F. Javier Blasco Robledo*
Refrán castellano generalmente usado para recriminar a quien suele pasarse la vida dando, e incluso hasta imponiendo consejos como tales, o las mal llamadas «recomendaciones» a los demás, pero que, sin embargo, no los toman o aplican para sí mismos; suelen auto exculparse de su cumplimiento o, a pesar de sus constantes y poco afortunadas incursiones en determinadas competencias, que les son ajenas, difícilmente, saben resolver sus propios problemas.
Es un hecho bien sabido y altamente conocido que el mundo, por unos motivos o por otros, está en manos de un plantel de políticos, poco o nada afortunados, que no se encuentran a la altura de las circunstancias ni cuentan con las capacidades necesarias para la resolución rápida o la menos eficiente de las crisis y los grandes problemas que nos rodean y acosan. Hecho este, que se agrava en España, donde, por desgracia para los españoles, cuentan con un gobierno incompetente, anclado en el pasado, revanchista y totalmente vendido al albur y los caprichos de los peores enemigos internos de España por la necesidad que tiene de contar con el apoyo o el beneplácito de éstos hasta para ir al retrete.
Con bueyes como esos debemos atravesar una larga y pesada caminata por un desierto lleno de continuos peligros derivados de su mala política, los constantes bandazos y cambios de criterio, las imposiciones más que arbitrarias y orientadas a los aspectos que satisfagan y no enfaden a sus «colegas» de legislatura y al continuo y alegal retorcimiento de la ley, el inherente poder de las instituciones y la auténtica legalidad y moralidad de sus actuaciones.
Un gobierno que nos tiene acostumbrados a movimientos de singular y abyecta auto propaganda y al farol constante frente a una desnortada Europa para, a los pocos días, terminar cayendo en el mayor servilismo y seguidismo de aquello que rotundamente negaba días u horas atrás. Un gobierno que difícilmente mira por el bien general de la nación y de todos los conciudadanos, sino por agradar a los suyos y lo que es peor, la propia y exclusiva supervivencia personal de su líder, aún a costa de tener que derrumbar, de forma constante, con alevosía, nocturnidad y hasta de forma zafia, las mejores o más potentes y casi inamovibles columnas sobre las que descansaba el propio régimen establecido y la ya mencionada continuidad del Sr. Sánchez.
Para este gobierno, las cosas están siempre muy claras, aunque sus soluciones y la obligatoriedad del punto de aplicación legal de una u otra determinación varíe en función del grado de amistad, necesidad de mantener contenta a la caterva que le apoya y del nivel de acercamiento de quien osa incumplir con lo preceptuado por las normas correspondientes, cuando todas ellas son similares en obligaciones y deberían contar con una amplia y clara necesidad de acatamiento y cumplimiento legal por todos los ciudadanos y regiones de España.
Dependiendo de la necesidad que se tenga del apoyo futuro de la parte en litigio con la norma que se pretende aplicar con carácter general o particular, vergonzosamente y sin inmutarse lo más mínimo, se pone un mayor o menor énfasis en la necesidad moral y legal de su cumplimiento. Llegando, en ocasiones, a justificar y apoyar su no cumplimiento, como es el caso con el tema de la lengua castellana en Cataluña.
Siempre que dicha puesta en cuestión o condicionamiento sobre su cumplimiento total o parcial provenga del PP o de una región concreta, como es la madrileña; la maquinaria propagandística propia del gobierno y la derivada de los numerosos medios palmeros que se abrazan al mismo —quizás en busca de algún tipo de suculenta subvención— actúan ferozmente contra aquellos osados con la simple finalidad de despedazarlos y en busca de unos apoyos perdidos, de momento, difíciles de recuperar.
Sánchez capitanea un gobierno que actúa a base de Reales Decretos, impuestos a la nación sin ni siquiera intentar consensuar con el principal partido de la oposición o los mayoritarios gremios directamente afectados. Al más puro estilo despótico o dictatorial, en cuestión de horas se legisla en España de forma precipitada, obligando con ello, a que sea el Tribual Constitucional el que dedique la mayor parte de sus esfuerzos a corregir las malas o inconstitucionales decisiones adoptadas por un gobierno que primero dispara y luego pregunta, sin importarle a quien y en qué modo afecte su andanada.
Además, cuando es corregido por tamaña y alta figura judicial no se amedra un pelo, mira para otro lado y continua con su labor destructiva del concierto y la concordia entre los gobernados. No hace caso a las resoluciones de los altos tribunales, hasta las trata de ridiculizar o poner en tela de juicio, sobre todo, si estas son contrarias a los espurios intereses propios o de sus propios compañeros de viaje, quienes mientras le prometen continuidad en su sillón, colaboran en la ejecución o puesta en práctica de un malévolo plan, cuyo fin último no es más que la destrucción de la patria, sus símbolos y la cohesión entre las tierras y las gentes que forman y encuadran España como un Estado y nación, que tiene el privilegio y la responsabilidad de ser el más antiguo de Europa; factores, hechos y elementos estos, a los que nunca se debe renunciar.
Los actos y decisiones arbitrarias, alegales y casi siempre abusivas, puestas en práctica por este gobierno son muchas y darían para una tesis completa de varios cientos de páginas a nada que se quisiera profundizar un poco en cada una de ellas. Son de sobra conocidos porque su zafiedad y chabacanería es tan grande que es imposible ocultarlas; pero, como se suceden con tanta rapidez en el tiempo, casi no da lugar a que se puedan leer ni a bucear en ellas con la profundidad requerida.
De entre las no tumbadas por los tribunales, muchas duran menos en su aplicación que un bollo a la puerta de un colegio a la hora del recreo, otras acaban sumidas en las profundidades y telarañas de cajones nacidos para albergar legajos de poca o ninguna utilidad y del resto, la mayoría son tan difíciles y complejas de interpretar, que ni las mismas autoridades se atreven a aplicar, porque saben que nunca valdrán para nada, salvo para, en balde, hacerles trabajar.
Recientemente hemos sido testigos de un hecho palmario, la crisis energética. Crisis a la que se le han atribuido diversas paternidades como, la continuidad o repercusiones económicas de tantos años de pandemia con la economía parada o a ralentí, la guerra de Ucrania, la mala fe de Putin y ahora también el cambio climático. Excusas todas ellas, que, si bien encierran parte de verdad, son empleadas con profusión y hasta la saciedad, para ocular las verdaderas causas de que nos encontremos así.
Causas que, en mayor o menor medida, tienen su origen en la incompetencia de los gobiernos e instituciones nacionales e internacionales para capear el más que anunciado temporal, en las intransigentes ideologías de los partidos y unas malas aplicaciones de los planes nacionales e internacionales de contingencia —en algunos casos inexistentes a pesar del peligro que se cierne sobre Europa—, que ante necesidades extremas, pongan en marcha recursos con los que contamos, aunque se encuentra rechazados por ideología, a sabiendas que el no aplicarlos supondrán grandes esfuerzos sobre una sociedad hastiada de tanto pedirle mayores y continuos esfuerzos de mano de unos incompetentes, que solo hacen que aumentar sus gastos debido a regalías absurdas o a unos desmesurados incrementos de dudosos cargos de asesoría, remunerados con arbitrariedad.
Los planes presentados por el gobierno para cumplir con algo que se nos vendió como «una recomendación a la que nosotros ni nos íbamos a acercar», consisten en quitarse la corbata, apagar las luces de las calles, escaparates y monumentos a las diez de la noche y regular de forma abusiva e incomprensible el termostato del calor y el frio de los sistemas de temperatura exterior. Todo de obligado cumplimiento, sin rechistar ni coordinar con los afectados y las comunidades que por su cumplimiento deben velar y ni una palabra de reducción de gasto energético por el macro gobierno, ni del replanteamiento de nuestras capacidades de producir energía (incluida la nuclear), un plan hidrológico cabal, el establecimiento de más capacidades de recogida y almacenamiento de aguas y un largo etcétera que realmente, nos lleve a una mayor autosuficiencia energética y aun ahorro sustancial.
Sin embargo, la única respuesta oficial ante las trabas impuestas y el escaso margen de tiempo otorgado para poner en práctica algunos acondicionamientos en los locales de las empresas afectadas, es que las leyes están para cumplirse, se han marcado unas desproporcionadas las multas —totalmente abusivas por coercitivas— y el señor presidente —como si la cosa no fuera con él— tras aprobar el Decreto, cogió sus varios medios aéreos oficiales para desplazarse, como viene siendo habitual a la Mareta y me imagino, que allí los derroches de energía tanto para él, como para su familia y previsiblemente sus amigos del alma, no se tendrán en cuenta ni contarán.
* Coronel de Ejército de Tierra (Retirado) de España. Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.
