Giancarlo Elia Valori*

El 28 de junio de 1948, el “Rudé Právo” —el órgano central del Partido Comunista de Checoslovaquia— publicó la resolución del Kominform expulsando al Partido Comunista de Yugoslavia de su seno, acusando a Tito de política de odio hacia la Unión Soviética y de propaganda trotskista y contrarrevolucionaria.

Un cuidadoso análisis de la profesora Carla Konta de Rijeka nos dice en el ensayo American public and cultural diplomacy in Yugoslavia in the fifty and sixties que la excomunión estalinista de Tito, empujó al líder yugoslavo a recurrir a Occidente en busca de alianzas, apoyo financiero y técnico-militar necesario para la supervivencia del país y su crecimiento. Tan pronto como la gravedad de la crisis soviético-yugoslava se hizo evidente, la lógica de la Guerra Fría llevó a un apoyo inmediato para Belgrado desde el bloque occidental. En los años cincuenta, Yugoslavia se convirtió en el socio “comunista” de los Estados Unidos de América y la gran cantidad de ayuda de Washington, asignada en forma de alimentos, dinero no reembolsable, créditos financieros, aplazamientos de cuotas de crédito y asistencia técnico-militar a través de la CIA (f. 1947), el Programa de Ayuda de Defensa Mutua (f. 1949), etc., transformó al régimen de Tito en un claro aliado de la Casa Blanca, y al mismo tiempo también una quinta columna en el campo socialista en los países en desarrollo.

Por lo tanto, añadiría que Yugoslavia se puso a disposición de Occidente, pero sin afectar a su apariencia socialista. Era natural que para Belgrado fuera esencial mantener la forma de gobierno de un Estado independiente tanto en presencia de sus propios pueblos como en relación con los integrantes del Movimiento de Países No Alineados y del Tercer Mundo. Yugoslavia —en el gran escenario de ficción— actuó en esta dirección no uniéndose a la OTAN, pero al mismo tiempo sin renunciar a los subsidios esenciales para la modernización del ejército que la convirtieron en una de las más poderosas y sólidas del planeta. Hasta el punto de que en 1980, el año en que murió Tito, Yugoslavia era uno de los diez mayores exportadores de armas del mundo. Según datos oficiales, con este comercio se adquirió el 72% de las divisas necesarias para comprar otros armamentos. Y para fomentar las ventas, ya en 1970 se instaló una exposición permanente en Nikinci, un pueblo cerca de Šabac, una ciudad y municipio del distrito de Mačva en el noroeste de Serbia Central, en la frontera con Vojvodina y Bosnia y Herzegovina, ubicada a orillas del río Sava. Allí los compradores potenciales podrían probar las armas incluso en un campo de tiro. Cada año, entre 3 y 400 delegaciones se detenían allí, dos tercios de ellas del extranjero.

Debe agregarse que este ludus scenicus duró mientras el Muro permaneció en pie. Después de su colapso, Yugoslavia ya no era necesaria para la Casa Blanca, y los pueblos que componían ese Estado, a quienes la propaganda políticamente correcta, ingenua y servil del Partido Comunista Italiano, titista y pro-foibe, afirmaba que se amaban en una especie de paraíso en la Tierra, comenzaron a matarse unos a otros de una manera que en comparación con la guerra entre Rusia y Ucrania es todavía muy pequeña. Recuerdo a los que lo han olvidado: la guerra de independencia de Eslovenia (1991); la guerra de independencia en Croacia, duró cuatro años (1991-95); la guerra etno-religiosa de tres años en Bosnia y Herzegovina entre católicos croatas, musulmanes bosnios y ortodoxos serbios (1992-95); y, por último, la guerra por la independencia de los albaneses de Kosovo que duró dos años (1998-99). La guerra no estaba a las puertas de Europa como lo es hoy, sino en Europa y a poca distancia de nosotros. En total diez años: a partir del 31 de marzo de 1991 al 12 de noviembre de 2001.

En una Europa sin atributos y sin ejército, rica sólo en palabras y moralismo de cuatro brazos por lira, se olvida que las guerras en el corazón de la Yugoslavia socialista se describen como el conflicto armado más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las guerras yugoslavas han estado marcadas por innumerables crímenes de guerra, incluidos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, la depuración étnica y las violaciones masivas. Las masacres bosnias fueron el primer evento bélico europeo que se clasificó formalmente como genocida en carácter después de los crímenes del Tercer Reich alemán, y muchas figuras clave de la antigua Yugoslavia que lo perpetraron fueron posteriormente acusadas de crímenes de guerra. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia fue establecido por las Naciones Unidas en La Haya, Países Bajos, para enjuiciar a todos los que habían cometido crímenes de guerra durante los conflictos.

Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional, las guerras yugoslavas han causado la muerte de 140.000 personas a pocos kilómetros de las sedes occidentales de los líderes de Europa, mientras que el Centro de Derecho Humanitario estima al menos 130.000 víctimas. Durante sus diez años de duración, los conflictos también han provocado graves crisis humanitarias y de refugiados. Pero hoy tratamos de olvidar un evento favorecido por la impotencia europea y la conveniencia de algunos países de la actual UE que luego, por intereses comerciales, favorecieron y reconocieron la independencia de algunos componentes de Yugoslavia en proceso de decadencia, golpeando la susceptibilidad de Belgrado y el componente serbio.

Pero, ¿qué queda en Serbia de la herencia yugoslava? Después de la secesión entre 1991 y 1992 de cuatro de las seis repúblicas constituyentes de la República Federativa Socialista de Yugoslavia (Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija), el Estado sobreviviente, renombrado República Federativa de Yugoslavia (Savezna Republika Jugoslavija), afirmó ser el sucesor de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, pero las repúblicas recién independizadas se opusieron. Al mismo tiempo, los representantes de Belgrado siguieron ocupando el escaño yugoslavo original en las Naciones Unidas, pero los Estados Unidos de América rechazaron a sus antiguos funcionarios y se negaron a reconocerlo. La población y el territorio de la nueva República Federativa de Yugoslavia eran menos de la mitad de la población de la ex República Federativa Socialista de Yugoslavia.

En 1992, el Consejo de Seguridad de la ONU, mediante la Resolución 777 del 19 de septiembre, y la Asamblea General, mediante la Resolución 47/1 del 22 de septiembre, decidieron no permitir que la nueva RFY se sentara en la Asamblea General con el nombre de “Yugoslavia” sobre la base de que la República Federativa Socialista de Yugoslavia se había disuelto. La República Federativa de Yugoslavia (en 2003 pasó a llamarse Unión de los Estados de Serbia y Montenegro) y fue admitida como nuevo Miembro de las Naciones Unidas el 1° de noviembre de 2000: en mayo de 2006 Montenegro declaró su independencia y Serbia ha seguido ocupando desde entonces la sede de la antigua Unión Estatal de Serbia y Montenegro.

Sin embargo, es bueno volver a la cuestión de la sucesión de la antigua Yugoslavia, para comprender mejor cómo este experimento inaugurado el 1° de diciembre de 1918 (Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos), reconocido oficialmente después de la Conferencia de Paz en Versalles en 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, y fortalecido al final de la Segunda Guerra Mundial en Yalta, fue rechazado y detestado por los pueblos de la antigua Federación hasta el punto de descartar su nombre de la historia.

Las primeras negociaciones sobre la cuestión de la sucesión de la antigua Yugoslavia socialista comenzaron en 1992 en el marco del grupo de trabajo de la Conferencia de Paz para Yugoslavia, que se inauguró el 7 de septiembre de 1991. El acuerdo fue bloqueado inicialmente por la insistencia de la mencionada República Federativa de Yugoslavia (Serbia + Montenegro) para ser el continuador legal y político exclusivo de la Yugoslavia socialista, así como el propietario de todos los activos estatales del anterior gobierno federal socialista, y estaba dispuesto a renunciar a parte de los activos solo como un acto de buena voluntad. La República Federativa de Yugoslavia trató de interpretar la desintegración de la Yugoslavia socialista como un proceso de secesión en serie y no como un desmembramiento completo del estado anterior: pero esta interpretación fue rechazada rotundamente por las otras ex repúblicas yugoslavas.

La Comisión de Arbitraje de la Conferencia para Yugoslavia (comúnmente conocida como el Comité de Arbitraje de Badinter) recomendó una división de activos y pasivos basada en el principio de equidad e incluso se refirió a la Convención de Viena de 1983 sobre la sucesión de Estados en asuntos de propiedad, archivos y deudas del Estado (convención no vigente en ese momento,  firmado por sólo seis Estados miembros, incluida la socialista Yugoslavia). Esta propuesta era inaceptable para la República Federativa de Yugoslavia, lo que motivó al Fondo Monetario Internacional a desarrollar un modelo clave alternativo que incluía el poder económico de las repúblicas y su contribución al presupuesto federal que fue aceptado por todos. La participación clave fue determinada por la República Federativa de Yugoslavia con el 36,52%, Croacia con el 28,49%, Eslovenia con el 16,39%, Bosnia y Herzegovina con el 13,20% y Macedonia con el 5,20%; también se llegó a un acuerdo sobre el oro y otras reservas en el Banco de Pagos Internacionales.

Después del final del bombardeo de la OTAN de Belgrado, Serbia y Montenegro, seguido al año siguiente por el ocaso de Slobodan Milošević (5 de octubre de 2000), los estados sucesores concluyeron su acuerdo. En 2001, con el apoyo de la comunidad internacional, cinco países (Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia —hoy Macedonia del Norte— y la República Federal de Yugoslavia [Serbia + Montenegro]) firmaron el Acuerdo de Sucesión: confirmaron definitivamente que se habían formado cinco estados sucesores soberanos iguales después de la disolución de la antigua Yugoslavia socialista. Este acuerdo entró en vigor el 2 de junio de 2004, cuando el último Estado sucesor lo ratificó. El acuerdo se firmó como un tratado integral que incluía anexos sobre bienes diplomáticos y consulares, activos, intereses y pasivos financieros, archivos, pensiones, otros derechos, así como propiedad privada y derechos adquiridos. En la posterior disolución en 2006 de la Unión de los Estados de Serbia y Montenegro (uno de los cinco estados sucesores antes mencionados) los dos países acordaron la única sucesión serbia de los derechos y obligaciones de su antigua federación.

El trágico legado del “Cielo en la Tierra” yugoslavo fue borrado para siempre.

^* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

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