Veremos si nuestros líderes políticos saben leer el escenario que se viene, tanto en energía como en alimentos.
Vienen tiempos nuevos. Trataremos de desentrañarlos.
“The Great Deception: The True Story of Britain and the European Union” de Christopher Booker y Richard North es un libro fantástico. En Amazon [1].
Restaurar, por su parte, ha publicado numerosos artículos sobre los problemas energéticos europeos, gracias a la Dra. Laura Canale y a la Sra. @BGSNAFU. Listado al pie.
Esto se complementa con la comprensión del Heartland europeo como tensión geopolítica en el continente. Artículo de@SebaZ3. Al pie.
La construcción de Europa Moderna
La tesis de los autores Booker y North es que hoy la Unión Europea (antes Comunidad Económica Europea) es una construcción del Departamento de Estado de los EEUU. Hecha con paciencia, como quien borda un paño. Documentan en detalle reuniones, actas, convenios, etc. preparatorios y sus posteriores ampliaciones.
Básicamente sostienen que la Unión Europea es el fruto de un golpe de estado, armado en cámara lenta, contra los pueblos de las naciones que la integran.
Uno de los puntos analizados en el libro es la doctrina de la “Soberanía Alimentaria” iniciada en los cincuenta. Aúna el interés político/electoral de Francia con el de la maquinaria industrial alemana proveedora de insumos a los chacareros europeos.
El interés norteamericano consiste en armar un megaestado tapón que impida que Rusia crezca hacia el oeste.
Tras la Segunda Guerra Mundial los políticos norteamericanos y europeos occidentales coincidieron en garantizar una mínima calidad de vida a los europeos, de ahí la construcción de un Estado de Bienestar e industrializar como forma de generar pleno empleo. A esto se suma el engendro alimenticio con el triple propósito de crear (artificialmente) fuentes laborales, mantener el complejo químico y mecánico alemán, y alejar o narcotizar la angustia que el hambre le producía a la población europea luego de dos guerras consecutivas.
Esta iniciativa generó un enorme desbarajuste en las naciones que antes exportaban alimentos a Europa (EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Argentina y Uruguay). Cada una tomó una estrategia diferente. En los EEUU creó un cambio notorio en el balance de poder entre las diferentes burguesías locales. Le permitió a la élite Brahmin mayor preponderancia. Tema para otro día.
El caos en el mercado de alimentos mundial se agravó cuando la CEE comenzó a generar surpluses. Actualmente Alemania y España son los principales exportadores de carne de cerdo del mundo con US$ 4.000 MM anuales cada uno. Importan forraje y venden carne de cerdo. Argentina mira. DELICATESSEN.
Energía
Europa ha creado una sociedad altamente urbanizada, desarrollada e intensiva en el consumo de energía. Es un continente sin energía y la poca que tenía la fue desactivando.
Europa posee minas de carbón. En el norte de Inglaterra, Gales y Escocia; todas ellas cerradas por el gobierno de Margaret Thatcher para favorecer las —entonces — recientes inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos en el Mar del Norte.
Existen importantes yacimientos de carbón en la zona de Renania, la frontera entre Francia y Alemania, amén de otros adicionales en lo que hoy es UE y antes estaba detrás de la cortina de hierro como Polonia, República Checa, Rumania.
La UE a principios del siglo XXI, con la excusa del fraude del Calentamiento Global, inició un plan de cierre de las plantas de electricidad a base de energía nuclear y de carbón, parcialmente completado.
El carbón, la leña y el petróleo del Mar del Norte son las únicas fuentes de energía que Europa posee sin tener que importar. Depende del resto del mundo para el gas, el uranio y el petróleo. Eso explica gran parte de las relaciones internacionales europeas desde la Segunda Guerra Mundial a hoy.
Francia durante años invirtió en centrales nucleares. El uranio lo obtenía de Chad, en África, por lo que sometió a ese país a tiranías que responden al Elíseo.
Los hidrocarburos en Europa abastecen las necesidades de transporte, electricidad y calefacción. Pero existe otro uso imprescindible: fabricación de fertilizantes, la piedra basal de todo el despropósito agrícola intensivo europeo. Sin eso, se les cae el mundo como lo conocen.
Europa (léase Francia y Alemania) iniciaron tratativas para construir un gasoducto desde Siria, que pasaba por Turquía y llegaba al corazón Europeo. Los EEUU inventan el Estado Islámico y despedazan Siria.
Libia era el gran proveedor de gas y petróleo a Italia. El Departamento de Estado, en ese momento a las órdenes de Hillary Clinton, generó una gigantesca conmoción política, a la que denominó Primavera Árabe, la cual finalizó con la fragmentación del país en tribus.
Luego de la debacle soviética y tras la invasión a Irak, Alemania vuelca su interés a Rusia. Construyen una serie de gasoductos, algunos que pasan por Polonia más el Nord Stream 1 por el lecho del Mar Báltico. Construye el Nord Stream 2.
Vuelven los neocons a la Casa Blanca
Cada vez que Europa pretende asegurarse combustible por fuera de las petroleras norteamericanas, British Petroleum (GB) o Shell (Holanda), ya sea con acuerdos de largo plazo con Rusia, o Turquía, o Siria, o Irak, o los países del África Mediterránea (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto), el país vendedor es desestabilizado con un golpe de estado fogoneado por el Departamento de Estado. El nuevo mandatario, rápidamente, desconoce cualquier acuerdo anterior y pasa a firmar con alguna petrolera “aceptable”.
En lo que va del siglo XXI Bush invadió Irak, Obama desestabilizó Egipto, el resto de los países norafricanos (“Primavera Árabe”), lo intentó infructuosamente con Turquía y destruyó Siria al punto de no dejar piedra sobre piedra.
Todo esto acompañado de la propaganda usual. “Los desestabilizados son malos, tiránicos, no respetan los DDHH, etc” (ver Yarvin).
Los cuatro años del gobierno de Trump se caracterizaron por una paz precaria y el retiro parcial de las tropas norteamericanas de algunas de estas áreas.
Biden
La primera semana de gobierno de Joe Biden en los EEUU estuvo conformada por una diarrea de decretos presidenciales. El primero fue desactivar la construcción del gasoducto desde Canadá a EEUU. También pretendió cerrar centrales eléctricas a carbón en EEUU (esta semana la CS de ese país revirtió esta medida).
En política internacional, uno de sus primeros actos fue pedirle a Alemania que frenara la construcción del Nord Stream 2 en curso, a lo que esa nación se negó. Finalmente tuvo que conceder luego del inicio del conflicto de Rusia con Ucrania.
Los EEUU quieren una Europa próspera, pero dependiente de los EEUU y lo más alejada posible de Rusia. No se trata de la energía. Ésta es sólo una herramienta para que la UE no tenga la peregrina idea de tener vuelo propio (ver Booker libro citado y Spenglerito al pie). Por presión de los EEUU, la UE rechazó la incorporación de Rusia solicitada por el gobierno de Putin hace más de una década. Henry Kissinger reprochó el accionar de la Casa Blanca en ese momento y lo recordó en estos días. HK responsabiliza al Departamento de Estado del dislate que es la guerra en Ucrania.
El Cambio Climático
Con la propaganda del cambio climático y la búsqueda de energías verdes se cruzan diferentes intereses. Coincido con Christopher Booker y James Delingpole, que el Calentamiento Global es un gigantesco fraude de miles de millones de euros.
Christopher Booker [3]
James Delingpole [4]
El fraude es sólo una de las caras de la moneda.
La otra: manotazos de ahogado en la búsqueda de substitutos del petróleo. Sin posibilidades de grandes fuentes de energía hidráulica y con la energía eólica y solar cara y poco confiable, la solución natural es la nuclear. Sin embargo, por influencias varias, se han encargado de desactivarlas, lo que vuelve a Europa más dependiente aún de los hidrocarburos y del grupo EEUU/GB/Holanda. Rusia era entonces la solución lógica; si bien ponía en riesgo la alianza con el mundo anglosajón.
El conflicto militar en Ucrania es la respuesta al coqueteo europeo con Rusia. Boicotearon todo lazo de raíz. En estos días, durante la reunión del G7, los líderes de Francia, Alemania e Italia pidieron a Joe Biden que finalice la guerra.
Les adelanto: van a tener el mismo éxito que tuvieron con Bush cuando EEUU invadió Irak.
Una nueva y distinta relación con Rusia es lo que los líderes europeos deberán definir antes de la llegada del invierno. Panorama incierto si los hay. Mientras, el mundo (léase China, India, Rusia, Brasil) continúa con el plan B, donde Europa no compra hidrocarburos rusos.
Nosotros
Como vemos, estas alianzas llevan décadas en su conformación. Aún los acuerdos de provisión de gas ruso a Alemania post Glasnot, ya tienen varios lustros.
Argentina puede ser un proveedor de energía a Europa y también de alimentos, en el caso que la Unión decida recortar sus producciones. De darse esa situación, nuestros representantes deberían tomar los recaudos del caso; ya le dimos de comer a Europa durante la guerra y la postguerra y nos echaron a patadas en la primera oportunidad. No es gente de confiar.
Entramos a una nueva era que requerirá una posición internacional de nuestra parte.
Argentina desaprovechó en su totalidad las dos décadas de buenos términos de intercambio del siglo XXI. Dicho en criollo: dilapidó la oportunidad de crecer y prosperar que dieron los altos precios de la soja en los últimos 20 años.
Veremos si nuestros líderes políticos saben leer el escenario que se viene, tanto en energía como en alimentos.
Ojalá tengamos la inteligencia y coraje para diseñar las alianzas internacionales correctas que deben incluir necesariamente a China, Rusia, EEUU, Medio Oriente, UE y el resto de América Hispánica. Por lo pronto ingresar a los BRICS sería un buen inicio.
* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).
Referencias en Restaurar
Dra. Laura Canale
La crisis energética europea. El alza de precios y la inflación. La ventana de Overton
Recuerdo al Malevo Ferreyra cuando se voló la tapa de los sesos.
Viendo de reojo los comentarios sobre la nota de la semana pasada, encontré uno muy reconfortante.
Un señor dijo: “Por más que lo critiquen, el gaucho siempre te cuenta una verdad”.
Muchas gracias señor Bercovsky… Por leer, por afirmar que cuento la verdad y por llamarme “gaucho”, el mejor y más lindo adjetivo calificativo argentino que uno puede recibir.
La verdad que tengo para hoy se refiere a la visita que hice al penal de Ezeiza.
Con el retorno del kirchnerismo al gobierno, las cosas se complicaron aún más para ver a los militares presos.
Justicia y Concordia ya no tiene pase, lo cual hizo que fuera medio un calvario poder entrar.
Llegar a Ezeiza es una aventura en la jungla.
Luego de sortear todo tipo de dificultades, llegamos al penal, donde tuvimos que dejar el auto afuera, por nueva disposición de la justicia y el servicio penitenciario, intervenido por Garrigós de Rébori, fundadora y presidente de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.
Nos despojaron de todos los elementos personales, tomaron nuestros datos y huellas dactilares. Revisaron nuestra ropa, bolsillos y demás, pasamos por el arco electrónico y caminamos hasta el sum donde los presos reciben visitas.
Nadie los visita más que tres locos y una bolsa de facturas. Los sándwiches de miga te los sacan en la guardia.
Preside el sum una imagen del Cristo crucificado con la Virgen de Luján a su izquierda y la de San Nicolás a su derecha.
Esperamos un par de minutos hasta que los guardias trajeron a los presos. Todos ex oficiales de la Armada Argentina, munidos de sus termos con agua caliente para convidarnos con té o café.
Conversaron con mucho interés y entusiasmo. Comimos facturas y tomamos té servido por los oficiales en tazas y cucharas de plástico descartables, usadas y lavadas varias veces.
Para ellos fue una fiesta que agradecieron en varias oportunidades.
Contestaron todo lo que pregunté sin rehuir de los temas. Están en paz por haber cumplido con lo que la patria les demandó y para lo cual fueron preparados y entrenados.
Tienen fortaleza de espíritu, aunque se saben abandonados por una sociedad que les dio la espalda y los olvidó, hasta que mueran en su celda.
Infobae publicó un artículo de Daniel Cecchini, viejo odiador de todo lo castrense.
La radio anunció que próximamente se estrenará la película “1985” con la actuación de Ricardo Darín rememorando los juicios a las juntas militares.
Nunca descansan, no cesa el fuego porque la guerra no terminó.
Permanentemente los medios de comunicación y el arte producen contenidos sobre lo que se denomina “La Dictadura” que sirve a los argentinos para expiar nuestros demonios.
Así nos liberamos de la culpa, poniéndola toda sobre los hombros de los malditos “represores terroristas de estado”.
Hacen de Videla el demonio mayor, pero tienen cientos… miles más en la mazmorra.
Por ellos no puede haber gloria en Malvinas, ni heroísmo y coraje en el operativo independencia.
El Sargento Cabral es el único soldado heroico que acepta el relato implacable.
Recuerdo al Malevo Ferreyra cuando se voló la tapa de los sesos para dejarle el cuerpo a los caranchos de la orga. La suerte estaba echada y él no quiso prestarse a la farsa de la industria del juicio y las indemnizaciones.
Los soldados y policías todos presos, pero Horacio Verbitsky y la memoria de Rodolfo Walsh al frente de la inteligencia montonera, mañana 2 de julio, festejan un aniversario más de su atentado más sangriento, la bomba en el comedor policial.
23 familias argentinas cuyas muertes aún siguen impunes después de 46 años… todavía esperan.
¿A esto se le puede llamar justicia? ¿Dónde está la igualdad ante la ley?
En su personaje de Saúl Menahem, en la recientemente estrenada serie «Iosi, el espía arrepentido», el actor Alejandro Awada expresa:
Hablar de servicios de inteligencia en Argentina es una contradicción. En un 80% se espían y se cagan entre ellos; un 10% trabaja para algún político así justifica su sueldo y el otro 10% hace guita. No sirven para nada. Ni para encontrar las manos de Perón. Manipulan a su gente con estos cuentos. Necesitan creyentes y un enemigo. […] Reclutan idiotas útiles y cuando llega el momento los descartan.
Bien, no es tan así, o mejor dicho no era tan así. La Inteligencia argentina, más precisamente cuando era la SIDE, supo tener mejores momentos y su Escuela Nacional de Inteligencia (ENI)[1] es recordada aún por algunos agentes europeos y de la región que cursaron en ella por aquellos años.
Mucho ha cambiado desde esos años en que la ENI era un instituto serio de formación. Las purgas ocasionadas por el gobierno de la Alianza —uno de los tantos engendros políticos creados con fines electorales— y por los sucesivos gobiernos, han ocasionado la partida voluntaria y también forzosa de muchos agentes de carrera. La serie que nos recuerda a Maxwell Smart parece convertirse en realidad, más aún cuando hoy se escucha al nuevo interventor —aquel al que le robaron numerosas armas y hasta un misil cuando era ministro de Defensa— ofrecer elucubraciones personales en una entrevista con respecto al mediático caso del avión venezolano con tripulación iraní y venezolana; expresó que era una «presunción» de él, a la que llegó porque «le da la cuenta porque 5 iraníes y 14 venezolanos» estaban instruyendo a dos tripulaciones… Dejemos de lado lo del avión. Lo que no puede hacer el máximo responsable de la Inteligencia argentina es ir a una entrevista con «presunciones» sino con información de inteligencia, la cual podrá o no compartir públicamente en función del secreto de la investigación. Quizás sea más apropiado que quien ejerza esa función no se exponga mediáticamente.
En un artículo publicado el 26/01/2021 ya me referí a una noticia en la que se informaba de un nuevo proyecto de ley de inteligencia y me permití criticar al que fuera presentado en 2016 por la entonces diputada Elisa Carrió[2]. Actualmente está en el Congreso ese proyecto pergeñado por la «fiscal-interventora» que compite con el de Carrió en términos de dislates.
Luego de que se disolviera la Secretaría de Inteligencia y se creara la AFI en 2015, el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) ha acelerado su caída en picada. El funcionario ideólogo de la estructura del organismo y del complejo y retorcido Decreto 1.311 sobre la nueva Doctrina de Inteligencia Nacional, Marcelo Saín[3], quien creó una agencia caracterizada por su macrocefalia que la tornó inoperante, sobre todo al tener más de cincuenta directores sin jefaturas intermedias. Por otra parte, no se contempló la incorporación de un área de «Análisis» en el organigrama de Inteligencia Exterior, cuando el análisis es la actividad esencial de la inteligencia. La administración de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani no modificó esa situación sino que la empeoró al incrementar el número de contratados con sueldos equivalentes a los de directores. Aquí ya se puede apreciar la sangría de los recursos del Estado.
Como si fuera poco el daño hecho al SIN durante los gobiernos kirchneristas, de Macri y del de Alberto Fernández[4], los legisladores pueden empeorar aún más la situación de la Inteligencia Nacional sancionando esta ley presentada por el «equipo» de la «fiscal-interventora». Entre los miembros de ese equipo[5] se encuentra Rafael Bielsa y Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS.
Permítanme hacer una digresión para destacar que Rafael Bielsa fue quien, como embajador en Chile, propuso a la justicia de ese país que el dirigente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el muy aborigen Jones Huala (actualmente prófugo), podía cumplir su libertad condicional en la Argentina. Por su parte el CELS —ONG vinculada a Horacio Verbitsky— cuenta con la prerrogativa de impugnar el ascenso de los militares de las Fuerzas Armadas de la República Argentina y recibe financiamiento de la Embajada Británica en Buenos Aires, de la Embajada de la República Federal de Alemania en Buenos Aires, de la International Planned Parenthood Federation (ONG que actúa en defensa del acceso al aborto inducido y del libre acceso a los métodos anticonceptivos como medios de planificación familiar), de la Fundación Ford, de la socialdemócrata Fundación Friedrich Ebert Argentina (socialdemocracia alemana), de la Fundación Heinrich Böll (vinculada a Die Grünen, el partido de Los Verdes de Alemania), de la Open Society Foundations (George Soros), entre tantas otras organizaciones e instituciones que «se interesan» por la Argentina. También recibe fondos de ministerios de la Argentina como los de Educación y Salud de la Nación.
Entre la exposición de motivos que se expresan en el proyecto de ley de Inteligencia presentado por el equipo de la «fiscal interventora» se expresa que «ya no se trata solamente de dejar atrás un funcionamiento anómalo, ineficiente, obsoleto y muchas veces, ilegal, sino de dotar al país de una herramienta indispensable para mejorar la calidad de las decisiones…»
Si observamos la notoriedad mediática que ha tenido la gestión de la «fiscal interventora», es precisamente todo eso lo que ha caracterizado su pésimo desempeño al frente del SIN. Demás está decir que la interventora durante su gestión ha procedido a violar en más de una oportunidad la ley vigente, como por ejemplo en el caso de la revelación de las actas del organismo.
En función de lo expresado en la exposición de motivos, cabe aclarar que la Inteligencia no es una herramienta «para mejorar la calidad de las decisiones» sino un instrumento esencial «para la toma de decisiones». Si el decisor carece de criterio, de calidad intelectual y de otras virtudes o, simplemente, ignora la información que le proporciona su servicio de Inteligencia (algo habitual en Argentina), éste nada puede hacer, porque solo se limita a poner los informes a disposición del decisor. Como reza el proverbio, Quod natura non dat, Salmantica non præstat.
Para ser más claro, la AFI es el organismo encargado de producir conocimientos acerca de las problemáticas, riesgos y conflictos inscritos dentro de la Defensa Nacional y de la Seguridad Interior en función de la protección de los intereses nacionales. Conducida por el Poder Ejecutivo (más precisamente el Presidente), la AFI formula el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que delinea las actividades del SIN que encabeza la propia AFI. El producto que emana de esta actividad, el análisis de inteligencia, es la producción de conocimiento que sirve de soporte a la toma de decisiones de manera oportuna.
En la exposición de motivos del proyecto de ley, los autores reconocen que la Ley 25.520 tiene muchas virtudes y que «los intentos de reformas parciales, como los realizados en 2015» no tuvieron «la fuerza suficiente como para cambiar el rumbo”, la intervención aconsejó un cambio profundo de las bases institucionales, que no tire por la borda muchos de los esfuerzos de la legislación anterior». En verdad, si se compara este proyecto de ley con la Ley 25.520, han tirado todo por la popa, para continuar utilizando la terminología marina.
Del mismo modo, expresan que «la idea de comunidad de inteligencia no ha servido para construir una articulación institucional sino para romper barreras y crear relaciones informales, donde policías eran agentes de inteligencia y agentes de la AFI eran policías en un intercambio sin control y sin finalidades claras». Agregan que la idea de comunidad de inteligencia «ha servido más para la expansión de la ilegalidad que para fortalecer una coordinación virtuosa». Toda esta afirmación ameritaría una extensa e histórica explicación. Trataré de sintetizarla.
Hasta la sanción de la Ley 25.520, el SIN contó con la Central Nacional de Inteligencia (CNI), órgano que articulaba la inteligencia con las Fuerzas de Seguridad y con las Fuerzas Armadas[6]. Ese órgano fue oportunamente desmantelado. Tras los atentados del 11-S, en los Estados Unidos se percataron de que sus agencias de inteligencia no contaban con ningún organismo que los articulara y entonces, a esos efectos, se creó el Department of Homeland Security (DHS), el Departamento de Seguridad Nacional. Luego fueron creados lo que denominaron «centros de fusión», con el objetivo de promover el intercambio de inteligencia entre las autoridades locales, estatales y federales y coordinar sus actividades.
Este descubrimiento llevado a cabo tras los atentados del 11-S pareció una innovación interesante y digna de recomendación para los países periféricos como la Argentina. Así fue como, durante la gestión de la Arribas – Majdalani al frente de la AFI, vinieron del norte a traer esta modalidad de trabajo. En realidad era lo que hacía la CNI en Argentina hasta su disolución.
Por otro lado, los que nunca entendieron como articular a la Comunidad de Inteligencia fueron los políticos de turno que, en realidad, ni siquiera saben qué es la Inteligencia. O quizás no quieren que se articulen los órganos que conforman el SIN y esto queda claro con este proyecto de ley que propone que la actual AFI no sea más el organismo rector del SIN. Es decir que hace más de veinte años que se eliminó la CNI y ahora se deja a su suerte a cada órgano al eliminar la AFI como cabeza del sistema.
Por otra parte, ese cambio de roles entre policías y agentes de inteligencia al que alude, se remonta a la gestión del gobierno de Néstor Kirchner. Es un grave error confundir la Inteligencia con la Seguridad, algo que se profundizó durante el gobierno de Mauricio Macri. El acento se puso en incrementar el personal de seguridad, con una deficiente formación salvo los pocos casos de jóvenes que habrían pertenecido a alguna fuerza. En paralelo se incentivaba el retiro de los analistas y de los agentes operativos de carrera. La propia ENI estaba bajo la conducción de directivos que con anterioridad habían ejercido cargos en Seguridad. Sin embargo, por la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior, lo referente a las cuestiones de Seguridad y a la actividad delictiva le compete a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la que a su vez es parte integrante del SIN.
Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el organismo ahondó su agonía debido a que se le dieron mayores recursos y mayor presupuesto a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) a cargo del militar predilecto de la presidente, con el cual se sacaban fotos las Madres de Plaza de Mayo. Quizás el único militar que pudo salir indemne de un juicio de lesa humanidad, mientras que otros murieron en prisión o siguen detenidos y procesados inconstitucionalmente por una legislación aplicada con retroactividad y en contradicción con toda la política de derechos humanos de la que se han apropiado retóricamente los gobiernos kirchneristas y de la que participaron asimismo Macri y Horacio Rodríguez Larreta. En este sentido vale recordar que ambos llevaban a dignatarios extranjeros a rendir homenaje ante un «monumento a la memoria sesgada», en el que había nombres de terroristas muertos en enfrentamientos con miembros de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Además, en su conjunto, ese monumento no es más que un homenaje a terroristas que se alzaron contra la democracia y las instituciones de la República.
En abril de 2015, coherente con esta ideología, un trasnochado ordenó demoler el monumento erigido en conmemoración del Combate de Manchalá, ocurrido «el 28 de mayo de 1975, en pleno ejercicio de un gobierno constitucional, cuando un grupo de suboficiales y soldados conscriptos de la Compañía de Ingenieros de Montaña 5, que realizaban tareas de apoyo en una escuela, fueron atacados y defendieron con coraje su posición»[8].
Quizás pareciera que estas menciones no tengan que ver con las políticas respecto a los organismos de Inteligencia pero, contrariamente a ello, la falsa política de derechos humanos pasó a ser una «política de Estado» aplicada por los diferentes gobiernos, así como la destrucción de las Fuerzas Armadas, el desmantelamiento de la Policía Federal Argentina —una consecuencia de la creación de la ineficiente Policía de la Ciudad llevada a cabo por el dúo Larreta-Macri, destruyendo incluso su propia creación, la Policía Metropolitana— y la demolición del SIN.
El mencionado proyecto de ley, precisamente, en su artículo 1º alude «a la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a su sanción, y a toda otra norma que establezca derechos y garantías».
«El Presidente de la Nación podrá convocar a un Consejo Interministerial para el asesoramiento sobre los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional» (artículo 3º), “formado por expertos o personas reconocidas por su experiencia en la materia”… ¿Quizás los mismos que redactaron este proyecto?
A pesar de que a veces se han referido a la existencia de un «doble comando», como lo ha manifestado el nuevo interventor al decir «No creo en el Señor 8, no hay doble comando en la AFI»[9], el proyecto de ley contempla un «doble comando» al crear la figura del «Asesor Nacional de Inteligencia» con rango de ministro (artículo 4º) el que puede ser nombrado y removido directamente por el presidente. Cabe destacar que, según el proyecto, el director de la AFI también será propuesto por el presidente pero con la aprobación del Senado. Es decir que director y Asesor Nacional de Inteligencia son designados por el presidente y ambos con rango de ministro. Su función será «asesorar al presidente en la formulación del Plan Nacional de Inteligencia». Cumpliría el rol de «coordinador» si se crea «alguno de los Consejos Asesores previstos en el artículo 3».
Según el artículo 6º, una de las funciones específicas de la AFI será «Formular el Plan de Inteligencia Nacional, sobre la base de los lineamientos fijados». Es decir que el organismo formulará el PIN pero el Asesor Nacional de Inteligencia asesorará en la formulación del PIN. Parecería haber una duplicación de funciones y si la diferencia está en que uno asesora y el otro escribe bien se podría ahorrar dinero del Estado estableciendo que quien asesore también escriba.
Para determinadas cuestiones, como la celebración de «convenios con organismos de inteligencia o investigación de otros países, o regionales e internacionales, deberá [la AFI] contar con la aprobación del Asesor Nacional de Inteligencia del Poder Ejecutivo» (artículo 6º, inc. 13). Es decir, un «doble comando» con dos funcionarios designados por el Presidente (el Director Nacional con aprobación del Senado) con rangos de ministro en el que uno queda supeditado al otro.
Según informan medios de comunicación, «el gran objetivo que tiene Rossi al frente de la AFI es el de promover la nueva Ley de Inteligencia», que incluye ese «doble comando»[10]. Lo paradójico es que en la exposición de motivos se expresa que «En cuanto a sus autoridades, se debe superar la idea de doble comando de la misma institución» (la cursiva está en el mismo proyecto).
Por otro lado, al referirse a los convenios, el inc. 13 del artículo 6º menciona entre las funciones de la AFI que puede «celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado», lo que ya estaba en la Ley 25.520. ¿Sería correcto que la agencia de Inteligencia celebre convenios con «personas físicas» o «de carácter privado»? ¿Qué contemplan los redactores del proyecto?
Una vez más, en una ley o proyecto de ley de Inteligencia, se insiste en que en ningún caso la AFI podrá «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza…» (artículo 8º, inc. 2). Ya hace años que los científicos han coincidido y expresado en que no existen «razas humanas» sino «diversidad genética en la especie humana». Es decir que un color de piel no indica que pertenezca a una determinada «raza». Ciencia aparte, sigamos con el proyecto de ley.
La gran preocupación, el núcleo de este proyecto, gira en la «protección de los Derechos y Garantías de los habitantes de la Nación» (Título II), lo cual es positivo pero no puede ser que la ley prácticamente se limite a esto y casi nada a la Inteligencia. La Ley 25.520 ya contemplaba este punto pero este proyecto solo establece una serie de contralores (Asesor Nacional; Comisión Bicameral de siete miembros, tres senadores, tres diputados y un presidente; un control judicial ejercido por un colegio de al menos diez jueces federales con jurisdicción en la Capital Federal designados por sorteo público anualmente por el Consejo de la Magistratura; un «Director Nacional de Protección de Datos Personales previsto en la 25.326») que a lo único que apunta es a que la agencia de Inteligencia cuente con numerosos controles externos para que, con certeza, no pueda hacer inteligencia. Queda en evidencia que quienes redactaron el proyecto son personas con formación en Sociología y en Derecho en el mejor de los casos, con una fuerte vocación partidaria pero con un amplio desconocimiento de lo que es la actividad de Inteligencia.
El artículo 26º (Título V) se refiere al Personal y a la capacitación, y aclara que «Los extranjeros podrán ser contratados por decisión directa y fundada del Director Nacional, en el marco de directivas operacionales específicas». Aquí queda abierta una peligrosa “ventana” para la contratación de personas que bien pueden ingresar al organismo para llevar a cabo tareas de infiltración. Aún peor, ciertas fuentes reservadas informan que durante la intervención ya se ha procedido a la incorporación de extranjeros al organismo.
El nuevo interventor ha manifestado «como ejes de la continuidad de la gestión de Caamaño “la profesionalización y la transparencia” de la AFI»[11]. Agregó: «Vamos a trabajar sobre todo lo que son los objetivos estratégicos de la inteligencia, ciberdelitos, lo que le corresponda a la Agencia sobre crimen organizado y la profesionalización de los analistas en los distintos ámbitos desde energía hasta las cuestiones internacionales. Hay que continuar con la línea que siguió Caamaño de vincularla a las agencias más profesionalizadas del mundo». Precisamente, la intervención lo que menos ha hecho es formar profesionales idóneos a través de la ENI sino más bien a adoctrinar a los cursantes.
Para abreviar el espíritu de este proyecto, en la exposición de motivos se expresa claramente: «Como vemos se trata de establecer una Agencia acotada en cuanto a sus tareas…» Ni más ni menos.
¿Qué podemos esperar de una nueva gestión de gobierno en materia de Inteligencia?
Un artículo publicado el 29/06/2022 por La Nación aborda el tema[12]. El propio artículo expresa que no se trata de una tarea sencilla “para quienes formaron parte del gobierno de Mauricio Macri, cuya gestión en materia de inteligencia es duramente cuestionada por acciones de espionaje ilegal que son investigadas por la Justicia. No hay un dirigente de la oposición que se atreva a reivindicar la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Ambos están procesados en al menos dos expedientes judiciales y su gestión se volvió una mancha venenosa por las acciones concretas de seguimiento contra dirigentes opositores e incluso de su mismo signo político”. Una “mancha venenosa” que también se presentó durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estimo que no es necesario recordar el caso pero sí las denuncias que la entonces diputada Elisa Carrió formuló contra Daniel Angelici —al que consideró un operador judicial—, padrino del cuestionado por numerosos medios ex director de legales de la AFI, Sebastián De Stéfano, actualmente funcionario de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
La utilización de la SIDE, la SI y la AFI como una herramienta para alinear al Poder Judicial —o al menos a algunos jueces— con el gobierno de turno demuestra que por más que se cambie de nombre al organismo todos los gobiernos democráticos cayeron en el mismo vicio. Ahí están los “sótanos de la democracia” a los que se refieren el «presidente delegado» Alberto Fernández y la «fiscal interventora», la que fue denunciada por filtración de datos sensibles del Sistema de Inteligencia Nacional, entre los cuales había nombres de agentes pertenecientes a la AFI y ex funcionarios del organismo, pero que fue sobreseída por la jueza María Servini de Cubría. Siempre es bueno que exista un juez oficialista para estos casos.
El artículo de La Nación menciona a Carrió —de cuyo proyecto ya hablé, como manifesté al comienzo—, partidaria de eliminar la AFI y de crear un organismo que solo coordine a las Fuerzas de Seguridad frente al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Con respecto a Larreta los periodistas afirman que sus colaboradores lo oyeron decir «yo la desharía». Algunos de sus colaboradores serían partidarios de «profesionalizar» —verbo transitivo utilizado por las diversas gestiones para empeorar la situación de la Inteligencia Nacional— al organismo «para que sea capaz de combatir el crimen organizado y los delitos complejos, como la trata». El artículo de La Nación menciona que otros funcionarios de Larreta pensarían en continuar con el slogan de “la transformación no para” con el objeto de introducir una gran innovación a las que nos tiene acostumbrados a los ciudadanos de Buenos Aires…
Más centrada parece la propuesta del equipo de Patricia Bullrich, el cual tiene en cuenta que la AFI “debe estar abocada a la producción de inteligencia estratégica”. ¡Brillante!!! Al menos entiende cuál debe ser el objetivo del organismo. Además tendría en claro que el SIN debe tener un espacio para que participen las direcciones de las diversas fuerzas. Un paso quizás para recrear la CNI. Sería algo positivo. Del mismo modo, se menciona que la propuesta apuntaría a “cambiar la Ley [la Ley 25.520] y volver a una ley de inteligencia que saque de la AFI a la investigación criminal y la deje como inteligencia estratégica”. Aquí vemos cómo la Inteligencia terminó convirtiéndose en un “organismo policial”. Se hizo por ley. ¿Quiénes hacen las leyes? Los mismos que después hablan de los “sótanos de la democracia”. Esos son los que pervirtieron al SIN para luego echarle la culpa a los agentes de inteligencia y acusarlos de manejarse independientemente. A propósito, el proyecto de la “fiscal interventora”, en su artículo 10º, dice que “La obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de responsabilidad”. Pregúntenle a un ex agente de inteligencia de esta democracia acerca de los padecimientos sufridos si no acataba lo que le ordenaban o sencillamente por considerarlos “conflictivos”[13]. Fin de la digresión.
Un punto muy relevante al que se refiere el artículo de La Nación es al reclutamiento de los agentes que tienen pensado en el equipo de Patricia Bullrich, el cual considera que todos los agentes deben pasar por la ENI antes de ingresar al organismo. Esto está en la misma sintonía de lo que he propuesto más de una vez, en que no pueden ingresar agentes que no hayan tenido un largo curso de formación. En este sentido, he propuesto en más de una oportunidad en que la ENI se convierta en una especie de ISEN (Instituto del Servicio Exterior de la Nación) para el servicio de Inteligencia.
Por su parte, dentro de la UCR, Gerardo Morales se opone a eliminar el organismo pero sí proceder a una “cirugía mayor”, mientras que Facundo Manes no se manifestó al respecto.
Miguel Ángel Pichetto le ha dado un lugar de importancia al tema al armar “un área de inteligencia, defensa y seguridad para diseñar planes” coordinada por Miguel Ángel Toma, quien se desempeñó como Secretario de Inteligencia y quizás el único recordado positivamente por los agentes de carrera.
Algunas reflexiones finales
Como se ha manifestado, la SIDE y sus sucesoras, la SI y la AFI, han sido utilizadas para manipular a ciertos jueces pero durante la SIDE y buena parte de la existencia de la SI el organismo se abocó en primer lugar a producir Inteligencia Estratégica. Las purgas, tanto de la Alianza —que echó en un solo día, el 07/02/2000, a más de 1.000 agentes para dar lugar a las «consultoras»— como de los gobiernos kirchneristas y las invitaciones al retiro realizadas por la gestión Arribas – Majdalani —tentando al personal con interesantes sumas para que se jubilaran— fueron vaciando a la Inteligencia de su personal de carrera, varios de ellos excelentes profesionales que podrían haber formado a las nuevas camadas.
Con respecto a la «intervención», el organismo ha estado «intervenido» desde mucho antes con la intención de cumplir esos vicios de los gobiernos de turno.
La gestión de la «fiscal interventora» terminó de vaciar al organismo y, contrariamente a lo que sucedía hasta su llegada, la dirección de la «intervención» se invirtió: ahora el poder judicial (nada menos que el de «Justicia Legítima») ingresaba al organismo para manipularlo y vaciarlo. La gestión fue claramente ideológica y se dedicó a seguir con las funciones de una fiscalía. No se hizo inteligencia sino que se siguió ideológicamente para buscar toda la documentación que contribuyera a la cuestión de los derechos humanos e, incluso, miembros de movimientos sociales concurrieron para ver las «carpetas» que el organismo podría haber armado sobre ellos.
En verdad, este proyecto de ley realizado por la intervención anterior y que cuenta con el total respaldo del actual interventor no es más que un mamarracho. Solo apunta, como lo dice textualmente la exposición de motivos, a acotar las tareas de la Inteligencia, en verdad, a reducirlas a la nada. En este sentido, podrían coincidir con Carrió o con lo que dicen que dijo Larreta y eliminar la agencia ya que bajo esos parámetros solo servirá para darle empleo a algunos parientes, amigos o afiliados a sus respectivos espacios políticos, o sea, un gasto para el Estado. Más de lo mismo.
Que una ONG como el CELS, financiada por fundaciones extranjeras, por embajadas como las de Estados Unidos, Alemania y nada menos que el Reino Unido, se aboque a organizar nuestra Inteligencia es poner al lobo a cuidar el gallinero. A los efectos de mostrar su papel en los graves problemas internos que afectan a nuestros ciudadanos argentinos de la Patagonia, los siguientes tuits ilustran su postura anti patria.
Por otro lado, estas ONGs, fundaciones, etc., se preocupan por la inteligencia que pueda realizar un servicio del Estado con el objetivo de preservar el estilo de vida de sus ciudadanos, la seguridad de los mismos y la defensa de su integridad territorial pero nada dicen de la recolección de datos personales que hacen los bancos, las tarjetas de crédito y los buscadores como Google —y con modalidades y fines mucho más cuestionables—, que saben mucho más de cada uno de nosotros que un organismo de inteligencia.
Con respecto al reclutamiento, una agencia de Inteligencia no es una agencia de empleo a la que deban entrar por el mero hecho de ser familiares, amigos, afiliados a los movimientos o partidos de los dirigentes políticos de turno. Un servicio de Inteligencia serio «sale a buscar» a los que considere mejores a las universidades, a instituciones académicas u otros ámbitos que podrían considerarse apropiados.
Una reconstrucción del servicio de Inteligencia requiere, primordialmente, poner el acento en el personal, en una verdadera profesionalización del mismo para lo cual habrá que recontratar a ex agentes para formar a los ingresantes y a quienes pueda considerarse que tendrían posibilidad de sobrevivir en el mismo. Esta es una tarea que debe comenzar desde la propia ENI, la que debe ser el filtro previo al ingreso al servicio. Para ello deberá contar con expertos y trabajar en la formación de formadores, así como recurrir a algunos servicios extranjeros en la capacitación, algo que se acostumbra a hacer.
Para un mejor funcionamiento, la ENI debería nuevamente volver a su organigrama con un solo director —no con tres como impuso el organigrama de la AFI— y unos dos jefes de departamento, como supo tener hasta la disolución de la SI en 2015. La orgánica tiene que estar alineada a la misión del organismo y no inventarse direcciones para acomodar a parientes, amigos, pagar favores o incorporar a militantes. Por tanto, esa misma reducción de direcciones debe ser implementada en todo el organismo pero dado que la Inteligencia no puede esperar a la redacción y aprobación de una nueva ley, es menester derogar el decreto 1.311, la Ley 27.126, y modificar la 25.520 para despojarla de todo aquello que implique una actividad en el área de delitos complejos o cuestiones de incumbencia policial.
Quienes ponen la mira en hacer de este organismo un coordinador para las actividades de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, trata, etc., desconocen lo más mínimo de las leyes de Seguridad Interior (que debería pasar a ser nuevamente una ley de Seguridad Nacional) y de Defensa. Dentro del SIN existe la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que es la responsable de llevar esos temas, por lo que haberle endosado los mismos a la SI y su sucesora la AFI es parte del desconocimiento de nuestro SIN. La SIDE, como la SI o actualmente la AFI debe dedicarse a la Inteligencia Estratégica, la cual precisa de la inteligencia proveniente de la Inteligencia Criminal pero tratándola como “fenómeno” para la elaboración de la Inteligencia Estratégica. Con este mismo objetivo es que debe contar con la inteligencia proporcionada por la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dependiente del Ministerio de Defensa.
La AFI, o como se considere en llamarla más adelante, debe continuar siendo el organismo rector del SIN para, de esa manera, poder confeccionar la Inteligencia Estratégica, fundamental para la Seguridad, la Defensa y la Política Exterior de la República Argentina.
Es apropiado recordar que los funcionarios públicos son servidores públicos que deben trabajar para el pueblo que los eligió y que delegó en ellos su poder. En este sentido, les cabe a los funcionarios de mayor jerarquía nombrar a sus subordinados en función de sus méritos y no motivados por vínculos afectivos, familiares o de otro tipo.
No cabe duda que la tarea será titánica dada la degradación y la inoperancia a que han sometido a nuestro SIN. Para ello deberá contarse con verdaderos expertos tanto en inteligencia como en otras temáticas que deberán abordarse al reconstruir el sistema.
Finalmente, luego de los dislates de las últimas gestiones, debe trabajarse sobre otro aspecto sumamente importante: la idoneidad. A partir de ella podrá generarse la credibilidad. Como suelo decirles a mis alumnos, recordando al columnista estadounidense Charley Reese (1937-2013), «La credibilidad, como la virginidad, solo se puede perder una vez y nunca se puede recuperar». Para ello el organismo deberá producir una inteligencia de excelente calidad, volver al secreto —que no al secretismo— para no ventilar cuestiones que puedan afectar la relación con servicios colaterales y jerarquizar la ENI para que se erija nuevamente en un instituto de referencia dentro de la Comunidad de Inteligencia.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.
Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).
Investigador Senior del Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.
Referencias
[1] La Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) es el instituto superior de formación, capacitación y perfeccionamiento destinado a todas y todos los integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Tiempo atrás dictaba cursos de alcance internacional. Muchos de los servicios de la región, así como de países africanos y europeos se han beneficiado de sus aptitudes formando a su personal para capacitarse y realizar posgrados en un espacio de verdadera excelencia.
[2] Proyecto de ley presentado por la diputada Elisa Carrió en 2016 (Expediente 5577-D-2016).
[3] Marcelo Saín fue destituido por la Provincia de Santa Fe en 2021 como ministro de Seguridad.
[4] El presidente Alberto Fernández es quien decretó la intervención que debía sanear la AFI y eliminar los “sótanos de la democracia”, saneamiento que implicaría que los políticos dejen de usar los organismos de Inteligencia del Estado en beneficio de los gobiernos de turno. A propósito, es saludable para la República que la ciudadanía diferencie “gobierno” de “Estado”.
“El cuerpo está integrado por representantes de la sociedad civil y expertos con reconocida trayectoria en la materia, quienes se desempeñan de forma “ad honorem”:
Juan Gabriel Tokatlian (vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella).
Rafael Bielsa (jurista y ex ministro de Relaciones Exteriores de la Nación).
Alberto Binder (presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP).
María Sidonie Porterie (directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, ILSED).
Paula Litvachky (directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS).
Beatriz Busaniche (presidenta de la Fundación Vía Libre).
Máximo Sozzo (profesor de Sociología y Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral).
Lisandro Pellegrini (subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH de Provincia de Buenos Aires).
Margarita Trovato (abogada del área Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS).
Ernesto Chaparro (miembro fundador de la Fundación Vía Libre).
[6] Según el Artículo 25 de la LEY N° 16.970, “Bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación y ejecución de la defensa nacional”, del 6 de octubre de 1966,
“Compete a la Central Nacional de Inteligencia en lo concerniente a seguridad nacional:
a) Realizar y centralizar las actividades de inteligencia necesarias al planeamiento de la política y estrategia nacional inherentes a la seguridad nacional;
b) Proporcionar inteligencia estratégica centralizada y evaluada al Consejo Nacional de Seguridad;
c) Formular la doctrina nacional de inteligencia;
d) Correlacionar y evaluar la información concerniente a la seguridad nacional y proveer a su adecuada difusión a los ministerios, comandos en jefe, secretarías de Estado y gobiernos de provincia;
e) Mantener enlace técnico funcional con los organismos de inteligencia e información de los ministerios, comandos en jefe, Secretarías de Estado y gobiernos de provincia”.