MENUDO FOLLÓN DE CRIATURA

F. Javier Blasco*

Sinceramente, a estas alturas del curso político y social tanto en el ámbito nacional como el internacional, creo que tras los muchos apelativos empleados para definir a Pedro Sánchez es muy difícil encontrar uno nuevo o desconocido que se ciña o acerque a definirle completamente y sin titubear. Personaje tremendamente famoso y hasta popular pero no por nada bueno, sino por sus grandes y engañosas propiedades camaleónicas, por el escaso o nulo valor de su palabra, los constantes y fugaces cambios de postura sin que se le mueva un pelo y por ser capaz de romper la norma internacionalmente aceptada que reza que es prácticamente imposible engañar a casi todos durante mucho tiempo.

Inteligente como pocos para sembrar maléfica  inquietud o malestar, curtido en las trincheras de la lucha barriobajera, del fango y el escupitajo ―ese mismo fango que ahora trata de demonizar― y, sobre todo, en la auténtica necesidad de sobrevivir y resurgir tras uno o varios varapalos a base de resistir y tragar con todo tipo de ruedas de molino, durante mucho tiempo, aunque solo sea gracias a un miserable y duro chusco de pan y un poco de agua como único sustento y con muy pocos amigos que le sigan y animen a superarlo con alto grado de credibilidad.

Alguien forjado a sí mismo en sus odios personales y criado a los pechos de un tal Zapatero de tan nefastos recuerdos para el mundo y fundamentalmente, para los españoles, personaje que casi nos lleva a la ruina total y a pesar de todas sus bravuconadas y miles de mentiras y fechorías, sigue apareciendo en bastantes círculos internacionales, sobre todo, al otro lado del charco.

Capaz de desbaratar y desarmar de forma definitiva ―con la inigualable ayuda de su prepotente ministro de Exteriores― los caminos de la diplomacia y la historia tradicional de España para desviar la atención de un público que espera que se moje de una vez por todas en la verdadera defensa y con pruebas reales, en los affaires de su política personal, la de su gobierno y fundamentalmente los extraños y nada éticos asuntos de su amada esposa a la que presenta como una profesional sin tacha ―sin que ella tenga bagaje suficiente para ello, sino ligeros conocimientos de aficionada― aunque con su misma capacidad para meter su nariz en asuntos que no son de su incumbencia y que la más mínima lógica le indican que están fuera de toda prudencia, decencia y del buen hacer de la esposa, sin cargo oficial alguno, de un alto mandatario.

Dentro de sus récords internacionales, conviene resaltar que tras una ya larga lista de países desairados por él o por su gobierno, como ejemplo de superación personal, en tan solo una semana ha sido capaz de romper las relaciones oficiales con dos países con los que, desde su forzado, consensuado y humanitario nacimiento al finalizar la II guerra mundial o tras casi dos siglos como verdaderos hermanados, España venía manteniendo muy buenas y profundas relaciones de amistad, comerciales y de ayuda mutua, sobre todo, en momentos y situaciones de verdadera emergencia o necesidad.

Roturas, que como viene siendo su estilo rayano en lo vulgar, han sido llevadas a cabo de forma súbita, sin consultar a la oposición, a las cámaras legislativas, los órganos consultivos de relevancia o tras un referéndum nacional que le marcaran el camino a seguir por mucho que el susodicho personaje se otorgue unas atribuciones que no le corresponden ni trate de engañarnos a todos, con el viejo cuento de que responden a un gran clamor de necesidad popular. 

Decisiones, tomadas, además, en momentos inoportunos y contra la prudente norma de conducta adoptada por los países de nuestro entorno o de las alianzas a las que pertenecemos. Llevadas a efecto sin meditar en las consecuencias que dicha postura puede acarrear para España, su industria, comercio y la seguridad nacional y sin unos claros márgenes de con quién y cómo se van a definir y arbitrar dichos acuerdos que, sin más, pretende impulsar.

Hombre capaz de hacer todo lo que se le ocurre sin pensar si eso está bien o mal; si lo puede o no debe hacer y qué consecuencias nos acarrearán. Llevando así a su persona y a la propia figura de España a irrisorias situaciones de mofa o befa dentro y fuera de España al dejar al descubierto sus perversas intenciones y los cada vez más difíciles de ocultar vericuetos que debe emplear con tal de no contestar a nada de lo que la oposición y la sociedad legalmente, tengan derecho a inquirir o preguntar.

Como buen autócrata y hombre que se cree el mismísimo rey Sol, por lo que piensa y está convencido de que el Estado es él. Situación más que peligrosa por la que no le importa inundar y manosear abiertamente y sin tapujos todos los estamentos e instituciones del Estado, sin reparar en la exigible democrática separación de poderes y en que él no puede ni debe ejercer el control de todos ellos en su mano, salvo que quiera convertir a España en una república bananera de la que nadie querrá saber nada ni se podrán fiar.

Ayer mismo protagonizó un espectáculo dantesco, cuando en plena sede parlamentaria y estando en uso de la palabra el máximo responsable de la oposición, trató de forma chusca y ostentosa, que la presidenta de Cámara ―la máxima representante de poder legislativo― le obedeciera y le quitara dicha palabra, cosa que se apresuró a negar por dos veces cuando quien estaba en el atril se percató de tamaña «proeza» y se la reprochó de forma pública y notoria.

Un presidente de gobierno que no gobierna como mandan los cánones democráticos porque no es capaz de presentar y aprobar leyes, salvo aquellas que le promueve e interesa exclusiva y personalmente a sus ávidos y viles comparsas de legislatura. Caterva, compuesta por todos aquellos que se definen como los más acérrimos enemigos de España.

Como prueba de lo dicho, es que, como sabían que se los iban a tumbar desde el propio gobierno y socios allegados, ni siquiera presentó los primeros presupuestos de su legislatura, cuando esta está cercana a cumplir su primer año como tal; que ayer le tumbaran una Ley sobre proxenetismo que para su gobierno era importante y fundamental y que hoy, a toda prisa e in extremis, se haya visto forzado a retirar la Ley del suelo, porque ya sabía que sus socios de gobierno y allegados, al igual que ayer, la iban a tumbar, a no ser que fuera el PP el que saliera en defensa del tío Pedro, cosa que iba a ocurrir tal y como se le hizo saber ayer por la tarde.

Especialista en enmarañarlo todo, en la mezcla de conceptos y temas de todo tipo, aunque sean de diferente calado y envergadura para así, cuando se le pregunte por algo concreto, hablar de todo y no centrarse en nada. Alguien que, últimamente empieza sus intervenciones poniendo voz de borrego y buena persona ―como tras su increíble y reciente retiro espiritual o amoroso de cinco días―, solicitando los apoyos necesarios a todos propios y ajenos para reconducir situaciones y bajar el soufflé de la bronca política, para, a renglón seguido, sacar su trituradora y picadora de carne a pasear y no dejar títere con cabeza dedicándole lo mas granado de su fétido y ofensivo repertorio a todos y cada uno de ellos.

Un fracasado en la política salvo en la faceta de los espurios y nada nobles pactos para mantener su trasero en la Moncloa a cambio de lo que sea preciso tal y como ya se demostrado con absoluta claridad; que es incapaz de encontrar fuera de España apoyos a sus pueriles propuestas e ideas propias o carpetovetónicas más que en unos pocos e irrelevantes países, quienes estando en manos de otros personajes tan irresponsables como él, no atienden a las repercusiones que sus revolucionarios actos a contra corriente, pueden acarrear para sus respectivos países y a la economía o la seguridad mundial.   

 

* Coronel de Ejército de Tierra (Retirado) de España. Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.

 

EUROPA: ELECCIONES BAJO CONVULSIÓN

Roberto Mansilla Blanco*

La Unión Europea se juega su futuro con las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 9 de junio. En estos comicios se elegirán 720 diputados para el período 2024-2029, cuyas decisiones tendrán repercusiones para las 450 millones de personas que habitan dentro del espacio comunitario.

No obstante, el clima previo a estos comicios muestra síntomas de violencia política, en gran medida determinados por la dinámica del conflicto ucraniano, la creciente polarización política interna y las consecuencias de la recomposición de las alianzas geopolíticas estratégicas a nivel global, particularmente ante la consolidación del eje euroasiático sino-ruso y la dependencia europea de los imperativos «atlantistas» vía OTAN.

Este clima de violencia política llevó a un inesperado intento de asesinato del presidente de gobierno eslovaco Robert Fico el pasado 15 de mayo. Con anterioridad el presidente serbio Aleksandr Vucic también sufrió una tentativa similar. En el caso del mandatario eslovaco, las autoridades sospechan de un militante de extrema derecha considerado «prorruso», un perfil similar al de su víctima, a quién los mass media vinculan presuntamente con el Kremlin por sus críticas y reticencias a la hora de secundar la ayuda militar y económica para Ucrania. Así, los intentos de asesinato contra Fico y Vucic pueden verificar una pista de «rusofobia» en aumento en Europa.

La pista «rusa» parece redimensionarse hacia otros escenarios, particularmente la guerra en Ucrania. La visita sorpresa a Kiev del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken fue un «espaldarazo» para su anfitrión Volodymir Zelenski, actualmente en horas bajas. La visita de Blinken da a entender los temores occidentales ante la efectividad de la ofensiva militar rusa hacia la estratégica localidad de Járkov, que ampliaría el control militar del Kremlin en el este y centro ucranianos. Toda vez la superioridad militar rusa contrasta con los problemas de reclutamiento de efectivos que tiene Zelenski. Estas preocupaciones muy probablemente influyeron para que el presidente ucraniano suspendiera a última hora una gira prevista por España y Portugal.

Esto nos lleva directamente a Moscú, el nuevo «imperio del mal» para Europa. Un Vladimir Putin que oficialmente entronizó un nuevo mandato el pasado 6 de mayo también dio un volantazo político estratégico: destituir a su ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, por un civil, Andréi Belousov, un tecnócrata con demostrada eficacia en la gestión económica.

Este inesperado giro político en el Kremlin que afecta al poderoso estamento militar deja varias claves en la mesa: reestructuración de las altas esferas de poder, juegos de equilibrios entre los clanes políticos, posible purga encubierta y redefinición de las prioridades a favor de una ‘economía de guerra’ con capacidad para mantener el esfuerzo bélico a largo plazo. Todo esto afectará no sólo en el frente ucraniano sino también en la cada vez más evidente «guerra silenciosa» entre Rusia y la OTAN. Y, por supuesto, en las decisiones que tome el próximo Parlamento Europeo.

Por otra parte, Putin viajó a Beijing (16-17 de mayo) para reforzar la alianza estratégica con su homólogo chino Xi Jinping. La puesta en escena confirma la solidez del eje euroasiático sino-ruso antes las presiones occidentales. Xi venía de realizar una gira por Europa tras cinco años de ausencia por Francia, Serbia y Hungría, en este último país donde anunció junto a su aliado y anfitrión Viktor Orbán la apertura de una fábrica de coches eléctricos en el país centroeuropeo.

En esa gira europea, Xi consolidó las alianzas euroasiáticas sino-rusas con Serbia (aspirante al ingreso en la UE) y Hungría (miembro de la UE y de la OTAN) toda vez envió un sutil mensaje a Francia sobre los nuevos reacomodos geopolíticos globales.

No salimos del espacio euroasiático. Tras varios días de violentas protestas y represión policial, el Parlamento georgiano aprobó (15 de mayo) una polémica Ley contra Agentes Extranjeros, coloquialmente denominada «Ley rusa» por su similitud con la que impera en Rusia desde 2022. Con esta ley, activistas y ONGs locales que reciban un mínimo de 20% de financiación exterior serán sometidos a una vigilancia extrema y posible expulsión del país caucásico.

La «Ley rusa» condiciona un pulso geopolítico entre Rusia y Occidente por controlar esferas de influencia en el Cáucaso, una región estratégica para la seguridad nacional rusa, ruta de paso de proyectos energéticos desde el mar Caspio y entrada geográfica al volátil y convulso Oriente Próximo.

Como había sucedido con el «Maidán» en Kiev en 2014, altos cargos europeos, en este caso de los gobiernos de Islandia, Estonia y Lituania, viajaron a la capital georgiana Tbilisi para manifestar su apoyo a las protestas populares contra la «Ley rusa» argumentando que aleja a Georgia de sus negociaciones de ingreso en la UE, abiertas oficialmente en diciembre pasado. Si bien la presidenta georgiana Salomé Zubarishvilii vetó la ley, el Parlamento muy probablemente volverá a ratificarla.

Luego está Oriente Próximo. Israel aprovechó una coyuntura relevante (polémica en Eurovisión; Día Nacional y Nakba palestina del 15 de mayo; votación en la ONU para ampliar los derechos palestinos como Estado miembro) para lanzar su ofensiva militar en Rafah, paso previo para una expulsión definitiva de los palestinos de Gaza. Con todo, el gobierno de Benjamín Netanyahu ve afectada su imagen internacional por el genocidio en Gaza, lo cual repercute en un aislamiento diplomático en el que incluso su aliado irrestricto estadounidense comienza a marcar ciertas distancias.

Netanyahu está perdiendo la batalla de la narrativa ante la opinión pública internacional e incluso interna, con fuertes cuestionamientos de los ciudadanos israelíes sobre el costo de una ofensiva militar que no termina de dar completamente sus frutos ni de derrotar a un Hamás, aparentemente más consolidado como movimiento de resistencia palestino.

Por otra parte, el inesperado fallecimiento del presidente iraní Ibrahim Raisi y varios de sus ministros en un accidente aéreo este 19 de mayo implica directas consecuencias en temas relevantes para la seguridad internacional como el futuro del programa nuclear iraní (en el que Europa tiene voz en la negociación con Teherán) y el pulso regional entre Irán e Israel. Todo esto sin desestimar las claves internas en el propio país persa, que pueden anunciar cambios políticos.

Volvemos a Europa. Ante este convulsionado contexto exterior los visos de preocupación y cierta desesperación se notan en los círculos de poder en Bruselas ante el avance de las opciones «euroescépticas», de populismos extremistas críticos con Bruselas e incluso de opciones consideradas como «prorrusas».

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ya habla abiertamente de constituir un frente parlamentario de derechas incluso amparando el blanqueamiento y normalización de apoyos de esos partidos extremistas y «euroescépticos» o «antieuropeístas». Incluso existen expectativas «apocalípticas» para el proyecto europeísta: algunas encuestas advierten que hasta un 25% del próximo Parlamento Europeo estaría dominado por este espectro político extremista y crítico con las élites europeístas.

Por otro lado, la polémica visita a Madrid (17-19 de mayo) del presidente argentino Javier Milei para asistir a un acto de su aliado VOX donde también participaron líderes críticos con Bruselas como Marine Le Pen, Giorgia Meloni y Viktor Orbán también da a entender que esta especie de «frente anti-UE» está surcando incluso los límites atlánticos y quiere tener incidencia en los próximos comicios parlamentarios.

Todas estas variables explican la posible existencia de fuerzas centrípetas dentro de la UE que presionan por cambiar su ethos de espacio de pacificación y de cohesión social hacia una vertiente cada vez más confrontativa y militarista. En medio de este contexto convulso, Europa vive momentos de zozobra y de aparente incapacidad para reconducir una crisis cada vez más estructural.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina.

                                             

Artículo originalmente publicado en idioma gallego en: https://www.novasdoeixoatlantico.com/europa-eleccions-baixo-convulsion-roberto-mansilla-blanco/.

LA APROPIACIÓN DE LA NACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS DE BUENOS AIRES

César Augusto Lerena*

Escribimos para la mayoría de los argentinos que «viven de espaldas al mar» y para los bonaerenses a los que el Gobierno Nacional les enajena los recursos pesqueros y, lo que es peor aún, lo hace con una ineptitud tal, que compromete estos recursos naturales para las próximas generaciones y atenta contra la industria y el empleo radicado en todo el territorio provincial.

Todos estamos afectados por décadas de gobiernos nacionales incapaces que mal administran el recurso pesquero que pertenece a la Provincia de Buenos Aires y a todos sus pobladores. Se apropian de los recursos pesqueros de dominio de la Provincia en su territorio, los migratorios originarios de éste y los que forman parte del ecosistema y no realizan ninguna acción para impedir la pesca ilegal de las especies migratorias en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y en alta mar, por parte de buques extranjeros. Es decir, administran irregularmente.

La Argentina tiene una Zona Económica Exclusiva de 3.757.124 Km2, dentro de la cual, unos 520 buques nacionales capturan anualmente unas 800 mil toneladas; ello, pese a la potencialidad del Atlántico Sudoccidental de unos 1,7 millones de toneladas de peces y calamares que son extraídos en su mayoría por buques españoles-británicos, chinos, coreanos y taiwaneses, sin ninguna acción por parte del gobierno nacional, con un evidente perjuicio biológico al ecosistema y a las economías provinciales. Mientras ello ocurre, unos 10 mil barcos chinos superan sus 200 millas marinas y se dedican a la pesca a distancia en alta mar junto a otros 60 mil buques de unos 24 países, entre ellos, de España, Japón, Corea, Taiwán y el Reino Unido asociado a España. Ello explica ―junto a la producción de la acuicultura que representa el 49% de la explotación mundial― las razones por la que Argentina es insignificante en el comercio mundial pesquero. Por ejemplo, España, «con una ZEE de 1.040.000 Km2 de un tercio de la de Argentina, tiene 8.972 buques pesqueros; captura un millón de toneladas/año; importa 1,8 millones de toneladas; exporta 1,2 millones de toneladas; consume 23 Kg per cápita y tiene 231 buques pescando en aguas internacionales» (CEPESCA, 2018).

Nuestros vecinos capturan en altamar. Chile tiene cuatro flotas que pescan fuera de la ZEE: la industrial de jurel, krill y bacalao y la artesanal de pez espada y, Perú, donde sus embarcaciones artesanales salen fuera de las 200 millas en busca de perico y los industriales van a la captura de jurel, caballa y atún.

La Argentina no revertirá su situación si ―además de implementar un importante desarrollo en la acuicultura y maricultura― no sale a competir con la flota internacional en alta mar y administra adecuadamente los recursos migratorios en la ZEE y alta mar. Nada de ello es posible si el gobierno no lanza un proyecto de desarrollo y apoyo financiero a estas actividades. Lejos de ello, este gobierno, promueve una reforma para extranjerizar la explotación pesquera y aplicar un Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que van en contra de la industria nacional.

El gobierno nacional se comporta como «el perro del hortelano», se queda con la administración de los recursos pesqueros de las Provincias y va camino a regalarles la pesca a quienes tienen el mercado mundial.

Es muy difícil de explicar que la Argentina en 1975 con una captura total de 504 mil toneladas ocupó más personal que con una captura total de 800 mil toneladas en 2023. Varias son las razones y entre ellas que gran parte de las exportaciones se reprocesan en países importadores transfiriéndoles a estos la mano de obra directa e indirecta. Una política que promueve la desocupación, aunque elemental frente a la que sería entregarles el mar (la reforma de la ley de pesca) o directamente todos los permisos (RIGI).

Es «el cuento de la buena pipa» ya que el modelo que impera lleva a los municipios a entender como nacional la actividad; la Nación no lleva adelante proyectos de desarrollo local o regional y el gobierno actual va camino a enajenar una actividad productiva nacional que ha generado pueblos y empleo.

Los datos estadísticos de la Subsecretaría de Pesca por su parte refieren a número total desembarcos que es absolutamente inconsistente, donde no distingue si se trata de especies enteras; sin cabeza-cola (H&G); filetes, etc. y, para iniciar una administración sostenible y sustentable del recurso debe establecerse el tipo de proceso sufrido previo a la descarga; los volúmenes y especies ciertos desembarcados; los descartes y residuos en el mar; el stock en las cámaras y, por cierto, los valores ciertos de exportación, entre otras cosas. La falta de control de la actividad hace inviable una administración eficiente del recurso por parte del Estado Nacional. No imaginamos el descontrol de una pesca extranjerizada.

Hay descartes en el mar estimadas en el 30% de las capturas según la FAO, el INIDEP, la AGN y el Banco de Desarrollo, en un país con 48,3% de pobres, es decir 22,6 millones de personas y 11,9% de indigentes que comprenden 5,5 millones de personas. La pesca puede ser una herramienta fenomenal para la provisión de proteínas de alto valor biológico a las poblaciones vulnerables, resolviendo el problema del hambre y desnutrición de la Argentina. Si reguláramos el descarte de pescados al mar, como ya lo estableció la Unión Europea en 2004 y la Argentina en 1998 por el artículo 21 de la Ley 24.922, tendríamos 3 millones de raciones diarias de alimentos proteicos todo el año para los niños y adolescentes argentinos. Nada que haya resuelto el gobierno nacional y que habrá de agravarse con la política extractiva y de desindustrialización que lleva este gobierno.

La mayoría de los buques congeladores pueden producir mecánicamente unas mil toneladas de filetes de pescados congelados listos para exportar, utilizando una tripulación promedio de unos 40 operarios y realiza al año unas 6 mareas. Para elaborar esas mil toneladas, el buque debió capturar unas 2.700 toneladas de pescado; es decir, que al año se habrán tirado al mar unas 10.200 toneladas de residuos. Si llevamos este número a 35 buques congeladores arrastreros se habrán tirado por año un total de unas 357.000 toneladas de residuos de pescados al mar. Si nos retrotraemos a veintiséis años atrás, cuando se promulgó la ley 24.922, se habrán tirado al mar más de 9,3 millones de toneladas de residuos además de los millones de especies capturadas descartadas. Imaginemos entonces, la contaminación marina y analicemos las pérdidas que significan para la Argentina. Según la FAO, con una tonelada de residuos de pescado se obtienen 225 kg de harina y 50 kg de aceite. El procesamiento a bordo y el descarte al mar de las 10.200 toneladas de residuos citados nos impide usarlos para la fabricación de 2.295 kg/año de harina y 510 kg/año de aceite de pescado; por lo cual, a un valor de exportación de US$ 1.490 la tonelada de harina, significa una pérdida de US$ 3,4 millones, más el valor de US$ 2.348 la tonelada de aceite, provoca una pérdida de US$ 1,2 millones de dólares; es decir que la Argentina pierde con el procesamiento a bordo y el descarte de los residuos de cada buque la suma de US$ 4,6 millones por año, lo que multiplicado por los 35 buques congeladores-procesadores arrastreros significa una pérdida total anual de unos 161 millones de dólares, a lo que deberían sumarse las pérdidas y la contaminación derivadas de los descartes al mar de las especies «llamadas no comerciales» o de «pesca incidental».

Deberíamos agregar que se requieren unas 4,9 toneladas de residuos de pescado salvaje para obtener la harina y el aceite necesario para producir una tonelada de salmón. Es decir que, si la Argentina quisiera incursionar en la acuicultura o maricultura, a la usanza de la política de China o España, debería tener muy en cuenta la utilización plena de los residuos.

No se pueden tirar toneladas de proteínas al mar, mientras hay millones de niños pobres, indigentes y desnutridos. Por supuesto que esto se agravará de continuarse con las políticas actuales o, aún peor, extranjerizando el mar o vendiendo las empresas nacionales.

La Argentina con 4,9 kg per cápita/año es el país que menos consumo tiene en Latinoamérica que consume un promedio de 9,8 Kg. Aún más bajo que África que consume un promedio de 11 Kg. y por supuesto que la Unión Europea que alcanza un consumo promedio anual per cápita de 22 Kg. Si todas las exportaciones de pescados blancos, calamar, anchoítas y conservas se destinasen al mercado interno, los argentinos alcanzarían un consumo de 11,5 kg. aún por debajo del promedio de consumo mundial de los 20 Kg. No hay plan nacional de consumo de pescado y la Provincia de Buenos Aires no puede quedar a la espera, a partir de recuperar el recurso.

La industria pesquera no puede escapar a las generales de la ley en un país con un gobierno sin proyecto nacional marítimo y pesquero que está dispuesto, incluso, a extranjerizar la explotación del mar argentino sin exigir el desembarque en los puertos nacionales de las capturas y utilizando tripulación extranjera. Parece el límite que se puede tolerar y, pese a ello, los propios interesados permanecen inermes ante un Estado Nacional que primero se apropia de los recursos provinciales y luego avanza en entregarlos a empresas extranjeras por el mero pago de un canon, destruyendo la industria, el desarrollo regional y el empleo.

Ello, en medio de un costo interno desmesurado que dificulta la explotación de los recursos del Atlántico Sur y su proceso industrial, dejando fuera de competencia, a esta actividad de interés económico, social y estratégico. Un verdadero cuento de la buena pipa. Nadie puede imaginar un presente ni un futuro promisorio en esta u otra actividad exportadora en un país con una inflación altísima, cuando los principales competidores pesqueros y compradores en el mundo tienen una inflación interanual (abril/2024) de 2,2% (Alemania); 2,2% (Francia); 3,3% (España); 0,3% (China); 3,4% (Estados Unidos); 2,7% (Japón); 0,9% (Italia); 3,2% (Reino Unido); 3,1% (Corea del Sur); 17,7% (Rusia); 3,2% (Brasil) mientras que la Argentina tiene una inflación de 289%. Hoy, mañana o pasado los productos dejan de ser competitivos o se exporta a pérdida, mientas que la actividad agropecuaria y las capturas en alta mar se subsidian en la Unión Europea y los países asiáticos, mientras en nuestro país los altos costos de la energía, los combustibles, las cargas impositivas, la falta de crédito a la producción y las altas tasas de interés, terminan transformando en financieras a las empresas industriales para obtener las utilidades que sería de esperar fuesen el resultado de la actividad productiva. No puede esperarse en este escenario un gran desarrollo empresario, donde el Gerente Financiero reemplaza al de Producción.

El viejo aforisma de que «el dueño de la pesca es el dueño del pescado» está siendo utilizado por la Nación, quien a través de un andamiaje de leyes destinadas a administrar la totalidad de los recursos está perjudicando a la Provincia de Buenos Aires y a otras provincias del litoral marítimo, ya que sus ingresos por la explotación pesquera se ven seriamente disminuidos y la pesca no es solo una actividad económica, sino una herramienta de radicación industrial, poblacional y de generación de empleo.

La Nación lleva adelante un modelo que no beneficia a los intereses provinciales. Una investigación sin la necesaria participación de la provincia; los mares sin control y una pesca ilegal creciente que depreda el ecosistema, en el que intervienen los recursos pesqueros provinciales. Sus políticas están destinadas a profundizar la desindustrialización, a desnacionalizar la actividad y a concentrar en pocas empresas extranjeras la actividad. A través de la «ley de bases» y la instauración del «Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI)» por el que «se otorga exenciones tributarias, aduaneras y cambiarias por 30 años a aquellos proyectos que inviertan más de 200 millones de dólares en bienes de capital; que alcanzan a reducciones del impuesto a las ganancias de 35% al 25%; la libre disposición del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% a partir del segundo año y de la totalidad (100 %) a partir del tercero; el pago de IVA con crédito fiscal; podrán aplicarse al pago de impuesto a las ganancias, a los impuestos a los bienes personales y al cheque, implicando de hecho la exención de esos tributos. Estas compañías podrán importar bienes libres de aranceles y no pagarán el impuesto PAIS; además de quedar exentos del pago de impuestos inmobiliarios, ingresos brutos y tasas municipales» (Pulti, Gustavo «Proyecto de Declaración de rechazo al Proyecto de Ley de Bases…», 2024). Una verdadera inequidad que afectará seriamente a los recursos de la Provincia y los Municipios y a todas las empresas pesqueras y proveedoras de insumos que instaladas en la Provincia de Buenos Aires (y en otras provincias) carecerán de todo incentivo compensatorio y, ante tanta desigualdad las sacará de competencia en el mercado internacional y nacional y quedando tentadas de poner la bandera de remate a sus instalaciones, buques y concesiones poseedoras de permisos, cuotas y autorizaciones de pesca. Tendrá un efecto peor al proyecto de reforma de la ley de pesca que integraba la «ley de bases» que fue desestimado ante la presión de expertos, los medios, el sector pesquero y distintos referentes políticos; ya que no se quedarán estas empresas solo con el mar y sus recursos, sino con toda la industria radicada en tierra, seguramente reduciendo el agregado de valor y el consecuente desempleo argentino, en favor de los mercados de los que procedan las inversiones.  

Cuando se eligen los gobiernos nacionales, los votantes no pueden imaginar que los recursos naturales de sus provincias serán apropiados en favor del tesoro nacional, mantener una estructura centralista y administrar la política sectorial; pero, los sectores directamente interesados que invierten en la Provincia debieran preocuparse sobre qué políticas van a llevar los administradores del Estado Nacional, ya que no debieran quedar la política pesquera en poder de un subsecretario o de un Consejo Federal Pesquero (CFP), integrado igualmente por un representante provincial quien, aun teniendo una política clara provincial, deberá actuar en minoría frente a los funcionarios nacionales que integran el cuerpo. Aquí aplica el viejo dicho de «a río revuelto ganancia de pescadores», ya que la participación atomizada de las provincias en ese Consejo, en ocasiones con intereses contrapuestos, sobre los que actúan políticos, empresarios y sindicatos ha facilitado la tarea de monopolizar la administración por parte de la Nación.

Dos son los aspectos centrales sobre los que estamos prestando atención: los derechos provinciales no delegados a la Nación sobre los recursos pesqueros y la administración provincial de los recursos migratorios y asociados.

El gobierno de la Nación se queda con los recursos naturales de la Provincia. ¿Los pioneros y hacedores de la pesca dónde están? «…Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar» (Martin Niemöller, 1946).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca- Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. www.cesarlerena.com.ar