Ahora está en alerta roja, El Líbano está en colapso social, político y económico. Si no se hace algo a tiempo, la situación podría estallar y desestabilizar todo el cuadrante de Oriente Próximo.
Desde el punto de vista de la seguridad interna, los disturbios y la violencia se producen a diario en las calles, gracias al aumento del estado de pobreza y penurias sociales, así como a la corrupción rampante que cada vez se afianza más en el maravilloso “País de los Cedros”.
Y mientras tanto, las milicias terroristas de Hezbolá, fortalecidas sobre todo por el apoyo logístico y financiero de Irán, afirman su influencia sobre el frágil Estado libanés, continuando sin ser molestadas en su tráfico de drogas, armas y bienes de diversos tipos, sin dejar de atacar directamente a las tropas regulares libanesas.
Francia y Estados Unidos están considerando enviar un portaaviones a las aguas frente al país de Medio Oriente lo antes posible y posiblemente intervenir cuando la situación lo haga inevitable, o para evitar que El Líbano termine de una vez por todas en manos de Hezbolá (e Irán) o de la franja yihadista.
A un año de la terrible explosión del puerto de Beirut, la situación en El Líbano se ha vuelto inmanejable. En varias partes del país, las protestas están a la orden del día e inevitablemente resultan en bloqueos de carreteras que paralizan la movilidad de personas y mercancías. Los precios están en constante aumento, incluidas las necesidades básicas, y la búsqueda espasmódica de combustible y medicamentos está empezando a ser degradante. La electricidad está racionada y son frecuentes los apagones prolongados y duraderos que hacen que la situación sea inaceptable, especialmente para los hospitales. Incluso la conectividad de la red celular (4G y Wi-Fi) sufre contratiempos y dificulta todas las comunicaciones.
Los analistas internacionales afirman que la deuda pública de El Líbano ha alcanzado cifras asombrosas, muy por encima de los 750.000 millones de libras, y que alguien ya había especulado sobre ella muchos años antes. Según algunos, de hecho, este epílogo lento y desafortunado se debe a una desafortunada operación financiera del gobierno en 1994, cuando entonces había autorizado préstamos desproporcionados en moneda extranjera para apoyar la deuda pública, vinculando la lira libanesa al dólar estadounidense. Esta maniobra financiera, al límite de la estafa estatal según los cánones del llamado “Esquema Ponzi”, también había recibido el Ok de la Cámara de Representantes, a pesar de saber que en caso de un aumento de divisas los libaneses nunca serían capaces de hacerle frente. Y así fue. Uno tras otro, El Líbano ya no ha podido pagar el importe cada vez mayor de los intereses acumulados por las divisas sobre su ya gigantesca deuda pública, con evidentes repercusiones en el mercado interior y en la vida de sus ciudadanos.
Michel Aoun y Sa’ad Hariri
Y la política está en un vergonzoso estancamiento
Los distintos líderes siguen peleándose entre sí y no pueden encontrar un punto de encuentro para luego proceder a la formación de un nuevo gobierno que permita que el país llegue a 2022, cuando se convocarán nuevas elecciones generales democráticas.
Sa’ad Hariri en octubre del año pasado, tras la dimisión de Mustapha Adib en septiembre (que a su vez había ocupado el lugar de Hassan Diab, tras los acontecimientos de Beirut), fue nombrado por el Presidente Michel Aoun para formar un nuevo gobierno. Hariri ya había sido primer ministro tres veces, pero había dejado el cargo debido a las violentas protestas antigubernamentales que estallaron en 2019. Su nombramiento se produce en un momento de actualidad para el Líbano, tanto por la actual pandemia como por la grave crisis social y económica que ha azotado al país, agravada aún más por los hechos relacionados con la explosión de Beirut el 4 de agosto del año pasado, y cuya investigación y las responsabilidades relacionadas aún no se han revelado por completo a las familias de las víctimas y a todo el público, mientras que las autoridades estatales siguen prevaricando escondiéndose detrás de la inmunidad parlamentaria. Se dice que Hariri tenía preparada la lista de los nombres de sus ministros, pero que por alguna “oscura razón” no estaba de acuerdo con el presidente Aoun. Las dos oficinas del Estado siguieron encontrando pretextos para no avanzar. El último episodio de fricción hace unos días, cuando estaba programada una reunión entre ambos, que el nuevo primer ministro canceló en respuesta a un odioso twitter de la primera oficina estatal pocas horas después de la reunión.
Y es noticia hace unas horas que Hariri ha renunciado definitivamente al cargo de primer ministro, se dice que por la continua interferencia del presidente Michel Aoun, quien pidió ajustes fundamentales en su propuesta de gobierno.
Hezbolá empuja al Líbano al colapso
Trazar un paralelismo y similitudes entre Hezbolá en El Líbano y los talibanes en Afganistán es una gran apuesta, pero encontramos que, de alguna manera, ambos se declaran no interesados en la conquista del poder político de ninguna manera, cada uno en su propio país. Pero lo que estamos presenciando hoy es una realidad completamente diferente y llena de contradicciones tanto en escenarios como por parte de los propios actores.
Recientemente se ha publicado un informe completo por parte de un think tank inglés, Chatham House, donde se analiza en profundidad la situación en el Líbano y el peligro que correría el país de los cedros si Hezbolá conquistara el poder.
El grupo terrorista Hezbolá, encabezado por Hasan Nasrallah, su líder indiscutible, ha imbuido tanto al tejido social y político libanés de su esencia que, al parecer, ni siquiera necesitaría acceder al poder tradicional. Es bien sabido que existe un “control híbrido” sobre todas las estructuras políticas, sin asumir la plena responsabilidad de sus acciones tanto hacia el Estado libanés como hacia sus ciudadanos.
Hezbollah opera sin ser molestado por el tráfico ilícito que goza de la colaboración y el encubrimiento de funcionarios corruptos de la política y las instituciones. Las milicias en la frontera siria son leales a él y esto ha permitido el paso de drogas y bienes y, por supuesto, de armas enviadas desde Teherán. De algunos rumores filtrados parece que a menudo la organización logística de Hezbollah obtiene documentos falsos emitidos directamente por el Ministerio de Agricultura para ingresar, al otro lado de la frontera, cargas de drogas haciéndolas pasar por semillas y similares. Además, las mismas fuentes informan de que las milicias chiítas tienen libre acceso, con la complacencia de directores generales corruptos, a los fondos ministeriales también asignados a las ONG afiliadas, pudiendo así utilizarlos sin necesidad de más procedimientos de autorización por parte de los ministros.
Hezbollah sin duda podría tomar el control del país por la fuerza, tiene la capacidad militar, pero evidentemente está esperando el momento propicio.
Los milicianos chiítas no parecen culpar a la crisis como fuerte del apoyo iraní y muchos libaneses están cada vez más convencidos de cambiar de rango. Pero el líder Nasrallah está asumiendo riesgos. Sabe perfectamente que el descontento popular podría volcarse en su contra, porque cualquier control del poder por su parte privaría al Líbano de la ayuda internacional de la que depende.
Los gobiernos occidentales, Francia y los Estados Unidos en primer lugar, están tratando a través de sanciones de contener en la medida de lo posible el poder imperturbable de Hezbollah Pero estas medidas son claramente insuficientes mientras la organización política en El Líbano permanezca inalterada. Sin duda, será necesario que el cambio para el país de los cedros comience desde dentro de sí mismo con el apoyo adecuado de la comunidad internacional.
¿Cómo pueden los gobiernos occidentales ayudar al Líbano?
Francia y Estados Unidos están buscando todas las vías para apoyar la devastada economía del Líbano y están presionando para un compromiso financiero y político directo de Arabia Saudita.
Pero Riad es por el momento recalcitrante ante la idea de apoyar al Líbano, un país —entonces liderado por Hariri— con el que rompieron relaciones desde 2017. Arabia Saudita ya no tiene ningún interés económico y mucho menos inversiones activas en El Líbano. Como mínimo, el reino saudí podría aceptar apoyar sectores específicos como la salud, la educación y el ejército.
… mientras Israel evalúa otras opciones,
Jerusalén está firmemente convencida de que no hay una solución lista y disponible para salvar al Líbano. La única alternativa es la participación de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para tomar las riendas del país a la espera de nuevas elecciones, y esto antes de que El Líbano se hunda en una crisis humanitaria sin precedentes. El Alto Comisionado contará con un fuerte apoyo económico y financiero de la comunidad internacional, y una de sus principales tareas será desarmar a todas las milicias, incluido Hezbollah, pero solo podrá hacerlo con la participación de una presencia militar internacional sobre el terreno.
Sin embargo, debemos actuar con rapidez, y es posible que el Líbano no disponga de más tiempo.
* Licenciado en Ciencias Sociológicas, Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia. Especialista en Seguridad, Geopolítica y Defensa.
Carlos Liberman fue director nacional de Coordinación Pesquera (2011/15); miembro del Consejo Federal Pesquero durante el gobierno del presidente Macri (2016-2019); secretario de Pesca de la Provincia de Santa Cruz (2017/19) y pocos meses después de cumplir dos años en ese cargo, asumió como Subsecretario de Pesca el 10/12/2019. Foto: TiempoSur
“A confesión de parte, relevo de pruebas”, es un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo nos evita tener que probarlo. De la perspicaz entrevista realizada por Karina Fernández y Guillermo Nahum al subsecretario de pesca Carlos Damián Liberman, para la Revista Puerto y publicada en este medio el 03/08/2021, surge con claridad la incapacidad del subsecretario de pesca Carlos Damián Liberman para administrar los recursos pesqueros del Estado; su falta de sentido común y de oportunidad, dañando al sector empresario, al trabajador y al ecosistema, además de evidenciar la aplicación de un modelo pesquero que provoca la generación de bajo valor agregado, concentración y generación de subsidios por la pérdida del trabajo.
No tocaremos una sola letra de esta excelente entrevista (no solo las preguntas sino también las repreguntas, no siempre frecuentes en los periodistas) que desenmascara lo peor que pasa en la pesca: este buque no tiene capitán o, peor, el capitán carece de toda aptitud y actitud para administrar con equidad un recurso del Estado, poniendo en riesgo no solo importantes inversiones privadas; el trabajo de miles de familias que dependen de este sacrificado empleo; precarizando la ciencia y la técnica y, aún más grave, si se puede más, colocando el recurso en una situación de alto riesgo, admitiendo pescas insostenibles e insustentables. Y esta entrevista que hay que agradecerla a los periodistas, también hay que admitir el sincericidio de Liberman, reconociendo gravísimos errores y cuestiones pendientes sin resolver tras desempeñarse como director nacional de Coordinación Pesquera (2011/15); miembro del Consejo Federal Pesquero durante el gobierno del presidente Macri (2016-2019); secretario de Pesca de la Provincia de Santa Cruz (2017/19) y a pocos meses de cumplir dos años como Subsecretario de Pesca (10/12/2019). No puede Liberman echarle la culpa al gobierno anterior (como es habitual en la política), porque formó parte de la estructura del área con cargos jerárquicos con facultades para sugerir, elaborar y ejecutar la política pesquera desde hace 11 años. Algo debería haber aprendido y conocido.
Aquí la entrevista textual de Revista Puerto, con algunos comentarios míos:
Revista Puerto:«…La entrevista comenzó con una conversación informal sobre la falta de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores en la gestión de acuerdos comerciales. Siendo un tema que en cierta forma escapa a sus posibilidades de acción, el Subsecretario planteó hasta dónde pudo llegar con la rebaja de aranceles para mejorar las posibilidades de ingreso a los mercados para el sector pesquero».
Es muy llamativo el diálogo y el reconocimiento de los límites comerciales que tiene el subsecretario del área, en especial, porque, más allá de estos límites que el subsecretario tendría en esta materia central, el Canciller Felipe Solá, especialmente, solicitó agregar a su Ministerio de Relaciones Exteriores el “Comercio Exterior”.
Carlos Liberman: «La pesca es observada como una actividad extractivista, pero yo no creo que se pueda comparar con el sector agroganadero en relación con la generación de divisas y cantidad de trabajo que genera. Como equipo que somos, cuando el Estado tenga una menor necesidad de la que tiene hoy de recaudar más divisas por vía de la exportación, seguramente iremos a un esquema de aranceles que será superador del que tenemos. El de hoy es mejor que el que estaba antes, en el que todos pagaban lo mismo, independientemente de cuánto empleo generaban y de cuánto producto transformaban en Argentina. Cuanto más nos alejemos de Las venas abiertas de América Latina, más tenemos que reconocer y acompañar como Estado. A mí no me resulta indiferente que se produzca en Argentina o en Perú, China o algún lugar de Asia o España».
El subsecretario manifiesta que «la pesca es observada como una actividad extractivista» y ello no es solo una mera “observación” de terceros, sino una información que surge del análisis de las estadísticas de responsabilidad del subsecretario (Art. 7º inc. i de la Ley 24.922) publicadas por esa dependencia y de la propia intencionalidad y apoyo que Liberman da al modelo extractivo, como se aprecia en los resultados y puede verse en la entrevista del 12/12/2019 de Pescare.com.ar que este medio le efectuó a dos días de asumir el cargo de subsecretario: “¿No crees que esa problemática también es consecuencia de un cambio en el modelo de negocio, de una industria que se vuelca cada vez más hacia el congelado?: «Mira, a partir de la experiencia de la que vengo (Santa Cruz), nos sentamos con los gremios, las empresas y nos dimos una lógica con un Estado presente que permitió que el empleo crezca de una manera significativa». ¿Tu idea es replicar ese modelo a nivel nacional? «Sí…».
En la misma ocasión este funcionario reconocía que la actividad había crecido y el trabajo decrecido: «Si bien reconozco que la actividad hace un período importante de años viene creciendo en términos de exportaciones (…) la generación de empleo cayó en algunos puertos como el de Mar del Plata. Creo que hay problema real (…) Hay que mejor la matriz productiva porque evidentemente existe un problema de empleo real. El procesamiento de pescado en tierra es un tema central»
El relato de Carlos Damian es, como vemos, absolutamente contradictorio y hasta aquí todavía no se ha referido a la devolución de cuotas de merluza que, obviamente, de haberse procesado a través del titular del empresario concesionario o un tercero, con destino a la exportación o el consumo interno el trabajo hubiera crecido, del mismo modo, si las capturas hubiesen estado mayoritariamente en manos de fresqueros en lugar de congeladores. Por cierto, habría que recordar que el consumo de pescado en la Argentina (6,5 kg/per cápita) es más bajo que el promedio mundial en los países emergentes al igual que en los desarrollados (19 Kg/per cápita).
(RPuerto): “En este acompañamiento del Estado entran los planes sociales. Es innegable que muchas personas los necesitan porque el sistema genera excluidos. ¿Pero considera que pueden estar afectando negativamente en sectores como la pesca que requiere empleos temporales?”
(Liberman): «El plan social es una medida que intenta contener a gente que quedó desclasada en diversas épocas de nuestra historia, y el Estado tiene que atenderlo; que después eso tenga incidencia en el empleo, puede tenerla, pero, primero esa gente debe tener posibilidades de acceso a los alimentos y al sostén de su familia. Puede ser que tenga incidencia… Pero si lo asociamos al langostino, yo hago otro acople, lo vi en el sur. Procesar merluza pude ser más rentable en un lugar que en otro, pero lo que lo hacía viable era añadir langostino; sin ser un subsidio el langostino fue el gran oxigenador de la producción de merluza. Si hubo un problema en Mar del Plata, tiene que ver con la falta de regularidad en el aprovisionamiento de una materia prima que pudiera ser rentable y si el langostino comienza a procesarse en esas plantas en los momentos en que la merluza no es rentable, se resolverá gracias a la rentabilidad del langostino».
Liberman intenta demostrar que la provisión de langostino opera como subsidio al procesamiento de la merluza, pero ello está en abierta contradicción con la devolución de cuotas de merluza. En este punto queda claro que la subsecretaría ha sido incapaz de administrar el recurso. La sostenibilidad del recurso y la sustentabilidad de la actividad van de la mano. Sobreexplotar el recurso es tan grave como subexplotarlo. No sirve dar sostenibilidad a las especies sino no damos sustentabilidad a las empresas y el empleo.
(RPuerto): “En Mar del Plata, la falta de aprovisionamiento de materia prima arrancó en 2012 cuando el Consejo Federal Pesquero permitió devolver cuota de merluza sin penalización, como consecuencia del paro del SiMaPe. Allí comenzó el cierre de muchas plantas, la falta de explotación fue justificada, pero luego se siguió permitiendo sin justificación y esos puestos de trabajo no se recuperaron”.
(Liberman):«Ahora lo cambiamos, hasta el año pasado se podía devolver el ciento por ciento de la cuota y eso no implicaba ninguna penalización. La primera persona con la que me junté en este despacho cuando asumí, fue Cristina Ledesma y le pregunté qué pensaba y me dijo que el calamar debiera reprocesarse y la merluza no debería poder devolverse. Le dije que creía que había que llevarlo de forma gradual pero que tenía razón y este año dijimos que solo se puede devolver la mitad, con lo cual todos los buques merluceros arrastreros dejaron de tener esa posibilidad».
Llama la atención que el subsecretario se olvide que desde el 2011 se desempeñó como director nacional de Coordinación de Pesquera y que en el período que refirió en el que el Consejo Federal Pesquero (CFP) admitía la devolución del 100% de la cuota él era consejero y no hay votos contrarios suyos a esta decisión. Es insostenible también aceptar una devolución del 50%. El funcionario deja claro que no conoce el alcance del término “Administración” por la forma que maneja la disponibilidad y uso de los recursos del Estado. Es raro también, que haya tenido “demagógicamente” que consultar a la secretaria del SOIP respecto a la situación laboral de la pesca porque, entiendo, que debería conocer la dramática reducción de afiliados en este gremio en la última década con relación a las décadas 70/80, y ello debería haberle servido para evaluar el modelo extractivo y de congelación a bordo que ha promovido todos estos años, incluso en el período derivado de su participación en el Consejo durante el gobierno de Macri. La gradualidad a la que refiere es un criterio burocrático y no se puede manejar un negocio de dos mil millones de dólares anuales con gradualidad sin causar daños al sector. Grandes problemas requieren grandes soluciones y no se resuelven administrando la crisis. Pero el burócrata es poco probable que lo resuelva, para eso hay que haber pagado alguna quincena y, en la pesca, como dice el dicho: “hay que mojarse el c…”.
(RPuerto): “¿Pero por qué se les sigue permitiendo devolver el 50 por ciento si eso también desvirtúa el Régimen de cuotificación por el que se les otorgó esa cuota?”
(Liberman): «Te doy la razón, tiene ese efecto. Es un error que la administración tiene que asumir y lo hablé con las cámaras, con las que lo devuelven y con las que lo piden. Pero ahora también cambiamos la prioridad en la asignación, porque se les daba prioridad a los fresqueros, pero los dos lo podían pedir al mismo tiempo y terminaba siendo una abstracción. El año pasado hubo un piso de ocho mareas para los fresqueros y si había remanente, podían recibir los congeladores, este año se hace más pesado porque pueden devolver solo la mitad. No tengo un problema con el congelador, pero considero que había una tendencia que ponía en una situación de mayor debilidad a los fresqueros y la falta de aprovisionamiento de materia prima los hacía cada vez más débiles, porque van al mismo mercado; si tienen menos stock, tienen menos margen de rentabilidad. Todo ese ciclo hacía que el fresquero se perjudicara un poco más».
Sinceramente, Carlos Damián, por momentos más que un subsecretario pareciera ser el relator de un partido. “La administración tiene que asumir” (¿?) No señor subsecretario, usted es el responsable de que una empresa cierre, que despida operarios o pierda competitividad. ¿No contestaba al periodista minutos antes, que la pesca se “observaba como extractiva”? Es extractiva y, basta ver las estadísticas de exportación y el procesamiento de materias primas argentinas en terceros países intermediarios e importadores que transforman en destino. Pero, hay todavía algo más importante que los periodistas le preguntaron: “…devolver el 50% también desvirtúa el Régimen de cuotificación por el que se les otorgó esa cuota?” que el subsecretario no contestó y ello es central, primero, porque se desvirtúa el otorgamiento de cuotas que fueron otorgadas en función de un proyecto que la empresa no cumplió con la complicidad del responsable de administración (Art. 7º inc. a y f, Art. 27 de la Ley 24.922) y segundo y, fundamentalmente, porque es imposible planificar una administración eficiente (Art. 7º inc. a, Art. 9º inc. a y f de la Ley 24.922). Este solo hecho, demuestra en forma categórica que el subsecretario y presidente del Consejo Federal Pesquero incumple con la Ley 24.922 y lleva una administración ineficiente de los recursos del Estado.
(RPuerto): “Parece un poco naif porque dejaron de explotar la merluza porque les convenía explotar el langostino. Ese fue el motivo por el que devolvieron la merluza”.
(Liberman):«Los que iban al langostino sí».
Liberman confirma que los que iban a la pesca de langostino dejaron de pescar merluza y lo dice con una ligereza casi rayana a la inimputabilidad. Él, primero, como consejero, autorizó a los empresarios a devolver el 100% y ahora autoriza a devolver el 50%. Entiendo que la contestación es suficiente para iniciarle una acción por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Le recuerdo al subsecretario que él no es un relator de lo que ocurre en la pesca, él es responsable de lo que pasa en la pesca. La función del empresario que ha recibido la cuota de captura es cumplir con las condiciones pactadas a la hora de otorgársela y, la del Subsecretario monitorear que ello ocurra. El daño patrimonial para el Estado de la devolución de cuotas, sean 100%, 50% o 10% es gravísimo respecto al desarrollo poblacional e industrial y de generación de recursos económicos, pero los efectos sociales y laborales son más graves aún, en un país con un 45% de pobreza y un 13,1 de desocupación. Sin evaluar los efectos negativos estratégicos, que esta administración paupérrima, ocasionan.
(RPuerto): “Es la mayoría de los que devuelven la cuota de merluza”.
(Liberman):«Pero los arrastreros de más de 40 metros que solo van a merluza pasaban por ese ciclo negativo».
La cuestión no tiene relación con la pandemia; es producto de una mala administración, que lo tiene como responsable desde hace once años, en los que ocupó funciones jerárquicas relativas a la pesca.
(RPuerto): “Los fresqueros siempre tuvieron muy buena prensa y siempre han ido ganando terreno, eso se vio en la cuotificación de la merluza y más claramente en el langostino. El aumento de buques en esta pesquería ya fue señalado por el INIDEP como una señal de preocupación. Sin embargo, continúan aprobando reformulaciones. ¿Por qué siguen aumentando el número de barcos?”
(Liberman):«El primer motivo es que jurídicamente si un administrado se presenta y pide que la administración le resuelva algo a lo que tiene derecho, hay que resolverlo. La segunda cuestión es cómo sigue, la verdad es que no sigue igual que como veníamos. Las tres reformulaciones que se aprobaron primero son menos y segundo se ponderó de forma diferente el cupo de captura. La cantidad de cupo que se les otorgó es notablemente menor al que se les otorgaba antes, porque el variado costero se ponderaba al 90% y se transformaba en una autorización para todas las especies y eso no existe más».
No hay reformulación de fresquero a congelador o de aumento del esfuerzo pesquero u otro que modifique las condiciones que fueron aprobadas que se encuentre autorizada por la Ley 24.922 y por el contrario se encuentran absolutamente prohibidas, se trate de una o cien. Además, muchas veces eso sólo significa la modificación de la política de distribución equitativa de cuotas y autorizaciones. Por otro lado, sería interesante recordarle al subsecretario que en su calidad de miembro del Consejo Federal Pesquero que presidía el macrista Juan Bosch no se opuso al DNU 145/19 (Luego Ley Pinedo) que permitió poner como garantía ante las entidades bancarias o de crédito las cuotas o autorizaciones de captura, recursos que son patrimonio del Estado Nacional o Provincial en su caso y, otorgar un aumento de la cuota a la construcción local. Estas dos cuestiones —y otras que el DNU incluyó— son suficientes para que en lugar de ser el CFP y el Subsecretario quién administra el recurso sea un astillero privado quién modifique el esfuerzo pesquero o una entidad bancaria pueda quedarse con recursos que es de propiedad del Estado y quien debe administrarlo.
(RPuerto): “En la última reformulación, según los números que constan en el Acta, se otorgó más del 80 por ciento y por otra parte se tomó como captura histórica promedio de una lancha amarilla 600 toneladas. Los registros de esa lancha son de aproximadamente 100 toneladas por año”.
(Liberman): «Yo no recuerdo si la historia daba 100, 200 o 300 toneladas, lo que sí sé es que sale de las bases oficiales de la Subsecretaría de Pesca. Es una lancha que dejó de operar hace mucho tiempo y antes operaban a mayor volumen que ahora».
En este punto Carlos Damián más que apelar a la memoria debería acercarse al legajo y demostrar categóricamente que no hubo una reformulación fraudulenta. Y además entre 100 a 600 hay 500 toneladas de diferencia. El Estado debe hacer públicas estas informaciones y a la sola pregunta debe aportar las pruebas correspondientes para evitar actos de corrupción o de mala praxis.
(RPuerto): “Puede ser que capturaran más pelágicas, pero si llevaba muchos años inactiva se entiende menos. Volviendo al número de buques. ¿Hasta cuándo piensan seguir admitiendo el ingreso de barcos?”.
(Liberman):«El número de barcos es grande e importante para una pesquería que es grande e importante, la pesquería era mucho más chica hace doce años y había menos barcos, la administración tuvo en ese momento una disyuntiva, si queríamos generar la mejor administración del recurso con más barcos, mayores capturas, mayores niveles de actividad productiva en las plantas en tierra y mayores ingresos de divisas, íbamos a necesitar más barcos. Lo que sin dudas se puede seguir mejorando es la administración del recurso y las formas en que se pesca. Podemos tener pocos barcos y pescar peor, si no tenés un control sobre si se pesca de noche, con cien buques pescás como si fueran doscientos. El incremento del esfuerzo pesquero puede tener que ver con la práctica pesquera y no tanto con el número de buques, podemos tener muchos buques y hacerlos pescar menos. En el norte se pescaba libremente».
Si bien es “esfuerzo” es fundamental, la subsecretaría de pesca no tiene capacidad de control alguno (ver más adelante la cuestión de control por monitoreo). No solo no se controlan las capturas, los descartes, etc., sino que hay informes de la AGN y del propio INIDEP que los partes no coinciden con los desembarques y es vox populi la sustitución de especies, al margen de que la Subsecretaría de Pesca no tiene capacidad, ni hace control de stock ni ha precisado los rendimientos en los procesos a bordo y en las plantas industriales. Su respuesta es obvia, pero la subsecretaría carece de la suficiente información para llegar a un diagnóstico certero. En las condiciones actuales de falta de información y control, más barcos significan teóricamente más esfuerzo. Una respuesta evasiva.
(RPuerto): “Iban muy pocos barcos al norte hasta hace un par de años”.
(Liberman):«Pero llegaron a pescar 20 mil toneladas y si están mejor manejadas y con ayuda del ambiente quizás nos permitan dar el salto que dimos al sur, no digo de 200 mil toneladas, pero muchas toneladas más. Antes, todos tenían el despacho habilitado en el norte y se pescaba un 60 por ciento de hembras impregnadas. El año pasado le expliqué al sector que tenemos que hacer una apuesta, porque si pescamos mejor en el norte, si pescamos cuando los niveles de hembras maduras se reduzcan al 30 por ciento, salvaguardamos a un conjunto de hembras que van a seguir migrando hacia el norte y van a desovar. Si responde como pasó en el sur podemos mejorar las capturas, por eso le pedí al INIDEP que la primera campaña del buque Mar Argentino sea en busca de langostino en la zona de El Rincón o en litoral bonaerense para saber si la medida es conducente».
El subsecretario debería recordar que su obligación es cumplir con el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Y en la Zona Común la pesca argentino-uruguaya debe mantener la proporcionalidad en las capturas, cuestión que no ocurre, con un grave perjuicio para la industria nacional.
(RPuerto): “Es sabido que se preocupa por estudiar y se pueden reconocer las buenas intenciones de pescar más y mejor. Pero precisamente con ese razonamiento, no se entiende por qué se sigue trabajando sin datos de observadores en la flota fresquera durante la temporada, cuando los investigadores han indicado públicamente que la forma de trabajar de este sector le hace daño al langostino.
(Liberman):«Hay empresas que son más diligentes que otras tengan fresqueros o congeladores, creo que hay muchos preconceptos y hay mucho por mejorar. La realidad se presenta con todo ese degradé de cosas buenas o malas. Para saber si se pesca de noche le pedí a la Dirección Nacional que prepare un informe con diversos niveles de análisis: cuánto tarda un buque en llenar la bodega y llegar a puerto y cuánto tardan en la misma zona buques de similares características; y que lo contraponga con los datos de captura por unidad de esfuerzo para esa área y días determinados que me da el INIDEP. Así podremos empezar a tener un entrecruzamiento para ver si efectivamente pescan de noche. El SOMU me dice que son el mejor reaseguro porque si pescan de noche les paran los buques, yo no tengo que quedarme con esa tranquilidad, yo tengo la obligación de controlar que no pesquen de noche. Pareciera que puede haber algún incidente aislado, pero en términos generales no pescan de noche, pareciera… lo vamos a ver y si lo detectamos lo vamos a infraccionar».
¿De noche no controlan a los buques extranjeros? La falta de Observadores capacitados, confiables y bien pagos, es central. ¿Quién evitaría la depredación, el descarte y les proveerá la información?
(RPuerto): “El INIDEP habla de toda una forma de trabajar, no puntualmente de pescar o no de noche. El fresquero no tiene el cuello de botella de un congelador en la producción, lo que permite tener una captura menos voraz y más ordenada”.
(Liberman):«Claro, ese cuello de botella no existe. Yo no quiero hacer una defensa de cómo pescan los fresqueros, pero no es tan fácil establecer un límite a su capacidad de pesca diaria porque tiene que ver con su curva de rentabilidad, si está mucho tiempo en el agua va a empezar a desperdiciar el langostino que capturó, lo que sería peor; y sobran ejemplos de langostinos que llegan negros y a veces podridos. A toda la pesca del langostino hay que seguir mejorándola y controlándola. La discusión está abierta, la caja, cajón o cajita también fue una discusión, hay quienes creen que la cajita permite un mejor aprovechamiento del recurso».
A esta altura, cabría hacer las siguientes preguntas: ¿después de 11 años interviniendo en la administración la seguirá manejando a prueba y error? ¿No fue Carlos Damián secretario de Pesca en Santa Cruz? Más que discutir el “qué” debería estar resolviendo el “cómo”. Porque ya se le pasaron casi dos años mientras resuelve como administrar más adecuadamente los recursos el sector. ¿Toda la pesca del langostino hay que seguir mejorándola y controlándola? Pues bueno, no conozco subsecretario que lo haya hecho, el sector pesquero está vivo por la voluntad de los actores: empresas y trabajadores. No estaría mal que se resuelva hacerlo.
(RPuerto): “Por otro lado, permite aumentar la capacidad de la bodega”.
(Liberman):«Te permite estibar más porque se aprovecha mejor. Tenemos la dicotomía de cómo aprovechamos mejor lo que pescamos, si pesco menos y aprovecho menos o si pesco más y aprovecho más. En definitiva, pescamos para producir y exportar más».
No hay tal dicotomía señor subsecretario de Pesca Carlos Damián Libertad. Ninguna de las dos opciones es la adecuada. Hay que pescar menos y aprovechar más. Esto se llama sostenibilidad. Es agregar valor y llegar a las góndolas. Con los mismos recursos generar más empleo y más divisas para el país y recursos económicos para las empresas y sus comunidades. Esto se llama “Responsabilidad Social”.
(RPuerto): “¿Cómo van a solucionar el tema de los observadores?”
(Liberman):«El fresquero puede realizar prospecciones, pero está claro que los congeladores tienen mejores posibilidades para realizarlas por las características del buque. No se trata de ver quién es más voluntarioso sino quién tiene una mejor herramienta».
(RPuerto): El INIDEP reclama presencia de observadores durante la temporada, no en las prospecciones.
(Liberman):«Tenemos una enorme limitación con la pandemia que nos redujo una planta de observadores, que ya era reducida, a menos de la mitad. No tenemos suficientes observadores, estamos trabajando en el embarque, pero lo tenemos que hacer con la gradualidad que permite el personal con el que contamos. También estamos formando nuevos observadores en la Nación y en la Provincia, porque la mayoría de los observadores están en Mar del Plata y al langostino lo tenemos en el sur, necesitamos un INIDEP más federal».
Y qué tal Liberman si contesta cuando se va a resolver el tema de los observadores. El Estado tiene que cumplir el rol de policía que le asigna la ley y para eso cobra tasas e impuestas. Al margen de ello hay otras dependencias que en igual situación de dificultad de recursos económicos ha resuelto el problema. Se necesitan observadores, como dije, capacitados, honestos y bien pagos.
(RPuerto): “Uno durante muchos años ha visto que había cosas que no se podían hacer desde lo legal, como pasar cuota de fresquero a congelador, permiso de fresquero a congelador y era inimaginable que una lanchita que nunca vio un langostino se convirtiera en un barco con autorización para pescar miles de toneladas de langostino. Pero todo esto con los años se fue permitiendo y ahora si tuviéramos un año de 100 mil toneladas de langostino, el desaguisado administrativo que se generó sería un verdadero problema. ¿Cómo piensan resolverlo?”
(Liberman):«Si tuviéramos 100 mil toneladas de langostino tendríamos un problema grave, tanto en el langostino como en la merluza por la falta de rentabilidad, tendríamos un lío enorme con los miles de trabajadores que están esperando el langostino y los miles de trabajadores que pueden hacer merluza gracias a que las empresas también hacen langostino. Mi mirada más sincera sobre el tema es que el variado costero estaba en una situación peor que la que está hoy, la merluza estaba en una situación peor que la que está hoy y el langostino estaba en una situación peor que la que está hoy. La traslación del esfuerzo pesquero del variado costero y la merluza al langostino tuvo varias características que hay que resaltar para bien, primero permitió frenar la curva de caída en el variado costero, ayudó a la recuperación de la merluza porque dejamos el ambiente tranquilo, y en tercer lugar al langostino lo pescás o se va a morir en dos o tres años. Permitir descomprimir la presión en otras especies fue un acierto. En el 2004 cuando llegué a la pesca, se exportaban 800 millones de dólares, trayendo recursos que estaban más comprometidos que hoy, en 2015 ya exportábamos 1.600 millones de dólares y al mismo tiempo se trasladó el esfuerzo sobre recursos que estaban comprometidos hacia un recurso que se ofrecía en expansión».
Lo que refiere Liberman no es cierto ni inocuo. ¿Cómo explicaría el subsecretario el crecimiento de los desembarques y de las exportaciones y el simultáneo decrecimiento del empleo? Se profundizó la concentración empresas y el modelo extractivo y, como dije, este funcionario no es ajeno porque desde hace 11 años se ocupa de formular la política, coordinar y conducir la administración pesquera. El término “hicimos” no es el adecuado. Se hizo a costa de la quiebra de las pequeñas embarcaciones; de las medianas y pequeñas empresas industriales integradas o no; de los trabajadores que perdieron el empleo y la precarización laboral. La pesca bajo su responsabilidad no tiene plan que contenga a la actividad con equidad y le dé un marco un margen mínimo de seguridad a la producción.
(RPuerto): “Pero la pregunta apuntaba a los temas legales de acceso al recurso langostino y los derechos adquiridos que se intentarán hacer valer al momento de una menor abundancia o, por qué no, a una hipotética cuotificación como prevé la ley. Esto ya pasó con la merluza: hubo decenas de barcos que pescaron años sin permiso para esa especie a los que, sin embargo, hubo que reconocerles esas capturas y darles un cupo en igualdad de condiciones con quienes la pescaron legalmente. Hay barcos que hoy pescan varias veces su cupo de langostino y muchos de ellos accedieron a esa pesquería con permisos de barcos que nunca en su historia habían capturado ese crustáceo”.
(Liberman): «Todo siempre se pone en jaque si no tenés una buena zafra. Va a ser cada vez más difícil para quienes integren el Consejo Federal Pesquero, porque todo depende de seguir teniendo buenas zafras. Quien el día de mañana sea subsecretario, también va a tener más problemas que yo por la manera en que administramos las aperturas y los cierres en la zona de pesca para el langostino. Antes se habilitaban bandas longitudinales y ahora es por cuadrante, son 9 cuadrantes de un grado por un grado. El sector se quejó porque generaba canchas chicas, pero es la mejor manera de controlar que no levanten L4 y L5 o merluza. Esas medidas junto con la del norte son las que tenemos que seguir perfilando para poder sostener una pesquería de 200 mil toneladas, también jugará un rol importante el ambiente».
(RPuerto): “Concretamente, ante un escenario de 90 mil toneladas, ¿quiénes van a poder pescar?, ¿los que tienen permiso de langostino o se incluirá también a todos aquellos que tienen autorizaciones para especies no cuotificadas?”
(Liberman): «Tenemos, conviviendo en el registro de la pesca, distintas categorías de permisos que fueron otorgados en momentos distintos. Tenemos muchos barcos que fueron generando historia de un permiso que no era para langostino, pero sí para todas las especies, las especies no cuotificadas implican langostino en la medida en que el langostino no se cuotifique. Si el langostino se cuotificase, con ese permiso que no habilita cuoficadas no se podría pescar cuotificadas».
(RPuerto): “Ese es un paso posterior. ¿No se va a contemplar como un derecho adquirido el haber capturado langostino?”
(Liberman): «La ley prevé un período de captura histórica legal que obedece a un momento y esa es la historia que se debe contemplar como ocurrió con la merluza».
(RPuerto): “¿Se piensa en cuotificar el langostino?”
(Liberman): «En merluza se puede estimar la biomasa total, en el langostino es más difícil, el INIDEP no tiene una estimación de biomasa total de langostino que es el requisito sine qua non y a partir del cual se puede definir un proceso de cuotificación. El INIDEP hasta ahora no pudo dar una solución a la tarea titánica que tiene de determinar la biomasa total y quizás no pueda darla. Veo difícil la cuotificación del langostino».
Trataré de no repetir esto; pero, el subsecretario Liberman por momento parece contarnos lo que todos sabemos y, en todo caso, más que relatar que mal que la van a pasar los funcionarios (como si esto fuera importante para alguien) y las empresas, nos debería indicar el “cómo” y hacia “dónde” vamos. El subsecretario es el administrador (por delegación del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, ya que por obra de Felipe Solá en 1998 al aprobarse la Ley 24.922 Menem vetó la secretaría de Pesca) y, por lo tanto, tiene como función investigar, conservar, distribuir, explotar el recurso; ¿le suena Liberman? Para que nos diga que sí se cae la captura de langostino se caería todo no lo necesitamos. Son Uds. “los subsecretarios” y otros tantos representantes del Poder Ejecutivo, los funcionarios del CFP y los diplomáticos asignados a este Cuerpo, quienes han llevado la Pesca a la mono-explotación y a que el langostino subsidie a la merluza; pero resulta, que permite este funcionario la devolución del 50% de las cuotas (¡!). ¿Sabe el subsecretario que la producción pesquera en el mundo, en un 45%, proviene de la acuicultura y la Argentina no llega al 1%? Por supuesto que yo en cuatro hojas no podría ni debería decirle que puede hacer, pero deje de hacer diagnósticos y empiece a aplicar el tratamiento. Respecto a la pregunta al subsecretario en su doble condición de funcionario y abogado se va Carlos Damián por la tangente. Ustedes (los subsecretarios y afines), desde la cuotificación y, ahora con las autorizaciones a la pesca de langostino, etc. Sí dejarán una bomba de tiempo y alguna vez habrá que hacerles un juicio de residencia a los funcionarios, que se van a sus casas, como si nada pasara, lamentándose que mal que la van a pasar los que vienen. Así no va, lamentándose que mal que les va a ir a las empresas cerradas millones de argentinos sin trabajo.
(RPuerto): “Los investigadores del INIDEP hacen un trabajo excelente. ¿Cómo puede ser que no se encuentre una solución para mejorar su situación salarial? Estamos hablando de una industria que genera dos mil millones de dólares y los jefes de Programa en su mayoría ganan menos de 70 mil pesos”.
(Liberman): «Desde el año 2016 tuvimos pérdida del poder adquisitivo, recién este año afortunadamente las paritarias y el nivel inflacionario han empezado a emparejarse y se dejó de caer. A mí la defensa que han hecho ustedes de los trabajadores del INIDEP me parece perfecta, porque efectivamente antes de hacer una mejora ganaban poco y ahora también ganan poco. Lo mismo pasa con todos los trabajadores de la administración pública nacional».
(RPuerto): “¿No se puede encontrar un mecanismo como el utilizado en el CONICET a través del FONAPE para mejorar la situación?”
(Liberman):«Nosotros mejoramos bastante la situación, no resolvimos todas las demandas… Pero hubo recategorizaciones, asignaciones de horas extras, alrededor de cien trabajadores tuvieron mejoras en este sentido».
(RPuerto): “Son cuestiones administrativas que estaban retrasadas y, recibieron solo un bono por única vez”.
(Liberman): «Es todo lo que podíamos hacer, nosotros recibimos un Estado que no es el que dejamos, sueldos del INIDEP que no son los que dejamos, lo mismo en la Subsecretaría, yo mismo gano menos como subsecretario de lo que ganaba como director de Pesca en 2015».
¿No es este un gobierno de científicos? Los argumentos son patéticos. Un país sin ciencia y técnica está condenado a la dependencia y la colonización. Se entiende que hoy por no tener los avances adecuados de la ciencia gastamos ingentes recursos para la adquisición de vacunas. Los científicos argentinos tienen probada experiencia en la fabricación de vacunas, lo que no tienen es política ni reconocimiento y por eso muchos de ellos están prestando sus servicios para países desarrollados, al igual que el INIDEP. Este Instituto de Investigación, en épocas donde las exportaciones de la pesca eran mucho menores (no olvidemos que hoy las exportaciones dependen en un 50% del langostino; digo, Carlos Damián, para que no corra presuroso a decir, “somos el único sector que creció exportaciones” y, se olvide del pequeño detalle que no es obra de la administración, sino del milagro de la naturaleza) se autofinanciaba con aportes empresarios.
Ahora, respecto a su sueldo. ¿Usted Liberman se imagina Gerente de una Empresa, diciéndole al dueño que puede que todo vaya peor mañana y a la par solicitarle un aumento de sueldo? Sospecho que su tiempo sería de descuento. Las empresas no funcionan con una tarjeta de débito de cuenta sueldo. Además, van a tener que revisar sus gastos administrativos y los del Consejo, los que aportan los empresarios al FONAPE. ¿Sabe una cosa? son mucho más altos que los gastos administrativos de Chile y Perú, ambos países que exportan más que la Argentina; y ¿sabe otra?, los gastos del personal administrativo de una empresa para que sea eficiente no deben superar el 7,5%. Creo que habría que ajustar los números porque para que las empresas sean competitivas hay que bajar derechos, reducir el tiempo de devolución del IVA, eliminar los impuestos al combustible, etc. y esa es una función del subsecretario ejecutar o gestionar. En particular cuando buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, británicos, etc. que operan subsidiados y con trabajo esclavo, compiten en los mismos mercados que Argentina.
(RPuerto): “En 23 años que llevamos haciendo REVISTA PUERTO, hemos conocido subsecretarios de Pesca que no distinguían una merluza de un pato, conocimos en varios períodos una Subsecretaría tercerizada y también una Subsecretaría de Pesca tarifada hasta para hacer lo que correspondía por ley. Sabemos que eso hoy no es así y sinceramente no hemos conocido a nadie que nos diga que ha coimeado por tal o cual tema. Por eso, sinceramente, nos llama la atención y queremos saber por qué se le sigue permitiendo pescar langostino a los nuevos barcos de Moscuzza, sobre todo al José Américo, que es un barco indiscutidamente ilegal para acceder a esta pesquería. Y usted, que entonces era director de Pesca, conoce cómo se gestó ese permiso desde 2015: cuando se aprobó un permiso para un barco de 39,90 metros y no de 47, como finalmente tiene el barco ingresado”.
(Liberman): «Hoy la medida de administración vigente es de 40 metros de eslora de arqueo».
(RPuerto): Al momento de aprobarse estaba vigente la 1113 y la eslora permitida era de 40 metros de eslora total. De todas maneras, el José Américo tiene 44,21 metros de arqueo y 47 metros de eslora total.
(Liberman): «En el registro de la pesca no figura eso, dice que es de 40 metros. Es muy difícil a la hora de acusar a alguien hacerlo sin elementos, porque para decir que están fuera de la ley yo tengo que tener elementos, y yo tengo que prever que lo que certifica la Prefectura es legítimo. Antes de acusar a Moscuzza, debiera acusar a la Prefectura Naval Argentina».
(RPuerto): “Si el certificado que tiene dice 40 metros de arqueo, entonces es falso. El barco que se aprobó es otro barco, no es el que entró. Se aprobó un barco de 40 metros e ingresaron uno de 47 que puede pescar lo que su permiso le habilite, pero no puede entrar a la pesquería de langostino”.
(Liberman): «El CFP le aprobó una reformulación por un barco distinto y luego vino la medida de administración que cambió el límite y se estableció para computar la eslora de arqueo. En el registro de la pesca figura que tiene una eslora de arqueo por debajo de los 40 metros».
(RPuerto): “Le aseguro que eso es falso, una falsificación de documento público. Como funcionario público, si yo presento una nota y documentación que demuestre que el barco tiene más de 40 metros de eslora de arqueo y que estamos frente a un hecho irregular, ¿está obligado a iniciar una investigación para saber si se le está permitiendo a este barco pescar ilegalmente?”
(Liberman): «Lo que tengo que hacer es cotejar los datos que me entreguen con el Registro de la Pesca y consultar a la Prefectura Naval Argentina. Ningún Subsecretario se encargó de la determinación de las esloras, para la Subsecretaría de Pesca lo que otro organismo del Estado determina es vinculante. Si me presentan esa nota la remitiré a la PNA para que lo confronte».
(RPuerto): “Entonces nos comprometemos a reunir documentación y lo haremos. Por otra parte, todo lo que venimos hablando, la determinación de una eslora, la cobertura de la flota, el número de barcos y la forma de trabajar sobre el recurso, ¿no deberían estar ya determinadas en el Plan de Manejo que sigue sin materializarse?”
(Liberman): «Efectivamente nosotros tenemos medidas de administración, de hecho, no es la totalidad si confrontamos las medidas de administración que se sancionaron en 2018 con las que se han tomado luego para determinar los mecanismos de prospecciones, la administración del langostino que está fuera de la zona de veda, los resortes de apertura y cierre fuera de la veda, todo eso no se discutió. Yo vivencio la administración del langostino a partir de la dinámica a la que el recurso obliga. El langostino rompió los libros todos los años y hoy lo sigue haciendo. Tengo mucha incertidumbre porque el langostino no te deja tranquilo, pero tengo un buen nivel de tranquilidad también. El año pasado fue disruptivo y generó muchísimas discusiones con el sector, pero tanto la administración del norte como la de las áreas internas hicieron que podamos esquivar muy bien el langostino chico que es lo que vamos a pescar el año que viene. Esa es una tarea que bien podría formalizarse en una norma, un cuerpo jurídico que obligaría al siguiente funcionario a seguir aplicando la misma lógica, la verdad es que hay otras cosas sobre las que todavía estamos trabajando, como con la Comisión de bycatch, porque para poder determinar el cierre de la pesquería a fines o principio de octubre necesito que me ayuden, porque cuando haya más de 20 por ciento de merluza se cierra».
Yo creo que el señor Subsecretario no necesita que le presenten ninguna nota, está obligado como funcionario a responder con la documentación pertinente a esta eventual irregularidad administrativa a través de los medios técnicos competentes. Está obligado en su condición de subsecretario de Pesca y presidente del Consejo Federal Pesquero, por aplicación de los artículos 7º incisos a), c), d), f), q) y artículo 9º incisos a); d) y ss. y, la ley de información pública, para demostrar un proceso cristalino y estaría suficientemente habilitado para convocar a expertos independientes que verifiquen la validez del permiso pertinente para pescar una especie que como dijo el subsecretario y yo ratifico sostiene al conjunto de la actividad pesquera. Yo no dejaría ninguna duda a estos periodistas ni a los lectores de este medio especializado, teniendo la forma de terminar con esta cuestión que se viene ventilando desde hace tiempo y el silencio de este funcionario podría entenderse con una complicidad.
Sería necesario también que el subsecretario revise las estadísticas (su función) para verificar los desembarques de merluza con relación al langostino y, por otro lado, se ha referido en esta entrevista en forma reiterada a lo que deberían hacer los funcionarios que vengan. Por lo pronto, ocupe su tiempo, le quedan al menos dos años.
(RPuerto): “También está pendiente el sistema de monitoreo por cámaras”.
(Liberman): «Necesitamos un sistema de cámaras complementado con un sistema de inteligencia artificial que haga lo que el inspector no puede hacer, el INVAP tiene que subirse al barco, pero la pandemia nos complicó para concretarlo. El tema está pendiente y el ministro Basterra tiene a la firma un convenio marco con la presidencia del INVAP para poder hacerlo».
Este tema tiene una antigüedad que daría la sensación de que no hay vocación de resolverlo. Y como me refería en forma precedente, demuestra la incapacidad de la subsecretaría en materia de control. La pesca hay que contrala y a los observadores (Una vez que los tengan). “El hombre es bueno, mejor si se lo controla” decía el General.
(RPuerto): “¿Por qué apoya la designación del Área Marina Protegida Agujero Azul?”
(Liberman): «El CONICET tiene información sobre el impacto que tiene en la cadena trófica por ejemplo de la merluza, nosotros tenemos la enorme mayoría de nuestra ZEE vedada para proteger la merluza, nuestro sector hace el esfuerzo que tiene que hacer adentro, afuera no podemos proteger la columna de agua porque no nos pertenece, efectivamente no podemos administrar la pesca ahí pero para resguardo, para mayor protección y tutela, complementado un esfuerzo que hacemos adentro, funcionaría como un complemento para resguardar la cadena trófica que es muy importante».
(RPuerto): “Aunque se ha presentado como una herramienta contra la pesca ilegal o extranjera en la milla 201, esta AMP no tendrá efecto alguno. ¿Cómo se soluciona el problema de la pesca ilegal o no reglamentada y no declarada en el Atlántico Sur que tanto nos afecta?”
(Liberman):«El problema de la pesca ilegal se resuelve con una cantidad de decisiones de varios lugares, el 5 enero de 2020 redacté el proyecto de la actualización de las multas, para los nuestros y para los que pescan de forma ilegal. Segundo, teniendo presencia efectiva, ya se incorporaron dos buques y se van a incorporar dos más, los aviones y los sistemas de radarización, más las imágenes satelitales. Los barcos nuevos a cien millas pueden detectar el ingreso y con tecnología que les permite no emitir señal o emitir señales distractivas. La manera que se está planificando en la mesa interministerial el control de la milla 200 está un paso más adelante, este conjunto de medidas fue una señal fuerte. El sistema puede ser perfectible, pero la milla 201 no es nuestra ni de nadie. Si hubiera un acuerdo solo sería aplicable a nuestros buques y los del pabellón que firmen el acuerdo».
Seré lo más suave posible. El subsecretario sanatea y es absolutamente inconsistente. Da la sensación de no haber leído la ley y solo apoya porque así se lo indica Cancillería. Sugiero que lea el artículo de mi autoría: “El proyecto AMP Bentónico “Agujero Azul” y las demás AMP favorecen al Reino Unido en Malvinas y atentan contra la Administración del Recurso Pesquero Argentino” (02/08/2021). No hay ningún estudio actual que justifique con rigor científico la instalación de una AMP (y así lo exige la ley) y prueba de ello es que en el proyecto de Ley no se menciona en los fundamentos ningún estudio actual que avale la instauración de una AMP. Tiene gruesos errores técnicos como indicar “sobre” el suelo y lecho, lo que habilitaría a la prohibición de pesca en los cursos de agua, además de no estar especificado en la ley el alcance de la restricción, de acuerdo con lo previsto en la ley de Ambiente. Su instalación tendrá solo efectos sobre los buques nacionales y podría replicar a la instalación de iguales reservas por parte del Reino Unido. Además de no corresponder un AMP para proteger el Submarino ARA San Juan, sino una Ley independiente que declare Monumento Marino, etc.
Es un verdadero absurdo que quién tiene la responsabilidad de administrar el recurso y por ende su conservación y sostenibilidad y las herramientas legales y operativas (Art. 7, 21 y 51 de laLey 24.922) delegue en la Administración de Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente (que ni siquiera tiene buques para el control y el viejo Oca Balda cedido por el INIDEP está en reparación) esta función inherente a las obligaciones básicas de la Subsecretaría (y del INIDEP) de preservar el recurso con herramientas como vedas, reservas, limitaciones, etc. muy superiores a la mera declaración de un AMP.
Buque Oceanográfico “Capitán Oca Balda”. Foto: INIDEP.
Respecto a la ley de aumento de sanciones a la pesca ilegal. Desde que fuera Liberman director de coordinación pesquera, pasando por miembro del CFP y ahora subsecretario no ha colocado una sola multa a los buques extranjeros que pescan en las aguas argentinas en Malvinas (¿no son argentinas?). Y durante este mandato no ha aplicado en forma efectiva ninguna multa con la ley 27.564; es decir que cae en abstracto el aumento de multas, más aún cuando en los últimos 40 años las fuerzas navales y de seguridad han capturado un promedio de 2 buques por año pese a la presencia de más de 300 buques extranjeros en el Atlántico Sudoccidental. Tampoco ha tenido ninguna iniciativa respecto al control de los recursos migratorios, según indican los art. 4º, 5ºd, 21e, 22 y 23b de la ley 24.922 y el artículo 2º inc. c de la ley 24.543 y los derivados de la aplicación de la ley 26.386.
(RPuerto): “¿Se está trabajando en algún tipo de acuerdo?”
(Liberman): «Cancillería tiene una postura contraria a la firma de acuerdos en esas zonas. Yo lo he planteado, pero por posición geopolítica se considera que no sería favorable».
¿Posición geopolítica? ¿Superiores intereses de la nación? Lo escuchamos desde la aprobación de los Acuerdos URSS-Bulgaria. La Cancillería siempre condujo desde afuera las decisiones más relevantes para la actividad pesquera. No creo que un funcionario con rango de subsecretario y, sobre todo, quien no se hace fuerte en su territorio, pueda modificar esta posición que históricamente ha llevado a que la pesca sea una mera moneda de cambio para cuestiones relativas a la estrategia o más bien a la cesión de Derechos en Malvinas. Así ocurrió, además de los Acuerdos con la URSS-Bulgaría; el Acuerdo con la CEE (hoy U.E.); el Acuerdo de Madrid I y II; el Acuerdo de Foradori-Duncan que implicó la investigación conjunta de los recursos pesqueros; el Acuerdo de Nueva York; el Convenio del Atún; el Acuerdo Rector del Puerto y otros, donde jamás el hoy subsecretario Carlos Damián Liberman emitió opinión alguna y por lo tanto convalidó en los hechos todos estos acuerdos que afectaron seriamente la actividad pesquera y, por cierto, convalidaron el sostén y la ocupación británica en Malvinas. Por acción u omisión Liberman y otros tantos funcionarios fueron funcionales a los intereses británicos.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG.
En efecto, cuando el BCRA paga $ 95 lo que vale $ 184, ese dinero se lo quita a todos los agentes económicos de las provincias. Le demuele la riqueza a familias, empresas y a los fiscos provinciales, ya que todos sufren con esta estafa organizada desde el gobierno central.
En artículos anteriores expuse el daño que esta maniobra provoca en cada provincia y cómo el dólar atrasado cristaliza la pobreza en el interior; contrario a lo que exige el artículo 75 inc. 19 de la Constitución Nacional.
Además, esta medida tiene la virtud de casi no perjudicar a la capital federal (como distrito) ya que de él provienen solamente el 0,6% del total de las exportaciones del país (Fuente: INDEC, 2020).
Hoy me quiero detener en cuánto afecta a los fiscos provinciales este impuesto “en negro”. Cuánto dinero el fisco nacional deja de girarles a cada gobierno provincial con la maniobra de sostener atrasada la cotización del dólar. El BCRA les roba a quienes producen bienes de exportación (en un 99,4% situados en territorios provinciales) casi la mitad[1] del fruto de su trabajo al pagarle los dólares a precio vil.
En resumen; el Estado Nacional de forma inconstitucional e ilegal, con el BCRA como ente de recaudación y en abuso de sus atribuciones, no sólo despoja del fruto de su trabajo a quienes producen; sino que les quita dinero a los fiscos provinciales.
Robó, huyó y nunca lo pescaron
Todo el dinero que el BCRA roba a los productores de bienes exportables (software, maquinaria agrícola, aluminio, cueros, lana, leche en polvo, arándanos o cebada) por dólar atrasado, es una quita del precio de venta. Por lo tanto afecta directamente, en un 100%, a su ganancia. Esto es así porque quien produce ya solventa todos sus costos. Es una quita de rentabilidad.
Tiene enormes consecuencias económicas. Al bajar su rentabilidad no se reinvierte en la propia actividad, se paga mal a los proveedores de bienes y servicios, a los trabajadores y en términos generales quien produce busca un punto de equilibrio mediante la reducción de los niveles de producción. Todo lo contrario a lo que podría ser una Argentina de pleno empleo, con un salario medio de US$ 1.500 y con infraestructura en impecable condiciones; la Argentina que yo propongo.
Este manoteo de riqueza de empresas y familias que efectúa el BCRA ocurre bajo las órdenes del gobierno central. Al afectar de lleno (en un 100%) las ganancias de las empresas, por lo tanto, reduce el impuesto a las ganancias que recauda la AFIP.
La AFIP es el ente oficial de recaudación del país a diferencia del BCRA que es el ente paraoficial.
Total exportaciones enero-junio 2021: 35.339 millones de dólares.
Le resto minería (US$ 204 MM) y combustibles (US$ 1.885 MM) los cuales tienen regímenes especiales.
Total exportaciones enero-junio 2021 que pagan el impuesto “en negro” detractado por el ente paraoficial de recaudación (BCRA) = US$ 33.250 MM.
Nuestro universo será, entonces, de 33.250 millones de dólares en un semestre.
El impuesto ilegal recaudado por diferencia de tipo de cambio por el BCRA fue de US$ 33.250 millones x 43,60% = US$ 14.497 millones[2].
Valuado en pesos, el dinero quitado por el BCRA a quienes producen, al pagar a precio vil los dólares, es de $ 2.435.563.000.000.
Ése es el dinero que le quitó a las familias y empresas de todo país el gobierno central en forma ilegal en sólo un semestre.
Ese dinero representa ganancias que las empresas y familias no tuvieron.
Si hubiera llegado a la mano de los agentes económicos, pagaría impuesto a las ganancias por $ 852.447.000.000 (calculado al 35%). [$ 2.435.563.000.000.- x 35%].
¿Cómo se hubieran repartido esos $ 852.447.000.000?
El impuesto a las ganancias tiene por destino, según ley, reforzar las cajas previsionales (15%) y el 85% restante se reparte entre nación y provincias.
La recaudación del impuesto a las ganancias se divide entre nación y provincias en una cuenta muy complicada que básicamente sería así: se retrae un 15% para financiar los gastos previsionales y el resto, luego de unas retracciones de suma fija, se divide entre nación y provincias según una tabla de porcentajes. Para la cuenta que voy a hacer ahora no tomaré las sumas fijas porque supongo que ya se detraen de la actual recaudación.
Así que: 85%[3] de la recaudación que tendrían las provincias y nación si el BCRA no robara dinero: $ 724.580.000.000
Se distribuye según art. 3º de la ley 23.548:
42,34 % al Tesoro Nacional. (art 3º inc. a)
54,66 % a las Provincias. (art. 3º inc b)
1 % al Ministerio del Interior (Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias – ATN). (art. 3º inc. d)
2% entre cuatro provincias (Ley 23548 art.3 inc. c):
Buenos Aires 1,5701%
Chubut 0,1433%
Neuquén 0,1433%
Santa Cruz 0,1433%
Dinero para provincias 54,66% = $ 396.044.000.000 en sólo un semestre según esta participación[4]:
Buenos Aires 19,93%
Catamarca 2,86%
Córdoba 9,22%
Corrientes 3,86%
Chaco 5,18%
Chubut 1,38%
Entre Ríos 5,07%
Formosa 3,78%
Jujuy 2,95%
La Pampa 1,95%
La Rioja 2,15%
Mendoza 4,33%
Misiones 3,43%
Neuquén 1,54%
Rio Negro 2,62%
Salta 3,98%
San Juan 3,51%
San Luis 2,37%
Santa Cruz 1,38%
Santa Fe 9,28%
Santiago del Estero 4,29%
Tucumán 4,94%
Dinero que cada provincia no percibe por la exacción ilegal de retraso de tipo de cambio.
Tenemos cuatro provincias que perciben por dos conceptos [art. 3 inc. c) y art. 4º] y el resto sólo por art. 4º.
En esos cuatro casos voy a poner ambas cifras, la primera por art 4º y en segundo lugar por art. 3 inc. c). El resto se sobreentiende que es sólo por la distribución general, art. 4º.
Perjuicio a cada provincia sólo por semestre enero-junio 2021:
Conclusiones
¿Por qué lo hace la Nación? Porque así el estado nacional vía el BCRA se queda con el 100% del dinero que le quita a quienes producen bienes de exportación.
Si el BCRA cumpliera la ley y pagara el dólar lo que vale o entregara los dólares a sus verdaderos dueños, los estados se quedarían sólo con el 35% de esa cifra. Y el estado nacional se quedaría con el 42,34% del 35%.
El estado nacional percibiría 14,82% del total[5] que es mucho menos que el 100% que recauda (ilegalmente) en la actualidad. El crimen paga. El estado nacional, si cumpliera la ley, perdería el 85,18% de US$ 14.497 millones (en sólo un semestre). La gente asesina por mucho menos de esas sumas.
La situación actual de tener el BCRA como agente de recaudación paraestatal tiene una ventaja adicional: el gobierno central no tiene que explicar qué hace con esos US$ 14.497 millones, mientras que lo que cobra por la AFIP debe gastarlo según el presupuesto nacional.
Si las provincias reclamaran su dinero, esto es, que el BCRA pague lo que valen los dólares o le dé los dólares a los dueños de la cosa, tendrían sus territorios con familias y empresas prósperas. Entrarían a un boom de exportaciones y pleno empleo que la Argentina no conoce desde hace décadas.
Además los fiscos provinciales serían prósperos y no mendigos como actualmente.
En estos momentos hay una amarga discusión en la Legislatura de Neuquén porque deben endeudarse para pagar gastos corrientes, cuando el estado nacional les birló 7.137,58 millones de pesos en sólo seis meses (enero-junio 2021). De eso nadie habla.
Por último, y esto lo quiero destacar, explica por qué es tan importante para el gobierno central tener a la provincia de Buenos Aires intervenida. Eso explica la seguidilla de gobernadores ex funcionarios de la capital (Ruckauf ex diputado nacional por la Capital, al igual que Scioli y Kiciloff; Vidal ex vicejefa de gobierno de la capital).
Por eso Costa, actual ministro de economía de la Provincia de Buenos Aires, en lugar de estar enardecido por la quita de ingresos fiscales provinciales provocados por el arbitrario retraso cambiario y por los derechos de exportación, por el contrario, promueve mayores derechos aduaneros y ve con buenos ojos el retraso cambiario. Es la voz de la intervención. Actúa en contra de los intereses provinciales. Para comparar, ARBA recaudó por todo concepto en enero – mayo 2021 $ 299.297 millones. Lo perdido por el accionar del BCRA es casi un tercio de esa cifra.
Hice todos estos números para que cada gobernador y ministro de provincia y cada ciudadano provinciano sepa cuánto les roba el gobierno central. Algunas provincias tienen un mecanismo de distribución automático entre los municipios. Cada intendente puede calcular cuánto le costó en ingresos públicos el robo del BCRA enero-junio 2021.
Si queremos prosperar, los senadores deberán asumir su responsabilidad e impedir las acciones ilegales del BCRA. Los gobernadores en lugar de mendigar deberán reclamar lo que corresponde.
Lo más importante: los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires deben internalizar que la provincia está intervenida por el poder central y oponerse a todo político que no privilegie los intereses bonaerenses. Mientras los 70 diputados y los 3 senadores nacionales por PBA voten a favor del poder central, los bonaerenses están fregados y la pobreza sólo seguirá en aumento.
Veremos si quienes se dedican a repetir mis notas como si fueran propias, se animan a hablar del robo que representa un tipo de cambio atrasado y cómo es un negocio para los “amigos” del gobierno central. Si juntan coraje, enhorabuena.
* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).