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TOLERANCIA CERO: ARGENTINA DEBE COPIAR A SINGAPUR Y A EL SALVADOR

Singapur

¿Cómo podemos enfrentar una delincuencia que se le ha escapado de la mano al Estado? Bueno, es sencillo, tan solo deberíamos buscar como otros países enfrentaron este problema y tomar sus modelos para implantarlos.

Lleno de rascacielos, jet privados y Rolls-Royce, Singapur es el cuarto país más rico del mundo, apenas superado por Qatar, Luxemburgo y Macao, según el poder adquisitivo de sus habitantes.

Conocida como «La perla de Asia», esta diminuta ciudad estado con apenas 5,6 millones de habitantes, es actualmente uno de los mayores centros financieros del mundo; el lugar que produce más millonarios y el más costoso para vivir, de acuerdo a un estudio de la Economist Intelligence Unit.

Pero hace medio siglo era una isla pobre, con muy pocos recursos naturales, que no prometía un gran futuro.

Lee Kuan Yew estuvo al mando del país por tres décadas y es considerado el artífice del «milagro» económico. Lee diseñó un amplio programa de reformas para sacar a Singapur de lo que él describió como el «pozo negro de la miseria y la degradación» y convertirlo en un país industrializado y moderno, bajo un modelo capitalista con férreo control estatal.

Desde finales de la década de 1960, el gobierno impulsó grandes programas de empleo y la construcción de viviendas sociales, una política social que fue de la mano de un estricto control de la vida privada y la supresión de libertades individuales.

Con el paso del tiempo, el país impresionó al mundo con sus altos niveles de educación, sanidad y competitividad económica, al tiempo que atacó la corrupción, considerado como un mal endémico en la antigua colonia.

Además de la ubicación geográfica, Singapur tiene una serie de ventajas comparativas, dicen los expertos. Entre ellas, «una población capaz de hablar chino e inglés, instituciones sólidas que funcionan y ausencia de corrupción».

A eso suma una fuerte inversión social en vivienda, salud y educación, que fue puesta en práctica desde el inicio del programa de transformación económica.

En paralelo, «Singapur entregó generosos incentivos a los inversionistas extranjeros» para instalarse en el país, permitió el libre flujo de capital y firmó importantes acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, China, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Unión Europea.

Singapur tiene uno de los sistemas educativos más admirados del mundo. Encabeza la lista de resultados de la influyente prueba PISA, aplicada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en 75 países para evaluar el desempeño de los estudiantes en ciencias, matemática y lectura.

El buen desempeño del país se debe a varios factores, como el tener una burocracia gubernamental formada en las mejores universidades del mundo, con una misión bien definida: transformar Singapur, excolonia británica, en uno de los países más ricos, desarrollados y educados del mundo.

Los salarios en el sector educativo de Singapur equivalentes a los de los rubros industrial y bancario atraen a los mejores alumnos recién graduados en las universidades.

El sueldo promedio inicial varía entre US$ 1.600 dólares de Singapur y 3.000 (US$ 1.800 – US$ 3.300). Además, los maestros reciben bonos por desempeño en el aula y pagos por trabajar horas extra. Cada profesor debe participar en al menos 100 horas de actividades adicionales de formación.

Alrededor del 20% del presupuesto total del estado se destina a la educación.

Pero antes de ser una potencia económica y educativa, Singapur estaba entre los países más pobres de Asia. Ahora tiene un gobierno autoritario que limita las libertades individuales y de prensa, y un sistema en el que la obediencia es una garantía de seguridad social y bienestar, y un elemento central en el engranaje de la educación del país.

El objetivo no era solo hacer la ciudad más agradable. Una ciudad más limpia, pensaba Kuan, crearía una economía más fuerte.

«Estos estándares mantendrán la moral alta, la tasa de enfermedad baja y, por lo tanto, crearán las condiciones sociales necesarias para un mayor crecimiento económico en la industria y en el turismo. Esto contribuirá al bien público y al beneficio personal de todos «, dijo.

Y efectivamente, en todos estos aspectos Singapur ha tenido éxito. La esperanza de vida ha aumentado de 66 a 83 (que es la tercera mejor a nivel mundial).

En 1967, las llegadas de turistas fueron un poco más de 200.000 en comparación con unos 10 millones en los tres primeros trimestres de 2018.

Singapur tiene la costumbre de prohibir el comportamiento indeseable de sus ciudadanos y hacer cumplir cada prohibición con sanciones económicas.

La campaña de 1968 «Mantengamos a Singapur Limpia» fue la primera en intentar moderar el comportamiento de los ciudadanos mediante multas. Desde entonces, el país ha adoptado multas con gusto.

Normalmente, las autoridades emiten decenas de miles al año por tirar basura. La multa mínima es de US$ 217. Hay multas por escupir en la calle o usar el wifi de otra persona sin permiso.

Singapur erradicó la inseguridad y la delincuencia con la pena de muerte. La pena capital se instauró como norma en el año 2013.

Para quienes no viven en Singapur y algunos organismos de Derechos Humanos, el modelo que se implementa en el país oriental es muy restrictivo, e incluso no son pocos los que afirman que tiene características autoritarias desde lo jurídico. Sin embargo, de este modo lograron un radical cambio de conducta de la gente, y crearon valores para darle seguridad a sus habitantes. De hecho, tiene uno de los índices más bajos en criminalidad y violencia entre los países asiáticos y del mundo.

Sobre los delitos de abuso sexual y abuso a menores, en Singapur se publica actualmente el nombre de los violadores y se televisan los juicios. Incluso implementan otra curiosa medida como lo es la de habilitar a personas que en parques o espacios públicos, van vestidos de basureros, pero que tienen como finalidad la de detener delincuentes para ponerlos a trabajar.

Los diarios locales publican diariamente las fotografías de los delincuentes y además hablan sobre los delitos que han cometido, condenándolos socialmente para luego llevarlos ante la Justicia, de modo tal que sepan que no pueden hacer lo que quieren y que su accionar tiene consecuencias.

Así las cosas, de ser una de las zonas más conflictiva del mundo, donde las drogas circulaban como si nada, pero hoy Singapur es una nación segura.

Claro que organismos como Amnistía Internacional cuestionaron en reiteradas oportunidades los métodos para lograr tanta seguridad y reducción del delito. En Singapur encontraron la solución a la delincuencia ejecutando a los delincuentes en la horca. Sin embargo, a los familiares de los condenados se les permite recoger el cadáver del ejecutado varias horas después del ahorcamiento, una vez emitido el correspondiente certificado de defunción.

Pero para dar cuenta de lo efectivo del sistema antidelincuancia de Singapur y los éxitos del presente, bien vale recordar que antes de 1960 Singapur era una de los países más violentos del mundo. Estaba entre los lugares con el más alto índices de criminalidad, por su cercanía con Malasia y China, siendo uno de los lugares de mayor tráfico de drogas, lo cual era el pan de todos los días. Había impunidad y malos manejos del gobierno. Las mujeres no podían salir de su casa por miedo a ser abusadas sexualmente y después asesinadas. Era una ciudad sin orden y con un gran índice de tráfico de influencias, eso sin contar que era denominada una de las ciudades más sucias de Asia, y con un tremendo desorden vial.

En la década de 2000 el terrorismo surgió rápidamente y los homicidios eran uno de los mayores problemas de inseguridad; sin embargo al llegar al poder en el año 2004, Lee Hsien Loong, hijo mayor de Lee Kuan Yew, se dieron grandes cambios que se pueden catalogar como represivos y radicales, debido a que atacó las drogas, la corrupción y las violaciones de mujeres, lo que produjo una reducción increíble de la inseguridad, siendo actualmente uno de los países más seguros del Asia.

Hace 12 años en las cárceles había más de 500.000 presos, pero seis meses después, sólo quedaban 50. Se adoptó la pena de muerte y el trabajo forzado para los criminales confesos, narcotraficantes y violadores probados siendo los más repetitivos condenados a muerte. Pero el gobierno fue más lejos todavía, se decretó que toda figura pública corrupta (políticos, policías, militares, etc.) fueran condenados a muerte (eso sí, siempre y cuando se cuenten con pruebas sólidas que los involucren).

La depuración de la policía, sistema judicial y político, más una nueva legislación, le permiten al país gozar de una sólida estabilidad, en donde el contrabando y la posesión de drogas puede originar cadena perpetua o pena de muerte.

Con esa dramática historia a cuestas, con rigor, orden y efectividad en las calles, Singapur se ha convertido en el emblema de los países que lograron erradicar la delincuencia con su pena de muerte.

Por otra parte, la lucha contra la corrupción fue uno de los principales puntos de la campaña que llevó a Bukele a la Presidencia de El Salvador en 2019. Durante su gestión, principalmente con la llegada de la pandemia, diversas investigaciones periodísticas han señalado el supuesto manejo irregular de recursos estatales.

«Si usted es o fue corrupto, ya no dormirá tranquilo. Si usted es un salvadoreño honrado, estará feliz por esta nueva etapa en nuestro país”, advirtió Bukele. También dejó por sentado que el que nada debe, nada teme y que los honrados no tienen nada de qué preocuparse y que los corruptos pagarán por sus delitos y devolverán lo robado.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil en el país (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, tienen más de 70.000 miembros y han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones, la violencia y las estructuras de pandillas deben ser combatidas, evidentemente, a través de una política integral de seguridad pero ningún gobierno ha querido adoptar una práctica como ésa hasta el día de hoy.

El Salvador logró disminuir el índice de muertes diarias de entre 16 y 29 a 3.5 en un período de seis meses, mediante la implementación de una estrategia que implica disciplina, pero también acciones económico-sociales.

Cuando Nayib Bukele asumió, estableció que tenían que poner a la fuerza armada y a la PNC [Policía Nacional Civil] en el territorio de manera contundente, que tenía que complementarlo también con un trabajo de reconstrucción de tejido social, porque esas son las causas principales de la violencia, pero también que tenía que controlar la principal fuente de relación entre la extorsión y el asesinato, que eran los centros penales. Se encontró un enorme desorden en las cárceles, entre los que destaca la libre comunicación telefónica, lo que permitía a los delincuentes seguir operando a pesar de que estaban presos. Tomó medidas mucho más fuertes y puso a estos reclusos en regímenes de aislamiento, además de que ordenó a las empresas telefónicas que suprimieran absolutamente la señal telefónica dentro de las cárceles.

A la par de los operativos y el endurecimiento con los criminales, la administración también trabaja en el restablecimiento del tejido social, con programas como “Sembrando vida”, que pretende beneficiar a 10.000 agricultores salvadoreños con US$ 250 mensuales durante 10 o 12 meses, para que puedan trabajar su parcela.

En tres años de administración del Presidente Bukele se acumulan 128 días con cero homicidios, de los cuales 30 han sido registrados en el período de régimen de excepción.

El pasado 25 de mayo, el Gabinete de Seguridad llegó a la Asamblea Legislativa para solicitar la segunda prórroga del régimen de excepción. La medida busca dar continuidad a las acciones operativas contra las estructuras de pandillas.

La estrategia de seguridad del Gobierno cuenta con el respaldo de más del 91 % de los salvadoreños, tal y como fue confirmado por una encuesta de la firma CID-Gallup.

Además, al mandatario salvadoreño no le ha temblado la mano para someter a los pandilleros en prisión, ya que les quitó colchones y sábanas en sus calabozos. Además, de darle solo dos tiempos de comida con solo frijoles, tortilla y queso.

Bukele compartió un video que muestra a unos pandilleros quejarse porque ya no les dan pollo en el almuerzo, diciendo que es una injusticia. “Injusto es que los salvadoreños compren frijoles para comer y que de esos impuestos, se le compre pollo a sus asesinos”, aseguró el mandatario.

Incluso ha aseverado que en caso de aumentar los delitos y las detenciones, eliminaría “totalmente la alimentación en los centros penales de pandilleros”.

Asimismo, anunció que la comida será racionada para los 16 mil pandilleros, que se quedan confinados en sus celdas durante todo el día. “Muéstrenles este video a sus hijos adolescentes, explíquenles que entrar a la pandilla solo tiene dos salidas: la cárcel o la muerte”.

Nayib Bukele también ha criticado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que han manifestado su preocupación por las radicales medidas que ha adoptado su gobierno durante los últimos días.

“Estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, solo defienden asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre”.

“Los países deberíamos de evaluar retirarnos de estas organizaciones internacionales que solo buscan mantener a nuestra gente sufriendo”, escribió Bukele ante la condena que han hecho diversas ONGs nacionales e internacionales a las acciones tomadas durante los últimos días.

Estas medidas se implementaron luego de un aumento en los homicidios entre el 25 y 27 de marzo. De acuerdo con los datos que ofreció Bukele, desde que se implementó el estado de excepción, se ha producido la detención de 9.000 pandilleros en 15 días.

Además, el Congreso de El Salvador aprobó, a petición de Bukele, reformas para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas y castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.

Singapur arrancó en los setenta el cambio que la llevó a estar entre los primeros países del mundo; Argentina arrancó en los setenta el cambio que la destruyó llevando al poder a los terroristas que dinamitaron el país, secuestraron, torturaron, asesinaron y extorsionaron y hoy nos dejan por debajo de un país africano casi pisando el cuarto mundo.

Tuvimos una oportunidad única de enmendar las cosas allá por los años setenta, de limpiar el país de la lacra subversiva, pero como siempre, nos quedamos a mitad de camino. Los terroristas asesinos apátridas de los setenta, hoy detentan el poder político, están en las más altas esferas, han llegado incluso a la presidencia. Todo por no poner toda la carne al asador.

Los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad que actuaron patrióticamente contra la subversión, fueron condenados y encarcelados por defendernos de quienes quisieron acabar con nuestro modo de vida occidental y cristiano. En contraposición, aquellos que se levantaron contra el orden constitucional, que asesinaron civiles y militares, que colocaron bombas sin importar el que murieran civiles, ellos, fueron “premiados” con cifras cercanas al cuarto de millón de dólares, y muchos de ellos con cargos en los gobiernos del ’83 a la fecha.

Debemos, de una vez por todas, terminar con esta seguidilla de gobiernos apátridas y levantar a esta Nación para colocarla en el lugar que se merece entre las otras del mundo.

Ya que vivimos entre hombres hay que ser uno de ellos; si se vive en un pueblo que lucha por su existencia, no hay que esconderse negándose a reconocer el valor del esfuerzo puesto en la obra de reconstrucción general. Es necesario apreciar la significación de la lucha por la igualdad de derechos que le corresponden entre las otras grandes naciones y su buena voluntad para vivir en paz con los demás y colaborar al bienestar general.

Cesare Santoro

No puedo evitar comparar nuestra situación actual con la de Alemania de la década de 1930:

Millones de obreros sin trabajo vagaban por las calles de las ciudades esperando la ayuda del Estado, que escasamente alcanzaba para satisfacer la más perentorias necesidades de la vida diaria de quien la recibía y de su familia. Apenas podía contarse un hogar que no tuviera al padre o al hijo y con frecuencia a ambos sin trabajo. Las estadísticas dan un cuadro bien claro de esta situación trágica: el número de los sin-trabajo se calcula en más de 6 millones o sea más de un cuarto de la cifra total de los 21 millones de trabajadores y empleados de que dispone la economía alemana. A esta cifra hay que sumar 3 millones de obreros que trabajaban con jornada reducida.

Incluyendo a los familiares, el conjunto de los afectados directamente por la falta de trabajo y por la miseria consiguiente ascendía a 20 millones de personas, es decir, un tercio de la población total de Alemania. En vano se trataba de mantener un apoyo insuficiente y al mismo tiempo humillante para los parados con el presupuesto del Estado y de los Municipios y mediante la enorme suma de más de 3.000 millones de marcos al año. También la situación del artesanado era desesperada. El tesoro de mayor valor y más precioso de Alemania, su mano de obra, estaba improductivo.

En el campo, el labrador había perdido el amor a su terruño y sufría bajo la constante pesadilla amenazadora de la subasta forzosa. La mayor parte de la propiedad de los campesinos se encontraba hipotecada, con frecuencia no solo la finca sino también la casa, de modo que, estando a merced de los acreedores o del fisco, no podían disponer con libertad de su propia tierra. Miles de labradores fueron echados de sus heredades pasando así la propiedad a manos de quienes no sabían cultivarlas con igual esmero. La situación de los que se quedaban, como éstos lo sabían de antemano, no ofrecía ninguna perspectiva para la existencia.

Algunas veces se hicieron reproches a los campesinos por el elevado precio de venta de sus productos, sin embargo estos precios fueron cotizados en la bolsa en beneficio de la especulación y en perjuicio de productores y consumidores. La alimentación del pueblo alemán en su mayor parte fue abastecida con productos extranjeros. Por consiguiente un gran sector de los obreros alemanes no tenían trabajo porque, habiendo disminuido la capacidad adquisitiva del labrador, éste no se encontraba en condiciones de consumir lo que aquellos producían.

Las deudas exteriores contraídas por particulares ascendían a más de 25.000 millones y devengaban un interés diario de 2 millones sin contar la cuota de amortización. No existía un superávit de exportaciones que hubiere permitido la adquisición de las divisas extranjeras necesarias para hacer frente a los enormes pagos.

Muchos municipios se encontraban al borde de la ruina, el aparato administrativo consumía exorbitantes sumas. El número de funcionarios del Estado se componía de más de 95.000 empleados y de 72.000 dependientes y obreros y de más de 250.000 empleados y 44.600 dependientes y obreros en el servicio de correos.

Argentina está en una situación excesivamente parecida con el agravante de que el nuestro es un pueblo de corderos que se dejan llevar al matadero mansamente. Han arruinado al menos tres generaciones, desde los abuelos que no laboran por culpa de los planes, y cada vez es peor. Ahora piden “aguinaldo” y “vacaciones” sin tener en cuenta de que no es un trabajo, no hay una contraprestación por el dinero recibido y tal estafa es aceptada por el Estado corrupto de turno. Nada cambió con el tuerto, ni la porota ni el gato ni el alverso y hasta que no haya un verdadero sentimiento de cambio, nada cambiará, pero la moneda a pagar, al igual que en la Rumania de Nicolae Ceaușescu o en Singapur, va a ser sangre, o no será cambio real.

Los delitos por narcotráfico están castigados con la pena capital, en la horca, fusilamiento, por inyección letal, en Singapur, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.

En Singapur, la pena capital se aplica a los delitos de narcotráfico como la posesión de más de 15 gramos de diamorfina (heroína pura), 30 gramos de cocaína, 500 gramos de cannabis y 250 gramos de metanfetamina.

Indonesia castiga el tráfico de drogas con penas que incluyen entre 5 y 20 años de cárcel, la cadena perpetua o la pena de muerte por fusilamiento, con cantidades a partir de los 5 gramos de cocaína, heroína y metanfetamina, entre otras sustancias.

Vietnam, que aplica la pena de muerte a condenados por tráfico de estupefacientes, asesinato y delitos contra la seguridad nacional, ejecutaba a los reos ante el pelotón de fusilamiento hasta 2011, cuando adoptó la inyección letal.

La depuración de la policía, sistema judicial y político, más una nueva legislación, le permiten a Singapur una sólida estabilidad, en donde el contrabando y la posesión de drogas puede originar cadena perpetua o pena de muerte.

Es hora de que hagamos un corte serio a nuestra situación político-social actual, necesitamos una fuerza política que sea un parteaguas para que volvamos a ser una Nación Grande. Confiemos en Dios, nuestro Señor para que ilumine a los hombres que puedan producir dicho cambio.

¡Argentina Despierta!

DyPoM

Por der Landsmann
Con información de ARgentino PATriota

Notas:

  • Cesare Santoro – El Nacional Socialismo

 

©2022-saeeg®

OTRO FRACASO ENCUBIERTO EN AFGANISTÁN

Isabel Stanganelli*

“Afganistán es el modelo de lo que

se puede alcanzar en Iraq”.

George W. Bush

 

Drogas y terrorismo comparten geografía, dinero y violencia. Si fuera un negocio lícito, las drogas serían el tercer producto mundial de comercio, detrás del petróleo y de las armas. Sin embargo, el narcotráfico no solo es ilegal sino que suele ser sostener otras actividades ilegales —por ejemplo el tráfico de armas— y mantiene vinculaciones con muchas otras que forman parte del gran espectro del crimen organizado.

El opio, producto de la adormidera, es la base para producir morfina, goma de opio y heroína. Así como el Triángulo de Oro —Myanmar, Laos, Tailandia— fue fruto de la Guerra Fría, la Media Luna de Oro con origen en Afganistán lo es de la post Guerra Fría. Hoy es un gran abanico de rutas que se irradian en todas las direcciones posibles con centro en ese país.

En 2003, una hectárea de trigo rendía US$ 350. La misma superficie sembrada con adormidera requería US$ 320 en semillas y rendía US$ 6.150, casi 18 veces más. Tiene menos requerimientos, amplio mercado y puede ser conservado indefinidamente. Muy afectados por décadas de guerras, pobreza endémica y sequías frecuentes y prolongadas, esta actividad permite a los afganos comprar armas, alimentos, protección…

Por otra parte el rendimiento del cultivo hizo elevar el salario de la mano de obra por lo cual se detuvieron las tareas de reconstrucción de puentes y rutas, basadas en menores salarios. Los techos y las escuelas quedaron esperando ante la falta de mano de obra disponible. Mientras el comercio de drogas se expande, los esfuerzos legales para combatirlo quedan rezagados. 

Evolución de los cultivos

Si bien los cultivos en Afganistán son ancestrales, el uso comercial de la adormidera se inició durante la ocupación soviética del país, entre 1979-89, con los muyahidines —sostenidos por la CIA (y Rambo)—. Enviaban la morfina base a Pakistán con conocimiento de la CIA —que sostenía la resistencia— o a Turquía, donde mediante refinación se transformaba en heroína.

La resistencia a la URSS y la posterior guerra civil destruyeron las infraestructuras agrícolas, los principales canales de irrigación y rutas al mercado. Tras el retiro soviético, el país perdió los subsidios de Moscú y no recibió más ayuda de Washington ni —salvo de Pakistán— del resto del mundo. Fue la etapa de la guerra civil entre los grupos que habían repelido la invasión soviética pero que no lograron ponerse de acuerdo para el gobierno de la liberada república. Los señores regionales, líderes de tribus y clanes lucharon entre sí, provistos de importantes fuerzas a las que pagaban, alimentaban, vestían y armaban —y cuya fidelidad compraban— con el dinero que aportaban los crecientes cultivos de adormidera.

En la década de los ‘90 Afganistán ya producía más de 2.000 toneladas/año de opio, superando a Myanmar —1.000 toneladas— y Laos y Colombia con 100 toneladas/año cada una.

Hacia 1996 el triunfante gobierno talibán redujo su producción y solicitó ayuda internacional para subsidiar a los campesinos. Se enviaron en total 3,2 millones de dólares en cinco años —unos 630.000 cada año—[1]. Como consecuencia, los cultivos en Afganistán se incrementaron. El mercado ya abarcaba Europa Occidental, Rusia, Asia Central, Pakistán e Irán. Hacia 1999 Afganistán producía 4.565 toneladas (70% del total mundial), más que todo el resto del mundo incluyendo el Triángulo de Oro.

En 2000, en plena época de cosecha —julio— el Mullah Omar prohibió los cultivos e hizo incendiar los laboratorios de heroína y encarcelar a los campesinos que no destruyeran sus cultivos, si bien no prohibió el comercio de los stocks existentes[2]. Esto se debió a que EEUU afirmaba que el gobierno se sostenía con los ingresos provenientes del comercio de la droga y la medida estaba destinada a probar que no era verdad.

En 2001 se produjeron 185 toneladas. Es decir 96% de reducción en escasos meses. Las provincias bajo gobierno talibán casi no tenían cultivos. Las toneladas de ese año correspondieron a áreas bajo el control de la Alianza del Norte e incluso se incrementaron en áreas no tradicionales, beneficiadas por los mayores precios generados por la menor oferta.

La llamativa reducción en 2001 (es muy difícil en un instante bajar el 96% de cualquier tendencia) fue objeto de numerosas especulaciones: ¿se buscaba reducir la oferta para aumentar su precio? (personalmente no creo pues esto beneficiaria a la Alianza septentrional); ¿reconocimiento del gobierno por la ONU?; ¿levantamiento de sanciones y ayuda internacional? Al menos la solicitaron. En ese momento diplomáticos occidentales advirtieron que si se perdía este gesto los cultivos volverían. Pero el presidente Bush Jr. impidió toda rehabilitación diplomática de los talibán al reclamar la entrega de Osama bin Laden.

En 2002, ya sin los talibán, las Naciones Unidas admitieron —con las tropas occidentales— el colapso total de la ley y el orden en Afganistán. El poco dinero destinado a compensar el cambio de cultivos y la falta de industrias para procesar otros no resultó y la adormidera comenzó a recuperar áreas y por consiguiente la producción (3.200 toneladas). Mazar-i-Sharif y Khanabad incorporaron además cultivos de cannabis —marihuana—. Entre ambas y con el país ocupado, generaron ingresos de US$ 1.300 millones, más que lo recibido en concepto de ayuda exterior por el país ese año.

La alianza ocupante entregó en 2003 semillas de trigo para sustituir cultivos, pero curiosamente en esos lugares fue donde más se cultivó amapola: 6% más que en 2002, 75% del opio del mundo. Los funcionarios a cargo de la reducción de cultivos temían ataques de los campesinos pues los alternativos de trigo resultaron desastrosos.

Este comercio aportó ese año US$ 2.300 millones. Los locales por pocos dólares negaban haber visto siquiera laboratorios y destruían cultivos solo a orillas del camino. Solamente en la provincia de Wardak, próxima a Kabul, la normativa del gobierno fue exitosa. Sus 400 familias, que en 2003 cultivaron 5.400 Ha, destruyeron los cultivos de opio en junio de 2004. La sensación imperante es: ¡ahora no tenemos nada! Cerca se han instalado minas antipersonales para evitar el re-cultivo.

En el resto de Afganistán la tendencia continuó. La Oficina de Drogas y Crimen de la ONU —UNODC— indicó que muchos campesinos incrementaban sus hectáreas cultivadas, otros comenzaban sus cultivos y que ya habían incorporado maquinaria, algo nunca antes destinado a cultivos.

Hace más de una década que los observadores de la ONU señalaban que el país podía colapsar ante las permanentes amenazas de las milicias armadas, la pobreza, la corrupción y la narco-economía.

Mientras la ISAF se ocupaba de Kabul[3], EEUU y el Reino Unido actuaban militarmente en el sur. Pero sus intereses no coincidían. EEUU exportaba valores: libertad, democracia, derechos de las mujeres y en suma, lucha contra el terrorismo. Acusaban a la OTAN y a la ISAF de dejarles la carga más pesada.

El Reino Unido debía responder a acusaciones domésticas: los británicos consumían entre el 50 y el 65% de la heroína introducida en toda la UE y el 90% provenía de Afganistán.

En 2001 Tony Blair indicó que el Reino Unido iba a Afganistán a parar el flujo de drogas y que la remoción de los talibán lo lograría. Pero resultó que las armas que éstos compraban eran pagadas con la vida de los adictos en las calles británicas.

En julio 2000 el opio en Afganistán valía 44 U$S/Kg, después de S-11: 95 U$S. Actualmente supera los 150 U$S el Kg. Debemos tener presente cómo se va encareciendo el producto hasta su destino final.

Actualmente Afganistán cuenta con una superficie destinada para el cultivo de adormidera en constante crecimiento: según cifras de la ONU pasó de 70.000 hectáreas en 1994 a alrededor 250.000 hectáreas en los últimos cuatro años.

En 2021, luego de 20 años, los EEUU se han retirado del país sin alcanzar ninguno de sus objetivos.

Gracias al opio este país ahora cuenta con recursos económicos más que suficientes para reconstruirse económicamente. Pero el trauma de siglos de atropellos sufridos —debido a la avidez de unos pocos o a lo estratégico de su posición— determina un futuro extremadamente incierto.

* Profesora y Doctora en Geografía (UNLP). Magíster en Relaciones Internacionales (UNLP). Secretaria Académica del CEID y de la SAEEG. Es experta en cuestiones de Geopolítica, Política Internacional y en Fuentes de energía, cambio climático y su impacto en poblaciones carenciadas.

 

Referencias

[1] Solamente en 1997 Laos recibió 4,2 millones de ayuda internacional y en 1998 Colombia 399 millones.

[2] La amapola se siembra entre septiembre y enero -dependiendo de las regiones-. En julio lo no cosechado debía ser destruido.

[3] De hecho jamás se dieron condiciones de seguridad como para que se alejaran demasiado de Kabul.

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LAVADO DE DINERO

Marcos Kowalski*

Imagen de klimkin en Pixabay

Cuando hablamos de “lavado de dinero” podemos decir que, al parecer, tuvo su origen en la práctica delictual de diversos grupos de la mafia, quienes en la década de los años veinte, en Estados Unidos de Norteamérica, utilizaban los comercios de lavanderías de ropa como fachadas para la realización de sus actividades ilícitas.

De ese modo, estos delincuentes adquirían estos establecimientos con el objeto de otorgarle una apariencia legítima al dinero obtenido mediante las prácticas criminales que llevaban a cabo, declaraban que sus activos ilegales, provenían del funcionamiento legal de sus comercios de lavandería, logrando así en aquella época, “lavar” su dinero e introducirlo al circuito económico como legal.

Aun cuando algunos dicen que lo narrado es un mito, por cuanto es casi imposible conseguir comprobarlo en forma fehaciente y para esa época no existían restricciones ni regulaciones punitivas de lavado de activos, de cualquier forma y más allá de la discusión del origen del término “Lavado de dinero”, recién para el año 1986, se transformó en un tipo penal, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, países pioneros en criminalizarlo.

La internacionalización del delito tuvo lugar en el año 1988, con la firma de la denominada Convención de Viena contra las drogas. Es que, en los años 80, las estructuras u organizaciones criminales de escala internacional, inicialmente dedicadas al narcotráfico, perturbaron el orden institucional de algunos países, tanto en las fuerzas de seguridad, como sus sistemas económicos, de justicia y de gobierno.

Citemos como ejemplo, lo ocurrido en esa época en la República de Colombia, donde los principales cárteles de Medellín, Cali y Del Valle; lograron un poder económico tal, que corrompían voluntades políticas, judiciales, policiales, civiles, creando inclusive fuerzas propias de seguridad y ataques que pusieron en riesgo al propio país.

La denominada “Comunidad Internacional” debió responder a estas organizaciones delictivas que traficaban a través de las fronteras, mediante la creación de numerosos instrumentos supranacionales para su prevención y lucha, el que se llevó a cabo mediante un proceso progresivo de estandarización.

Se destacan en este aspecto además de la Convención de Viena de 1988, contra el tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el Consejo de Europa y la Unión Europea, ya que los países que la integraban comenzaron a analizar los aspectos penales del abuso y tráfico de drogas que culminó en 1990 con el Convenio sobre blanqueo, investigación embargo y decomiso del producto del delito en Estrasburgo, Francia.

Cabe mencionar asimismo al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en 1989 por los países integrantes del G-7 —que estableció 40 recomendaciones estándares internacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo—, como así también el reglamento modelo sobre el control de lavado de la Comisión de OEA de 1992, la Convención de Palermo del año 2000 y a escala regional, en América del Sur, podemos citar al Gafisud.

De todas estas convenciones emerge la idea de realizar acciones tendientes al recupero del producto del delito, pues de esa forma se desmantelan los incentivos de quien delinque. Se destaca que fue la Convención de Palermo la que amplió la cantidad de delitos precedentes al lavado, ya que antes se limitaba al narcotráfico, a la vez que establece la responsabilidad de las personas jurídicas y criminaliza el autolavado.

Es el GAFI, como ente hacedor de políticas, como se ha mencionado, el que diseña estándares internacionales para promover la implementación de medidas operativas y legales contra el lavado de dinero, ahora llamado lavado de activos. La Organización de Estados Americanos (OEA), basada en estas políticas, insta a crear un régimen preventivo de lavado de activos, reclamando la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para recopilación, análisis e intercambio de información sobre la materia e informar operaciones sospechosas.

La Argentina se fue adaptando al cambio establecido por los estándares internacionales, atravesando el proceso de criminalización del lavado de activos a través de diversas etapas donde sucesivamente fue variando su ámbito de tutela.

La etapa inicial comenzó en el año 1989 cuando se sancionó la ley 23.737 de estupefacientes y psicotrópicos, donde el bien jurídico protegido es la “salud pública”; recordemos que la Convención de Viena fijó estándares en materia de lucha contra el narcotráfico, dado que el lavado de activos solo era concebido como un ilícito penal exclusivamente ligado al narcotráfico.

Párrafo aparte merece la incorporación que efectuara la citada ley de nuevos institutos al procedimiento penal, como la figura del agente encubierto, entrega vigilada, el arrepentido, prórroga de jurisdicción; todos ellos tendientes a lograr avances en la lucha contra el narcotráfico.

Como segunda etapa, en el año 2000 se derogó el art. 25 de la ley 23.737, reformulándose por completo la figura del lavado, que pasó a ser criminalizada en el art. 278 del Código Penal como una forma especial de encubrimiento, situado dentro de los delitos contra la administración pública, conforme lo estipulado mediante la sanción de la ley 25.246.

Esta es una reforma trascendental, pues significó la “desnarcotización” para el origen del lavado, ya que ahora se admitía como precedente a todos los delitos del sistema penal. Según la doctrina imperante, los bienes jurídicos tutelados por dicho delito eran la administración pública en general y la administración de justicia en particular.

Un tercer momento de criminalización del lavado, lo vemos con la sanción de la ley 26.683 del año 2011, la que adecuó el tipo penal de lavado de activos a los estándares internacionales fijados en el tema, desvinculó al lavado de activos de la figura de encubrimiento, se reformuló su configuración típica permitiendo reprimir el “autolavado”, también se instituyó la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el decomiso sin necesidad de condena previa (solo en algunos casos) en materia de lavado de activos. Así se creó un nuevo título de delitos en el Código Penal argentino, denominado Delitos Contra el Orden Económico y Financiero, quedando estos bienes jurídicos bajo su órbita penal de protección. Cuando se salvaguardan en forma simultanea dos o más valores jurídicos, se suele identificar al delito como pluriofensivo o multiofensivo, en contraposición con aquellos que protegen un único bien jurídico uni-ofensivo.

A los efectos de mejor claridad reproduciremos los artículos 303 y 304 del Código Penal Argentinos plenamente vigentes en la actualidad:

Artículo 303.

“1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:

a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;

b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial.

3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

5) Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.

(Artículo incorporado por art. 5º de la ley N° 26 683 B.O. 21/06/2011)

Artículo 304.

“Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente:

  1. Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor de los bienes objeto del delito.
  2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años.
  3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años.
  4. Cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad.
  5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere.
  6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.

Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica.

Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4.”

 

Debemos puntualizar que se trata de un delito de resultado de peligro, de modo que, para tenerlo por configurado, no hace falta que los bienes hayan adquirido efectivamente apariencia de origen lícito; basta con que haya existido un peligro concreto de que ello sucederá.

Al respecto, nótese que la propia norma así lo explicita al indicar “con la consecuencia posible”, lo que permite colegir que, siendo las acciones idóneas para lograr el fin propuesto, el delito estará consumado.

Por otro lado, y sobre el conocimiento o bien la sospecha por parte del autor o partícipe del delito de blanqueo de dinero, del origen ilícito del capital, sentenció la Cámara Nacional de Casación Penal en los autos «ORENTRAJCH», que «(…) (no es necesario) que el autor o quienes participan en un proceso de lavado, tengan la concreta finalidad de darle a los bienes una apariencia de licitud; basta con que el autor sepa que con su acción puede ser que los bienes ilícitos adquieran aquel carácter (…)» y agrega que «(…) se ha sostenido que el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes por parte del sujeto activo, no implica que este debe ‘…saber a ciencia cierta cuál fue la concreta figura cometida, ni las circunstancias específicas de orden jurídico concurrentes sobre el caso…’ (…)».

Se trata, como vemos, de un delito doloso, pero que admite la posibilidad de un obrar con dolo eventual. De tal modo, no es requisito la demostración acabada del conocimiento por parte del sujeto activo en torno a la ilegal procedencia del dinero que se está blanqueando, sino que resultará suficiente acreditar, a partir de las particularidades del caso, que debió sospechar de la ilicitud de ese capital.

Nótese, además, que la letra del código indica al referirse como elementos prohibidos de ingresar en el sistema económico legal, a los bienes provenientes de un “ilícito penal”, no haciendo referencia a la ocurrencia de un delito propiamente dicho.

Hasta aquí nos hemos referido a los aspectos legales y a las implicancias jurídico penales que pueden aplicarse al sujeto que cometa el delito de lavado de activos o lavado de dinero, pero ¿cómo se realizan en la actualidad las distintas operaciones de lavado? Es de público y notorio que existen causas penales en proceso donde se imputa, en estos momentos, a diversas personas el delito. La procedencia de los fondos; tradicionalmente provenían del narcotráfico, pero ahora están más vinculados a la corrupción (como los sobreprecios en la obra pública) y la evasión.

Las modalidades más utilizadas para el blanqueo fueron siempre más o menos las mismas, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera (GAFI): a través de estructuras societarias “pantalla” (compañías, fideicomisos, etcétera) y los llamados “sistemas informales de transferencia de valores”, más conocidos como “cuevas financieras”.

Pero hagamos una breve descripción de los procedimientos más usuales del “Lavado de Activos” en nuestro país. Como decíamos, la mayor forma de blanquear dinero en Argentina es enviar los fondos a sociedades “pantalla” en paraísos fiscales, desde donde suelen derivarse a lugares con alto secreto bancario, como las islas Seychelles.

Sociedades o corporaciones que casi nunca están a nombre del verdadero titular y desarrollan pocas o ninguna de las actividades que oficialmente dicen, sino que aparentan hacerlas y presentan como ingresos legales a la plata en negro. Hasta que los fondos llegan al destino final en un “paraíso bancario” como Antillas Neerlandesas (Curazao, y San Martín) pertenecientes a los Países Bajos, por ejemplo.

Estas sociedades, en conjunto con otras u otros intermediarios, pueden hacer sucesivas operaciones financieras para dificultar el rastreo del origen del dinero, por ejemplo, transferencias entre bancos, cambios de moneda, compra de bienes físicos de gran valor (yates, casas, autos) o financieros (cheques, acciones, bonos, Bitcoin), entre otras. Lo único que cambia en el esquema de usar sociedades “pantalla” en el país es la forma de mandar la plata al exterior: puede hacerse a través de entidades financieras legales o de cuevas ilegales.

Para hacer esto, las cuevas suelen utilizar una operación llamada “dólar cable”, por la que cobran una tasa del 7% al 10%, usando la plata de otra persona en el exterior que quiera “entrar” dinero al país para abrir la cuenta afuera, y los fondos de quien quiere “salir” para ingresar los billetes del otro. Una vez afuera, el dinero sigue el mismo circuito que con la anterior forma; va a sociedades “pantalla”, que muchas veces las cuevas se encargan de abrir, y de ahí sigue hacia otro destino, como paraísos fiscales o “bancarios”.

Además de este servicio, las cuevas ofrecen otras modalidades para lavar dinero, como comprar cheques, con una comisión del 2,5%, a empresas que tienen una parte de su facturación en negro. Y también suelen hacer operaciones de “contado con liqui”, comprando bonos en pesos con fondos negros que luego venden en dólares en el extranjero, fuera del alcance del fisco.

Otra modalidad bastante usada en el lavado es la sobrefacturación de importaciones y exportaciones, o la llamada “doble facturación”, a través de la que se “pasa” dinero negro sobrevaluando operaciones comerciales con el exterior. La maniobra tiene el plus de que, en tiempos de cepo cambiario, puede conseguirse autorización del Banco Central para enviar valiosos dólares afuera.

Una variante que va perdiendo vigencia, pero que debemos mencionar, son los llamados “auto-préstamos”, mediante los cuales una empresa constituye una sociedad en el exterior, supuestamente sin vinculación a ella, para girarle dinero por supuestas deudas. También puede darse que dos empresas del mismo grupo se manden fondos “inflados” entre sí, por ejemplo, de una subsidiaria a una matriz.

A todas estas prácticas hay además que sumar en la actualidad el uso del Bitcoin y de las criptomonedas para lavar dinero. Autoridades gubernamentales, representantes de instituciones financieras y voceros de empresas argumentan que las criptomonedas, “sin fronteras, sin autoridad central, sin control ni censura y que permiten el anonimato, son un vehículo ideal para actividades delictivas, especialmente para el blanqueo de capitales”. También usan a ONG de discapacidad.

Tendríamos que preguntarnos por qué por si solas tienen más capital y poder y cantidad de sedes que fábricas de productos y servicios reales.

Pero, así como los mafiosos de antaño utilizaban “lavanderías” los delincuentes organizados de hoy, “blanquean” sus dineros ilícitos en la “producciones de espectáculos” y en la “edición de publicaciones” y “libros” virtuales o impresos, como sería el caso de afamados políticos en estos últimos años con dineros provenientes de la corrupción. En este sentido es particularmente llamativa la gran proliferacion literaria de políticos y de otras personalidades.

Pareciera como que se produjera lo que algún amigo nos refirió como “síndrome Borges” a muchos se les da por “escribir” libros de un éxito asombroso, incluso se venden antes de su presentación pública, debemos decir que, desde las épocas de los grandes escritores, el abultar cifras de ventas de libros, impresos o virtuales, también se utilizó para encubrir dineros ilícitos.

Del mismo modo, “recitales” o “eventos deportivos” fueron también muy utilizados a escala mundial, de los que figuras de relevancia fueron sospechosas de estar comprometidas en esas actividades; tampoco se debe dejar de mencionar en este accionar a los “pases de futbolistas” y todo el negocio relacionado a ese deporte que, puntualmente, tiene implicados a dirigentes de la misma FIFA.

 

* Jurista USAL con especialización en derecho internacional público y derecho penal. Politólogo y asesor. Docente universitario.

Aviador, piloto de aviones y helicópteros. Estudioso de la estrategia global y conflictos. 

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