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ARGENTINA, Política Pesquera

LA AUSENTE POLÍTICA PESQUERA

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César Augusto Lerena*

La política pesquera nacional se constituye en directrices y lineamientos mediante los cuales el Poder Ejecutivo Nacional orienta a los organismos competentes en materia pesquera en la consecución del objetivo de lograr el uso sustentable, eficaz y eficiente de los recursos pesqueros, mediante la aplicación de un enfoque precautorio, ecosistémico y sostenible en la explotación pesquera; la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos; el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en la Zona Económica Exclusiva y más allá de ella, de los recursos migratorios originarios y asociados de esta; su distribución equitativa y el desarrollo del litoral marítimo y, de las distintas provincias del territorio nacional mediante la práctica de criar, reproducir y engordar peces, crustáceos y moluscos en un medio natural o artificialmente creado al efecto.

Para ello, el Estado argentino debe reconocer que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, contribuyen a la seguridad nacional y son prioridad en la planificación del desarrollo nacional y, fomenta el ejercicio de la pesca marítima y la acuicultura en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos en la industria pesquera nacional y la acuicultura ambientalmente sostenible, con el apoyo de la industria naval pesquera nacional, la investigación y el desarrollo tecnológico.

Del mismo modo, promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y garantizará la sustentabilidad y sostenibilidad de la actividad pesquera, fomentando la investigación y la conservación a perpetuidad de los recursos, favoreciendo su equitativa distribución entre los industriales y poblaciones de todo el país e incentivando la transformación total de las materias primas en plantas radicadas en el territorio continental e insular nacional, mediante procesos de calidad, sanitarios y, de forma ambientalmente apropiada; asegurando la obtención del máximo valor agregado; el mayor empleo de mano de obra argentina y promoviendo el consumo nacional.

El Estado Nacional y/o Provinciales podrían explotar y/o industrializar y/o comercializar los recursos pesqueros en forma directa o por asociación con empresas, comunidades, cooperativas y otras entidades o personas nacionales y promover y constituir con otras personas jurídicas de derecho público o privado, sociedades o compañías para el ejercicio de la actividad pesquera en sus respectivas jurisdicciones según lo indicado en la Ley 24.922, u otorgar concesiones a empresas nacionales para la explotación de los recursos pesqueros.

En el Artículo 1° de la ley 24.922 define el objeto de su sanción y es, sin lugar a dudas, uno de los artículos más destacados de ésta, sin embargo, no alcanza a definir que el aprovechamiento del recurso debe tener como destino principal la industria pesquera nacional, como ocurre en la legislación de muchos otros Estados de Latinoamérica y el Caribe y que, tratándose de un recurso de todos, debe ser distribuido en forma equitativa y preferentemente industrializado en plantas en tierra para agregar el máximo valor posible y no transferir la mano de obra a terceros países desarrollados que, por el contrario, deberían adquirir los productos argentinos terminados y no materias primas para su transformación. Además de ello, la industria pesquera debe servir para generar la producción industrial naval y retroalimentar la investigación y tecnología.

El enfoque ecosistémico es la administración pesquera desde lo global a lo particular. Gestiona el ecosistema y dentro de esto, a las especies y sus interrelaciones ecológicas y alimentarias y los efectos socioeconómicos vinculados con la explotación de los recursos; implica, una visión integrada del manejo de las tierras, aguas y recursos vivos, que tiene por finalidad su conservación y uso sostenible de un modo equilibrado. Incluye el análisis de todos los procesos, funciones e interacciones entre los componentes y recursos (vivos y no) del ecosistema e involucra el manejo de las especies y de otros servicios y bienes ecosistémicos. Bajo este enfoque se reconoce, además, que el ser humano y la diversidad de culturas son componentes integrales de los ecosistemas, considerándose los impactos acumulativos derivados de sus múltiples actividades, así como la relevancia socioeconómica de estas.

Este enfoque implica tener muy presente la regulación de las capturas de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar por parte de los buques de Estados de pabellón, como una forma imprescindible para la administración del ecosistema, ya que no es posible dar sostenibilidad a los recursos en la ZEE, sino se da sostenibilidad al ecosistema. Por otra parte, ello adquiere una dimensión superlativa, cuando, como casi todos países de Latinoamérica y El Caribe han dado preeminencia a «los aspectos sociales, económicos, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales» e, incluso, cuando la pesca y la acuicultura forman parte de los programas de seguridad alimentaria del país, cuyas proteínas son de alto valor biológico y, por cierto, muy superiores, al resto de las proteínas animales.

El Estado Nacional y/o Estados Provinciales debieran reservarse el derecho de explotar, industrializar o comercializar directamente los recursos que son de dominio y jurisdicción de esos Estados y, en ese sentido el Artículo 13º inciso 9º y 10º de la Ley 13/990 de Colombia ya lo regula y, ello, es bastante razonable, ya que, habría que preguntarse por qué el Estado debería obligarse a concesionar toda la explotación del recurso cuando este es de dominio público y, en el caso de Argentina en la ZEE de dominio y jurisdicción del Estado Nacional o hasta las 12 millas de las provincias del litoral marítimo. Este tipo de decisiones podrían dar lugar a la explotación de los recursos por parte de los Estados con destino a atender, por ejemplo, el consumo nacional y la atención de servicios sociales; recuperar las capturas destinadas a ser descartadas; establecer valores de referencia y, además, llevar las embarcaciones a competir en alta mar compitiendo con las embarcaciones extranjeras que subsidiadas y trabajo esclavo, entre otras irregularidades, se hacen en alta mar, de los recursos migratorios originarios de las ZEE. Pero, concesionada la explotación de los recursos, debe administrarse de tal modo que, atendiendo las necesidades del consumidor nacional, se exporten con alto valor agregado. No es posible regalarles a los países desarrollados la mano de obra que debe quedar en la Argentina.

Por otra parte, no podemos perder de vista que en la Argentina los gobiernos no han hecho prácticamente nada respecto al aumento en la dieta de los argentinos del consumo de esta proteína esencial, estando, con 4,8 Kg. per cápita/año, según el Consejo para el Cambio Estructural del Ministerio Desarrollo Productivo (marzo, 2021) entre los más bajos de Latinoamérica y El Caribe en el consumo de productos pesqueros, cuyo promedio es de 9,8 Kg; de África 10,1 Kg; de la Unión Europea de 23,97 Kg y del mundo de 20,2 Kg (2020).

Varios países de Latinoamérica tienen políticas de promoción del Consumo interno de pescado y entre ellos Panamá que, producto de esas políticas, tiene un consumo per cápita anual de 20,5 kg (2020), por encima del promedio mundial y un 427% más que Argentina. Su legislación pesquera promueve ello, tal es el caso del Artículo 12º del Decreto 204 del 18/3/2021 donde se indican una serie de objetivos que refieren a “la conservación y administración sostenible”; al “desarrollo equitativo de las comunidades, erradicando la pobreza y mejorando la situación socioeconómica de los pescadores”; “mejorar la aportación de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y la nutrición, así como apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada” e “incorporar valor agregado con el propósito de hacer más rentable a estas”. Todos aspectos centrales de la actividad pesquera y el objetivo de legislar al respecto.

Por otra parte, resulta impostergable que la Argentina fomente el desarrollo de una acuicultura ambientalmente sostenible, ya que mientras esta actividad en la producción mundial representa el 50%, en la Argentina está por debajo del 3% de la producción nacional.

Es interesante tener en cuenta lo reglado por México en el Artículo 17º de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables (Diario Oficial de la Federación el 24/7/2007. Última reforma publicada DOF 24/04/2018) donde se definen los principios en los que se debe basar la Política Nacional de Pesca y es muy importante observar que «El Estado Mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y una prioridad para la planeación nacional del desarrollo» que, «la pesca y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos para el consumo humano directo y el abastecimiento de proteínas de alta calidad y de bajo costo para los habitantes de la nación» y, que «Los sectores pesquero y acuícola se desarrollarán desde una perspectiva sostenible, que integre y concilie los factores económicos, sociales y ambientales, a través de un enfoque estratégico y ecoeficiente»; es decir, le asigna un importante rol a la Pesca, que entiende de soberanía territorial y alimentaria, al que califica de seguridad nacional y una prioridad en el desarrollo nacional y, esto, es exactamente así, porque la actividad pesquera, no es solo una cuestión económica, sino que es una herramienta estratégica ocupacional y poblacional continental y marítima, proveedora de proteínas de alta calidad biológica, que debe ser administrada de forma tal, que concilie el interés económico con el social y con el cuidado de los recursos a perpetuidad.

No lo han entendido ni el Secretario de Malvinas ni el Subsecretario de Pesca que son meros continuadores del orden establecido, en el mejor de los casos. No entienden el daño económico, social y a la soberanía nacional que ocasiona la pesca ilegal. La administración de la Pesca en el Atlántico Suroccidental es central para recuperar la soberanía no solo en los espacios marinos argentinos, sino en los territorios invadidos por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Sur. El equivalente, al 52% de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Me reitero: La incapacidad se pone de manifiesto poniendo a las personas en la máxima posibilidad de sus capacidades y, en muchas ocasiones, este umbral es muy bajo.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

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Atlántico Sur

LAS CUESTIONES RELATIVAS AL ATLÁNTICO SUR, MALVINAS Y PESCA DEBIERAN JERARQUIZARSE

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César Augusto Lerena*

Imagen de squatdwarf2 en Pixabay 

Por el Artículo 6° se creó la Secretaría de Pesca pero ésta fue vetada por el Decreto 9/68 del Poder Ejecutivo Nacional, por lo cual en la Argentina la Autoridad de Aplicación es la Secretaría de Agricultura y Ganadería que delega las funciones en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Ello tuvo origen en una decisión del entonces Secretario del área Felipe Solá, seguramente porque escaparía de su control la cuestión pesquera.

Nosotros entendemos que, por la complejidad y particular actividad de la pesca y la acuicultura, estas son absolutamente ajenas a la Agricultura y la Ganadería; la particularidad de las cuestiones relativas a la explotación de los recursos que se realizan en un ámbito marino, industrial y exportador; la amplitud del territorio marítimo que debe ser controlado tanto desde punto de vista de la explotación pesquera como de la seguridad y la defensa; la relación de la actividad con las cuestiones fluviales, portuarias, industriales navales, de investigación, de desarrollo tecnológico y relaciones ambientales e internacionales, debería crearse una estructura de mayor jerarquía que oficie de Autoridad de Aplicación.

La pesca es una actividad productiva diametralmente distinta a la problemática agropecuaria, por el carácter de explotación fundamentalmente industrial, que combina en un mismo empresario las tareas de extracción de un recurso biológico —mediante sofisticadas artes y equipos— junto a la industrialización de la materia prima y la exportación de los Productos obtenidos, muchas veces en forma directa.

El uso intensivo de mano de obra, combustibles, energía, insumos e inclusive, por su temática específica, donde se requiere personal obrero, técnico y profesional formado y perfeccionado en la especialidad.

Culturalmente los argentinos, donde se ha promovido históricamente las actividades agropecuarias, se dice que vivimos de espaldas al mar. No puede esperarse que sus dirigentes y funcionarios no sean el reflejo de este estilo de vida. En este marco de dificultades de comprensión de la actividad, de desconocimiento de sus potencialidades económicas, la Industria Pesquera Argentina es de las pocas que ha tenido un crecimiento sostenido en las últimas décadas, superando incluso los volúmenes y montos de exportación de las carnes rojas, que nos han caracterizado en el siglo pasado a nivel internacional. Todo ello, pese a un marco macroeconómico desfavorable y políticas extractivistas vigentes hasta nuestros días.

La pesca se vincula fuertemente al tipo de explotación, provocando una actividad inmediata en la comunidad y la región de población e industrialización. La salida de la embarcación a la pesca ocasiona una inmediata ocupación en tierra para procesar las materias primas a desembarcar; aunque, el modelo de los últimos años de pre-procesamiento a bordo e inmediato transbordo para la exportación reduzca la ocupación de mano de obra para beneficio de los países importadores transformadores. Este es el mismo modelo que utiliza la pesca a distancia con los buques de los Estados de pabellón, que son los principales responsables de la PESCA ILEGAL y, por cierto, el modelo que promueven los importadores que le agregan en destino el valor a las materias primas.

La pesca reviste una importancia creciente para los Estados marítimos y, adquirirá mayor significación en el futuro a partir de los avances crecientes en materia de acuicultura y maricultura. Chile, por ejemplo, exportó pese a la pandemia en 2020 unas 800 mil toneladas de salmón y trucha por un valor de 4.389 millones de dólares (en 2019 lo había hecho por 5.127 millones), es decir, más del doble de las exportaciones marinas argentinas. La pesca es muy importante para los Estados provinciales, para sus economías en atención a la radicación industrial y la consecuente ocupación de mano de obra y el asentamiento poblacional que ocasiona. Y será más importante aún, ante la creciente demanda de proteínas de alto valor como la que aportan los productos pesqueros; con la incorporación de tecnologías modernas para resaltar las condiciones propias de la materia prima y presentarla adecuadamente, necesariamente relacionada a la promoción y competencia mundial, que le permite vender a la Argentina productos pesqueros de alta calidad a más de 50 países e ingresar a los mercados sofisticados de Estados Unidos, la Unión Europea y los países asiáticos.

La pesca es aprovechamiento intensivo y racional de un recurso natural renovable, a través de su extracción, industrialización y comercio. Se constituye en una herramienta fundamental para la defensa nacional mediante la ocupación de los espacios marítimos argentinos y el desarrollo regional de la Patagonia. No parece tener mayores puntos de contactos con la Agricultura y Ganadería, que el de encontrarse en la misma área de gobierno, que no entiende el tema, la industria, los negocios ni su rol estratégico en la ocupación del litoral patagónico, el territorio marítimo e insular argentino.

Por ello, promovemos la reforma del Artículo 6º vetado, de la siguiente forma: Artículo 6º. «Autoridad de Aplicación. El Ministerio del Mar, Antártida e Islas del Atlántico Sur dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, será la Autoridad de Aplicación de esta ley. Corresponderá al Poder Ejecutivo Nacional adecuar las normas que regulen el funcionamiento de los organismos con competencia en materia de extracción de los recursos marítimos pesqueros; su industrialización; la explotación de acuiculturas y mariculturas; el comercio; la investigación y el desarrollo tecnológico en la materia; las cuestiones pesqueras vinculadas a las operaciones en puertos y a la industria naval pesquera; los acuerdos internacionales de explotación pesquera o investigación pesquera y todas aquellas cuestiones vinculadas directa o indirectamente a pesca o la acuicultura» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014). Puede parecer muy pretenciosa la jerarquía en un Estado que debe tiene serias dificultades económicas; pero, agruparía las políticas relativas al Atlántico Sur, sus Archipiélagos y la Antártida y, las cuestiones pesqueras; mercantes; fluviales; portuarias; navales; de investigación; tecnología; desarrollo y consumo. Sin olvidar que la Argentina tiene ocupado por el Reino Unido su territorio marítimo e insular en un porcentual equivalente al 52% de su ZEE. Hay países que tienen un Ministerio y sus ZEE son de una dimensional muy inferior al de Argentina como es el caso de Perú (0,9 M de Km2); Francia continental (0,4 Km2); Portugal (1,7 Km2); Corea (0,5 Km2).

Por supuesto, que ello implicaría dinamizar a tres áreas, como las actuales Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería; la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte, cuyos funcionarios han sido incapaces de generar un nuevo modelo estratégico y ejecutar las pertinentes acciones para desarrollar, generar riqueza y empleo y, avanzar hacia la soberanía nacional en un importantísimo territorio marino e insular del orden de los 6.247.842 Km2. Una miopía donde no se ha entendido que somos un ESTADO MARÍTIMO y que tanto las cuestiones productivas y sociales y respecto a la soberanía plena en Malvinas, no se habrán de alcanzar sino se recupera la administración eficiente del Atlántico Sur.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena1. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)2. Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021).

(1) Fundada el 21/10/2002; (2) Fundado el 2/4/1989
16 de septiembre de 2022

 

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Atlántico Sur

El ÁREA MARINA PROTEGIDA AGUJERO AZUL ES UN ATENTADO A LA PRODUCCIÓN Y A LA SOBERANÍA ARGENTINA Y NO ELIMINA LA PESCA ILEGAL EXTRANJERA

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César Augusto Lerena*

En el Congreso de la Nación se ventila el proyecto 1039-D-2022 de la diputada Graciela Camaño “Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul¨ categorizada como Reserva Nacional Marina Estricta que abarca un área de la Plataforma Continental Argentina más allá de las 200 millas marinas, con una superficie de 148.000 km2, trece veces el tamaño del Archipiélago de Malvinas y, una nueva área de “protección” de las Islas ocupadas por el Reino Unido, por obra de los británicos, pero también de los argentinos.

Las Malvinas están militarizadas, la plataforma continental extendida alrededor de Malvinas en disputa (1.430.367 km2 según la Comisión de Límites de las Naciones Unidas); al este de Malvinas, la Zona de Conservación (FOCZ) acordada por Cavallo en 1990; al sur la Reserva ecológica de 1.070.000 km2 establecida en forma unilateral por el Reino Unido en 2011 alrededor de las Georgias del Sur y Sándwich del Sur y violando el Tratado Antártico; alrededor de Malvinas la FICZ ilegal de unos 438.000 km2 establecidas por el Reino Unido; al oeste las 18 áreas licitadas de unos 100.000 km2 para la explotación offshore en 2019 que se adjudicó a varias empresas británicas violando la Ley 26.659; al noroeste la ocupación ilegal británica de 1.900 km2 de un área de alta concentración de calamar denominada GAP. Faltaba el noreste y llegó el área Marina Protegida Bentónica de 148.000 km2 que favorecerá el otorgamiento de licencias ilegales pesqueras por parte de las autoridades ilegales de los usurpadores de Malvinas y muy probablemente generará la ocupación de nuevos espacios por parte del Reino Unido y, un muy probable conflicto extraño al Atlántico Sur, contrario a la “Zona de Cooperación y Paz” firmada por todos los países occidentales de África y orientales de América.

Ya nos hemos referido sobre este tema (César Lerena “El Proyecto Bentónico Agujero Azul hace agua”, 21/01/2022) por lo que me ha parecido interesante hacer algunos comentarios al artículo de Rodolfo Chisleanschi “Argentina: los intereses que demoran la creación de un área marina protegida en el Agujero Azul” publicado el 02/06/2022 por MONGABAY. Periodismo ambiental independiente en Latinoamérica (https://es.mongabay.com/2022/06/), un trabajo que, aun no concordando en algunos temas, resulta una mirada independiente, poco frecuente en estos temas, donde se mezclan cuestiones ambientales con intereses políticos.

Dice entonces Chisleanschi, con mis comentarios en algunas afirmaciones o comentarios:

«En la plataforma continental argentina existe un gigantesco “supermercado marino” donde acuden a alimentarse especies de toda la cadena trófica y que es conocido como el Agujero Azul.

La falta de gobernanza sobre la pesca en aguas internacionales permite que cientos de barcos ocupen la zona y realicen sus capturas sin ningún tipo de control. (CESAR LERENA: El Área Marina Protegida Bentónica (lecho y subsuelo) no habrá de impedir la pesca en los cursos de agua que no son de jurisdicción argentina).

Un proyecto de ley solicita declarar el lugar como área protegida. La posibilidad de que en el subsuelo haya reservas de hidrocarburos y metales estaría frustrando su creación. (CESAR LERENA: Este mismo artículo indica que no hubo presión del sector petrolero al respecto, sino del pesquero).

El cuerpo va girando hasta completar los 360 grados; los ojos intentan llegar más allá de donde permite la mirada, pero donde sea que enfoquen, el paisaje solo devuelve agua y cielo. El Atlántico Sur se abre inabarcable y bajo la superficie, un torrente de vida, un auténtico “supermercado” alimenticio atrae a una multitud de especies: invertebrados, peces de todos los tamaños, mamíferos marinos, aves, etc.

También hay barcos, muchos barcos. Medianos, grandes, inmensos, y con las más diversas banderas. Están los poteros que buscan calamares (Illex argentinus), los arrastreros que capturan abadejos (Genypterus blacodes) o merluzas negras (Dissostichus eleginoides), los reefers que conservan la pesca en cámaras frigoríficas para trasladarla a los puertos, y los buques tanque que se ocupan de reabastecer con combustible a todos los demás.

La zona se conoce como Agujero Azul, se encuentra sobre la plataforma continental argentina, a más de 300 kilómetros de la costa del golfo San Jorge, en la Patagonia, y además de poseer una riqueza marina extraordinaria, es el eje de una áspera polémica de muy difícil resolución donde se mezclan la biología, el conservacionismo, las leyes internacionales, los intereses económicos y hasta la geopolítica global.

En 2015, las autoridades que por entonces gobernaban el país se plantearon por primera vez la necesidad de proteger esa región oceánica. Hasta ahora las desavenencias entre las diferentes visiones y pretensiones con las que se mira el lugar, que van desde la conservación estricta al desarrollo extractivo sin límite de los recursos mineros y pesqueros, lo han impedido. (CESAR LERENA: El sector pesquero nacional pesca muy poco en esa área, si bien entiende que pueden afectarse sus intereses futuros y, no los de los buques extranjeros, a quienes esta Área Marina no les impedirá pescar con o sin redes de arrastre). Este año, el Congreso argentino tiene una nueva oportunidad de promulgar la ley de creación de un Área Protegida Marítima, y de hecho, el proyecto presentado ya ha superado la etapa de estudio en comisiones y se encuentra apto para ser debatido en la Cámara de Diputados. Que llegue a concretarse o no dependerá de algunas de las razones que se explican a continuación.

Las razones para proteger el Agujero Azul

Las plataformas continentales son las zonas más productivas debido que al tener profundidades que no sobrepasan los 200 metros, la luz penetra favoreciendo la vida. Esa es una de las razones por las que el Agujero Azul es tan biodiverso, pero no la única. En el gigantesco acantilado submarino que marca el fin del continente, en el llamado Frente del Talud, se encuentran dos masas de agua: la corriente de Malvinas y las aguas de la plataforma continental provocando un fenómeno conocido como surgencia. Este último consiste en que masas de agua profundas frías y ricas en nutrientes ascienden a la superficie, “poniéndose a disposición de las algas que están arriba en la columna de agua”, explica Valeria Falabella, bióloga y directora de Conservación Costero-Marina de la filial argentina de Wildlife Conservation Society (WCS). (CESAR LERENA: Su central en Nueva York).

El resultado del fenómeno es la generación de un área de enorme productividad biológica donde pueden encontrarse todos los eslabones de la cadena trófica, desde fito y zooplancton a ballenas o tiburones.

La combinación de factores otorga al lugar un magnetismo irresistible. Por un lado, la existencia de cañones todavía inexplorados y supuestamente intactos que penetran en las paredes del talud atrae a los científicos y alienta los pedidos para que la región sea protegida cuanto antes. Por el otro, la industria pesquera de distintos países del mundo —con China, Corea del Sur y España a la cabeza— aprovecha esta riqueza para extraer grandes cantidades de recursos. (CESAR LERENA: El AMP Agujero Azul está fuera de la jurisdicción argentina -salvo la plataforma- y no se impedirá con esta Ley de AMP Bentónica que sigan pescando). 

Los intereses pesqueros

Hasta el 2016, solo una pequeña parte del Agujero Azul estaba incluido en el territorio argentino, pero ese año la Comisión de Plataforma Continental de Naciones Unidas aprobó el pedido del país para ampliar su jurisdicción hasta las 350 millas de la costa y de ese modo todo el Agujero pasó a estar bajo la jurisdicción nacional. Sin embargo, la resolución de la ONU tiene una salvedad: la potestad argentina solo comprende el suelo y el subsuelo. Las aguas, en cambio, siguen considerándose internacionales, es decir continúan abiertas a quien eche sus redes en ellas. (CESAR LERENA: No lo impedirá esta ley de AMP de la diputada Camaño, porque los cursos de agua son de libre acceso a la pesca según la CONVEMAR).

En abril de este año, el Arctic Sunrise, un barco de la organización Greenpeace, viajó hasta la zona. Las condiciones climáticas impidieron que los científicos a bordo pudieran realizar las tareas que tenían previstas —sobre todo, investigar los fondos a bordo de un submarino— pero la excursión valió para comprobar lo que ocurre sobre el Agujero Azul.

“Es impresionante estar en un lugar en medio de la nada y ver tanta vida alrededor”, relata Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace que integró la tripulación. “Hay ballenas y delfines que saltan, pingüinos, elefantes marinos, aves… También hay muchos barcos. Habíamos ido en noviembre de 2018 y vimos menos, tal vez porque se ha extendido la temporada. Hoy el tránsito en medio del mar es brutal”. Falabella, quien también fue parte de la expedición es más gráfica. “Llegué a contar hasta cien barcos. De noche parece una ciudad”, dice. La razón, explica Vueso, se debe a la falta de gobernanza en aguas internacionales. “Por eso creemos que es tan necesario acordar un Tratado General de los Océanos que proteja al menos un 30 % de los mares del planeta”, agrega (CESAR LERENA: Como dije no se resolverá la pesca con esta AMP porque el curso de agua es internacional y además con la Reserva Ecológica de 1.070.000 km2 que declaró en forma unilateral en 2012 el Reino Unido alrededor de las Georgias del Sur y Sándwich del Sur tiene más del 30% de su mar donde los buques argentinos no pueden pescar, además, de las AMP Namuncurá I y II, AMP Yaganes y, en total la Argentina tiene ocupado por el Reino Unido 1.639.900 km2 es decir el equivalente al 52% de la ZEE Argentina).

Desde el punto de vista comercial, el calamar es la gran estrella del lugar. Especie migrante cuyo ciclo vital se completa en un solo año, su presencia congrega la atención de la mayor parte de la flota pesquera que se aglomera en el Agujero Azul (CESAR LERENA: El calamar se captura mayoritariamente con buques poteros cuyos sistemas de pesca selectivo no dañan el fondo submarino porque no utilizan redes de arrastre de fondo. No obstante, ya hemos dicho: esta AMP no puede impedir por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) que se pesque en aguas internacionales y no es la forma de resolver la Pesca Ilegal).

La sobrepesca del calamar es uno de los problemas graves que plantean los científicos, aunque coinciden en señalar que el mayor daño lo provoca el uso de redes de arrastre que pescan abadejos y merluzas negras en los sectores donde la profundidad es todavía somera. “Pudimos bajar cámaras a 160 metros de profundidad y la depredación del fondo se aprecia a simple vista. Los biólogos especialistas en vida bentónica (aquella que se asienta en el fondo del mar) nos decían que debería estar lleno de corales de agua fría y de esponjas que cumplen un rol fundamental en los ecosistemas marinos, pero no había nada”, dice Vueso.

Marcelo Acha también repara en la “pobreza” de fauna que encontró en los suelos del Agujero: “No es un desierto, pero tampoco una región muy rica”, afirma. Sin embargo, evita ser categórico acerca de los males que producen las redes de arrastre porque “casi toda la información que tenemos es sobre la plataforma continental argentina, de ahí hacia afuera sabemos muy poquito y no tenemos estudios anteriores para comparar si está más o menos arrasado”, dice el biólogo, quien es jefe del proyecto de Ecología Pesquera en el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero que encabezó una travesía al área en noviembre de 2021.(CESAR LERENA: la opinión de este experto es central porque se trata de nada menos que el Jefe del Proyecto de Ecología Pesquera del INIDEP, el Instituto de Investigación más importante en la materia y, para pensar en establecer un Área Marina Protegida hay que tener una información científica previa).

Pero más allá de los matices, la necesidad de crear una figura de protección para la zona resulta unánime y es a partir de este punto que comienzan las discusiones (CESAR LERENA: No se trata de un matiz, se trata de la opinión de uno de los científicos más importantes en la materia que indica que hay escasa fauna en la plataforma y no hay estudios previos). 

Los intereses mineros

“El primer proyecto de ley trabajado por distintas áreas del Poder Ejecutivo argentino en 2015, buscaba proteger la columna de agua y el fondo marino de la porción del Agujero Azul que está dentro de las 200 millas del territorio argentino, más un pedazo representativo del lecho y el subsuelo que sobrepasa esa distancia”, recuerda el biólogo, Juan Emilio Sala, quien es miembro del Consejo Asesor Científico y actual coordinador de Pampa Azul, una iniciativa interministerial creada en 2014 con el fin de promover el desarrollo y la innovación tecnológica en el amplio espacio del Mar Argentino. El cambio de color político del gobierno en aquel año echó por tierra la idea (CESAR LERENA: sobre ese proyecto no hubo consultas serias a nivel del sector empresario ni en el Consejo Federal Pesquero, ya que, pretender establecer un AMP dentro de la ZEE (las 200 millas) sobre los cursos de agua hubiera sido letal para la industria pesquera y, sobre este último proyecto la intercámara industrial formada por todas las Cámaras del país presentó un informe fundado lapidario).

En 2021, el tema recuperó su vigencia, promovido por la diputada nacional Graciela Camaño. En este caso, el proyecto extiende de manera ostensible el espacio a proteger a partir de la ancha superficie de plataforma que Argentina ganó en 2016. “Fuimos más ambiciosos porque entendimos que los diez años de trabajo de nuestra cancillería para lograr que nos otorgaran la ampliación de nuestra plataforma tienen que traducirse en el cuidado del ambiente marino y en evitar que esa zona se explote de cualquier manera”, sostiene Camaño (CESAR LERENA: el trabajo lo inició la COPLA de la Cancillería en 1996 y la Comisión de Límites -que funciona dentro de ONU- efectuó su informe en 2016/17, es decir 20 años después,  recomendando solo 351.633 km2 sobre el total de 1.782.000 km2 presentados por Argentina. Aun así parte de esta AMP Bentónica parte del sur se superpone a la zona en disputa con el Reino Unido).

Pero el recorrido parlamentario del proyecto fue dispar. En un principio, según relata la diputada, el proyecto contó con el apoyo de varios bloques de legisladores, así como del Ministro de Ciencia y Tecnología, impulsor del proyecto original de 2015. También contó con el apoyo del director de la Administración de Parques Nacionales y de las áreas del Poder Ejecutivo vinculadas con el tema. Parecía estar bien encaminado, pero no llegó a tratarse en el Congreso y aunque volvió a ser presentado este año la situación ya no es la misma (CESAR LERENA: nunca contó con el apoyo del sector pesquero y, el Consejo Federal Pesquero y el INIDEP fueron consultados una vez elaborado el proyecto).

La región a proteger se estima que podría ser rica en hidrocarburos y nódulos polimetálicos, y en el último año el gobierno argentino ha colocado en un plano prioritario la explotación offshore como solución a las crónicas crisis energética y económico-financiera del país. La mera sospecha de la existencia de recursos estratégicos bajo esos fondos oceánicos ha modificado la mirada y encendido el debate, porque si todo el Agujero Azul se transformara en área protegida estricta sería imposible extraerlos. (CESAR LERENA: el proyecto de AMP de la diputada Camaño coloca área como de protección estricta y por lo tanto también sería imposible para los buques argentinos pescar, no así a los extranjeros).

“El proyecto presentado por la diputada Camaño está íntegramente elaborado por WCS, una ONG internacional cuyos intereses no son necesariamente los del país”, dice Juan Emilio Sala. “Todos vemos como positivo crear una herramienta normativa de protección para controlar lo que pasa en esa zona, pero en mi opinión personal esta no puede impedirnos desarrollar alternativas productivas como los hidrocarburos offshore que le permitirían a la Argentina alcanzar la independencia energética absoluta, duplicar lo que hoy desarrolla en tierra y habilitar la generación de divisas genuinas”, sostiene. (CESAR LERENA: Emilio Sala pertenece al proyecto Pampa Azul y podríamos repetir su opinión en materia pesquera, más aún cuando el Consejo Federal Pesquero y el INIDEP tienen herramientas suficientes para, en todo caso, una vez investigada adecuadamente el área y, si fuera necesario, prohibir la pesca de arrastre de fondo y para ello no se necesita ningún Área Marina protegida y, sería de aplicación a todos los Estados (incluso los Estados no ribereños extranjeros) porque se estaría afectando la Plataforma continental).

El apoyo entre la citada ONG y la diputada Camaño es público, y no es negado por ninguna de las partes, pero la legisladora asegura que la única crítica recibida por el proyecto estuvo relacionada con algunas quejas de la industria pesquera y agrega que “nadie del área de hidrocarburos se contactó con nosotros, no tenemos noticias de la existencia de lobbies que hayan actuado en este tema ni de otras acciones que hayan retrasado el tratamiento del proyecto”. Para la diputada, el proyecto de ley “se trabó debido a los disturbios coyunturales de la Argentina. Fue uno de los 18 proyectos que el Presidente Alberto Fernández envió a sesiones extraordinarias y ninguno de ellos fue tratado”, dice.

Islas Malvinas y geopolítica global

El aspecto geopolítico añade otro componente de discusión. El sector sur del área protegida propuesta casi rozaría el límite de la zona de exclusión total decretada por las autoridades británicas en torno a las Islas Malvinas, el archipiélago que se levanta dentro de las 200 millas de plataforma continental argentina y que en 1982 fue escenario de una guerra. Su ocupación por el Reino Unido es objeto de una antigua y persistente reivindicación de soberanía por parte de la nación sudamericana (CESAR LERENA: no se trata solo de eso, se trata que la propia Comisión de Límites integrada por expertos que funciona dentro de las Naciones Unidas no estudió parte del área seleccionada para la AMP Bentónica por entender que se encuentra en disputa entre Argentina y el Reino Unido.

Aunque para la diputada Camaño esto no representa un problema, puesto que el proyecto de ley está ajustado a los límites territoriales, algunos expertos temen que al estar tan cerca ambos espacios, la creación del área protegida sea considerada como una provocación por parte de Argentina (CESAR LERENA: no está tan cerca: una parte sur se superpone al área en disputa).

“El área que declararon los británicos comienza apenas unos grados de latitud más hacia el sur del Agujero Azul y en ella los barcos autorizados por el gobierno de las islas pescan las mismas especies que capturan los buques un poco más arriba”, explica Sala. “Se trata de un área militarizada donde la Argentina no puede intervenir porque se desataría un nuevo conflicto bélico. Es un escenario muy complejo que funciona dentro de una lógica geopolítica más global”, analiza el experto.

Por debajo de estas discusiones “globales” subyacen otros puntos de debate en torno a la postergada área marina protegida. “No hay duda de que sería una herramienta muy interesante que obligaría al Estado a financiar investigaciones, pero no tengo en claro cuál debería ser su tamaño”, confiesa Marcelo Acha. (CESAR LERENA: el principal experto que debió ser consultado por los autores del proyecto de ley de AMP no tiene claro cuál debería ser el tamaño). “Además la declaración de una región tan enorme tendría la dificultad práctica de poder monitorearla”, sostiene. Sala coincide con él: El área propuesta “es mucho más grande de lo que un país como Argentina estaría en condiciones de monitorear si queremos que sea un área con un plan de manejo adecuado”. (CESAR LERENA: La Argentina no controla las actuales Áreas Marinas Protegidas de Namuncurá I y II y Yaganes. Y por cierto controla con mucha dificultad la Zona Económica Exclusiva Argentina y no puede controlar los 1.639.900 km2 ocupados por el Reino Unido del mar argentino).

Para Acha, sería más práctico crear pequeñas áreas protegidas interconectadas entre sí a lo largo de todo el talud. “Sería un instrumento más elástico y se le podría dar a cada lugar un grado de restricción diferente”, afirma. Claudio Campagna, biólogo integrante del Programa Marino de WCS Argentina, opina diferente. “El control no demandaría ningún esfuerzo porque hoy los satélites permiten ver hasta las patentes de los barcos desde la costa. (CESAR LERENA: el biólogo Campagna no puede ignorar que los sistemas satelitales se apagan, se modifican, etc. y además sería inocuo este accionar porque los barcos extranjeros como los nacionales pueden pescar sobre los cursos de agua, además, de cualquier accionar de este tipo, supone disponer de naves de control cerca, para apresar a quienes realicen pesca ilegal, que no sería este caso). Para saber lo que está pasando en alta mar ya no hay que enviar buques que consumen petróleo, gastan mucho dinero y provocan calentamiento global”, sostiene.

Los fundamentos biológicos para extender la zona de protección sobre un territorio mucho más amplio también forman parte del debate. “La realidad es que necesitamos generar una mejor información de base antes de declarar la protección”, estima Sala. (CESAR LERENA: Con este testimonio de Sala y el precedente de Acha, sería suficiente para desestimar esta iniciativa extemporánea y con graves connotaciones productivas y soberanas).

“Este es un sitio al que se debe mirar de manera distinta a cómo se mira el mar en cualquier otro lugar y momento”, dice Campagna y añade: “Aquí hay aspectos que son comunes a las áreas protegidas, pero también cuestiones muy particulares que tienen incidencia política, estratégica y ética, argumentos que deberían pesar tanto como los ecológicos a la hora de entender lo que ocurre y de actuar para buscar una solución” (CESAR LERENA: efectivamente es el conjunto de elementos que hay que ponderar en forma integrada para establecer este tipo de limitaciones, sobre todo cuando no han sido debidamente evaluados sus beneficios y perjuicios).

Pero la incertidumbre sobre el destino que pueda correr el área no pareció preocupar a la ballena Atrevida/Antares cuando a principios de este año eligio esas aguas inquietas para llevar a su cría,  convencida de que allí encontraría una zona de alimentación ideal para garantizar su crecimiento (CESAR LERENA: la propia ballena nos está indicando que el Área está sana. Suelo confiar más en el instinto animal que en las decisiones poco evaluadas de los hombres). “Declarar el Agujero Azul como área marina protegida no va resolver todos los problemas, pero sería como iluminar una calle para bajar las probabilidades de crímenes”, sentencia Campagna. Por ahora, las discusiones impiden que se concrete. El “gran supermercado” del Atlántico Sur sigue aguardando una decisión final (CESAR LERENA: el ejemplo no parece aplicable a cuestiones que requieren un análisis científico y productivo más serio).

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca (CESPE). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex-Secretario de Estado. Ex-Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021).

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