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RELACIONES INTERNACIONALES E INTELIGENCIA

Agustín Saavedra Weise*

Relaciones Internacionales e Inteligencia es el título de un libro por publicarse del investigador argentino Marcelo Javier de los Reyes, presidente del Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo (www.ceid.edu.ar) con sede en Buenos Aires, entidad de la que soy miembro. Se trata de una suma de temas vinculados con la inteligencia estratégica, las relaciones internacionales y la política exterior de los estados.

He tenido el honor de ser invitado a escribir el prefacio de este trabajo de pronta publicación y aquí va un resumen, por considerarlo de interés para nuestros lectores. La obra será referente para quienes deseen conocer mejor aspectos vinculados con la manera en que el uso de la información sirve para construir y al unísono para destruir.

Por su abundancia la información actual es confusa, debe diferenciarse lo verdadero de lo que no lo es. La información nos llega muchas veces falsificada o alterada mediante noticias falsas (fake news). Recuérdese al respecto el telegrama que Otto von Bismarck modificó en Ems, para así irritar a Napoleón III y lograr su oculto objetivo: hacer que Francia le declare la guerra a Prusia en 1870.

La posterior derrota gala en Sedán resultó funesta para Luis Felipe Bonaparte: fue derrocado y Francia retornó al sistema republicano. Y todo por una fake news del Siglo XIX…. Con maniobras similares se han provocado otras conflagraciones que pueden repetirse en cualquier instante.

Todo este panorama lo explica el autor en un análisis que explica la conexión entre el manejo de las relaciones internacionales con la inteligencia estratégica. Y distingue con claridad didáctica las conexiones entre RRII, política internacional, política exterior y diplomacia. Con respecto a esta, señala sus tres clásicas funciones: representación, negociación e información. La última parte es ahora más compleja. El incesante flujo informativo hace que el enviado deba ser cuidadoso en los periódicos reportes a su cancillería con el fin de evitar tensiones gratuitas y más bien promover la cooperación mutua, verdadera labor del buen diplomático.

En este mundo plagado de interacciones la inteligencia no es solamente utilizada por los militares (Grupo G2). Son utilizados esencialmente por los gobiernos para diseñar sus respectivas políticas externas e internas. Además, la información se difunde en múltiples niveles y no únicamente en lo político-militar.

Es ya común referirse al espionaje industrial y tecnológico. Pululan agentes civiles que realizan operaciones de inteligencia en pos de investigar los adelantos de “x” corporación rival con respecto a otra. Es por eso que los gobiernos guardan celosamente los datos recolectados mediante sus redes informativas. Asimismo, las poderosas empresas multinacionales protegen la inteligencia que reciben.

En un universo de competitividades, el sutil manejo de esa inteligencia se ha convertido en factor vital para múltiples acciones. Al final, comprender e interpretar la íntima vinculación entre relaciones internacionales e inteligencia estratégica nos sirve para el análisis de pautas propias de la comunidad mundial en este agitado siglo XXI que nos ha tocado vivir.

 

*Ex canciller, economista y politólogo. Miembro del CEID y de la SAEEG.

Tomado de El Deber, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, https://www.eldeber.com.bo/opinion/Relaciones-internacionales-e-inteligencia-20190817-8333.html

EL ATLÁNTICO SUR, MALVINAS Y PESCA. LOS DESACIERTOS DE LA CANCILLERÍA ARGENTINA.

César Augusto Lerena*

Cuando las tropas argentinas abandonaban Malvinas, creímos que había ocurrido lo peor. Los contrastes fueron tan notorios y las motivaciones tan evidentes que el gobierno de facto, en lugar de recibir con honores a quienes pelearon por defender el territorio nacional y homenajear con gloria a nuestros muertos, los escondió, mientras muchos argentinos no alcanzaron a distinguir entre una decisión irresponsable y el más noble cumplimiento del deber en procura de defender la Soberanía Nacional, según lo prescribe el artículo 21º de la Constitución Nacional.

Comenzó la desmalvinización y, con ella, la entrega sostenida y creciente del territorio marítimo nacional y sus recursos naturales y, los desaciertos de la Cancillería que, en los últimos años tuvo un comportamiento deleznable, peor que el de las meretrices y colaboradores franceses en la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, consolidando el cometido británico y el fortalecimiento económico y jurídico de los invasores.

 

LOS HECHOS

GOBIERNO DEL PROCESO.

1982. (-) Invasión del Reino Unido (R.U.) en Malvinas, defensa del archipiélago y derrota Argentina. Pesca de buques extranjeros en el Atlántico Sur. Se profundiza la presencia de buques extranjeros vinculada con el gobierno ilegal de Malvinas, iniciada hacia 1976, y se acrecienta la internacionalización del mar argentino con la presencia de buques pesqueros españoles, chinos, taiwaneses, japoneses, coreanos, etc. Ello da lugar, a que las empresas extranjeras que pescaron en estos 37 años con licencias ilegales británicas efectuasen un comercio final del orden de los US$ 140 mil millones, que podría aplicarse al pago de la derrota nacional.

GOBIERNO 1983-1989.

1983. (-) Desmalvinización. Se instala un proceso de desculturalización y desinformación que presenta a la guerra de Malvinas como vergonzante, que enajena a los argentinos del sentimiento de pertenencia del archipiélago e ignora el rol cumplido por los oficiales, suboficiales y soldados argentinos en la guerra contra el Reino Unido en el Atlántico Sur, lo que facilitará el inicio de una serie de procesos ruinosos en el Atlántico Sur.

1983. (-) Tratado de Paz y Amistad con Chile. Se firma este Tratado sobre el diferendo del canal del Beagle, donde Argentina pierde territorio insular y marítimo y acepta una delimitación sin mar territorial. Un precedente que podría incidir negativamente en las negociaciones de Malvinas.

1983. (-) Nuevo Aeropuerto en Malvinas. El Reino Unido inaugura un nuevo Aeropuerto en Malvinas.

1983. (-) Acuerdos Pesqueros con la URSS y Bulgaria. El canciller Dante Caputo y el Subsecretario de Pesca Luis Jaimes promueven la firma del “Acuerdo Marco de Cooperación” con la intensión de que los buques rusos y búlgaros pesquen en el área de Malvinas, cuestión que en la práctica no ocurre y por el contrario se produce una depredación inusitada porque habilitándose 16 buques acceden al caladero unos 200 buques ilegalmente. Como respuesta a estos Acuerdos, el gobernador británico en Malvinas Proclama (N° 4) la creación de una “Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías” (FICZ) de 150 millas; estableciendo, por primera vez, una zona prohibida en torno a las islas para los buques argentinos, además de reivindicar, por orden de la reina, la ZEE y una Plataforma Continental de 200 millas (322 km2) alrededor de Malvinas.

1983. (-) La fórmula del Paraguas. En la ONU se reúnen el canciller Caputo, el jefe de la negociación García del Solar, el embajador Marcelo Delpech y el Subsecretario Robert Gelbard de Estados Unidos. El canciller expuso el texto propuesto por Argentina sobre el “paraguas de soberanía”, que el funcionario norteamericano retransmitió a la Embajada Británica. Caputo no hizo otra cosa que aceptar la formula inglesa que Argentina ya había rechazado en 1981: congelar las cuestiones de “soberanía” y cooperar en forma conjunta en el desarrollo de Malvinas.

1983. (-) Negociaciones pre-Acuerdo de Madrid. Caputo y García del Solar acuerdan en Ginebra con el embajador británico en la ONU, Crispín Tickell, omitir toda referencia a los temas de pesca. Este tema le pareció a este gobierno y a los siguientes una cuestión menor; pero, como ya lo manifestamos en trabajos anteriores fue y es un tema central. Ello lo ratificó el director ilegal británico de Pesca de Malvinas, John Barton: “sin la pesca los malvinenses no podrían haber subsistido” (sic). Mientras la delegación argentina entusiasta hacía llegar non papers a Londres, Gran Bretaña anunciaba maniobras Fire Focus en Malvinas. Caputo insta a dialogar según la fórmula británica del paraguas y el gobierno británico le expresa que “abordarían el diálogo sobre la base de su declaración de 1986”, mientras el gobierno argentino, lo haría “sobre la base de la jurisdicción argentina reafirmada desde 1966 con el dictado de la Ley 17.094” (Ley que el gobierno de Menem derogaría). El Reino Unido no contestó y, hacia fines de 1988, Caputo “dejaba clara su urgencia, dado que existía la posibilidad, de qué en las elecciones presidenciales del año siguiente, ganara la oposición”. Para julio de 1989, el Reino Unido no había dado respuesta al nonpaper argentino de septiembre de 1988 y gobierno radical se agotaba.

 GOBIERNO 1989-1999.

1989. (-) Los Acuerdos de Madrid. En el mes de octubre en Madrid, se efectúa la Declaración Conjunta que confirma la “fórmula del paraguas”, la entrega de la pesca al Reino Unido y las restricciones militares británicas (muy bien descriptas por el Dr. Julio C. González, 1998) que consolidan la ocupación militar y económica británica del Atlántico Sur. La congelación de la soberanía sin fecha de vencimiento benefició claramente al Reino Unido, que estaba y está en posesión de las islas y del mar austral. La fórmula utilizada fue notablemente imperfecta: no debió tratarse solo de no hablar de soberanía, sino —en todo caso— de no hacerlo por un tiempo determinado y, no modificar, mientras tanto, el statu quo de 1982. La Argentina debió denunciarlo hace décadas, ya que el Reino Unido ha avanzado en forma sostenida ocupando nuevos territorios marítimos y explotando los recursos pesqueros e hidrocarburíferos en el área en conflicto. El Reino Unido avanzó de los 11.400 km2 (Malvinas) que ocupaba en 1982 a 1.639.900 de km2 que ocupa hoy. Del total de km2 que el Reino Unido tenía bajo control alrededor de Malvinas este año descarta en forma espontánea unos 4.000 Km2 al sudoeste de Malvinas, que Cavallo exhibe como un éxito, cuando en realidad, el objeto británico era consolidar la aplicación de la CONVEMAR que, establece, en su art. 74º que la ZEE debe dividirse en forma equidistante, entre los países ribereños vecinos, ya que el Reino Unido se reivindica como tal.

1989. (-) La conservación conjunta de los recursos pesqueros al este de Malvinas. Gran Bretaña anuncia la posible instauración de una ZEE de 200 millas alrededor de Malvinas y la Primera Ministro Thatcher hace suya la posición de los isleños con la aclaración de “que debería acordarse el límite oeste con Argentina, donde las ZEE se superponen”. En noviembre se firma el “Acuerdo del Gallinero”, donde la Cancillería Argentina conviene con el Reino Unido, el cuidado de los recursos pesqueros y su prohibición de pesca en una importante área al este de Malvinas —con forma de medialuna— desde las 200 millas del archipiélago hasta el límite exterior de la plataforma continental que la Argentina reclama como propia y que, además, les asegura a los ingleses, que terceros países no pesquen los recursos que migran a Malvinas, facilitándoles con ello, el otorgamiento de licencias a buques asiáticos, españoles, polacos, etc., asegurando la consolidación económica de los isleños, que obtienen con la pesca el 75% de sus ingresos.

1989. (-) La determinación de las Líneas de Base de Argentina. Con la sanción de la Ley 23.968 de líneas de base” se derogó de hecho la Ley 17.094, reduciendo el mar territorial argentino de 200 a 12 millas. El Acuerdo de Madrid se consolidó con esta Ley que allanó el camino del Reino Unido a la posterior declaración de una Z.E.E. de 200 millas (322 km) alrededor de Malvinas.

1989. (-) El Reino Unido amplía su ocupación hasta 200 millas alrededor de las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Esta determinación implicó una mayor ocupación marítima y el control del Océano Austral y su vinculación con la Antártida.

1989. (-) La captura y veda del calamar. El gobierno argentino establece el charteo y las vedas a la captura del calamar que garantizan a los isleños la llegada a Malvinas de este vital recurso. Por su parte, el Reino Unido establece un área “GAP” al noroeste de las islas, por fuera de la zona de exclusión pesquera (FICZ) de unos 1.400 Km2, para proteger sus importantes capturas de calamar.

(-) El Acuerdo con la Unión Europea. La Argentina firma el Acuerdo Pesquero con la U.E. y, poco después, el Reino Unido establece una Z.E.E. de 200 millas alrededor de Malvinas, que impide a los buques nacionales pescar, facilitando el otorgamiento licencias pesqueras a los británicos. La zona asignada a los buques españoles en el Acuerdo no alcanzó el área de Malvinas e, inclusive, en el caso del calamar, se le asignó la captura de una subpoblación que no migra al archipiélago.

1994. (+) Nueva Constitución de la Nación Argentina. En Santa Fe se aprueba la nueva Constitución de la Nación Argentina, que en sus Disposiciones Transitorias establece: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”; lo que demuestra en forma elocuente, la vocación de todos los sectores políticos de la Nación, de persistir en la recuperación de este territorio a la soberanía nacional. Pese a ello la Carta Magna no impide realizar Acuerdos contrarios a la letra aprobada por los Constituyentes.

1995 (-) La investigación conjunta de los recursos argentinos en el Atlántico Sur. Se aprueba esta Investigación Conjunta y mientras se realiza con los medios, la capacidad técnica y operativa de Argentina los británicos se hacen de una información vital para prever la disponibilidad de los recursos pesqueros y otorgar licencias a los buques extranjeros y propios.

(-) La ratificación de la CONVEMAR. La Argentina ratifica por Ley 24.543 la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que reduce de 200 a 12 millas nuestro Mar Territorial Argentino, y limita en general a 350 millas marinas la Plataforma Continental Argentina que, en Malvinas, llega a las 850 millas. Entendemos, además, que la Argentina debió observar varios de sus artículos relativos a las cuestiones territoriales marítimas, los recursos migratorios y las facultades preeminentes de los Estados ribereños sobre los Estados de Bandera, debilitando nuestros derechos territoriales y los relativos al archipiélago de Malvinas y la Antártida.

1996 (-) El Reino Unido, una parte involucrada para la cancillería argentina. En Londres, el secretario de Relaciones Exteriores, Andrés Cisneros explica, como exitoso, el rotundo fracaso de la política argentina: Ítem a) Se normalizan las relaciones con Inglaterra, sin que la Argentina limite la ocupación territorial del Reino Unido o su libre explotación de nuestros recursos. Ítem d) Se acuerda la conservación conjunta para evitar la sobreexplotación de recursos pesqueros en “beneficio de las partes involucradas”, donde la cancillería argentina considera “partes involucradas” a los británicos. Se firman medidas, vulgarmente conocidas de “cooperación”, aunque, es sabido, que dos o más naciones pueden cooperar con recursos económicos, tecnológicos y de otro tipo; pero no es posible convenir ninguna cooperación, cuando la Argentina pone los recursos científicos, pesqueros, marítimos, petroleros y territoriales, y mientras que el R.U. ocupa los espacios y explota los bienes argentinos.

1997 (-) La carencia de medios de difusión oficiales sobre el Atlántico Sur y Malvinas. Comienza a editarse un medio digital pro-británico que emite informaciones en inglés y castellano que trata cuestiones relativas al Atlántico Sur y Malvinas. En la Argentina la Fundación Malvinas recolecta informaciones de distintos medios nacionales.

1998 (-) Convenio de Cooperación Militar. Se firma el “Convenio de Cooperación Militar” con el Reino Unido y, en lugar de reducirse la presencia militar inglesa en el mar argentino, el Reino Unido traslada el Comando Sur desde la isla Ascensión a Malvinas, instalando la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur, con aviones, fragatas, misiles y radares de última generación.

(-) Sanción de la Ley de Pesca. Se sanciona la Ley 24.922 sin promoverse herramientas para evitar la extranjerizaron del mar argentino, la pesca y los recursos migratorios. Apropiándose de recursos provinciales que debilitan la economía y la posición estratégica de los pueblos del litoral marítimo patagónico. Mientras en 1970 todas las empresas pesqueras eran nacionales, en 2019 siete de las diez principales empresas exportadoras son extranjeras y hay un promedio de 500 buques extranjeros pescando en el Atlántico Sur. Un miembro de la Cancillería Argentina tiene un asiento permanente en el Consejo Federal Pesquero, sin embargo, en 21 años jamás presenta —según las Actas— una iniciativa referida al Atlántico Sur, Malvinas y Pesca, ni se opone a las acciones de la Subsecretaría de Pesca Nacional que favorecen los intereses británicos en la región.

1999 (-) La Cancillería Argentina colabora con el R.U. en combatir a los buques sin licencias pesqueras británicas en el Atlántico Sudoccidental. En Madrid el secretario de Relaciones Exteriores Andrés Cisneros acuerda siete medidas con los británicos. Es decir, Argentina, vuelve a beneficiar al Reino Unido con medidas para combatir a los “buques sin licencias pesqueras inglesas”, en el mar argentino, de modo que la administración ilegal de Malvinas pueda seguir otorgando licencias a buques extranjeros para capturar los recursos argentinos.

GOBIERNO 1999-2001.

2001 (-) La absurda invitación de la Cancillería Argentina a coordinar con el R.U. la presentación ante la ONU los límites exteriores de la plataforma continental. El canciller argentino Adalberto Rodriguez Giavarini invita al Reino Unido a coordinar la presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU y proponerle el siguiente arreglo: la fórmula sobre soberanía…” (sic) un tema que nunca se había incluido dentro de la fórmula del paraguas.

GOBIERNO 2001-2003.

2001-2003 (-) No se registran asuntos relevantes.

GOBIERNO 2003-2007.

2005 (-) El apoyo de los países amigos: el Tratado de Lisboa y los desembarcos en Montevideo. Los ciudadanos de la Unión Europea votan la consulta sobre la aprobación del texto constitucional que incluye dentro de ésta, a Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y la Antártida como territorios británicos de ultramar. Seguramente, muchos de los españoles e italianos que votaron favorablemente eran parientes de los más de un millón de coterráneos que llegaron a la Argentina en el siglo XX y, no se sabe, cómo votaron los argentinos de doble nacionalidad que viven en la Argentina y Europa. En cualquier caso, se desconoce el rol cumplido por la Cancillería Argentina para promover un voto contrario a considerar Territorios de Ultramar a Malvinas, etc. de los países y ciudadanos. Los británicos siguen ocupando el Atlántico sur y los buques que pescan en Malvinas desembarcan en el Puerto de Montevideo facilitando su logística y comercio, mientras el canciller Bielsa nos dice: “hemos actuado con firmeza, pero sin estridencias ante el mundo”.

(+) Suspensión de la Investigación conjunta en el Atlántico Sur. En forma positiva se suspenden las reuniones de la Comisión de Pesca debido a que los británicos otorgan licencias de pesca por 25 años en Malvinas. Este hecho, que demuestra la voluntad británica de explotar el recurso pesquero —aún— depredándolo; termina resultando auspicioso; ya qué a través de estas investigaciones, la Argentina aportaba conocimiento y barcos y, los ingleses elaboraban su estrategia pesquera en la región.

2007 (-) Concesiones petroleras a empresas británicas. El gobierno otorga la explotación hasta el año 2043 del yacimiento petrolero “Cerro Dragón” a la Pan American Energy, cuyo capital accionario es en gran parte de la British Petroleum. A su vez, se ignoran los estrechos vínculos empresarios y de intereses de corporaciones mineras, petroleras y financieras con las empresas que explotan el petróleo en Malvinas, entre otras: la Barrick Gold, Minera Bajo La Alumbrera y Cerro Vanguardia son copropietarios de las petroleras Desire Petroleum, Rockhopper Exploration, FOGL y Southern & Borders Petroleum, y a ellas se suman capitales especulativos como la banca Barclays, accionista de una de estas petroleras y contratada por el Gobierno para negociar el canje de deuda.

(+) La Argentina y el R.U. ratifican sus derechos ante la ONU sobre las 350 millas (563 km) de la plataforma continental alrededor de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, en acuerdo a lo previsto en la CONVEMAR; Convención que nos referimos a lo ocurrido en 1995 la Argentina debió observar varios de sus puntos.

 

GOBIERNO 2007-2015.

2008 (+) Restricciones a las empresas pesqueras que operan en Malvinas. Se sanciona positivamente la Ley 26.386 por la que se impide a las empresas pesqueras que operan en forma directa o indirecta en Malvinas obtengan habilitaciones para pescar en el Atlántico Sur. Ello no ha impedido que algunas empresas violen esta legislación.

(-) Inacción del Comité de Descolonización de la O.N.U. Durante los años 2008-2009 no hay acción alguna de parte de este Comité. El gobierno argentino critica por enésima vez al Reino Unido por ignorar la invitación de la Res. 2065/65. No parece entender, que “si una misma acción se repite varias veces en un mismo escenario, no hay que esperar más que un mismo resultado”. El Reino Unido obtiene el reconocimiento de la Unión Europea como territorio extracontinental de ese bloque.

2010 (-) Se inician las exploraciones petroleras británicas en Malvinas.  El Reino Unido inicia las exploraciones petroleras en Malvinas. Se considera este hecho muy importante ya que de resultar positivas las exploraciones y su costo competitivo podría consolidar fuertemente la posición británica en las islas.

(+) Permiso de Tránsito a Malvinas. Por Decreto del P.E.N. Nº 256/10 se obliga a los buques que van a Malvinas a solicitar permiso a las autoridades nacionales, medida que es apoyada retóricamente por América latina. Aunque pueden observarse cientos buques extranjeros que operan en área de Malvinas o en la Z.E.E. Argentina y se reparan, arman y transbordan en Puertos Uruguayos.

2011 (+) Restricciones a las empresas petroleras que operan en Malvinas. Se sanciona positivamente la Ley 26.659, elaborada por el Senador Fernando “Pino” Solanas, que establece sanciones a las empresas del continente que mantengan intereses directos o indirectos en Malvinas.

(+) Declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre los derechos argentinos de Malvinas (Caracas). Aunque inicialmente el presidente de Uruguay Pepe Mujica impide el ingreso a Montevideo de buques pesqueros extranjeros (no mercantes), esto se flexibiliza y a 2019 son cientos los buques de Malvinas que usan este puerto.

(-) Reserva ecológica británica. El gobierno británico crea —sin consulta a Argentina— una “reserva ecológica” de 1 millón de km2 que incluye a Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. Ello, pese a que ambos países son firmantes de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), ello contrasta, con el poco interés en el cuidado de los recursos por parte del Reino Unido.

2012 (+) El Informe Rattenbach. Se conformó una comisión para conocimiento público de este Informe, analizar y evaluar el desempeño de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas.

2013 (+) Referéndum británico en Malvinas. En el Referéndum sobre los si los británicos que viven en Malvinas desean que las islas conserven su actual estatus político como Territorio de Ultramar del Reino Unido. El resultado fue positivo en un 99,83% sobre un total de 1516 votos. Ratifican su condición de británicos y con ello dejan en claro que no son autónomos ni buscan la independencia.

2014 (+) Declaración de la CELAC sobre los derechos argentinos de Malvinas (La Habana). Aunque esta, como las anteriores y posteriores declaraciones no tienen efecto práctico.

2015 (-) Hallazgo de petróleo en Malvinas. Londres anuncia el hallazgo de petróleo en el pozo Isobel Deep en la Cuenca Norte a unos 200 km del archipiélago. Son denunciadas penalmente empresas extranjeras por operar ilegalmente en la plataforma continental argentina.

(-) Reforma del artículo 2340 del Código Civil respecto del dominio público en la ZEE. En la reforma del Código Civil se ignoran los cambios lingüísticos de la legislación del mar, sin tener en cuenta, que al momento de la aprobación del artículo 2340 del Código Civil, tenía plena vigencia la Ley 17.094 que establecía la soberanía argentina a un mar territorial hasta las 200 millas marinas; mientras que hoy, el artículo 235 que lo sustituye, refiere a un Mar Territorial; que según los tratados internacionales y nuestra legislación, se limita a sólo 12 millas. Es decir, salvo una interpretación distinta se excluirían del dominio público unas 188 millas marinas.

GOBIERNO 2015-2019.

2016 (+) Ratificación por unanimidad del informe argentino de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de la O.N.U. En forma positiva la ONU ratificó el informe argentino sobre el límite exterior de la Plataforma Continental luego de 13 años de trabajo de la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental de Argentina (COPLA) de la Cancillería presentó a la ONU en abril de 2009. Un total de 1.782.000 km2 desde las 200 millas marinas y hasta el límite exterior, aunque de estos km2 sólo unos 350.000 km2 han quedado firmes y no encuentran discusión, porque en la superficie restante la Comisión de Límites de la ONU ha suspendido su tratamiento por tratarse de un espacio en disputa; espacios que se agregarían a las 4.799.000 km2 existentes desde las líneas de base hasta las 200 millas marinas; es decir, un total de 6,58 millones de km2 del territorio nacional, sus recursos hidrocarburíferos, minerales y de especies sedentarias. Un trabajo que se constituye en un modelo de cómo la Argentina debe proceder en sus políticas de Estado, y una demostración de la capacidad profesional de los embajadores y técnicos que integraron la COPLA qué, a pesar de transcurrir seis gobiernos, y pese a las dificultades políticas, económicas e instrumentales, realizó un tarea científica y jurídica encomiable en favor de los intereses superiores de la Nación.

(-) Ratificación de hecho del Acuerdo de Madrid. El secretario Carlos Foradori firma el denominado Pacto Foradori-Duncan, ratificado por los sucesivos Cancilleres Malcorra y Faurie, quien junto al ministro británico, Alan Duncan, declararon: “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas” manteniendo viva la “fórmula del paraguas”. Este pacto habilitó a un nuevo vuelo entre Malvinas y San Pablo y una vez por mes con Córdoba, facilitando el comercio de Malvinas y la sobrevivencia de las islas frente al Brexit.

(+) Visibilización de los reclamos argentinos. El comunicado del Premier de las Islas Vírgenes y Presidente del Consejo Político de UKOTA D. Orlando Smith OBE, deja en evidencia la debilidad de los derechos británicos en Malvinas y en las “doce colonias de Ultramar”. El bajo precio del petróleo y la persistencia argentina en el reclamo de la plataforma, podrían ser también un desaliento a la instalación de empresas de exploración petrolera en el área Malvinas.

(+) Penalización de empresas pesqueras por aplicación de la Ley 26.386. Por aplicación de la Ley 26.386 y luego de ochos años de inaplicabilidad total inactividad, el gobierno argentino multa con 10 millones de pesos a la empresa de Desarrollo Pesquero de Chile SA (EMDEPES) subsidiaria de la japonesa Nippon Suisan Kaisha (Nissui) por pescar con el buque “Unión Sur” en la Z.E.E. Argentina con licencia del Reino Unido en el área de Malvinas. Ello se logra no por el control o investigación del gobierno, sino por la denuncia que efectúa y sostiene el ex director de operaciones de PESANTAR subsidiaria de la citada NISSUI en Argentina, Juan Benegas.

(+) La identificación de los caídos en Malvinas. Se acuerda en Londres entre Argentina y el Reino Unido el Plan de Proyecto Humanitario del CICR integrado por un equipo de forenses, entre otros los del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para iniciar las tareas de identificación de soldados argentinos caídos en Malvinas.

(-) Malvinas deja de ser el tema más importante entre la Argentina y el Reino Unido. La Canciller Malcorra manifiesta en el Líbano que “las Islas Malvinas no son más el tema principal en la relación entre Buenos Aires y Londres”, dejando de lado lo prescripto en la Constitución nacional.

2018 (-) Se firman Acuerdos pesqueros con China y Rusia durante la Cumbre del G20 realizada en la ciudad de Buenos Aires. La promoción de nuevos acuerdos pesqueros con Rusia y China, anunciados durante la Cumbre del G20, junto el otorgamiento de licencias ilegales pesqueras en Malvinas y las extracciones ilegales en la ZEE, junto a la utilización logística de puertos de Montevideo demuestran una política de extranjerización total del Atlántico Sur.

2019 (-) Aprobación de vuelos entre Malvinas, San Pablo y Córdoba. Se aprueba la empresa Latam para hacer vuelos semanales a San Pablo y una vez por mes a Córdoba, lo que implica, facilitar a los isleños el comercio con Brasil y al mundo, a través de San Pablo, a la par de contribuir con la logística y el transporte de personas y bienes.

(-) Se licita y aprueba a favor de empresas británicas áreas offshore de explotación petrolera en un área entre Malvinas y el continente argentino. Debilitando de esta manera la posición argentina en la zona austral del mar argentino.

(+) El Primer Ministro del Reino Unido Boris Johnson prevé concretar el Brexit en octubre de este año. El Brexit sin acuerdo con la U.E. puede presentarse como una oportunidad para la Argentina, si negocia adecuadamente con la U.E. y el Reino Unido, en atención al Acuerdo del EUROSUR y la política de aranceles de la Unión Europea.

Después de 37 años de políticas relativas a Malvinas, muchas de ellas desacertadas, debiéramos decir que no se trata de vivir aislado del mundo ni de utilizar procedimientos bélicos, ya que la Argentina no está en capacidad de sostener ningún conflicto armado, no solo por encontrarse desarmada, sino por la debilidad y dependencia económica extrema en la que se encuentra. Es fácil entender que Malvinas no estaría ocupada por el Reino Unido si fuese China o de Estados Unidos. Tampoco, es cuestión de ser sencillamente anglofóbico o sostener “contra los ingleses es mejor” como prologa en su libro la escritora Ema Cibotti o, reivindicar “la mano de Dios” que exteriorizó un sentimiento popular que tienen antes que nosotros, muchos irlandeses, escoses y galeses y, que seguramente, habrá de aflorar, con motivo del Brexit. Ahora, nuestra Independencia, nos sacó de encima el virreinato de los españoles, pero los ingleses siguieron haciendo de las suyas en nuestro país a pesar de la Reconquista, los Tratados de Paz y Amistad o bajo el amparo de Acuerdos, que como el de Madrid, sirvieron para seguir ampliando la ocupación de nuestro territorio. Entonces, no es el punto de ser anglofóbico pero tampoco cipayo. Como en la enseñanza bíblica de David y Goliat, deberíamos utilizar nuestras mejores capacidades para resolver esta apropiación, ya que las Malvinas, como el Unicornio Azul, son nuestras y las queremos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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GEOPOLÍTICA Y ALIMENTOS. EL DESAFÍO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA FRENTE A LA COMPETENCIA INTERNACIONAL POR LOS RECURSOS NATURALES.

Introducción del libro de Juan José Borrell, 2019, Buenos Aires: Editorial Biblos

Juan José Borrell*

El suministro alimentario es un asunto vital para la geopolítica mundial. En las últimas décadas la competencia internacional por los recursos naturales ha generado la inclusión de los alimentos en ponderaciones estratégicas y de seguridad de potencias centrales y emergentes. En un mundo donde una de cada nueve personas padece hambre crónica y espera aumentar al año 2050 su población a más de 9.300 millones, cobra significativa importancia analizar los factores geopolíticos que condicionan el suministro alimentario. El sistema agroalimentario mundial, hegemonizado por Estados Unidos de Norteamérica durante la Guerra Fría, ha estado sujeto a un proceso de reconfiguración estructural por el efecto de una difusión mundial del poder desde comienzos del siglo XXI. En paralelo, países en desarrollo acentuaron la tendencia hacia una mayor periferización, lo cual implica posicionamientos subordinados al circuito agroalimentario y la vulneración de las condiciones para que la población local alcance la seguridad alimentaria. El caso de Argentina durante el período 1996-2016 es referencial. Desde una perspectiva realista este libro contribuye a formar una mirada crítica y a develar mitos sobre los desafíos y tendencias a futuro en materia agroalimentaria.

 

Link: https://www.editorialbiblos.com.ar/libro/geopolitica-y-alimentos_99614/

El tema de Geopolítica y Alimentos es la incidencia de la competencia internacional por los recursos naturales en la seguridad alimentaria. El libro tiene como objetivo central analizar desde una perspectiva geopolítica los factores mundiales o tendencias que inciden en el sistema agroalimentario internacional, en particular las dinámicas de apropiación, acaparamiento y control de recursos naturales que incluyen al suministro alimentario, y de este modo comprender las condicionantes de la seguridad alimentaria tanto en un plano mundial como local.   

El concepto de seguridad alimentaria, formulado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO-ONU), refiere a que ésta existe cuando todas las personas tienen acceso físico y/o económico permanente a suficientes alimentos nutritivos e inocuos para cubrir sus necesidades alimenticias según sus preferencias culturales para una vida sana y activa. Actualmente se estima que a nivel mundial existen aproximadamente 821 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria o hambre crónica —una de cada nueve personas en el planeta—, de las cuales cerca de 40 millones se encuentran en la región América Latina y Caribe (FAO, 2018). De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por ONU y consignados por los países miembros del organismo, se espera solucionar el desafío mayor de la subalimentación y el hambre en el mundo hacia el año 2030.

Según la FAO, la seguridad alimentaria en sus cuatro dimensiones constitutivas —disponibilidad, estabilidad, acceso y utilización— debería ser garantizada para toda la población por las acciones que disponen los Estados respecto al suministro alimentario. Aunque en el proceso de diseño de políticas públicas y toma de decisión deben también contemplar la interacción del propio país respecto a la economía política internacional, en particular la manera en que los componentes del sistema alimentario doméstico se relacionan con el sistema agroalimentario internacional.

En este sentido, ciertos factores mundiales o tendencias geopolíticas pesadas inciden en la economía política de los países; en particular el trabajo considera el fenómeno de competencia por los recursos naturales. Lo que algunos especialistas han dado en denominar competencia por los recursos naturales refiere a un complejo conjunto de dinámicas a nivel mundial, particularmente acentuado desde principios de la década de 1990 hasta la actualidad, en las que una diversidad de actores estatales y corporativos pugnan por acceder, acaparar, apropiarse y controlar fuentes, yacimientos, circuitos de extracción, comercialización, transformación y/o consumo de recursos naturales. En lo que respecta a los alimentos, los recursos naturales que son objeto de dicha competencia incluyen directamente ítems agrícolas particulares como trigo, maíz, arroz y soja entre otros, pero más aún recursos básicos necesarios para su producción, como tierra fértil, agua y biodiversidad, así como también recursos que parecieran no tener relación directa como los hidrocarburos pero que son vitales para el circuito agroindustrial. Diversos procesos como la carrera por el petróleo son más conocidos, sin embargo otras dinámicas recientes menos conocidas —por ejemplo el acaparamiento de tierras (land grabbing) y la apropiación de recursos genéticos— presentan desafíos cruciales que deberían ser investigados y ponderados en el diseño y aplicación de políticas que tienen como objetivo garantizar el acceso y la disponibilidad de un suministro alimentario.

El tema de investigación de Geopolítica y Alimentos adquirió relevancia internacional en el contexto de marcado aumento del precio de los alimentos en los años 2007-2008. Desde entonces quienes se dedicaron a investigar y divulgar dicha cuestión —agencias gubernamentales para el desarrollo, organismos internacionales y especialistas universitarios de países centrales entre otros— dispusieron información cuantitativa de medios y recursos involucrados, sin embargo el área temática quedó vacante en lo que respecta a comprender la dinámica de competencia internacional en sí. Es decir, no sólo considerar en una visión de conjunto por ejemplo la incidencia de la matriz hidrocarburífera en la relación costo-ganancia del sistema agroproductivo o las mejoras técnicas agronómicas para obtener mayores rindes, sino que la lógica geoestratégica de competencia por los recursos naturales, la cual se relaciona directamente con la noción de competencia posicional internacional del campo disciplinar de la geopolítica y la política internacional. En paralelo, otra significativa vacancia que presentaba esta temática era la manera que incidía la competencia por los recursos naturales en la seguridad alimentaria, cuestión que se aborda en la investigación como objetivo principal. En otras palabras, el modo que por un lado a nivel sistémico dicha tendencia geopolítica pesada incide en el circuito de suministro alimentario mundial, y por otro la manera que condiciona el suministro alimentario de un país periférico, vital para la seguridad alimentaria de la población local.

Por lo cual, el período marco que aborda el texto comprende dos décadas, iniciando en el año 1996 con el cambio clave que implica para el sistema agroalimentario internacional la introducción y expansión del modelo de cultivos con semillas genéticamente modificadas, y cerrando en el año 2016 con la significativa reconfiguración a nivel estructural que adquiere el sistema agroalimentario internacional a consecuencia de los procesos de las dos décadas previas —entre ellos la competencia internacional. Vale destacar que los procesos mundiales en materia agroalimentaria durante el período seleccionado, y durante el tiempo de elaboración del trabajo, han tenido un ritmo vertiginoso. Un lustro atrás el escenario era diferente, derivado de ello también los supuestos del conocimiento e interrogantes. Actualmente la configuración del sistema agroalimentario es distinta, y dada la velocidad de los procesos estructurales mundiales es altamente probable que en el corto plazo vuelva a reconfigurarse.

Metodológicamente, sin pretender caer en la rigidez de las taxonomías convencionales de las disciplinas ni en un encorsetamiento explicativo causa-efecto, como si las unidades de análisis del tema fuesen objetos cerrados mensurables y los procesos globales movimientos mecánicos cuantificables y predecibles, la investigación establece de manera aproximada algunas variables generales de análisis: en primer lugar parte del supuesto que la configuración geopolítica mundial está integrada por un amplio conjunto de actores estatales y corporativos principalmente que están en pugna permanente en pos de mejorar su posición en el sistema mundial y su quantum de poder, por lo que los posicionamientos son diferenciados y conforman un sociograma asimétrico y jerárquico de actores. En este sentido, esa dimensión mundial que es dinámica y competitiva, protagonizada por los actores con mayores capitales de poder económico y militar —denominados comúnmente potencias de primer y segundo orden— tiene un carácter independiente. Es decir, inevitablemente desde un nivel sistémico puede influir en procesos a nivel subsistémico, aunque no necesariamente los determine. De aquí que el fenómeno singular que adquiere cierta condición de causalidad en el esquema explicativo de la investigación es la dinámica de competencia internacional por los recursos naturales, proceso tributario de la dinámica mayor antes mencionada de competencia posicional sistémica.

Por su parte, la dinámica de competencia internacional por los recursos naturales que incluye a los alimentos, incide en la seguridad alimentaria a través de los componentes que conforman el sistema de suministro agroalimentario. Como la seguridad alimentaria está en estrecha relación con el suministro de alimentos, la configuración que tiene dicho circuito, más allá de poseer características propias, es afectada por la dinámica de competencia internacional. En este sentido, la investigación establece que la configuración particular del sistema agroalimentario internacional, está influida por la competencia internacional por los recursos naturales y a su vez incide en las condiciones de la seguridad alimentaria. Es decir, articula ambas instancias, es influida y a la vez influye. Esta situación de estar en medio de la interrelación explicativa, le confiere el carácter de fenómeno interviniente. En particular —y este es un aporte original del libro— por su configuración desde el contexto de la segunda post-guerra mundial y durante el período de la Guerra Fría, podemos afirmar que constituye lo que denomino un poder estructural agroalimentario. Dicha matriz estructural específica, coincide de manera tributaria con la conformación de un poder de tipo estructural a nivel sistémico que durante el período mencionado tuvo su epicentro en los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU).

Finalmente, luego de caracterizar las tendencias geopolíticas pesadas y la consecuente reconfiguración del poder estructural agroalimentario durante el período 1996-2016 —efecto de la dinámica de competencia internacional por los recursos— se pondera por un lado su incidencia negativa en las dimensiones de la seguridad alimentaria, y por otro la relación funcional que establece con sistemas agroalimentarios de países en desarrollo y/o menos desarrollados, tomándose Argentina como caso de referencia de periferización subordinada.

Los dos principales interrogantes a elucidar entonces son: primero, ¿cómo incide la competencia internacional por los recursos naturales durante el período 1996-2016 en la configuración del poder estructural agroalimentario heredado de la Guerra Fría? ¿Genera una difusión mundial del poder entre distintos actores o un fortalecimiento de la matriz estructural de poder con epicentro en EEUU? En segundo plano, derivado de lo anterior, ¿a partir de qué factores el sistema agroalimentario argentino establece una relación de subordinación al poder estructural agroalimentario de manera tal que es funcional a su fortalecimiento y a la vulneración de las dimensiones de la seguridad alimentaria nacional?

Cada pregunta problema tiene como objetivo específico, en primer lugar, identificar los componentes del poder estructural agroalimentario e interpretar su significancia geopolítica mundial. Luego, analizar la incidencia de la competencia internacional por los recursos naturales en la configuración del poder estructural agroalimentario, a partir de identificar ciertas dinámicas mundiales de apropiación, acaparamiento y control de recursos naturales durante el período seleccionado. Por otro lado atendiendo al interrogante sobre el caso argentino, identificar los componentes de su sistema agroalimentario que implican una relación subordinada y funcional respecto al poder estructural agroalimentario internacional.

De aquí que la proposición central de Geopolítica y Alimentos plantea que en el marco de la competencia internacional por los recursos naturales durante el período 1996-2016, Argentina a partir de su sistema agroalimentario establece una relación subordinada respecto al poder estructural agroalimentario internacional, vulnerando las dimensiones de la seguridad alimentaria nacional.

Para su desarrollo el cuerpo del libro se divide en cinco capítulos. Cada uno aborda las variables centrales de la investigación, a excepción del primero que establece los conceptos, perspectivas teóricas e interrogantes que contribuyen al análisis.

El primer capítulo entonces realiza un desarrollo de las distintas perspectivas teóricas y nociones —aunque cada sección ameritaría al menos un volumen para su debido tratamiento— y presenta el enfoque epistemológico interdisciplinario de la investigación, a partir de comprender que los supuestos subyacentes de las ciencias sociales convencionales no son suficientes para abordar la temática en su complejidad. En este sentido, se toman conceptos y perspectivas de subcampos como la geopolítica, la política internacional y la economía política que permiten una aproximación realista y crítica al conocimiento desde un enfoque analítico cualitativo.

El segundo capítulo desarrolla la conformación y evolución del poder estructural agroalimentario durante el período de la Guerra Fría como una manifestación de la situación excepcional que goza los EEUU finalizada la gran contienda bélica en 1945. El concepto se desarrolla a partir del aporte conceptual de la economista y politóloga inglesa Susan Strange, focalizando en las estructuras particulares que contribuyeron a su formación respecto al sistema agroalimentario mundial. Se priorizan cuatro facetas: la seguridad geoestratégica, el orden económico-político internacional y su incidencia en la comercialización granaria, el cambio tecnológico y ampliación al agro de la matriz industrial hidrocarburífera, y la política denominada desarrollo internacional en el marco de la doctrina de la Contención.

El tercer capítulo aborda la dinámica general de competencia internacional finalizada la Guerra Fría en el contexto de expansión económica mundial de la década de 1990; así como también el modo que esto incide en la elaboración de las agendas de seguridad estratégica y la percepción de amenazas de las potencias centrales atlánticas, haciendo especial hincapié en la ponderación de tendencias geopolíticas pesadas que comprenden de manera general al suministro alimentario como el crecimiento de la población mundial y la securitización de lo ambiental.  

El siguiente capítulo, derivado del anterior, aborda los procesos globales de apropiación, acaparamiento y control de recursos naturales en el período seleccionado. En particular, se destacan las acciones y dinámicas que involucran indirectamente al suministro alimentario —hidrocarburos, tierra fértil, agua potable y biodiversidad— y que también incluyen la problemática de los recursos naturales en las agendas de seguridad de las potencias atlánticas, tomando distancia analítica de los documentos y bibliografía que emiten tales planteos, a los efectos de elaborar una perspectiva propia.   

Finalmente el quinto capítulo, trata por un lado la reconfiguración del poder estructural agroalimentario durante el período 1996-2016 y por otro lado de manera relacionada el caso argentino. Esto implica una doble perspectiva geopolítica: una dimensión de tipo simétrico que corresponde a la dinámica horizontal de competencia entre potencias económicas de Europa, EEUU, Japón y recientemente China; y desde una dimensión de tipo asimétrico corresponde a la dinámica vertical entre las potencias centrales mencionadas y países en la periferia mundial, en particular Argentina.

Por el análisis de carácter geopolítico del libro, cabe aclarar que si bien en algunas secciones se emplean datos estadísticos y diagramas de flujo, es sólo a título ilustrativo, como mero recurso didáctico con el objeto de facilitar la comprensión significativa de algún fenómeno o proceso más general. De ninguna manera el enfoque de la investigación es nomotético ni cuantitativista. Lo que es aún más, pretender hacer un estudio cuantitativo en esta temática sería una gran ingenuidad. Por tomar dos grandes ejemplos que demuestran de manera realista que no es factible un abordaje desde dicha metodología: primero, el número de personas que padecen subalimentación crónica. La misma FAO ha variado en su reporte oficial del estado de la inseguridad alimentaria mundial la cifra total de un año a otro (2011-2012) en más de 250 millones de personas, reconociendo que su método de medición no es exacto, tiene un amplio margen de error, y está sujeto en algunos países menos desarrollados a que entes nacionales procuren datos censales; cuando en diversos casos tales instituciones no existen, menos los censos, a veces tampoco la voluntad política de reconocer el estado nutricional de la población doméstica, o lo que es todavía más: tampoco existe un Estado en todo el territorio que figura en un mapa por fuera de una ciudad capital. En algunas subregiones del África subsahariana, áreas grises sin presencia estatal o en situación de conflicto armado, las estadísticas se grafican por aproximación estimativa desde una oficina técnica en la sede del organismo en Roma sin medición en terreno de indicadores nutricionales y de salud de las personas referidas como “los hambrientos”. ¿Cómo resuelve entonces el gobierno de un país débil los indicadores (inexistentes) de emaciación y retraso del crecimiento infantil o anemia en mujeres lactantes, careciendo de capacidades para la proyección estatal a su entero territorio?

El segundo ejemplo de imposibilidad de estudio cuantitativo riguroso, más allá de lo superficial de los discursos corporativos o las cifras del comercio granario mundial que son de relativo fácil acceso, es que no existe información pública fehaciente sobre la relación autoridad-mercado. La naturaleza privada del sistema agroalimentario donde grandes corporaciones transnacionales articulan oligopólicamente el entero circuito, vuelve muy difícil conocer el grado de influencia del conglomerado del agribusiness internacional sobre la política nacional, el origen de una decisión político-económica en el inmenso mar del sistema agroalimentario mundial, o bien el real alcance político de un ministro de un país periférico, cuando —a modo de analogía— una corporación del conglomerado alimentario como Coca-Cola tiene mayores ganancias anuales que el PBI de un país latinoamericano rico en recursos como Bolivia.

De igual manera, la configuración del poder estructural agroalimentario presenta la dificultad de ahondar en la descripción de sus componentes a los efectos de lograr un esquema detallado de, en palabras de Strange, «el quién-obtiene-qué en el sistema como un todo». Por lo que de la investigación surgen algunos interrogantes que es preciso entender que no tienen respuesta, otros no son operacionalizables, o bien la información no es accesible y la respuesta se formula por inferencias o aproximación comprensiva; por ejemplo: no es posible acceder públicamente a información fidedigna sobre qué volúmenes de cereales acopian y comercializan a nivel mundial grandes traders como Cargill, Bunge o Dreyfus, y cómo incide dicho oligopolio en la formación del precio internacional de las commodities. Tampoco saber quiénes son los propietarios del capital de las compañías navieras en la era de las finanzas transnacionales y qué volúmenes reales de cereales trasportan. A todas luces la acción de los grandes actores del comercio cerealero mundial no coincide con los principios enarbolados de estabilidad, predictibilidad y libre oferta-demanda, ya que la clave del circuito es el control oligopólico y gestión de la volatilidad del precio internacional.

La realidad indica sin lugar a dudas el principio que el conocimiento es poder y que una de las condiciones puras del poder es el control de la información que debe circular. De todos modos, ello no es impedimento para la realización de una investigación desde otro enfoque epistemológico-metodológico. En rigor de verdad, dada la importancia del sistema agroalimentario en su dimensión internacional y doméstica el cual involucra los intereses geoestratégicos de las potencias centrales del planeta, pretender comprenderlo desde el cuantitativismo econométrico o la técnica aplicada de las ciencias biológicas, resultaría funcional a dejar fuera del análisis las condicionantes políticas y los juegos de poder. Por lo que el análisis general propuesto del libro es de carácter geopolítico, realista y elaborado desde la perspectiva de un país periférico. Quiere decir esto que procura ser objetivo respecto a distintos sectores e instituciones, pero además indagador incluso de los supuestos “evidentes” y las preguntas sin respuesta.

En los últimos años ha proliferado cierta bibliografía académica e institucional que aborda aspectos y relaciones del sistema agroalimentario a nivel internacional y en casos locales. Sin embargo, al principio del período seleccionado cuando comenzaron a aplicarse los cultivos con organismos genéticamente modificados (OGM), por fuera del ámbito supuestamente neutral de la técnica y del optimismo rentístico del sector agropecuario, la bibliografía académica internacional con mirada crítica del impacto de los transgénicos era escueta o bien inexistente; algunos estudios provenían de asociaciones civiles ambientalistas. A casi una década de iniciado el proceso, comenzaron a aparecer algunos estudios internacionales pero con perspectivas “desde el Norte”. Existía por lo tanto un vacío disciplinar que no lo ocuparon los estudios que investigaron los efectos ambientales del uso de la dupla transgénicos-agroquímicos, ni los trabajos de sociología rural sobre la implementación en gran escala de la siembra directa, así como tampoco los valiosos pero puntuales estudios que en su momento denunciaron el sistema internacional de patentes sobre la propiedad intelectual en materia biotecnológica. En este sentido, un aporte de Geopolítica y Alimentos no ponderado antes por otros autores, consiste en analizar de manera integral con una perspectiva geoestratégica la matriz agroproductiva actual en tanto herencia singular del período de la Guerra Fría. Por sus componentes, la matriz agroproductiva puede ser entendida como el dispositivo particular que a nivel sistémico contribuye por un lado a dinamizar la competencia internacional por los recursos naturales, y por otro a reforzar el poder estructural agroalimentario.

Al respecto, tampoco existe casi bibliografía en el subcampo de la seguridad internacional que en el conjunto de elementos que son objeto de la competencia por los recursos naturales incluya a la biodiversidad genética, exceptuando los estudios en materia de bioterrorismo que tratan el riesgo que presenta el empleo de OGM como arma bionanotecnológica. De los recursos naturales objeto de la competencia (hidrocarburos, tierra fértil y agua potable), pocos analistas académicos han incluido a los alimentos, y en particular los recursos genéticos vitales para la producción agroalimentaria. De aquí que la investigación parte del presupuesto que el sistema agroalimentario está incluido en la competencia internacional por los recursos naturales, y que particularmente la biotecnología es un instrumento potenciador de dicha dinámica.

Lo anterior no implica que en ámbitos no académicos se haya omitido abordar la cuestión del suministro de alimentos como objeto de competencia internacional y su contribución a la seguridad mundial. Por el contrario, el tema adquiere prioridad en las agendas de seguridad de potencias atlánticas a partir del fenómeno de aumento del precio internacional de las commodities agrícolas de 2007-2008. Reportes de influyentes agencias gubernamentales y think-tanks norteamericanos y británicos incluyen desde entonces al suministro alimentario como asunto central en la percepción de amenazas para la seguridad. Al mismo tiempo organismos multilaterales especializados abordaron en estudios económicos las causas internacionales y riesgos de la tendencia al alza del precio de las materias primas alimenticias. En los últimos años, casi fuera ya del período investigado, por la dimensión del circuito internacional y los factores geopolíticos intervinientes en la elaboración de prospectivas a mediano y largo plazo, se acentuó la tendencia de comprender al suministro alimentario como un asunto de seguridad internacional.

En definitiva, las fuerzas de fondo que dinamizan y dan rumbo al entero circuito agroalimentario mundial, escapan al saber técnico aplicado y fragmentado convencional de ámbitos universitarios y empresariales. Es labor de la geopolítica procurar realizar el esfuerzo de comprensión de la compleja madeja que imbrica el sistema agroalimentario internacional con la seguridad alimentaria. Esa es la tarea que Geopolítica y Alimentos invita a recorrer.

Juan José Borrell*

Profesor Titular de Geopolítica en nivel posgrado, Universidad de la Defensa Nacional (ESG, UNDEF), Buenos Aires. Profesor Adjunto e Investigador, Universidad Nacional de Rosario (UNR). Miembro de la Delegación Argentina ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Roma, 2011 a 2018