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LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO ORDEN ECONÓMICO MUNDIAL EN EL QUE LAS FUERZAS EMERGENTES TENGAN MÁS PESO

Giancarlo Elia Valori*

Imagen: Scartmyart,  https://pixabay.com/es/users/scartmyart-3524821/

En el contexto de la creciente inestabilidad e incertidumbre en la recuperación económica mundial y los graves desafíos para el crecimiento económico mundial, debatir un nuevo orden económico mundial puede convertirse en una plataforma importante para promover la cooperación y la recuperación económicas internacionales.

En los últimos tiempos, el profundo impacto de la crisis financiera internacional no se ha eliminado fundamentalmente. La tasa de crecimiento de la economía mundial se ha desacelerado. El crecimiento económico en las economías desarrolladas ha sido lento y la tasa de desempleo se ha mantenido alta.

Sin embargo, las principales economías desarrolladas han seguido aplicando políticas monetarias acomodaticias y la liquidez mundial ha aumentado considerablemente. El aumento de la volatilidad de los precios de las materias primas y los tipos de cambio de las principales monedas ha intensificado las burbujas especulativas y las presiones inflacionarias en los mercados emergentes, aumentando así la inestabilidad y la incertidumbre en la recuperación de la economía mundial.

En particular, los problemas de deuda soberana de los Estados Unidos y de los países europeos han causado preocupaciones ocultas en la economía mundial y se han convertido en uno de los principales riesgos que amenazan la estabilidad y el crecimiento de la economía mundial hoy y en los próximos años.

En este contexto, los ciudadanos están particularmente preocupados por cómo resolver los problemas económicos globales actuales. La gente se pregunta si hay contradicciones institucionales y estructurales detrás de la serie de crisis económicas y financieras. Con miras a resolver las contradicciones y los problemas, debemos repensar la necesidad y la urgencia de establecer un nuevo orden económico internacional. En las últimas décadas hemos sido testigos de nuevos cambios en la situación económica mundial, que van desde la gran crisis de 2007-2008 hasta la pandemia de Covid-19 y la guerra ruso-ucraniana. La recuperación económica de las principales economías desarrolladas es lenta y las economías emergentes están desempeñando el papel de motores del crecimiento económico. En la primera década del siglo XXI, la tasa de crecimiento anual promedio de las economías emergentes superó el 6%. China registra la tasa de crecimiento más alta de todos los países BRICS, con una tasa anual promedio de más del 10%. Los países BRICS representan el 42% de la población total del mundo; aproximadamente el 30% de la superficie total del mundo; el 18% del producto interno bruto mundial; el 15% del volumen del comercio mundial y el 75% de las reservas mundiales de divisas.

Estos cambios económicos a gran escala han alterado tradicionalmente el panorama económico internacional y el equilibrio de poder. Existe una fuerte demanda de reformar el orden económico internacional tradicional que se creó principalmente en la era de la hegemonía económica estadounidense-europea. De hecho, la influencia económica de los países BRICS ha producido un poder de irradiación sin precedentes, promoviendo así efectivamente el desarrollo de la economía regional y creando, en particular, un efecto puente entre los países de mercados emergentes de la región.

La reforma y el desarrollo son las principales demandas y el consenso de todos los países y regiones del mundo. El presidente del Banco Mundial, el estadounidense Robert Zoellick (2007-2012), afirmó hace tiempo que la actual crisis de deuda entre Estados Unidos y Europa y la fragilidad de la recuperación económica mundial han puesto en peligro la economía mundial y que, por lo tanto, la comunidad internacional debe fortalecer la cooperación multilateral para superar las dificultades. Christine Lagarde, que desde 2019 es la presidenta francesa del Banco Central Europeo, ha reafirmado que la economía global actual ha entrado en una «nueva fase peligrosa» y los riesgos a la baja siguen aumentando.

La coordinación de las políticas económicas mundiales es particularmente importante. En resumen, la crisis de la deuda entre Estados Unidos y Europa exige a la comunidad internacional que promueva aún más la reforma del sistema económico internacional y desarrolle el orden económico internacional en una dirección más justa y razonable. En la actualidad, los países del mundo están interconectados, son interdependientes y sus intereses están estrechamente entrelazados a un nivel sin precedentes. El futuro y el destino de un país están cada vez más entrelazados con los procesos futuros y es de interés común para todos los países trabajar juntos y ayudarse mutuamente, ya que todos están en el mismo barco. En particular, la comunidad internacional puede cooperar en algunas cuestiones en el futuro.

La primera cuestión es construir un sistema de desarrollo mundial equitativo y eficaz; fortalecer las instituciones de desarrollo; aumentar los recursos para el desarrollo e implementar plenamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.

Las crisis financieras internacionales siempre han provocado reflexiones, análisis y discusiones entre los países sobre el desarrollo desequilibrado de la economía mundial. En términos básicos, el mayor desequilibrio en la economía mundial es el desarrollo desequilibrado entre el Norte y el Sur, y la mayor contradicción de la economía mundial radica en el atraso de los países en desarrollo.

Sin el desarrollo económico de los países del Tercer y Cuarto Mundo, no habrá un desarrollo estable a largo plazo de la economía mundial. Promover el crecimiento económico sostenible en los países en desarrollo es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el planeta. El crecimiento y el desarrollo son fundamentales para erradicar la pobreza y lograr la estabilidad operativa y la paz tanto entre los países hasta ahora desfavorecidos como entre las superpotencias, que se infiltran en ellos no por su bienestar sino para obtener ventajas geopolíticas.

Los países desarrollados deben cumplir sus compromisos internacionales lo antes posible y prestar más apoyo y asistencia a los países en desarrollo en términos de capital, tecnología y margen de maniobra política. Esto último siempre ha faltado, ya que las antiguas potencias colonizadoras siempre han logrado dirigir los nuevos Estados independientes que ya poseían.

La comunidad internacional debe seguir esforzándose por promover el desarrollo en los países en desarrollo, establecer una alianza mundial equitativa y eficaz con responsabilidades y beneficios compartidos, así como trabajar de consuno para alcanzar plenamente los objetivos de desarrollo del Milenio, como se prevé al menos en teoría.

La segunda cuestión es construir un sistema monetario y financiero internacional justo, equitativo, inclusivo y ordenado, apoyar el desarrollo económico mundial y aumentar la voz y la representación de los mercados emergentes y los países en desarrollo en el sistema monetario y financiero internacional.

Por razones históricas, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha tenido una posición dominante en el sistema monetario y financiero internacional, y los activos denominados en dólares estadounidenses, como letras del tesoro, etc., también se han convertido en los principales elementos de inversión en el mundo. Esto también hace que la política económica interna de los Estados Unidos tenga un impacto decisivo en la economía mundial.

En las crisis financieras internacionales, la tendencia estructural de la depreciación del dólar estadounidense ha sido más claramente visible. Algunos analistas incluso creen que la profundidad de la crisis de la deuda estadounidense es una «crisis de confianza» en el propio dólar. Desde el establecimiento del sistema monetario internacional dominado por el dólar, el valor del dólar ha sido garantizado por el poder nacional y militar de los Estados Unidos. A medida que disminuye el poder nacional de los Estados Unidos, la capacidad de garantizar el dólar se ve inevitable y negativamente afectada.

A juzgar por la composición de las reservas de divisas de varios países en los últimos años, la proporción de activos denominados en dólares estadounidenses ha disminuido año tras año. Daisy Li, economista jefe de Standard Chartered Bank en el Reino Unido, dijo que desde el estallido de la crisis de deuda de Estados Unidos, el dólar «parece muy frágil». Akira Sugano, del Instituto de Investigación Mizuho de Japón, cree que a largo plazo la caída del estatus del dólar estadounidense como moneda de referencia internacional será inevitable.

La crisis ha puesto de manifiesto las deficiencias y deficiencias del actual sistema monetario y financiero internacional, lo que demuestra que es necesario reformar y mejorar el sistema y que es necesario establecer un sistema de moneda de reserva internacional estable, fiable y de gran alcance. Robert Zoellick cree que el mundo está experimentando un «restablecimiento del sistema financiero global» y que el centro de gravedad económico se está desplazando rápidamente hacia países y regiones en desarrollo como China, India, Brasil y el sudeste asiático. En el futuro, las economías en desarrollo tendrán una posición más importante en el sistema mundial de regulación monetaria y financiera. Sonsoles Castillo Delgado, investigadora española del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, ha enfatizado que no es necesario que los países desarrollados insistan en tener una mayoría de derechos de voto en el FMI para mantener una posición favorable, ya que su demanda de una mayor representación no es bienvenida y, por lo tanto, está inaceptablemente bloqueada.

La comunidad internacional debe implementar de manera proactiva los objetivos de reforma del FMI establecidos en varias cumbres del G20. La estructura de gobernanza de las instituciones económicas y financieras internacionales debe reflejar los cambios en el modelo económico mundial y aumentar la voz y la representación de las economías emergentes y los países en desarrollo. Al examinar el papel de los Derechos Especiales de Giro en el actual sistema monetario internacional, incluida la composición de la cesta de monedas de Derechos Especiales de Giro, se debe prestar más atención a los riesgos de grandes entradas y salidas de capital transfronterizas que enfrentan las economías emergentes. La reforma financiera internacional, la mejora de la coordinación de las políticas y la cooperación normativa entre los países también deben estudiarse y mejorarse con miras a promover el desarrollo continuo del mercado financiero mundial y el sistema bancario. La tercera cuestión es construir un sistema justo y razonable de libre comercio internacional; oponerse a todas las formas de proteccionismo; fortalecer el sistema multilateral de comercio y promover el rápido logro de los objetivos de la Ronda de negociaciones de Doha para el Desarrollo, que ya habían sido defendidos por la Ronda de Doha, es decir, la 4ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Doha en noviembre de 2001, que puso en marcha una ronda de negociaciones que aún está en curso. El objetivo principal de la Ronda de Doha, conocida como el Programa de Doha para el Desarrollo, es restablecer el diálogo entre las economías industrializadas y emergentes después de la interrupción que siguió a la Conferencia Intergubernamental de Seattle (1999), con el objetivo de esbozar acuerdos comerciales que favorezcan y estimulen el desarrollo de las economías menos avanzadas.

En el contexto de la crisis de la deuda en los Estados Unidos y la Unión Europea, el proteccionismo comercial ha vuelto. Global Trade Alert, una organización de investigación para asuntos de comercio internacional, ha publicado un informe que indica que el impulso del proteccionismo comercial global está aumentando y que cada vez más países están obteniendo ventajas específicas para sus economías al obstaculizar la competencia y restringir las importaciones. La nueva ronda de proteccionismo comercial es implementada principalmente por los países desarrollados. Para hacer frente al lento desarrollo económico de sus países, proteger su mercado interno y su industria, así como mantener su posición dominante en el comercio internacional, estos países han adoptado medidas nuevas y más encubiertas, como barreras verdes, barreras técnicas, medidas antidumping y derechos de propiedad intelectual en nombre de un comercio justo y equitativo.

Sin embargo, el proteccionismo simplemente no puede salvar a ninguna economía enferma. Si las medidas de protección comercial se adoptan a ciegas, aunque pueden aumentar la exportación de productos nacionales a corto plazo, sin duda dañarán la relación de cooperación con los interlocutores comerciales e incluso harán que los interlocutores comerciales adopten las mismas contramedidas. Por lo tanto, la comunidad internacional debe oponerse a todas las formas de proteccionismo comercial, apoyar un sistema comercial multilateral fuerte, abierto y basado en normas, representado por la Organización Mundial del Comercio, con el fin de apoyar el progreso actual de las negociaciones de la Ronda de Doha, cuyo objetivo es promover los primeros resultados positivos, globales y equilibrados de las negociaciones y construir un sistema internacional de libre comercio justo y razonable.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

 

 

GUAYANA ESEQUIBA: EVOLUCIÓN DE LA CADENA TITULATIVA DESDE UNZAGA Y AMÉZAGA HASTA HOY

Abraham Gómez R.*

La Sala Juzgadora de la ONU ha decidido en una serie de sentencias, que sentaron jurisprudencias, que un Título Jurídico preexistente prevalece sobre una circunstancial administración u ocupación ilegítima de un territorio en controversia, por parte de otro Estado, en condición de usurpador.

Sobre el anterior particular, estamos obligados a decir en verdad y justicia que la República Cooperativa de Guyana no posee el más mínimo documento de acreditación sobre la extensión territorial que el Imperio Británico nos desgajó (a partir de 1814) y los gobiernos guyaneses han venido alentando tal delito de apoderamiento.

En el actual Proceso jurisdiccional en que nos encontramos, la delegación de la excolonia inglesa ha abusado de la honorabilidad de la Corte cuando incurre en la conocida falacia post hoc ergo propter hoc (“después de haber recibido del Reino Unido esa extensión territorial, en consecuencia, nos pertenece”).

Ese correlato forzado nunca será un indicador fiable y menos admisible en un juicio con las características en el cual nos encontramos. Están obligados a demostrar y probar con justos títulos traslaticios: ¿Cómo adquirieron esos 159.500 km2?

Guyana no posee títulos de nada sobre la Guayana Esequiba ni por descubrimiento, ni por conquista, ni por asentamiento o tratado; ni por prescripción o por abandono del anterior descubridor.

Contrariamente, Venezuela enarbola, orgullosamente, el acaudalamiento de dos Justos Títulos para comparecer ( en abril de 2024) y probar ( en la debida ocasión), con plena seguridad, por ante la Corte Internacional de Justicia que la Guayana Esequiba desde siempre ha sido nuestra; por lo que consideramos írrito y de nulidad absoluta el Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899, cuyo contenido ―sin validez, eficacia ni fuerza jurídica― pretende borrar la gesta histórica de nuestros libertadores. de la cual nos sentimos honrados los venezolanos.

En base a ese citado “laudo”, que constituye un adefesio jurídico, es donde la contraparte asienta su causa de pedir, por ante la Sala Jurisdicente.

Prestemos atención a esta breve narrativa. Al producirse las Reformas Borbónicas, una de sus consecuencias directas y favorables para las provincias de España que estaban desarticuladas e inconexas con el Virreinato de   la Nueva Granada; constituyó ―precisamente— la creación de la Capitanía General de Venezuela, por Real Cédula de Carlos III, el día 8 de septiembre de 1777, en cuyo documento nombra a Luis Unzaga y Amézaga, como su primer Capitán General.

Así entonces, las provincias de Maracaibo, Venezuela (Caracas), Nueva Andalucía (los actuales estados Anzoátegui, Monagas y Sucre), Margarita, Trinidad y Guayana (hasta la mitad del rio Esequibo).

Estas provincias, que para ese momento se encontraban sin una determinada configuración político-administrativa, nacen al mundo como Capitanía General.

«Yo el Rey, pido que cumplan las órdenes en asuntos de mi Real Servicio. He tenido a bien resolver los muchos inconvenientes y para lograr la unidad, por lo respectivo al manejo de mi Real Hacienda  y evitar el retardo de las providencias por las distancias con el Nuevo Reyno de Granada  y lo que en lo sucesivo  les comunicare en todo lo gubernativo y militar, procedo a crear la Capitanía General de Venezuela, con Caracas de capital; y que así mismo den cumplimiento los Gobernadores de las Provincias de Maracaibo, y Guayana a las Provisiones que en lo sucesivo despachare mi Real Audiencia de Santo Domingo, admitiendo para ante ella las apelaciones que se interpusieren según y en la forma que lo han hecho, o debido hacer para ante la de Santa Fe, que así es mi voluntad. Dada en San Ildefonso a ocho de septiembre de mil setecientos setenta y siete, –en lo gobernativo y militar. las provincias de Cumaná, Maracaibo, Guayana, Trinidad y Margarita (hasta este entonces dependientes del Virreinato de Nueva Granada) y ordenando a los gobernadores de dichas provincias que obedezcan al Capitán General de la Provincia de Venezuela y que cumplan sus órdenes».

(Cita parcial de la Real Cédula de Carlos III, donde crea la Capitanía General de Venezuela. 08 de septiembre de 1777).

Esa actitud integrativa y unificadora en lo político-territorial comporta, en sí misma, una realidad jurídica nueva; que viene a conferirnos nuestra partida de nacimiento; con lo cual quedaron integradas, bajo una misma jurisdicción política y militar las principales provincias que, posteriormente, conformaron el territorio de la República de Venezuela.

Hoy ese documento es nuestro primer Justo Título, de pleno derecho ―iuris et de iure―, prueba constituyente directa; por cuanto, significa el basamento y génesis de nuestra territorialidad; incluyendo- por supuesto- la provincia de Guayana (hasta la mitad del rio Esequibo), que había sido fundada en 1532.

Al proseguir con nuestro relato histórico-jurídico, nos conseguimos con otro Justo Título traslaticio que nos respalda.

Me refiero al total reconocimiento de nuestra independencia, contemplado en el “Tratado de Paz y Amistad entre España y Venezuela”, suscrito el 30 de marzo de 1845:

«Yo, Su Majestad Isabel II, Reina de España usando de la facultad que me compete por decreto de las Cortes generales del Reino de 4 de diciembre de 1836, renuncio por sí, mis herederos y sucesores, la soberanía, derechos y acciones que me corresponde sobre el territorio americano, conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, hoy República de Venezuela. A consecuencia de esta renuncia y cesión, S.M.C. reconoce como Nación libre, soberana e independiente a la República de Venezuela…» (Omissis)

Aunque poseemos muchos más elementos de probanzas ―con similar fuerza y densidad―; por lo pronto, diremos que bastan esos dos Justos Títulos traslaticios, análogos a juicios idénticos en la Corte que ya han sentado absoluta jurisprudencia y han sido admitidos como pruebas constituyentes directas, revestidos de intangibilidad.

Sin embargo, podemos reforzar, al día de hoy, con el acertado contenido del artículo 10 de nuestra vigente Constitución Nacional:

«El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad».

En lo más actual e inmediato. Habiendo llevado Guyana el caso, unilateralmente, a la Corte para arreglo judicial, nosotros estamos dispuestos a encarar la controversia para honrar la memoria de quienes nos antecedieron en esta lucha, por el presente de Venezuela y por las generaciones futuras; para lo cual estamos estructurando el memorial de contestación de la demanda y otras probables estrategias procesales.

Nuestra petición de justicia tiene suficiente fuerza jurídica, cartográfica e histórica; como también, el rigor moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por la Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela. Asesor de la ONG MI Mapa.

 

LOS ACUERDOS DE MADRID CUMPLEN LAS CONSIGNAS DE LORD SHACKLETON

César Augusto Lerena*

En 1848 Sir William Molesworth, quien en 1855 sería el secretario de Estado para las Colonias del Reino Unido, decía: «En las miserables islas Malvinas, no se da el trigo, no crecen árboles, están abatidas por los vientos; desde 1841 nos costaron 35 mil libras, sin retorno ni beneficio alguno. Decididamente, soy del parecer que esta inútil posesión se devuelva, desde luego, al Gobierno de Buenos Aires, que justamente la reclama».

Pasarían 128 años para que los británicos se dieran cuenta que la riqueza estaba en el mar y no en las islas, cuestión, que los gobernantes argentinos siguen sin entender. El 3 de enero de 1976 llegaba a Malvinas Lord Shacketon y seis meses después, el 21 de julio, el Foreign Office presentaba en 450 páginas el relevamiento sobre la pesca, la producción lanera, el petrolero y la minería, informando que en un radio de 200 millas de Malvinas podrían encontrarse “uno de los mayores recursos mundiales de proteínas” y decía que solo la “pescadilla azul” representa el volumen total de la pesca del Reino Unido. Para ese entonces en las islas ya se pescaba bacalao, polaca, merluzas varias, abadejo y calamares; especies que, hasta nuestros días, son explotadas ilegalmente en Malvinas, extrayendo un promedio de 250 mil toneladas anuales.

Las recomendaciones de Shackleton fueron suficientemente estimulantes para justificar la continuidad de la invasión británica en Malvinas, ya que si bien la actividad pesquera argentina en el continente estaba iniciando su producción industrial y el comercio exterior, las capturas nacionales en el extremo sur eran casi inexistentes. El total de las exportaciones pesqueras argentinas en 1976 alcanzaban solo las 113 mil toneladas, mientras que el promedio de extracción pesquera de los buques extranjeros en Malvinas ―como dijimos― ya era de 250 mil toneladas/año.

Todo estaba por hacerse en materia pesquera en la Argentina y el informe inglés ya lo precisaba respecto a Malvinas. Podríamos mencionar, sin demasiado detalle, que a falta de pescado el rey de España Carlos IV en 1789 había establecido una pesquera en Puerto Deseado. Por su parte, en 1904 comenzó a operar la Compañía Argentina de Pescado S.A. en la isla San Pedro (Georgias del Sur) para la caza de ballenas; en 1914 se instaló la primera fábrica de conservas de pescado en Puerto Madryn y hacia 1948 se iniciaba esta actividad en Mar del Plata. Con el aporte de familias belgas, italianas y españolas en la década del 60 se incrementaba el consumo de pescado en el país y en la década del ‘70, como producto de la demanda externa, la exportación de productos pesqueros congelados provocó la construcción de plantas de fileteado, cámaras, etc., y el cambio de buques costeros por fresqueros de altura y congeladores y aún, con vaivenes, se inició el gran desarrollo industrial y exportador desde Mar del Plata, comenzando a radicarse también industrias en la Patagonia.

José Enrique Greño Velasco, al respecto nos dice: «Para el Reino Unido, ante el fracaso de poner el pie en el continente, Malvinas representa su único punto de apoyo para la continuación de los empeños en lograrlo». Por su parte, Oscar Cosentino, entiende: «Es todavía más importante negar al enemigo el uso de estas Islas».

¿Ignorancia de la diplomacia argentina? En Ginebra en 1988, el Canciller Caputo y el embajador García del Solar con el embajador británico Crispín Tickell (todos fallecidos) acordarían en las negociaciones previas a “los Acuerdos de Madrid” ―que cerró en 1989/90 Cavallo― no hacer mención a la cuestión pesquera, la que consideraban una cuestión menor. Craso error. Sobre ello el director británico de pesca en Malvinas John Burton expresó: “sin la pesca no hubiésemos subsistido en las islas” (El Cronista, 14/03/2012). No parece que ninguno de los negociadores argentinos, hubiesen leído el Informe Shackleton ni conociesen las estadísticas pesqueras publicadas por los isleños, ni tampoco este documento, que promovía “convocar a una Convención Internacional para controlar las pesquerías en el Océano Austral”.

La delegación argentina no tuvo expertos en pesca. A Cavallo lo acompañó el embajador Aldo Dadone, vinculado al affaire IBM-Nación. En un extremo la posición británica, que tomaba posesión del lugar y trabajaba para que su ocupación sea sustentable y en el otro los funcionarios argentinos, ignorantes y/o sumisos, sellaron los execrables Acuerdos de Madrid que contribuyeron, desde 1989 hasta ahora, a consolidar la posición británica en Malvinas y, llamativamente, ninguno de los Cancilleres y sus sucesivos Secretarios del área se han animado o querido denunciarlos, a pesar del avance territorial marítimo e insular argentino por parte del Reino Unido, que la lleva a tener invadidos 1.639.900 Km2 de los 11.410 Km2 que ocupaban en 1982 y a explotar a través de licencias ilegales otorgadas a buques extranjeros nuestros recursos pesqueros, a la par de realizar exploraciones petroleras y mineras. Todo ello, en abierto atentado a la Constitución Nacional, la ley 17.094 y pesqueras de esa época y, muy importante, el Reino Unido violaba la Resolución de la ONU 31/49 (1/12/1976) que instó a las partes a abstenerse “de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales mientras las islas estén atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones de la ONU” y en relación a la Res. 37/9 del 9/11/1982, posterior a la guerra de Malvinas, que reiteró “el pedido de reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa de la Soberanía”.

Respecto a los hidrocarburos, el experto Richard Johnson, del equipo de Shackleton, confirmó la presunción de existencias de petróleo en el área y, precisó que “por encontrarse en una zona política y, por el elevado costo de producción, sería necesaria la cooperación argentina, porque existiría escasa probabilidad comercial en la emisión unilateral de licencias del Gobierno británico” y recomendó el traspaso a la corona británica de los derechos mineros y “de la plataforma continental” y propició asociarse a la Unión Europea previo a cualquier negociación con Argentina. Todo, ejecutándose. Hoy el Reino Unido, efectúa exploraciones petroleras, licita la explotación de oro; nos disputa 1.430.367 km2 de la plataforma continental extendida y controla el Atlántico suroccidental, los accesos a la Antártida y los océanos Pacífico e Índico.

El informe también aconseja vuelos directos a Malvinas y una estrecha cooperación con Argentina y entiende que «cualquier nuevo programa de desarrollo económico de las islas, especialmente en lo relacionado con los recursos marinos, deberá buscarse la cooperación e incluso la partición de Argentina». Ello se alcanzaría con la Declaración conjunta de Argentina y el Reino Unido de los Acuerdos de Madrid I y II.

Este último consejo de Shackleton es muy llamativo, porque la Argentina ya venía dando fuertes muestras de cooperación unilateral desde el gobierno de facto de Lanusse, a partir de la Declaración Conjunta del 1° de julio de 1971 argentino-británica ―con participación de los isleños― que establecía la provisión de documentos sin nacionalidad, la exención de impuestos, servicios marítimos británicos y aéreos de LADE entre las islas y el territorio continental, la construcción argentina del aeropuerto y un servicio transitorio de vuelos con hidroaviones, servicios de correos y abastecimientos de productos de YPF y otros aportes de Argentina, que además cooperaría en materia agropecuaria y de salud y otorgaría becas y asientos en las escuelas del continente a residentes de las islas. Un “plan que aprobaría José Martínez de Hoz ante la Confederación de la Industria Británica” (José Enrique Greño Velasco, 1977) y que también ponderaría el miembro del Consejo Nacional de Malvinas (Ley 27.558) Marcelo Kohen que en 2018 propuso a los isleños un referéndum de soberanía.

Estos aportes no contaron con ninguna contraprestación británica y se ratificaron en los Acuerdos de Madrid donde, entre otras cosas, se investigó en forma conjunta la pesca; el Pacto de Foradori-Duncan de 2016 que habilitó vuelos a San Pablo, uno de los centros de mayor consumo y distribución de alimentos al mundo y el ofrecimiento de la Cancillería “consensuado por el Consejo Nacional de Malvinas” (así refiere el Comunicado de Prensa de Cancillería 08/12/2021) de vuelos humanitarios en 2021 desde Malvinas al territorio continental argentino, que fue rechazado por los isleños, en una nueva muestra de la errónea política argentina que hace saltos al vacío sin red.

El propio lord Shackleton deja traslucir el compromiso de los ingleses con los isleños: “no habrá transferencia de soberanía contra sus deseos”, sin embargo, duda de las capacidades británicas: «la cuestión de la soberanía pende sobre nuestro informe como sucede con las propias islas, y la falta de un arreglo bien podría inhibir el pleno desarrollo de las islas». Pero, las sucesivas políticas argentinas de promoción de un hipotético diálogo con los británicos, de cooperación unilateral y de apoyo teórico de terceros países, descartaron toda acción destinada a debilitar la situación económica y social de los isleños y, por el contrario, mantuvieron la autorización de los vuelos de LATAM desde las islas a Chile; no impidieron el tránsito de buques con las capturas ilegales de Malvinas ni sancionaron a los buques extranjeros que pescan en Malvinas (Ley 24.922); no acordaron con Uruguay la prohibición del uso de sus puertos a los buques que realizan pesca ilegal en la región, etc.

Claro, en materia pesquera, aún la Argentina mantiene vigente el Acuerdo de Madrid I (17-19/10/1989) en especial la decisión británica de mantener la “zona de conservación” (punto 6); el “intercambio de informaciones, medidas de cooperación y medidas de conservación” (punto 10) y el Acuerdo de Madrid II (14-15/02/90) en particular del punto 7 (Informe del “Grupo de Trabajo argentino-británico sobre pesca”, Paris 18-19/12/1989); intercambios de informes pesqueros, exploración de posibilidades de cooperación y conservación; el punto 8 (establecimiento de un “Grupo de Trabajo sobre Asuntos del Atlántico Sur”); el punto 11 (factibilidad y conveniencia de un Acuerdo General de Cooperación) y, complementariamente, el punto 12 (Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones) y el punto 13 (eliminación visado para ingresar al territorio del otro) que no contempló la eliminación de visa para el ingreso al territorio argentino de Malvinas.

El Reino Unido entendía como “no vinculante” el Informe Shackleton, sin embargo, éste pareció ordenar todas las acciones posteriores de la Cancillería Argentina y no se entiende que pese a las violaciones del Reino Unido de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas, los Acuerdos de Madrid sigan vigentes.

“Nada se produce por generación espontánea” (Louis Pasteur, 1862).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).