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LA ESTRATEGIA MARÍTIMA NACIONAL QUE OMITE LOS TERRITORIOS INVADIDOS Y EN DISPUTA CON EL REINO UNIDO

César Augusto Lerena*

La Resolución 230/2023 (31/08/2023) del Ministerio de Relaciones Exteriores, relativa a la ESTRATEGIA MARÍTIMA NACIONAL, será, sin duda, motivo de debate en los ámbitos académicos de Defensa y arrojará dudas sobre la formación en el propio Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN). Es notable lo básico de este instrumento, su alcance limitado y la falta de resguardo a los espacios marinos, la plataforma continental y los archipiélagos argentinos invadidos por el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) o disputados por esta potencia.

Comencemos por decir que esta Resolución que determina la “Estrategia Marítima Nacional no puede limitarse al «propósito de coordinar las actividades de los organismos responsables de la administración marítima argentina, que ejercen funciones en el ámbito marítimo y portuario» (sic) y que, por medio de ésta, se establezcan «los lineamientos a seguir durante el próximo quinquenio (2022-2026) (NdA: dos años después de iniciado el plan quinquenal), con el objetivo de garantizar que el Estado Argentino cumpla con sus obligaciones y responsabilidades derivadas de los instrumentos obligatorios de la Organización Marítima Internacional (OMI)…» (sic), cuestión que es inherente al P.E.N. a través de la Ley 22.520 y a la misión y funciones de cada una de las secretarías y mucho menos es posible que la Nación se ajuste a cumplir obligaciones de un “Estado rector de puerto”, que la Argentina no ratificó. Dice al respecto la OMI: “Los diferentes Estados considerarán el presente código de conformidad con sus propias circunstancias y sólo deberían estar obligados en cuanto a la implantación de los instrumentos en los que sean Gobiernos Contratantes o Parte” ˂A.1070 (28) Código III˃, obligación que es absolutamente contraria a los intereses nacionales, al cuidado de su soberanía marítima e insular y, a la explotación autónoma de los puertos y sostenibilidad de los recursos.  

No puede llamarse pomposamente “ESTRATEGIA MARÍTIMA NACIONAL” a un simple instrumento de coordinación de obligaciones; además, que previamente no se ha definido cuál es la estrategia para garantizar la soberanía argentina en la jurisdicción marítima; muy particularmente en la materia de seguridad y, protección del medio marino a que refiere la Res. A.1070 (28) del Código III de la OMI, cuando los británicos extraen ilegalmente a través del otorgamiento de licencias igualmente ilegales 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros en Malvinas y unos 500 buques chinos, coreanos, taiwaneses y españoles extraen otras 700 mil toneladas de recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar. En ambos casos, produciendo un lamentable desequilibro del ecosistema marino, que suele ir acompañado de trabajo esclavo, inseguridad laboral en el mar y tráfico de narcotráfico, como ha sido reiteradamente denunciado. Del mismo modo, la Res. A.1067 (28) del Código III solo tiene por finalidaddescribir el objetivo, principios, alcance, responsabilidades y aspectos relativos a la creación de capacidad de la auditoría de un Estado Miembro de la OMI”.

La OMI es un organismo de las Naciones Unidas, con sede en Londres, que tiene como función promover la cooperación entre los Estados y las empresas de transporte marítimo, para contribuir a mejorar la seguridad marítima y, evitar la contaminación marina, a través de Convenios Internacionales entre los que se destacan el “La seguridad de la vida humana en el mar” (SOLAS, 1974, enmendado); “La prevención de la contaminación de los buques”, 1973, mod. en 1978 y 1997 (MARPOL); “La formación de gente de mar”, 1978, mod. 1995/2010; “La búsqueda y salvamento marítimos”, 1979 (SAR); “La represión de actos ilícitos contra la seguridad de navegación marítima”, 1988/2005 (SUA); “La prevención de abordajes”, 1972 y, varios más.

Urgida por cuanto la OMI, dice, habría de realizar una auditoría a nuestro país entre el 30 de septiembre y el 9 de octubre del presente año, la Cancillería dicta la Res. 230 el 31 de agosto; a treinta días de las hipotéticas auditorías y, refiere, que han prestado conformidad “la Prefectura Naval Argentina; la Armada Argentina; el Servicio de Hidrografía Naval; el Servicio Meteorológico Nacional; la Junta de Seguridad en el Transporte; la Subsecretaría de Puertos del Ministerio de Transporte; habiéndose obtenido la adhesión formal de los organismos competentes” sin precisar cuales y de “las áreas con competencia relevante de esta Cancillería”, tomando intervención, entre ellas, “la Coordinación de Política Oceánica del Atlántico Sur de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; la Dirección de Asuntos Ambientales, la Dirección de Seguridad Humana, Innovación y Asuntos Tecnológicos Internacionales y la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Aunque, es muy llamativa la ausencia de aprobación por parte del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (su Comando Conjunto Antártico y Comando Operacional); la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y, de los Ministerios de Desarrollo Ambiental; Defensa y Seguridad de la Nación, quienes debieron expedirse en lo inherente a la seguridad marítima y a la protección del medio marino que trata la OMI, más allá de su posterior intervención ―que se indica― en la tarea ejecutiva y de formación de recursos.

Se omitió también el dictamen del “Consejo Nacional de Asuntos relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, creado por Ley 27.558 e integrado por el presidente de la Nación, senadores y diputados del poder legislativo, el gobernador de Tierra del Fuego, académicos del derecho internacional y representantes de los ex Combatientes de Malvinas que, entre otras funciones, están la de diseñar políticas de Estado y colaborar en las cuestiones de soberanía, por lo tanto, su opinión al respecto es insalvable. No nos llama la atención, en tres años este Consejo no elaboró una sola propuesta relevante.

Con todo respeto, el Anexo I, que suscribe el director general de la Consejería Legal de Cancillería, escribe solo enunciados; el alcance de lo que llama Estrategia “se limita al planteo de los lineamientos necesarios” (sic) y no logra siquiera ser un “Manual de Misión y Funciones y, de coordinación y ejecución de Procedimientos” y, por supuesto, no puede denominarse “Estrategia Marítima Nacional”, porque ni siquiera hace referencia alguna a la jurisdicción argentina, a la D.T.P. de la Constitución Nacional; al Art. 2º de la Ley 24.543 de ratificación de la Convención del Mar (CONVEMAR); a los art. 4º, 5º; 21º a 23º de la Ley 24.922 y muy especialmente, a las leyes de Defensa Nacional 23.554 y de Seguridad Interior 24.059 y, el Decreto 457/21 que junto al P.E.N. suscribieron los entonces Jefe de Gabinete y de Relaciones Exteriores. Este documento, en el mejor de los casos, con la corrección de las omisiones que referimos, podría denominarse como en alguna parte del Anexo se indica: Normas “para la implantación de los instrumentos obligatorios de la OMI”; aunque, en los hechos, se limita a indicar quienes son los organismos que intervienen y recordar que los recursos humanos deben capacitarse; cuestión, que cualquier organismo público debería, desde siempre, estar ejecutando.

¿Y qué estrategia tiene la Argentina respecto a que la OMI pudiera convalidar al RUGB en los territorios marinos argentinos en el Atlántico Suroccidental y sobre el puerto de Malvinas? ¿Y es posible que haya una estrategia de la Armada compatible con la OMI sobre las aguas ocupadas? ¿Cómo se verificarían los buques procedentes de Malvinas con productos argentinos capturados ilegalmente? ¿puede tratarse de igual forma la jurisdicción argentina que la internacional y los espacios ocupados en forma prepotente por el RUGB? Sobre estas cuestiones esta Resolución de la Cancillería no emite una sola estrategia.

El citado Decreto 457/21 ya indica que es voluntad política “explicitar los principales lineamientos del nivel Estratégico Nacional, en particular, la concepción y el posicionamiento estratégico que seguirán orientando y conduciendo las cuestiones relativas a la Defensa Nacional” y que “el Cono Sur se encuentra en una dinámica compleja de redefinición de sus mecanismos de cooperación e integración regionalel fortalecimiento del diálogo constructivo y la coordinación con nuestros vecinos continuarán siendo prioridades estratégicas de Argentina”.

No puede omitirse a la hora de elaborar una “Estrategia Marítima Nacional” que la Argentina tiene invadidos o en disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña, unos 5.497.178 Km2, derivados de 1.639.900 Km2 ocupados de territorio marítimo e insular; 2.426.911 Km2 de territorio continental y marítimo Antártico y 1.430.367 Km2 de plataforma extendida derivada de la Ley 27.557, ya que el dictamen de la Comisión de Límites solo recomendó la aprobación de 351.633 Km2 del total reclamado por Argentina, por aplicación del Art. 76º 5 de la CONVEMAR. Por lo tanto, cualquier auditoría que se apruebe deberá contemplar una estrategia relativa a estos espacios territoriales continentales, insulares y marítimos.

En cualquier caso, no se trata de “asegurar (como dice la Res. 230 en su objetivo 1 del Anexo) la efectiva implantación de los instrumentos internacionales” sino de compatibilizar los instrumentos internacionales ratificados a las estrategias nacionales relativas al mar y, es, en el objetivo 2, donde omite precisar la jurisdicción y responsabilidad, limitándose a indicar “según corresponda”. Tampoco, a la hora de “Inspeccionar buques extranjeros” refiere al control de la pesca ilegal que, sin dudas, es una de las razones principales de depredación y contaminación marina y transporte ilegal. Menciona genéricamente luego en el objetivo 4 “proteger los recursos naturales en aguas de la Nación” sin referir a los migratorios que tienen origen en la Zona Económica Exclusiva Argentina y son apoderados por buques extranjeros en alta mar y en Malvinas. Finalmente, dice, la coordinación argentina será en la sede de la OMI en Londres. Es lo más preciso que tiene esta Resolución.

Ninguna obligación contraída con la OMI puede omitir las cuestiones observadas, ni todos los organismos que deben intervenir, porque atentaría contra la soberanía nacional, las prescripciones de la Constitución Nacional y, facilitará la injerencia prepotente del RUGB en el Atlántico Suroccidental.

Cuando nos lamentamos de nuestra dependencia, recordemos a Louis Pasteur (1862): “Nada se produce por generación espontánea”.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

LA ARGENTINA DESARMADA Y RODEADA

François Soulard*

Una combinación emblemática de political warfare, confrontación militar y guerra subversiva

Estrella mundial del fútbol, la posición de Argentina en el plano geopolítico y estratégico es mucho menos gloriosa. Este mismo año 2023 se celebraron discretamente los cuarenta años de democracia (desde el final de la última dictadura militar), que parece haber sobrevivido de milagro a la involución que vive el país desde hace varias décadas. Una profunda erosión del aparato político-estratégico, teatros de sombras con partidos reciclados en coaliciones circunstanciales, la economía al borde del precipicio y una sociedad abierta pero desafiante y fragmentada. Forjada hace poco más de dos siglos tras un poderoso impulso fundacional, rica tanto en extensión geográfica como en recursos, la nación argentina hoy se encuentra desprovista de numen político y cultural, al margen de sí misma y entregada a los vientos de la globalización.

Los motivos invocados para explicar esta situación varían. Algunos plantean los argumentos ya clásicos de la corrupción institucional, la falta de cohesión de las élites o los repetidos errores en la gestión económica. Otros buscan justificaciones en el retorno a un pasado glorificado, posturas culpógenas o el barrido de «impurezas» políticas. A semejanza de otras sociedades fracturadas, la pérdida de referentes explicativos aparece como un problema que se suma a los demás, al no poder el espacio político-informativo brindar un discernimiento de las dinámicas internas del país y su conflictiva inserción en la globalización. Sin embargo, para comprender el itinerario de esta ramificación del extremo Occidente, es precisamente necesario abstraerse del lenguaje convencional de las ciencias sociales y políticas y pasar a un marco de interpretación fundamentalmente conflictivo y polemológico.

De hecho, la nación argentina sigue sufriendo los reveses de un desplome estratégico desde el final de la Primera Guerra Mundial y de dinámicas conflictivas que no ha sabido anticipar ni controlar. Estas dinámicas fueron moldeadas por las relaciones de poder durante la Guerra Fría en América Latina y luego amplificadas por las modalidades de confrontación contemporáneas en las que la dimensión inmaterial juega un papel eminentemente estratégico.

La primera dinámica conflictiva, heredada directamente del mundo bipolar, proviene del largo e irregular choque, a partir de 1955, entre el aparato estatal liberal y la lucha armada marxista-leninista en toda América Latina. Los focos revolucionarios desarrollados en suelo argentino son particularmente activos, pero están destinados a su destrucción por la aberración ideológica del foquismo que los subyace. Su radicalización a principios de la década de 1970 formó el tejido de una guerra civil que obligó al Estado argentino a reforzar la seguridad interna y fagocitar la democracia. De 1976 a 1983, el régimen militar, duro y represivo, salió exhausto de la confrontación, incluso en lo económico. Como en otras partes de América Latina, la lucha armada fue derrotada en el plano militar, pero su vanguardia no abandonó la ideología y su vocación revolucionaria. En connivencia paradojal con el Reino Unido, que abrió un frente militar en el Atlántico Sur, se enfrascará de manera paulatina en otros tres campos de actuación, la información, la justicia y la política, con el objetivo final de conquistar el poder.

El retorno a la democracia en 1983 reabrió precisamente este espacio informativo y político, con el imperativo de implementar una reconciliación adaptada al contexto previo de guerra civil. Se cometieron atrocidades en ambos lados. Acaba de producirse una segunda deflagración militar en el Atlántico Sur que Londres se ocupa de prolongar en la forma de una «guerra a través del medio social». La inteligencia británica introdujo, a través del jurista argentino Carlos Nino doctor en Filosofía en el área Jurisprudencia graduado en la Universidad de Oxford, un enfoque de reconciliación basado no en la justicia militar sino en la justicia civil y el derecho penal. Este enfoque se celebró como una innovación en el escenario local e internacional, en comparación con otros enfoques de reparación posconflicto (Camboya, ex Yugoslavia, Nuremberg, etc.). En la práctica, se llevará a cabo de una manera extremadamente sinuosa y selectiva a lo largo de cuarenta años de activismo político-judicial. Al final de un proceso muy controvertido, las Fuerzas Armadas y la Junta Militar serán efectivamente condenadas, mientras que los autores de la lucha armada, sancionados en un principio, serán indultados en la década de 1990.

Se siembran así los gérmenes de una guerra de frente inverso y de un primer cerco cognitivo. Por un lado, el enfoque judicial sesga la naturaleza del proceso de pacificación posterior a la dictadura y amputa al Estado de sus Fuerzas Armadas. Por otra parte, se inculca en la propia sociedad un proselitismo de los derechos humanos, con el fin de cercar el ámbito militar y expiar en él la responsabilidad por la violencia. Una guerra informacional apoya este modelaje cognitivo. La Junta se convierte en el único sinónimo de «terrorismo de Estado», «crimen de lesa humanidad» y el «genocidio» que generara «30.000 víctimas», mientras que Argentina se eleva a modelo internacional de reconciliación bajo el derecho civil. El cerco mental y judicial parte en dos el proceso de pacificación que cabía esperar de una guerra civil que dejó al margen a 17.000 víctimas (muertos y heridos) y más de 22.000 hechos violentos perpetrados por la lucha armada (las cifras oficiales indican alrededor de 9.000 víctimas mortales a manos del régimen militar). La ofensiva cuenta con el apoyo financiero tras bambalinas de agencias británicas y estadounidenses. El vector de inseminación se apoya en particular en un ambiguo agente local que trabajó a la vez para las formaciones revolucionarias, el gobierno militar y el reino de Su Majestad. Encuentra eco a nivel internacional en la socialdemocracia europea y está fluidamente entrelazado con los términos de la influencia globalista (derechos humanos, género, sociedad abierta, etc.). Además, la permeabilidad estimulada por este modelado de la arena democrática esculpe un ambiente favorable al relanzamiento de una agenda de lucha subversiva que se extiende a todo el subcontinente.

La segunda dinámica de conflicto, íntimamente ligada a la secuencia anterior, tiene su origen en la guerra abierta en el Atlántico Sur en 1982. La Junta Militar agitó la idea nacionalista de una Argentina bicontinental y una reconquista de las islas Georgias del Sur y Malvinas. En este punto de la Guerra Fría, Londres percibió que una victoria militar en el marco de una guerra limitada podría serle beneficiosa, tanto en el plano militar como en el de la información. El Estado Mayor estadounidense aseguró su apoyo a la Junta Militar en caso de conflicto. El Ejército Argentino, mal preparado y sin conciencia de la correlación de fuerza militar, cae de cabeza en la trampa tendida por la Albión. La presencia de un buque civil argentino en la isla Georgia del Sur, autorizado previamente por la Cancillería británica, sirve como incidente de provocación. Después de un breve episodio de negociación, el enfrentamiento armado terminó en la debacle de Buenos Aires.

Aquí también, el enfrentamiento militar, rodeado de maniobras de información, es una fase entre otras secuencias imbricadas cuyo alcance estratégico es igualmente insidioso. El régimen argentino, desacreditado en varios frentes, se desintegra, mientras Londres activa en la sociedad argentina una contención normativa y cognitiva que apunta a amputar su capacidad estratégica de manera definitiva. Se compone de dos líneas: el apoyo encubierto a la acción subversiva del movimiento revolucionario y el apoyo a la política de derechos humanos (como se mencionó antes), uno de cuyos objetivos comunes fue neutralizar a las Fuerzas Armadas (prohibición por ley de las Fuerzas Armadas para inmiscuirse en asuntos internos); la influencia de los tratados internacionales para favorecer los intereses británicos en el Atlántico Sur, de los cuales Chile se beneficiará.

Con el paso de los años y al arbitrio de los flujos y reflujos creados por las crisis políticas, el movimiento neomarxista logrará reconquistar el espacio político y desarrollará una agenda extrañamente funcional al desmantelamiento del aparato político-estratégico argentino, bajo la apariencia de progresismo de los derechos humanos y retórica soberanista, proceso que se desarrolló bajo la mirada relativamente benévola de la potencia norteamericana. Por el momento, esta contradicción no ha sido socavada en serio por ninguna formación política. Las conquistas económicas del antiguo imperio británico sobre el dominio marítimo de las Islas Malvinas ascienden a una superficie equivalente al territorio continental argentino, al tiempo que la pesca y su manejo ilegal en connivencia con otras potencias extranjeras generan abundantes dividendos (más de 600 millones de dólares anuales).

La democracia argentina es así el teatro de una guerra nueva y de otra no armada, interna, endógena, muchas veces indescifrable e invisible. Esta no se resuelve únicamente en las renuncias o capitulaciones mostradas por sucesivas generaciones de dirigentes políticos frente a los daños de conflictos heredados del pasado. Este estado de guerra interna, de carácter fundamentalmente ofensivo, resulta de una modelación cognitiva de la sociedad argentina y de un nuevo choque entre una nueva matriz subversiva, retoño del reciclaje de inspiración marxista-leninista, y una matriz liberal adherida al tejido republicano del país. Este choque tiene lugar en el ámbito de la democracia misma y en su espacio económico, de la información, normativo y jurídico.

La primera matriz supo obtener una ventaja estratégica en las últimas tres décadas. Practicó con eficacia el entrismo de los partidos políticos tradicionales (tanto de derecha como de izquierda) y orquestó una activa guerra de la información, entrelazada con operaciones judiciales, económicas o violentas, pudiendo sacar provecho de las múltiples contradicciones conceptuales y estratégicas de su oponente liberal. Su llegada al poder en 2003, primero con Néstor Kirchner, infundió un Estado dual, conjugando el mantenimiento de una fachada institucional y una economía anémica, con poblaciones cautivas, una matriz clientelista en connivencia con el universo ilícito, que ahora se ofrece al mejor postor (China).

El resultado de esta confrontación es un estado de semidislocación de la sociedad argentina, atravesado de cabo a rabo por líneas de falla culturales, políticas e identitarias. El colmo es haber llegado a ciertos mitos fundacionales del país y haber desarmado precisamente a buena parte de los propios ciudadanos argentinos en la medida en que su entendimiento, es decir, el paisaje perceptivo y las herramientas de comprensión estratégica de la realidad, se convirtieron en uno de los principales objetivos del enfrentamiento. La dificultad es manifiesta a la hora de captar cabalmente este contexto, sean cuales sean los colores políticos, incluso, por supuesto, para los partidos empantanados en el posibilismo y la moderación y aun cuando existen iniciativas que buscan romper este blindaje perceptivo. En este sentido, el voto en las primarias, en agosto de 2023, por el joven outsider ultraderechista Javier Milei viene a señalar una demanda de transición.

La ausencia de preocupación del mundo académico e intelectual sobre la fisionomía de esta guerra silenciosa y sistémica contribuye indirectamente a perpetuarla. Sin embargo, existen casos similares y se dispone de conocimiento sobre esta área menos popular de las guerras intangibles. ¿Existen otras opciones para la nación sanmartiniana que aprender a rearmarse y construir, desde su propia historia y a la luz de las mejores experiencias internacionales, un nuevo arte de combate?

* Nacido en Francia, es ensayista y coordinador de la plataforma internacional de comunicación Dunia. Titular de una maestría en Ciencias de la Tierra en Francia. Se dedicó a la planificación territorial en el norte de Francia hasta el año 2003, para luego ser observador-partícipe de las dinámicas sociopolíticas en varios continentes. En 2012 fundó la plataforma Dunia en pos de brindar servicios de comunicación digital e investigar el rol estratégico de la información. Ha sido partícipe de distintos movimientos sociales en la región, en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Es autor de «Una nueva era de guerra informacional en América Latina»; coautor del «Diccionario del poder mundial» (2015) y «Democracia digital» (2020). Tradujo al español y al inglés algunas obras del geoestratega Gérard Chaliand («Por qué Occidente pierde la guerra, Terrorismo y política, Atlas estratégico»). Desde 2020 colabora con la Escuela de Guerra Económica en Francia.

Miembro de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG.

Nota disponible en francés en la revista Conflits: https://www.revueconflits.com/largentine-desarmee-et-fragilisee/

DOS MIL BUQUES PESQUEROS SIN CONTROL EN EL PUERTO DE MONTEVIDEO

César Augusto Lerena*

Hace décadas que escribimos sobre la incapacidad o desinterés argentino por controlar la pesca ilegal en el Atlántico Sur. De igual modo, meses atrás, nos referimos al apoyo del Puerto de Montevideo a la pesca ilegal que realizan buques chinos, españoles-británicos, coreanos y taiwaneses.

Hoy la Auditoría Interna de la Nación de Uruguay ratifica en detalle nuestros dichos. Montevideo sería un colador para la pesca ilegal y el crimen organizado. Sería bueno tener una auditoría de igual rigurosidad de los manejos de la Subsecretaría de Pesca de Argentina y de los puertos argentinos.   

Denunciamos entonces que más de 700 buques extranjeros pesqueros que operan en el Puerto de Montevideo capturan ilegalmente recursos pesqueros argentinos en Malvinas y, los migratorios originarios de la ZEE de ambos países en alta mar; violando ―Uruguay― las declaraciones de la CELAC de 2011 y 2014, la Res. del UNASUR de Asunción del 17/03/2012, etc., y el Tratado del Río de la Plata de 1973/4. En este Puerto se recambia el combustible, se reemplazan tripulantes, se transbordan capturas, se arma y repone alimentos e insumos, etc., de buques que pescan ilegalmente. Operaciones que representarían a Uruguay un ingreso de 300 millones dólares anuales (Baubeta Mario; Mercopress, 20/12/11), aunque violando todas las normativas.  

También recordamos que los tres Estados ribereños de América del Sur oriental (Argentina, Brasil y Uruguay) suscribieron la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” y que ésta es el ámbito adecuado para tratar, también, cuestiones relativas al trabajo esclavo, contrabando y narcotráfico que, atrás del descontrol en los puertos, van de la mano de la pesca ilegal.

Por su parte, el 29 marzo de 2023 (Radio Sarandí) Jaime Coronel, el director del Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) manifestó que «el puerto de Montevideo es seguro y no se desembarca pesca ilegal, porque se revisan las bodegas y se hacen seguimientos satelitales»; pero, la citada auditoría oficial demuestra lo contrario y, ello es grave, porque el flagelo de la pesca ilegal le extrae a Latinoamérica y al Caribe recursos pesqueros del orden de los 12 mil millones de dólares anuales, empobreciendo a sus pueblos, quitando empleos y competitividad a las empresas.

La Auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay realizada en junio de 2023 a la DINARA es terminante y de sus conclusiones surge con claridad que en el Puerto de Montevideo no hay control de la Pesca Ilegal, además, de estar fuera de control otras irregularidades.

La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay alertó sobre el “conjunto de conclusiones y hallazgos con criticidad extrema” de esta Auditoría y, entienden, que el informe “demuestra el grave problema de funcionamiento que presenta la DINARA, como resultado de un desmantelamiento que impacta negativamente en la gestión, generación de información, investigación y control de los recursos pesqueros, así como el control higiénico-sanitario e inocuidad de los productos de la pesca” (Montevideo Portal, 28/07/2023). Un durísimo comunicado de los propios funcionarios del área.

La conclusión de la Auditoría de la Nación refiere a que «el proceso de emisión y renovación de los permisos de pesca comercial industrial presentó debilidades de control interno, que no permiten asegurar que los mismos cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente, la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad e integridad de la información y la protección de los recursos hidrobiológicos»; por «ausencia en la actividad de control y seguimiento, a fin de garantizar que los permisionarios no se aparten de las autorizaciones otorgadas, en referencia a la cantidad, tipo de pesca, en el estado y uso de los recursos hidrobiológicos»; es decir, que la pesca en el Puerto de Montevideo carece de todo control y, ello supone desconocer el origen y trazabilidad de las capturas y desembarcos, la eventual apropiación ilegal de recursos originarios de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) del Uruguay y Argentina o, migratorias desde éstas en alta mar, al igual que en la Zona Común de Pesca de ambos países; la extracción de mayores volúmenes a los autorizados; la captura de tallas inferiores a las permitidas o de especies plenamente explotadas; el descarte y la sustitución de especies al desembarque o transbordo; entre otras irregularidades que podrían incluir operaciones de narcotráfico y trabajo esclavo. Situación que se ratifica cuando la auditoría indica: «El organismo no cuenta con un Registro de Pesca integral, la información es parcial y está segmentada en distintas áreas, no permitiendo realizar una trazabilidad del proceso, ni ejercer los controles necesarios para una adecuada y oportuna toma de decisiones»; contrariando, las recomendaciones de la FAO, que se agravan cuando Uruguay es parte de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y del Estado Rector del Puerto (Ley 19.017; Decreto 323/17).

Estas irregularidades podrían ser suficiente motivo para que los mercados internacionales descarten al Puerto de Montevideo como estación de carga y, descarga de productos pesqueros. Situación que debería llevar a la Cancillería Uruguaya, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Comisión del Tratado del Río de la Plata ―por aplicación de los Art. 74º, 80º y 82º de éste, las normas de la FAO y el Preámbulo y los art. 59º, 87º, 116º a 118º de la CONVEMAR― a efectuar urgentes y profundas correcciones, por cuanto la categorización de evidencias “extremas” por parte de la Auditoría están indicando que “las debilidades detectadas son muy significativas”, pudiendo poner en riesgo recursos pesqueros originarios de ambos países, tanto en la Zona Común de Pesca, en la ZEE y, alta mar, como los argentinos en Malvinas; cuya soberanía Argentina el Uruguay ha reconocido expresamente, aunque de esta forma se esté convirtiendo en una retórica sin ningún efecto práctico.

Al respecto, la Auditoría ha calificado esas debilidades relativas a la información como “altas” y, de “extremas” la responsabilidad de la autoridad del DINARA, el trámite de permisos, los registros, controles y seguimiento. Todas cuestiones que, sin entrar en mayor detalle, son suficientes para calificar a Montevideo como un puerto sin control pesquero y, por tanto, absolutamente permeable a la pesca ilegal.

Sin agotar el cúmulo de irregularidades que detecta la Auditoría, ésta verifica respecto a la Dirección, delegaciones inapropiadas, acefalías continuadas. debilidades contables, no detección de irregularidades por falta y/o debilidades de controles, inadecuado seguimiento de las gestiones, comunicaciones informales por fuera de los canales administrativos, incumplimiento de las normativas vigentes y, entre otras, la mayoría de la información calificada de “reservada o confidencial” de acceso exclusivo de los Encargados de Áreas, “los dueños de datos” dice la Auditoría, pudiendo dar lugar a actos de corrupción, en lugar de procesos y documentos transparentes, de libre acceso a todos los ciudadanos. Todo esto, sin lugar a duda, podría constituirse en un soporte necesario, para encubrir la pesca ilegal, que necesita de controles laxos, información confusa y trámites sin plazos. “Falsificación de permisos de pesca emitidos por el sistema VUCE” dice la Auditoría y, diversas observaciones graves administrativas y relativas a la aplicación de sanciones que, están todas indicadas en el pormenorizado informe de los auditores oficiales.

Se detecta falta de personal en áreas claves. Esto podría deberse a las habituales restricciones del Estado pero es inviable controlar el origen, la trazabilidad y legalidad de la pesca si las descargas se validan con meras declaraciones juradas empresarias o el puerto carece del personal oficial adecuado para realizar las tareas de policía sanitaria; obligación habitualmente indelegable, que no puede dejarse librada al usuario o a eventuales controles privados concesionados. En 1998, cuando Estados Unidos y luego la Unión Europea comenzaron a exigir la aplicación de planes HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), la ejecución de estos sistemas de autocontrol, nunca dejaron en manos privadas el control del tránsito, el embarque o desembarque y los pertinentes controles y la certificación oficial. Dejar a los puertos sin control oficial presencial y no llevar una organización del Estado segura, transparente, técnica, eficiente y eficaz es promover el mejor escenario para la pesca ilegal, el narcotráfico, el trabajo esclavo y la evasión fiscal.

Pero ¿qué pasa con Jaime Coronel? Que, no obstante, la ejemplar Auditoría que lo incrimina, el pasado 16/08/2023 firmó en nombre de Uruguay junto a Ecuador, lo que llamaron “Memorando de Entendimiento histórico a fin de fortalecer sus lazos y desarrollar maneras cooperativas de combatir la pesca ilegal, en ambas costas de Sudamérica”. Se ve que los ecuatorianos no conocen ese documento, cuyas conclusiones se agravan precisamente cuando Don Jaime refiere a que Uruguay “alberga algunos de los puertos más transitados del mundo que, colectivamente reciben más de 2.000 buques pesqueros al año” (Tahiana Fajardo Vargas, PEW, 17/08/2023) que no son de bandera uruguaya sino de diversas nacionalidades que pescan ilegalmente los recursos pesqueros originarios de los Estados ribereños y los de Argentina en Malvinas.

Respetuosamente entendemos que las Autoridades de Uruguay deberían tener muy en cuenta lo prescripto en la Ley 19.175 que, en su art. 16º, refiere a la aplicación de criterios de «precaución en la conservación, ordenación y explotación de los recursos…» y, muy especialmente, los art. 76º a 79º que califican como grave la pesca ilegal, que causa depredación, sobrepesca e insostenibilidad de las especies.

Se dice también en los ambientes portuarios, que el 80% de la flota merlucera de altura se habría vendido a empresas rusas en aparente violación del art. 36º de la Ley de Pesca y que, a su vez, se habrían sustituido embarcaciones en contravención a lo establecido en el art. 31 del Decreto 115/018, lo cual de confirmarse sería otra demostración elocuente del descontrol, violación de la ley y consecuente pesca ilegal.

«No venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad» (José G. Artigas)

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).