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168 HORAS

Iris Speroni*

Lo que un gobierno no hace en sus primeros días, no lo hace más.

 

Esta última semana (17/04/2023-21/04/2023) ha sido infernal, con el dólar disparándose, una deuda que crece exponencialmente, brecha cambiaria del 100% y la bomba del BCRA sin desactivar.

Tener artificialmente baja la cotización del dólar les sirve a los amigos del poder, porque lo compran barato para llevárselo a la casa. Lo traté en EL TAMAÑO DEL BOTÍN.

¿Por qué hemos vivido una semana odiosa que será seguida de meses más horribles aún? La inestabilidad política en la Argentina la generan los poderosos —no los humildes— por la simple razón de que así ganan dinero. Podrían ganar un poco menos, y así robar y dejar vivir, pero ellos son partidarios de “ganar dinero y dejar morir”. Lo traté en EQUILIBRIO INESTABLE.

La brecha cambiaria afecta en primer lugar a quienes producen bienes exportables, porque el BCRA se queda con la mitad del valor de lo exportado —44 mil millones de dólares en el 2022—. A quien más perjudica es al pueblo raso, ya que la triquiñuela de atrasar el dólar provoca: a) caída del salario real, b) desocupación, c) subocupación (trabajo informal) y d) recesión o ausencia de crecimiento. Hace once años que tenemos dólar atrasado y hace once años que el país no crece. El dinero no se lo queda el Estado (para aumentar reservas, por ejemplo), sino que el gobierno se da vuelta y le vende dólares a mitad de precio a los amigos. Es el mayor negocio que existe. Mejor que traficar drogas, armas o la trata de blancas. ¡¡¡U$D 44 mil MM en 2022!!! Lo traté en PRECIO PLENO y EL TAMAÑO DEL BOTÍN; la razón de EQUILIBRIO INESTABLE.

Discrepo con la mayoría de los economistas en que la madre de todos los males sea el déficit fiscal. Es un mal, pero no es la génesis del mal. Creo que la relación de causa y efecto es justamente al revés. Los políticos provocan déficit fiscal para tener la excusa de endeudarnos [1].

Por último, las LELIQs. No es el problema más importante, pero sí el más urgente. LA OTRA IFE, LA ESTANFLACIÓN SEGUIRÁ, SEIS LATITAS DE ATÚN (sobre el costo de la inflación).

Los temas importantes son, a mí entender: defensa nacional, pleno empleo, alimentación de la población, salario real, seguridad interna y educación. De nada de eso me ocuparé hoy.

Días antes de que asumiera Alberto Fernández propuse lo que creí debían ser las medidas de los primeros 90 días de gobierno para acabar con la recesión y poner en marcha el país. LOS PRIMEROS 90 DÍAS DE GOBIERNO – 20 MEDIDAS PARA REACTIVAR EL PAÍS.

Hoy serán los primeros siete días, las primeras 168 horas, de gobierno en lo que habrá que poner en marcha el país, estabilizar la moneda nacional y desarmar las bombas de LELIQs.

168 horas
  1. Cancelar las LELIQs con dinero. Depositar los pesos. Hay vencimientos diarios. En siete días todos quedan pagos y la deuda en pesos del BCRA pasa a ser cero. La amenaza actual de banqueros y funcionarios corruptos es la siguiente [2]: «si el gobierno corta las letras del BCRA, todo se irá al dólar, el valor de la divisa se triplicará (quintuplicará, multiplicará por X), el país volará por los aires. “Desolación”. “Muerte”. “Tragedia”». Amenazas huecas. Lo traté en EL ELEFANTE SE COME EN PEDACITOS. La mayoría del dinero hoy depositado es de privados comerciales que necesitan ese dinero para sus pagos corrientes. Lo tienen a tasa para tratar de mitigar el efecto de la inflación (explicado en EL ELEFANTE SE COME EN PEDACITOS). Si alguno quiere comprar dólares, lo hará con lo que cobre de sus plazos fijos luego de abonar sus obligaciones corrientes (ya volveré sobre esto). El resto de los depósitos el sistema bancario (los que no son de familias o empresas) son o del gobierno o de los bancos. En estos dos últimos casos el estado controla el destino de esos fondos.
  2. Liberar las transacciones en dólares o cualquier otra divisa entre privados (legalizar la situación actual). Total libertad de compra de dólares entre privados. Total libertad de venta. Pero sólo en efectivo o por transferencia bancaria. No se autorizarán los cheques en dólares u otra divisa (los privados no podrán crear divisa). No se autorizarán los préstamos en dólares de bancos a privados o al gobierno excepto con capital propio. Todo depósito en dólares o divisa será con 100% de encaje. Objetivo: que la mayor cantidad posible de divisas esté en poder de familias y empresas. Que se popularice aún más la posesión de divisas. Lo que atomizará la decisión de compra y venta de las mismas. La prohibición de cheques y préstamos es para evitar que se generen argendólares o dólares sin respaldo físico.
  3. Los comercializadores de exportaciones de commodities (traders, en la jerga) tendrán la obligación de liquidar las exportaciones dentro de las 24 horas siguientes a la carga del barco. Pero no tendrán la obligación de vender las divisas que obtengan, solamente de ingresarlas a su cuenta corriente en el país (no pueden dejar ese dinero en el exterior). Podrán pagar los granos o los animales (para el caso de frigoríficos) o fruta en el caso de empacadoras en dólares a productores y acopiadores. Esto hará que se atomice la oferta de dólares la cual no sólo estará ya en manos de los traders (COFCO, CARGILL, etc.) sino en cientos de miles de agentes económicos que en forma atomizada decidirán conservarlos o canjearlos por pesos. El objetivo es que aumente la oferta de divisas para que no se dispare el precio de la misma más de lo necesario.
  4. El presidente decretará que el pago de ganancias cuarta categoría será por sobre el sueldo del juez mejor pago. Todos somos iguales ante la ley. Si los jueces se niegan a pagar ganancias, extendemos el mismo privilegio sobre la totalidad de la economía. Objetivo: que las familias cuenten con efectivo inesperado en medio de un contexto que pueda ser recesivo, lo que estimulará o bien la compra de dólares para ahorro personal, o el gasto (vacaciones, comer afuera, etc.) o ponerse al día deudas con las tarjetas; más aumentar el salario real de millones de trabajadores.
  5. El presidente decretará que en el próximo pago de sueldos (entre el 1º y el 5 de enero 2024) la patronal devolverá al empleado todos los adelantos a cuenta de ganancias retenidos durante el año 2023. Objetivo: aumentar el salario real de millones de trabajadores y bajar el nivel de disponibilidad de las empresas la cual habrá crecido instantáneamente al cancelar las LELIQs y los plazos fijos.
  6. El dinero que pone la patronal de su bolsillo será a cuentas de impuestos de las empresas. Será el último adelanto impositivo de la administración que comience ese día.
  7. Prohibir toda forma de percepción, retención o adelanto impositivo a partir de 2024. Los impuestos se pagan luego del hecho económico. El estado no puede quitarle el capital de trabajo a las empresas. Objetivo: aumentar el capital de trabajo de las empresas, darle aire a las empresas para reponer stocks o aumentar la producción.
  8. Eliminar todos los impuestos internos (bebidas, gaseosas, combustibles, alfombras, etc.). Ídem anterior.
  9. Eliminar el IVA sobre:
    1. alimentos,
    2. forraje,
    3. combustible,
    4. transporte,
    5. servicios públicos de electricidad, gas y aguas.
    1.  
  1. La alícuota de IVA para el resto de los bienes y servicios será de 10%. Objetivo de 9 y 10: abaratar el costo de vida, aumentar el poder de compra de salarios, jubilaciones y planes sociales, los cuales hoy vuelven en un 50% al estado en forma de impuestos.
  2. Por 90 días disponer que la totalidad de las cuentas a pagar de las grandes empresas a profesionales (contadores, abogados, consultores, médicos, kinesiólogos, etc.) y a los proveedores pymes se pagarán dentro de los 7 días. Objetivo: actualmente las grandes empresas han acumulado capital de trabajo para colocarlo a plazo (y así tratar de moderar los efectos de la alta inflación) pero a costa de sus proveedores. La empresa, al cobrar en una semana todo el dinero colocado en el sistema bancario, pretenderá que una parte vaya a comprar dólares y así aumentará la demanda. Con esta medida se busca: ordenar el mercado de pagos, que hoy perjudica al más débil —por una distorsión que provoca el Estado (la inflación y las altas tasas)—; pasar el dinero a manos de profesiones y pymes y así atomizar las disponibilidades y la decisión de comprar divisas o no.
  3. Los dólares se comprarán y venderán libremente entre particulares vía casas de cambio o bancos o entre privados.
  4. El BCRA no interferirá en el mercado cambiario. El gobierno nacional comprará divisas para sus obligaciones al mercado como un agente más al precio vigente. Dirá a principio de mes cuántos dólares deberá comprar para cancelar obligaciones. Objetivo: que exportadores, importadores y ahorristas decidan libremente el valor de la divisa.
  5. De igual manera el BCRA no interferirá en el mercado futuro de divisas.
  6. La compra de granos a acopios o productores, de animales por parte de frigoríficos, de leche por usinas, o de fruta por parte de empacadoras podrá hacerse en pesos o divisas a voluntad de las partes. Objetivo: atomizar la posesión de divisas entre la población.
  7. Toda compra de mercadería podrá hacerse indistintamente en pesos o divisas según voluntad de las partes.
  8. Eliminar el límite al uso de efectivo en pesos o dólares. Objetivo: a) la libertad y b) atomizar aún más la decisión de la operatoria de cambios.
  9. El Estado continuará haciendo frente a sus obligaciones de sueldos, jubilaciones y proveedores en pesos.
  10. Liberar el precio de los combustibles. El único límite es que no puedan ser más caros (por colusión entre los vendedores) del precio libre de impuestos en EEUU. Para compensar a la población se eliminará todo impuesto sobre combustibles.

Actualmente numerosas empresas ganan más dinero (nominal) por sus fondos depositados a tasa que por el devenir del negocio. Es así como están retrasadas todas las cadenas de pago donde los principales damnificados son los pequeños agentes económicos (médicos con las prepagas, pymes proveedoras de grandes empresas, proveedores de supermercados, etc.). Con estas medidas, por un lado se elimina el incentivo a demorar los pagos (tasa cero o casi cero una vez que el estado no demanda dinero), por el otro será obligatorio para que los mismos gerentes de inversiones no se tienten en comprar dólares mientras tienen millonarias cuentas a pagar. Por el otro lado, todo ese dinero se repartirá entre millones de agentes económicos pequeños, lo que atomizará la decisión de comprar o no divisas y por lo tanto influir en su cotización: algunos comprarán dólares, otros cubrirán el saldo de la tarjeta de crédito, otros comprarán mercadería, otros pagarán impuestos adeudados y otros se irán de vacaciones a Miramar. La obligación de pagar por parte de las grandes empresas es a sólo efecto de disminuir en lo más posible sus disponibilidades (a costa de sus proveedores) para comprar dólares y subir por encima de su nivel natural la cotización.

Acabar con la coparticipación

Hay dos formas de acabar con la coparticipación. Una es cambiar la ley (lo que es difícil de lograr), otra es que no haya impuestos coparticipables. O son provinciales o son nacionales. Medidas:

  1. Nacionalizar la educación.
  2. Nacionalizar la salud.
  3. Eliminar el impuesto a los bienes personales. Eventualmente las provincias podrán reformular sus alícuotas de impuesto inmobiliario.
  4. Eliminar el impuesto al cheque.
  5. Convertir el IVA (ya disminuido a tasa 0% y 10%) en 100% del gobierno federal.
  6. A cambio ofrecer que el impuesto a las ganancias sea 100% provincial. Proponer la baja de la alícuota de ganancias a 10% para las personas físicas y 15% para las personas jurídicas. FEDERALES Y UNITARIOS.
  7. Las alícuotas aduaneras deberán ser más sencillas. Una nominal de tasa de estadística (1%, 3% ó 5%) para exportaciones y algo sencillo para importaciones 10%, 15%, 30%. Simple, para limitar la arbitrariedad. La mejora del ingreso de los productores de bienes exportables será por la liberación del tipo de cambio.

El tema de impuesto a las ganancias y la no coparticipación de IVA se tiene que discutir en el Congreso, esto será a partir del 1º de marzo de 2024. Mientras tanto, el presidente puede bajar las alícuotas, incluso hasta 0%.

Finanzas públicas

Queda claro que la cancelación de LELIQs será con emisión monetaria. Debería ser la última que efectúe el nuevo gobierno. Medidas para contrarrestar sus efectos.

  • Exigir pago de impuestos a quienes adeuden (que parte del dinero emitido vuelva al Tesoro).
  • Obligar a las grandes empresas al pago a acreedores (ya detallado), por la misma razón.
  • Reducir ministerios y gansadas a trazo grueso (motosierra). Baja de gasto público.
  • Pagar con estricto criterio de caja. Se pagarán sueldos y proveedores con el ingreso de impuestos. No entra, no paga.
  • Cobrar impuestos aduaneros en divisa, tanto importaciones como exportaciones. Puede ser en la divisa de la transacción dentro del siguiente menú: dólares, euros, yuanes, reales.
  • La recaudación aduanera se destinará únicamente a cancelación de obligaciones externas (repago deuda y compra de pertrechos militares) o acumulación de reservas.
  • La minería aurífera pagará sus impuestos en especie. El oro y plata se destinarán a reservas del BCRA.
La dolarización

No leí la propuesta, por lo que sería una falta de respeto comentar el trabajo de otro. Mis prevenciones sobre el título en cuestión (dolarizar) son dos: A) dejar que funcionarios públicos puedan libremente contraer obligaciones en divisa es lo mismo que dejar que un mono tenga una navaja (imaginen a todo intendente y gobernador que tenga salarios y proveedores a pagar en dólares; una fiesta). B) Que los privados puedan crear argendólares mediante el simple procedimiento de emitir un cheque en dólares. No. Toda transacción en divisas deberá ser por transferencia bancaria o efectivo. Y los bancos no podrán prestar divisas excepto con su propio dinero (incluido prestárselo al estado). Nos evitaremos un nuevo 2001.

En cuanto a la gente que exporta servicios: programadores informáticos, consultores, docentes, actores, dibujantes, auditores, etc., el cambio impositivo debe ser claro e inmediato a partir del 10 de diciembre de 2023:

  • Cambio libre, el comprador le puede depositar la divisa en su cuenta corriente nominada en divisa (euro, dólar, etc.) al profesional exportador de servicios.
  • El profesional no tiene obligación de vender sus divisas que son de su propiedad y hace con las mismas lo que desee.
  • Ganancias sólo a partir de que el sueldo anual sea superior al del juez mejor pago de la Argentina.
  • IVA 0% ó 10% (a decidir).
  • 0% impuesto al cheque.
  • Las empresas exportadoras de servicios podrán abonar los honorarios de sus colaboradores en divisas. Pagarán ganancias según régimen vigente.

Proyecto a elevar al congreso: 10% y 15% alícuota ganancias. Eliminar cuarta categoría. Poner mínimo no imponible para ganancias de personas físicas que no estén en relación de dependencia.

Eliminar sellos e impuesto a los ingresos brutos en provincias. Las provincias dejan de solventar salud y educación y además cobrarán 100% del impuesto a las ganancias. Ya demostré la factibilidad en FEDERALES Y UNITARIOS. Hay que tener en cuenta que el pago de DEX y brecha cambiaria es dinero que se paga hoy a la Aduana y BCRA que al eliminarlo quedará en los resultados de la empresa; en su totalidad pasará a ser rédito. Por lo tanto los provincias cobrarán – sólo por este rubro – el 15% (ó 10%) del dinero que hoy el gobierno nacional cobra de DEX + brecha cambiaria. Es muchísimo dinero adicional a la recaudación de ganancias actuales.

Dolarización

Como dije, es una falta de respeto opinar sobre el trabajo ajeno sin haberlo leído o escuchado. Mis prevenciones las hice públicas en su momento. Pero hay algo claro: existe inflación porque es un gran negocio para políticos y “empresarios” amigos del gobierno. Y la población se cansó de ese juego donde tres se hacen ricos y millones vemos que la inflación nos come los ingresos.

@autopolitics lo dice mejor que yo.

Hay muchos interrogantes y cabos sueltos en el presente texto. No es el punto. El punto es que existen soluciones. Éstas u otras. No permitan que les digan lo contrario. Hace décadas que los gobernantes son unos llorones impotentes (pompas de jabón que se derrumban, pasaron cosas, la guerra en Ucrania). Los problemas que tenemos son generados por la clase política. El primer paso para solucionarlos es echarlos a todos a patadas.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

Notas

[1] Clara muestra fue el gobierno de Macri que pedía dinero prestado antes de tener asignación del mismo. Exactamente lo mismo hizo Alberto Fernández. Mientras se quejaba de que tenía que renegociar la deuda con el FMI, abría ministerios a diestra y siniestra. La deuda y su renegociación es un gigantesco negocio para los funcionarios. No importa en qué gasten. El tema es gastar mucho (y llevarse su parte) y generar la excusa para contraer deudas.

[2] Hoy casi no hay dinero de fondos de inversión que hacen la siguiente voltereta: vienen y venden dólares (lo que los funcionarios usan para bajar artificialmente la cotización), la ponen en pesos a 27%, 45%, 80%, 100% anual; cuando se cansan compran dólares y se van. Los que hacen eso ya se fueron. Una punta de compra menos.

 

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Artículo publicado originalmente el 22/04/2022 por Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/04/168-horas.html

EL MODELO PESQUERO ATRASA 50 AÑOS

César Augusto Lerena*

Imagen de Ann — please donate en Pixabay

Si estuviéramos en la década del ‘70 el Subsecretario de Pesca de hoy y el Consejo Federal Pesquero (CFP) bajo su presidencia, no podrían siquiera estar a la altura de aquel tiempo de inicio industrial en la Argentina. Ya han pasado 50 años y podríamos calificar al funcionario de hoy como un gris agente público que “parece que administra” el sector, donde los escasos éxitos son obra de la maravillosa naturaleza marina y del esfuerzo de empresarios y trabajadores pesqueros que, sobreponiéndose a las dificultades de un Estado bobo, que ha sido incapaz de potenciar una actividad, que a esta altura, debería estar exportando por diez mil millones de dólares y que hoy solo está cerca de los dos mil, además de que en 2022 tuvo una de las exportaciones más bajas del quinquenio.

Aún sin creer que la Ley Federal de Pesca (24.922) sea la más adecuada para el desarrollo nacional pesquero y territorial, ya que debería ser reformada para modernizar este modelo pesquero que atrasa 50 años, la Subsecretaría de Pesca no ha cumplido siquiera, con su Artículo 1º que dice: «La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos. Promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina».

Para fundamentar esta afirmación comenzaremos por recordar que el recurso pesquero es del Estado Nacional y de los Estados Provinciales y no de las empresas. Se trata de concesiones del Estado para la explotación de los recursos con «…el máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos» dice el citado artículo 1º de la Ley.

El Estado debe administrar adecuadamente el recurso pesquero, cuestión que supone tres acciones básicas: “investigar, conservar y distribuir” y, nosotros agregamos: diseñar, acordar y controlar la concesión. Ninguna de estas cuestiones ha sido cumplida adecuadamente por la Subsecretaría de Pesca en este período, aunque tampoco lo hicieron los anteriores gobiernos.

La investigación. Las escasas campañas de estudio sobre las principales especies se limitaron a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE) sin avanzar sobre alta mar adonde llegan las especies migratorias originarias del mar argentino o viceversa; ello no solo atenta contra la sostenibilidad del recurso sino que impide elaborar estratégicas destinadas a mostrar a los organismos internacionales y a quienes operan en la región, el daño que la pesca sin control por parte de buques extranjeros en alta mar está ocasionando al ecosistema. Es decir, se incumple con el artículo 1º citado, que indica: «el máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos».

La conservación no está garantizada por cuanto, como ha dicho la Convención de las Naciones sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) la explotación del recurso debe tratarse “en forma integral y en su conjunto”, por lo tanto es imposible conservar el recurso sino se lo hace en la ZEE, pero también en alta mar, con una política acordada y equitativa entre los Estados de pabellón y los ribereños. Aquí tampoco se ha cumplido con el artículo 1º de la Ley 24.922 que dice: «Promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos».

La distribución. Como ya nos hemos referido (César Lerena “Capaciten al Subsecretario de Pesca”, 10/04/2023) esta Subsecretaría han producido la concentración y desnacionalización empresaria más importante de la actividad pesquera de todos sus tiempos, donde el 70% de las exportaciones está en manos de 20 empresas y de ese 70% el 70% son empresas extranjeras, cuyo 60% de las exportaciones son materias primas de bajo valor agregado, reduciéndose notablemente el empleo registrado; etc. Es decir, se incumple con el citado artículo 1º que dice: «favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina». Cuando se exporta con bajo valor agregado se está regalando la mano de obra a las naciones desarrolladas que transforman las materias primas en sus países de destino o las reexportan procesadas.

Las concesiones a la pesca. La subsecretaría de Pesca no ha diseñado, acordado y controlado las concesiones y ocupa su tiempo en otorgar o transferir permisos, cuotas y autorizaciones y, a través de esta “política”, lo que ha hecho es concentrar en unos pocos el total del stock de recursos disponibles, promoviendo una creciente dependencia de las pequeñas y medianas empresas a estos grandes grupos que, al igual que en el sector agropecuario, concentran la producción nacional y hacen más difícil su exportación directa, poniendo en riesgo la “unidad económica pesquera” de cada una de ellas.

Por otra parte, en la Argentina se da el absurdo que mientras embarcaciones chinas depredan nuestros recursos migratorios en alta mar, empresas chinas del Estado chino, tienen permisos de pesca otorgados por la Autoridad de Aplicación para pescar en la ZEE Argentina y, también España, que ha reconocido la soberanía argentina en Malvinas y que como Estado de pabellón está obligada a controlar los buques que pescan a distancia, tiene buques capturando los recursos argentinos en Malvinas, asociados o no a los isleños británicos y, a su vez, empresas españolas que tienen también permisos para pescar en la ZEE de jurisdicción nacional. Por supuesto que las negociaciones necesarias, destinadas a asegurar intereses, derechos y obligaciones de las partes, para ajustar la política a nuevo modelo, no es algo que esta Subsecretaría esté en capacidad de realizar. La más liberal de las políticas no hubiera concentrado de tal forma la actividad.

La pérdida del trabajo y el trabajo no registrado. El modelo pesquero actual es esencialmente extractivo, como resultado del escaso valor agregado de las exportaciones y el bajo consumo interno. Se transfirió el trabajo a los países importadores promoviendo, además, el trabajo no registrado ante las dificultades económicas y financieras en las que se colocó a las industrias procesadoras de transformación en tierra. En la década del 70 el empleo estaba concentrado en las plantas industriales. Debido a la alta conflictividad laboral mutó hacia plantas fasoneras de fileteado; luego, como producto de las demandas laborales por solidaridad (art. 30 LCT) éstas se transformaron en seudo cooperativas tratando de evitar responsabilidades al proveerles el pescado y, salvo excepciones, nunca funcionaron como tales, precarizando aún más el trabajo. Esta Subsecretaría, con este modelo extractivo y de concentración del negocio, profundizó aún más la pérdida del trabajo nacional, transfiriéndolo a terceros países transformadores e importadores desarrollados. Debido a ello, estimamos una pérdida laboral del orden del 100%; a la par, que al quitarle competitividad a los procesos en tierra se precarizó y aumentó el trabajo no registrado. Los bajos números de afiliados a los sindicatos son una prueba elocuente y la producción total no coincide con la mano de obra ocupada según el rendimiento promedio. Como tampoco no coinciden los desembarcos declarados, con los stocks en cámaras y las toneladas exportadas. La Subsecretaría de Pesca está lejos de intervenir en la política laboral del sector y optimizar el aprovechamiento de los recursos pesqueros.

La pesca ilegal (INDNR) en aguas argentinas y alta mar. Como ya nos hemos referido (César Lerena “Capaciten al Subsecretario de Pesca”, 10/04/2023) el Subsecretario de Pesca declaró, que «no hay pesca ilegal en Atlántico Sur y la pesca en alta mar es legal» (Urgente 24, 30/03/2023). Una lamentable declaración que desconoce que Malvinas y sus aguas están ubicadas dentro del “mar Argentino” y del Atlántico Sur y, donde todos los años, los británicos a través de licencias ilegales extraen 250.000 toneladas de recursos pesqueros argentinos por un valor de unos mil millones de dólares y unos 6 mil millones en el valor final de comercialización. No considerar ilegal esta pesca es desconocer también la Constitución Nacional y las Leyes 24.543; 24.922; 26.386 y 27.564 y la consecuencia es no tener en esta gestión (y en las anteriores) ninguna estrategia al respecto, ni colocar sanción alguna a los buques extranjeros que pescan sin habilitación ni control argentino en el área de Malvinas y donde los Estados de pabellón no pueden desconocer la soberanía argentina (por ejemplo, España) y la Resolución ONU 31/49 que estableció en 1976 que no se podía innovar en Malvinas, cuestión ratificada por la Res. ONU 37/9 del 04/11/1982. Del mismo modo no se ha llevado ninguna acción destinada a terminar con la pesca ilegal (INDNR) de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar o viceversa, porque este Subsecretario considera esta práctica legal y nosotros —en las antípodas— sostenemos que es ilegal (INDNR), al menos, por tres cuestiones básicas:

1) El Estado de pabellón al que pertenece el buque que captura a distancia no controla su pesca (Art. 91º, 92º, 94º, 211º, 212º, 217º y ss., CONVEMAR) y si solo lo hace mediante sistemas satelitales, estos no son suficientes para precisar si el buque está realizando o no pesca ilegal (INDNR); si éste aplica la legislación del país de origen (descartes, etc.); si el personal trabaja en forma esclava y/o trafica droga, etc.;

2) La sostenibilidad en la integridad que refiere la CONVEMAR no se puede obtener si no se efectúan en alta mar (y en relación a la ZEE) los estudios e investigaciones pertinentes para determinar la “Captura Máxima Sostenible” (Art. 119º, 197º, 200º, 201º, 255º, 257º y ss, CONVEMAR); lo que provoca, que no solo la pesca en alta mar insostenible sino también la ZEE. Aquí aplica el principio precautorio, porque la pesca en alta mar, sin estos parámetros básicos, no se puede realizar sin depredar, menos aún, cuando no hay control del Estado de pabellón como hemos indicado y,

3) Los Estados Miembros deben tener presente que su pesca en alta mar y la ZEE no afecte los intereses de terceros Estados (Preámbulo y Art. 59º, 87º, 116º a 118º, CONVEMAR); por lo tanto, si no hay acuerdos entre los Estados, cuando en alta mar se pesca sin control, sin conocer los stocks y sin acuerdos con los Estados ribereños, la pesca es ilegal (INDNR). Este tipo de pesca alcanza también a la realizada por los buques extranjeros con redes de arrastre de fondo en la plataforma continental extendida argentina más allá de las 200 millas, cuestión que la Subsecretaría y el CFP, raramente, no han prohibido.

La pesca ilegal (INDNR) en la ZEE se realiza cuando ingresan a ésta buques extranjeros; pero también cuando buques nacionales descartan especies capturadas por las razones que fuesen (por ejemplo, supuesta falta de valor comercial o especies no objetivo); cuando se sustituyen o subdeclaran las especies que se desembarcan o cuando se superan las cuotas autorizadas o se realizan otras prácticas que provocan en todos los casos sobrepesca cuando se efectúan operaciones prohibidas por la ley vigente desde 1998; a la par del daño económico, laboral y sanitario que se ocasiona a la Argentina. Se depreda en alta mar en una magnitud incompatible con la sostenibilidad de las especies por las razones ya indicadas y se depreda en la ZEE por una falta de control adecuado de la Autoridad de Aplicación. En ambos casos, con graves implicancias para el ecosistema, cuya responsabilidad recae en la Subsecretaría de Pesca y el CFP que, por las citadas declaraciones del Subsecretario, parecieran ignorar que existe pesca ilegal (INDNR) en el Atlántico Suroccidental. Mientras ello ocurre, Latinoamérica y el Caribe pierden unos 20.000 millones de dólares anuales por pesca ilegal (INDNR).

Falta de desarrollo de la Acuicultura. La Subsecretaría tiene jurisdicción sobre la “Pesca y la Acuicultura” pero esta última actividad tiene el más bajo desarrollo en la Argentina en relación con lo que ocurre en Latinoamérica. La producción mundial total fue de 177,8 millones de toneladas en 2020; de las cuales 87,5 M provinieron de la Acuicultura continental y marina; es decir, un 49% del total producido. Brasil un 39%; Chile un 54%; Colombia un 51%; Ecuador un 49% etc. y la Argentina el 0,31%, lo cual nos permite estimar que el país está perdiendo al menos 2 mil millones de dólares por año, a la par de no ampliar la oferta destinada al consumo interno. Es evidente que esta Subsecretaría no ha hecho nada al respecto, lo que hubiera permitido triplicar el empleo con esta actividad (Chile duplica el empleo argentino por ello) y radicar emprendimientos en distintas provincias del país, evitando el asentamiento en el conurbano bonaerense, donde habitan 14 millones de personas.        

Consumo nacional de pescados. El consumo per cápita mundial por año alcanza a 20.2 Kg. En Europa a 24 Kg. y en África 10 kg. En la Argentina no hay política y el pescado es inaccesible a los argentinos. El consumo de pescado es muy importante porque esta especie provee grasas insaturadas y una proteína esencial solo comparable con la leche materna, motivo por el cual, su consumo debería ser vital para mejorar la dieta de los argentinos y agregar valor en toda la cadena comercial. El consumo en el país ha retrocedido y en 2021, según el Consejo para el Cambio Estructural, fue de solo 4,8 kg per cápita; es decir, el más bajo de Latinoamérica y el Caribe que, en promedio, consume 9,8 Kg. per cápita. Por su parte, Brasil alcanzó los 10,5 Kg, Chile 15,8 Kg, Panamá 20,5 Kg, Costa Rica 17 Kg. etc. y mientras los médicos en nuestro país aconsejan consumirlo dos o tres veces por semana, la Subsecretaria promueve su consumo los días 19 de cada mes porque en los sueños significa “el pescado”. Una prueba elocuente de la poca seriedad con la que se toma el tema la Subsecretaría.        

Construcción de buques pesqueros. La política en esta materia nos remite al siglo XVIII. Mientras Argentina es proveedora de materias primas a España, las empresas españolas que extraen nuestros recursos en la ZEE, fabrican sus buques en Vigo. De igual manera, empresas argentinas e incluso el mismo Estado argentino que ha construido los buques de investigación del INIDEP en astilleros españoles. Ello se debe no a una imposibilidad técnica de hacerlo en astilleros públicos o privados argentinos sino a la inexistencia de una política de promoción y financiación de una actividad que generaría miles de empleos calificados y, ello, no debería implicar poner como garantía permisos y recursos propiedad del Estado, como ocurrió con el Art. 3º del DNU 145/2019; una cuestión que algún fiscal debería analizar.                     

La ignorancia y la falta de políticas nacionales, somete a los pueblos a la colonización, a la expoliación sus recursos esenciales, a la falta de desarrollo industrial y poblacional de sus territorios y le roba el bienestar a todos los argentinos.

  

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

LAS FF.AA. CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Revista Tiempo GNA*

Un ajedrez sólo para idóneos.

La tentación de mover fichas equivocadas para ganar un partido de ajedrez suele ocasionar se pierda el mismo. Algunas grandes derrotas se debieron porque los que deciden estaban más compenetrados en ideologías que en ideas prácticas y la ideología no siempre va de la mano de adecuadas decisiones estratégicas. Los EE.UU. tiene un gran problema con el narcotráfico, pero no involucra sus FF AA en esa lucha”.

 

El aspecto legal

Es sabido que es un error emplear medios militares en tareas de seguridad interior sin un adecuado respaldo legal emanado del congreso que permita organizar las fuerzas y dar seguridad a las tropas militares para operaciones para las que no son idóneas.

Al no existir marco jurídico para que las FF.AA. combatan al narcotráfico y tampoco existe en el Código de Justicia Militar, cuando hay un enfrentamiento con delincuentes, las cuestiones estrictamente militares se terminan debatiendo en juzgados civiles donde nadie entiende que significa empeñar tropas en un combate.

Es decir, los militares están indefensos ante cualquier acusación legal y lo saben muy bien. De ocurrir, los ministros que dieron las órdenes también deberían responder ante los jueces.

Ser juzgado por el Código Penal; horroriza a los militares porque éste no contempla acciones de guerra.

Si no existe un marco legal serio sin influencias ideológicas de izquierda, el error implicará, juicios y prisión a miliares que cumplieron órdenes.

En la historia argentina, hay sobrados ejemplos y por desagradables experiencias, los militares evitarán ese tipo de combate atípico. A ello se agrega qué, las tareas policiales no les gustan, no tienen el equipamiento necesario, tampoco están preparados, desconocen todas las modalidades delictivas y pueden ser engañados. A ello hay que agregar por décadas que desde el propio Estado sufrieron distintas humillaciones que afectaron su moral y carecen de un adecuado presupuesto, es decir no están en su mejor momento. Se puede revertir el daño, pero se necesitará tiempo y dinero y ninguna de esas cosas hay. La frontera norte es una madeja de traficantes de drogas, tratantes de personas, inmigrantes ilegales, contrabandistas, espías internacionales y prófugos peligrosos. Es fácil entender que los militares no son idóneos para su captura. Por más que se promulgue una legislación adecuada que los cubra, el riesgo que cometan equivocaciones y/o se corrompan en la nueva lucha contra las drogas es cuestión de tiempo. Las organizaciones criminales tienen infinita capacidad económica para seducir, los militares tienen muy bajos sueldos y al no tener experiencia podrían ser contaminados rápidamente. De ello pueden dar testimonio autoridades de otros países, donde hubo generales arrestados.

El apoyo logístico

El apoyo logístico que puedan hacer las FF AA es muy importante. La idea sería que faciliten a las FFSS, vehículos, botes, visores nocturnos, radares, aviones, helicópteros, carpas, cocinas móviles, edificios para albergar detenidos, etc. Dar dicho apoyo sin que los militares realicen detenciones, se entiende bien. Pero ¿cómo deberían actuar si un camión militar llegara a ser emboscado por narcos-guerrilleros? Eso ya ha ocurrido en Latinoamérica. ¿Podrán hacer uso del derecho a la legítima defensa? Es muy fácil culparlos luego de “exceso en el cumplimiento del deber”. Esto recién empieza y con toda seguridad, los efectivos del Ejército que acompañen pacíficamente a las FFSS se expondrán a posibles enfrentamientos con narcoterroristas y al ser militares con otra formación, cuando haya un tiroteo, no se detendrán mucho en pensar en los DD.HH. No lo harán adrede, sino que es un reflejo instintivo en un guerrero.

Los militares actuales aprendieron la lección del pasado y aunque existan leyes que les permitan actuar en tareas policiales, harán todo lo posible para no involucrarse. No sea que, con algún cambio de gobierno, 10 años después sean juzgados por cumplir “órdenes ilegales” y es un secreto a voces que piensan así.

Seguramente tarde o temprano habrá una escalada contra el narco-terrorismo y el apoyo logístico que tienen como misión pasará a otro nivel. Necesariamente habrán operaciones conjuntas que deberían ser bajo un mando único, pero por doctrinas distintas vendrían roces con las FFSS y todo se complicaría.

Variante importante

Tal vez lo más necesario, es que unidades de ingenieros del Ejército destruyan pasos no habilitados de la frontera por donde ingresan el narcotráfico y extranjeros indeseables.

En los casi 9.700 km de límite terrestre, se calcula que deben existir unos 840 pasos clandestinos, que son sendas casi invisibles, que por la complejidad topográfica no pueden ser controlados eficazmente. Algunos como los que hay en la cordillera de los Andes, eran usados por habitantes ancestrales, y ni siquiera figuran en las cartas topográficas y de su existencia sólo unos pocos pueden dar testimonio. Es decir, del total tal vez un 10% no se sabría su ubicación con certeza. En la Argentina habría unas 1.500 pistas clandestinas donde aterrizan aviones con drogas y por año son detectados 400 vuelos narcos que no pueden ser interceptados. En Colombia con explosivos y topadoras esas pistas son destruidas y aquí habría una nueva misión de apoyo para el Ejército. Necesariamente para ello se necesita una ley que contemple lo expresado.

Riesgo operacional

La frontera con otro país no es lo mismo que el límite entre dos provincias y no se necesita mucho esfuerzo para crear un problema internacional. Por razones de buena vecindad entre países, ni siquiera fracciones menores del Ejército tendrían que estar en las fronteras: no es lo mismo que un soldado en un tiroteo fortuito mate a un contrabandista que que lo haga un gendarme; la repercusión diplomática en el primer caso será muy distinta.

Leyes adecuadas, inteligencia, presupuesto y capacitación

Independientemente del cambio jurídico, para la lucha contra el narcotráfico las FF.AA., necesitarán:

    • una capacitación concreta de aquellos efectivos seleccionados para ser empleados,
    • equipamiento adecuado • presupuesto suficiente.

Nada de ello sería eficaz si no se dispone también de un componente de inteligencia que sea específico, unificado y permanente para esa misión. Pues para las redes transnacionales del delito las fronteras no son un obstáculo, poseen suficiente capacidad financiera para corromper y si los comandos no están informados la organización de nada valdrá. 

Experiencia en otros países

Ya se mencionó que los EE.UU. no tienen tropas afectadas contra el narcotráfico. En Argentina en una situación excepcional en forma muy restringida con grupos de elite y con una adecuada legislación, podrían participar las FF.AA. Para ello unidades exclusivas deberán capacitarse pues han sido formados para otro tipo de conflictos y su mentalidad es muy diferente. Colombia no emplea masivamente fuerzas militares sin un entrenamiento previo adecuado al combate del narcotráfico, ello fue clave para forzar a las FARC a firmar la paz. El ejército del Perú también se sumó a esa idea con el denominado “Batallón Contraterrorista 312”. Hay otros casos. Es decir, es necesario formar unidades pequeñas altamente especializadas para un combate atípico. Esta podría ser la solución si las fuerzas de seguridad estuvieran en serias dificultades. Pero hay que tener presente que, en casi todos los países, la guerra contra antinarcóticos ha fallado por años y a su vez, ha sido perjudicial para los propios militares. Su inexperiencia en temas policiales eleva la corrupción entre sus miembros. El combate dura años y en ese lapso los militares se agotan y sobrevine la desmoralización entre sus cuadros. La defensa nacional contra otra nación deja de tener vigencia y el país se debilita.

La Fuerza Aérea Argentina

La Fuerza Aérea es un caso distinto porque no puede atacar objetivos narcos en tierra ni derribar aviones furtivos que ingresan de otros países. Es decir, por su actividad no muere nadie. Su misión de apoyo en el “Sistema de Defensa Aeroespacial Nacional”, tiene un valor inestimable interceptando aviones narcos.

La GNA y la PNA

Siempre fueron la primera línea de protección en zonas limítrofes. Para casos importantes el “Escuadrón Alacrán” y la “Agrupación Albatros”, respectivamente son elementos altamente capacitados para la lucha contra el narcotráfico, pero vemos a estos especialistas custodiando villas de emergencia, alejados por meses de sus familias que dejaron a casi 1.000 km, lo que afecta su moral.

Si llegaran a regresar a la frontera, se moverían felices como el pez en el agua y cumplirían mejor con un elevado espíritu de cuerpo. Siempre ocurrió así.

Conclusión

La seguridad nacional no es de izquierda ni de derecha, si no se sabe diferenciar cuales son los problemas, difícilmente se pueda dar con la justa solución. Cualquiera sea la medida que se elija con aprobación del congreso, demandará al menos 20 años para que se perfeccione. Se necesitará mucho tiempo para ganar una guerra que recién empieza.

Precisamos de una lógica hipótesis de conflicto que imagine futuras complicaciones bélicas y leyes adecuadas para no terminar como México o Colombia.

La Defensa Nacional y la Seguridad, constituyen piezas de un partido de ajedrez político, que no es para amateurs y no hay que equivocarse al mover las fichas.

Documento Episcopal Argentina referido al narcotráfico. 8 noviembre 2013.

“La Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno. Si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio”

 

Artículo publicado originariamente por la Revista Tiempo GNA 77.