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URUGUAY COLABORA CON LA OCUPACIÓN BRITÁNICA EN MALVINAS

César Augusto Lerena*

Imagen de Monica Volpin en Pixabay.

 

¡No son ni los uruguayos ni los argentinos, son los gobiernos! Es necesario trabajar para consolidar el espíritu de la Federación que quiso Artigas.

 

El gobierno de Uruguay colabora con la ocupación británica en Malvinas y no se lo merece el maravilloso pueblo uruguayo, ni nosotros los argentinos —sus hermanos— el nuestro.

El pasado 16 de febrero (IP 067/23) la Cancillería informó que el Ministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero mantuvo una reunión de trabajo con su par del Uruguay, Francisco Bustillo y que, «en términos bilaterales, ambos ministros destacaron el trabajo de la Comisión de Integración Argentina-Uruguaya (CIAU), que aborda diversas áreas a nivel secretarios de Estado, como así también de la Comisión Bilateral de Asuntos Comerciales Argentino-Uruguaya, para evaluar en detalle los temas de la agenda bilateral económica y comercial» y «destacaron la relación entre ambos países y acordaron continuar profundizando los diferentes ejes que hacen al relacionamiento externo entre Argentina y Uruguay».

¿No hablaron nada sobre las cuestiones que lleva adelante el presidente de Uruguay Lacalle Pou que afectan la soberanía de Argentina en el Atlántico Sur y Malvinas?

Por ejemplo, llama la atención que el Canciller argentino no le haya cuestionado a su par uruguayo la presencia en Malvinas de cuatro diputados de la coalición de gobierno que trataron cuestiones relativas a la autodeterminación de los isleños, pesca y acuerdos comerciales fuera del MERCOSUR, inmiscuyéndose, por lo tanto, en cuestiones relativas a la República Argentina. Debió tener en cuenta el Canciller, que la diputada Silvana Pérez Bonavita manifestó que «Uruguay tiene una larga tradición de respetar las decisiones y el derecho a la autodeterminación», aún a sabiendas que no es de aplicación esa fórmula en el caso Malvinas y sueña «con tener un vuelo directo entre Uruguay y las Falklands» (sic). Por su parte, el diputado Pedro Jisdonian se refirió a que ambos países trabajan, en el tema de pesca y las carnes y al apoyo que se le da en el puerto de Montevideo a los buques pesqueros que operan en Malvinas y que, por las manifestaciones del presidente Lacalle Pou de concretar acuerdos por fuera del MERCOSUR, según el diputado Felipe Schipani ello daría lugar a «incrementar el intercambio comercial con las Falklands» (sic). Del mismo modo que, según el diputado Luis González, Uruguay podría satisfacer algunas de las necesidades de las islas. Todas cuestiones que la embajadora británica en Uruguay Faye O’Connor refrendó diciendo que habiendo estado en conversaciones con representantes de Uruguay, «el siguiente paso es pensar cómo esas conversaciones podrían traducirse en colaboraciones concretas» (Agenda Malvinas, MercoPress, Penguin News, 10/02/2023).

La difusión del artículo de Agenda Malvinas y seguramente la reunión «light» entre los Cancilleres del Río de la Plata, seguramente dieron lugar a un Twitter (17/02/23) del ex Canciller Felipe Solá, quien manifestó que «Lacalle Pou tiene como principal objetivo mostrar su desprecio por Argentina. Es una provocación a un reclamo que siempre compartieron. Pesqueros y aviones de Malvinas usan Montevideo cotidianamente. Se lo reclamé personalmente en Olivos en 2021. Traicionan el legado de Artigas» y la réplica en el mismo medio del secretario de Malvinas argentino (por el momento esta secretaría no está en Uruguay): «los dichos de dirigentes sobre Malvinas, sobre todo de quienes estamos ligados a la política exterior, deben ser responsables. Es falso que Uruguay haya cambiado su posición sobre la soberanía argentina. Flaco favor hace a nuestros intereses la difusión de información imprecisa».

La crítica al ex Canciller argentino por parte del secretario Carmona, superó a todas las opiniones de los medios uruguayos (Caras y Caretas; SaltoalDia; Memo; El País, etc.) ¿raro no? Bueno, por suerte Carmona, que se dice vinculado a la política exterior, aunque de sus acciones no se desprende, refiere a la «difusión de información imprecisa» (se supone de Solá); efectivamente, se podría detallar con mayor precisión que Uruguay ha cambiado su posición respecto a la soberanía argentina en Malvinas. Los hechos son elocuentes.

Comencemos por estos diputados de la coalición del gobierno. No dejan dudas para donde camina el gobierno uruguayo, favoreciendo los intereses británicos, no solo en Malvinas sino en todo el Atlántico Suroccidental, el acceso al Pacífico e Índico y a la Antártida Argentina, violando las Resoluciones de la ONU y de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (Res. ONU 41/11, 1986); etc. No se efectuaron mutuas resignaciones, ni se transformó la isla Martín García en una reserva natural y se estableció una Zona Común de Pesca en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay y Argentina, para que los gobernantes de ambos países no lleven políticas comunes en el siglo XXI.

Desde 2020 más de 700 buques operan en el Puerto de Montevideo buques extranjeros que capturan ilegalmente (INDNR) los recursos pesqueros argentinos en Malvinas y los migratorios originarios de la ZEE en alta mar y viceversa, violando Uruguay las declaraciones de la CELAC de 2011 y 2014, etc., que inicialmente el ex presidente Pepe Mujica había cumplido. Lo que ocurre en el citado puerto viola la CONVEMAR, las normas de la FAO y todas las relativas a la pesca ilegal (INDNR) y, las declaraciones en favor de la soberanía argentina, se han convertido en una retórica sin ningún efecto práctico.

La Res. de la UNASUR dada en Asunción el 17/03/2012, donde los Cancilleres, rechazaron la explotación por parte del Reino Unido de los recursos naturales del Atlántico Sur y decidieron prohibir el ingreso a los puertos de buques con bandera ilegal de Malvinas, cayó en desuso en Uruguay y este país se retrotrajo a 1800 donde los barcos contrabandistas y negreros hacían pie en Montevideo. De hecho, Uruguay fue denunciado por no controlar en sus puertos el trabajo esclavo de buques chinos, taiwaneses, etc.

Todos los años es sabido que los isleños, ocupas de Malvinas, promueven sus productos en Uruguay y vuelos desde este país parten a las islas y desde estas a Uruguay. El Decreto 256/10 debería ampliarse a las naves aéreas.

Lacalle Pou ha mostrado un espíritu rupturista del MERCOSUR y Brasil y Argentina han debido intervenir para oponerse al intento del presidente de Uruguay de establecer un Acuerdo de libre comercio con China (La Nación, 15/07/2022) que podría provocar una invasión comercial en la región y la ocupación de la más importante flota pesquera del mundo que hoy pesca en forma ilegal (INDNR) en el Atlántico Sur y Pacífico Sur. Para que ocurra esto, no se avanzó en la integración rioplatense, cuando en Montevideo en 1960 se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), luego ALADI.

Por cierto, las políticas llevadas por la Argentina respecto a Malvinas han sido claudicantes y muchas veces los uruguayos enrostran al gobierno nacional ser los primeros que no defienden sus propios intereses, tal es el caso de la actual secretaría de Malvinas que no ha hecho otra cosa que intentar promover el diálogo con el Reino Unido, cooperar en forma unilateral y buscar apoyos de terceros, sin llevar adelante ninguna política activa (No lineal, referiría el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Tte. Gral. Juan Martín Paleo), para dar cumplimiento a la DTP de la Constitución Nacional. Entre otras, precisamente, avanzar en el perfeccionamiento del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y un Acuerdo con Uruguay que nos permita efectivamente trabajar en forma sinérgica en favor de ambos pueblos.

La lucha de intereses del siglo XIX entre Brasil y la Argentina dio lugar, con la intervención de Inglaterra, a la «Convención Preliminar de Paz» donde las Provincias Unidas del Río de la Plata y Brasil acordaron en 1828 la independencia de la Banda Oriental, luego Uruguay. Ciento cuarenta y cinco años después se firmó el Tratado del Río de la Plata, dando fin a los graves desentendimientos entre dos países, original y, culturalmente hermanos y este Tratado, que fue el resultado de una política de Estado iniciada en 1910 por Roque Sanz Peña, quien luego sería Presidente, continuada en 1964 por el Canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz y firmada por el Canciller Alberto Vignes en 1973, junto a su par uruguayo, asentó «las bases de una más amplia cooperación entre los dos Países y estrechó los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unen a sus Pueblos» y como refirió el Presidente Juan Domingo Perón en 19/11/1973: «Será éste el instrumento más eficaz en la defensa de intereses comunes a los dos pueblos, una acción ejemplar en el orden internacional. Suscribir el protocolo de la fraternidad uruguaya y argentina; decía Sáenz Peña, no es crear una política distinta de la que nos viene impuesta por nuestra tradición, es consagrar, para siempre, la fraternidad uruguaya y argentina. Un mismo cielo cubre nuestras aguas, su azul se refleja en él y en nuestras banderas. Aceptemos ese simbólico abrazo de la naturaleza como un signo de fraternidad que nos convoca a la paz, al trabajo en común, a la prosperidad y a la felicidad de nuestros dos pueblos».

¡No son ni los uruguayos ni los argentinos, son los gobiernos! Es necesario trabajar para consolidar el espíritu de la Federación que quiso Artigas, sabiendo, que, como dijera San Martín, «para los hombres de coraje se han hecho las empresas».

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

LA AUSENTE POLÍTICA PESQUERA

César Augusto Lerena*

La política pesquera nacional se constituye en directrices y lineamientos mediante los cuales el Poder Ejecutivo Nacional orienta a los organismos competentes en materia pesquera en la consecución del objetivo de lograr el uso sustentable, eficaz y eficiente de los recursos pesqueros, mediante la aplicación de un enfoque precautorio, ecosistémico y sostenible en la explotación pesquera; la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos; el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en la Zona Económica Exclusiva y más allá de ella, de los recursos migratorios originarios y asociados de esta; su distribución equitativa y el desarrollo del litoral marítimo y, de las distintas provincias del territorio nacional mediante la práctica de criar, reproducir y engordar peces, crustáceos y moluscos en un medio natural o artificialmente creado al efecto.

Para ello, el Estado argentino debe reconocer que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, contribuyen a la seguridad nacional y son prioridad en la planificación del desarrollo nacional y, fomenta el ejercicio de la pesca marítima y la acuicultura en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos en la industria pesquera nacional y la acuicultura ambientalmente sostenible, con el apoyo de la industria naval pesquera nacional, la investigación y el desarrollo tecnológico.

Del mismo modo, promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y garantizará la sustentabilidad y sostenibilidad de la actividad pesquera, fomentando la investigación y la conservación a perpetuidad de los recursos, favoreciendo su equitativa distribución entre los industriales y poblaciones de todo el país e incentivando la transformación total de las materias primas en plantas radicadas en el territorio continental e insular nacional, mediante procesos de calidad, sanitarios y, de forma ambientalmente apropiada; asegurando la obtención del máximo valor agregado; el mayor empleo de mano de obra argentina y promoviendo el consumo nacional.

El Estado Nacional y/o Provinciales podrían explotar y/o industrializar y/o comercializar los recursos pesqueros en forma directa o por asociación con empresas, comunidades, cooperativas y otras entidades o personas nacionales y promover y constituir con otras personas jurídicas de derecho público o privado, sociedades o compañías para el ejercicio de la actividad pesquera en sus respectivas jurisdicciones según lo indicado en la Ley 24.922, u otorgar concesiones a empresas nacionales para la explotación de los recursos pesqueros.

En el Artículo 1° de la ley 24.922 define el objeto de su sanción y es, sin lugar a dudas, uno de los artículos más destacados de ésta, sin embargo, no alcanza a definir que el aprovechamiento del recurso debe tener como destino principal la industria pesquera nacional, como ocurre en la legislación de muchos otros Estados de Latinoamérica y el Caribe y que, tratándose de un recurso de todos, debe ser distribuido en forma equitativa y preferentemente industrializado en plantas en tierra para agregar el máximo valor posible y no transferir la mano de obra a terceros países desarrollados que, por el contrario, deberían adquirir los productos argentinos terminados y no materias primas para su transformación. Además de ello, la industria pesquera debe servir para generar la producción industrial naval y retroalimentar la investigación y tecnología.

El enfoque ecosistémico es la administración pesquera desde lo global a lo particular. Gestiona el ecosistema y dentro de esto, a las especies y sus interrelaciones ecológicas y alimentarias y los efectos socioeconómicos vinculados con la explotación de los recursos; implica, una visión integrada del manejo de las tierras, aguas y recursos vivos, que tiene por finalidad su conservación y uso sostenible de un modo equilibrado. Incluye el análisis de todos los procesos, funciones e interacciones entre los componentes y recursos (vivos y no) del ecosistema e involucra el manejo de las especies y de otros servicios y bienes ecosistémicos. Bajo este enfoque se reconoce, además, que el ser humano y la diversidad de culturas son componentes integrales de los ecosistemas, considerándose los impactos acumulativos derivados de sus múltiples actividades, así como la relevancia socioeconómica de estas.

Este enfoque implica tener muy presente la regulación de las capturas de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar por parte de los buques de Estados de pabellón, como una forma imprescindible para la administración del ecosistema, ya que no es posible dar sostenibilidad a los recursos en la ZEE, sino se da sostenibilidad al ecosistema. Por otra parte, ello adquiere una dimensión superlativa, cuando, como casi todos países de Latinoamérica y El Caribe han dado preeminencia a «los aspectos sociales, económicos, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales» e, incluso, cuando la pesca y la acuicultura forman parte de los programas de seguridad alimentaria del país, cuyas proteínas son de alto valor biológico y, por cierto, muy superiores, al resto de las proteínas animales.

El Estado Nacional y/o Estados Provinciales debieran reservarse el derecho de explotar, industrializar o comercializar directamente los recursos que son de dominio y jurisdicción de esos Estados y, en ese sentido el Artículo 13º inciso 9º y 10º de la Ley 13/990 de Colombia ya lo regula y, ello, es bastante razonable, ya que, habría que preguntarse por qué el Estado debería obligarse a concesionar toda la explotación del recurso cuando este es de dominio público y, en el caso de Argentina en la ZEE de dominio y jurisdicción del Estado Nacional o hasta las 12 millas de las provincias del litoral marítimo. Este tipo de decisiones podrían dar lugar a la explotación de los recursos por parte de los Estados con destino a atender, por ejemplo, el consumo nacional y la atención de servicios sociales; recuperar las capturas destinadas a ser descartadas; establecer valores de referencia y, además, llevar las embarcaciones a competir en alta mar compitiendo con las embarcaciones extranjeras que subsidiadas y trabajo esclavo, entre otras irregularidades, se hacen en alta mar, de los recursos migratorios originarios de las ZEE. Pero, concesionada la explotación de los recursos, debe administrarse de tal modo que, atendiendo las necesidades del consumidor nacional, se exporten con alto valor agregado. No es posible regalarles a los países desarrollados la mano de obra que debe quedar en la Argentina.

Por otra parte, no podemos perder de vista que en la Argentina los gobiernos no han hecho prácticamente nada respecto al aumento en la dieta de los argentinos del consumo de esta proteína esencial, estando, con 4,8 Kg. per cápita/año, según el Consejo para el Cambio Estructural del Ministerio Desarrollo Productivo (marzo, 2021) entre los más bajos de Latinoamérica y El Caribe en el consumo de productos pesqueros, cuyo promedio es de 9,8 Kg; de África 10,1 Kg; de la Unión Europea de 23,97 Kg y del mundo de 20,2 Kg (2020).

Varios países de Latinoamérica tienen políticas de promoción del Consumo interno de pescado y entre ellos Panamá que, producto de esas políticas, tiene un consumo per cápita anual de 20,5 kg (2020), por encima del promedio mundial y un 427% más que Argentina. Su legislación pesquera promueve ello, tal es el caso del Artículo 12º del Decreto 204 del 18/3/2021 donde se indican una serie de objetivos que refieren a “la conservación y administración sostenible”; al “desarrollo equitativo de las comunidades, erradicando la pobreza y mejorando la situación socioeconómica de los pescadores”; “mejorar la aportación de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y la nutrición, así como apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada” e “incorporar valor agregado con el propósito de hacer más rentable a estas”. Todos aspectos centrales de la actividad pesquera y el objetivo de legislar al respecto.

Por otra parte, resulta impostergable que la Argentina fomente el desarrollo de una acuicultura ambientalmente sostenible, ya que mientras esta actividad en la producción mundial representa el 50%, en la Argentina está por debajo del 3% de la producción nacional.

Es interesante tener en cuenta lo reglado por México en el Artículo 17º de la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables (Diario Oficial de la Federación el 24/7/2007. Última reforma publicada DOF 24/04/2018) donde se definen los principios en los que se debe basar la Política Nacional de Pesca y es muy importante observar que «El Estado Mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y una prioridad para la planeación nacional del desarrollo» que, «la pesca y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos para el consumo humano directo y el abastecimiento de proteínas de alta calidad y de bajo costo para los habitantes de la nación» y, que «Los sectores pesquero y acuícola se desarrollarán desde una perspectiva sostenible, que integre y concilie los factores económicos, sociales y ambientales, a través de un enfoque estratégico y ecoeficiente»; es decir, le asigna un importante rol a la Pesca, que entiende de soberanía territorial y alimentaria, al que califica de seguridad nacional y una prioridad en el desarrollo nacional y, esto, es exactamente así, porque la actividad pesquera, no es solo una cuestión económica, sino que es una herramienta estratégica ocupacional y poblacional continental y marítima, proveedora de proteínas de alta calidad biológica, que debe ser administrada de forma tal, que concilie el interés económico con el social y con el cuidado de los recursos a perpetuidad.

No lo han entendido ni el Secretario de Malvinas ni el Subsecretario de Pesca que son meros continuadores del orden establecido, en el mejor de los casos. No entienden el daño económico, social y a la soberanía nacional que ocasiona la pesca ilegal. La administración de la Pesca en el Atlántico Suroccidental es central para recuperar la soberanía no solo en los espacios marinos argentinos, sino en los territorios invadidos por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Sur. El equivalente, al 52% de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Me reitero: La incapacidad se pone de manifiesto poniendo a las personas en la máxima posibilidad de sus capacidades y, en muchas ocasiones, este umbral es muy bajo.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS: ANECDOTARIO DE OTRA INFAMIA KIRCHNERISTA

Ariel Corbat*

La realidad de la Argentina exhibe el sostenido declive de su poderío militar desde 1983, una constante peligrosa cuando el punto partida de cualquier planificación de Defensa es un extenso territorio sobre el que hay notorias ambiciones extranjeras.

A la obviedad del territorio insular usurpado bajo dominación militar británica hay que sumar otras presencias igualmente indeseables como el enclave chino en Neuquén, con buena parte de la facción en el gobierno queriendo alinear el país a los intereses del Partido Comunista Chino, el activismo secesionista de la izquierda disfrazada de etnonacionalismo mapuche, la vocación colonial que llevó al presidente Alberto de la Fernández a ofrecerse a Putin como puerta de entrada para Rusia en América Latina, la expansión del narcotráfico con organizaciones trasnacionales que en su afectación de la soberanía argentina lograron cierto control de los cielos para el tráfico y, a la par de todo ello, una grosera descomposición social en la que proliferan escenarios de Guerra Civil Molecular haciendo de la Seguridad Interior un queso gruyere.

En lo que va del siglo XXI Argentina se gobierna como si fuera un experimento para determinar cuánto tiempo puede sobrevivir un país atentando contra su propia existencia. Y nos acostumbramos.

Tanto nos acostumbramos, que todavía no se entiende que para recuperar la voluntad de ser y prevalecer de la Nación Argentina es necesario actualizar, reformular y aplicar una nueva Doctrina de la Seguridad Nacional. La sola idea de repensar la Seguridad Nacional asumiendo que hay enemigos externos e internos espanta a la corrección política impuesta por el marxismo a través de la subversión cultural. La cobardía intelectual ha llegado al punto de cuestionar cualquier intención del ser y prevalecer de la Nación Argentina, como si ello atentara contra la paz (contra alguna idea indigna de la paz); cual si no existieran el Himno y la Constitución Nacional imponiendo deberes para con las futuras generaciones.

Y claro, para comprender y cumplir esos deberes, es imprescindible desear que haya futuras generaciones de argentinos, cosa que los que gobiernan en lo que va del siglo, expulsando población joven y formada como sometiendo el país todo a la miseria, evidentemente no desean.

Como un síntoma más de esa erosión al ser y prevalecer de la Nación Argentina, se impuso hace tiempo la estúpida creencia que contemplar las hipótesis de conflicto promueve los conflictos y así se repite, como si fuera algo beneficioso, que «Argentina no tiene hipótesis de conflicto». Algo más que imbécil cuando, de mínima, hay un conflicto con los británicos por la integración del territorio nacional.

En ese contexto cabe enmarcar la breve cronología de otra infamia kirchnerista que motiva este artículo.

A finales de noviembre, Alberto de la Fernández asesorado por Casa Militar y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dependiente de Naciones Unidas, dispuso la compra de un nuevo avión presidencial. Se trata de Boeing 757-256 para 39 pasajeros, con dormitorios y grandes comodidades, lo necesario a efectos que el seudo Presidente pueda llevar aquella fiesta de Olivos al aire.

Argentina es un país empobrecido y empobreciéndose, SOBRE ESA REALIDAD UN AVIÓN PRESIDENCIAL NO PUEDE SER PRIORIDAD. Nada justifica hoy, ni desde la austeridad ni desde la seguridad presidencial que el presidente no viaje como pasajero común en cualquier vuelo de línea. Y muy especialmente porque, a todas luces, hay cosas más relevantes que proteger.

Lo que nuevamente revela la compra del avión presidencial es que los políticos argentinos, más allá de cuál sea la facción en el poder, tienen una propensión absoluta a considerarse más importantes que aquello que hace a la razón de sus funciones.

En este caso ello ha sido explicitado por Alberto de la Fernández en una entrevista con Financial Times, diciendo, con posterioridad a su decisión de proveerse un avión de dignatario relevante, que:

«Argentina tiene que destinar sus recursos a cosas más importantes que la compra de aviones militares hoy en día. Porque estamos en un continente muy desigual con todos los problemas que anteriormente usted comentó, pero es un continente en el que no hay problemas de guerra. La paz es el común denominador entre nosotros y la búsqueda de la unión regional como en su momento Europa construyó la unidad regional, es la búsqueda de América Latina, con lo cual para nosotros hay otras prioridades, antes de comprar armas».

O sea: avión presidencial sí, aviones de combate no. Prioridades de casta. Ellos valen más que nosotros…

Nada nuevo, por cierto. Pero la infamia no es solamente el hecho en sí de comprar un avión suntuario y ni uno para proteger nuestros cielos.

La cosa sigue porque el orden de prioridad establecido por Alberto de la Fernández anteponiendo su comodidad a la seguridad de la Nación, lleva implícita en su argumentación ante el Financial Times el total desconocimiento de la relación intrínseca entre diplomacia y Fuerzas Armadas, que es decir entre la capacidad de consensuar en la mesa de negociaciones y disuadir en el terreno.

Entonces contradiciendo sus propias palabras, como cada vez que lo que dice se confronta con algo que dijo antes (ya que si hay alguien que no sobrevive a la prueba del archivo es Alberto de la Fernández), al tiempo que declara que la paz reinante en la región no justifica comprar aviones de combate, la Cancillería ensayaba una insignificante protesta diplomática (sin ningún respaldo militar) denunciando que la participación de efectivos kosovares en ejercicios militares en Malvinas «constituye una injustificada demostración de fuerza».

No es preciso mucho análisis para entender que cada vez que el gobierno argentino expresa su «contundente rechazo» a cualquier medida con que los británicos responden a sus necesidades de Defensa, mismas que no descuidan porque Argentina si lo haga, la nota va al archivo de las insignificancias.

Ya desde el año 2012, a 30 años de la guerra, el entonces ministro de Defensa inglés Philip Hammond afirmó que la Argentina «no es una amenaza militar creíble» para la continuidad de la usurpación británica sobre las Islas Malvinas.

Ahora, a 40 años de la Guerra de Malvinas, no sólo no son una amenaza creíble para la usurpación británica, no son un elemento de disuasión significativo frente a ninguna de las amenazas que se ciernen sobre la República Argentina.

Con su idílica, cómoda y falsa visión de la América del Sur como una región de paz garantizada, parece ignorar Alberto de la Fernández que esa supuesta paz puede dejar de existir de la noche a la mañana. En su ignorancia deliberada, parece no haberse enterado que allá por el 2004, ante fallas en el suministro de gas, el Presidente de Chile Ricardo Lagos puso sobre su escritorio la opción militar contra la Argentina y le advirtió a Néstor Kirchner, cuyo Jefe de Gabinete era un tal Alberto Fernández, que «el día en que las casas no tuvieran gas, me vería obligado a declararle la guerra a su país, porque esa carencia provocaría una revolución aquí. Me daba cuenta de lo que significaba mi amenaza, pero no tenía otra herramienta para exigir que se cumpliera el contrato», narró el chileno en su biografía.

Entendamos que si Chile por una cuestión de gas puso la opción militar en la mesa de negociaciones, cualquier otro país podría hacer lo mismo. De hecho, en el plano de la ficción, la novela de Carlos González Robles «CHINA INVADIÓ ARGENTINA ¿La Tercera Guerra Mundial?», plantea un conflicto en el que los chinos recurren a su aparato militar para ocupar el país con la excusa de cobrar deuda argentina. Remarco que es una ficción, pero una ficción posible, del tipo de ficciones que lo son hasta que dejan de serlo.

Y alguno de los cráneos que, embriagados de paz, establecen prioridades en Argentina podría decir que frente a tal hipótesis no tendría sentido, por la disparidad de poderío, ofrecer ninguna resistencia. Son los mismos cráneos que supusieron que la campaña rusa en Ucrania sería una guerra relámpago. En el ejemplo ucraniano hay que saber valorar el esfuerzo militar convencional como manifestación de la voluntad de ser y prevalecer de una Nación. Cierto es que Ucrania recibió y recibe una importante ayuda militar extranjera, pero la puede recibir porque desde antes de la guerra tuvo la voluntad de fortalecer su instrumento militar.

Si hasta aquí lo expuesto en este artículo ha impactado en su pensamiento con la preocupación sobre el lamentable estado de indefensión que ofrece la Argentina, prepárese para indignarse al comprender algunas de las razones por las que estaremos todavía peor.

No es novedad que tenemos por ministro de Defensa a un fulano con pasado terrorista. Jorge Taiana es hoy el encargado de sostener el plan kirchnerista para el escarnio y la humillación constante de las Fuerzas Armadas (algo que arrancó en 2003 con hechos públicos y notorios cuya enumeración al día de hoy sería a más de larga muy penosa).

No hay en el destrato de gobierno a las Fuerzas Armadas ninguna casualidad, todo, absolutamente todo lo que se hace es con la finalidad de sacarlas del eje de la Defensa y convertirlas en un instrumento servil a la propaganda política Incluso con César Milani, generalito traidor a la sangre de los combatientes del Ejército Argentino, quien desde el retiro tiene el descaro de proponer una revolución que implicaría el fin de la República y la culminación del proyecto totalitario de corrupción estructural kirchnerista.

Es así que en este mismo país que derrocha su presupuesto en ideología de género, Ministerio de la Mujer incluido, al mismo tiempo que se prioriza la compra de un avión presidencial por sobre la adquisición de aviones de combate, al mismo tiempo que la Cancillería protesta porque los británicos obran como dueños absolutos de las Islas Malvinas, al mismo tiempo que condenada la vicepresidente Cristina Fernández por corrupta el gobierno entero se abroquela en defensa de la corrupción, es decir en el momento que el país está más cerca que nunca de ser un completo hazmerreír que de volver a ser una República con un mínimo de seriedad, el Ministerio de Defensa dedica toda la pompa de su ceremonial a la inauguración de un banco rojo en el Edificio Libertador…

Supone la progresía que simbolismos estúpidos como el del banco rojo concientizan sobre la necesidad de evitar la violencia contra las mujeres, y en tal sentido explicó  la directora de Políticas de Género, Laura Masson, que «desde el Ministerio de Defensa trabajamos diariamente para llevar adelante diferentes políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia de Género en el ámbito de la Defensa Nacional y para promover la equidad en el ámbito laboral que pretendemos sea libre de todo tipo de violencias».

Pocas imágenes son tan ridículas como las de funcionarios inaugurando bancos pintados de rojo y en el caso de Defensa es todavía más grotesco por el contexto aludido que muestra un deliberado y completo abandono de la razón de ser de ese Ministerio.

Esto no puede más que empeorar, porque además tampoco hay en la conducción militar de las Fuerzas Armadas ningún atisbo de dignidad, sólo parece haber ordenanzas de la resignación, tan dispuestos a subirse a cualquier banquito como a pintar otros, a olvidar a los camaradas muertos en combate, A NO DEJAR NINGUNA HUELLA MÁS QUE HABER OSTENTADO UN GRADO.

Cualquier mirada sobre la conducción política y militar de las Fuerzas Armadas, lleva a pensar que a los jóvenes argentinos con vocación militar, el más sano consejo que se les puede dar es que mejor se enlisten en la Legión Extranjera antes que vestir uniforme nacional para que los humillen todos los días.

Y no tengo que explicarle a ningún lector lo que al escribir ese último párrafo se agita en mi interior. Eso mismo que a Usted.

 

* La Pluma de la Derecha, un liberal que no habla de economía.

Artículo publicado el 11/12/2022 en La Pluma de la Derecha.