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ESPAÑA, HA MUERTO

F. Javier Blasco*

Imagen: La Vanguardia

Coincidiendo con el comienzo del verano y tras casi 100 días de un horrible confinamiento y dura cuarentena (98 en realidad), derivados del Estado de Alarma más duro y largo de la historia reciente historia europea, el gobierno que nos lo impuso, ha decidido que pasáramos sin solución de continuidad a lo que de forma cursi y plagiada (de los chinos) se ha venido a llamar la “nueva normalidad”. Normalidad, que en realidad consiste en soltarles el muerto a las comunidades y quedarse quietos a verlas maniobrar.

Cien días reprimidos en nuestras casas, que han sido precisos no por casualidad, sino porque el gobierno no supo ni quiso ver venir de lejos y llegar de cerca una grave pandemia, la minimizó por varios y espurios motivos (alguno tan estúpido y mezquino, que hasta le costó la grave infección de varios miembros del gobierno), despreció todos los avisos y ejemplos reales lejanos y cercanos, se pasó de listo y no se preocupó en analizar las características de la infección ni en acumular el material de protección y curación preciso o esencial.

Confió en la fortaleza de un sistema sanitario al que dejó quebrado ante un inédito enemigo ya que no le dotó del correspondiente material, no le avisó del tipo del mal que le acechaba, que medios de penetración y contagio empleaba y como se multiplicaba. Como resultado de aquello, vinieron las prisas de última hora; las compras fallidas, malas, falsas y a precios desorbitados; el mayor número de muertos en porcentajes, sobre todo, entre los ancianos y también el de sanitarios contagiados si comparamos los resultados con los del mundo entero.

Comenzó una insufrible campaña de plúmbea propaganda a cargo del presidente —nada menos que 20 intervenciones al mejor estilo cubano o bolivariano—, tres o cuatro ruedas de prensa diarias por varios ministros o altos cargos. Una campaña de desprestigio sobre determinadas comunidades autónomas comandadas por el partido en la oposición; la lucha sin cuartel sobre las FCSE, principalmente sobre la Guardia Civil que ha llevado a uno de los más graves escándalos en el que se ha visto implicado el ministro del Interior, otrora un juez con buen prestigio en su lucha contra ETA y hoy desprestigiado, puesto en duda, nervioso y acorralado mientras descabezaba falsariamente y sin piedad a un Cuerpo centenario y bien honrado; así como por sus negocios con Batasuna y los separatistas, sin problemas y hasta con gran ilusión.

El gobierno ha aprovechado la “especial situación” de cierta impunidad para legislar por decreto hasta en cosas que no tienen nada que ver con la pandemia y la cura de la enfermedad. Ha llenado los despachos de cargos, muchos de ellos creados ad hoc, ocupados por amigos y allegados, nombrados a dedo sin cumplir los requisitos que se exigen para hacerlo y se ha hinchado de criticar, difamar y escupir contra todos los partidos al menor vestigio de no seguirle el agua o bailar a su son.

Ha abandonado a los ancianos a su suerte dejándolos en las residencias, que por naturaleza y legislación, carecen de medios o capacidad para bregar contra esta maldita enfermedad. A pesar de haber creado un “Mando Único” desde el 19 de marzo cuando Iglesias se declaraba responsable de toda la gestión, no lo usó y no ha hecho nada salvo mandarles algún dinero —tardío e insuficiente— y en otros casos a los militares para hacer alguna limpieza y desinfección. Como resultado de aquello casi 20.000 ancianos han muerto, muchos de ellos en plena soledad, sin la compañía de sus seres queridos y sintiendo que todo lo que construyeron y trabajaron duro para ello, les falló a la hora de su momento final.

Vienen jugando con el número de muertos que suben bajan y congelan a criterio político de unos desalmados que no quieren ser los primeros en lo que son; el peor ejemplo por su mala cabeza, falta de previsión, escasez de material y pésima gestión. Somos el hazmerreír del mundo en dicho tema y ahí seguimos tratando de ocultar más de 15.000 muertos que aún no saben dónde encajarlos; aunque, paradójicamente, si sepamos con claridad meridiana el probable número de “vidas salvadas” gracias a la reclusión. Vamos a hacerles un “forzado” funeral de Estado, dilatado un mes más, sin saber quiénes fueron, de que murieron ni haber aclarado cuantos son.

Para el gobierno era muy importante seguir confinados, con la excusa de taponar la hemorragia de muertos; aunque en realidad, dicha dura situación les servía para actuar a su aire, controlar las protestas y aplacar las iras del ciudadano dándoles cuerda a sus deseos de protestar, tiempo para olvidar tras el señuelo de que aún no era el tiempo para buscar responsabilidades ni criticar al gobierno, dejándoles tranquilos con la promesa de que algún día lo será y conformando a muchos con alguna que otra dádiva, regalía o subvención con las que sus vidas poder endulzar.

Mientras tanto, se atacaba al turismo calificando de decimonónico y de poco valor añadido o a la empresa del automóvil anunciando su defunción, sin tener en cuenta que, en realidad, muchos millones de puestos de trabajo en España y una gran porción de nuestro PIB, dependen de esas actividades.

Pero se alargaron tanto en ese impasse que la economía ha empezado a petar por todos lados porque ya no aguanta más tiempo con las empresas y negocios cerrados, solo tele trabajando, pagando los caros ERTEs u otros subsidios, si es que te lo pagan de verdad y con un poco de aforo en cada bar.

Por eso, a toda prisa y protagonizando el enésimo bandazo dado en tan corto periodo de tiempo, ha habido que recoger velas, crear subvenciones no suficientes y bien tardías para aquellos sectores más dañados, abrir deprisa las cerradas fronteras y con ello, hemos pasado de estar en casa encerrados, sin horizontes cercanos ni apenas pasear a, en muy pocos días, movernos por toda España, subir a las montañas y poder bañarnos en las piscinas y la mar.

En lo referente a las fronteras y aunque ya sabemos que este virus, principalmente, se importa desde fuera y sus mayores lugares de entrada son los grandes aeropuertos internacionales con los que cuenta España, destacando Barajas en Madrid y el Prat en Barcelona, como se necesitaban muchos refuerzos para cubrir necesidades de seguridad y estos estaban cerrados, sus plantillas casi al completo se tuvieron que trasladar y ahora, contamos con una plantilla mínima para aplicar las escasas y casi irrisorias medidas de seguridad que con tanto bombo y platillo, Ávalos e Illa, nos vendieron hace dos días como lo mejor de toda Europa. Otra mentira y fracaso más, que ya veremos en que se traducirá.

Pues bien, tras este largo pero necesario preámbulo para entender la situación final, cualquiera diría que el cabreo general entre la población, tras tanto engaño, mala propaganda, peor gestión y el cuantioso número de bajas sin nuestro cariño ni protección, debería ser mayúsculo y muchos, más de la mitad de los españoles —si descontamos a los impertérritos adeptos, los empesebrados y los faltos de capacidad de buen juicio y comprensión general— deberíamos estar dispuestos a que nada más llegara el día de ayer, a la sazón domingo soleado y sin mucha tarea en el zurrón, salir a la calle a celebrar el fin del Estado de Alarma y con nuestra mayor rabia y fuerza, sin olvidarnos de la mascarilla y guardando la recomendada distancia de seguridad, juntarnos civilizadamente para protestar por la mala actuación de este nefasto gobierno durante toda la pandemia, su gestión y para prevenirle que se pongan las pilas ya que, por lo que se barrunta, aún será peor la cosa para gestionar como salir de la crisis económica que, con mucha fuerza y mayor de la que nos avisan, viene detrás.

Pues no, resulta que nadie en España protestó. Perdón si lo entendieron así, los amantes del mundo del toro y el toreo, que unieron sus fuerzas en una potente manifestación en defensa del espectáculo y de dicha profesión. Los partidos políticos, mientras tanto, a lo suyo, iniciando unas campañitas electorales en Galicia y el País Vasco donde, no hace falta ya que casi todo el pescado, hace meses que está vendido.

Alguien ya se encargó de que los cabreados médicos y enfermeros, los obreros que ya están o que irremisiblemente en breve irán al paro (aproximadamente un millón), los olvidados autónomos, los agricultores, transportistas y los mayores en defensa de su pensión, tampoco salieron ayer a quemar ruedas o a protestar tras una pancarta por las calles de Madrid; no vaya a ser que eso fuera un punto de partida diera la imagen del malestar contra el gobierno y sus política en general.

Las playas de Barcelona, donde cierra Nissan y muchas más estaban tan abarrotadas que hasta dos hubo que cerrar al público. La atención del país estaba entrada en si el Real Madrid ganaba a la Real Sociedad y le birlaba al Barcelona el liderato en la Liga o si los árbitros seguían con su campaña de “alineamiento con el Madrid” para fastidiar a los catalanes por su maldad y hacer salir a Piqué otra vez al estrado, cómo cada vez que pierden. Pan y circo, un invento romano para aplacar los malos estados de ánimo de la población, que casi nunca suele fallar.

Cataluña, esa preciosa tierra cuyos dirigentes, hace tan solo unos días, depreciaban, escupían y vilipendiaban a todos los españoles sin recato ni piedad, ahora resulta que se ha convertido en nuestra casa y el lugar donde todos como buenos hijos y hermanos debemos ir este verano para gastar nuestras perras y así, su economía, rescatar.

Los tribunales siguen dando muestra de “aparente debilidad”, acosados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, quienes han cambiado sus papeles y ahora parece que se dedican a desprestigiar a sus señorías e intentan que no se celebren juicios, que los casos sobre “algunos políticos” queden en blanco o sus causas cerradas. En esta batida de togas, ni siquiera una juez brava y que ordenó un secreto de sumario especial, ha sido capaz de defender sus claras órdenes dadas a la policía judicial y no ha evitado que el gobierno se entrometiera torpemente en el caso sin ningún tipo de vergüenza ni piedad.

Las estatuas de nuestros ancestros ilustres son derribadas con saña en las antaño “tierras de indios” por los negros y algunos blancos que movidos por fuerzas nada extrañas y hasta conocidas, buscan cualquier motivo, aunque sea falso, para crear una manida reivindicación que ponga patas para arriba todo el orden internacional. Aunque, tras oír las declaraciones de la ministra de exteriores al respecto en una entrevista esta mañana, no me explico, como no nos queman por allá fuera hasta los Consulados y Embajadas allá por ultramar.

Los fondos de la UE para la recuperación no solo no llegan; aún no están decididos en su cuantía real o final, modo de entrega y si habrá algún tipo de recargo o imposición formal para que sean efectivos; en qué plazos llegaran y cuanto habrá que devolver, así como toda esa letra pequeña que les suele acompañar.

Mientras tanto, el gobierno tira de la chequera y cada día presenta una subvención más, aunque algunas sean repetidas o el complemento de otras que ya estaban en el mercado laboral o en algún sector empresarial. Pero, hay que tener presente que estos cheques se pagan emitiendo deuda pública. Deuda que, unida al desmesurado déficit, está alcanzando un nivel de preocupación demencial. Todo eso alguien —nuestros hijos y nietos y ya veremos si alguna generación más— lo tendrán que pagar.

Cada día encontramos un motivo para enfadar aún más a Trump y no somos conscientes de los problemas que eso a corto y medio plazo nos traerán. Estamos perdiendo puestos entre los que ocupan la cúpula digital y de la innovación para la comunicación y el control de las pandemias. Nos quedamos fuera del grupo de países europeos que se han unido para la compra conjunta de una vacuna tan esencial como la necesaria para luchar contra el COVID-19 y, en general, vamos perdiendo cada vez más prestigio y nivel en investigación y en competitividad.

La intensa campaña de propaganda del gobierno dirigida y coordinada por su mercenario de la misma, Iván Redondo, con sus medios afines; bien pagados o subvencionados, ha tenido un gran efecto. Basta con ver los resultados de las “encuestas serias” de estos dos últimos fines de semana que le dan al PSOE y a Podemos más o menos sus mismos apoyos y ni un solo desgaste a pesar de lo muy mal que han hecho su trabajo y tras una gestión de compras y pruebas fatal.

Tras, al menos, un año perdido para la economía y el mundo laboral, todo lo que por su culpa, el paro, la deuda que vendrá y la enorme vergüenza que estamos pasando a nivel internacional; por lo que veo, no son más que pequeñas cosas sin importancia para los dormidos españoles; y no es suficiente para que nadie mueva un pelo y salga a la calle a protestar.

Lo dicho; España, ha muerto.

¡DESPERTA FERRO!!

 

* Coronel de Ejército de Tierra (Reserva) de España.  Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.

Artículo publicado en https://sites.google.com/site/articulosfjavierblasco/espana-ha-muerto-1

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EL RESARCIMIENTO ECONÓMICO DEL REINO UNIDO A LA ARGENTINA

César Augusto Lerena*

El Reino Unido le debería pagar a la Argentina no menos de 28 mil millones de dólares por las capturas ilegales en el área de Malvinas de la ZEE.

Cuando en 1966 se dictó la llamada “Ley de Soberanía del Mar” (17.094), ésta ya refería a “que las actuales actividades extractivas de naves extranjeras en aguas argentinas constituían un hecho grave… y que la soberanía debería ser una e indivisible”, extendiéndose por esta ley el Mar Territorial Argentino “hasta una distancia de 200 millas y al lecho del mar y al subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad de las aguas suprayacentes que permita la explotación de los recursos…”. Poco después, se dictaron varias normas de explotación de los recursos pesqueros, donde —entre otras cosas— se establecieron las cuestiones relativas a los permisos y al pago de derechos de captura.

Luego, en la llamada Ley Federal de Pesca (24.922 art. 3º a 5º) se estableció el dominio y el alcance de la jurisdicción provincial y nacional y que “La República Argentina, en su condición de estado ribereño, podrá adoptar medidas de conservación en la ZEE y en el área adyacente a ella sobre los recursos transzonales y altamente migratorios o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE”. En el art. 5º refirió a la regulación en los espacios marítimos sujetos a jurisdicción nacional; a la facultad de limitar el acceso; a la regulación fuera de la ZEE de los recursos migratorios o especies asociadas y, en el art. 7º, se determinaron las funciones de la Autoridad de Aplicación, entre otras cuestiones, la de regular y fiscalizar; emitir las cuotas de captura, permisos y restricciones a la pesca, etc. Funciones, que en muchos casos debían ser aprobadas por el Consejo Federal de Pesca (CFP), por ejemplo, la de establecer derechos de extracción y fijar cánones por el ejercicio de la pesca, etc.

Por otra parte, la pesca “en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, está sujeta a las restricciones que establezca el CFP, con fundamento en la conservación de los recursos, con el objeto de evitar excesos de explotación y prevenir efectos dañosos sobre el entorno y la unidad del sistema ecológico» (Art. 17º) y, a su vez, para realizar el ejercicio de la actividad pesquera hay que contar con habilitación, permiso o autorización de pesca (Art. 23º) y cumplir con una serie de restricciones, derechos y obligaciones establecidos en los artículos 24º al 29º y s.s. y, estar sujeto por incumplimiento, a infracciones y sanciones, referidas a los buques nacionales pero también a los extranjeros (Art. 46º a 65º). A todo ello, se agregó la reforma por Ley 26.386 (Art. 27º bis) referida a quienes operan en el Atlántico Sur sin habilitación o en relación con quienes lo hacen en el área de Malvinas de la ZEE Argentina.

Hecha esta introducción, habría que preguntarse ¿por qué la Cancillería Argentina, el Subsecretario de Pesca y el Consejo Federal de Pesca desde el año 1976 y, particularmente, desde 1982, no efectuaron el reclamo pertinente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante RU) por la captura ilegal que buques extranjeros (entre ellos británicos) efectuaron y efectúan con licencias ilegales en el área de Malvinas de la ZEE Argentina; zona a la que la potencia británica restringía el acceso a los buques pesqueros argentinos y a los buques de control? ¿Por qué la Autoridad de Aplicación Argentina, en virtud de sus facultades y, obligaciones previstas en la Ley 24.922 (y legislación anterior), no cobró derechos a la extracción, no aplicó multas por pescar sin habilitación o decomisó buques y mercaderías, conforme lo establece la legislación?

La Argentina debería hacerle un reclamo por lucro cesante y pérdida de chance al RU y, supletoria y solidariamente, a todas las empresas extranjeras que capturaron recursos pesqueros en el área citada, por la explotación de los recursos naturales de dominio y jurisdicción nacional. De los fundamentos del reclamo, tal vez surja la exculpación de los funcionarios argentinos correspondientes y, en última instancia, lo determinarán los sumarios y las acciones judiciales que pudieran corresponder.

Vamos a los hechos: el RU tiene ocupado el archipiélago desde 1833, año en que desalojó al gobierno argentino de Malvinas. Al menos desde 1976 y hasta la fecha, el RU ha otorgado en el área de Malvinas de la ZEE Argentina, licencias pesqueras a buques propios y de terceros países. Estos buques pesqueros extrajeron un promedio anual de 246.220 toneladas de recursos pesqueros argentinos, es decir, que en 44 años extrajeron unas 10,8 millones de toneladas de diversas especies de pescados y moluscos argentinos por un valor estimado en los 28,2 mil millones de dólares, más los intereses y la pérdida de chance, ya que, agregado valor a esas materias primadas y, colocados los productos finales en el mercado minorista, podrían haber significado un valor aproximado del orden de los 197 mil millones de dólares.

Accesoriamente, pero no menos importante, estas capturas han producido un desequilibrio en el ecosistema argentino pesquero, cuyas consecuencias sobre la sostenibilidad de las especies en el mar argentino resultan invaluables e impredecibles. Por un lado, el Rendimiento Máximo Sostenible determinado anualmente por el INIDEP no contempla el volumen capturado a través de estas licencias ilegales británicas y por el otro la internacionalización del mar por parte del RU atrajo al Atlántico Sur una flota extranjera que depreda los recursos migratorios argentinos en la Alta Mar.

Para efectuar el reclamo por lucro cesante y pérdida de chance, deberíamos tener en cuenta los artículos 1.738 y 1.739 del CCyC de la Nación, ya que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio y el lucro cesante, es el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances, interfiriendo en los proyectos económicos y sociales de un país en vías de desarrollo (preámbulo de la CONVEMAR), donde la explotación de los recursos pesqueros provee alimento, empleo, desarrollo poblacional e industrial a todos los pueblos del litoral marítimo de la Argentina. Además, que de incrementarse el consumo de pescado en la Argentina, llevándolo de 5 Kg. a los 21 Kg/per cápita de promedio mundial, proveería de una proteína esencial y consecuentemente una mayor salud a los argentinos, que se ven impedidos de ello, por cuanto las capturas en el área de Malvinas representan un 31% de las nacionales. Del análisis de las capturas, su industrialización, exportación o consumo interno, el comercio en el mercado nacional o internacional y los valores comerciales, es fácil determinar las chances económicas y el perjuicio —absolutamente comprobable— que le ha causado y le causa al país la extracción ilegal de esos recursos de dominio y jurisdicción de Argentina, por parte del RU o a través de sus licencias ilegales en Malvinas.

Respecto a la cuestión de la prescripción liberatoria, el gobierno debería plantear una interrupción (no suspensión) de la prescripción, tomando como inicio de ésta el año 1976, donde los británicos inician —con cierta magnitud— las actividades pesqueras en el área de Malvinas de la ZEE Argentina, tiempo en el que era de aplicación las leyes 17.500 (Decreto Reg 8802/67), 20.136 (Decreto Reg. 945/86) y Resoluciones pertinentes, todas reemplazadas en 1998 por la Ley 24.922 (Decreto Reg. 748/99), donde ya establecían los requerimientos de permisos de pesca, el cobro de derechos a las capturas y sanciones. Por su parte, la ley 26.386 (Art. 27 bis) modificatoria de la ley 24.922 precisa, que no se entregarán cupos o autorizaciones de captura a aquellos armadores o propietarios de buques pesqueros que realizan operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de Argentina sin el correspondiente permiso de pesca de la Autoridad competente argentina; una norma expresamente dirigida a quienes pescan el área de Malvinas y que nos permite indicar que todo aquel que realiza pesca furtiva dentro de la jurisdicción de la ZEE Argentina, podría estar sujeto al reclamo económico ante el Juzgado Federal Civil y la correspondiente denuncia penal ante el Juzgado Federal Penal.

En la parte penal podría sostenerse, que se trata de un delito continuado y por ende no prescripto como lo dispone el artículo 63º del Código Penal Argentino: “La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuese continuo, en que cesó de cometerse” y, en la parte civil se debiese plantear la interrupción de la prescripción y remitirse a los artículos 2.544 al 2.549 del Código Comercial y Civil de la Nación, teniendo por no sucedido el lapso que le precede e iniciar un nuevo plazo y, a todo evento y así sucesivamente y/o toda historia como última ratio, correspondería, sí fuera eventualmente necesario que el juez interviniente por sí decrete la “dispensa” de la prescripción hipotéticamente cumplida,  de acuerdo a lo previsto al Art. 2.550 por cuanto existieron actos a la sazón interruptivos, amén de situaciones de facto e ilegales que han impedido y/o dificultado según el caso, los reclamos y acciones pertinentes por parte de la República Argentina.

Entre otros actos interruptivos, corresponde recordar que en el año 1965 la ONU dictó la Resolución 2065/65 “…invitando a la Argentina y al RU a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial (…) teniendo debidamente en cuenta las disposi­ciones y los objetivos de la Carta de la ONU y de la Res. 1514 XV (6. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de las Naciones Unidas)…” lo que derivó en un permanente reclamo (55 años) de Argentina al RU para que diese cumplimiento a las referidas Resoluciones, sin que este diera lugar a las referidas negociaciones y avanzar por tanto —entre otras cuestiones— al tratamiento de las capturas ilegales que se producían en el área de Malvinas de la ZEE Argentina, dejando congelada la cuestión. Más aún, cuando en la 85ª Sesión plenaria de la ONU el 1 de diciembre de 1976 de dictó la Res. 31/49 donde entre otras reitera “3. Pide a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que aceleren las negociaciones relativas a la disputa sobre soberanía, según se pide en las Res. 2065 (XX) y 3160 (XXVIII) de la Asamblea General” y 4. Insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas”.

Se agrega a ello la situación de fuerza mayor que la Argentina vive, con motivo de la guerra de Malvinas de 1982 que impidió contar con toda información relativa de las capturas en el área bajo control exclusivo y excluyente del RU y, ponderar adecuadamente, el volumen extraído del área de Malvinas de la ZEE Argentina hasta la actualidad, en que se han podido ver publicadas en una página británica las estadísticas (Fishery Statistics, volúmenes 1 a 24) del FIFD (Falkland Islands Goverment Fisheries Department).

Finalmente, y que pese a que el RU no se aviniese a llevar adelante las recomendaciones de las Naciones Unidas, en 1995 —con la ratificación (Ley 24.543) de la Convención del Mar (CONVEMAR)— la Argentina tuvo presente su interés prioritario de conservar los recursos de la ZEE y la necesidad de cooperar para prevenir y evitar la sobrepesca, razón por la cual acordó con el RU la investigación conjunta pesquera en aguas del Atlántico Sur, que debió suspender en el 2005 porque el RU no solo no dejó de lado las capturas, sino que irresponsablemente prolongó por 25 años el otorgamiento de licencias ilegales. Se reiniciaron estas investigaciones en 2016, sin que el RU cesara en su explotación ilegal y con la información obtenida de estas investigaciones no hizo otra cosa que otorgar nuevas licencias pesqueras, dando motivo al gobierno nacional a una nueva suspensión del acuerdo.

Tratándose, además, de recursos migratorios, donde muchos de ellos (calamar, merluza, etc.) tienen origen en las aguas aledañas al continente argentino, el gobierno argentino dejó claro (en el artículo 2º c) de la Ley 24.543) que “para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin” y (d) “teniendo en cuenta que las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur forman parte integrante del territorio argentino, el gobierno argentino manifiesta que en ellas no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier otro Estado (…). Por consiguiente, tampoco reconoce ni reconocerá y considerará nula cualquier actividad o medida que pudiera realizarse o adoptarse sin su consentimiento con referencia a esta cuestión, que el gobierno argentino considera de la mayor importancia (…) La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional…”.

En atención a todo ello, sería de desear que el Presidente de la Nación dicte un Decreto por el cual se le encomiende al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto, al de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y, al Procurador General de la Nación para que instrumenten la acciones necesarias para iniciar el reclamo por lucro cesante y de pérdida de chance al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y subsidiariamente, a todas las empresas extranjeras que pescaron en el área de Malvinas de la ZEE Argentina del Atlántico Sur desde 1976 al 2020 inclusive, por un valor estimado en los 28,2 mil millones de dólares, más los intereses y la pérdida de chance, estimando el valor agregado de esas materias primas industrializadas y colocados los productos finales en el mercado minorista, que podrían alcanzar a un valor aproximado del orden de los 197 mil millones de dólares.

La Argentina que tiene ocupada por el RU el 52% del Atlántico Sur, es decir un 28% del territorio total nacional, debe desalentar a las flotas extranjeras a pescar sin habilitación sus recursos pesqueros y solicitar el resarcimiento por la extracción de sus recursos ocasionándole un grave daño a su soberanía. Las medidas que se han llevado a cabo desde 1965 a la fecha han resultado absolutamente insuficientes, por lo que se requiere la elaboración de una estrategia y la ejecución de proyectos relevantes que nos lleven al camino de la recuperación territorial y a la explotación de los recursos naturales. Seguiremos en la línea de aportes concretos a la Nación.

¡Argentinos, a las cosas! (José Ortega y Gasset).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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