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RESERVAS, CIUDADANÍA Y DEFENSA NACIONAL: LA URGENCIA DE MODERNIZAR EL SISTEMA ESTRATÉGICO ARGENTINO

«… con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defens común…»

Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina

 

La discusión sobre la modernización del sistema de defensa argentino vuelve al centro del debate en un contexto geopolítico global donde las naciones más sólidas han integrado a la ciudadanía en estructuras de movilización, apoyo y reserva. Sin embargo, el ordenamiento jurídico argentino presenta vacíos significativos respecto del estatus, derechos y funciones de la Reserva Voluntaria, un componente que resulta indispensable para garantizar la resiliencia estratégica del Estado.

Tres modelos de ciudadanía y defensa: Estados Unidos, Suiza e Israel ante el desafío de la seguridad contemporánea

En un mundo donde las amenazas se diversifican más rápido que las respuestas estatales, la relación entre ciudadanía, armas y defensa nacional vuelve a ocupar un lugar central en el debate público. Estados Unidos, Suiza e Israel representan tres modelos radicalmente distintos ―aunque con raíces comunes― sobre cómo un Estado concibe el rol del ciudadano en su propia seguridad. Desde el derecho individual a portar armas hasta la obligación constitucional de participar en la milicia, cada caso ilumina, con sus luces y sombras, cómo se construye la defensa en democracias modernas bajo presiones históricas específicas.

Estados Unidos: el pueblo armado como barrera contra la tiranía

La Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, redactada en 1791, sostiene que «siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas»[1]. Este enunciado, tan citado como debatido, adquiere una dimensión más clara cuando se lo ubica en su contexto original: un país recién independizado, temeroso de los ejércitos permanentes y profundamente desconfiado del poder central.

Alexander Hamilton y James Madison[2], autores de El Federalista, planteaban que la ciudadanía armada era la mejor garantía contra un gobierno que pudiera tornarse opresivo. La idea de que «un pueblo armado no puede ser subyugado» se convirtió en uno de los pilares culturales y políticos de la identidad estadounidense.

Hoy, ese concepto convive con regulaciones modernas como el Armed Forces Reserve Act, que organiza las reservas militares, y la ley USERRA[3], que protege los derechos laborales de quienes sirven como reservistas. El resultado es un modelo híbrido: mezcla el derecho individual con estructuras estatales formales, manteniendo viva la noción del «ciudadano-soldado».

Suiza: la defensa como deber constitucional

A diferencia de Estados Unidos, donde la posesión de armas se presenta como un derecho, Suiza convierte la defensa en un deber. Su Constitución es explícita: todo ciudadano masculino debe realizar el servicio militar[4], y quien no lo hace paga un impuesto compensatorio. Las mujeres pueden participar voluntariamente.

Este sistema, conocido como milicia, no es una simple tradición. Es una institución profundamente arraigada en la identidad suiza, que sostiene la idea de una «neutralidad armada». La lógica es simple: un país pequeño rodeado de grandes potencias solo puede garantizar su independencia si su población está entrenada y organizada.

Los cantones, además, mantienen competencias en materia de oficiales y equipamiento, reforzando un federalismo que distribuye el poder y evita la centralización excesiva de la fuerza militar. En Suiza, el arma no es un símbolo de libertad individual, sino una responsabilidad ciudadana.

Israel: la reserva activa como forma de supervivencia

En Israel, la relación entre sociedad y defensa adquiere otra dimensión, marcada por un contexto de conflicto permanente desde la creación del Estado en 1948. Aquí, el servicio militar obligatorio se prolonga luego de la baja mediante un sistema de reservas activas[5]: ciudadanos que, aun reintegrados a la vida civil, continúan realizando jornadas mensuales y períodos anuales de entrenamiento, y pueden ser convocados de inmediato ante un estado de emergencia.

La ley permite al ministro de Defensa emitir órdenes de movilización masiva con un simple aviso al Knesset. En la práctica, esto da lugar a un modelo único en el mundo: una sociedad donde casi cada familia tiene vínculos directos con las Fuerzas de Defensa de Israel y donde la frontera entre civil y militar se vuelve difusa en momentos de crisis.

Más que un modelo cívico, la reserva israelí es un mecanismo de supervivencia nacional. La rápida movilización de cientos de miles de ciudadanos entrenados es la piedra angular de su estrategia militar.

Tres caminos para un mismo desafío

Aunque Estados Unidos, Suiza e Israel llegan a soluciones distintas, todos comparten una premisa común: la seguridad nacional no depende únicamente de un ejército profesional, sino también de ciudadanos capacitados y comprometidos con la defensa del Estado.

    • EE.UU. apuesta al derecho individual para evitar la concentración excesiva del poder.
    • Suiza sostiene la obligación colectiva, integrando la defensa en la identidad cívica.
    • Israel impone una disponibilidad permanente, adaptada a un entorno geopolítico hostil.

Los tres modelos plantean preguntas fundamentales para cualquier democracia contemporánea:

    • ¿qué papel debe ocupar el ciudadano en su propia defensa?,
    • ¿dónde termina el derecho y comienza el deber? y
    • ¿y cómo se equilibra la libertad con la seguridad?
Antecedentes normativos: un marco que demanda actualización

La Ley 13.234[6] estableció la organización de la Nación para el tiempo de guerra, creando un sistema de movilización que respondía a las necesidades estratégicas del siglo XX. Posteriormente, la Ley 16.970[7] definió los principios de la Defensa Nacional bajo un paradigma estatal centralizado y doctrinario (República Argentina, 1966).

La Ley 23.554[8], que aún constituye la base del Sistema de Defensa, introdujo el principio de conducción política y delimitó las funciones entre defensa y seguridad interior. No obstante, esta normativa carece de un apartado integral sobre la misión, funciones y derechos del personal de reserva, lo cual genera un vacío jurídico relevante.

Asimismo, la Ley 19.101[9] regula el régimen del personal militar pero no reconoce expresamente el estatus del reservista voluntario ni su derecho a un régimen previsional, sanitario o de carrera claramente definido.

La doctrina de Colmar von der Goltz y la actualidad estratégica global

La conceptualización moderna de la «nación en armas», propuesta por Colmar von der Goltz en Das Volk in Waffen[10] («El Pueblo en Armas»), sostiene que la defensa no es solo responsabilidad del ejército regular, sino también del conjunto de la ciudadanía instruida y organizada.

Este principio se refleja hoy en doctrinas contemporáneas, como la política exterior y de defensa de China, cuyo enfoque estratégico integra reservas activas, movilización civil y participación directa del ciudadano en la estructura de seguridad nacional[11].

El mensaje es claro: una nación sin reservistas capacitados y reconocidos carece de una capacidad real y sostenible de defensa.

La necesidad de reconocer derechos: el espejo de los Bomberos Voluntarios

Argentina ya cuenta con antecedentes normativos que reconocen el servicio público de carácter esencial. La Ley 25.054[12], que regula a los Bomberos Voluntarios, reconoce derechos previsionales, cobertura médica y protección jurídica para quienes prestan un servicio público vital. La Ley 27.629[13] refuerza esta visión al otorgar un Régimen Tarifario Especial Gratuito para garantizar condiciones básicas a quienes sirven a la comunidad.

Si este reconocimiento es válido ―como lo es― para cuerpos voluntarios civiles, resulta lógico que los reservistas militares, que cumplen funciones asociadas a la defensa nacional, accedan a categorías equivalentes de protección legal y social.

Propuestas para una modernización normativa con enfoque estratégico

Para adecuar el sistema de defensa argentino a las demandas contemporáneas, especialistas proponen:

  1. Actualizar la Ley 23.554

Incorporando:

  • misión específica de la reserva,
  • funciones,
  • obligaciones y derechos,
  • régimen de movilización y
  • capacitación anual obligatoria.
  1. Modificar la Ley 19.101 de Personal Militar

Reconociendo:

  • estatus jurídico del reservista voluntario activo,
  • derecho a carrera y ascenso,
  • plan anual de capacitación y
  • acceso a cursos regulares del cuerpo permanente.
  1. Crear un decreto reglamentario exclusivo para la Reserva Voluntaria

Que establezca:

  • credencial oficial habilitante,
  • incorporación al sistema de salud militar,
  • aportes previsionales equivalentes a los Bomberos Voluntarios y
  • beneficios sociales similares al personal permanente.
  1. Incorporar contratos temporales remunerados

Para casos de:

  • emergencias nacionales,
  • ejercicios prolongados y
  • necesidades operativas.

Además, si un reservista sufre lesión en acto de servicio debería integrar transitoriamente el cuadro permanente con cobertura plena hasta su alta médica. Finalmente, con la edad jubilatoria cumplida, debería acceder a una pensión proporcional por el servicio prestado.

Conclusión: hacia un modelo de ciudadanía estratégica

La comparación doctrinaria e internacional muestra que la defensa moderna no se sostiene únicamente en fuerzas regulares, sino en sistemas dinámicos de movilización ciudadana.

Reconocer jurídicamente al reservista argentino no solo es un acto de justicia, sino una condición necesaria para fortalecer la defensa nacional, adaptarla al siglo XXI y cumplir con estándares internacionales de preparación estratégica.

Una Argentina más segura requiere, inevitablemente, reservistas respetados, capacitados y protegidos.

 

Referencias

[1] Constitución de los Estados Unidos. (1791). Segunda Enmienda, https://www.heritage.org/constitution/amendments/2/essays/142/to-keep-and-bear-arms.

[2] Hamilton, A., Madison, J., & Jay, J. The Federalist Papers (Edición Jacob E. Cooke). Wesleyan University Press, 1787-1788.

[3] United States Congress. (1994). USERRA – Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act, https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/armed-forces-reserve-act-1952#:~:text=La%20ley%20estableci%C3%B3%20tres%20categor%C3%ADas,el%20proceso%20de%20planificaci%C3%B3n%20militar.&text=Eileen%20Galloway%2C%20Historia%20de%20la,%2C%201943%2D1969%20%2C%201985.&text=Elija%20un%20estilo%20a%20continuaci%C3%B3n%20y%20copie%20el%20texto%20para%20su%20bibliograf%C3%ADa.&text=APA-,Ley%20de%20Reserva%20de%20las%20Fuerzas%20Armadas%20(1952).,13%20de%20agosto%20de%202025%20.

[4] Constitución Federal de la Confederación Suiza (1999), https://www.wipo.int/wipolex/en/text/498812

[5] Gobierno del Estado de Israel. (2023). Defense Service Law, https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-defense-service-law-1986#google_vignette.

[6] Ley 13.234 (1948). Organización de la Nación para el Tiempo de Guerra. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/46836/norma.htm.

[7] Ley 16.970 (1966). Bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación y ejecución de la Defensa Nacional. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/46836/norma.htm.

[8] Ley 23.554 (1988)– Principios básicos. Finalidad y estructura del sistema. Organización de las Fuerzas Armadas. Servicio de Defensa Nacional. Organización Territorial y Movilización. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20988/texact.htm.

[9] Ley Nº 19.101 (1971). Ley para el Personal Militar. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/19875/norma.htm.

[10] Goltz, C. von der. The nation in arms. Publisher London: Hodder and Stoughton. Contributor University of California Libraries, 1913, https://archive.org/details/nationinarmstrea00golt/page/20/mode/2up.

[11] State Council of the People’s Republic of China. (2019). China’s National Defense in the New Era. Beijing: Information Office of the State Council.

[12] Ley 25.054 (1998). Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/50000-54999/54903/texact.htm.

[13] Ley 27.629 (2021). Régimen Tarifario Especial Gratuito. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/350000-354999/350984/norma.htm.

 

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EL SISTEMA INMUNOLÓGICO DE LA NACIÓN EN PELIGRO: SITUACIÓN DE LA INTELIGENCIA DE ESTADO EN LA ARGENTINA

Marcelo Javier de los Reyes*

El sistema de Defensa Nacional, los diversos organismos de Seguridad y el Sistema de Inteligencia Nacional son a la Nación como el sistema inmunológico al cuerpo humano.

El sistema inmunológico es una red compleja de células, tejidos y órganos que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. La función de este sistema es defenderlo de agentes patógenos, es decir, de organismos que causan enfermedades, como por ejemplo los virus y las bacterias.

De manera similar, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y la Inteligencia trabajan con el mismo objetivo aunque cada una de estas instituciones tiene su objetivo.

Este diagnóstico será considerado desde dos puntos:

    • Institucional
    • Profesional

La Inteligencia Nacional es definida por la Ley 25.520 como «la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación». La Ley 27.126, promulgada el 3 de marzo de 2015, considera a la Inteligencia Nacional como «la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación». Solo un cambio sutil pero importante, pues se han eliminado las «amenazas» respecto de la Ley 25.520. Mientras que la «amenaza» es una probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino en un lapso dado, el «riesgo»  sería la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.

La Inteligencia es el conocimiento que favorece al decisor en la toma de decisiones, como así también en la reducción de los riesgos. En síntesis, la importancia es que es una herramienta fundamental para la toma de decisiones.

La Inteligencia es una herramienta fundamental para la toma de decisiones.

La actividad de Inteligencia, más precisamente la Inteligencia Estratégica, le permite al gobierno nacional comprender los conflictos regionales e internacionales con el objetivo anticipar las respuestas adecuadas a los mismos.

Del mismo modo, la Inteligencia le permite al gobierno tomar las medidas adecuadas para favorecer la inserción de nuestro país en el escenario internacional, tanto en el ámbito diplomático como económico.

A partir de esto se puede afirmar que, desde lo institucional, los organismos de Inteligencia deben estar en condiciones de dar respuestas a estas demandas.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y, conforme a la ley, debería dirigir el Sistema de Inteligencia Nacional —que incluye a los demás organismos de Inteligencia del Estado que dependen del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad— a los efectos de contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la Nación.

En función de ello pueden determinarse las siguientes anomalías que impiden que la Inteligencia Nacional cumpla con sus objetivos:

    • Los diversos gobiernos nacionales de las últimas décadas han transformado la Inteligencia Nacional en una herramienta para amedrentar jueces, políticos opositores y demás denunciantes a partir de lo que se denominan «carpetazos».
    • Como consecuencia de ello, los gobiernos nacionales (fundamentalmente los kirchneristas y el de Cambiemos) han realizado un uso perverso de la inteligencia interior pero desatendieron la Inteligencia Exterior y la Inteligencia Estratégica al punto que se puede afirmar que estas áreas están prácticamente desactivadas y sin rumbo. La Inteligencia Exterior ha perdido, virtualmente, contacto con los servicios de otros países, lo que implica una seria gravedad desde el punto de vista del intercambio de información y de la capacitación. Las delegaciones del exterior de la Secretaría de Inteligencia / AFI carecieron de rotación de sus delegados durante más de una década y su número ha sido seriamente reducido, al punto que fueron cerradas delegaciones en los principales países de Europa. Como los gobiernos actúan en este sentido con reciprocidad, varios servicios no destinan agentes a sus embajadas en la Argentina y algunos los han retirado reasignándolos en países de la región. La situación se ha visto sumamente agravada con las filtraciones a los medios de las Actas durante la gestión de la «fiscal interventora» Cristina Caamaño.
    • Respecto del tema de la capacitación, el sistema ha perdido el rumbo desde el gobierno de la Alianza (1999-2001), gobierno que el 7 de febrero de 2000 realizó una purga de 1.500 agentes, un hito lamentable que cortó la transferencia de conocimientos. La idea fue apelar a la contratación de «consultoras», lo que pone en evidencia la ignorancia de quienes estaban al frente de la Inteligencia Nacional. Los últimos gobiernos, sin excepción, han puesto al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) a funcionarios inexpertos, al igual que en el resto del organismo, y en la actualidad le ENI tiende más hacia un adoctrinamiento, no hacia una capacitación profesional, impartiendo «cursos de género», «Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los Tres Poderes del Estado», etc. En este punto cabe destacar que el máximo responsable de la ENI de la gestión de Cambiemos llegó a manifestar a un medio «vamos a cambiar la cultura del espionaje»: es evidente que desconocía de qué se trata la Inteligencia[1].
    • Cabe recordar que en febrero de 2015 el gobierno de Cristina Kirchner disolvió la Secretaría de Inteligencia y creó una AFI debilitada, otorgándole un rol protagónico a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar pero llevando a cabo actividades ilegales, toda vez que esa área no debe, por ley, realizar inteligencia interior. Incluso el presupuesto destinado a ese órgano militar era mayor al que recibía la entonces Secretaría de Inteligencia.
    • Contrariamente a lo que especifica la Ley, la AFI, como es de conocimiento público, ha sido prácticamente marginada y no dirige el Sistema Nacional de Inteligencia. Aún peor, el proyecto de Ley de Inteligencia presentada al Congreso por la entonces interventora de la AFI Cristina Caamaño proponía que ese organismo dejara de ser la cabeza del sistema de Inteligencia. Varias delegaciones del interior han sido eliminadas o reducidas en su operatividad. Vale aquí recordar que la mencionada interventora desactivó la base de Trelew y cedió el edificio al Ministerio de Desarrollo Social de Nación, en una región con graves problemas derivados del problema de la nueva etnia autodenominada «mapuche», con tomas de tierras e incendios de propiedades privadas e iglesias.
    • Los organismos de inteligencia no mantienen contactos entre sí y, peligrosamente, se aprecia una competencia entre algunos de esos organismos.

Desde lo profesional, desde que asumió el gobierno del Frente para la Victoria, en la entonces Secretaria de Inteligencia se ha procedido a una «purga» de su personal, reduciéndola a su mínima expresión. Cierto es que hasta la creación de la AFI no ingresaron «militantes» y los cargos políticos fueron muy reducidos. Con sus limitaciones, el organismo continuó funcionando pero la «metodología» que se implementó produjo una fuerte desmotivación del personal, por falta de incentivos, bajos salarios y una persecución hacia algunos agentes que fueron destinados a «áreas de castigo». A ello debe sumarse la pérdida del rumbo del organismo lo que se traduce en un sin sentido de la actividad diaria del agente de inteligencia.

Si, debe reconocerse, que durante la gestión de Oscar Parrilli al frente del organismo se produjo un sustancial aumento de sueldos —el cual finalmente no se completó— pero con ello se favoreció el ingreso de numerosos «militantes» que no calificaban para cumplir con sus funciones.

Se procedió a una reestructuración, con un nuevo organigrama que incrementó notablemente los cargos directivos y eliminó las jefaturas intermedias lo que, al igual que en el ámbito privado, hace inviable cualquier gestión. Aún más grave fue la supresión de un área de «Análisis» cuando ésta es la tarea esencial de un organismo de inteligencia.

La gestión del organismo durante el gobierno del presidente Macri, teniendo la oportunidad de reconstruirlo, siguió la misma línea del gobierno kirchnerista y los cargos directivos fueron ocupados por gente inexperta, entre los cuales se encuentran quienes fueron los máximos responsables del organismo. Además debe mencionarse la incorporación de algunos ex comisarios con antecedentes de sumarios dentro de la propia policía. Es en ese momento que se crearon más delegaciones en el AMBA con una impronta inspirada en una comisaría.

Con respecto al personal, se despidió a los contratados por la gestión de Parrilli y se contrató a un número similar de personal, en su mayoría tampoco calificado para cumplir funciones en un organismo de Inteligencia. Además se contrató más personal con sueldos equivalentes a cargos directivos.

Del mismo modo, debe destacarse que los políticos tienden a confundir Inteligencia con «Seguridad», lo que lleva a una seria distorsión de la actividad.

Asimismo, la gestión del gobierno de Cambiemos continuó marginando al personal de carrera e igualando hacia abajo como lo hizo el gobierno del Frente para la Victoria, el cual desarmó su cuerpo profesional que otrora era considerado «Personal Superior». Desde entonces, numerosos cargos que deberían corresponder a ese cuadro pasó a estar en manos de personal auxiliar, desvirtuando la línea jerárquica y profesional que debe mantener un organismo de estas características. Es como si en las Fuerzas Armadas se colocara a un suboficial por encima de un oficial.

Por otra parte, la gestión política siempre hace uso de la «caja» del organismo con fines políticos, es decir, el uso de sus recursos que no son empleados para mantener la infraestructura y la operatividad del organismo.

En síntesis, hasta la llegada de la Alianza al gobierno, el organismo, a pesar del despido de algunos agentes durante el gobierno de Alfonsín, mantuvo un alto nivel profesional. En la ENI se dictaban cursos tanto destinados a personal de la Argentina como a personal extranjero. El nivel del cuerpo docente y de los cursos aún hoy es reconocido por agentes europeos que asistieron a los mismos en la década de 1990. La formación giraba en torno a inteligencia, al análisis de la información, de los medios de comunicación, a la geopolítica entre otros temas.

Del mismo modo, existía un curso denominado «Curso básico de Inteligencia para funcionarios del Estado» al que asistía personal de diferentes ámbitos, de la Justicia, de lo que hoy es la AFIP, de la Cancillería, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de diversos organismos. Este curso era fundamental para establecer lazos informales en un agradable ambiente de camaradería.

Esto funcionó, por inercia, hasta aproximadamente el año 2002. En la actualidad nos encontramos con un organismo verdaderamente destruido, con personal que no ha recibido una buena capacitación, con una ENI carente de docentes, pero lo más difícil será reconstruir tanto el organismo como el instituto de formación debido a que durante décadas no se ha considerado la importancia que tiene la transferencia de conocimientos en una actividad cuyos conocimientos se adquieren con la práctica dentro de un servicio. Para hacer un paralelismo, un ingeniero se forma en una universidad pero la experiencia la obtiene en la obra, en un astillero, en una fábrica, según sea su especialidad.

Para completar el calamitoso cuadro en que se encuentra el Sistema de Inteligencia Nacional deben mencionarse dos proyectos de ley, uno presentado por la entonces diputada Elisa Carrió —que tenía la intención de cerrar el organismo y crear uno nuevo que coordinara las fuerzas de seguridad y pusiera la mira en el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo— y otro el ya mencionado presentado por la que fuera interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Ambos dan claras muestras del desconocimiento de la actividad de inteligencia o de un intento de seguir destruyendo el sistema inmunológico de la Nación y en esto coinciden quienes se definen a uno y otro lado de la grieta.

La propia Elisa Carrió pidió la eliminación de la AFI en diciembre de 2018[2] y Maximiliano Ferraro, también de la Coalición Cívica, propone nuevamente «crear en su lugar un organismo que solo coordine a las fuerzas de seguridad en la prevención y el combate especialmente del narcotráfico, del terrorismo y del crimen organizado en general». En primer lugar, demuestra su desconocimiento del Sistema de Inteligencia Nacional que incluye la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y, de nuevo, se observa la confusión de Seguridad con Inteligencia. Pero lo paradójico es que su crítica se centró en oportunidad de que saliera a la luz el espionaje llevado a cabo por María Eugenia Vidal cuando era gobernadora, es decir, durante el gobierno de Cambiemos, del cual la Coalición Cívica fue parte. Según la ex interventora de la AFI Cristina Caamaño, durante su gestión halló una fotografía y un informe de seguimiento a Carrió durante un viaje a Paraguay en 2017, es decir, durante el gobierno de Cambiemos[3].

Los del Frente de Todos apuntan al espionaje durante el gobierno de Macri pero olvidan que durante el gobierno de Néstor Kirchner se procedió también a un espionaje de consideración tanto de opositores como de allegados, al punto que se difundió que mandó a pinchar 20.000 teléfonos[4]. También el presidente Menem acostumbraba a espiar hasta a sus propios funcionarios.

Para concluir, tampoco se debe confundir «espionaje» con «inteligencia» y no se debe responsabilizar al organismo ni a sus agentes por el uso que le dan los políticos a esa estructura.

Por otro lado, la Ley 25.520 es una ley que puede ser mantenida en vigencia, más aún cuando lo que han presentado últimamente es verdaderamente un adefesio.

Propuestas en materia de Inteligencia
    • Establecer los Objetivos Nacionales de corto, mediano y largo plazo en materia de Inteligencia, los cuales deberán ser acordes a una agenda de Seguridad Nacional diseñada a los efectos de salvaguardar los intereses de la República
    • La Inteligencia es un atributo de un Estado y no de un gobierno, por lo que debería volverse a recrear la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) con un Secretario con rango de Ministro. Por un lado, se volvería a jerarquizar la actividad de Inteligencia y, por otro, tanto la sociedad como los medios continúan denominando informalmente al organismo como «SIDE».
    • Dejar inmediatamente sin efecto el Decreto 1.311 y restablecer el organigrama existente hasta la modificación implementada por la gestión de Parrilli y «La Cámpora». Eso reduciría considerablemente las direcciones creadas por el kirchnerismo y el macrismo y restablecería las jefaturas de División y Departamento, cuya desaparición ha hecho ingobernable al organismo.
    • Reestructurar nuevamente las diferentes áreas de bajo la conducción de un Subsecretario de Inteligencia Estratégica.
    • Crear, al menos, una delegación en cada Provincia con la finalidad de actuar en coordinación con el Gobierno Provincial, la Policía Provincial y las Fuerzas de Seguridad Federales existentes en cada Provincia, como así también las unidades de las Fuerzas Armadas.
    • Crear delegaciones regionales de Inteligencia Estratégica que actuaran con las autoridades respectivas a los efectos de: a) recurrir a la Inteligencia Competitiva a los fines de analizar el mayor aprovechamiento de los recursos económicos regionales en favor de la producción y del empleo; b) analizar los medios de comunicación para favorecer la explotación económica regional y la integración regional y nacional, lo cual favorecerá, asimismo, a fortalecer la Soberanía Nacional.
    • Otorgarle a la ENI el lugar que le corresponde como máximo instituto de formación de la Inteligencia Nacional, la cual, en coordinación con un equipo idóneo de profesionales deberá reestructurar la forma de reclutamiento del personal, los cursos a dictarse y la carrera profesional, de modo tal que el organismo deje de ser una «agencia de empleo» a disposición del gobierno de turno.
    • La profesionalización del organismo debería evitar la intromisión del oportunismo político. La Inteligencia depende de la Presidencia de la Nación pero no de los antojos del Presidente o de funcionarios políticos designados por la máxima magistratura nacional.
    • Atento a que la intención es dinamizar la inserción de la Argentina en el mundo, el personal de inteligencia exterior deberá gozar de una alta capacitación con el objetivo de que sus miembros puedan ser incorporados circunstancialmente al Servicio Exterior de la Nación para cumplir sus funciones en nuestras representaciones diplomáticas.
    • Deben reconstruirse con urgencia las áreas de Reunión y Análisis, toda vez que la Inteligencia es el resultado del análisis de la información recolectada.
    • Por medidas de contrainteligencia, el organismo debe ser relocalizado en un lugar discreto a determinar y alejado de la zona céntrica. De la misma manera la ENI podrá mantener su sede actual a los efectos protocolares pero sería apropiado que cuente con otra sede donde desarrolle sus actividades con la discreción que amerita la profesión.
    • A los efectos de estimular al personal deberá establecerse una meritocracia que actuará como un filtro natural en la carrera profesional. Se evaluará una recomposición salarial escalonada a los efectos de equiparar al personal con el Servicio Exterior de la Nación o el Poder Judicial y no con el gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como en la actualidad.
    • Debería considerarse la incorporación de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación dentro del organismo de Inteligencia a los efectos de que la misma se beneficie de la información de inteligencia y evitar la duplicación de las actividades.
    • Finalmente, debería evaluarse la pertinencia de la creación de una Asociación Profesional del Personal Civil de Inteligencia con el propósito de defender los derechos del personal de Inteligencia, promover su jerarquización, su profesionalidad y el federalismo, como base para el desarrollo de una Inteligencia no politizada para la Argentina.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] «Mendocino en la escuela de espías: “Vamos a cambiar la cultura del espionaje”». Sitio Andino, 06/08/2016, https://www.sitioandino.com.ar/n/207008-mendocino-en-la-escuela-de-espias-vamos-a-cambiar-la-cultura-del-espionaje.

[2] «Elisa Carrió pidió eliminar la AFI: “Hay que terminar con el oscuro mundo del espionaje y las operaciones”». La Nación, 28/12/2021, https://www.lanacion.com.ar/politica/elisa-carrio-pidio-eliminar-la-afi-hay-que-terminar-con-el-oscuro-mundo-del-espionaje-y-las-nid28122021/

[3] Luciana Bertoia. «Cómo la AFI de Macri espió a Elisa Carrió en Paraguay cuando se reunía con un carapintada». Página 12, 19/10/2022, https://www.pagina12.com.ar/490763-la-afi-macrista-siguio-a-elisa-carrio-en-paraguay.

[4] “Kirchner mandó a pinchar 20 mil teléfonos. La Política online, https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-55555/

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LA HIPOCRESÍA DE JUNTOS POR EL CAMBIO RESPECTO DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA Y LA NECESIDAD DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Marcelo Javier de los Reyes*

El dramaturgo Bertolt Brecht expresó: «Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad».

La verdad es que cuando gobernó Cambiemos continuó con la misma política de Defensa y de desinversión que mantuvieron los gobiernos kirchneristas, tal como lo manifesté oportunamente.

El 5 de septiembre Juntos por el Cambio, que no están ni «juntos» ni promueven ningún «cambio» —que para mostrarse distintos de sí mismos cambiaron su nombre de «Cambiemos», así como sus socios en la incubación de las desventuras de la Nación pasaron de llamarse «Frente para la Victoria» a «Frente de Todos»—, emitieron un comunicado de prensa sobre la III Jornada de JxC de Análisis del Presupuesto de Defensa 2022. Según el mismo «El presupuesto de Defensa deja indefensa a la Argentina» y entre sus conclusiones expresa que «el presupuesto de Defensa es irrelevante e insuficiente para cumplir con la Defensa Nacional, poniendo en riesgo al país y a los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas»… toda una gran revelación.

Agrega que «por décadas la desatención sobre el presupuesto de Defensa ha provocado el efecto equivalente a una decisión no escrita de “desarme unilateral”, lo cual ha conducido a una situación de virtual indefensión del país». Esta situación «expone a nuestros militares a un riesgo innecesario para sus vidas al operar con medios obsoletos y mal mantenidos». Y lo dicen sin sonrojarse a pesar de que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 fueron gobierno gerenciando la miseria de las Fuerzas Armadas desde el Ministerio de Defensa.

El propio presidente Mauricio Macri habría expresado en una reunión con los altos mandos militares: «Suscribo a todo, hay que unificar y reducir gastos, acostúmbrense a que no hay plata»[1]. Cabe destacar que en 2014, el porcentaje destinado a Defensa respecto del PIB fue del 0,88%, en 2015 del 0,85%, en 2016 del 0,81%, en 2017 del 0,86%, en 2018 del 0,75%, en 2019 del 0,71% y en 2020 del 0,76%[2].

En abril de 2017 el gobierno de Cambiemos anunció un recorte del presupuesto de $ 4.600 millones para el Ministerio de Defensa, ocasionando la suspensión de proyectos —como el de desarrollo de UAV (unmanned aerial vehicle) o vehículo aéreo no tripulado (VANT)—, la racionalización en Líneas Aéreas del Estado (LADE), lo que incrementó la desarticulación territorial de la Argentina en un país en el que ya en la década de 1990 se desmanteló el sistema ferroviario nacional y las líneas fluviales y marítimas, con las consecuencias que ha tenido en el costo de los fletes, la destrucción de las rutas y el incremento de los accidentes viales debido al aumento del transporte automotor de mercaderías.

A lo mencionado cabe recordar que el presupuesto para los agentes civiles de Inteligencia Militar fue “0”. No es necesario mencionar nuevamente lo que detallé en 2017.

A partir de lo expuesto, las cúpulas de las Fuerzas Armadas tienen que asumir que con la actual dirigencia política, oficialismo y oposición, la situación no cambiará en términos presupuestarios. Las Fuerzas Armadas no pueden seguir formando pilotos para una Fuerza Aérea que no tiene aviones y lo mismo es válido para el Ejército y la Armada, porque las únicas que se favorecen son las empresas privadas: los pilotos militares, formados a un alto costo por el Estado Nacional, renuncian para pasar al sector privado. Se siguen formando submarinistas y la Armada no tiene submarinos. Lo hace con la esperanza de que en algún momento algún gobierno adquiera los submarinos, un arma estratégica sumamente necesaria para la Nación. En este punto, aún no se ha determinado quiénes fueron los responsables del «accidente» del «ARA San Juan», de lo que estimo que la responsabilidad debería caer sobre el gobierno y las autoridades navales que tuvieron a su cargo la reparación de media vida así como el gobierno y las autoridades navales que le dieron la orden de zarpada a un submarino que no estaba en condiciones de navegar. Para 2017 había un informe del Ministerio de Defensa sobre todas las falencias que tenía la nave pero, además, ya había un antecedente en el que los tripulantes estuvieron a punto de no poder emerger.

De tal manera que es necesario proceder a una planificación estratégica en términos de Defensa, independientemente del presupuesto. Es necesario ajustar en los recursos humanos pero hay que hacer algunas salvedades. El Ejército Argentino cuenta con casi 58.000 efectivos pero en el caso de una fuerza de tierra se requiere una mayor cantidad de hombres como apoyo logístico por cada combatiente. En este sentido, debe considerarse que la movilización de combatientes requiere el acompañamiento de mayor personal destinado con fines logísticos: personal de servicios, médicos, enfermeros, etc.

Por su parte, la Armada tiene aproximadamente 17.000 efectivos, carece de su arma de submarinos, buena parte de la Flota de Mar no navega y para el presupuesto de 2023 se ha contemplado navegar la ZEE ¡solo 65 días! Aquí se entiende por qué se produce la depredación de nuestras riquezas del Atlántico Sur, a lo que se suman las erróneas políticas diplomáticas y las decisiones que toman los gobiernos de turno. Entre ellas haber ordenado al personal de Inteligencia que «no había hipótesis de conflicto» cuando buena parte del territorio nacional y de su espacio marítimo está siendo usurpado por el Reino Unido, el cual mantiene esa colonia a los efectos de asegurar su proyección antártica y de controlar el estratégico paso bioceánico. Del mismo modo, la Argentina prácticamente hoy tampoco cuenta con una fuerza aeronaval.

La Fuerza Aérea Argentina tiene aproximadamente 14.000 efectivos para unos 24 aviones de combate, entre los que se encuentran los Pucará, los Pampa, los A4, y los destinados a otras misiones como los Hércules y los Lear Jet. Evidentemente aquí se aprecia una desproporción que roza el sinsentido.

De esto se deduce, entonces, que debería reducirse el personal administrativo y civil a los efectos de disminuir los gastos de personal innecesario, el cual sigue vigente para mantener unas Fuerzas Armadas que ya no existen en la misma dimensión. En términos económicos, el sistema de Defensa está sobredimensionado en función del presupuesto actual y futuro.

Así como existe una desproporción del personal de la Fuerza Aérea respecto de los aviones de combate operativos, también la desproporción está en función de los radares. Los radares de última generación no precisan de personal, ni siquiera de personal adicional para su custodia porque podrían ser emplazados en unidades militares —en lugar de localizarlos en lugares para los cuales debe disponerse de custodia— o en aeropuertos y aeródromos que ya cuentan con una guardia.

Con la finalidad de reducir los costos se debería unificar el Comando Antártico y trasladarlo a Tierra del Fuego en lugar de tener sede en la ciudad de Buenos Aires. Esta medida, a su vez, favorecería la Soberanía Nacional a partir de una mayor presencia militar en el sur del país.

Por otro lado, deben tenerse en cuenta las experiencias del conflicto entre Ucrania —léase la OTAN— y Rusia. En tal sentido, se podría contar con una Fuerza Aérea mínima con efectos disuasivos —obviamente más y mejor equipada que la actual— pero poniendo el énfasis en el desarrollo de drones kamikaze y de misiles. Cabe tener en cuenta que los actuales drones iraníes usados por Rusia tienen un costo de unos US$ 20.000 dólares por unidad y un alcance de aproximadamente 2.000 kilómetros. Si el costo de una aeronave ronda los US$ 60 millones o más, podrá estimarse la cantidad de drones que podrían adquirirse, o mejor aún construirse, con el dinero destinado a un avión. Si se construyen en la Argentina se avanza en el desarrollo tecnológico y se favorece a empresas nacionales.

Debe, asimismo, ponerse la mira el desarrollo de la guerra electrónica, ámbito en el que la Argentina se encuentra totalmente indefensa. Ello debe ser complementado con un amplio plan de radarización.

En términos más vinculados al fitness, las Fuerzas Armadas deben adelgazar y poner el acento en su desarrollo muscular en función del magro presupuesto que la oligarquía política le impone, más por ideología y dilapidación de recursos con vanos fines políticos que por la carencia real de recursos. Ante esta mezquindad de los políticos, las cúpulas de las diversas armas deben optimizar las mismas acorde al magro presupuesto.

Si se desean optimizar los medios debe ajustarse en el ámbito de los recursos humanos. Si el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada tienen efectivos a los que no pueden darle no solo un sueldo digno sino tampoco alimentación y mínimas prestaciones que debe recibir todo militar, entonces se hace necesario obrar con pragmatismo. Las Fuerzas Armadas pierden personal calificado no por una cuestión salarial sino más por frustración: no pueden volar, no pueden navegar, no pueden realizar prácticas de tiro, etc. En síntesis, por no poder desarrollar sus capacidades como militar profesional.

Si me preguntaran si es esto lo que desearía para nuestras Fuerzas Armadas, está claro que no, dado que la Argentina es el octavo país en extensión territorial, a lo que se le suman millones de kilómetros cuadrados del espacio marítimo.

Simplemente apelo a lo que estimo que es el buen criterio ante una situación que, está claro, esta dirigencia no tiene intenciones de modificar a pesar de que la Argentina está siendo sometida a una guerra híbrida de la que participan potencias extranjeras, terroristas en la Patagonia con apoyo externo, ONGs también con respaldo externo y dirigentes políticos que no aprecian esta situación, a los que no les importa o que responden también a intereses contrarios a los nacionales.

Argentina está frente a una guerra híbrida, a una guerra de inteligencia, sin Fuerzas Armadas y con un Sistema de Inteligencia Nacional destruido adrede durante estos años de supuesta democracia. Para hacer frente a esta realidad, los altos responsables militares deben obrar con pragmatismo y proceder a una planificación estratégica, a una reestructuración de las fuerzas, en función del presupuesto que los políticos les destinan.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] Edgardo Aguilera. “Torniquete al gasto castrense y remate de bienes por más fondos”. Ámbito financiero, 09/03/2017, <http://www.ambito.com/875245-torniquete-al-gasto-castrense-y-remate-de-bienes-por-mas-fondos>, [consulta: 09/03/2017].

[2] “Argentina – Gasto público Defensa”. Expansión / Datosmacro.com, https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/defensa/argentina

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Otros artículos sobre Defensa Nacional publicados en el sitio de la SAEEG

Comandante Espuela (Revista GNA). «¿Existe la Defensa Nacional?». 30/09/2021.

https://saeeg.org/index.php/2021/09/30/existe-la-defensa-nacional/

Marcelo Javier de los Reyes. «Sobre el Ministerio de Defensa y otros ministerios… O la partidocracia». 10/08/2021.

https://saeeg.org/index.php/2021/08/10/sobre-el-ministerio-de-defensa-y-otros-ministerios-o-la-partidocracia/

Marcelo Javier de los Reyes. «La política de destrucción en materia de defensa sigue vigente. Propuesta». 28/03/2021.

https://saeeg.org/index.php/2021/03/28/la-politica-de-destruccion-en-materia-de-defensa-sigue-vigente-propuesta/

Marcelo Javier de los Reyes, «Argentina. La apremiante necesidad de recuperar la industria de la Defensa». 12/12/2020.

https://saeeg.org/index.php/2020/12/12/argentina-la-apremiante-necesidad-de-recuperar-la-industria-de-la-defensa/

Marcos Kowalski. «Táctica, estrategia, equipamiento y defensa». 29/09/2020.

https://saeeg.org/index.php/2020/09/29/tactica-estrategia-equipamieto-y-defensa/

Marcos Kowalski. «Defensa, negocios, desarme». 21/08/2020.

https://saeeg.org/index.php/2020/08/21/defensa-negocios-desarme/

César Augusto Lerena. «La Defensa Nacional del Atlántico Sur». 14/05/2020.

https://saeeg.org/index.php/2020/05/14/la-defensa-nacional-del-atlantico-sur/

Reinaldo Cesco. «Argentina. Defensa Nacional + Seguridad». 27/04/2020.

https://saeeg.org/index.php/2020/04/27/argentina-defensa-nacional-seguridad/

Marcelo Javier de los Reyes. «Fuerzas Armadas. Cambiemos continúa con la política kirchnerista de destrucción de la Defensa Nacional». 14/03/2017.

https://saeeg.org/index.php/2017/03/15/fuerzas-armadas-cambiemos-continua-con-la-politica-kirchnerista-de-destruccion-de-la-defensa-nacional/