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LA RATIFICACIÓN DEL PROYECTO PESQUERO Y SU CONFIRMACIÓN POLÍTICA

César Augusto Lerena*

Imagen de Claudio Bianchi en Pixabay

Días pasados tuve la posibilidad de conversar telefónicamente en un programa radial con tres conocidos periodistas especializados en temas pesqueros. Como me ha ocurrido en estos últimos tiempos, desde que se difundiera una lista de posibles candidatos a ocupar la Subsecretaria de Pesca de la Nación que me incluía, debí negar nuevamente que se me hubiese ofrecido tal cargo. Aunque, debí aclarar que, si tal ofrecimiento ocurriese, lo aceptaría, con determinadas condiciones, porque desde hace 50 años en que me vinculé al sector pesquero, me involucre fuertemente con la actividad.

Pero, claro está, el ofrecimiento sería un hecho ciertamente revelador, porque en los cientos de artículos que escribí en los últimos años, he expresado claramente un proyecto de fuerte desarrollo social, industrial y nacional y de defensa de la soberanía nacional en el Atlántico Sur y Malvinas, que no se compadece con la política dominante de estos últimos años.

Es hasta lógico, que el periodismo, en su avidez por conocer quién se hará cargo de esta cartera en la afligente situación por la que atraviesa la industria pesquera, se dude de mi afirmación categórica: no se me ha ofrecido cargo alguno.

Sobre este aspecto, les recordaría a los amigos periodistas tener muy en cuenta que en estos menesteres aplica habitualmente la política del tero, que, “canta en un lado y pone los huevos en otro” y, sobre todo, que “el sur también existe”.

Ahora bien, se podrá mantener viva la llama de la duda respecto a ocupar o no un cargo, pero no un trabajo inclaudicable en defensa irrestricta de los intereses de la empresa nacional, el trabajo y la sostenibilidad de los recursos naturales del Estado que, comenzó profesionalmente hace algo menos de cincuenta años y que, en materia política, se inició en 1976 criticando la presencia de buques extranjeros en el mar argentino, en una época donde la mayoría guardaba silencio. Hacia 1983, nos referíamos a “la desmalvinización” y en 1986 nos opusimos a los Acuerdos Marco con la Unión Soviética y Bulgaria (una relación residual heredada del Proceso), a los que calificamos como “la derrota final de Malvinas” y, junto al recordado Cuqui de la Garma, para profundizar el accionar político, fundamos la Revista “Pesca Argentina y mundial”, financiada por Paco Ventura, donde describimos la ocupación del Atlántico Sur y la destrucción del sector pesquero nacional, desde Martinez de Hoz a Juan Vital Sourrouille y, hacia 1987/8 cuando el gobierno radical negociaba los “Acuerdos de Madrid” (que se concretarían en el gobierno menemista), titulábamos con dureza “Caputo, el peón de la Reina”, a quién, siendo Canciller y, Presidente de la ONU, desde el Centro de Estudios para la Pesca (CESPE) invité a debatir sobre la política en el Atlántico Sur (Clarín,  21 de abril de 1989). Nunca imaginamos que lo peor estaba por llegar.

En 1991 renuncié a la Secretaría de Estado del gobierno de Menem con motivo de una serie de “desatinos” (¿?) del Canciller Cavallo que se iniciaron con la firma de los Acuerdos de Madrid en 1989; la conservación conjunta de los recursos pesqueros al este de Malvinas en 1990, que posibilitaron a los británicos el otorgamiento de licencias pesqueras a buques asiáticos, españoles, polacos, etc., y la consolidación económica de los isleños que concluyeron con la determinación de las Líneas de Base de Argentina en 1991, la derogación de la Ley 17.094 que redujo el mar territorial argentino de 200 a 12 millas que allanó el camino del Reino Unido a la posterior instalación de una Z.E.E. de 200 millas alrededor de Malvinas. Ya fuera del gobierno, en 1994 critiqué el Acuerdo con la Unión Europea, lo que calificamos “como el festival de los permisos” y la sobre-explotación de los recursos.

Observamos en 1995 que la CONVEMAR desconocía para los Estados ribereños los recursos migratorios, que dan sustento a los ingleses en Malvinas y depredan cientos de buques extranjeros (Estados de Bandera) llevándose más de un millón de toneladas anuales de nuestros recursos pesqueros e impidiéndonos duplicar nuestras exportaciones y triplicar el empleo nacional.

En 1993 elaboré la ley de pesca de la Provincia de Buenos Aires, aún hoy vigente, de la que se tomó gran parte del artículo 1º de la Ley 24.922 que promueve el valor agregado, el empleo y el trabajo industrial, aunque en las discusiones que se generaron al momento de la sanción de esta última, con el Senador Hipólito Solari Yrigoyen, Castillo y otros promotores, observé la desnacionalización de la actividad que provocaría su redacción y el tiempo me daría la razón, ya que mientras en 1970 todas las empresas pesqueras eran nacionales, en 2019, siete de las diez principales empresas exportadoras son extranjeras y, no porque ello, en sí mismo, sea malo, sino porque se deshumanizó el trabajo, desculturizó la actividad y se va en camino a que capitales inversores extranjeros se queden con la renta hasta que el caladero se agote.

En el 2005 hice notar que millones de argentinos con doble nacionalidad desconocieron que con el apoyo de países amigos se firmó el Tratado de Lisboa y los ciudadanos de la Unión Europea votaron la consulta sobre la aprobación del texto constitucional de Europa que incluyó dentro de ésta a Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y la Antártida, como territorios británicos de ultramar.

En 2008 aplaudimos la sanción de la Ley 26.386 que impide a las empresas pesqueras que operan en Malvinas obtengan habilitaciones para pescar en el Atlántico Sur, del mismo modo que la Ley 26.659 respecto a las petroleras y en el 2010 al Decreto 256/10 que obligó a la solicitud de permiso de tránsito hacia Malvinas, del mismo modo que repudiamos el inicio de las actividades petroleras en Malvinas.

Nos opusimos en 2011 a la llamada reserva ecológica británica que enajenó 1 millón de km2 de nuestro territorio marítimo y estamos en contra de toda área marítima protegida en el mar austral que no resulte de las recomendaciones e investigaciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero argentino, porque atrás de valiosos fundamentos ecológicos, se esconde el blindaje de los recursos que explotan los británicos y se limita la presencia de los buques nacionales en el mar argentino.

Resaltamos, desde siempre, que la Argentina tiene ocupados 1,6 millones de kilómetros cuadrados de territorio nacional y no solo los 14.410 kilómetros cuadrados del archipiélago de Malvinas, circunstancia que pasa desapercibida para gran parte de los argentinos.

Calificamos en el 2016 de Política de Estado a la ratificación por unanimidad de la ONU del informe de la Comisión de Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina (COPLA) que la Cancillería inicio su presentación en abril de 2009. Rechazamos enérgicamente ese mismo año en el Senado de la Nación el denominado Pacto Foradori-Duncan, que no es otra cosa que la ratificación del Acuerdo de Madrid destinado a “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas” y mantiene viva la “fórmula del paraguas” que congeló los avances soberanos de Argentina sobre la recuperación de Malvinas y su territorio marítimo austral. Las investigaciones conjuntas que derivan del mismo y los vuelos a San Pablo, que como ya lo dijimos en su oportunidad y reiteramos, facilitarán el comercio de Malvinas y la sobrevivencia de las islas frente al Brexit y, con ello, la profundización de la pérdida soberana y de los recursos pesqueros nacionales.

Rechazamos en 2018 los acuerdos pesqueros con China y Rusia firmados durante la Cumbre del G20 realizada en la ciudad de Buenos Aires; acuerdos, que junto al otorgamiento de licencias ilegales pesqueras en Malvinas y las extracciones en la ZEE y la utilización logística de puertos de Montevideo dejan de manifiesto una política de extranjerización total del Atlántico Sur. Ya en estos días nos oponemos al otorgamiento a empresas británicas de la explotación offshore de petróleo en el área entre Malvinas y el continente argentino, debilitando la posición argentina en la zona austral del mar argentino.

Después de 37 años de políticas relativas a Malvinas y Pesca, a mi juicio desacertadas, también hemos convivido con un manejo discrecional e insustentable de la pesca. Y a propósito de ello, los tres periodistas que me entrevistaran, me preguntaron cuáles son las medidas que yo tomaría en una hipotética gestión gubernamental, a lo que respondí que en las cuestiones internacionales debería ocuparme con la Cancillería de las que afectan al sector pesquero (caso los buques gallegos asociados a empresas británicas en Malvinas, etc.) y de las internas que deben estar destinadas a generar más recursos económicos para el país, agregar valor a las materias primas y aumentar el empleo registrado y total.

Pero para ello, hay que empezar ordenar y sanear la actividad para dar previsibilidad a los empresarios, los trabajadores e inversionistas y, la pregunta surgió de los periodistas casi espontánea: ¿qué haría con los permisos, cuotas y transferencias que varios denunciamos como ilegales? A lo que respondí y reitero definitivamente en este escrito (pero lo he hecho en varios anteriores): todos los permisos, cuotas, autorizaciones y transferencias de captura serían revisados en mi hipotética gestión, desde la sanción de la Ley 24.922 hasta la fecha e, incluso, claro está, para ser más preciso, también —y muy especialmente— revisado el cálculo que motivó el otorgamiento de porcentuales relacionados a la Captura Máxima Permisible; el llamado informe de la UBA y los porcentuales máximos de concentración por grupo empresario y, muy especialmente, aquellas operaciones que dieron lugar a transferencias de permisos a buques españoles y del que debieron derivar en desguace y baja los permisos de los buques obsoletos argentinos y, claro está, incluirá también los que derivan de esta última gestión.

Aunque, todo ello, podría transformarse en un mero ejercicio intelectual, porque como he dicho, no he tenido ofrecimiento alguno y, si lo tuviese y aceptase, será porque todo esto se puede ejecutar.

No tengo otras aspiraciones que no sean llevar adelante mis fuertes convicciones. Son casi inexistentes mis probabilidades de convertirme en el próximo Subsecretario. Sugiero en este aspecto mirar al sur. Finalmente, ya he cumplido, con mis sucesivos artículos en materia de “Atlántico Sur, Malvinas y Pesca” con la obligación inexcusable de elevar la vara y visibilizar este tema entre los argentinos y, quién asuma la función, a partir del 10 de diciembre, tendrá que explicar el “qué” y el “cómo” va a llevar adelante una política nacional que devuelva a la Nación y, a esta noble actividad, al lugar del que nunca debió apartarse, para caminar el sendero de bienestar de todos los argentinos.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

Copyright © *|2019|* *|César Lerena|*, All rights reserved.

 

LA TRANSICIÓN Y EL PROYECTO PESQUERO NACIONAL

César Augusto Lerena*

Imagen de Claudio Bianchi en Pixabay

Cuando los funcionarios se están yendo, ni los ordenanzas les sirven café. Miran a su alrededor y la soledad del despacho los abruma y los devuelve a la miserabilidad de la que provienen. El propio Borges decía “no vale un subsecretario, más que un sueño” y, es que los cargos no hacen a los hombres, sino estos a aquellos. Que otra cosa puede esperarse de un obscuro burócrata encumbrado en Secretario de Estado, más que esté a la espera de recibir órdenes o satisfacer sin más a sus poderdantes. Triste rol, de quien tiene en sus manos una porción del desarrollo nacional, la industrialización de una Nación, la preservación de los recursos naturales y el trabajo y bienestar de miles de hombres, mujeres y sus familias.

El Subsecretario saliente, de la nada llegó y sin gloria se habrá de retirar, transcurriendo, por impericia o con mandato, a una de las etapas más decadentes de entrega nacional, concentración económica, depredación y pérdida de fuentes de trabajo.

Apelará este Señor a datos estadísticos falsos, basados en una mono-explotación de un recurso, cuya disponibilidad biológica, ni siquiera pueden predecir a mediano plazo los técnicos y, reconocerá su incapacidad de evitar la depredación y el descarte, la explotación española, británica y china de los recursos pesqueros argentinos, la prestación logística a los buques extranjeros ilegales en los puertos de Uruguay y su total falta de participación en defensa de los intereses pesqueros y su explotación sostenible, en aquellas cuestiones inherentes al ambiente marino (las licitaciones de hidrocarburos offshore y las áreas marinas protegidas); el Acuerdo de Nueva York y del Atún que regionalizan y facilitan la intervención del Reino Unido, en el Atlántico Sur, e impiden actuar en forma soberana a la Argentina como Estado ribereño en la protección de nuestros recursos migratorios y la transferencia de información biológica sensible a los invasores y ocupantes de 1,6 millones de kilómetros cuadrados de nuestro territorio marítimo y extractores ilegales de cientos de miles de toneladas anuales de nuestros recursos.

Si habremos visto posiciones vacilantes en los últimos 50 años de explotación pesquera. Y cómo los distintos funcionarios de turno pusieron el recurso en manos extranjeras. Desde los Acuerdos de Madrid, nunca la pesca estuvo tan al servicio de la consolidación de los británicos en Malvinas. Y frente al Brexit —una oportunidad inigualable para la Argentina— el gobierno (y este funcionario en lo suyo) hace oídos sordos a las asociaciones mixtas británico-españolas en Malvinas, recibe el consejo de los depredadores españoles y, muy especialmente gallegos, a quienes les promete una sostenibilidad que no practican y les investiga el área pesquera austral para garantizar su permanencia en el Atlántico Sur, nuestra Zona Económica Exclusiva (el área ocupada por los ingleses también lo es) y nuestros recursos migratorios, que han permitido a los británicos sostenerse todos estos años.

No hay tal “transición ordenada” como dice el gobierno saliente, y es que el desorden en el que dejan los asuntos públicos mal puede entregarse ordenadamente a los entrantes.

Los expedientes pendientes, se habrán concluido, mal y pronto, de urgencia.

Los pedidos ya se habrán cumplido, antes del abandono del barco.

La basura debajo de la alfombra. Que todo parezca normal.

Pero no se trata la transición de un momento en que se cuenten, café de por medio, amablemente, las dificultades, las limitaciones, las presiones y otras yerbas. Se trata de que el Subsecretario de Pesca saliente le entregue al entrante una sola carpeta, de unas cien páginas, donde diga: 1) La trazabilidad de los permisos, cuotas y autorizaciones de captura; 2) El incremento del esfuerzo pesquero a partir de las transferencias; 3) El Rendimiento Máximo Sostenible y el cumplimiento de los proyectos pesqueros, según las cuotas asignadas; 4) La depredación pesquera extranjera y la depredación nacional a partir del descarte; 5) Las acciones que se efectuaron para incrementar el valor agregado; 6) Las medidas tomadas para eliminar el trabajo no registrado; 7) Las acciones que se tomaron para financiar la renovación de los buques y reactivar toda la capacidad instalada nacional; 8) La promoción efectuada del consumo nacional; 9) el desguace de los buques que entorpecen las operaciones portuarias; 10) qué asesoramiento le prestó a la Cancillería sobre los Acuerdos de Madrid y el Acuerdo Foradori-Duncan; 11) qué acciones llevó adelante para desalentar la pesca ilegal; 12) qué asesoramiento prestó al gobierno desde el punto de vista pesquero sobre el reciente pre-acuerdo con la Unión Europea, entre otras cuantas cosas. En síntesis: qué medidas se tomaron para cumplir con el artículo 1º de la Ley 24.922 que dice “La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos. Promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina”.

La palabra “transición” viene del latín transitio y significa “acción y efecto de estar entre lo viejo y lo nuevo”. Sus componentes léxicos son: el prefijo trans– (de un lado a otro), itus (ido), más el sufijo –ción (acción y efecto). Los daños de lo viejo en biología suelen ser irreversibles o reversibles a muy largo plazo y, los efectos sociales de las pésimas políticas implementadas, son devastadores, porque quiebran la moral de los emprendedores y la ilusión y el sustento a los pueblos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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MEMORIAS HISTÓRICAS Y SIMPLES MEMORIAS

Javier Blasco Robledo*

Los españoles nunca deberíamos olvidarnos de uno de los peores presidentes del gobierno que hemos tenido, José Luis Rodríguez Zapatero; una persona a la que hemos sufrido y padecido durante casi dos mandatos completos hasta que, como consecuencia de su mala cabeza, nefastas estrategias y el habernos dejado sumidos en una de las peores crisis económicas de la era moderna, los españoles le mandaron a León a contar nubes, según afirmó personalmente, al perder las elecciones y verse obligado a dejar todos sus cargos.

Otras dos mentiras más suyas a incluir en su largo listado personal, ya que ni se fue a León, de donde vino un día, ni ha dedicado un solo minuto a contar nubes, sino a otros desmanes allende los mares dejando muy pocos amigos de verdad por aquellas tierras; pero eso es harina de otro costal que dejaremos aparcado para otro día más apropiado.

ZP, mote por el que se le conocía y que a él hasta le alegraba usarlo en las campañas electorales, fue una persona muy famosa por sus dislates, fanfarronadas, despechos, burlas y mala cabeza. Lleno de dicotomías en sí mismo y en sus pensamientos profundos o en voz alta y famoso por muchas frases y cosas suyas, casi ninguna buena, de las que, aparte de lo mencionado, quiero resaltar cinco: su incapacidad de definir el concepto (discutido y discutible) de nación; haber traído de nuevo a colación el sui generis concepto de “nación de naciones”[1] aún sin definir concretamente; forzar un nuevo y nefasto Estatuto catalán, la aplicación del famoso Plan E y el parto sin anestesia de la Ley de Memoria Histórica. Ley, de la que una vez defenestrado su autor e inductor, su sucesor en el cargo, Mariano Rajoy Rey, el hombre con más complejos y lleno de miedos que he sufrido en mi vida, sabiendo que era un bodrio, tremendamente injusta por parcial y revanchista y aun teniendo mayoría absoluta, no la derogó ni tocó una línea, no fuera a ser que por ello le llamaran facha o cosas peores.

Pues bien, dicha Ley, moldeable como muchas, bien fácil de estirar y transformar según le interese al ejecutivo y también de concatenar esfuerzos y apoyos entre las bancadas del Poder Legislativo (Parlamento), por aquello de no ser marcados como herederos del más rancio franquismo, ha sido el más precioso juguete en manos de nuestro actual presidente, el ínclito Pedro Sánchez y de su gabinete. Así, ha sido torticeramente manoseada para cambiarla y adaptarla cuantas veces ha sido precisa para, ente otras lindezas, sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, enterrarle donde el gobierno ha querido, cambiar cientos de nombres de calles, plazas y parques en toda España porque sus anteriores denominaciones —aunque no fuera cierto, según la verdadera historia— sonaban a personajes cercanos a Franco durante la guerra civil y los años de la postguerra; derribar monumentos, estatuas y placas relativas a personajes y momentos de la época; menospreciar a las víctimas del bando de las derechas; ensalzar y encumbrar las de las izquierdas; reabrir viejas o ya casi inexistentes heridas; dividir aún más a los españoles; recuperar y ensalzar nuevos-viejos rencores y no desenterrar a nadie de todos aquellos restos que se asegura aún yacen en las cunetas y cuyo número es tan grande que —según la mayor mentirosa e iletrada de la historia reciente, nuestra vicepresidenta Calvo— otorgan a España el tenebroso título de ser “el segundo país con más desaparecidos del mundo”, obviando por tal afirmación a muchos países que, por derecho propio, nos preceden en tan macabro listado y, por ello, la susodicha señora ha sido objeto de mofa estos días. Que sabrá ella de historia y de realidades con afirmaciones tan poco fundadas y nada cabales.

Es una Ley, que machaconamente, durante meses y meses, todos los medios, tertulias y diarios adeptos y empesebrados al gobierno nos han repetido a diario como aquel que sabiendo que miente o lo que dice no está muy claro, precisa ser repetido muchas veces para crear el poso necesario a fin de aunar las mentes proclives al tema y abrir aquellas que no viéndolo, de tanto repetirlo, lo tomarán como algo preciso y necesario.

Debo reconocer que dicha campaña de agitación y propaganda, conocida desde hace años como AGITPROP y muy propia de los más puros regímenes totalitarios de corte comunista o nazi, ha dado sus frutos en España en esta ocasión. Tanto es así que todavía seguimos dando vueltas y más vueltas al tema de la Ley de la Memoria y al desenterramiento de Franco (24 de octubre), aunque no diera para más que movilizar a la familia y a unos cuantos nostálgicos. Mientras tanto, solo unos pocos fueron conscientes de una Resolución de parlamento europeo que, algo más de un mes antes, se aprobó y que supone un gran avance para la Memoria Histórica y colectiva de los europeos.

Escondida y ocultada por todos los medios oficiales y solo un poco mencionada por algunos medios libres o de derechas de escasa influencia, el 19 del pasado mes de septiembre, el mencionado Parlamento aprobó una Resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa (2019/2819(RSP))[2].

Resolución que animo a conocerla por su corta y fácil lectura, así como, por su trascendencia y por lo que puede suponer para todos los Estados miembros de la Unión, incluido España por atacar directamente a la exaltación, culto y expansión de los totalitarismos, con especial mención al nazismo y al comunismo, sus símbolos, ideas y personajes históricos y, que entre otras medidas, solicita específicamente a los países de la UE que adopten medidas para que  desaparezcan monumentos y nombres de calles, plazas y jardines que exalten o recuerden a principales actores de aquellas “hazañas” y se prohíba rendir culto a los que tuvieron algo que ver en su implantación y expansión.

Así, se puede afirmar sin temor a exagerar que en España se ha puesto mucho énfasis, empeño y tesón en imponer, transformar y hacer cumplir “nuestra” Ley de Memoria Histórica aunque contrariamente a lo que aparentaba pretender, ataca con bastante saña al franquismo y a toda su aureola fascista atribuida, mientras, por otro lado, obvia los abusos de la otra parte de claro corte nacionalsocialista y comunista. E igualmente, que tanta ha sido la acción y presión del gobierno, partidos políticos de izquierdas y la mayoría de los medios en ello, que un alto porcentaje de españoles por convicción o cansancio han aceptado en mayor o menor grado, su existencia y aplicación.

Pero, ahora, al conocer la mencionada Resolución, me asalta una gran duda, aunque mucho me temo su respuesta. Conociendo que las Resoluciones del Parlamento Europeo no son leyes internacionales de obligado cumplimiento, sino recomendaciones para el buen gobierno y las relaciones en la UE; si tan necesaria fue nuestra Ley por los abusos y aberraciones de la parte denunciada, imagino que para aquellos que tanto creen en la Ley justa y en el respaldo internacional, será igual y exactamente necesaria la transformación y puesta en práctica —sin dilación y con ilusión— de la susodicha Resolución que pone un coto similar al comunismo junto al nazismo y por ello, nos metamos pronto en faena para que nuestras calles, parques y plazas queden libres de nombres y hechos que separan y ofenden y, al mismo tiempo, dejemos de rendir culto a aquellos símbolos y actores, que voluntaria y premeditadamente, obviamos o no quisimos incluir en nuestra Ley.

Ya veremos si ahora el gobierno y sus facilitadores ponen tanto empeño en que esto tan simple que expongo se haga realidad y que los tribunales, quienes tan raudos se prestaron al apoyo e interpretación legal de Ley española, no pongan reparos a su desarrollo para dar cumplimiento y aplicación de la nueva Resolución europea cuando cualquiera, en función de ella, lo solicite en reclamación de la aplicación de un acuerdo internacional.

Otra duda que me asalta y entristece aún más es que, a pesar de que estamos en plena campaña electoral, no he visto a ningún partido de Centro ni de Derechas, esgrimir ni mencionar esta norma, incluir el desarrollo dela misma en su programa o pedir al gobierno acción inmediata en dicho sentido. La dejación de responsabilidades, tras tanto tiempo de cobardes silencios frente a manifiestos desequilibrios y mirando para otro para otro lado no es algo sin importancia. Mucho me temo que, a la vista de lo que ha ocurrido la semana pasada, en el Ayuntamiento de Madrid con implicación de todos los partidos, mis dos grandes dudas quedan ya contestadas[3].

En cualquier caso y sin tener que darle muchas vueltas al tema ni tener que publicar una nueva Ley al respecto con los problemas, discusiones, el papeleo y los necesarios acuerdos que ello conlleva; simplemente analizando seriamente y con buena voluntad la existente Ley de Memoria en España, sus motivos, contenido y principios, nos bastaría para descubrir que, al leer con detenimiento las conclusiones de la Comisión Constitucional del Congreso de 20 de noviembre de 2002 citadas en la Exposición de Motivos, encontramos que ellas hacen referencia explícita a la deslegitimación de todos los regímenes totalitarios contrarios a la libertad, de entre los que, hoy en día, nadie puede tener ninguna duda y mucho menos tras la mencionada Resolución de la UE, que tanto el comunismo como el nazismo son paradigma.

Por tanto, es bien fácil deducir que, gracias al contenido, forma y fondo literal de la citada Exposición, transcrita a continuación, es posible poner en relación directa el encaje de la decisión plasmada en la Resolución del Parlamento europeo con nuestra Ley de Memoria Histórica. Por lo tanto, dicha Ley podría ser fácilmente instrumentalizada, sin necesidad de cambio alguno en su motivación oficial, para incluir en la misma, sin problemas insalvables los aspectos totalitarios referidos en dicha  Resolución.

“Por ello mismo, esta Ley atiende a lo manifestado por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que el 20 de noviembre de 2002 aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley en la que el órgano de representación de la ciudadanía reiteraba que ‘nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática’”.

Llegado a este punto y momento, tengo la sensación de que el desarrollo, aplicación y hasta el propio cumplimiento de las leyes y normas nacionales e internacionales —en algunos casos— pueden llegar a convertirse en un arma de doble filo. De tanto afinar y tratar de dejar el tema bien atado y sin fisuras, pueden convertirse en algo contrario a las ideas o intereses primigenios y ocultos de los propios legisladores que las propugnaron al contraponerse o ser forzadas a su aplicación por la propia ley, originalmente, tan depurada y garantista u otras de igual o superior rango. Este podría ser el caso.

 

* Coronel de Ejército de Tierra (Reserva), Diplomado de Estado Mayor, con experiencia de más de 40 años en las FAS. Ha participado en Operaciones de Paz en Bosnia Herzegovina y Kosovo y en Estados Mayores de la OTAN (AFSOUTH-J9). Agregado de Defensa en la República Checa y en Eslovaquia. Piloto de helicópteros, Vuelo Instrumental y piloto de pruebas. Miembro de la SAEEG.

 

Referencias

[1] El concepto “nación de naciones” fue empleado por el ponente socialista Gregorio Peces-Barba durante el debate constitucional e implica que la diversidad territorial española tiene una profundidad superior a la de otros países europeos. El término fue acuñado en el exilio mexicano por el intelectual castellano Anselmo Carretero, un socialista federalista autor de varias obras al respecto. <https://www.lavanguardia.com/politica/20170422/421938566642/enfoque-pedro-sanchez-nacion-de-naciones-catalunya.html>,

[2] Resolución del Parlamento Europeo, 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa (2019/2819(RSP)) <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_ES.html>.

[3] “El PSOE rechaza que se nieguen subvenciones y espacios públicos a quienes ensalcen el comunismo”. OK Diario, 03/11/2019, <https://okdiario.com/espana/psoe-rechaza-que-nieguen-subvenciones-espacios-publicos-quienes-ensalcen-comunismo-4760693>.