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LA ESTRATEGIA DEL CONSEJO NACIONAL DE MALVINAS – PARTE 2

César Augusto Lerena*

Del pensamiento de sus integrantes podemos imaginarnos el futuro de Malvinas.

Cuando la técnica no sirve a la política nacional.

Para continuar imaginándonos qué política puede diseñar el Consejo Nacional de Malvinas (el día que se ponga en funciones), seguiré analizando el perfil de sus integrantes. No era éste el orden planificado, pero, el reciente y antitético acuerdo de investigación entre el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) de Argentina y el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) chileno, me obligan a continuar la saga con el licenciado en Zoología Oscar Horacio Padín. Tendré en cuenta para ello, su larga travesía por el Consejo Federal Pesquero (en adelante CFP); en el Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS) y, ahora, su designación en el INIDEP. Todo ello adquiere especial significación a partir de su incorporación al Consejo Nacional de Malvinas que coordina el secretario Daniel Filmus.

Suele ser un error pensar que la condición de técnico habilita a las personas a administrar instituciones y especial a aquellas vinculadas a la toma de decisiones políticas relativas a la soberanía nacional. No necesariamente los profesionales y técnicos de las ciencias duras están preparados para ello y, aún menos, para diseñar políticas y elaborar “estrategias o tácticas” en temas tan sensibles como las que se detallan en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (La Política de Estado): “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

El reciente Acuerdo de Investigación (Argentina.gob.ar, 10/2/2021; Industrias pesqueras 11/2/2021) entre del INIDEP a cargo de Padín con el Instituto chileno de Fomento Pesquero (IFOP); Instituto que mantiene una “Alianza Estratégica” desde el 2006 con el Centre for Environment Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS) que, no es otra cosa que una Agencia Ejecutiva del Departamento de Medio Ambiente y Asuntos Rurales (DEFRA) del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; es, verdaderamente un desatino político, ya que mientras el Canciller argentino Felipe Solá el 12 de junio de 2020 suspendía el intercambio de información pesquera con el Reino Unido, porque “…es uno de los temas soberanos, no podemos entregar datos estratégicos a quien usurpa” (sic), Padín siete meses después, firma un convenio de información pesquera con un Instituto que tiene una “alianza estratégica” con quien ocupa en forma prepotente nuestros territorios marítimos y explota nuestros recursos naturales, extrayendo solo de Malvinas, unas 250 mil toneladas anuales por un valor del orden de los mil millones de dólares anuales. Un Instituto que es el principal asesor del gobierno chileno y cuya especialidad es formular, ejecutar y controlar proyectos de prospección, evaluación y desarrollo de pesquerías, “conforme las pautas y prioridades que en tal sentido establezca la Autoridad de Aplicación de Chile” y asesora —entre otros— al gobierno ilegal de Malvinas.

Los organismos acordaron “promover y fortalecer procesos de investigación y extensión comunitaria en las áreas marinas y marino-costeras de los países; generar conocimiento sobre los recursos marinos y su ambiente para un manejo sostenible y mejorar la toma de decisiones; promover el trabajo conjunto, en procesos, fenómenos y eventos de relevancia para los ecosistemas en que se desarrollan las pesquerías…”. Todo lo que necesita conocer el gobierno británico ilegal en Malvinas. Un clásico ejemplo de cuando la tecnocracia desconoce que hay cuestiones políticas y de soberanía nacional donde no se pueden transferir ni intercambiar papers científicos, porque son cuestiones de Estado: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas (…). La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía (…), constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Un verdadero absurdo, cancela la Cancillería las investigaciones pesqueras con el Reino Unido y ahora los británicos recibirán la información vía Chile. Sin dejar de tener en cuenta, que Punta Arenas es un lugar de transbordo de importes cargas de calamar argentino capturado en Malvinas y … aunque tratemos de olvidar, se nos viene a la memoria, la participación de Chile en la guerra de 1982.

¿Es Oscar Horacio Padín, uno de los miembros que en el Consejo Nacional de Malvinas va a elaborar la política para que algún día la Argentina pueda ejercer la soberanía plena en los archipiélagos y el mar argentino?

Es un Licenciado en Zoología (UNLP) con una larga trayectoria como Director de Recursos Ictícolas y Acuícolas del Ministerio (antes secretaría) de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (la dependencia que inauguró María Julia Alsogaray); un organismo secundario, respecto a la actividad pesquera que desarrollan las Secretarías de Pesca de la Nación y Provinciales y, desde ahí, representando a esa área ambiental integró el Consejo Federal Pesquero desde 1998 al 2011 (Roberto Garrone, Revista Puerto, 21/1/2001), uno de los períodos, en especial de 1998 al 2003, donde se destruyó la industria pesquera, se depredó el recurso, y el Reino Unido avanzó en la consolidación de su ocupación de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y, donde el referido Oscar Padín NUNCA emitió una opinión al respecto, como se desprende de todas las Actas de ese organismo.

Padín prestó sus servicios técnico-zoólogos en estos organismos para el expresidente Menem; el expresidente de la Rúa; el expresidente Duhalde; los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner; el expresidente Mauricio Macri y ahora al presidente Alberto Fernández. Bien podría decir: “Yo no tengo la culpa que los gobiernos cambien”. Dan lo mismo las “relaciones carnales” de los Cancilleres Domingo Cavallo y Guido Di Tella (Menem); las que Adalberto Rodríguez Giavarini (de la Rúa) invitaba a coordinar con el Reino Unido los límites externos de nuestra plataforma continental o firmar un Acuerdo con un Interventor de Mauricio Macri, que ponía el INIDEP al servicio de los británicos. NUNCA opinó, ni siquiera desde el punto de vista ambientalista en el CFP, ni hay una sola declaración pública en ese período suya sobre la apropiación de los recursos pesqueros por parte del Reino Unido en Malvinas, la ocupación del territorio marítimo argentino o la depredación que ello causaba.

Acompañó a Felipe Solá; Gumersindo Alonso; Ricardo Novo; Héctor Salamanco; Eduardo Auguste; Jorge Cajal; Antonio Berhongaray; Fernando Georgiadis; Juan Ignacio Melgarejo; Marcelo Regúnaga; Daniel García; Carlos Cantu; Rubén Marziale; Juan Carlos Reina, etc, etc.

Este zoólogo aplica la política de “Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros» (Groucho Marx) y, durante la XI Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos (CIMAS) Almirante Storni de Río Negro” (CONICET, 26/2/2018) en 2018 firmó como Director General del CIMAS un Acuerdo de Cooperación con el Interventor del INIDEP el Vicealmirante Marcelo Lobbosco (ver artículos de César Lerena: de la investigación pesquera independiente a la colaboración de un almirante argentino con el invasor de Malvinas”, 18/2/2019; “La desactivación del INIDEP, el default científico y la intervención de la investigación”, 4/12/2018; La investigación argentina ¿al servicio de la nación o del Reino Unido?, 19/8/2019; “La investigación conjunta con el Reino Unido y la valiosa entrega biológica del calamar argentino”, 1/2/2019), que puso el INIDEP al servicio del Reino Unido de Gran Bretaña, el que se mantuvo intervenido durante todo el mandato del ex presidente Mauricio Macri; lo que demuestra la versatilidad y pragmatismo político de Padín; que reemplazaba en 2019 al citado Interventor Lobbosco para asumir en el INIDEP; pero mientras tanto, firmaba acuerdos con quien acompañó al citado ex presidente Macri en la política de “remover todos los obstáculos que impiden el desarrollo de Malvinas”, como reza el Acuerdo de Foradori-Duncan del fatídico martes 13 de septiembre de 2016.

Lo que se dice un técnico todo terreno. Lo que no está mal, sino fuese que luego se le asignan tareas políticas, como integrar el Consejo Nacional de Malvinas donde debe decidir el destino de Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, los espacios marítimos e insulares del Atlántico Sur y la Antártida Argentina.

Ahora bien, los hombres son falibles y pasan, ¿pero, porqué Padín nunca se opuso a sus políticas en los ámbitos de decisión en los que participó, relativos al medio ambiente y la pesca y, por ello, influyeron negativamente, respecto a la consolidación de los británicos en Malvinas?

Veamos que pasó en el país entre 1998 al 2003 donde Padín, además de Director de Recursos Ictícolas y Acuícolas de la Secretaria (luego Ministerio) de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, fue miembro del Consejo Federal Pesquero (CFP), que tiene, entre otras responsabilidades (Art. 9º de la ley 24.922) la de “Establecer la política pesquera nacional; establecer la política de investigación pesquera; establecer la Captura Máxima Permisible por especie, teniendo en cuenta el rendimiento máximo sustentable de cada una de ellas, según datos proporcionados por el INIDEP; además de establecer las cuotas de captura anual por buque, por especie, por zona de pesca y por tipo de flota; aprobar los permisos de pesca comercial y experimental; asesorar a la Autoridad de Aplicación en materia de negociaciones internacionales; planificar el desarrollo pesquero nacional (…) etc.”

Durante la participación de Padín en el CFP se mantuvieron vigentes los “Acuerdos de Madrid I y II firmados en 1989/90” que le permitieron a los británicos mediante la pesca consolidar su ocupación en Malvinas (declaraciones de John Barton, 2012); se mantuvo vigente la “la conservación conjunta británico-argentina de los recursos pesqueros al este de Malvinas acordada en 1990” que les facilitó a los británicos el otorgamiento de licencias ilegales de pesca en Malvinas; se mantuvo vigente la “investigación conjunta británica-argentina de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur acordada en 1995” que le permitió a los británicos conocer el comportamiento de las especies argentinas que migran a Malvinas; se mantuvo el charteo de buques para la pesca del calamar que extranjerizó el mar argentino y no evitó la migración del calamar Illex argentinus al área de Malvinas para que fuera capturada por buques extranjeros licenciados ilegalmente por el gobierno usurpador de Malvinas. Al respecto de Padín, dice Roberto Garrone (Revista Puerto, 21/1/2020) “…no es un desconocido para la industria pesquera (…) En esos años fue una figura clave en el otorgamiento de nuevos permisos de pesca para ingresar a la pesquería de calamar”.

También los consejeros (entre ellos Padín) dejaron la denuncia de los Acuerdos Pesqueros con la CEE (ahora Unión Europea) en manos de la Cancillería Argentina, pese a la emergencia pesquera que se vivía, cosa que ocurrió recién en mayo de 1999, pese a que su implementación provocó la mayor depredación de la historia argentina debido al sobreesfuerzo pesquero de los buques españoles en la Argentina; a punto tal, de dar lugar a la sanción en junio de 1999 a la Ley 25.109 de “emergencia pesquera nacional”. La continuidad del Acuerdo Pesquero con la CEE y los daños que provocó fue posible porque los miembros del CFP no prestaron atención a los informes del INIDEP, el reclamo de expertos, sindicatos y algunos empresarios.

Todo se sabía de antemano: al firmarse ese Acuerdo, no se había determinado la existencia de especies excedentarias; cuestión que no podían ignorar los biólogos y especialistas. La limitación de las capturas de merluza (la principal especie argentina en esa época) produjo el derrumbe industrial y la más importante caída laboral que dio lugar a que, por primera vez, el Estado de la Provincia de Buenos Aires debió subsidiar el pago de salarios a las empresas para sostener el empleo, en una actividad que nunca había recibido aportes de este tipo. El Acuerdo que promovió la formación de sociedades mixtas españolas-argentinas, debió incorporar los buques españoles y desguazar los buques nacionales reemplazados de similar capacidad de captura y, a pesar de esto, en muchos casos ello no ocurrió; en otros, se agregó más esfuerzo al incorporar buques congeladores con mayor capacidad de pesca que los fresqueros reemplazados y, lo peor, también hubo reemplazos que no se efectivizaron y ambos buques siguieron pescando con la consiguiente depredación y, aunque dieron lugar a las Auditorías de la UBA y AGN, los consejeros, entre ellos Padín, como surge de las Actas del CFP nunca opinaron, a pesar del reclamo al respecto, de varios jueces penales.

Al firmarse la Ley de Pesca 24.922 en 1998 se cuotificaron en forma transferible (Art. 27º) las capturas y el recurso de propiedad del Estado quedo en poder de concesionados pudiendo transferir a terceros sus cuotas de pesca. Esto quedó consolidado al firmarse el Decreto reglamentario 748/99 con la participación del CFP que integraba Padín, por el cual, se enajenó en favor de terceros la administración del recurso y se hipotecó la radicación pesquera con fines estratégicos, no solo para el desarrollo de los pueblos en el litoral patagónico sino para llevar adelante una geopolítica con relación a Malvinas y el área meridional del Atlántico Sur y la Antártida. NUNCA el CFP en los prolongados períodos que lo integró Padín aplicó el Art. 13º del Decreto 748/99 que le habría permitido radicar empresas pesqueras en lugares estratégicos con relación a la ocupación marítima e insular del Reino Unido en Malvinas.

Pese a los considerandos y, los artículos 1º e) y 10º del referido decreto y el artículo 2º c) la Ley 24.543, el CFP que integró, nunca tomó medida alguna respecto a la explotación de los recursos migratorios en alta mar: “…la República Argentina se encuentra facultada para adoptar, de conformidad con el derecho internacional aplicable, todas las medidas que considere necesarias para cumplir con la obligación de preservar los recursos vivos marinos de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) y en el área adyacente a ella”, por lo cual se consolidó la extranjerización del Atlántico Sur y la posición británica en Malvinas, más allá de los efectos biológicos, económicos y sociales en perjuicio de Argentina y, por el contrario, pese a que por la Ley 24.922 y el Decreto citado (Art. 4º) el CFP tenía todas facultades, solo orientó éstas a cuestiones administrativas y, con la participación de Padín, este instrumento abrió las puertas a la explotación extranjera en las aguas de jurisdicción argentina (Art. 1º) “…comprenden g) Las actividades de pesca e investigación de los buques de pabellón extranjero en aguas bajo jurisdicción argentina” y pese al art. 43º del referido Decreto nunca se decomisó un buque.

Por otra parte, durante su gestión en el CFP, la Armada y la Prefectura no tuvieron recursos económicos para controlar el mar argentino y no hubo observadores a bordo para evitar la depredación de los recursos.

Durante el período en el que Padín integró el CFP el Secretario de Relaciones Exteriores de Argentina Andrés Cisneros en Madrid en 1999, acordó entre otras medidas combatir a los “buques sin licencias pesqueras británicas” en el Atlántico Sur, sin que ese cuerpo hiciera una sola manifestación. Y, el 13/7/2000 se sancionó la Ley 25.290 aprobando el Acuerdo de Nueva York que puso en manos de los Estados de Bandera a través de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) el control de las especies migratorias, abriéndole las puertas al Reino Unido de Gran Bretaña a la administración del recurso en total violación de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, en el más absoluto silencio de los miembros del CFP del cual Padín era miembro. Otro tanto, cuando en junio de 2001 la Cancillería argentina invitó a coordinar con el Reino Unido la delimitación de la plataforma continental argentina. Y, entre otras tantas acciones en perjuicio de la Argentina, el Reino Unido en 2011 declaró la Reserva Ecológica británica de 1 millón de km2 en Georgias del Sur y Sándwich del Sur, sin que el CFP se expidiera al respecto. ¿Alguna mención a los veteranos de guerra de Malvinas?

En base a los graves hechos relatos precedentemente, el Lic. Oscar Padín puede ser un buen zoólogo, pero no me imagino como puede administrar el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) atendiendo los intereses nacionales y, mucho menos, cuáles pueden ser sus ideas para elaborar una estrategia para recuperar Malvinas en el Consejo Nacional de Malvinas, cuya integración ha seleccionado y coordina el secretario Daniel Filmus.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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BREXIT, MALVINAS, PESCA Y ESTADOS DE BANDERA

César Augusto Lerena*

Imagen de MasterTux en Pixabay

Ya me referí en varios escritos anteriores (César Lerena “El Malvexit frente al Brexit Británico, 04/10/2018 y, “Brexit, Pesca y Malvinas, ¡Camarón que se duerme se lo lleva la corriente!” 03/07/2020 https://saeeg.org/index.php/2020/07/04/brexit-pesca-malvinas-camaron-se-duerme-se-lo-lleva-la-corriente/ ) a la oportunidad que se abría para la Argentina frente a la salida del Reino Unido de Gran Bretaña (en adelante R.U.) de la Unión Europea (en adelante U.E.) el próximo 1º de enero de 2021 y, desde entonces, he venido promoviendo la necesidad de que el gobierno argentino, entre otras cosas, actuase ante Bruselas para que, cualquiera fuese el Acuerdo al que se arribe, quedasen fuera de éste los llamados “territorios británicos de ultramar” Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) que el R.U. tiene usurpados o sobre los que pretende su titularidad como en el caso de la Antártida.

Efectivamente, los territorios de ultramar han quedado afuera de las negociaciones del Acuerdo y varios medios han venido refiriéndose a ello, diciendo en general que “de acuerdo a fuentes oficiales y diplomáticas, el gobierno insistió en que las Islas Malvinas no sean contempladas como un territorio británico de ultramar en el futuro acuerdo que el viejo continente podría negociar con el Reino Unido para regular sus relaciones comerciales, basándose en la resolución de las Naciones Unidas que admite la existencia de una disputa de soberanía y las constantes recomendaciones del Comité de Descolonización de la ONU constantemente desoído por Londres. De respetarse la posición argentina, los malvinenses perderían las cuotas de acceso y la rebaja arancelaria por la que venían beneficiándose desde hace años, además de la asistencia financiera para desarrollar una economía que es extremadamente dependiente de la pesca, que equivale al 60% del PBI local” (Chabay, Ezequiel, El Cronista, 24/12/2020) y ello es sólo parcialmente cierto y hay mucho por trabajar si lo que se pretende es conseguir aislar comercialmente a Malvinas, comenzando porque la U.E. le aplique aranceles a los productos —en especial pesqueros— que se destinan en un 95% a Vigo (España) y desde ahí a toda Europa.

Recordemos que en el año 2009, cuando se ratificó el Tratado de Lisboa, al votarse la aprobación de la Constitución de la U.E., se incluyó como Territorios Británicos de Ultramar a las Malvinas y a la Antártida. ¿Qué hizo la Cancillería Argentina en esa oportunidad para evitarlo? lo ignoramos, pero lo cierto, que españoles e italianos (dentro de los que se encontraban millones de argentinos con doble nacionalidad de esos países) votaron a favor de ello o simplemente ignoraron que tenían que hacerlo y votar en contra. Desde entonces, nada hizo la Argentina ante la U.E. para modificar esta irregular situación y, por el contrario, mantuvo activos todos los acuerdos firmados con el R.U. (Acuerdos de Madrid, etc.) y, grotescamente, también mantiene vivos el “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Gran Bretaña y el gobierno de Buenos Aires” que se firmó el 02/02/ 1825 (pese al cual el 03/01/1833 los británicos invadieron Malvinas) y, el “Convenio para la Promoción y la Protección de inversiones británicas en la Argentina” suscripto en Londres el 11/12/1990 y aprobado por la Ley 24.184 el 04/11/1992.

En un pasado artículo (César Lerena¿quién ejerce el poder en el atlántico sur?” 03/06/2020, https://saeeg.org/index.php/2020/06/03/quien-ejerce-el-poder-en-el-atlantico-sur/ ) puse de manifiesto que el 22/01/2020, funcionarios y empresarios del sector pesquero español se reunieron en Madrid, manifestando el interés —acompañado por la European Fisheries Alliance (EUFA)— de mantener el acuerdo de libre comercio, el mutuo acceso a las aguas, el reparto de las cuotas de pesca y la gestión compartida con el R.U.; todas cuestiones que han sido reiteradas en cuanto fuero hubiese y, en las que están muy interesados los españoles que pescan tanto en el Atlántico Nordeste como en el Atlántico Sur con licencias ilegales del R.U. en Malvinas, incluso, como otros europeos, con bandera británica, en ambos Atlánticos.

España, en los prolegómenos del Acuerdo entre Londres y Bruselas acompañó la preocupación de los empresarios españoles que pescan en las aguas británicas y en Malvinas, acompañados, con una menor preocupación por sus pares de Alemania, los Países Bajos, Francia, Bélgica e Italia; pero el R.U. privilegió los intereses escoceses y de otros del Reino y no atendió las fuertes presiones de los europeos e incluso los reclamos de los propios habitantes de Malvinas, quienes en este nuevo estado que se inicia, poco o nada pueden aportarle al déficit comercial del R.U. Con este Acuerdo se modificará la situación actual de que los barcos comunitarios puedan pescar hasta las 6 millas de la costa británica y, a partir del cual, ya no podrán hacerlo libremente dentro de las 200 millas británicas y se reducirán progresivamente las cuotas.

La pesca es un 0,1% dentro de la economía británica, carece de toda relevancia y no ha sido un dato menor a la hora de las negociaciones, ya que el R.U. se ha centrado en asegurarse la soberanía plena en sus decisiones y en satisfacer su política interna, en especial con Escocia; pese a lo cual, su primera ministra Nicola Sturgeon no está conforme con que haya una transición de 5,5 años, en lugar de los tres que esperaban y ya está argumentando que Escocia tiene derecho a elegir su propio futuro como un país independiente, vinculado a la U.E.

En este primer escenario, los españoles perderían cuotas en las aguas británicas del Atlántico Nordeste y los productos extraídos por españoles o sociedades británicas-españolas en Malvinas, como dije, mayoritariamente destinados a Europa, pagarían aranceles. Pero esto no es tan así. Para que se apliquen aranceles a los productos pesqueros originados en capturas realizadas en el área de Malvinas, la Argentina deberá hacer otros deberes, porque de otro modo, ingresarán a la U.E. con bandera española o al R.U. con bandera británica. Por cierto, nada es gratis en el mundo de los negocios.

España, cualquiera sea el resultado, magnifica la situación. Sabe, que cuánto más dramática la muestre, más subsidios obtendrá de la U.E. Son expertos en Acting y, en especial, su vocero Javier Garat, el gran perdedor en este Acuerdo que esperaba una transición de 14 años (¿?) en las aguas británicas y solo consiguieron 5,5 años; un tiempo que nadie cree que transcurra.

En principio, habría que tener en cuenta que el Acuerdo prevé el libre comercio y acuerdos transitorios pesqueros con la U.E. (Capitulo 185), con algunas cláusulas relativas a cumplir ciertos parámetros, que no parece que el R.U. no vaya a cumplirlas (salvo las pesqueras) y, además, es lógico pensar que el R.U. profundizará sus negocios con el Commonwealth; Estados Unidos; a través del TMEC (México y Canadá); China y otros países, incluso con Argentina, para compensar sus eventuales pérdidas en la U.E. y mejorar su balanza comercial que, durante 2019, fue negativa en casi 200 mil millones de euros. ¡El imperio se apresta a cabalgar sobre las olas! Al menos es lo que ellos creen y sí no hay que preguntarle a Cantieri.

Por otra parte, no es cierto que “la U.E. haya descartado a Malvinas en las negociaciones por la disputa que mantiene Argentina con el R.U. sobre estos territorios en las Naciones Unidas”. Todos los llamados Archipiélagos Británicos de Ultramar, a excepción de Gibraltar, quedaron afuera del borrador de Acuerdo. El Capítulo 183º de éste aplica solo al R.U. y no a los Territorios de Ultramar, dado que la U.E. no tiene competencia para negociar con ellos” y, en el Capítulo 184º, establece que el R.U., Gibraltar y España seguirán negociando acuerdos para buscar el mejor resultado posible para el pueblo de Gibraltar y la región circundante y, la Comisión confirmó que un acuerdo sobre Gibraltar es posible y que están dispuestos a examinar cualquier solicitud de España y el Reino Unido para llevar esto adelante”.

¿Qué efectos vinculados con la Argentina podría finalmente provocar el Brexit?

Probablemente se debilitará en la U.E. la posición británica respecto a Malvinas y mejorará la postura argentina en los reclamos de soberanía e incluso en las negociaciones comerciales o relativas al equipamiento militar.

Además de ello, la Argentina debe cancelar (no suspender) los vuelos desde Malvinas a Chile y a Brasil y prohibir el uso del espacio aéreo y marítimo argentino para trasladar productos, personas, insumos, etc. relacionadas con la exploración o explotación pesquera, agropecuaria, hidrocarburífera o comercial en Malvinas, entendiendo que estas actividades no son pacíficas porque derivan de la explotación y ocupación ilegal de un territorio argentino.

Los isleños buscarán negocios fuera de Europa y necesitan más vuelos a terceros países, para lo cual, la Argentina —derivado del Pacto Foradori-Duncan— les otorgó un vuelo semanal a San Paulo que les abre las puertas al mundo (¡!) y a las relaciones con Brasil; incrementan la relación con Uruguay (stands en feria y otros) que les provee puertos para asegurar las operaciones de los buques extranjeros que pescan en el Atlántico Sur con o sin licencia británica y, que es sede, junto con Puerto Arenas, de la naviera inglesa SAAS cuyo buque portacontenedores hace tráfico comercial cada 14 días a las Islas; promueven el turismo; construyen puertos en Malvinas y Georgias del Sur para facilitar sus operaciones y profundizan las relaciones con empresas españolas a través de la constitución de joint venture.

En este estado de cosas, ¿qué otra cosa debería hacer la Argentina para mejorar su situación respecto al control en el Atlántico Sur y en especial, cambiar el estatus de Malvinas y, favorecer las exportaciones pesqueras nacionales a la Unión Europea? primero, promover Acuerdos (no negocios espurios) con todas las flotas españolas y asiáticas que operan en el Atlántico Sur y, segundo, en su caso, multar y considerar un delito penal la pesca ilegal, para desalentar la pesca en el área de Malvinas (ver César Lerena “la pesca ilegal es un delito penal” https://saeeg.org/index.php/2020/07/13/la-pesca-ilegal-afecta-la-seguridad-debe-tipificarse-como-delito-penal/ ). En cualquier caso, los Acuerdos no pueden dejarse en manos de la Cancillería, de las empresas ni de los funcionarios de pesca. Debe constituirse una comisión de expertos de probada idoneidad técnica, honestidad y capacidad negociadora en favor de los intereses nacionales; Acuerdos, que deberían ser finalmente aprobados por el Congreso de la Nación y, como parte de éstos, la Argentina debería otorgar reembolsos a las exportaciones de productos pesqueros a la U.E., para equilibrar el cobro de aranceles a la importación de los productos argentinos en la U.E. y desalentar la pesca ilegal española en el Atlántico Sur.

¡Camarón que se duerme se lo lleva la corriente!

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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OCEANOPOLÍTICA: SU IMPORTANCIA PARA UN PAÍS “PENINSULAR”

Marcelo Javier de los Reyes*

Algunos conceptos

En 1942 fue editado el libro Mar y Tierra[1] del politólogo, jurista y filósofo político alemán Carl Schmitt (1888 – 1985), en el que se refiere a las dos bestias de la Biblia, a Leviatán y a Behemot —la del mar y la de la tierra—, para ejemplificar la puja entre el poder naval y el poder terrestre, denominados respectivamente talasocracia y telurocracia.

Thalassa (θάλασα) proviene del griego y significa “mar”. Como bien explica el profesor Luis Dallanegra Pedraza,

Cuando uno utiliza el término “política”, se está haciendo referencia a la “toma de decisiones”. “Talasopolítica” tiene que ver, no sólo con el estudio sobre el mar, sino y fundamentalmente, con las decisiones que se toman respecto de él, sus recursos, su ámbito como medio de comunicación, como espacio vital.[2]

Agrega que la Talasopolítica es una rama de la Geopolítica, pero se trata de una disciplina de gran relevancia ya que tiene por objeto de estudio los océanos, que abarcan más de las dos terceras partes del planeta.

El almirante chileno Jorge Martínez Busch (1936 – 2011), quien fue Comandante en jefe de la Armada de Chile entre 1990 y 1997 y, senador institucional, entre los años 1998 y 2006, en 1990 introdujo el término “Oceanopolítica” en ocasión de la inauguración del ciclo del Mes del Mar, al desarrollar el tema “Ocupación efectiva de nuestro Mar. La tarea de esta generación”[3]. El propio almirante Martínez Busch explica:

En aquella oportunidad sostuve que la respuesta nacional al desafío oceánico debía surgir de una apreciación de este orden, fundada en la necesidad de establecer qué acciones pueden ser efectuadas para que el espacio oceánico que está frente a nuestras costas constituya un ámbito de desarrollo y crecimiento para el Estado.[4]

Es de destacar en este párrafo que le compete al Estado la responsabilidad de llevar adelante esas acciones que permitan convertir ese espacio en un “ámbito de desarrollo y crecimiento”.

El marino estadounidense Alfred Thayler Mahan (1840 – 1914), autor de Influencia del Poder Naval en la Historia (1660-1783)”[5] —obra publicada en 1890—, es quien vislumbró la importancia del mar para su país y trazó los objetivos políticos que llevaron a los Estados Unidos a lanzarse al dominio de los mares, que hasta ese momento se encontraba en poder del Reino Unido.

Hacia fines del siglo XIX, el poder naval se constituía el medio más importante para controlar el destino de las actividades de una nación, del mismo modo que para ejercer el control de sus rivales de ultramar.

A partir de lo expuesto por Mahan, cabe tener en cuenta ciertos conceptos como el de “Poder Marítimo”, “Intereses Marítimos” y “Poder Naval”.

El oficial de la Armada de Chile, Jorge Terzago Cuadros, sintetiza estos conceptos de la siguiente manera:

El “Poder Marítimo” es la capacidad de crear, desarrollar, explotar y defender los Intereses Marítimos de un país tanto en la paz como en conflicto. En síntesis, consiste en la facultad que tiene un Estado para usar el mar en su beneficio. El Poder Marítimo está integrado por dos elementos de distinta naturaleza pero complementarios: Los Intereses Marítimos, los cuales le otorgan la sustancia y el Poder Naval que los defienden.[6]

Los “Intereses Marítimos” comprenden el conjunto de beneficios de carácter político, económico, social y militar que obtiene una nación de todas las actividades relacionadas con el uso del mar. Estas labores son llevadas a cabo tanto por el Estado como por los privados en la alta mar, aguas jurisdiccionales, fondos marinos y litoral con la finalidad de aprovechar sus facilidades y explotar los recursos contenidos en ellos[7]. En síntesis, los “Intereses Marítimos” comprenden los valores económicos y sociales de una nación, que concurren en su desarrollo. El “Poder Naval”, por su parte, se refiere a los valores políticos y militares, es decir, a las cuestiones de seguridad, y para ello se requiere de la implementación de Políticas de Estado y de la enunciación y ejecución de los “Intereses Nacionales”.

Avances y retrocesos en la Argentina

Se han cumplido quinientos años de la llegada de la expedición de Fernando de Magallanes a la Patagonia. Entre finales de marzo y principios de abril de 1520, arribó al paraje que denominó Puerto de San Julián con el objetivo de pasar el invierno, aunque las condiciones climáticas y el agotamiento de los bastimentos provocó un malestar en su tripulación, tras proceder a racionalizar los alimentos. Magallanes debió enfrentar un motín, para lo cual dio muestra de su severidad. Tras casi cinco meses de haber tocado tierra, la expedición continuó la travesía.

Cuando los españoles ya se habían establecido en el territorio de la actual Argentina, en 1768, durante la gestión del gobernador de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucarelli, la ciudad de Buenos Aires estaba rodeada de unos pocos fuertes que formaban como una línea de circunvalación para protegerla de los malones de los aborígenes.

Es a partir del virreinato de Juan José de Vértiz y Salcedo (1719-1799) —quien se desempeñó como gobernador y capitán general del Río de la Plata entre 1770 y 1776 y como virrey del Río de la Plata entre 1778 y 1783— que se comienza a avanzar sobre la frontera sur, pues la orden era dominar el río Salado, en ese entonces en poder de los aborígenes.

La corona española intentó avanzar hacia el sur con el propósito de llegar al río Negro y llevar a cabo estudios para fundar establecimientos en la costa patagónica, con el objetivo de defenderse de la política británica[8].

En 1778 la corona española ordenó el establecimiento de fuertes y poblaciones en la costa del Río de la Plata hasta el estrecho de Magallanes, más aún en vista de las ambiciones británicas sobre la región. Esta fue la empresa que debió llevar adelante Francisco de Biedma por instrucciones de la corona impartidas al virrey Vértiz. Fue así como se procedió a la fundación de Carmen de Patagones. En esa oportunidad también el alférez de la Real Armada, Basilio Villarino, el piloto al frente de la expedición exploratoria del río Negro, sugirió ocupar Choele-Choel y la confluencia de los ríos Neuquén y Negro. De ese modo la corona española comienza a mostrar su preocupación por la Patagonia y a planificar su defensa y ocupación.

El 9 de julio de 1816 las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon su independencia del Reino de España y prontamente procedieron a tomar posesión de las islas Malvinas como herederas de las posesiones españolas. El 6 de noviembre de 1820, el marino y corsario estadounidense David Jewett, al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tomó posesión de las islas Malvinas al mando de la fragata Heroína y procedió al izamiento de la Bandera Nacional en las Malvinas[9].

El “problema del indio” y la expansión de Chile —ambas en buena medida asociadas, habida cuenta que, por un lado, la aparición de los araucanos de este lado de la cordillera de los Andes ocurrió tanto por presiones internas de ese país y, en otras oportunidades, con la ayuda de milicianos chilenos y, por el otro, porque el robo de las miles de cabezas de ganado que llevaban a cabo los malones sobre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Cuyo, tenía por finalidad su venta en Chile— motivó la efectiva ocupación de ese espacio geográfico durante la presidencia de Nicolás Avellaneda (1874-1880) y cuya empresa militar fue llevada a cabo por el general Julio Argentino Roca.

La expedición de Luis Py a la Patagonia, enviada por el Ministro de Guerra Julio Argentino Roca a finales de 1878, tuvo como misión sostener los derechos que reclamaba la Argentina en el extremo sur del continente y defender ese territorio de la política expansionista de Chile, en momentos en que se avizoraba una guerra entre ambos países. Esta expedición es considerada la primera operación de una división naval de mar de la República Argentina, lo que motivó a que el 1º de diciembre fuera instituido como el Día de la Flota de Mar Argentina.

Un hecho que demuestra el interés que tenía el Estado argentino de proyectar su dominio sobre el Atlántico lo demuestra la adquisición de las instalaciones que había dejado la expedición del Scotia, comandada por el escocés William Speirs Bruce, quien procedió a realizar una cartografía de las islas y estableció una estación meteorológica (la Omond House). El comandante escocés, cuando logró zafar la inmovilidad de su navío apresado con los hielos, navegó hacia Buenos Aires para reaprovisionarse, a la que llegó en diciembre de 1903. Bruce ofreció en venta por $ 5000 las instalaciones al gobierno argentino. El presidente argentino, general Julio Argentino Roca, por decreto del 2 de enero de 1904 aceptó el ofrecimiento de las instalaciones, en cuya negociación prestó su conformidad el embajador británico en Buenos Aires. La base argentina de las islas Orcadas es el establecimiento humano permanente más antiguo de la Antártida.

Inmediatamente fue destinada una delegación argentina que, el 22 de febrero de 1904, izó la Bandera Nacional en la isla Laurie y procedió al establecimiento de personal para proseguir con sus actividades. Esa fecha motivó que se instituyera el 22 de febrero para conmemorar el día de la Antártida Argentina.

Es oportuno recordar la expedición de rescate llevada a cabo por la Corbeta “Uruguay”, que fue acondicionada convenientemente y puesta al mando del Teniente de Navío de la Armada Argentina Julián Irizar, con el objetivo de auxiliar a la expedición del doctor Otto Nordenskjöld en la Antártida, de la que participó el alférez de fragata de la Armada Argentina José María Sobral. La nave zarpó el 8 de octubre de 1903 y cumplió exitosamente su misión, demostrando la capacidad de búsqueda y rescate en aguas antárticas por parte de la Argentina. La proeza de la Corbeta “Uruguay” dio origen a la presencia permanente e ininterrumpida de la República Argentina en la Antártida.

Pocos años después, siguiendo los lineamientos planteados por Mahan, otro tucumano —que se suma a los presidentes Avellaneda y Roca—, el Almirante Segundo Storni (1876 – 1954) planteó la necesidad de considerar las cuestiones del mar y de la actividad naviera como Políticas de Estado. Lo hizo a través de sus obras “Proyecto de Régimen de Mar Territorial” en 1911 y “El Mar Territorial” en 1926, en las que abordó la temática del régimen jurídico en el mar de nuestro país. Las obras en cuestión fueron consideradas en la Conferencia de Codificación del Derecho Internacional —que en 1930 se reunió en La Haya— y, posteriormente, en la Primera, Segunda y Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

No obstante, el trabajo de mayor relevancia del almirante Storni en “Intereses Argentinos en el Mar”, de 1916, el cual reúne una serie de conferencias dictadas en el Centro Naval. En esta obra ofrece una visión integral los intereses marítimos argentinos que incluyen el aprovechamiento del mar, al cual apreciaba como el motor del desarrollo nacional, los intereses sobre las islas Malvinas, la Antártida Argentina, el mar argentino y las pesquerías, la plataforma continental, la Defensa Nacional, el derecho del mar, la explotación sustentable de los recursos naturales, el desarrollo de la industria naval y el establecimiento de la marina mercante nacional.

Sus ideas cobraron fuerza en el seno de la Armada Argentina favoreciendo la toma de conciencia marítima no sólo por parte de esa fuerza sino también por parte de la sociedad argentina. Cabe destacar que los diversos gobiernos, hasta la llegada de la democracia, continuaron con las ideas propuestas por Storni, protegiendo los intereses marítimos argentinos a través de su poder naval, la Armada Argentina, y exportando los productos nacionales a bordo de los buques de la empresa ELMA.

Es menester recordar al almirante Segundo Storni con esta frase de su autoría:

La política naval es, ante todo, una acción de gobierno; pero es indispensable, para que tenga nervio y continuidad, que sus objetivos se arraiguen en la Nación entera, que sean una idea clara, un convencimiento de las clases dirigentes, y una inspiración constante de todo el pueblo argentino.

Storni consideraba que la población argentina miraba más a la tierra que al mar, por lo que estimaba que la actividad marítima no arraigaría en nuestra sociedad. Del mismo modo, el poder naval y la marina mercante tenían como misión favorecer la exportación de los productos argentinos en un contexto de una Argentina productora de materias primas, tal como la había concebido la generación del ochenta.

Con respecto a la geografía del país, observaba a la Argentina desvinculada de la región, como si se tratase de una isla.

Frente a la visión de la Argentina “insular”, basada en el análisis de la situación geográfica del país desarrollada por Storni, el general Guglialmelli considera que la Argentina “tiene ‘carácter peninsular’, en la más amplia acepción geopolítica del término. Mantiene en este sentido su condición marítima pero asume, también el rol continental”.

En efecto. Su territorio, al norte de la línea Cabo San Antonio-San Rafael (Mendoza) se articula con la masa terrestre continental “introduciéndose” en ella. Al sur de aquel linde, se prolonga hacia el sur como una cuña entre los grandes océanos. En su extremo austral, esta región incluye los sectores insular y antártico. Debido a esta conformación, nuestro país recibe la influencia del Pacífico (Chile por medio) y del Atlántico, en particular este último, sobre parte de cuyas aguas, plataforma y subsuelo, extiende su soberanía. Teniendo en cuenta, por último la situación de la América del Sur y de la Argentina dentro de ésta, resalta, como lo señaló Storni, su posición periférica y marítima respecto a las masas continentales del Hemisferio Norte.

Todo el espacio argentino se articula con los países vecinos a través de los aspectos geoambientales fronterizos incluidos los medios de integración física (caminos, ferrocarriles, vías fluviales).[10]

En este concepto geopolítico de la Argentina “peninsular” debe considerarse “al mercado interno, apoyado sobre un aparato productivo integrado en lo espacial y sectorial”[11]. El desarrollo de las diversas regiones, cada una aportando sus riquezas a la producción —alimentos, minería, energía, etc.— debe contar con “un sistema de comunicaciones que vincule, además de los puertos, con preferencia a las distintas regiones y sus grandes polos”, lo que permitirá concretar una “estructura económica integrada, independiente y autosostenida, base indispensable para un destino de gran potencia”[12].

En este concepto de la Argentina “peninsular” le otorga gran importancia a los intereses marítimos, lo que lleva a valorar los recursos del mar y el desarrollo —al igual que proponía el vicealmirante Storni— de una Marina Mercante, “con sus beneficios de trabajo e ingreso por fletes y seguros”[13].

Para el general Guglialmelli, la Argentina, en términos geopolíticos es, entonces, “peninsular”: es continental, bimarítima y antártica. Agrega a esto:

Esta conceptuación significa no sólo una situación geográfica, sino también y fundamentalmente, una economía integrada e independiente, un mercado interno en permanente expansión y una irrenunciable vertebración cultural con los países de América del Sur en particular los vecinos y el Perú”[14].

Era consciente de que las grandes potencias y las corporaciones internacionales, o la combinación de éstas con las primeras, procuran mantener la dependencia del mundo periférico, fomentando integraciones regionales en desmedro de la Soberanía Nacional. Como ejemplo de esas integraciones regionales cita la Cuenca del Plata como una prioridad que puede relegar al resto del país.

En la visión del general Gulialmelli debe repararse en esa visión de una Argentina “peninsular”, para lo cual vale aquí la definición de “península” que proporciona el diccionario de la Real Academia Española: “Tierra cercada por el agua, y que solo por una parte relativamente estrecha está unida y tiene comunicación con otra tierra de extensión mayor”.

A su juicio, la Argentina peninsular comienza al sur de la línea San Rafael-Mar del Plata y distingue “un área de transición que cubre hasta la línea imaginaria que une San Antonio Oeste-Neuquén-Ruta 22. Esta región también tiene una zona de frontera. Su gran polo de desarrollo es el alto valle de Río Negro-Zapala. Pero su característica principal es que constituye la sutura con el área patagónica propiamente dicha”[15].

 


Ruta Nacional 22. Atraviesa las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Se trata de una “península” compartida con Chile, país que ha sabido interpretar su proyección marítima mientras que la Argentina ha perdido su “conciencia marítima”.

¿Qué ha pasado en la Argentina para que ello haya ocurrido?

El quiebre podría fijarse en el Conflicto del Atlántico Sur de 1982, cuando la Armada Argentina, tras el ataque y hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”, la Flota de Mar retornó al continente para refugiarse. Ese repliegue constituiría el inicio del proceso de extinción de la Armada Argentina.

Desde entonces, los gobiernos democráticos —en particular desde 1990— dejaron de considerar la proyección oceánica de la Argentina. Durante el gobierno del presidente Carlos Saúl Menem, se procedió a la liquidación de la empresa ELMA, uno de los pivotes del desarrollo que había trazado el almirante Storni. Las empresas pesadas y los astilleros fueron vendidos o sometidos a su extinción.

La política de “desmalvinización” que siguió al conflicto contribuyó en el abandono de la “conciencia marítima”, lo cual fue acompañado por una serie de tratados, acuerdos y declaraciones que los diversos gobiernos democráticos firmaron en detrimento de los “Intereses Argentinos en el Mar”.

Con respecto a las Fuerzas Armadas, debe considerarse que no fueron subordinadas a los gobiernos democráticos sino que fueron humilladas por estos, al punto de poner a la Nación en un estado de indefensión.

 

A modo de conclusión

Si acordamos con el general Guglialmelli de que nuestro país es “peninsular”, y en verdad una gran parte del territorio se proyecta como una península, debemos mirar hacia el mar y poner manos a la obra para reconsiderar nuestros “Intereses Argentinos en el Mar”.

Para revertir esta situación se hace necesaria una serie de condiciones que deberán ser llevadas a cabo por un gobierno que desarrolle una fuerte estrategia en pos de lograr una vertebración del territorio nacional, logrando una armonía entre el continente y el mar.

Del mismo modo, deberá proponerse la recuperación de la “conciencia nacional” a través de acciones más que de declamaciones. Es positivo que en diciembre de 2003, mediante la Ley N°25.860, el Congreso Nacional instituyera el “Día de los Intereses Marítimos”, el 16 de julio “para homenajear y conmemorar el nacimiento de Segundo Storni en Tucumán, en reconocimiento a los valiosos aportes en la materia que realizó el Vicealmirante”. De nada sirve si no se fortalece la presencia de la Argentina sobre el Atlántico a través de su Armada, de las flotas pesqueras, si no se procede a una verdadera protección de sus riquezas contra la depredación que llevan a cabo los pesqueros extranjeros.

Deberán denunciarse acuerdos, tratados y declaraciones que obran en contra de los intereses argentinos.

Deberá procederse a un cambio cultural que promueva nuevamente la proyección oceánica y antártica de la Argentina, para lo cual se requiere poner a funcionar a pleno los astilleros para la construcción de buques comerciales, militares y pesqueros, fundar nuevamente una marina mercante del Estado e instruir en los diversos niveles educativos la importancia de la oceanopolítica.

Finalmente, debe imitarse a otros países y procederse a la creación del Ministerio del Mar. 

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Referencias

[1] Carl Schmitt. Tierra y mar. Una reflexión sobre la historia universal. Madrid: Trotta, 2007, 112 p.

[2] Luis Dallanegra Pedraza. “Talasopolítica: el aislacionismo marítimo de América Latina”. Trabajo expuesto entre el 2 y el 6 de septiembre de 2013 en el Curso sobre Teoría y Metodología de la Geopolítica de la UNAM.

[3] Jorge Martínez Busch. “La Oceanopolítica en el desarrollo de Chile”. Revista de Marina, 3/1993, <https://revistamarina.cl/revistas/1993/3/martinez1.pdf>, [consulta: 18/12/2020].

[4] Ídem.

[5] Alfred Thayler Mahan. Influencia del Poder Naval en la Historia (1660-1783)”. Valparaíso: Biblioteca del Oficial de Marina, Academia de Guerra Naval, 2000.

[6] Jorge Terzago Cuadros. “Alfred Thayer Mahan (1840-1914), Contraalmirante U.S. Navy, Su contribución como historiador, estratega y  geopolítico”. Revista de Marina (Chile), 01/02/2006, <https://revistamarina.cl/revistas/2006/1/terzago.pdf>, [consulta: 17/12/2020].

[7] Ídem.

[8] Estanislao Zeballos. Op. cit., p. 22.

[9] Marcelo Javier de los Reyes. “A doscientos años de la toma de posesión de las Malvinas por las Provincias Unidas. Ayer y hoy”. Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), 04/04/2020, <https://saeeg.org/index.php/2020/04/04/doscientos-anos-de-la-toma-de-posesion-de-las-malvinas-por-las-provincias-unidas-ayer-hoy/>.

[10] Juan Enrique Guglialmelli. Geopolítica del cono sur. Buenos Aires: El Cid Editor, p. 78.

[11] Ibíd., p. 79.

[12] Ibíd., p. 80.

[13] Ídem.

[14] Ídem.

[15] Ibíd., p. 267.

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