Archivo de la etiqueta: Argentina

EL ELEFANTE SE COME EN PEDACITOS

28 marzo, 2023 SAEEG Deja un comentario

0 Compartir

Iris Speroni*

Cómo deshacer la bomba de LELIQs sin que nos explote en la cara. El resultado a obtener será acabar con la inflación.

La pretensión de este artículo es derribar un par de mitos que circulan por la radio, TV y prensa escrita respecto a la inflación, las LELIQs y el déficit público.

Desarrollaré puntos que comencé a tratar en MIS PESOS, TUS PESOS, NUESTROS PESOS.

- Uno de los mitos es que no hay forma de deshacer la gigantesca bola de nieve que son las LELIQs. Si lo hacemos, estallará el universo; nos vamos a morir todos; catástrofe. Consecuencia de esa premisa falsa: nadie desarma las Leliqs —que perviven desde el segundo mandato de Cristina Fernández— con la pseudoesperanza de dejar el problema al próximo mandatario. Falso, se puede desarmar aquí y ahora.

- El segundo de los mitos es que el culpable de la inflación es el gasto público. Según esta premisa, el estado gasta más de lo que puede, y por eso: 1. el BCRA se ve obligado a emitir para financiar el gasto público; 2. el estado se ve obligado a endeudarse para financiar el gasto público. La consecuencia de este argumento es que la inflación y la deuda pública son el resultado del excesivo gasto. Falso: gastan mucho porque quieren. Hay inflación porque quieren. Endeudan al país porque ése – y no otro – es el objetivo político de todos ellos.

Empiezo por el mito 2, ¿por qué emite el BCRA?; dejo lo mejor para el final: ¿cómo deshacer la bola de nieve de Leliqs y otros?

El destinatario de la emisión

«En el acumulado de 2022, el financiamiento neto mediante AT totalizó $620.051 millones (0,8% del PIB), en tanto que la emisión neta de letras del Tesoro suscriptas por el BCRA sumó USD3.995 millones (0,8% del PIB)».

https://www.opc.gob.ar/operaciones-de-deuda-publica/operaciones-de-deuda-publica-diciembre-y-acumulado-2022/

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), durante todo el 2022 el BCRA financió a la Nación en $ 620.051 millones en forma de adelantos y además subscribió bonos del tesoro emitidos en dólares por U$D 3.995 millones. A tipo de cambio BNA del 31/12/2022 (175,25 $/U$D) equivale a $ 700.123.750.000. Ambos conceptos suman: $ 1.320.174.750.000. A estos números faltan los dividendos del BCRA girados al Tesoro Nacional. Sabremos el monto cierto de estas tres cifras cuando el BCRA publique su balance anual.

¿Cuánto pagó el BCRA de intereses de LELIQs a los bancos? Bueno, también necesitamos los números definitivos. Haré una aproximación.

Al 17 de marzo de 2023 el BCRA debía en concepto de LELIQs más otros papeles remunerados, la suma de 11.687.297.000.000 pesos que devengan un interés diario de 24.860.699.533 pesos (*).

Los pagos a los bancos han sido crecientes durante el año (cada día se pagó más que el anterior). El punto medio entre el 18/03/2022 (**) y el 17/03/2023 es de 15.232.852.396 pesos (no es exacto). En 365 días se pagaron intereses de LELIQs y otros por $ 5.559.991.124.540.

En ese caso el Estado Nacional se lleva en un año el equivalente a lo que los bancos se llevan en 86 días. O lo que es lo mismo (365/86= 4,24), el BCRA le dio a los bancos cuatro veces más que al estado. De cada 5 pesos, le dio 1 al estado nacional.

Entonces, les pregunto, queridos lectores: ¿por qué emite el BCRA? ¿Para financiar al Estado o para financiar a los bancos?

El problema no es el gasto público [1], sino que el BCRA emite para darle dinero a los bancos mediante LELIQs, encajes remunerados y otros instrumentos.

Emisión monetaria del BCRA

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/panhis.xls

Como pueden ver en el cuadro, la circulación monetaria a febrero 2022 era de 2.686.579 millones de pesos y a febrero 2023 de 4.087.141 millones de pesos. Es un aumento de 1.400.562 millones de pesos, que exceden los $ 620.051 millones entregados al tesoro nacional; de hecho sólo el 44% de la emisión fue a manos del Estado.

Lo emitido no alcanza para pagar diariamente los intereses de Leliqs, por lo que semanalmente se capitalizan y hacen que la deuda se incremente.

Los pedacitos del elefante

La razón que las autoridades monetarias aducen ante el público para mantener en permanente crecimiento el monto de Leliqs (ex Lebacs) es que si se deshace esta operatoria, todo ese dinero iría al dólar, el valor de la divisa se dispararía y los precios de la economía estallarían. Híperinflación, catástrofe, muerte. ¿Es verdad?

Veamos.

En primer lugar, en Argentina hay inflación con un precio de dólar controlado por el gobierno (que manipula tanto el oficial como el paralelo). El precio de la divisa ha crecido menos que la inflación y aun así ésta persiste. El precio de la divisa como razón de inflación es un argumento debilitado cuando no irrisorio.

Segundo punto: si mañana el estado devuelve todo el dinero de las Leliqs ¿iría ese dinero a comprar dólares? Si es así, ¿cuánto del total tendría ese destino? Acá es donde debemos cortar al elefante en pedacitos.

Ya dejé en claro que creo que el aumento del valor de la divisa no es el motor de la inflación. A mí no me preocupa que el dólar esté alto. Me preocupa/quiero: 1. que el Estado argentino no emita dinero y/o deuda; 2. que los impuestos sean razonables para no desfinanciar a las familias y empresas (para felicidad del Pueblo y para la grandeza de la Patria).

El estado mediante el BCRA debe Leliqs y otras obligaciones a los bancos. A su vez ese dinero los bancos se lo deben a alguien. ¿A quién?

El BCRA emite un informe periódico denominado, Informe de Estabilidad Financiera. En el gráfico 16 de Informe de Estabilidad Financiera – Diciembre de 2022, con datos a septiembre del mismo año, publican el fondeo de los bancos. En criollo, a quién pertenece el dinero que los bancos tienen y luego prestan – o no – a terceros (Estado, familias, empresas). Afirma: «A septiembre casi la mitad del fondeo total correspondía a depósitos del sector privado en moneda nacional (49,9%)…».

¿Cómo se lee este cuadro? Segunda columna desde la izquierda con la leyenda “sep-22”.

- En rojo están los depósitos a la vista del sector privado. El 23,9% del origen del dinero que los bancos tienen proviene de los saldos en las cajas de ahorro (pagan 1% ó 2% interés anual) o de las cuentas corrientes (0% de interés) que depositan personas o empresas.
- El otro 25% – color coral o rosa fuerte (aclaro para los varones) —viene también de familias o empresas— pero sí pagan algún interés (plazos fijos).
- El 8,4% en verde está en moneda extranjera. No se puede ir a dólar, porque ya está en dólar.
- El 11,7% en color crema son depósitos en moneda nacional del sector público (estado nacional, provinciales, municipales, organismos estatales). Ese dinero se va a ir al dólar sí y sólo sí el estado así lo resuelve.
- Otros pasivos – Dios sabe.
- PN, color celeste por 17,9%. Es el dinero propiedad de los bancos. Ese dinero puede estar en pesos o divisas (hay regulaciones al respecto).

Voy a traducir esta larga explicación. De todo el dinero que los bancos reciben (“fondeo”), una parte se la prestan al estado (LELIQs y bonos del tesoro) y otra se la prestan a privados (financiación saldo tarjeta de crédito, compra de motos en cuotas, financiación de empresas para capital de trabajo o inversiones), cartera de inversiones (ONs y acciones que cotizan en bolsa).

Lo único que nos preocupa de todo esto ahora son las LELIQs. El 23,9% del fondeo viene de cuenta corriente y caja de ahorro de empresas y personas (rojo). Si se cancelaran las LELIQs y este dinero volviera a sus propietarios originales, ¿éstos comprarían dólares? En realidad no. Tienen los pesos disponibles porque los necesitan a la brevedad. El trabajador que va a comprar sus U$D 200 mensuales, ya los compró cuando cobró. El resto se queda en pesos porque lo necesita durante el mes. La empresa, el comercio, el consorcio de copropietarios que tiene dinero en cuenta corriente, es porque lo quiere tener en pesos para usarlo dentro del mes: (pago de sueldos, mercadería, proveedores, impuestos, servicios). Si hubiera querido comprar dólares, ya lo hubiera hecho.

Por lo tanto, diría, que el 23,9% (rojo) de las LELIQs, si se redimieran (si se pagaran en efectivo), no irían a dólares.

Depósitos a plazo del sector privado por 25,1% (rosa fuerte). Ése dinero sí puede ir al dólar si el BCRA mañana les pagara todos los pesos juntos. Es dinero a plazo, como inversión (probablemente para defenderse de la inflación). Ahora bien, las empresas tienen el dinero a plazo (o en Fondos Comunes de Inversión que a su vez invierten en plazos fijos) como forma de contrarrestar el impacto de la inflación en su capital de trabajo [2]. ¿Si el BCRA redimiera las LELIQs (si cancelara su deuda) en efectivo, cuánto de ese dinero iría a comprar divisas? Una parte sí, probablemente. Pero otra parte no, porque ese dinero tiene como destino pagar proveedores, impuestos y salarios; por lo que la empresa necesita esos pesos en algún momento entre mañana y los próximos 60 días. Si realmente fuera dinero atesorado (para pagar dividendos, por ejemplo), ya hubiera comprado dólares —o hubieran comprado futuros en ROFEX— y los tendría depositados en dólares en su cuenta corriente (8,4% del fondeo total – color verde). Con lo cual diría que sólo una fracción de ese monto de efectivo iría a comprar dólares. ¿Cuánto? No lo sé. Pero con un estudio de las obligaciones de pagos de las empresas (elegir las 20 más grandes del país), uno puede hacerse una idea de cuánto dinero iría a dólar y cuánto se usaría en pesos en el desenvolvimiento normal de las actividades familias y empresas. Supongamos que la mitad (es demasiado, pero con margen de seguridad), va a dólar.

Del resto de los ítems, excepto “otros”, por 9,4%, ninguno es un problema. Paso a justificar: 8,4% ya está en divisa. 11,7% pertenece al estado, por lo que el mismo estado dispone si va o no a dólar. 17,9% pertenece a los bancos y su destino está fuertemente regulado por el BCRA.

Por lo cual, de mi gigantesca bola de nieve de LELIQs mi problema se reduce a no saber qué puede pasar con “otros” por 9,4% y una porción de los depósitos a plazo fijo de personas y empresas. Supongamos la mitad de eso, 12,5%.

9,4%+12,5%= 21,9%. Mi enorme problema ya se redujo a un quinto del mismo; con amplias posibilidades de a su vez ser gestionarlo.

Señores, si no se quiere desarmar la bomba de LELIQs es simplemente porque no hay voluntad.

Una vuelta de tuerca más al “fondeo”

El gráfico 17 del informe del BCRA citado nos cuenta un poco quiénes son los privados que ponen su dinero en los bancos. El 44% son las familias (cuenta sueldo, jubilaciones, dinero personal, etc.). 12% son PyMes. 22% grandes empresas.

20% son FCI. En general éstos colocan gran parte de sus carteras en plazos fijos que a su vez van a LELIQs (el detalle está en poder tanto de la CNV como del BCRA). Es el refugio general para defenderse de la inflación, tanto para empresas como para las personas físicas. Es donde los particulares ponen la recaudación por facturación hasta el momento que haya que pagar sueldos o impuestos y no perder la carrera contra la (alta) inflación. Si bien una parte de este monto podrá terminar en dólares, el resto, claramente, sus propietarios lo necesitarán en algún momento de los próximos 90 días para hacer frente a sus obligaciones. Por lo cual, nuevamente, el dinero que iría a divisas es mínimo.

Respecto al 34% que tienen depositado PyMes y grandes empresas, cabe la explicación anterior. Una parte del dinero recibido por la cancelación definitiva de las LELIQs pudiera ser distraída en atesoramiento (dólares) pero la mayoría irá a las obligaciones comerciales en las próximas semanas. Lo que quisieron atesorar, ya lo hicieron (8,4% —en verde—).

Puede haber dinero especulativo (alias carry trade alias bicicleta financiera) en LELIQs u otros bonos del Tesoro en pesos de corto plazo. Se denomina así a quienes vienen, traen dólares, los venden por pesos, colocan esos pesos a altas tasas a corto plazo, rezan todos los días para que justo en ese momento no haya una maxidevaluación y el día de vencimiento deciden si renuevan o si dejan de jugar a la ruleta rusa y compran dólares con los pesos obtenidos [3]. Si se desarman las LELIQs la única alternativa que queda para estas operaciones serán los bonos del Tesoro en pesos a corto plazo [4]. Nos ocuparemos de eso otro día.

Propuestas

Sugiero que el gobierno —éste o el próximo— desarme para siempre las LELIQs y cualquier otro engendro del infierno similar.

Sugiero que el gobierno – éste o el próximo – no nos corra más con el cuco de “el dólar se va a disparar”. Ya estamos todos grandes.

Sugiero que el gobierno —único responsable de la bicicleta financiera— no vuelva nunca más a usar este artilugio.

Propuestas Operativas

No aconsejo un nuevo plan BONEX por las razones explicadas anteriormente. Gran parte del dinero prestado al BCRA proviene de depósitos a la vista de gente y empresas que necesitan esos fondos para sus pagos habituales en el correr del mes.

Lo mismo respecto del 25% de dinero a plazo entregado a los bancos por personas físicas, PyMes, grandes empresas o fondos comunes de inversión. Es el capital de trabajo o las disponibilidades de todos ellos, que necesitarán en algún momento entre esta semana y los próximos 60 ó 90 días. Imponer un bono a mediano o largo plazo significaría cortar la cadena de pagos de toda la economía. Sugiero redimir las LELIQs con disponibilidades inmediatas. Eventualmente, para empresas, y como caso extremo, con un plan de pagos semanal con no más de 60 días en total. Y sólo si hiciera falta, cosa que no creo.

Respecto al estado (11,7% en crema) [5]

Darles a los organismos estatales un bono que venza el 11 de diciembre de 2023 para que la próxima administración decida cómo actuar. Caso por caso se puede pre-cancelar este nuevo bono si hubiera que hacer frente a alguna obligación particular (pienso en el INVAP o similares que puedan tener un vencimiento específico no corriente).

Respecto al dinero propio de los bancos (17,9% en celeste): el BCRA regulará cuánto podrán convertir a dólares y cuánto no.

En resumen: propongo redimir las LELIQs en su totalidad en dinero contante y sonante.

Eventualmente, una pequeña fracción del total, en ocho pagos semanales para empresas [6]. No hacerlo implicará cortar los pagos de la economía.

Capital de trabajo de PyMes y profesionales independientes: propongo una intervención de la secretaría de comercio por 90 días que obligue a las grandes empresas oligopólicas u oligopsónicas a pagar dentro de los 7 días a sus proveedores PyMes y servicios personales (sistemas, abogados, contadores, personal contratado). Pienso en las usinas lácteas y los tambos, las PyMes que proveen a supermercados y cobran a 90 días; los profesionales a los que les duermen sus facturas. El objeto de esta medida sería acelerar la circulación por la cadena de pagos y evitar que las empresas grandes se vean tentadas a comprar dólares por 60 días “a ver qué pasa”. Por el contrario, atomizaría en toda la economía la decisión de pasar a dólar o no. La consecuencia final es que el estado redimiría la deuda para recomponer la cadena de pago de las empresas y familias; no para que los gerentes financieros se ganen un bono de fin de año.

Consecuencias

- Se apagará el gran motor de la inflación que es la deuda diaria del BCRA. Bajará la tasa de interés de la economía, que será la resultante entre oferta y demanda del sector privado y no un piso arbitrario impuesto por la autoridad monetaria.

- Se acabará la gigantesca transferencia de riqueza entre familias y PyMes a jugadores con más espaldas. Una tasa mínima alta impuesta por el estado implica: a. inflación; b. alto costo de financiación para capital de trabajo (PyMes) y para saldo de tarjeta de crédito (familias). Ambos castigan a los eslabones más débiles de la Argentina: la inflación a quienes viven de un ingreso fijo (beneficiarios planes sociales, empleados, jubilados y pensionados); las altas tasas de interés a quienes deben financiarse por encima del 100% anual lo que en principio les come el capital de trabajo y finalmente los lleva a la quiebra.

Por todo ello, pero principalmente por la fijación de una demencialmente alta tasa de interés como piso de la economía, es que este juego del infierno debe terminar.

Notas

[1] El déficit fiscal y el exceso de gasto es un problema en sí mismo. No porque obligue a emitir pesos o deuda sino porque es un desperdicio de recursos que estarían mejor en poder de las familias en lugar de estar en las manos de funcionarios para que estos gasten en banalidades o para que se queden con una parte y lo atesoren en sus patrimonios personales.

[2] Es una lucrativa fuente de dinero para algunas empresas. Mediante el artilugio de demorar pagos a proveedores, quedarse unos días con el dinero, tienen ganancias nominales, que pueden o no ganarle a la inflación. Lo que es una ganancia para algunos es quitarle el capital de trabajo a pymes y profesionales autónomos. Ejemplo: los 45 días que tardan las usinas lácteas en pagarle a los tamberos. Con las tasas actuales de inflación resulta en una matanza generalizada de pymes. Las grandes empresas a veces deberían evaluar los pro y contras entre una ganancia momentánea y la posibilidad de quedarse sin proveedores por toda la eternidad.

[3] Durante el principio del gobierno de Macri vinieron fondos de inversión a jugar a esto. No sé hoy cuánto dinero puede haber en esta condición, pero imagino que las autoridades monetarias poseen esa cifra. No creo que hoy sea mucho.

[4] Desaconsejo fuertemente que el estado nacional en la forma del Tesoro Nacional, traslade el carry trade alias bicicleta, esto es, el procedimiento descripto, a los bonos del Tesoro de corto plazo. Cortar las LELIQs es para cortar este mecanismo, no para trasladar el problema desde una dependencia del gobierno a otra.

[5] Muchachos: ¿cobran impuestos por adelantado para luego poner el dinero a rendir en el banco (11,7% del total)? No legislen si han bebido. Le quitan el capital de trabajo a comercios, pymes, grandes empresas. Cobran por adelantado el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Luego van y lo ponen a plazo en Banco Nación o Banco Ciudad o Banco Provincia. Realmente habría que colgarlos a todos por hacernos infelices. Recuerden: por la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Patria.

[6] Soy sumamente renuente a este procedimiento. Lo considero innecesario por todo lo antepuesto.

Referencias

Oficina de Presupuesto del Congreso. Operaciones de deuda pública

https://www.opc.gob.ar/operaciones-de-deuda-publica/operaciones-de-deuda-publica-diciembre-y-acumulado-2022/

BCRA, Informe de Estabilidad Financiera – Diciembre de 2022, https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/IEF0222.asp

Lectura relacionada

Mis pesos, tus pesos, nuestros pesos

http://restaurarg.blogspot.com/2022/07/mis-pesos-tus-pesos-nuestros-pesos.html

Citas

(*) Fuente: Ricardo Inti Alpert en base a datos del BCRA, 17 de marzo de 2023.

(**) Fuente: ídem anterior, 18 de marzo 2022.

Artículo publicado el 18/03/2023 por Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/03/el-elefante-se-come-en-pedacitos.html

Twittear

0 Compartir

ANÁLISIS, Argentina, Democracia, Política

CÓRDOBA: JUSTICIA A LA CARTA

27 marzo, 2023 Der Landsmann Deja un comentario

Twittear

0 Compartir

En vista a las próximas elecciones a realizarse en la ciudad de Córdoba y los ardides políticos que comienzan a salir a la luz, es necesario aclarar algunos puntos fundamentales a tener en cuenta:

La Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba en su art 81, define los requisitos para ser intendente y vice:

Artículo 81. Para ser Intendente y Vice-Intendente se requiere:

1. 1. Ser argentino.
  2. Haber cumplido veinticinco (25) años de edad al tiempo de su elección.
  3. Tener cuatro (4) años de residencia continua e inmediata anterior a la elección en el Municipio, no causando interrupción la ausencia motivada por la prestación de servicios a la Nación, Provincia o Municipio”.

¿Cómo es entonces que Martín Llaryora fuera inhabilitado por la Junta Electoral Municipal para presentarse como candidato a intendente?

Veamos la cronología de los hechos:

-Anoche se conoció, tal como se esperaba, que la Junta Electoral Municipal impugnó la candidatura de Martín Llaryora por no cumplir con el requisito del domicilio. Ahora, el asunto pasará a la Justicia Electoral Provincial y no se descarta que termine en el Tribunal Superior de Justicia. Desde Hacemos por Córdoba descuentan que su candidato a intendente será finalmente habilitado para competir por la intendencia.
(1º de Abril de 2019 – Diario El alfil)

La jueza electoral Marta Vidal deberá resolver en las próximas horas si habilita la candidatura de Martín Llaryora a intendente de la ciudad de Córdoba. Los plazos son exiguos y se espera que la decisión de la magistrada no se extienda más allá de este viernes.
(3 de Abril de 2019 – Diario Comercio y Justicia).

Hasta aquí, todo parecía en el mejor de los casos, una interpretación dispar entre el partido al que representaba Llaryora y los candidatos de la oposición.

En el peor de los panoramas, esta estrategia sería una “chicana política” para dejar fuera de juego al candidato de Hacemos por Córdoba, por parte de los partidos opositores. La “no oficialización” de la candidatura de Llaryora había sido pedida, primero, por Córdoba Cambia —que lidera Mario Negri—; y luego, por la UCR, con Ramón Mestre a la cabeza.

¿Qué dice el apoderado del partido Hacemos, Juan Manuel Cid?

Juan Manuel Cid, aseguró que la residencia oficial de Llaryora es la ciudad de Córdoba y que los periodos de interrupción cumplen con la normativa vigente en la Carta Orgánica municipal.

“Aportamos los tres contratos de locación desde 2014, y las fichas médicas que prueban que se ha atendido en Córdoba”. “El 5 de agosto de 2018 se emitió en la Provincia la resolución 40, donde a Martín lo proclaman vicegobernador electo”. Eso fue veintipico de días antes de reasumir como intendente. “Él se fue sabiendo que tenía que volver al mismo departamento de la ciudad de Córdoba. Entonces no sé por qué no se le permite esta prórroga”.

Agregó Cid:

“Esa interrupción es contemplada en el inciso 3 del artículo 81 de la Carta Orgánica, que prevé interrumpir para cumplir un servicio público nacional, provincial o municipal, y él lo hace para ser intendente”.

Asimismo, adelantó que presentarán una denuncia penal contra la Junta Municipal que envió oficios a San Francisco para constatar la asistencia de los hijos de Llaryora a la escuela y los lugares donde realizan sus actividades deportivas.

De no hacer lugar al pedido, Hacemos por Córdoba deberá correr el orden de la lista de titulares y completarla con el primer suplente que satisfaga la paridad de género, que en este caso es Daniel Passerini.

La piedra del escándalo

Martín Llaryora ha recorrido un largo camino dentro de la política cordobesa en muy poco tiempo. Tengamos en cuenta que el PJ cordobés gobierna la provincia desde 1999 cuando José Manuel De La Sota proclamó su primer triunfo como gobernador.

En 2009 se referencia como presidente de la Juventud Peronista. En 2013 forma parte del Frente Renovador. En 2015 en Unión por Córdoba y desde 2019 es parte del armado político de Hacemos por Córdoba. Fue concejal de San Francisco (2003-2007), Intendente de esa localidad (2007-2011) y en su segundo mandato (2011-2013), cargo del que solicitó licencia para ocupar la titularidad de la cartera del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico en el período (2013-2014). En 2014 se consagra nuevamente Intendente de San Francisco, cargo que ocupa solo un año para participar de las elecciones provinciales como vicegobernador (desde 2015 y hasta 2017) sin poder finalizar su mandato ya que se presenta como candidato a Diputado Nacional (2017-2019) mandato que tampoco alcanza a completar debido a su presentación y victoria como candidato a la Intendencia de la Ciudad de Córdoba.

Pero volvamos a 2019 cuando la jueza Marta Vidal resuelve habilitar la candidatura por la Ciudad de Córdoba a Martín Llaryora pese a que el artículo citado, (81 COM), es absolutamente claro con respecto a la residencia de los candidatos.

¿Quién es Marta Vidal?

Marta Vidal, jueza electoral desde 1998 hasta la fecha a pesar que se jubiló en 2017. Este nombre no solo se encuentra en la causa Llaryora. Ya en 2007 interviene en la causa por “fraude” en las elecciones a gobernador de ese año, donde en un misterioso corte de luz en el Correo Argentino la tarde de los comicios, dio cuenta de los resultados que hasta antes del corte daban una importante ventaja al candidato del Frente Cívico, Luis Juez y favorece al candidato de Unión Por Córdoba, Juan Schiaretti.

Los letrados del juecismo habían recusado a la jueza con el argumento de que la propia magistrada había reconocido que “no tuvo la capacidad de controlar al Correo Argentino”. “Ha confesado a todos los medios que se vio desbordada”. La diferencia entre las 5.987 mesas que había denunciado originalmente la Justicia Electoral con las 6.152 que terminaron apareciendo en el programa informático que usó la empresa española Indra para ingresar los votos que llegaban en los telegramas fueron agregados como elementos de prueba, que por supuesto, no fueron tomados en cuenta. ¿Será acaso descabellado pensar que esta jueza que aparece en todos los conflictos de intereses partidarios y electorales, tenga algún pequeño indicio de favoritismo hacia el partido político que gobierna esta provincia desde hace 24 años?

A continuación transcribimos el fallo en rechazo a la apelación por la habilitación a la Intendencia de Martín Llaryora:

La Cámara Contenciosa Administrativa de 2° Nominación no hizo lugar a los recursos de apelación presentados por la alianza Córdoba Cambia y por la Unión Cívica Radical y, en consecuencia, confirmó la resolución del Juzgado Electoral Provincial que oficializó la candidatura de Martín Llaryora a intendente de la ciudad de Córdoba. La camarista María Inés Ortiz de Gallardo expresó en su voto —al que también adhirió el vocal Humberto Sánchez Gavier— que el candidato Llaryora reúne el requisito legal de cuatro años de residencia continua e inmediata anterior a la elección en el municipio. Asimismo, la resolución agrega que no causa interrupción la ausencia motivada por la prestación de servicios a la Nación, Provincia o Municipio, “la que ha sido acreditada con grado de certeza jurídica en virtud de la prueba documental idónea y no desvirtuada por elementos de juicio en contrario del mismo tenor y valor”.

El voto mayoritario afirma que “el derecho a ser candidato a intendente de la ciudad de Córdoba no es un derecho exclusivo ni un privilegio de los oriundos de esta ciudad”, sino un derecho que ha de corresponder “a cualquier residente por el hecho de serlo en las condiciones de ley”. “El pueblo de esta ciudad, como fuente originaria de la voluntad emanada de la soberanía popular, es libre para votar al candidato que elija, transformando su elección en el reconocimiento y aceptación de la capacidad del elegido para intervenir en la adopción de las decisiones políticas, necesarias para la gestión del bien común de su ciudad”, sostuvo la camarista Ortiz de Gallardo. Por su parte, el vocal Sánchez Gavier añadió: “El ‘principio de participación’ constituye elemento dirimente para despejar cualquier duda que pudiera perdurar con relación al cumplimiento por parte del candidato Llaryora del requisito de residencia previsto por el art. 81 inc. 3° de la Carta Orgánica Municipal y la exclusión de un candidato debe responder solo ante la evidencia de que no se ha cumplimentado tal requisito, cuestión ésta que considero no ha sucedido en autos”.

Voto en disidencia. Por el contrario, el vocal Ángel Gutiez entendió que los contratos de locación de vivienda y una prórroga que presentó “no logran probar” los cuatro años de residencia continua e inmediata anterior a la elección. “No pongo en duda el compromiso del Sr. Llaryora para con la ciudad de Córdoba, pero su Carta Orgánica exige más; exige que haya residido en ella de forma continua e inmediata durante los últimos cuatro años, y este extremo el nombrado no lo ha probado”, enfatizó el magistrado en su voto.

Causa: “Hacemos por Córdoba – Recurso de Apelación – Junta Electoral Municipal – Comunal – Córdoba Dpto. Capital – Impugnación Candidato a Intendente por Residencia (Recursos de Apelación presentados por la Alianza ‘Córdoba Cambia’ y la Unión Cívica Radical)” (Justicia on line – 24 de Abril de 2019).

El cuento que nunca acaba

A estas alturas esta historia parece ser una más de las que se repiten en el interior de nuestro país donde los gobiernos permanecen por décadas aumentando año a año su fuente de dominio y poder, controlando y manipulando los poderes del Estado.

Tanto es así que el 22/03/2023 el Concejo Deliberante aprobó la modificación del artículo 50 de la Carta Orgánica Municipal donde por el mismo prohíbe las candidaturas testimoniales. Esta definición es explicada por la BBC de la siguiente manera: Imagine lo siguiente: usted va a votar en los comicios legislativos de su país y el principal candidato a diputado por el partido gobernante es un popular gobernador, que no ha dejado su cargo para pasar al Congreso, ni tampoco piensa hacerlo aunque sea elegido.

Estos «falsos candidatos» que pretenden postular por un escaño legislativo que nunca piensan ocupar podrían ser una realidad en Argentina.

¿A qué se refieren los ediles y hacia qué apuntan con la modificación de la Ley Electoral?

Precisamente a evitar que el candidato de Juntos por el cambio, el radical Rodrigo De Loredo, pueda postularse a gobernador, ya que las elecciones serían el 24 de junio y posteriormente candidatearse a intendente de la Ciudad de Córdoba.

A simple vista sería una medida lógica. Digo, sería porque el proyecto de modificación fue desempolvado por la titular del Pami Córdoba y jefa del bloque Primero la Gente, la kirchnerista Olga Riutort, quien casualmente es madre de Victoria Flores (titular del ente CoYs de la Municipalidad de Córdoba) y suegra de Miguel Siciliano (ex precandidato a intendente por el PJ) y actual Secretario de Gobierno y Gestión General de Gabinete de Martín Llaryora.

Otra cuestión llamativa es la referencia al proyecto original de Riutort donde solicita la modificación del artículo 44, que no fue votado para su modificación por los ediles de Hacemos por Córdoba ya que limita al intendente a definir las elecciones en un plazo determinado, (establece la posibilidad de convocar a elecciones municipales con una antelación de 90 días), cosa que Llaryora no pretende hacer.

Y como si todo lo expresado fuera poco, no olvidemos que Martín Llaryora no completó su mandato como intendente de San Francisco en 2015 para presentarse como vicegobernador en ese mismo año, mandato que tampoco completó porque en 2017 ganó una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Casualmente tampoco culminó su mandato porque en 2019 asumió como intendente de la Ciudad de Córdoba.

Esta es la política cordobesa apuntalada por la justicia independiente. No creo que haya quedado duda que la justicia en Córdoba es “A la Carta”, a conveniencia de los monarcas de turno y de la burguesía política.

Por der Landsmann para Saeeg

Twittear

0 Compartir

ARGENTINA, Atlántico Sur

MALVINAS. 41 AÑOS DE ENTREGA.

26 marzo, 2023 SAEEG Deja un comentario

Twittear

0 Compartir

César Augusto Lerena*

Pasaron 40 años de la recuperación de Malvinas y ni siquiera se animaron a recordar en 2022 que después de 189 años, la Argentina recuperó la dignidad y, quienes vaciaron de contenido a la gesta, le quitaron a los caídos y a los combatientes la razón de su esfuerzo y heroico papel. Mientras los británicos festejan en el Reino Unido y Malvinas la rendición argentina del 14 de junio —que supone una recuperación argentina previa—, los sucesivos gobiernos desmalvinizan hasta la fecha e incumplen con la disposición primera de la Constitución Nacional de 1994 que reza: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional … constituyendo un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

“Hay mucho por hacer, porque no se ha hecho casi nada” (César Lerena, “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega”, 2 de abril 2022).

Los aciertos han sido escasos y los errores (¿?) una constante de la diplomacia argentina hasta nuestros días. En estos últimos años no se deshizo el Memorando de Entendimiento de 1968 (la entelequia de conversar sobre soberanía, pero teniendo en cuenta los intereses y deseos de los isleños); ponderar (entre otros, Marcelo Kohen y Guillermo Carmona) la etapa del gobierno de facto de Lanusse (1970/73) donde se les proveyó todo tipo de servicios y bienes a los isleños sin nada a cambio (gas, correo, teléfonos, pista de aterrizaje, aviones, estudios, salud, etc.); un proyecto inglés que le permitió al Reino Unido ganar tiempo y evitar inversiones en las islas.

Es de suponer que la Cancillería Argentina ya había tomado conocimiento del informe de la misión de lord Shackleton (se vendía en las islas en 1976 a 8 libras el ejemplar, cuando se cumplían 143 años de la ocupación de Malvinas); pero, no parece haberse enterado hasta el día de hoy que se han cumplido 190 años de la ocupación británica; porque toda su acción-inacción fue absolutamente desfavorable para el interés argentino, en sintonía con este informe que no se tomó en cuenta a la hora de firmarse leyes, acuerdos, convenios y declaraciones. Entre otras cosas dice este documento: «Se estima que las islas están rodeadas de un mar en el que podrían ubicarse los mayores recursos mundiales aún inexplotados de proteínas… (Respecto) a la pesca en alta mar, el informe sostiene que gran parte de los cotos de pesca en el Atlántico sudoccidental se hallan dentro de un radio de 200 millas en torno a las islas… El informe exhorta al Gobierno británico a proponer una convención internacional para el control de pesquerías en el océano Austral… El petróleo, según el experto Richard Johnson y su equipo supuso la existencia de oro negro en el mar. Para llevarse un programa importante de desarrollo de la economía de las islas, especialmente en lo relacionado con los recursos marinos, debería buscarse la cooperación e incluso la participación argentina… Resulta evidente para cualquiera que visite el archipiélago que la población es británica y mantiene firme su deseo de seguir siendo británica. El tema de la soberanía es condicionante del informe y en cierto modo carece de realismo examinar posibilidades económicas divorciadas en gran medida de las consideraciones políticas. Debido a ello y al elevado costo de producción, de no lograrse la cooperación argentina existe escasa probabilidad de una respuesta comercial a la emisión unilateral de licencias por parte del gobierno británico. Añade el documento que una nueva ordenanza minera debería transferir todos los derechos mineros a la Corona británica. La legislación debería ser elaborada con pleno conocimiento de la política argentina de explotación petrolera. El informe aborda cuestiones no menos importantes como el transporte, aconseja los vuelos directos a las islas Malvinas y una estrecha cooperación con la Argentina… Las conclusiones del informe se anudan de esta manera a la opción única mantenida hasta la fecha por Inglaterra: discusión respecto a las posibilidades de cooperación y mantenimiento sin concesiones del compromiso británico con los isleños de que «no habrá transferencia de soberanía contra sus deseos» (José E. Greño Velazco). Nada más parecido a la cooperación unilateral propiciada por todos los gobiernos argentinos, a sabiendas que el Reino Unido no llevará adelante ninguna discusión sobre soberanía que vaya contra los deseos de los isleños, aunque sepamos que sea una excusa imperfecta del Foreign Office, para seguir en el Atlántico Sur.

El gobierno de facto en 1982 en lugar de recibir con honores a quienes pelearon por defender el territorio nacional y homenajear con gloria a nuestros muertos y heridos, los escondió; mientras, muchos argentinos no supieron distinguir entre una decisión de los altos mandos militares y el más noble cumplimiento del deber en procura de defender la soberanía, según lo prescribe el art. 21º de la Constitución Nacional. Comienza la desmalvinización y con ella la entrega sostenida y creciente del territorio marino nacional, sus recursos naturales y la consolidación del cometido británico y el fortalecimiento económico y territorial de los invasores. Desde este año y, en especial desde la firma de los Acuerdos de Madrid en 1989, se profundiza la presencia de buques extranjeros iniciada por el gobierno ilegal de Malvinas y se acrecienta la internacionalización del mar argentino con la presencia de buques pesqueros españoles, chinos, taiwaneses, coreanos, etc. En 1983 se instala un proceso de desculturalización y desinformación que presenta la guerra de Malvinas como vergonzante, enajenando a los argentinos el sentido de pertenencia del archipiélago e ignorando el rol cumplido por los combatientes en la guerra contra el Reino Unido en el Atlántico Sur y facilitando el inicio de una serie de procesos ruinosos.

En 1984 se firma el Tratado con Chile, donde Argentina cede territorio insular y marítimo en el Atlántico Sur. Este Tratado beneficia a los intereses chilenos y un control de éstos del acceso al canal de Beagle. Un año después, el Reino Unido inaugura un aeropuerto en Malvinas que facilitará las operaciones militares desde las islas.

En 1986, con el pretexto de los acuerdos pesqueros firmados por el canciller Caputo con la URSS, el gobernador ilegal en Malvinas crea la «Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías» (FICZ) de 150 millas, en la cual se prohíbe el ingreso de buques argentinos. Se crea ese mismo año la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» (ZPCAS) a iniciativa de Brasil, aprobada por la Resolución de la ONU 41/11 del 27/10/1986, sin que los gobiernos argentinos le presten atención a esta importante herramienta destinada a evitar la intromisión en el Atlántico Sur de países extraños (el Reino Unido) y limitar el armamento en el área.

En 1987 en la ONU se reúnen el canciller Caputo y el Subsecretario Robert Gelbard de Estados Unidos. El Canciller propicia “la fórmula del paraguas de soberanía”, que no era otra cosa que aceptar la formula inglesa que ya Argentina había rechazado en 1981: congelar las cuestiones de soberanía y cooperar en forma conjunta en el desarrollo de Malvinas (Ver informe lord Shackleton de 1976). El Reino Unido avanzó de los 11.410 km² (Malvinas) que ocupaba en 1982 a los 1.639.900 de km² del territorio marino e insular que ocupa hoy.

En 1988 en Ginebra, el embajador Lucio García del Solar acuerda con el Embajador británico en la ONU Crispín Tickell, omitir toda referencia a los temas de pesca. Este tema le pareció al gobierno argentino y, a los siguientes, una cuestión menor (lo mismo que hoy); pero, como ya lo manifestamos (César Lerena “Malvinas. Biografía de la Entrega, 2009) fue, y es un tema central. Ello lo ratificaría el director ilegal de Pesca de Malvinas, John Barton en 2012: «sin la Pesca los malvinenses no podrían haber subsistido» (sic).

En 1989/90, en Madrid, se efectúan las Declaraciones Conjuntas (Acuerdos de Madrid) confirmando la «fórmula del paraguas»; la entrega de la pesca al Reino Unido y las restricciones militares británicas que consolidan su ocupación y economía en el Atlántico Sur. El Reino Unido modifica el statu quo de 1982, pese a la Resolución 31/49 de la ONU. Acuerdos que, pese a los distintos signos políticos de los gobiernos, siguen vigentes hasta hoy.

En 1991 el canciller Cavallo con la intervención de Susana Ruiz Cerutti (hoy miembro del Consejo de Malvinas) promueve la sanción de la Ley 23.968 «de líneas de base» y deroga de hecho la ley 17.094, reduciendo nuestro mar territorial, aunque no hubiésemos ratificado a esa fecha la Convención de las Naciones Unidas sobre el Mar. El Acuerdo de Madrid se consolida con esta Ley, debilitando los derechos de las provincias patagónicas, en el especial de Tierra del Fuego, cuyas islas, serán insustentables al reducir a 12, las millas el mar territorial.

En 1992 se aprueba el Convenio con el Reino Unido, para la Promoción y la Protección de sus Inversiones y por la Ley 24.184 se estableció la cláusula más favorable con relación a terceros Estados. Un año después el Reino Unido amplía su ocupación hasta 200 millas alrededor de las Georgias y Sándwich del Sur, implicando mayor ocupación marina, control meridional del Atlántico y la relación con la Antártida. Parece joda.

En 1994 el gobierno argentino establece el charteo y veda del calamar que les garantiza a los isleños la llegada a Malvinas de este vital recurso. Por su parte, el Reino Unido establece un área “GAP” al noroeste de las islas y dentro de la ZEE Continental de unos 1.400 Km² para proteger sus capturas de calamar, sin que se produzca ninguna reacción argentina. El mismo año la Argentina firma un Acuerdo Pesquero con la Unión Europea y poco después el Reino Unido establece una ZEE de 200 millas alrededor de Malvinas que ratifica la prohibición de pescar a los buques nacionales en esa área y facilita la concesión de licencias a los británicos. El Acuerdo con Europa nunca alcanzó el área de Malvinas e, inclusive, en el caso del calamar, se le asignó para no molestar a los británicos, la captura de una subpoblación de esta especie que no migra al archipiélago. También en este año se aprueba la nueva Constitución de la Nación Argentina, que en su Disposición Transitoria Primera establece que: «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, constituyendo un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino», lo que demuestra la vocación de todos los sectores políticos de persistir en la recuperación de este territorio nacional; pero que, en los hechos, no se llevan adelante políticas en sintonía con este mandato popular.

En 1995 Argentina y el Reino Unido acuerdan la investigación conjunta de los recursos pesqueros y los ingleses se hacen de una información vital para otorgar licencias ilegales a buques. Este mismo año por Ley 24.543, Argentina ratifica la CONVEMAR que entre otros efectos adversos a los Estados ribereños no legisla sobre la captura en alta mar de los recursos migratorios originarios de la ZEE. Un año después, en Londres, el secretario de Relaciones Exteriores Andrés Cisneros firma el acuerdo que además de normalizar las relaciones con el Reino Unido, no refiere a la soberanía de las islas, la ocupación territorial o la explotación de nuestros recursos.

En 1998 se firma el “Convenio de Cooperación Militar” con el Reino Unido, que lejos de reducir la presencia militar británica en el mar argentino, estos trasladan a Malvinas el Comando Sur de la isla Ascensión, instalando la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur. Este mismo año se sanciona la Ley de pesca 24.922 que, pese a transcurrir 25 años de su dictado nunca sancionó a los buques que realizan pesca ilegal en Malvinas.

En 1999, en Madrid, el secretario Cisneros acuerda con el Reino Unido combatir a los “buques sin licencias británicas” en una cooperación inadmisible en favor de la economía de los isleños en Malvinas y, un año después, el Congreso dicta la Ley 25.290 que aprueba el llamado Acuerdo de Nueva York que pone en manos de los Estados de Bandera con mayoría en las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) el control de las especies migratorias, apropiándole a los Estados ribereños (Argentina) a través de la pesca ilegal de más 11.000 millones de dólares anuales y abriéndole las puertas al Reino Unido para intervenir en el Atlántico Sur. De no ser por un puñado de opositores en el Congreso esta lamentable ley se hubiese ratificado.

En 2005 se aprueba el Tratado de Lisboa con el voto de los ciudadanos de España e Italia (¿y el voto de los argentinos de doble nacionalidad?) que incluyó como Territorios británicos a Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y la Antártida. Se suspenden este año las investigaciones pesqueras conjuntas.

En 2007 el gobierno otorgó la explotación petrolera hasta el año 2043 del yacimiento “Cerro Dragón” a Pan American Energy, en gran parte de British Petroleum. Se ignoran también hasta la fecha los vínculos empresarios e intereses de corporaciones mineras, petroleras y financieras con las empresas que explotan el petróleo en Malvinas, entre otras: la Barrick Gold, Minera Bajo La Alumbrera y Cerro Vanguardia, copropietarios de las petroleras Desire Petroleum, Rockhopper Exploration, FOGL y Southern & Borders Petroleum en abierta violación a la ley 26.659 (Ley Solanas). A ellas se suman capitales especulativos como la banca Barclays, accionista de estas petroleras y contratada por el gobierno para negociar el canje de deuda.

En 2008 se dicta la Ley 26.386 por la que se impide a las empresas pesqueras que operan en Malvinas obtener o mantener habilitaciones para pescar en el Atlántico Sur. Ello no impidió a algunas empresas violar esta ley sin ser sancionadas y todo parece indicar que si la empresa española de capitales americanos IBERCONSA se quedase con el control de NUEVA PESCANOVA operaría en aguas continentales argentinas y en Malvinas, hecho que violaría la citada ley. En el mismo año se inicia la “localización” de los argentinos caídos en Malvinas en el Cementerio de Darwin en violación a la Convención de Ginebra (Guillermo Rossi, Mar del Plata, 20/03/2023) y en 2013 la Argentina y el Comité Internacional de la Cruz Roja suscriben un acuerdo al respecto.

En 2010 se inician las exploraciones petroleras británicas en Malvinas y en 2015 se anuncia el hallazgo de petróleo en el pozo Isobel Deep en la Cuenca Norte a unos 200 kms del archipiélago. Por Decreto Nº 256/2010 se obliga a los buques que van a Malvinas a solicitar permiso; medida que apoyan los países de Suramérica (Declaración de CELAC); pese a lo cual, se verifican más de 700 buques extranjeros que pescan ilegalmente en Malvinas y/o alta mar que se reparan, arman y transbordan en Puertos Uruguayos.

En 2011 el gobierno británico crea —sin consulta a Argentina— un “Santuario ecológico” de 1,07 millón de km² que incluye Georgias y Sándwich del Sur. Los ambientalistas parecen ignorar que este territorio es argentino y siguen reclamándole a la Argentina el aumento de Áreas Marítimas Protegidas en sus aguas. Un año después se conforma una Comisión para conocimiento público (Informe Rattenbach) relativo al desempeño de las Fuerzas Armadas durante la Guerra de Malvinas.

En 2013 se realiza en las islas un Referéndum ilegal sobre “si los británicos que viven en Malvinas desean conservar su estatus político” cuyo resultado fue positivo en un 99,83%, ratificando de esta forma que los habitantes no son autónomos ni buscan la independencia, sino seguir considerándose británicos. En 2018, el residente suizo Marcelo Kohen, quien luego integra el Consejo de Malvinas coordinado por Guillermo Carmona, les propone a los isleños continuar con el régimen vigente de inmigración y un referéndum para que elijan si desean acompañar su plan o seguir siendo británicos que, de haber ocurrido —seguramente— repetiría lo sucedido en 2013.

En 2016 la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) aprueba el informe argentino iniciado en 1997 con la creación de la COPLA (Ley 24.815) que en 2016/17 recomienda la aprobación de 351.633 km² de plataforma extendida sobre el total reivindicado de 1.782.000 km², por entender que 1.430.367 km² se encuentran en disputa con el Reino Unido, contrario a lo que indicaba la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas.

Este mismo año, la canciller Susana Malcorra acuerda el llamado Pacto de Foradori-Duncan, ratificatorio de los Acuerdos de Madrid, donde se declara: «adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas» manteniendo viva la “fórmula del paraguas”. Un ruinoso acuerdo para la Argentina que en 2023 el Canciller Cafiero cancela sin derogar los Acuerdos de Madrid, dejando activos —a nuestro entender— sus efectos, por cuanto, le propone con varios puntos al Reino Unido reiniciar negociaciones por la soberanía de Malvinas, manifestando que «nuestro país ha buscado colaborar en asuntos concretos como vuelos, actividad científica en la Antártida o conservación y preservación de recursos pesqueros», es decir, la cooperación unilateral que nos hemos referido; se «aborden los temas de interés mutuo, que contengan como mínimo…» trabajar en conjunto para identificar áreas nuevas de colaboración:

1) «Reanudar las negociaciones sobre la soberanía». En este estado un hecho improbable, que debería empezar por desechar los Acuerdos de Madrid, en especial la cláusula 2 del Acuerdo del 19/10/89.

2) «La conectividad aérea y marítima de las Islas Malvinas… y los espacios marítimos circundantes con el territorio continental». Cuestión que continúa vigente, ya que no se exige que los vuelos deberían hacerse con Aerolíneas Argentinas y al continente; resultando intolerable y una cesión de soberanía los vuelos a otros países.

3) «Garantizar los intereses y el modo de vida de los habitantes de las Islas de forma tal que favorezcan el desarrollo de vínculos culturales, económicos, sanitarios, educativos y otros entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino». Se tratan —todas— de cuestiones incluidas en el informe Shackleton; en las políticas seguidas por Lanusse y en el “caído” Pacto; y la nota argentina, tampoco indica al cambio del sistema de inmigración; la radicación; inversión, etc. de los argentinos en las Malvinas.

4) «Medidas que permitan ajustar el aprovechamiento, la conservación y preservación de los recursos naturales en el área bajo disputa de soberanía». Este punto conserva todo lo previsto en el Pacto sobre pesca, resultando inadmisible que la Cancillería refiera al “aprovechamiento, la conservación y preservación de los recursos naturales” argentinos que, coincidiendo con los Acuerdos de Madrid y según las estadísticas británicas los buques extranjeros pescan en Malvinas unas 250 mil toneladas anuales, sin que los sucesivos gobiernos argentinos a la fecha hayan sancionado a un solo buque, pese a la vigencia de las leyes 24.922, 26.386 y 27.564.

5) «La desmilitarización de las áreas bajo disputa de soberanía», omite la exigencia del retiro de la ocupación y explotación de los 1.639.900 Km² que ocupa en forma prepotente el Reino Unido.

Y destaca la nota del Canciller Cafiero, suponemos elaborada por su Secretario de Malvinas: «la voluntad de dar continuidad a la relación bilateral en todas las áreas en las que se han registrado avances y en las que se hayan planteado cursos de acción en los que no hayan surgido divergencias», es decir, dejando de lado, las principales cuestiones de ocupación territorial y explotación de los recursos pesqueros e hidrocarburíferos por parte del Reino Unido en el Atlántico Sur, entre otras, donde hay divergencias, vaciando de contenido la “cancelación” del Pacto. Y en este sentido, la denostada ex Presidente Isabel Perón, tuvo más coraje que todos los presidentes de esta democracia: ante la decisión del Reino Unido de suspender las negociaciones y enviar la misión Shackleton, el 13/01/1976 solicitó el retiro del embajador británico en Buenos Aires y ordenó el cañoneo de la nave que navegaba sin autorización por el mar territorial argentino, entre otras acciones contra el usurpador. Hoy sería llevar adelante políticas activas que están ausentes.

En 2016 por aplicación de la Ley 26.386 y luego de ocho años, el gobierno argentino multa con 10 millones de pesos a la empresa EMDEPES de Chile subsidiaria de la japonesa Nippon Suisan Kaisha (Nissui) con licencia ilegal del Reino Unido en Malvinas, por la denuncia del director de PESANTAR Juan Benegas. Sin embargo, a la fecha, el gobierno ignora las leyes vigentes y no aplica sanciones a los buques que pescan en Malvinas. Este mismo año, la canciller Malcorra, manifiesta que “las Islas Malvinas no son más el tema principal en la relación entre Buenos Aires y Londres”, dejando de lado, de hecho, lo prescripto en la Constitución Nacional.

«…la denostada ex Presidente Isabel Perón, tuvo más coraje que todos los presidentes de esta democracia: ante la decisión del Reino Unido de suspender las negociaciones y enviar la misión Shackleton, el 13/01/1976 solicitó el retiro del embajador británico en Buenos Aires y ordenó el cañoneo de la nave que navegaba sin autorización por el mar territorial argentino, entre otras acciones contra el usurpador».

En 2018 se firman Acuerdos pesqueros con China y Rusia durante la Cumbre del G20; países que pescan ilegalmente a distancia. Un año después se aprueba a LATAM para hacer vuelos semanales a San Pablo y una vez por mes a Córdoba, lo que implica, facilitar a los isleños el comercio con Brasil y el mundo, a través de San Pablo, a la par de contribuir con la logística y el transporte de personas y bienes. El mismo año se licita a favor de empresas británicas 18 áreas offshore de explotación petrolera a las empresas Shell, BP Exploration Operating Company Limited, Tullow Oil, Equinor y otras, sin tener en cuenta las prohibiciones de la Ley 26.659. También este año, mediante el DNU 145 se faculta «al propietario o armador de un buque con permiso de pesca a constituir un derecho real de garantía respecto de sus obligaciones de dar sumas de dinero, sobre el permiso de pesca del cual sea titular, y/o la autorización y/o la cuota individual de captura, que dicho permiso detente», por lo cual los empresarios pesqueros podrían utilizar como garantía, los permisos y cuotas de pesca, pese a que lo recursos pesqueros, habilitados son de propiedad exclusiva del Estado y, el empresario, es un mero concesionario.

En 2019 se adquieren 4 patrulleros oceánicos multipropósitos (OPV) a Francia entregados entre 2020 a 2022. Hay posiciones controvertidas por estas compras ya que, por un lado, hay opiniones autorizadas que entienden que podrían haberse construido en la Argentina a similar valor, generando empleo argentino, reactivando la industria naval nacional y evitando la salida de divisas del país y, por el otro, hay quienes opinan que no son los buques adecuados por sus capacidades técnicas, su escasa velocidad y armamento disponible.

En 2020 se crea la Secretaría de Malvinas y el Consejo Nacional de Malvinas (Ley 27.558), éste último, insólitamente, sin la integración del Ministerio de Defensa y compuesto por varios miembros que fueron autores intelectuales de la firma de acuerdos que congelaron la soberanía nacional; seguramente el motivo, que no se haya llevado adelante ninguna acción trascendente destinada a dar cumplimiento a lo previsto en la Constitución Nacional. No hay políticas activas “no lineales diría el Gral. Paleo” y las acciones se limitan a las conocidas actuaciones diplomáticas argentinas desde 1965 a la fecha, de intentar inconducentemente el diálogo con Londres, cooperar unilateralmente y buscar apoyos retóricos que, como hemos visto, han resultado absolutamente inocuos para los británicos. El último ejemplo es el reciente comunicado de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de los jefes de Estado y de Gobierno que no se corresponde con el apoyo logístico que Brasil, Chile y Uruguay le dan a Malvinas. Ese mismo año el canciller Solá suspende las Investigaciones Pesqueras conjuntas con el Reino Unido en el Atlántico Sur. La Ley 27.564 sancionada este año, aumenta las sanciones a la pesca ilegal pero no se aplicó nunca a los buques que pescan en Malvinas. Se concreta la salida del Brexit por parte del Reino Unido, pero los españoles obtienen una prórroga para la captura de calamar, el que seguirá ingresando desde Malvinas a la Unión Europea sin aranceles, en tanto se procese en Europa, frente a la ineficacia de la cancillería argentina.

En 2021 se anuncian sanciones a las petroleras Chrysaor Holdings Ld y Harbour Energy Plc con sede en Londres, y Navitas Petroleum LP con sede en Israel, asociadas a compañías que operan en Malvinas sin contar con la autorización de Argentina. No parece que puedan tener resultados positivos a juzgar por las acciones de 2015. El gobierno, habilita a Equinor a operar frente a Mar del Plata, rebajándole a la mitad las regalías para la explotación por el término de 20 años. Todo ello en violación a la Ley Solanas (26.659). En el marco de la cooperación unilateral el secretario Carmona, ofrece al Reino Unido “vuelos humanitarios” que los isleños rechazan.

Las únicas acciones importantes son los anuncios del Ministerio de Defensa, tales como la construcción de un buque polar para la Armada en el Astillero TANDANOR; la construcción del helidrón naval en el INVAP para control del Atlántico Sur; el fortalecimiento del Comando Conjunto Marítimo para control de espacios marítimos y fluviales; la construcción del Polo Logístico Militar Antártico Argentino en la actual Base Naval de Ushuaia que incluye el relanzamiento de la Base Petrel como puerta de entrada a la Antártida para competir con las bases británicas en Malvinas y de Punta Arenas en Chile. Ya en 2023 este Ministerio afectaría tres aviones de fabricación nacional al control del área austral.

En 2022 queda de manifiesto la extranjerización del Atlántico Sur y la apropiación de los recursos migratorios originarios de la ZEE y la extranjerización de la industria radicada en el continente argentino que «del total de dólares de las exportaciones pesqueras declaradas en 2022 (uno de los valores más bajos del quinquenio, fueron 434.000 toneladas por valor de 1.800 millones de US$) procedentes de la captura en su ZEE, un 70% está en manos de 20 grupos empresarios y un 30% de las 174 empresas exportadoras restantes. De esos 20 grupos el 70% son sociedades de capitales extranjeros y un 30% de empresas nacionales y de esas empresas extranjeras el 70% son empresas de capitales chinos y españoles» (César Lerena “Los estados chino, español y británico se hacen de la pesca argentina”, 20/03/2023). No hay políticas en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en la Secretaría de Malvinas o en el Consejo Nacional de Malvinas para administrar el Atlántico Suroccidental y recuperar pacíficamente Malvinas. En este mismo año el gobierno argentino postula fallidamente al abogado Marcelo Kohen, un residente en Suiza y docente de un ignoto Instituto de Ginebra (posicionado 1.913 entre los Institutos del mundo) y que, como indicamos, presentó en 2018 en las islas y en el CARI un proyecto que daba a los isleños un referéndum en Malvinas. En este escenario de invasión sostenida y creciente el embajador argentino en Londres, Javier Figueroa, manifiesta a los británicos que “el Reino Unido y Argentina han disfrutado de una relación diplomática desde 1823” y trata de “muchachos” a los héroes de Malvinas, olvidando: la invasión de 1833; la guerra de 1982; la apropiación de territorios insulares y marinos y la explotación de recursos pesqueros e hidrocarburíferos, preanunciando una política de seducción que —con honrosas excepciones— la Cancillería Argentina lleva hasta nuestros días. En contraste con ello, el Reino Unido instala un sistema antimisilístico en Malvinas modernizando el sistema militar la defensa terrestre.

El 2023 la Secretaría de Malvinas y el Consejo Nacional de Malvinas se limita a realizar viajes, actos protocolares, charlas y homenajes a los caídos y Veteranos de Guerra.

Alfonso Hernández-Catá nos decía: «La guerra no empieza nunca en la primera batalla ni acaba con la última» y yo modestamente reitero que “a Cancha Rayada le llegó su Maipú” como también le llegará a Malvinas, si nuestra política deja de ser: declamar, reclamar y cooperar unilateralmente y los funcionarios en lugar de temblar y asegurarse el salario, caminan con coraje e inteligencia hacia la soberanía plena de nuestro territorio continental, insular y marítimo.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

Twittear

0 Compartir

saeeg.org

Archivo de la etiqueta: Argentina