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LA BARAKA

 F. Javier Blasco*

Según el diccionario de la RAE el término Baraka tiene dos acepciones principales; protección divina de la que disfrutan jerifes o morabitos, de uso más común o frecuente en Marruecos y la otra como sinónimo de fortuna o de suerte favorable y que viene siendo una pieza clave en la subsistencia de los trileros y aquellos que viven del engaño a los demás.

Pero su uso no solo se cierne a los anteriores, tanto a la una como a la otra ―aunque con mayor profusión la segunda― se les vienen considerando como cualidades inherentes e íntimamente ligadas al mayor o menor éxito y devenir político y personal de Pedro Sánchez, a la sazón presidente del gobierno de España por tercera vez, y es vox populi que no está exento o realmente lo es gracias a una buena proporción de baraka positiva.

Un personaje por todos sabido que no ha venido ni sigue estando exento de fuertes polémicas y hazañas de mucho riesgo tanto política como personalmente; polémicas y actitudes en las que, a menudo, se juega el todo o el nada y que gracias a su baraka y al grupo de escuderos con el que se suele rodear ―hasta que los quema― ha sabido y podido ir sorteando de forma “solvente a su manera” y no solo gracias a su disparatado pavoneo con el que se mueve en todas las esferas, al pico de oro que posee ni a la despreciativa forma de hablar que usa y fomenta cuando se cree sólido en un tema sino a la acuciante necesidad de mantenerse aferrado a su puesto y porque la degradación y pérdida de los valores en su personalidad, moralidad y sentido de Estado ―que ha venido sufriendo y transmutando de manera constante y progresiva en muy pocos años― le han servido para profundos o totales “cambios de opinión” entre lo que hace nada anunciaba a bombo y platillo, con lo que ahora pregona y defiende con todas sus fuerzas y nula, muy impostada o falsa dignidad.

Alguien que ―de forma narcisista a ultranza, prepotente sin parangón y egocéntrica a más no poder, desprecia y pisotea a todo y a todos, inclusive a los suyos si fuera menester― impone su voluntad a base de amenazas, muchas y extrañas subvenciones a costa de endeudar al Estado y al haber inundado de adeptos sin fisuras ―en los tiempos favorables― todas y cada una de las instituciones de los diferentes poderes del Estado, salvo la Jefatura del mismo y algún que otro alto tribunal, aunque tiene bien asido, de forma mayoritaria, vergonzosa y hasta hilarante al más alto de todos ellos, empezando por su presidente, famoso por su frase sobre el “polvo del camino en las togas” cuando fue Fiscal general del Estado en la época del ínclito Zapatero.

Un presidente que usa, pone y quita los ministros del mayor gabinete de la historia de España como quien usa pañuelos de papel para sacudirse los mocos estando bajo los efectos de un fuerte resfriado. Y que, además, lo hace cuando ya no le sirven de cortafuegos o para pagarles con creces ―aunque no sirvan para el cargo nombrado― los servicios prestados a su causa, tras haberlos “quemado” en ello, aunque esto no lo fuera por el bien de los españoles y el prestigio de España, sino en su incansable afán de búsqueda de propios beneficios. Personaje que ha llegado en los últimos tiempos a arrodillarse literalmente ante los peores enemigos de España (filo terroristas, comunistas y separatistas o independentistas algunos de ellos, abrazados a Putin) y babearles sus zapatos sin decoro alguno, ningún disimulo ni aparente dignidad, siempre que el costosísimo voto de estos le sirva para mantenerse a toda costa en la Moncloa.

Pero, como a todo aquel que usa en exceso o abusa desproporcionadamente de su propia baraka, algún día esta cambia de sentido y se torna contraria. Son innumerables los engañados de forma reiterada, muchas las afrentas a la mayoría de las instituciones nacionales y extranjeras, innumerables las promesas incumplidas o los compromisos contraídos y luego abandonados en el fondo de los cajones ministeriales, que ya, cada vez, engaña a menos personas y tanto estas, los tribunales y algunas de las propias instituciones le empiezan a dar la espalda y sufrir grandes y vergonzosos reveses en sus intenciones.

Reveses que no por ello le hacen desistir de éstas. Al contrario, se afana en buscar la forma de dar la vuelta a la tortilla o en presentar nuevos caminos o alternativas que le lleven al mismo destino de forma diferente, poniendo aún más en relieve sus espurias intenciones y lo podrido de sus pensamientos.

Ha sido uno de los mayores urdidores de la mentira y el engaño en España y en la UE, alguien que ha prometido, pedido y luego pisoteado más voluntades o grandes ideas y que ha despilfarrado ingentes cantidades de dinero comunitario en “obras y proyectos” que nadie conoce o ya se han olvidado, que han sido estériles desde su nacimiento y que, la mayoría de ellas, solo han servido para llenar los bolsillos de sus muchos interesados amigos, familiares o seguidores que sin descanso, teje en su entorno por las ventajas económicas o políticas adquiridas bajo su mandato, tutela o consejo y por ello, estos cual kamikazes, no dudan en seguirle, defenderle y luchar para que, sea como sea, él siga en su cargo.

En su carrera narcisista y egocéntrica ha llevado a su partido político, el PSOE a las cotas de poder territorial más bajas de la historia. Tan solo gobierna en tres comunidades autónomas y de ellas en dos, lo hace gracias al costoso apoyo recibido por parte de fuerzas exógenas que le agobian aún más y que por ello, creo que le producen más perjuicios que beneficios.

Cuando uno monta su mundo de yupi basado en la suerte personal y en la firme creencia de que puede seguir engañando a todos durante mucho tiempo, se equivoca totalmente. Tarde o temprano le fallará uno o los dos preceptos anteriores. No se puede pretender seguir en la poltrona a base de anunciar subvenciones constantemente ante cualquier “incendio que surja” ni pregonando que “España va como una moto” ―eslogan parecido a los muchos empleados por su maestro ZP― y basado en el forzado espejismo de que “crecemos” más que los demás en la UE, porque realmente venimos de mucho más abajo.

Pero para nuestra desgracia y triste realidad es que somos el peor país o estamos en el pelotón de cola del paro real y no impostado u oculto; con una enorme precariedad en el trabajo juvenil; las grandes deficiencias o carencias que tenemos en la formación profesional; el alto y grave nivel de fracaso escolar; el elevado número de familias con todos sus miembros en paro; las deficiencias en la educación de nuestros jóvenes; la alta deuda imposible de afrontar o pagar en una o dos generaciones; el desorbitado déficit; la pésima balanza comercial; el hecho de que los españoles sean los que más renta hayan perdido y los que más incrementos de impuestos sufren desde 2019 entre las grandes economías; que el campo se encuentre indefenso ante las exigencias externas y esté en pie de guerra junto al transporte por carretera y otros sectores del ramo; que gocemos impunemente de una muy alta corrupción política y económica y mantengamos un inconmensurable trabajo en negro que no cotiza y defrauda a costa de los demás; así como, nuestro menguante y ya demasiado escuálido prestigio internacional.

La baraka tiene sus tiempos, formas y grado de aplicación mínimos, pero también máximos que no se pueden ni deben estirar o sobrepasar. No es un término científico ni tiene base económica alguna, solo la usan y alargan gasto lo que más  pueden los trileros y aquellos incorregibles caraduras o grandes incompetentes, que no saben vivir más que del engaño y la dependencia comprada. Los que solo piensan en ellos mismos, son los que, sin lugar a dudas, tarde o temprano, acaban en la ruina, pero desgraciadamente al hacerlo, no caen solos, arrastran al mismo pozo a todo y todos aquellos que le rodean y sobre todo, a los que un día, consciente o inconscientemente confiaron en él y no supieron o pudieron descubrir sus malas artes o praxis, con tiempo suficiente para retirarle un apoyo que real y definitivamente, solo aporta algo de pan para hoy, pero hambre, mucha hambre, para mañana.

 

* Coronel de Ejército de Tierra (Retirado) de España. Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.

 

EL MODELO DE ENAJENAR LOS BIENES DEL ESTADO VOLVERÁ SOBRE LA REFORMA PESQUERA

César Augusto Lerena*

El pescado es un bien del Estado. Algunos referentes afines al gobierno manifestaron que el sector pesquero se quedaba por unas monedas con un recurso de todos los argentinos. Para contrastar con estas afirmaciones, el sector y distintos opinantes refirieron que los empresarios aportaban el 35% de las ventas. Una discusión distractiva que esconde el verdadero objeto de reformar la ley de pesca que, a juzgar por su contenido original y, aún luego de la primera corrección, tenía como objetivo llevar adelante un programa de liberar el mar al mejor postor, lo mismo que justificó al gobierno el intento de derogar la Ley de Tierras.

Cuando el autor o autores, ni el Subsecretario del ramo, no pueden defender la reforma, nos lleva a pensar que el proyecto a tratar en Diputados era indefendible técnicamente. Se basó en cuestiones que no pueden fundarse y/o en razones ideológicas fundamentalistas que podrían dar a lugar, incluso para llevarlas adelante, a destruir un sector industrial que compite internacionalmente pese a la errática e inconsistente política económica argentina. Como la eventual privatización de algunas empresas (YPF, INVAP, etc.) no importa si generan o no superávit o si son estratégicas para la Nación; da lo mismo, si las empresas pesqueras o la industria naval son nacionales o extranjeras y tampoco si la explotación es sostenible y sustentable.

Es el modelo en el que está en juego. El remate al mejor postor, no hay fundamentos relativos a la estrategia nacional, al desarrollo poblacional e industrial ni la generación de empleo argentino.

Señores empresarios no se distraigan, el gobierno insistirá a través de Decretos, muchas de las cuestiones planteadas en la reforma fallida podrían haber sido de resorte del ejecutivo o, bien, Decretos de Necesidad y Urgente (DNU) o a través de una nueva ley en las Sesiones Ordinarias y entonces sería deseable que el sector pesquero y la industria naval tengan un proyecto, no de maquillaje sino de una verdadera reforma moderna, profunda, sostenible y sustentable.

Hay cambios que hacer en la actividad pesquera y no se puede seguir llorando sobre la leche derramada. Siempre será preferible que los cambios resulten de la discusión interna en el sector. Nosotros hemos concluido ese proyecto y lo debatiremos en el ámbito empresario o público.

Para quienes no hay podido recibir nuestro último artículo de opinión (César Lerena, “Un día después del intento de enajenar la pesca y la industria naval nacional”, 01/02/2024) lo transcribimos:

«Se dejaron sin efecto los artículos de modificación de la Ley de Pesca y hubo un respiro de alivio en el sector pesquero, industrial naval y las industrias anexas; pero, aunque pareciera, nada ya volverá a fojas cero.

Antes de analizar lo que deja el proyecto de reforma de la Ley de Pesca, sería bueno saber ¿quién fue el autor de esta iniciativa?, ya que, contrario a cualquier proyecto de ley puesto a consideración del Congreso, este careció de fundamentos que pudieran justificar el cambio de 180 grados que se proponía. Por otra parte, ha sido muy llamativo que el secretario de Bioeconomía Vilella o el Subsecretario de Pesca López Cazorla no hayan salido a explicar el proyecto del P.E.N. Por mucho menos, cualquier presidente les hubiese pedido la renuncia.

Aun así, esta reforma puso de manifiesto, más que la calidad de sus textos la debilidad del sector pesquero, cuya actividad es poco conocida en la sociedad, en los propios ámbitos de poder e incluso en el Ministerio del área, donde es la prima pobre y fea de la Agricultura y Ganadería. Y lo peor es que en algunos casos, incluso, se ventila una mala imagen promovida por parte de algunos de sus actores, a pesar de ser parte indivisa de lo que se cuestiona. Esto requerirá un necesario cambio de las reglas de juego.

Hay quienes deslizaron que los diseñadores de esta reforma desconocían la actividad y el proyecto tenía como objetivo una mera cuestión recaudatoria. Nosotros creemos que no es ni una ni otra. Por un lado, para elaborar este proyecto se debió contar con el aporte indispensable de alguien vinculado a la pesca, capaz de analizar la ley de pesca vigente, ya que se efectuaron cambios destinados a producir un importante diseño que hubiera implicado la destrucción de la industria pesquera nacional existente para permitir el acceso de buques de terceros países, estén o no pescando en la actualidad los recursos migratorios argentinos más allá de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina o en Malvinas con licencia ilegal de los isleños británicos. Hubo conocimiento, perversidad, audacia y desprecio por la industria nacional.

Aumentar ostensiblemente el canon a través del ingreso de buques extranjeros a la ZEEA; no requerirles ninguna antigüedad a las embarcaciones ni que desembarquen en puertos argentinos y no exigirles tripulación argentina, no hubiese aumentado la recaudación del Estado ya que, como hemos visto en el informe estadístico de las empresas, “la pesca no aporta el 0,2% sino el 35% de las ventas” (Karina Fernández, Revista Puerto, 30/01/2024). Aun así, es una facultad del Consejo Federal Pesquero, que está integrado por funcionarios nacionales y provinciales quienes pueden decidir sobre el aumento de los derechos de captura, etc., que, en cualquier caso, no puede ser arbitrario sino tener en cuenta todas las variables internas y las derivadas del comercio exterior.   

Habiendo eliminado ―como se hizo ante las primeras quejas― algunas de estas excepciones a la ley, no puede esperarse que una actividad se desarrolle y genere más recursos, si las herramientas que se utilizan no están destinadas a producir más y mejor; para ello, lejos de desestimarse las exigencias previstas en el artículo 26º y 27º de la Ley 4.922 de Pesca, hay que profundizarlas para premiar a quienes invierten,; agregan valor y generan productos de calidad destinados en forma directa a las góndolas de los mercados consumidores; destinan parte de su producción al mercado interno y promover el consumo nacional que está entre los más bajos de Latinoamérica; incorporen tecnología de última generación; capturan y procesan forma sostenible; no pescan en forma ilegal y no realizan prácticas prohibidas, en especial no descartan materias primas aptas para el consumo; capacitan y generan mano de obra calificada y registrada; fabrican sus buques en astilleros nacionales públicos o privados y ponen al servicio de la explotación buques de menor antigüedad y seguros; radican sus empresas en lugares estratégicos y de baja densidad poblacional; trabajan con responsabilidad social en relación a sus comunidades, etc.

Quien propició esta reforma no desconocía estas exigencias, por el contrario, las eliminó para facilitar el acceso de buques extranjeros a la ZEE Argentina. Tampoco podía desconocer que el sistema de licitación pública se desechó en el mundo desarrollado por ser ineficaz para promover una actividad pesquera sostenible y sustentable en los Estados ribereños. Y ello es muy importante, porque de ellas dependen las empresas y los trabajadores. No debería haber proyecto aprobado por la Autoridad de Aplicación sin sustentabilidad.

Esta reforma podría haber tenido como objeto un proyecto de explotación extranjera directa que hubiera requerido de oficinas ad-hoc en la Argentina para llevar adelante “los negocios” pertinentes o destinado a facilitar el uso de puertos argentinos a embarcaciones extranjeras que pescan ilegalmente al margen de la ZEE Argentina, como el que denunciamos, cuando se promovía la construcción del puerto de Río Grande… Ambos objetivos se habrían sustentado también con la derogación del Artículo 27 bis de la Ley 24.922 que hubiera permitido que buques con licencias ilegales en Malvinas lo hicieran también la ZEE Argentina y viceversa.

Este proyecto no se trató de un mero aumento del canon para pescar; que, si de eso se trataba, hubiera bastado ―como dijimos― con una mera resolución fundada del Consejo Federal Pesquero; o bien, aunque no se dice, este Consejo pudo ser parte del problema, donde el actual Subsecretario fue 13 años su miembro.

Podría ser peor en el futuro y no quiero avivar giles, por eso daré un solo ejemplo, donde la reforma mantenía un párrafo del artículo 27º: “Las cuotas de captura serán concesiones temporales que no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje que fijará el Consejo Federal Pesquero sobre la Captura Máxima Permisible por especie a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas”; un mecanismo que podría dar lugar a que un pequeño número de personas diga cuándo una concentración “es indeseable” y, con este justificativo u otro biológico sin el respectivo fundamento, no se reduzca la cuotas sino los días de pesca, haciendo inviable la actividad pesquera, en favor de nuevos permisos y/o o cuotas (véase antecedentes de los recortes en la Unión Europea) o, todo lo contrario, que unos pocos se queden con todas las cuotas.

Nada de esto lo tuvo en cuenta el sector pesquero. Se manejó a puro instinto, como cuando salía a pescar a mediados del siglo pasado con las lanchitas amarillas apelando a la pura abundancia. Y es notable, porque todos sabemos que hablamos de un recurso que debe tratarse “en forma conjunta e integral”, como refiere a FAO y la Convención del Mar (CONVEMAR) … por lo cual es verdaderamente notable que exista tal número y diversidad de Cámaras y de Gremios, atomizando la estrategia sectorial que, dificulta, una política acordada.

En este proceso angustiante no estuvieron los argentinos en defensa de esta actividad, porque “viven de espaldas al mar”, a pesar de que el territorio marítimo sea mucho más amplio que el continental y es que “no se quiere lo que no se conoce” y los gobiernos de turno y toda la actividad tienen una gran deuda al respecto. Tampoco hablaron los consumidores, porque la Argentina tiene un bajísimo consumo per cápita de 4,8 kg por año, por debajo del promedio de Latinoamérica y África.

No estuvieron los intendentes de las ciudades-puertos ―a excepción de Montenegro en Mar del Plata― que deberían entender que esta actividad es formadora de pueblos, de radicación de industria y generadora de empleos. Y los gobernadores del litoral marítimo se opusieron a la reforma; pero ¿quiénes son, al igual que en el sector agropecuario, los diputados y senadores nacionales y provinciales, cualquiera sea su pertenencia política, que representan y conocen las virtudes de esta actividad?»

“Una victoria más como ésta y estamos perdidos” James Joyce, Ulises

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Web: cesarlerena.com.ar

REPRESENTACIÓN VERSUS LOBBY DEL SECTOR RURAL

Iris Speroni*

¿Por qué los saqueadores proceden sin resistencia por parte de los saqueados?

Esta semana me alcanzaron estos números de Luis Villa:

¿Qué dice el INDEC?

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/complejos_09_23312BB213E9.pdf

 

Negar la importancia del sector agropecuario argentino, que va desde millones de toneladas de cereales y oleaginosas al millón y medio de dólares que exporta un productor formoseño de piel de yacarés (exporta a fabricantes de botas texanas en EEUU, y en Europa a Fendi y Ferragamo), es de ignorantes o malandras.

Negar la importancia del sector industrial ligado al agro (MOA según nomenclatura del INDEC), recibe las mismas calificaciones.

Ahora bien, el tema no es lo que hacen “los otros”, sino los propios.

El sector agropecuario y el sector agroindustrial en la política argentina

Las élites que gobiernan a la Argentina en las últimas décadas tienen un plan económico que se puede resumir como “vivamos todos del campo”.

En el mismo los funcionarios ―gobierno tras gobierno― diseñan formas de extraer riqueza del sector agropecuario para trasladarla a otros sectores de la economía, preferentemente a los bolsillos de los implicados.

Es así como se diseñan distintas formas de escamotear lo que a otros pertenece (tarea 1) y luego cómo repartirse el botín obtenido entre los que manejan la cosa (tarea 2).

Bajo esa óptica, entonces, uno debe entender, por ejemplo, a las LELIQs (pasivos remunerados del BCRA). El estado le quita riqueza a los productores agropecuarios (leche, arroz, maíz, maní, aceitunas, cebollas, limón, piel de yacaré) y luego la distribuye entre los distintos “empresarios” que ayudaron a los políticos a llegar a donde están y luego le sostienen la gobernabilidad, entre otras cosas, mediante el manejo de la prensa. En el caso de los intereses de LELIQs, es una forma por la cual la banca se apodera de parte del botín. Las LELIQs son solamente una forma. Podrían ser subsidios o cualquier otra.

Podemos decir lo mismo con, por ejemplo, “los industriales” (grupo por demás heterogéneo), en particular, pero no únicamente, con el sector automotriz. El gobierno paga(ba) ―roba(ba)― ilegalmente la mitad del valor de las exportaciones mediante manipulación del tipo de cambio (50% principios gobierno de Alberto Fernández, 66% sobre el final) y luego eso lo reparte entre distintos sectores favorecidos por el gobierno. En la administración AF tuvimos las mayores exportaciones de la historia de nuestro país, U$D 88.446 millones, 2022. De ese monto el gobierno se quedó con el 50% vía el BCRA (*). El BCRA cobró un impuesto del 50% no legislado. ¿Qué hizo con ese dinero? Les vendió dólares a mitad de precio a los amigos. Por ejemplo, a las terminales automotrices (que ensamblan productos importados), a los ensambladores de motos, licuadoras, o PC (Tierra del Fuego) y a los que se dibujaron “deudas” con el exterior. La lista es larga.

Más allá de que pueda haber o no algún manejo turbio por parte de un funcionario para darle a A o a B la “autorización” de comprar dólares a mitad de precio, eso no es lo importante. Ver si hay o no sobornos en la forma en que se reparte un botín es sacar la vista del problema principal: el saqueo organizado e institucionalizado por parte de empresas y particulares a un conjunto de conciudadanos, instrumentado por funcionarios públicos.

El sistema en sí es criminal. Que un organismo público (el BCRA) le quite la mitad del precio a alguien que produce un bien y lo haga sin ley que lo respalde y que no sólo no reciba ninguna condena judicial sino que el procedimiento sea sostenido muy orondo por funcionarios y propagandistas (mal llamados “periodistas”) por prensa escrita, televisiva o radial: eso es criminal. Con innumerables cómplices, además.

Ahora bien, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los saqueadores proceden sin resistencia por parte de los saqueados? Tomo el caso del tipo de cambio porque implica miles de millones de dólares por año ―un negocio más grande que el tráfico de drogas, armas o trata de blancas― por lo obsceno.

Podríamos hacer el mismo análisis con impuestos, tasas o formalidades incomprensibles (**).

La cadena afecta a los productores, pero también a las economías provinciales, incluidos los fiscos provinciales.

Quitar el 50% del valor de venta de un bien mediante diferencial de cambio, afecta la rentabilidad de la familia o empresa. Es un 50% menos de ingresos y una estructura de rentabilidad totalmente diferente.

Economía es SIEMPRE microeconomía.

Eso puede tener dos consecuencias: una caída de la rentabilidad, por lo tanto una caída del impuesto a las ganancias, incluido lo que va a las provincias, o peor aún, que una actividad que de otra manera sería rentable, se vuelve lo contrario y por lo tanto, se deja de producir; verdadera razón por la cual el “campo” argentino no crece. Mientras Rusia, Brasil, Uruguay y Paraguay aumentan año a año su producción, Argentina permanece estancada. Básicamente por las genialidades de los gobernantes que operan bajo la lógica de “vivamos todos del campo”.

Dicho de otra manera, los U$D 44.223 millones de dólares que le esquilmó el BCRA a quienes producen bienes de exportación (la mitad de los U$D 88.446 millones exportados durante 2022), se retrajo en su totalidad de la base de liquidación de ganancias. Esto es, se liquidaron menos impuestos a las ganancias por el 35% de U$D 44.223 millones: U$D 15.478 millones. Ganó el BCRA (el gobierno federal), perdieron los fiscos provinciales y los particulares.

A las provincias les toca un poco menos de la mitad de la recaudación del impuesto a las ganancias (el resto del impuesto queda en el gobierno federal). O sea, el BCRA le robó una parte a los productores y otra a los fiscos provinciales. Más o menos U$D 28.744 millones a los productores (lo que les hubiera quedado si no tenían diferencial de tipo de cambio pero sí tenían que pagar ganancias) y un poco menos de U$D 7.739 millones a repartir en las provincias (el dinero de ganancias que se hubieran repartido las provincias si no existiera el diferencial de tipo de cambio) (***).

¿Lobby o representación?

Y acá me pregunto, ¿por qué los que deben defenderse no se defienden? ¿Por qué los saqueados no usan todas las herramientas a su disposición para evitar ser víctimas de un abuso oprobioso que tiene a todo el país sumergido ―innecesariamente― en la miseria? Evitar este atropello por parte de los grupos de poder que sostienen y refuerzan y defienden el sistema “vivamos todos del campo” forma parte del principio natural de autopreservación. Es un principio consagrado por la Constitución e incluso por el Código Penal: actuar en defensa propia.

Defender los propios intereses está garantizado por la Constitución: derechos de asociación y de peticionar a las autoridades. El artículo 1° de nuestra Constitución establece que nosotros somos una República representativa por lo cual tenemos derecho a representar y ser representados.

Además, existe la posibilidad de acudir a la Justicia: ¿Que a uno le quiten el 50% del valor de venta de un bien, sin un impuesto? ¿Confiscar un bien ―la divisa― a precio vil sin ley previa? Son juicios que se ganan. Sin embargo, los perjudicados no accionaron.

¿Entonces?

Esta semana fue al canal de TV IP el ex secretario de Producción De Mendiguren, donde disertó sobre todos los errores del gobierno actual (que lleva un mes) y todos los aciertos del propio. De Mendiguren es corresponsable de una de las peores gestiones económicas de nuestro país, que se caracteriza por haber sufrido gestiones económicas horribles. Fue, desde siempre, el gran propulsor político de Sergio Massa y, debemos reconocer, es un extraordinario lobbista. Tremendamente eficiente en la defensa de los intereses económicos de sus representados.

¿Qué nos dice su aparición? Que tienen el suficiente poder para hacerse llamar por TV y continuar la defensa del sistema que nos fundió y generó que en Argentina haya millones de pobres, mientras De Mendiguren y sus representados se hacen cada vez más ricos. Pero dejemos la indignación de lado. Saquemos la mano de las perlas. De Mendiguren su trabajo lo hace bien. Lo hace muy bien.

¿Y por casa cómo andamos?

Y acá quiero ir al excelente artículo, un ensayo en verdad, de Germán Masserdotti:

LA REPRESENTACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL DEL SECTOR RURAL ARGENTINO

Él sostiene que hay tres formas de representación y las desarrolla en detalle:

“A) El poder como representante de la sociedad

B) La representación de la sociedad ante el poder...

C) La representación en el poder….

Si un sector ―como el agropecuario y agroindustrial― es responsable de generar casi ⅕ del PBI de un país, casi ¼ del trabajo, ⅕ de los ingresos fiscales (legítimos; no incluyo acá lo robado por el BCRA) y ⅔ de las exportaciones, entonces debería tener una representación en ambas cámaras nacionales (Senado y Diputados) en una proporción entre ⅕ y ⅔.

Frente al DNU y el proyecto de ley presentados por el flamante PE, diversos sectores de intereses plantearon ante la justicia y ante el Poder Legislativo su oposición ―con o sin razón―; se movieron y lo hicieron. Los gobernadores patagónicos rápidamente se nuclearon en la defensa de lo que creen son sus intereses petroleros. Con eficiencia presentaron sus planteos. Y acá no hablo de que sea justo o no, simplemente remarco su profesionalismo en defensa de sus intereses. Hasta el sector pesquero (responsable de exportar entre mil y dos mil millones de dólares al año) rápidamente encontró un vocero en cabeza del intendente de Mar del Plata.

Mientras, el sector rural, que produce y exporta varias veces más que el petrolero y ciertamente decenas de veces más que el pesquero, gira sin rumbo.

Tiene pocos diputados, tiene pocos senadores, casi no tiene gente en el ejecutivo, no tiene jueces (el Deep State argentino, sí). No tiene. Por eso siempre es el pato de la boda.

Como ya he remarcado varias veces, los productores deben integrar los cuerpos colegiados: concejos deliberantes, legislaturas provincias, Congreso Nacional. ¿En qué proporción? El objetivo debería ser el de la importancia económica y social del lugar, ya sea el concejo deliberante de Goya, la legislatura del Chaco o el Congreso Nacional.

Un mínimo de 51 diputados y 14 senadores y un máximo de 171 diputados y 48 senadores a nivel nacional. En cada comarca, tendrán que hacer las cuentas. No sólo no hay ley que lo impida sino que es el sistema diseñado en la Constitución. Si no lo hacen, es por falta de voluntad.

Lejos están del mínimo. Peor aún si se lo compara con sectores relevantes pero de menor volumen como el petrolero, minero, la banca o las farmacéuticas.

Santa Cruz acaba de votar un gobernador que proviene del sector petrolero. Neuquén desde hace décadas envía senadores que defienden su actividad principal: el petróleo. Es lo que debe ser. Cada uno debería defender lo suyo. Es, como dije, un derecho inalienable.

Defender el campo no es solamente abogar por un sector patronal y un sindicato: es federalismo, forma de vida, tradición y ocupación del territorio.

El interior del país, el país federal, demostró su voluntad y peso en las últimas elecciones presidenciales.

Ahora queda que los productores rurales miren, aprendan y ejecuten (****).

El 2025 está cerca.

Y recuerden: defender los intereses propios no es deshonroso, es el derecho que nos asiste a cada uno de nosotros, garantizado por varios artículos de nuestra Constitución Nacional.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Notas

(*) La cifra es un poco menor porque algunos sectores estuvieron exentos de tener que liquidar las divisas a mitad de precio.

(**) En menor medida, es tan abuso el asesinato arbitrario de cientos de miles aves ―bajo la excusa de un nunca demostrado “brote” de gripe aviar― durante el 2022 por parte del SENASA, sin consecuencias aún para las autoridades responsables, como el diferencial del tipo de cambio o los derechos de exportación o la ausencia de ajuste por inflación en los balances base de la liquidación del impuesto a las ganancias.

(***) El 39% de ese dinero corresponde a la Provincia de Buenos Aires. Lo que nos lleva a preguntarnos por qué el gobernador de Buenos Aires no protestó en estos últimos cuatro años.

(****) Este razonamiento es válido para los productores rurales, los enfermeros del Posadas o los policías de la Provincia de Entre Ríos.

 

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* Artículo publicado el 20/01/2023, https://restaurarg.blogspot.com/2024/01/representacion-versus-lobby-del-sector.html.