiero leer mi artículo “Argentina y su inexistente poder blando”) ¿Por qué Guinea Ecuatorial? Porque tenemos lazos culturales, ya que ese país dependió del Virreinato del Río de la Plata, y porque hablamos español. Esta propuesta significaría trabajo e inversiones argentinas en ese país, con un gran potencial petrolero. Esto requeriría la participación de Aerolíneas Argentinas que desde allí podría expandirse a los países del Golfo —lo cual puede significar inversiones en la Argentina (por ejemplo Catar financia buena parte del desarrollo de la industria de Defensa de Turquía)— y a Asia (China, Corea, Japón, India, Vietnam, etc.) y con aviones de menor tamaño expandirse con una línea propia dentro del continente africano y conectando éste con Europa. Asimismo, involucraría a la empresa Aeropuertos Argentina 2000, que opera numerosos aeropuertos a nivel nacional e internacional (entre ellos en Armenia). Esta propuesta también apuntaba a la incorporación de otras empresas, como por ejemplo las de construcción.

Por su parte, un acercamiento a África que incluya la capacitación de personal por parte de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad podrá favorecer el fortalecimiento e institucionalización de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS), vital para defender nuestros intereses soberanos en esa área así como potenciar nuestros astilleros y nuestra industria aérea a través del desarrollo de buques patrulleros y aeronaves.

La inversión en infraestructura y articulación del territorio basado en las comunicaciones terrestres, aéreas, fluviales y marítimas —a la que se suma la interconexión virtual— será relevante para generar riqueza, para desarrollar las economías regionales y para crear empleos en el sector privado.

El gran objetivo debe ser el Desarrollo Nacional, para lo cual debajo se dan algunas pautas. Este tema debe articularse con otros tres grandes temas: Educación, Salud y Ciencia y Tecnología. Estos grandes cuatro temas son de una proyección y consolidación a largo plazo. Todos están, en alguna medida, interconectados y giran en torno a la Educación, la que debe ser “desideologizada” descontaminada de los desvaríos ideológicos que provinieron de la “infiltración” llevada a cabo por los últimos gobiernos. Debe instrumentarse el respeto a los Símbolos Patrios y a la autoridad para que estos valores sean mantenidos durante la adultez. Sin embargo, debe tenerse presente que en esta democracia la Educación fue uno de los principales objetivos para proceder a un cambio de los valores y a la “reprogramación” de las mentes. Esto requerirá una evaluación de los diversos cuerpos docentes en todos los niveles.

Desde la vuelta de la democracia, la Educación denominada “enciclopedista” fue atacada por los “innovadores” pero ¡cuánto más sabemos aquellos que hemos recibido esa formación! La Educación debe servir para el desarrollo nacional y ser congruente con la reconstrucción del Ser Argentino porque estamos en la era del conocimiento y a los educandos se les debe instruir para que tengan avidez por el conocimiento.

El Desarrollo Nacional implica poner en marcha la producción, lo que a su vez favorecerá la creación de empleo.

Los jóvenes sin trabajo, que tampoco estén estudiando y que reúnan ciertas condiciones psicofísicas, podrán incorporarse a un “Servicio de Defensa” en las Fuerzas Armadas, ya que se precisa incrementar el número de efectivos y esto podría significar una salida laboral para esos jóvenes. Se deberá analizar la conveniencia o no de levantar la suspensión del Servicio Militar Obligatorio creado por la “Ley Riccheri” y suspendido por el presidente Carlos Menem en 1994. En paralelo debe considerarse una verdadera profesionalización y capacitación de las Fuerzas Armadas y el considerable incremento de sus efectivos.

Con el objetivo de lograr un gobierno que pueda llevar adelante una política estratégica para el Desarrollo Nacional se debe poner el acento en la reconstrucción del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

Para el ello debe aprobarse una nueva Ley de Inteligencia Nacional que no debe ser un corsé para los organismos que integren el SIN. Asimismo, es imprescindible contar con nuevas leyes de Defensa y de Seguridad Interior, la que deberá ser llamada como corresponde, Ley de Seguridad Nacional. Las actuales leyes responden al interés de la casta política de tener subordinadas a sus intereses —no al de la República— a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad, las que tras décadas han dado claras muestras de estar subordinadas a un gobierno civil.

La Inteligencia debe estar al servicio del Estado, de la Nación, y no de un gobierno. Pese a los cambios, los medios y la ciudadanía siguen hablando de la “SIDE” o de la “ex SIDE”. Esto facilitaría desterrar el nefasto nombre de AFI impuesto por el kirchnerismo, una nueva denominación para un organismo que tanto los gobiernos kirchneristas como el de Macri han utilizado —y utilizan en la actualidad— para manipular al Poder Judicial y mantener vigente no los “sótanos de la democracia” sino el “inframundo de la democracia”.

Sería apropiado considerar la conveniencia de jerarquizar la Inteligencia devolviéndole el rango de Secretaría de Estado con rango de ministerio —como tenía hasta la creación del engendro AFI— o, bien, crear el Ministerio de Inteligencia del Estado (MIDE) o Ministerio de Inteligencia de la Nación (MIN) por si no se desea volver al acrónimo SIDE. Ambas propuestas permitirían darle el lugar de relevancia que debe ocupar la Inteligencia. Este Ministerio absorbería a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, la cual representa una duplicación inoperante para nombrar a un grupo de amigos. La nueva denominación de ésta área sería la Secretaría de Inteligencia Estratégica, inmediatamente por debajo del ministro y a la que deberán reportar todas las demás áreas: la Subsecretaría de Inteligencia Interior (Reunión y Análisis Interior) y la Subsecretaría de Inteligencia Exterior (Reunión y Análisis Exterior), a los efectos de evitar los “cajones estancos” a la que suelen recurrir los funcionarios.

El Ministerio deberá contar, asimismo —esto sería novedoso y esencial—, con una Subsecretaría de Inteligencia Competitiva que deberá implementar “bases regionales” (por ejemplo Cuyo, Patagonia, Centro, NOA, NOE) que tomarán contacto con las autoridades provinciales y los sectores productivos correspondientes a los efectos de favorecer el desarrollo de las economías regionales y articular los medios de comunicación apropiados para la exportación de productos o el transporte de las mercancías por el territorio nacional al menor costo. Esto supone el armado de diversos equipos interdisciplinarios que incluirían a Ingenieros (Viales, Ferroviarios, Aéreos, Agrónomos), así como a Médicos, etc., para llevar a cabo una Planificación Estratégica para cada región. De ese modo se contribuirá a la federalización real de la Argentina.

Otra de las innovaciones sería la creación dentro del Ministerio de una Dirección de Desarrollo Científico y Tecnológico con el objetivo de lograr una independencia respecto del material sensible. Esta aérea deberá tener vasos comunicantes con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), el cual deberá recibir un fuerte incremento de presupuesto.

En función de este desarrollo —del mismo modo en que se procuraría favorecer a la industria ferroviaria nacional—, desde el Estado se debe impulsar otros rubros de la industria. Por ejemplo, acompañar a la empresa Cicaré Helicópteros S.A., la que había desarrollado una nave destinada al Ejército Argentino y a las Fuerzas de Seguridad. El Estado debe colaborar con la creación de productos de un alto nivel de tecnología para cubrir las necesidades nacionales y suplir la importación en lo que hace a la industria de la Defensa, tanto económicamente como procurando inversiones para ese sector.

El Desarrollo Nacional en su conjunto debe apuntar a incrementar las exportaciones. Argentina en 2021 exportó lo mismo que hace una década, es decir que en 2011, lo que requiere poner el acento en la Producción y el Comercio Exterior como políticas de Estado. Un sector sumamente afectado es el de la industria metalmecánica y el de material agrícola, que ha visto una reducción en su producción y exportación.

En realidad, todo lo abordado debe ser considerado como políticas de Estado para tener continuidad y comprometiendo a la dirigencia de todos los sectores en estas políticas. Para ello, habida cuenta que el período de gobierno es de cuatro años, se debe proponer un plan trienal que permita a la gestión comenzar y terminar con propuestas reales y realizables, único camino para que la Argentina pueda nuevamente gozar de credibilidad en la comunidad de naciones.

Colegas de países de América del Sur me han sugerido en numerosas oportunidades que la Argentina debe recuperar su lugar —perdido— de liderazgo regional. Para ello es primordial contar con una nueva dirigencia nacional … o formarla.

En síntesis, se debe poner el acento en:

    • Justicia
    • Inteligencia
    • Seguridad (agenda propia y no global)
    • Reforma del Estado
    • Educación y Salud
    • Desarrollo Nacional
    • Producción y Comercio Exterior
    • Defensa

Con respecto a este último punto, ya me he explayado en la apremiante necesidad de reconstruir nuestra industria de la Defensa, destruida durante el gobierno de Menem, los Kirchner y Macri.

Como podrá apreciarse, todos estos temas están íntimamente relacionados y de ahí la necesidad de desarrollar un Pensamiento Estratégico, una Planificación Estratégica.

Sugerencias relevantes

Desterrar del discurso político conceptos o términos como progresismo, género, feminismo, lenguaje inclusivo, etc. La sociedad está hastiada de su utilización. Del mismo modo, alejarse de todo lo que implique socialdemocracia, neomarxismo y agenda global. Argentina debe tener su propia agenda.

Deben emplearse “ideas fuerza”.

Para implementar un Proyecto Estratégico Nacional se requiere armar un equipo multidisciplinario, evitando a rajatablas los advenedizos y los jugadores amateur, los cuales ya han pululado por los diversos organismos en 38 años de supuesta democracia.

Vale aquí recordar una frase de Peter Drucker:

«La mejor manera de predecir el futuro es crearlo».

Los argentinos debemos crear nuestro futuro.

Argentina necesita Voluntarios para su reconstrucción.

 

“En medio del caos, también existe la oportunidad”.

Sun Tzu

 

Invitación/Convocatoria: la presenta propuesta puede estar sujeta a variaciones pero ante todo se trata de una convocatoria para quienes consideren que pueden contribuir en la formación de un espacio de debate para crear un futuro para la Argentina. Los espero en: jreyes1@ceid.edu.ar

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Referencias

[1] Marcelo Javier de los Reyes Giménez. Inteligencia y Relaciones Internacionales: un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones. Buenos Aires: Almaluz, 2019.

[2] Pedro Baños Bajo. “Geopolítica e Inteligencia”. En: Fernando Velasco, Diego Navarro, Rubén Arcos (eds.), La inteligencia como disciplina científica. Madrid: Ministerio de Defensa y Plaza y Valdés Editores, 2010, p. 24-25.

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PESCA ILEGAL. ECONOMÍA Y POLÍTICA.

César Augusto Lerena*

Como todos los años las flotas china, española, coreana y taiwanesa han vuelto al Atlántico Sur a llevarse en alta mar los recursos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). Si bien parece el problema principal que ocurre en el Atlántico, no lo es. Hay varios problemas significativos que están interrelacionados. El primero, que da lugar a los restantes, es la ocupación británica de 1.639.900 km2 de territorio marítimo argentino y, con motivo de ello (fuera de las connotaciones soberanas), la extracción anual de 250.000 toneladas de recursos pesqueros argentinos por parte de buques extranjeros licenciados ilegalmente por Gran Bretaña, contrario a lo establecido en la Res. 31/49 de las Naciones Unidas. Ello, provoca varios efectos: la internacionalización del Atlántico; el desequilibrio del ecosistema; la quita de recursos pesqueros y económicos a un país emergente como la Argentina y la competencia desleal en el mercado internacional, en especial en la comercialización española en la Unión Europea.

La presencia británica en el Atlántico Sudoccidental, al margen de quebrantar la Zona de Paz y Cooperación de los países africanos occidentales y americanos orientales que lindan con éste, es el principal motivo de interés creciente de la pesca extranjera sin control en sus aguas, por motivos económicos y geopolíticos, en especial, cuando se trata de las flotas chinas y rusas.

El segundo, es la internacionalización del Atlántico y la extracción de recursos en forma ilegal. Entre 300 y 350 buques extranjeros extraen ilegalmente unas 750.000 toneladas de recursos pesqueros, en su gran mayoría, originarios de la ZEEA. Y, si bien, por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), esta pesca es libre para los Estados de Bandera, debe considerarse ilegal, porque se realiza sin control de ninguna naturaleza, tanto en los aspectos relativos a la sostenibilidad, como los biológicos, operativos, extractivos o de comercialización y sin una clara determinación de origen y trazabilidad. En este sentido, el destino de las materias primas son los países de los buques pesqueros o a Unión Europea, previo blanqueo del origen a través de puertos, como es el caso de Montevideo.

Por cierto, no es de esperar que esta situación se modifique a corto plazo si se siguen utilizando las ineficaces herramientas actuales, ya que los países que pescan a distancia (China, la Unión Europea, en especial España, Corea, Taiwán, etc.) no reducirán esta pesca cuando la están subsidiando.

Es obvio que esta pesca en alta mar, sin acuerdo con los países ribereños, genera un desequilibrio en el ecosistema del Atlántico Sudoccidental afectando gravemente la sostenibilidad de los recursos, por cuanto, mientras la Argentina determina anualmente las “Capturas Máximas Sostenibles”, establece cuotas de captura en base a ellas y efectúa un control de la flota nacional en la ZEEA, no ocurre lo mismo en alta mar donde, como dije, las flotas extranjeras pescan en forma creciente sin prácticas sostenibles. Incluso la eventual disminución de barcos no reducirán el esfuerzo, porque se incorporan buques más eficientes en las capturas.

En tercer lugar, los objetivos previstos en la CONVEMAR respecto a la sostenibilidad de los recursos pesqueros no se compadecen con las reglas que se establecen en ella y, entiendo, como muy favorables a los Estados de Bandera las regulaciones que contiene, que dan lugar, al poco interés de estos de regular con los Estados ribereños las capturas en alta mar. Ya me he referido que mientras Argentina tiene importantes obligaciones respecto a la conservación de sus recursos en la ZEEA, los Estados que pescan en alta mar lo hacen en forma libre y sin control externo. Ello sólo, es una insensatez biológica sin rigor científico alguno.

En cuarto lugar, la pesca en alta mar sin acuerdo con los países ribereños provoca una distorsión en los mercados, ya que la extracción de los recursos pesqueros de los citados buques extranjeros sin impuesto alguno, subsidiados y en algunos casos con “trabajo esclavo”, generan una competencia desleal con los países emergentes, cuyas empresas afrontan no solo los costos internos impositivos y laborales, sino también los aranceles de importación de los propios países que pescan en el Atlántico Sur. Este hecho, no solo es de carácter comercial, sino que afecta las economías de los pueblos y ciudades pesqueras del litoral marítimo.

En quinto lugar, esto se ve facilitado por el apoyo logístico que le prestan los puertos de Uruguay a la Pesca Ilegal, tanto la proveniente del área de Malvinas como de alta mar que transita libremente por la Zona Común de Pesca, resultante del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, firmado en 1973/4.

En este escenario, no pueden esperarse mayores sorpresas. Los países desarrollados requieren cantidades crecientes de proteína por satisfacer las necesidades alimenticias de sus poblaciones y, en lugar de concertar un intercambio adecuado con los países ribereños que disponen de las materias primas, van por ellas; ya no invadiendo sus territorios como antaño, sino apropiándose de los recursos. Un ejemplo de ello es China. No solo opera subsidiada, sino que reduce sus costos al extremo utilizando, incluso, mano de obra esclava.

El modelo que utilizan las flotas que pescan a distancia es altamente prepotente, donde subyace la presión hacia los Estados ribereños, donde sus economías son dependientes de los países que pescan a distancia.

Sorprende sí, que los países de Suramérica, entre ellos Argentina, no hayan generado mecanismos para reducir la expoliación de sus recursos migratorios.

Ya me referí a que las capturas de las ZEE y en alta mar deben abordarse en forma integral, como bien refiere la FAO. ya que una u otra pesca indiscriminada afecta al conjunto del ecosistema, rompiendo el ciclo biológico de las especies migratorias, su desarrollo y reproducción. Accesoriamente a ello, las capturas sin control en alta mar no permiten disponer de estadísticas de los descartes por pesca incidental o no comercial; pero si transpolamos datos conocidos en la ZEEA podríamos inferir que estos descartes alcanzan al 30% de las capturas, razón por la cual, podríamos estimar en 300 mil toneladas/año los descartes anuales. Volumen que le permitía a la Argentina disponer de raciones proteicas diarias para 3 millones de niños y adolescentes los 365 días al año. Por cierto, un desaprovechamiento inadmisible, frente al hambre y pobreza mundial.

Hay además una contaminación del medio marino por el descarte de residuos no orgánicos.

Los países que pescan a distancia no están preocupados por lo que pasa fuera de sus jurisdicciones y por el contrario subsidian estas actividades. Ello favorece la práctica ilegal que se realiza en alta mar. La falta de control podría además favorecer el trabajo esclavo a bordo, las prácticas relativas al narcotráfico, la evasión fiscal y tareas ajenas a la explotación pesquera de los buques extranjeros. Sin embargo, la CONVEMAR solo autoriza la aplicación de penas de prisión y confiscación de los buques a los países titulares de estos. Ello ha llevado a muchos países y comunidades a que empiecen a analizar la aplicación de sanciones penales.

No hay una sola solución al problema, sino varias herramientas que deben converger en forma simultánea con la participación de todos los Estados ribereños, en especial los de Suramérica (Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, etc.), ya que este no es solo un problema del Atlántico sino también del Pacífico. Sintéticamente menciono alguno de los temas sobre los que he trabajado en profundidad, donde los Estados ribereños deberían actuar en forma mancomunada:

  1. a) obtener el reconocimiento de los derechos en alta mar sobre los recursos migratorios originarios de las ZEE;
  2. b) actuar ante la OMC para eliminar los subsidios a la pesca a distancia o fuera de las jurisdicciones;
  3. c) propiciar que el origen y la trazabilidad y su correspondiente certificación debería estar en manos de los Estados ribereños para garantizar la sostenibilidad del conjunto del ecosistema (ZEE-ALTA MAR);
  4. d) acordar que los puertos suramericanos no presten ningún apoyo logístico a los buques que pesquen en alta mar sin acuerdo del Estado ribereño;
  5. e) establecer que los observadores a bordo y los inspectores al desembarque deben ser altamente calificados y suficientemente remunerados para evitar la pesca ilegal, la sustitución de especies y los descartes;
  6. f) firmar un Acuerdo complementario del MERCOSUR (MERCOPES) para favorecería el interés de actuar en el Atlántico Sur por parte de Brasil, Uruguay y Argentina.

Por cierto, hay otras medidas complementarias.

Los países de Suramérica deberían entender que la pesca no es solo una cuestión económica y de generación de trabajo. Es una herramienta estratégica de ocupación de espacios marinos, de población y radicación industrial, de desarrollo de regiones inhóspitas y de provisión de salud (los aminoácidos esenciales del pescado son solo comparables con la leche materna). Nada que pueda verse solamente desde una mirada productiva o ambiental. Los países desarrollados ya lo saben y, empiezan a observar con lupa, la presencia de buques fuera de sus jurisdicciones. Saquemos nuestras propias conclusiones y obremos en consecuencia: No habrá Malvinas sin Pesca y sin Pesca no habrá desarrollo del litoral marítimo argentino.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, autor de 28 libros. Entre ellos: “Malvinas. 1982-2022. Una Gesta Histórica y 40 años de Entrega. Pesca la moneda de cambio” (2021) y “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada” (2021).