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HAY NAVEGACIÓN NO PACÍFICA, PESCA ILEGAL Y PUERTOS COMPLICES. EN TODO ELLO ESTÁ MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SÁNDWICH DEL SUR.

8 octubre, 2020 SAEEG Deja un comentario

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César Augusto Lerena*

Nada está hecho, mientras quede algo por hacer (Romain Rolland). Ni la cooperación ni la seducción provocará la devolución británica de Malvinas. No se trata de la “libre determinación de los pueblos” (véase Chagos). El Reino Unido no entregará las islas, porque se trata de una cuestión territorial (en relación con la Antártida), económica y estratégica, con relación a su historia de proyección marítima, que se profundizará a partir del Brexit. La Argentina debe actuar, entre otras políticas activas, con relación a los recursos que migran a Malvinas, la economía y sustentabilidad de las islas, el transporte y las comunicaciones. Con las políticas que han llevado hasta hoy, tampoco se desalentará la pesca ilegal. Aquí un proyecto concreto.

Desde hace décadas vengo aportando ideas, leyes, decretos y resoluciones con el objeto de revalorizar desde el punto de vista soberano, económico, social y ambiental el Atlántico Sur y minimizar la explotación ilegal de nuestros recursos pesqueros migratorios por parte de buques extranjeros en la Zona Económica Exclusiva del área de Malvinas, fuera de ella y en la Alta Mar. Hoy presento un Proyecto de Decreto de Control de la Navegación No Pacífica, el Tránsito en la Zona Económica Exclusiva y la Pesca Ilegal.

Además de las incapacidades que uno pueda tener, promover políticas nacionales en la Argentina no es sencillo. Vivimos en un país colonizado. No solo porque los recursos agrarios, petroleros, gasíferos, energéticos, mineros, pesqueros, navieros, etc. están en manos extranjeras, sino, lo más grave, es de orden cultural. Los argentinos que compraron la globalización de entonces tampoco entienden hoy el proteccionismo en Estados Unidos, la Unión Europea, China, el Reino Unido de Gran Bretaña.

Mientras en el mundo llevan adelante políticas activas en defensa propia —que podemos o no compartir—, la Argentina y los argentinos no pasamos del diagnóstico de situación y seguimos exportando commodities como en la época de la colonia, regalando nuestros recursos y la mano de obra a los países más desarrollados, mientras el INIDEC (julio de 2020) nos indica que la pobreza alcanzó el 44% y la indigencia el 10%; del mismo modo, que transferimos conocimiento y recursos económicos cuando nuestros profesionales e investigadores formados en la Universidad Pública y gratuita prestan sus invalorables servicios a los países más tecnificados, industrializados y desarrollados del mundo.

Nos cansamos de escuchar a los analistas políticos y económicos, a los periodistas y a los gobernantes diciéndonos qué pasó y qué está pasando y la política, como nos dice en estos días un controvertido ex funcionario —con bastante más claridad que otros— es saber qué va a pasar y qué hacer para adelantarnos a los hechos y, si es posible, generarlos en beneficio del país.

Aun así, podría hacer un largo enunciado de hechos que están ocurriendo; yo me he ocupado en forma reiterada de ello en la esperanza de que a alguien se le caiga una idea. También, como dije, elaboré proyectos concretos relativos al Atlántico Sur, Malvinas y Pesca que puse a disposición de los funcionarios; proyectos que, por supuesto, responden a una política nacional que me inspira y que, si bien pueden ser perfectibles, no al punto de cumplir con la cita de Groucho Marx: “Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros”.

En la Pesca y en su relación con Malvinas, enunciaré los “TRES CUCOS” que paralizan y debieran asustar a la Argentina: a) Vienen los chinos —y también los españoles, coreanos y taiwaneses— con 300 a 500 buques pesqueros a explotar nuestros recursos en forma ilegal en el Atlántico Sur (lo hacen desde hace 50 años con más o menos buques); b) los británicos asociados a los españoles se consolidan en Malvinas y c) los puertos de Uruguay prestan la logística a todos los buques ilegales (los que operan en Malvinas también lo son) que extraen nuestros recursos migratorios dentro o fuera de la Zona Económica Exclusiva; servicios, por los que la República hermana del Uruguay percibe unos trescientos millones de dólares; monto, que podrían superar largamente los Orientales con un buen acuerdo de pesca con los argentinos (Véase Protocolo Adicional “Mercado Común Pesquero” del MERCOSUR, 2019, del autor).

A los que sostienen que la pesca en la Alta Mar es libre y que nada se puede hacer al respecto, que no hay forma de controlar la pesca ilegal (INDNR) ni evitar que los puertos de Uruguay dejen de prestar servicios a los buques extranjeros que pescan ilegalmente, les digo que, a mí entender, hay herramientas posibles, en la medida que haya voluntad política de modificar la situación que quita nuestros recursos económicos y biológicos, el trabajo a los argentinos y mantiene a la Argentina con una soberanía empobrecida y declamada. Somos los campeones morales. Nos falta un coach para conseguir lo mejor de nosotros mismos.

Seré concreto, porque el tema da para largo, EN EL ATLÁNTICO SUDOCCIDENTAL HAY NAVEGACIÓN QUE NO ES PACÍFICA; SE REALIZA UNA MASIVA PESCA ILEGAL Y HAY PUERTOS COMPLICES. A no ser, que no se considere piratería, la pesca ilegal realizada con buques con o sin licencia británica dentro o fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina; que no se considere pesca ilegal y depredatoria la que se realiza sin control alguno sobre los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina vulnerando el ecosistema, comprometiendo las poblaciones pesqueras del Estado ribereño y haciendo insostenibles las especies o que se niegue que en los puertos de la República Oriental del Uruguay no se presta apoyo a las embarcaciones extranjeras que pescan en Malvinas o que, provenientes del Atlántico Sur, no están en condiciones de certificar el origen o la trazabilidad de sus capturas. Y yo revisaría también, sí desde embarcaciones argentinas y/o desde puertos argentinos no se les está prestando algún tipo de apoyo directo o indirecto a los buques que pescan ilegalmente o sirven de ayuda a estos.

La piratería no solo es una práctica de los piratas y corsarios del siglo XVI al XVIII; ni solo la existente desde principios de 1990 en las costas de Somalia; sino también, debe considerarse como tal, la captura ilegal (INDNR) de peces que realizan buques de Estados de Bandera (extranjeros), sin control de ningún tipo de estos bienes (semovientes); apropiándose de ellos sin límite (Art. 88º, 100º y 101º inc. ii de la CONVEMAR), sin adoptar las medidas de cooperación, conservación y administración de los recursos vivos (Art. 117º, 118º de la CONVEMAR) y sin determinarse las capturas permisibles y de conservación, ni teniendo en cuenta la interdependencia o las asociaciones de las especies, el esfuerzo de pesca, etc. (Preámbulo y Art. 119º de la CONVEMAR).

Para minimizar los riesgos de una navegación no pacífica, la pesca ilegal (INDNR) y reducir el uso de puertos por embarcaciones que pescan ilegalmente en el Atlántico Sur y Malvinas sugiero la sanción del siguiente Decreto del Poder Ejecutivo Nacional:

PROYECTO DE DECRETO DE CONTROL DE LA NAVEGACIÓN NO PACÍFICA. EL TRÁNSITO EN LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA Y LA PESCA ILEGAL.

VISTO la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, las Leyes Nros. 20.094; 20.645; 21.024; 23.968 modificada por la Ley 27.557; Leyes Nros. 24.543; 24.922; 26.386; 26.569; el Decreto 256/2010, la Resolución Nº 407/07 de la Secretaría de Energía del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y, las Resoluciones 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

CONSIDERANDO,

Que por el artículo 41º de la Constitución Nacional “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.

Que el Decreto 256/2010 debe ajustarse en un todo a la Ley 24.543 que ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR), muy especialmente a los derechos de administración de los Estados ribereños, a la no discriminación y, a la ejecución del artículo 2º que refiere a los recursos migratorios;

Que la Argentina tiene ocupado en forma ilegítima por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido) una parte importante de la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) Argentina y el Archipiélago de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y los espacios marítimos correspondientes;

Que el Reino Unido mantiene su negativa a dar cumplimiento a las Resoluciones 1514 (XV), 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

Que persiste el incumplimiento británico de la disposición de no innovar, establecida en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se manifiesta en sucesivos avances por parte del Reino Unido en la ocupación territorial marítima existente a 1982 y la explotación ilegal creciente de los recursos naturales;

Que la persistencia de dicha ocupación se traduce en una controversia de soberanía que ha sido reconocida por las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y otros organismos internacionales.

Que el Gobierno Argentino ha protestado enérgica y reiteradamente ante el Reino Unido y los Organismos Multilaterales por la realización de actos unilaterales británicos relacionados con los territorios insulares y espacios marítimos que son ocupados por el Reino Unido;

Que la Argentina ha puesto en conocimiento de las empresas vinculadas con las ilegítimas actividades propiciadas por el Reino Unido y de los Gobiernos de los países en que dichas empresas tienen su sede, tanto su posición como su protesta;

Que, en este escenario, es importante recordar la vigencia de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional por la cual la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional, lo que constituye un objetivo permanente e irrenunciable;

Que por Ley 21.024 se declaró de interés nacional el estudio de las posibilidades que ofrecen las riquezas petrolíferas de la plataforma submarina que corresponde a las Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y que, por la Ley 26.569 se reguló la autorización la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos sometidos a la jurisdicción nacional;

Que, del mismo modo, la Res. 407/07 de la Secretaría de Energía, busca preservar los recursos no renovables ubicados en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo en la Plataforma Continental Argentina (en adelante PCA) de toda exploración y explotación por parte de terceros que no cuenten con permisos emitidos por las autoridades nacionales competentes;

Que, respecto a la PCA, la CONVEMAR, aprobada por Ley 24.543 y ratificada el 1º de diciembre de 1995, reconoce a la Argentina como Estado ribereño los derechos soberanos sobre la exploración y la explotación sobre el fondo del mar, donde se incluye la explotación hidrocarburífera (petróleo y gas) y mineral (hierro, zinc y otros de uso industrial estratégico, como nódulos polimetálicos de manganeso, costras de cobalto o sulfuros) y las especies vivas sedentarias (langostas, mejillones, vieiras, etc.);

Que por la Ley 26.386 se reguló la autorización la explotación de recursos vivos marinos en espacios marítimos sometidos a la jurisdicción nacional;

Que en el artículo 4º la Ley 24.922 se establece que son de dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación, los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la ZEE Argentina y en la PCA, a partir de las doce (12) millas y, que “en su condición de estado ribereño, podrá adoptar medidas de conservación en la ZEE y en el área adyacente a ella sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE argentina;

Que en el artículo 5º la Ley 24.922 incisos a) y d) se establece “la regulación de la pesca en los espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional”, y “…en la zona adyacente a la ZEE respecto de los recursos migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE”;

Que con el fin de proteger los derechos preferentes que le corresponden a la Nación en su condición de Estado ribereño, la Autoridad de Aplicación, juntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el artículo 22º la Ley 24.922 estableció “organizar y mantener un sistema de regulación de la pesca en la zona adyacente a la ZEE Argentina, respecto de los recursos migratorios o que pertenezcan a una misma población o poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE” y, con este fin, la Argentina debe acordar las medidas necesarias para racionalizar la explotación y asegurar la conservación de los recursos con los Estados de Bandera que deseen pescar esas poblaciones en la mencionada área adyacente;

Que en la Argentina por el Art. 23º de la Ley 24.922, para el ejercicio de la actividad pesquera en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional debe contarse con la habilitación otorgada por la Autoridad de Aplicación y los buques de pabellón nacional deben disponer de “Permiso de pesca de gran altura para ejercer la pesca comercial sobre el talud continental, fuera de la ZEE, Alta Mar o con licencia en aguas de terceros países”, lo cual es un evidente ejercicio de derechos soberanos, pero también una discriminación, respecto en favor de los buques extranjeros que pescan en iguales espacios;

Que por el Art. 33º de la Ley 24.922 la Autoridad de Aplicación “podrá decidir la instalación de artefactos en los buques para efectuar el seguimiento satelital de los mismos y los armadores pesqueros deberán cuidar y mantener dichos artefactos en perfecto estado de funcionamiento…”;

Que por Decreto Supremo 016/2020 del 11 de septiembre de 2020 el Gobierno de la República de Perú estableció la obligatoriedad de que los barcos de bandera extranjera deben contar con sistemas satelitales para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada;

Que por la Ley 27.557 se modificó la Ley 23.998 de Espacios Marítimos y, se establecieron los nuevos límites externos de la PCA, por lo cual, el Estado nacional debe asegurar la explotación y conservación de los recursos de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo;

Que en los artículos 32º, 89º y 92º de la Ley 20.094 se establece que la navegación en aguas de jurisdicción nacional debe ser regulada por la autoridad marítima, quien, a tal efecto, dicta las reglas de gobierno, pudiendo limitar o prohibir, por razones de seguridad pública, el tránsito o la permanencia de buques en determinadas zonas de las aguas navegables de jurisdicción nacional, como así también, prohibir la navegación en los puertos y en sus canales de acceso, y la entrada y salida de buques cuando medien razones de orden público;

Que, con motivo de la ocupación británica de los espacios marítimos argentinos se realiza una pesca ilegal no declarada no reglamentada (INDNR) por parte de buques extranjeros que capturan los recursos pesqueros argentinos dentro de la ZEE Argentina y más allá de las 200 millas en la Alta Mar los recursos migratorios originados en la ZEE Argentina y también sobre las especies sedentarias que viven en el fondo submarino de la PCA.

Que ello, a razón de un promedio de capturas en el área de Malvinas de 250.000 toneladas año, ha significado una extracción de recursos argentinos por un valor aproximado a los dólares estadounidenses veintiocho mil millones (US$ 28.000.000.000) desde el año 1976 al 2020, generando una usurpación del Reino Unido de recursos que son sustanciales para la supervivencia de los pueblos pesqueros del litoral marítimo argentino, contrario a lo previsto en la CONVEMAR;

Que tanto en la ZEE Argentina, como más allá de las 200 millas en la Alta Mar, se encuentran especies de dominio de la Argentina, especies migratorias, originadas en la ZEE Argentina o sedentarias que viven en el fondo submarino de la PCA y, que buques extranjeros capturan ilegalmente, contraviniendo lo normado en la CONVEMAR, cuyo control resulta muy arduo debido a la extensión, tanto de la ZEE Argentina como de la PCA, dificultando asegurar la sostenibilidad de las especies, evitar la depredación y la contaminación del medio marino;

Que al depositar la Argentina la ratificación de la CONVEMAR mediante la Ley 24.543 en su art. 2º formuló que: c) “La Argentina (…) teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de la Alta Mar adyacente a ella, considera, que de acuerdo con las disposiciones de la CONVEMAR, cuando, la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de la Alta Mar adyacente a ella, la Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en la Alta Mar e, independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la CONVEMAR sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin.

Que, del mismo modo, en el inciso e) indicó que “…El gobierno argentino acepta las normas sobre prevención de la contaminación marina contenidas en la parte XII de la CONVEMAR, pero, considera que, a la luz de los acontecimientos posteriores a la adopción de ese instrumento internacional, es preciso complementar y reforzar las disposiciones para prevenir, controlar y minimizar los efectos de la contaminación del mar por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas…”;

Que la contaminación del mar por sustancias nocivas indicada en la CONVEMAR debe, en el sentido más amplio, alcanzar a los descartes en la Alta Mar de especies capturadas y luego devueltas al mar porque no alcanzan interés comercial por su tamaño o tipo; prácticas que se encuentran prohibidas por la Ley 24.922, pero que están fuera de la capacidad de control argentino en el área de Malvinas o más allá de las 200 millas;

Que en el Preámbulo de la CONVEMAR los firmantes están “Conscientes de que los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto”, es decir, que independientemente de las Partes, Secciones y Artículos en los que se ha divida la CONVEMAR, los temas que la integran no puede tratarse ni considerarse por separado sino por el contrario “en su conjunto”, porque el Ecosistema es biológicamente invisible, en donde la afectación de una parte afecta a la sostenibilidad de todos los recursos existentes en el Atlántico Sur. Cuestión relevante a la hora de asegurar el dominio y los derechos argentinos sobre los recursos migratorios del mar territorial, la ZEE Argentina, la Alta Mar y la PCA, sea dentro o fuera de la ZEE, que debe acompañar al tratamiento e interpretación de toda y cada una de las partes de la CONVEMAR.

Que en la CONVEMAR se establecen una serie de requisitos respecto del derecho de paso inocente, de la libertad de pesca en la Alta Mar, las obligaciones de los Estados de Bandera y Ribereños, de modo de asegurar la sostenibilidad de los recursos y los derechos de los Estados en el Mar y su Plataforma Continental;

Que la CONVEMAR, con el debido respeto de la soberanía de todos los Estados, entiende, que los recursos deben utilizarse en forma pacífica, equitativa y eficiente y, debe proteger, preservar el medio marino y, conservar sus recursos vivos; cuestión, que no es posible esperar sino se hace en forma integral, teniendo en cuenta “los intereses y necesidades de toda la humanidad y, en particular, los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo, sean ribereños o sin litoral”;

Que el paso inocente en el mar territorial (Art. 17) debe ser rápido e ininterrumpido (Art. 18) que, se considera que ese paso no es inocente (Art. 19, g, i, l) si se embarcan o desembarcan productos en contravención de las leyes del Estado ribereño; si provocan contaminación intencional y grave; si se pesca o se realiza cualesquiera otras actividades que no estén directamente relacionadas con el paso;

Que el Estado ribereño podrá dictar leyes y reglamentos (Art. 21, inc. 1, a, d, e y 2 y 4) respecto al paso inocente por el mar territorial, respecto a la seguridad de la navegación y la reglamentación del tráfico marítimo; la conservación de los recursos vivos del mar; la prevención de infracciones de sus leyes y reglamentos de pesca; la preservación de su medio ambiente y la prevención, reducción y control de la contaminación de éste; etc., en especial cuando se propician el uso de medios o equipos internacionalmente aceptados y recomendados y, en atención a que los buques extranjeros que ejerzan el derecho de paso inocente deben observar las leyes y reglamentos de los Estados Ribereños;

Que en ningún caso se busca trasgredir los deberes del Estado Ribereño (Art. 24º inc. 1) respecto a no dificultar el paso inocente de buques extranjeros ni discriminar de hecho o de derecho contra los buques de un Estado determinado o contra los buques que transporten mercancías hacia o desde un Estado determinado o por cuenta de éste, sino asegurar que el paso sea inocente y no un transporte de productos capturados o extraídos en forma ilegal en el Atlántico Sudoccidental y, por lo tanto, cumplir, con los derechos de protección del Estado ribereño (Art. 25º 1) y tomar las medidas necesarias para impedir todo paso que no sea inocente;

Que conforme el Art. 28º inc. 3 el Estado ribereño puede tomar, de conformidad con sus leyes, medidas de ejecución y medidas cautelares en materia civil, en relación con un buque extranjero que se detenga en su mar territorial o pase por él procedente de sus aguas interiores.

Que según el Art 56º inc. 1; 58º inc. 3; 61º; 62º en la ZEE, el Estado ribereño tiene derechos de soberanía para los fines de administración, investigación, conservación, exploración y explotación de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar y, “en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la ZEE en virtud de la Convección, los Estados tendrán debidamente en cuenta los derechos y deberes del Estado ribereño y cumplirán las leyes y reglamentos dictados por el Estado ribereño de conformidad con las disposiciones de esta Convención…” y que, en las medidas que se tomen, deben tenerse en cuenta las necesidades económicas de las comunidades pesqueras ribereñas y las necesidades especiales de los Estados en desarrollo, y, teniendo en cuenta “…las modalidades de la pesca (…) la interdependencia de las poblaciones (…) sus efectos sobre las especies asociadas con las especies capturadas o dependientes de ellas, con miras a preservar o restablecer las poblaciones de tales especies asociadas o dependientes…”.

Que de acuerdo con el art. 62º la Autoridad de Aplicación puede “determinar la información que deban proporcionar los buques pesqueros (…) incluidos (…) informes sobre la posición de los buques…”.

Que en el art. 63º y 64º se establece que «cuando tanto en la ZEE como en un área más allá de ésta y adyacente a ella se encuentren la misma población o poblaciones de especies asociadas, el Estado ribereño y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente procurarán (…) acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones en el área adyacente» y, que cuando “el Estado ribereño y los otros Estados cuyos nacionales pesquen en la región las especies (…) cooperarán con miras a asegurar la conservación y promover el objetivo de la utilización óptima de dichas especies en toda la región, tanto dentro como fuera de la ZEE.

Que en el Art. 68º, 69º y 73º relativo a las especies sedentarias y respecto a los derechos sin litoral se establece que los Estados tendrán en cuenta, entre otras cosas la necesidad de evitar efectos perjudiciales para las comunidades pesqueras o las industrias pesqueras del Estado ribereño y éste, “en el ejercicio de sus derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos de la ZEE, podrá tomar las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados de conformidad con esta Convención…”.

Que conforme los Art. 76º, 77º y 81º, la Argentina, como Estado Ribereño ejerce derechos exclusivos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales, sean estos minerales, petroleros, gasíferos y otros recursos no vivos del lecho del mar y su subsuelo, así como los organismos vivos pertenecientes a especies sedentarias.

Que de acuerdo con el Art. 78 los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no afectan a la condición jurídica de las aguas suprayacentes, con la salvedad, que los derechos y libertades de los demás Estados en estos espacios en la Alta Mar -como bien refiere la CONVEMAR- pueden ser limitados por parte de los Estados Ribereños, cuando se trate de una “injerencia justificada” ante la existencia de una pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) por parte de buques de bandera, depredando los recursos migratorios originarios de la ZEE del Estado ribereño; injerencia que encuentra fundamento en el Preámbulo de la CONVEMAR que indica que “los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto” ya que el Ecosistema es biológicamente invisible y, la afectación de una parte afecta a la sostenibilidad de todos los recursos existentes en el Atlántico Sur; más aún, cuando el Art. 86º al referirse a las disposiciones de Alta Mar precisa, que “no implica limitación alguna de las libertades de que gozan todos los Estados en la ZEE de conformidad con el Art. 58º”; libertades, que alcanzan y obligan a los Estados Ribereños a establecer reglas relativas a la explotación de los recursos migratorios dentro de la ZEE para asegurar que estos no se verán afectados por la explotación sin control y depredatoria en la Alta Mar, para garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros en un ecosistema único que no reconoce zonificaciones o delimitaciones arbitrarias que no responden a los ciclos biológicos naturales de las especies;

Que, la libertad en la Alta Mar de todos los Estados referida en el Art. 87º, no es una libertad irrestricta, sino que debe ser ejercida ”teniendo debidamente en cuenta los intereses de otros Estados en el ejercicio de su propia libertad en la alta mar…” y ello, no podría ser de otra manera, porqué utilizar redes inapropiadas, descartar especies o residuos, capturar especies migratorias provenientes de la ZEE o asociadas a estas, es depredar al conjunto del ecosistema y poner en riesgo los recursos y la actividad de los pescadores que viven de estos, capturados en el mar territorial o la ZEE;

Que, al capturar o extraer recursos en la Alta Mar, la ZEE, la Zona Contigua o el Mar Territorial debe realizarse en forma legal, siendo inadmisible la Pesca INDNR, por lo cual, no puede considerarse la exploración o explotación realizada en la Alta Mar en forma INDNR como de “navegación pacífica” (Art. 88º, 90º) y, por el contrario, deben considerarse actos de piratería (Art. 100º a 107º);

Que pese a que al Art. 89º indica que “ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cualquier parte de la alta mar a su soberanía”, es necesario destacar la preeminencia en la administración de los recursos migratorios en la Alta Mar por parte de los Estados Ribereños por sobre los de Bandera, por lo ya dicho y porque, de otro modo, no estaría garantizada la sostenibilidad del recurso en la ZEE ni en la Alta Mar que describen los artículos precedentemente citados. Además, de que el art. 86º de la CONVEMAR refiere a que la “Alta Mar” aplica “a todas las partes del mar…”, no pudiendo considerarse “una parte” de este a los peces semovientes migratorios originarios de la ZEE Argentina, ya que “parte” es un “elemento, fracción o cantidad que resulta de dividir un todo» y, obviamente, los peces no son parte del mar, sino que están o viven en este;

Que entre los deberes del Estado de Bandera establecidos en el Art. 94º, en relación con sus buques, es el de tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el mar, las condiciones de navegabilidad, la utilización de señales, etc.;

Que si bien en los Art. 116º, 117º y 118º todos los Estados tienen derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en la Alta Mar y la obligación de conservar los recursos, ello, está sujeto a «los derechos y deberes, así como los intereses de los Estados ribereños que se estipulan, entre otras disposiciones, en el párrafo 2 del Art. 63º y en los Art. 64º a 67º» (116º b);

Que por el Art. 119º deben conservarse los recursos vivos de la alta mar y, entre otras medidas, los Estados tendrán en cuenta “las necesidades especiales de los Estados en desarrollo” y “los efectos sobre las especies asociadas con las especies capturadas o dependientes de ellas” que pueden afectar la sostenibilidad del ecosistema, entre ellos los recursos migratorios de la ZEE;

Que por los Art. 192º a 196º, 201º, 204º, 208º, 209º y 211º los Estados tienen derecho a explotar los recursos, pero, la obligación de proteger y preservar el medio marino y tomar todas las medidas necesarias “para garantizar que las actividades bajo su jurisdicción o control se realicen en forma tal que no causen perjuicios por contaminación a otros Estados y su medio ambiente…” y, entre las medidas que se tomen (…) “las necesarias para proteger y preservar los ecosistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de las especies…” no transferir “daños o peligros de un área a otra…” o utilizar tecnologías que contaminen el medio marino. Al mismo tiempo que los Estados deben “aplicar prácticas y procedimientos recomendados, destinados a prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino”; “vigilar las actividades” y los Estados ribereños respecto a las leyes, reglamentos y medidas que se apliquen a buques extranjeros no serán menos eficaces que las reglas, estándares y prácticas y procedimientos recomendados, de carácter internacional;

Que según el Art. 218º “cuando un buque se encuentre voluntariamente en un puerto (…) un Estado podrá realizar investigaciones y, si las pruebas lo justifican, iniciar procedimientos respecto de cualquier descarga procedente de ese buque, realizada fuera de las aguas interiores, el mar territorial o la ZEE de dicho Estado, en violación de las reglas y estándares internacionales…”;

Que conforme al Art. 227º al ejercer sus derechos “…los Estados no discriminarán (…) contra los buques de ningún otro Estado”;

Que por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, suscripto en la Argentina y la República Oriental del Uruguay y aprobado por la Ley 20.645 sancionada el 31 de enero de 1974, ambos países se decidieron a “sentar las bases de una más amplia cooperación entre los dos Países y estrechar los arraigados vínculos de tradicional amistad y hondo afecto que unen a sus Pueblos” y, en sus artículos 3º al 6º, 48º, 50º, 54º, 76º, 78º se establecen objetivos del Tratado relativos a la conservación y preservación de los recursos vivos y sobre la prevención del cuidado del medio marino, y los mecanismos de colaboración entre los países;

Que, el Poder Ejecutivo Nacional ha decidido hacer uso de la facultad de avocación, en virtud de la relevancia que reviste la materia de que se trata;

Que el presente Decreto se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 41º, el 99º, incisos 1 y 2 y, la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º. Todo buque o artefacto naval de cualquier bandera que se proponga transitar en la Zona Económica Exclusiva Argentina, la Zona Contigua, el Mar Territorial Argentino o por sobre la Plataforma Continental Argentina conforme lo establecido por la Ley 27.557 con destino o no a puertos ubicados en el Atlántico Sudoccidental en las partes correspondientes de la República Argentina en el Área FAO 41 (FAO IV-2001): 2.3. Sub-Área Platense; 3.1. Sub-Área Patagonia Norte y 3.2. Sub-Área Patagonia Sur y en el Área FAO 48 (FAO III-2001) 48.1. Sub-Área Península Antártica, 48.2. Sub-Área Islas Orcadas del Sur, 48.3. Sub-Área Islas Georgias del Sur, 48.4. Sub-Área Islas Sándwich del Sur y 48.5. Sub-Área Mar de Weddel deberá solicitar una autorización previa expedida por la Autoridad competente de la Argentina.

Artículo 2º. Todo buque o artefacto naval que se proponga transitar en el área indicada en el artículo 1º del presente deberá estar provisto de un Sistema de Seguimiento Satelital, traducido al idioma español, cuando corresponda, accesible al control de la República Argentina y activo en los últimos ciento ochenta (180) días anteriores a la solicitud de autorización referida en el artículo 1º del presente y mantenerse igualmente activo durante todo el tiempo que demande el tránsito.

Artículo 3º. Estarán exceptuados de solicitar autorización los buques que cuenten permisos de pesca, cuotas o autorizaciones de captura otorgados por las autoridades competentes de la República Argentina y aquellos de bandera uruguaya que, con motivo del Tratado del Río de la Plata, puedan operar en la denominada Zona Común de Pesca.

Artículo 4º. La Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; el Ministerio de Defensa; el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Transporte, dictarán en el término de sesenta (60) días la norma reglamentaria que resulte necesaria a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, quienes la mantendrán actualizada y suministrarán el apoyo material y humano necesario para el cumplimiento de los objetivos. Para tal efecto podrán recurrir al auxilio de expertos, Veteranos de Guerra y otros profesionales que puedan aportar a una mejor reglamentación.

Artículo 5º. Determínese que la Autoridad de Aplicación del presente Decreto será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la intervención necesaria de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto.

Artículo 6º. Instrúyase al Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto, para que por intermedio del Señor Presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y del Señor Embajador de la República Argentina en la República Oriental del Uruguay interese al gobierno de este país en el dictado de una norma similar destinada a su cumplimiento en la parte correspondiente a esa República del Área FAO 41, 2.3. Sub-Área Platense.

Artículo 7º. Los buques o artefactos navales que transgredan lo previsto en el artículo 1º se harán pasibles a las penalidades previstas en las leyes 24.922 y 25.470, las que serán aplicadas por la Autoridad de Aplicación indicada en el artículo 5º.

Artículo 8º. Derógase el Decreto 256/2010.

Artículo 9º. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Un Estado sin pesca, nada puede sobre la mar (Manual Belgrano).

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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Argentina

ESTADO DE SITUACIÓN DEL ATLÁNTICO SUR, EL RÍO DE LA PLATA Y LA HIDROVÍA. UN FUTURO MEJOR ES POSIBLE MIENTRAS HAYA INTELIGENCIA Y VOLUNTAD.

24 septiembre, 2020 SAEEG Deja un comentario

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Cesar Augusto Lerena*

Respecto a los espacios marítimos y fluviales la Argentina sufre un estado de indefensión aprendida y, los gobiernos, se comportan pasivamente con la sensación subjetiva de no tener ninguna capacidad ni actitud para pensar que existen oportunidades para cambiar esta situación aversiva. La ausencia de políticas respecto a estos espacios es llamativa y se expresa en la sociedad con dos signos patognomónicos: los argentinos vivimos de espaldas al mar y, en la dieta alimentaria, el consumo de pescado está en el orden de los 6 kg per cápita por año cuando el promedio mundial es de 20 kg. Consumimos menos pescado que los países más ricos y que los más pobres. El argentino medio está ajeno a las cuestiones relativas a sus mares y ríos, de otro modo, no podría tolerar pasivamente tener ocupados 1.639.000 Km²por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (R.U.) en la Zona Económica Exclusiva Argentina (Z.E.E.A).

Un territorio equivalente a toda la Patagonia, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Formosa, por cierto, un espacio mucho más amplio y rico que los 11.410 km²del Archipiélago de Malvinas.

La Argentina permanece congelada respecto a estos hechos desde la sanción de la Res. 2065/65 de la ONU y, con motivo de la “fórmula del Paraguas” del Acuerdo de Madrid. Es imprescindible una política activa, diferente a la llevada en estos últimos 55 años.

Esta situación de indefensión en el Atlántico Sudoccidental, el Río de la Plata y la Hidrovía Paraná-Paraguay se manifiesta con una pérdida de soberanía política, territorial, económica, social, alimentaria y ambiental. En especial se observa:

PBI del Atlántico Sudoccidental

La estimación del potencial económico del Mar Argentino, según los investigadores Baruj y Drucaroff, (CICTI) ajustados por el autor para el período 2016-2035 —en un escenario medio— sería de un potencial económico de: US$ 669.598 millones de dólares; puestos de trabajo directo prospectado: 568.751 empleos; generación de divisas: US$ 3.964.091 millones, como resultado de las siguientes actividades: petróleo y gas; energía oceánica; pesca marítima; maricultura; turismo e industria naval (no se ponderó minerales, microalgas y algas y no se incluyó el efecto multiplicador que estas actividades tendrían sobre el resto de la economía). En la actualidad las actividades argentinas están reducidas a la pesca y navales.

Ocupación y explotación del Atlántico Sur

De un total de 3.146.345 de km²de territorio marítimo argentino (el Mar Territorial y la Z.E.E.A.) el R.U. tiene ocupado 1.639.000 km², es decir el 28% de todo el territorio nacional y el 52% del territorio marítimo. A ello se agrega la disputa de 1.430.367 km² de la Plataforma Continental presentada por Argentina en la Comisión de Límites de la ONU (de los 1.782.000 km²presentados solo se recomendaron 351.633 km²ya que el resto está en disputa con el R.U.). Amén de ello, los 965.597 km²y sus aguas circundantes de la Antártida Argentina que también el R.U. reivindica como propia.

Por la explotación de los recursos pesqueros con licencias británicas el R.U. extrae 250.000 toneladas de peces y calamar por un valor de 650 millones de dólares por año y, debido a la internacionalización del caladero, buques extranjeros con licencias británicas o sin ellas, extraen un millón de toneladas/año de un monto aproximado a los 2.600 millones de dólares. Podrían ponderarse los efectos negativos, económicos, laborales y sociales, que estas extracciones sobre las especies migratorias argentinas le ocasionaron al país en los últimos 40 años (U$S 104 mil millones); pero es imponderable el daño biológico al ecosistema ocasionado y, por lo tanto, a la propia sostenibilidad de las especies en la Z.E.E. y su explotación por buques nacionales.

La presencia de entre 350 y 500 buques extranjeros que capturan en forma subsidiada (sin impuestos); ingresan sin aranceles sus productos a los países de donde provienen los buques; se reaprovisionan combustible y hacen transbordo en alta mar; sus operarios realizan trabajo esclavo; realizan una pesca no registrada ni declarada, etc. constituyen una expoliación de los recursos migratorios argentinos y una competencia desleal en el mercado internacional con las mismas materias primas que extraen y exportan las empresas argentinas con altos impuestos internos.

En los últimos 40 años la Argentina aprehendió 80 buques —dos por año— lo cual nos indica, que el incremento de multas en la Z.E.E. no modificará la pesca ilegal (hay muchas razones de uso práctico para justificar esta afirmación) y sigue sin resolverse la captura en la Alta Mar de las especies migratorias argentina originadas en la Z.E.E.A. y las capturadas en el área de Malvinas.

Por su parte, el Acuerdo de Nueva York y las consecuentes creaciones de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP), de ratificarse en el Congreso, pondría en manos de los Estados de Bandera la administración del Atlántico Sur y, muy especialmente, la profundización de la intervención del R.U. (quién pretende considerarse un Estado ribereño) en la administración de los recursos, violando lo previsto de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Se agrega a ello las exploraciones petroleras británicas dentro del área de Malvinas y en los 100 mil km²en el área austral entre el continente y Malvinas, licitados durante 2019 para la explotación petrolera, donde se adjudicaron áreas a varias empresas británicas o con intereses en Malvinas contrariando lo prescripto en la Ley 26.569 (Solanas) que lo prohíbe; pero que junto al área de Malvinas, el área de Reserva de Georgias del Sur y Sándwich del Sur, constituyen un bloque estratégico relacionado a la Antártida y el Estrecho de Magallanes.

El desarrollo de las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur

Por efecto de los Acuerdos de Madrid y del Pacto de Foradori-Duncan, la Argentina autorizó vuelos a Santiago de Chile y luego a San Pablo, que facilitarán el comercio de las materias primas de Malvinas con el mundo. Más aún, si se produjese el Brexit sin libre comercio entre el R.U. y la U.E. donde esas mercaderías deberían pagar aranceles para su ingreso a la U.E.

El Reino Unido ha constituido de hecho una asociación estratégica con España, tanto es así, que empresas pesqueras españolas han formado joint ventures con británicas y si bien muchas de estas empresas hoy utilizan bandera británica o de Malvinas para establecer el origen de las capturas, conforme el post Brexit podrían cambiar sus banderas por españolas evitando el pago de los referidos aranceles para facilitar el comercio de las exportaciones de Malvinas que tienen como primer destino a la Unión Europea y, en especial España.

La construcción de un puerto en las Georgias del Sur y el próximo inicio de otro en Malvinas hace presumir que el archipiélago se constituiría en el epicentro de apoyo a los buques que operan en el Atlántico Sur, muy especialmente, en un área de gran concentración de especies migratorias de valor, originadas en la Z.E.E.A.

Estrecho de Magallanes, Canal de Beagle y Chile

Estos espacios marítimos son centrales en la relación bioceánica respecto a Chile, en especial, por el aumento de grandes portacontenedores y su tránsito a través del Estrecho de Magallanes, a partir de las limitaciones del canal de Panamá para el paso al pacífico de estos grandes buques y, también, de buques pesqueros (especialmente chinos) que pescan en forma ilegal tanto en el Pacífico como el Atlántico Sur.

Chile es un aliado estratégico del R.U. (de hecho es el único país de habla hispana que llama Falklands a las Malvinas) y desde la firma en 1984 del Tratado de Paz y Amistad, la Argentina no ha buscado una fórmula de integración que revierta la relación entre ambos países —con el objeto de mejorar nuestra posición en el área y en particular en la Antártida— y, por el contrario, con la sanción de la Ley 27.757 “de espacios marítimos” (ratificación de los límites de la Plataforma Continental), se generó una nueva tensión, por cuanto se habría superpuesto con Chile una pequeñísima porción de la plataforma continental que ambos países reivindican.

El Puerto de Montevideo, el Río de la Plata, la Zona Común de Pesca y el Uruguay

A pesar de las Declaraciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños sobre los derechos de Malvinas (2011 y otras) Uruguay ha facilitado sus puertos para que buques pesqueros que capturan en forma ilegal en el Atlántico Sur —con o sin licencia británica— efectúen su logística (cambio de tripulación, armado de los buques, recarga de combustibles, transbordos, etc.). Ello, no solo debilita la posición de Argentina respecto a Malvinas, sino que constituye una grave competencia comercial con los buques pesqueros argentinos.

Los sucesivos gobiernos uruguayos han procurado acordar —y aún lo hacen— con empresas chinas la instalación de un puerto en ese país, con un régimen de puerto franco y condiciones muy favorables para la operatividad de los buques pesqueros chinos que operan ilegalmente en el Atlántico Sur. Si esto ocurre, la perspectiva de que la Argentina pueda administrar el recurso en esta área se habrá de tornar impredecible, aumentando la tensión en la región, la depredación y, la quiebra del sector pesquero argentino. China no solo tiene unos 16.000 buques pesqueros, sino que es esta población de buques, la que tiene mayor presencia en el Atlántico Sur y el Pacífico y es el primer productor de pescados en el mundo. Además, que tanto Argentina como Uruguay tienen fuerte dependencia comercial con ese país, lo que dificulta razonables acuerdos comerciales y su posterior denuncia. Pero ello, no es todo lo grave. Con motivo del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, Uruguay podría otorgar permisos de pesca a buques chinos y de otras nacionalidades frente a las costas de la Provincia Buenos Aires hasta la altura —aproximadamente— de Mar del Plata (La Zona Común de Pesca). La Argentina ya tiene una amplia experiencia de la depredación que causaron tanto los buques de la URSS como los españoles, con motivo de los Acuerdos Pesqueros con la URSS, Bulgaria y la Unión Europea, debido a la incapacidad argentina de controlar las capturas extranjeras.

Una nueva situación de tensión se vive en la actualidad entre ambos países a raíz del tratamiento en el Congreso Nacional de un proyecto de construcción del Canal de Magdalena, destinado a evitar que los buques que transitan desde o hacia Argentina deban utilizar el Canal de Punta Indio y por consiguiente depender de Uruguay para el transporte marítimo de mercaderías como ocurre en la actualidad.

La dependencia argentina en materia de transporte fluvial y oceánico de mercaderías en manos de empresas extranjeras.

La Argentina tiene una dependencia en el transporte marítimo y fluvial que la deja a merced de las empresas navieras extranjeras, a la par de las pérdidas en materia de fletes y la imposibilidad de establecer políticas de transporte que hagan a la soberanía y al desarrollo nacional y regional.

Falta y deterioro de puertos, calado insuficiente

Al monopolio de las empresas navieras extranjeras se agregan las dificultades operativas de los buques nacionales que ocasionan la falta o el deterioro de los puertos y su calado insuficiente, lo que constituye una debilidad manifiesta del país.

La administración de la hidrovía Paraguay-Paraná

Los gobiernos y las empresas que administraron la hidrovía arrojan como resultado negativo la extranjerización del transporte de mercaderías ya que banderas extranjeras se traslada el 60% del comercio internacional del país. La bandera argentina es casi inexistente en esta vía y esto se debe a la política tributaria argentina; retenciones a la exportación; aportes laborales; impuestos a la construcción de embarcaciones, etc. Cuestión, que si no se revierte resultará muy difícil modificar.

Tal vez el efecto más negativo y, no tan visible, es que la hidrovía no ha servido lo suficiente para dinamizar las economías regionales argentinas de las provincias del litoral, abaratando fletes tanto de aquellos productos destinados al mercado interno como el comercio internacional.

La reciente constitución de la Administradora Federal Hidrovía S.E. con intervención de las Provincias y el Estado Nacional pondrá a prueba si el Estado puede administrar en forma eficiente este canal central, promover las actividades regionales; el manejo cristalino de las mercaderías y el control del narcotráfico y, también resolverse las cuestiones de dragado que están bajo control de empresas extranjeras.

Las Fuerzas Armadas y seguridad de control en el mar

Con 3.146.345 km² de Z.E.E.A. a lo que deben agregarse las aguas de la Antártida Argentina, el pasaje de Drake, el Estrecho de Magallanes, etc. la Argentina no tiene medios aéreos y navales suficientes (se estima que deberían quintuplicarse) para realizar el control de los buques de diverso tipo.

La actividad pesquera. Extranjerización y monoexplotación

La pesca hace 50 años era una actividad netamente nacional. Hoy siete de las diez primeras exportadoras son extranjeras (chinas, españolas, americanas, noruegas, etc.). El problema, no es que se traten de capitales extranjeros, sino, que el modelo que impera es “extractivo”, las exportaciones son de bajo valor agregado y la Argentina regala el empleo a los países importadores (desarrollados) y a los transformadores, que agregan valor y reexportan los productos. El 60% de las exportaciones son langostinos, una especie anual de disponibilidad impredecible, cuya carencia provocaría una crisis laboral sin precedentes en la Patagonia. La política la fijan los países importadores y la conclusión podría sintetizarse: se exporta en dólares el 50% menos de los valores posibles.

Ambiente sostenible y depredación

Como consecuencia de las capturas ilegales de los recursos migratorios argentinos en Malvinas y en Alta Mar y, la exploración de hidrocarburos, tanto en Malvinas como en el área austral del Atlántico Sur (sin estudios de impacto ambiental) no están garantizados el ambiente marino y sus recursos pesqueros. El descarte y la depredación dejan sin una ración de proteína diaria a 3 millones de niños y/o adolescentes.

El desarrollo poblacional, industrial y estratégico de la Patagonia

Si bien, los pobladores de la Patagonia tienen un PBI per cápita de US$ 24.000, está muy por debajo de los US$ 100.000 per cápita de los habitantes de Malvinas. La Patagonia es el territorio más despoblado de Argentina con un 6% del total y con una densidad poblacional de 3 hab/km². El 90,1% de la población está radicada en los grandes centros urbanos y más de 1,7 millones de hectáreas están ocupadas por extranjeros. Resultaría importante vincular el continente con Tierra del Fuego para que las cargas no deban pasar por Chile, pero bien podrían transportarse las mercaderías por vía marítima para reducir los costos de fletes, la polución ambiental y el mantenimiento de las rutas; para ello, debería ser muy importante la construcción de un puerto en Río Gallegos (Santa Cruz), otro en Río Grande y uno nuevo en Ushuaia. Tierra del Fuego, la provincia que se integra con Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, la Antártida y las aguas circundantes, no tiene suficiente apoyo teniendo en cuenta la centralidad que tiene respecto a territorios marítimos e insulares en disputa con el R.U. y la necesaria logística con la Antártida. Por cierto, ello no alcanza para ser autónomos porque las navieras son extranjeras.

La vocación de independencia de los habitantes de Malvinas

El R.U. ha demostrado desde hace casi 200 años (1833) que no tiene vocación de devolver a la Argentina el archipiélago de Malvinas. Esto quedó ratificado con el desconocimiento de la Res. 2065/65 y de la ONU. Una hipótesis que no hay que descartar, es la pretensión de independizarse del R.U. e integrarse como un Estado independiente como parte de la British Commonwealth of Nations (ya me he referido al respecto en un artículo anterior). Más allá de los apoyos que pudiese tener Argentina habría que evaluar qué tan eficaces serían. Todo lo que se haga para resolver los puntos precedentes dificultará que la referida hipótesis se pueda convertir en ley.

Hay herramientas suficientes para revertir esta situación. Se requiere aplicar una estrategia consensuada —en forma coordinada y sostenida— de todos los organismos que en forma directa o indirecta confluyan para revertir una situación que atenta contra interés supremo de la Nación y de todos los argentinos. Nada de lo mismo, que ha sido infructuoso durante 55 años.

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ANÁLISIS INTERNACIONAL, ASEAN

LA ASEAN BAJO LA PRESIDENCIA DE VIETNAM Y LA RELEVANCIA DEL TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACIÓN

21 septiembre, 2020 SAEEG Deja un comentario

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Ruvislei González Saez*

Introducción

El Sudeste Asiático puede catalogarse como una de las regiones más diversas tanto política como culturalmente. En esta área avanza en medio de la diversidad, el mecanismo de integración Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Está integrada por países cuyos gobiernos varían desde sistemas de monarquías absolutas como es el caso de Brunei, pasando por monarquías parlamentarias como Malasia, Tailandia y Cambodia, repúblicas parlamentarias como Filipinas, Myanmar y Singapur, presidencialista como Indonesia y socialistas como Laos y Vietnam. Además, existe una heterogeneidad lingüística, religiosa y en sentido general cultural, que puede manifestarse incluso dentro de un solo país.

Desde su fundación en 1967, la ASEAN ha venido consolidándose como un actor regional, logrando aplicar instrumentos relevantes para la resolución de sus problemas internos. A su vez, ha puesto en primer lugar los intereses como comunidad y ha sabido posicionarse como uno de los esquemas de integración más exitosos del mundo y el mecanismo en torno al cual gira la integración en Asia, mediante las plataformas ASEAN+ y la Cumbre de Asia Oriental.

Como actor unificado, la ASEAN posee la tercera posición en número de habitantes en Asia (después de China e India) con 630 millones de personas. De estos, la mitad se encuentra por debajo de los 30 años. Pretende convertirse para 2025 en la cuarta economía mundial y actualmente constituye la quinta (ver gráfico 1). Desde 2015, luego de haber concretado una zona de libre comercio, se propuso establecer como mercado común la Comunidad ASEAN con sus tres niveles de integración, Político-de Seguridad, Económico y Sociocultural (Congressional Reasearch Service, 2019).

Gráfico 1: 10 mayores economías del mundo en billones de dólares.

Fuente: ASEAN, 2019: 29

Si bien los inicios de la ASEAN fueron turbulentos debido a la alta conflictividad de la subregión. Aún persisten una serie de conflictos internos latentes, independientemente que es una zona de competencia estratégica y económica entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y China. La más compleja de las preocupaciones reside en la no resolución de uno de los conflictos de la zona, el del mar del Sur de China.

Teniendo en cuenta el entorno complicado, especialmente en el que estaba desenvolviéndose la zona en 1971[1] (aún no había concluido la guerra de Vietnam que involucró a toda la península indochina) se firmó la declaración de Kuala Lumpur (Malasia), que consideró la organización como Zona de Paz, Libertad y Neutralidad, independiente de fuerzas extranjeras y con una mayor cooperación a nivel interno. Fueron los Acuerdos de Bali de 1976, sin embargo, los que marcaron un cambio en la ASEAN. Finalizada la guerra de Vietnam, estos acuerdos significaron un paso decisivo en el camino a una mayor integración con la firma del Tratado de Amistad y Cooperación (TAC), la Declaración del Acuerdo de ASEAN y la creación de su Secretariado.

En la IX Cumbre de la ASEAN en 2003, los líderes emprendieron un camino hacia la creación de una Comunidad como un paso mayor de integración. En la XII Cumbre de la ASEAN en enero de 2007, los líderes reafirmaron el fuerte compromiso para acelerar dicha comunidad y se firmó la Declaración de Cebú sobre la aceleración de la creación de la Comunidad de la ASEAN para el año 2015.

La Comunidad de la ASEAN establecida en diciembre de 2015 se compone de tres pilares, a saber, la Comunidad Política-Seguridad, la Económica y la Sociocultural. Cada pilar ha desarrollado su propio plan y, junto con la Iniciativa para la Integración de la ASEAN (IAI) el Marco Estratégico y Plan de Trabajo del IAI Fase II (2009-2015), que formaron el Plan de trabajo para la ASEAN y la Comunidad 2009-2015 y posteriormente en el Plan Conectividad de la ASEAN 2025, el cual es la prioridad actual.

Uno de los procesos más importantes fue el establecimiento de la Carta de la ASEAN, la cual, sirve como una base firme en la consecución de la Comunidad ASEAN, proporcionando estatuto jurídico y el marco institucional al bloque. Asimismo, codifica las normas de la ASEAN y valores, establece metas claras para el mecanismo, así como presenta la rendición de cuentas y su cumplimiento. La Carta de la ASEAN entró en vigor el 15 de diciembre de 2008 y a partir de ahí comenzó a operar bajo un nuevo marco jurídico y establecer una serie de nuevos órganos para impulsar su proceso de construcción de la comunidad. En efecto, la Carta de la ASEAN se ha convertido en un acuerdo legalmente vinculante entre los 10 Estados miembros de la ASEAN (Corona & González, 2010).

En el actual 2020, existen varias preocupaciones de los Estados miembros derivadas de las afectaciones del avance de la pandemia de la Covid-19 en el Sudeste Asiático. Inquietudes que ya existían, pero que se han profundizado, como son: inestabilidad política doméstica (70,5%), empeoramiento de la situación económica (68,5%), cambio climático (66,8%), incremento de las tensiones militares (49,6%) y el terrorismo (44,6%). Particularmente con respecto a la ASEAN, persiste la preocupación de que los beneficios tangibles del bloque no sean percibidos por el pueblo (74,9%), que la ASEAN se convierta en arena de competencia de los mayores poderes (73,2%), que el mecanismo sea incapaz de resistir con desarrollos económicos y políticos inestables (68,6%), que se transforme en un proyecto cada vez más desunido (46,5%) y que sea elitista y desconectado del pueblo (36,8%) (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2020: 5).

El Tratado de Amistad y Cooperación (TAC)

La aprobación del TAC en el año 1976 fue hecha por los entonces integrantes iniciales de la ASEAN, Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Singapur y quedó abierto para otros países del Sudeste Asiático con la ratificación de los cinco miembros originales. Posteriormente se le realizaron tres enmiendas, una en 1987, otra en 1998 y una última en el 2010 bajo la presidencia pro tempore de Vietnam.

Primera Enmienda de 1987: abrió paso para que Estados fuera del Sudeste Asiático se incorporaran al TAC con la aprobación de los fundadores de la ASEAN más Brunei.
Segunda Enmienda de 1998: permitió que Estados fuera del Sudeste Asiático se integraran al TAC con la aprobación de los 10 países del Sudeste Asiático (no contempla a Timor Leste).
Tercera Enmienda de 2010: permitió no solo el ingreso de países al TAC, sino también organizaciones regionales con la aprobación de los 10 miembros de la ASEAN.

Entre los elementos más importantes que contempla el TAC se encuentran el aumento de la paz, la amistad y la cooperación mutua sobre temas que afecten al Sudeste Asiático consistente en el espíritu y principio de la Carta de las Naciones Unidas (ONU), los diez principios adoptados por la Conferencia de Bandung en abril de 1955, la Declaración de la ASEAN de 1967 y la Declaración de Kuala Lumpur de 1971. El propósito del tratado es promover la paz perpetua, amistad eterna y la cooperación entre sus pueblos que contribuya a su solidez, solidaridad y relación cerrada.

Otro de los elementos a tener en cuenta para el ingreso al TAC, es la no interferencia en los asuntos internos de la otra parte, resolver las diferencias o disputas mediantes resoluciones pacíficas; una de las razones por la que en el actual contexto se esté negociando el Código de Conducta (COC) entre las partes que involucra a algunos Estados del Sudeste Asiático y China y que se negocia como bloque entre la ASEAN y Beijing. Mediante la incorporación al TAC las partes deben promover una activa cooperación en beneficio de estas en los sectores económico, social, técnico, científico y administrativo, así como en materia de ideales comunes y aspiraciones de estabilidad y paz internacional en la región. No es casual la incorporación de un grupo importante de actores al TAC, algunos de los cuales se convirtieron con el tiempo en socios de diálogo como China, India, Japón, República de Corea, Australia y Nueva Zelanda.

Particularmente la motivación de Estados Unidos en el TAC se dio con la administración de Barack Obama con el propósito de enviar señales de una mayor presencia de Washington en el Sudeste Asiático. El principal problema en el 2009 para su incorporación era el de Myanmar, de ahí que hubo un viraje en el que el gobierno de Obama fue el primero[2] en reconocer el nombre oficial del país y no como lo había nombrado históricamente, como Birmania. A la vez que comenzó a eliminar las sanciones económicas en la misma medida que también hubo cambios en dicha nación asiática. Igual sucedió con la Unión Europea que se incorporó en el 2012. Teniendo en cuenta que los artículos del TAC dejaron establecido claramente el respeto mutuo por la independencia, soberanía, igualdad, integridad territorial e identidad nacional de todas las naciones. A su vez, se reconoce en el tratado el derecho de cada Estado a conducir su existencia nacional libre de interferencia extranjera, subversión o coerción.

La ASEAN es un mecanismo que logra sentar a las principales potencias en una misma mesa, mediante la cumbre de Asia Oriental y discutir temas de resolución de conflictos de gran relevancia regional y global. En ese sentido, la incorporación de muchos de los países involucrados en estos al TAC permite modelar la situación en un ambiente de paz. Es ahí donde se discuten temas como el conflicto del Mar del Sur de China y el de la península coreana por poner solo dos ejemplos, aun cuando ninguno de los dos tenga una solución definitiva al corto plazo.

El TAC y la ASEAN como bloque, ofrecen lecciones importantes a América Latina y el Caribe. La región latinoamericana y caribeña es mucho más homogénea en su diversidad que el Sudeste Asiático. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) estaba surgiendo como el germen de una integración relevante de esta parte del mundo. La declaración de La Habana de 2014 como zona de paz sin armas nucleares, se corresponde con los principios del TAC. Sin embargo, hay dos elementos relevantes en esta área que lo impiden: el primero, es el no respeto a la diversidad de tipos de gobierno (izquierda o derecha) y enrumbarse en un proyecto regional común pese a las diferencias y el segundo es la constante intromisión en los asuntos internos no solo de la región, sino también de potencias globales, especialmente Estados Unidos.

Aun así, es interesante la inserción de un grupo de países latinoamericanos al TAC como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Cuba (ver figura 1). Seis países muy heterogéneos dispuestos a respetar los principios del TAC en el Sudeste Asiático y sin embargo, algunos de ellos no son capaces de cumplirlo en su propia región. Es una contradicción no antagónica que puede resolverse a partir de la voluntad política de sus gobiernos y la autonomía de sus políticas exteriores. El ingreso de las dos últimas naciones se da en el contexto de la presidencia pro-tempore nuevamente de Vietnam en el 2020. Dos Estados latinoamericanos y caribeños con excelentes relaciones con Hanoi y los demás Estados del Sudeste Asiático. De aprovecharse conjuntamente se pueden dar nuevos pasos en el mejoramiento de los lazos, más allá de ideología y proyectarse entonces en proyectos de cooperación conjuntos, especialmente en el actual contexto de Covid-19.

Figura 1: Países miembros del TAC por regiones

Fuente: ASEAN, 2020

La presidencia de Vietnam en la ASEAN en 2020

La adhesión de Vietnam a la ASEAN hace exactamente 25 años, ha sido estratégica no solo para la nación indochina, sino también para la integración total del Sudeste Asiático. Aun cuando es percibido como un pequeño Estado, con un nivel de desarrollo menos avanzado que los miembros fundadores, no puede obviarse el rápido proceso de crecimiento y desarrollo, considerada entre las 15 economías más dinámicas del mundo y en medio de la Covid-19 una de las pocas que cerrará con crecimiento en el PIB a finales de 2020. A la vez, ha despuntado con una activa política exterior sobre los principios de ser amigo de todo el mundo.

La integración vietnamita al bloque del Sudeste Asiático, impulsó el ingreso de Laos, Myanmar y Cambodia. Su primera presidencia pro tempore en el bloque, tan solo con poco más de dos años de experiencia en el año 1998, resultó un gran desafío luego de la crisis del Sudeste Asiático de 1997. Vietnam en el marco de la Sexta Cumbre de la ASEAN, presentó el Programa de Acción de Hanoi para enfrentar la crisis económica y financiera.

Doce años después le correspondió en 2010 ser por segunda vez, presidente rotatorio del proceso integracionista. En ese año, fue sede de las XVI y XVII cumbres de la ASEAN en abril y octubre respectivamente. En esta última, se declaró el propósito de agilizar el establecimiento de una Comunidad regional en 2015 y la materialización de la Carta del bloque aprobada en 2008. A su vez, en 2010 se dieron pasos concretos en los programas cooperativos claves como la Ventanilla Única en la aduana y la facilitación comercial y algo más importante, la presentación del Plan Maestro de Conectividad ASEAN, que hoy se trabaja en ello con la visión 2025.

En el actual 2020, Vietnam ostenta la presidencia pro-tempore de la ASEAN por tercera vez. Sin embargo, le ha tocado nuevamente a Hanoi enfrentarse a un gran desafío y de impulsar al resto de los miembros. Si en 1998, le correspondió medidas para enfrentar la crisis del 97, en 2010, avanzar con propuestas luego de la crisis 2008-2009, esta vez, es mucho más seria, es la crisis económica y sanitaria derivada de la Covid-19. En el primer semestre del año, la nación asiática demostró su fortaleza al organizar inmediatamente acciones de respuestas, en la que la ASEAN actuó como uno de los primeros mecanismos frente al coronavirus, incluso, mucho antes que la Unión Europea (UE) ante el agravamiento de la situación en Italia.

Tradicionalmente las primeras reuniones de alto nivel del año del bloque comunitario se hacen entre los meses de abril y mayo, pero dada la compleja situación actual debió retrasarse para el 26 de junio. La celebración de la XXXVI Cumbre de la ASEAN rompió con la tradición e inauguró una nueva era. Es la primera vez que se realiza un encuentro de este tipo de manera virtual. A la cita asistieron los presidentes de Indonesia y Filipinas, el Sultán de Brunei, la Consejera de Estado de Myanmar, los primeros ministros de Cambodia, Laos, Malasia, Tailandia, Singapur y de Vietnam (este último como anfitrión), así como el secretario general de la ASEAN.

La XXXVI cumbre de la ASEAN reflejó la receptividad del bloque ante los cambios en la forma de trabajar en el momento actual, no solo por el desafío sin precedentes del coronavirus, sino también por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Este momento, impulsa los procesos vinculados a la Cuarta Revolución Industrial, entre ellos el de los gobiernos digitales y la inteligencia artificial. Ello coincide con la estrategia del Plan Conectividad ASEAN para 2025.

Bajo la conducción de Vietnam, se estableció el Grupo de Trabajo del Consejo Coordinador ASEAN sobre Emergencias de Salud Pública y se convocó a una cumbre especial del bloque y también del mecanismo de ASEAN+3, junto a China, Japón y la República de Corea sobre Covid-19 en abril de 2020 mediante videoconferencia. El bloque ha venido trabajando intensamente a partir de los compromisos generados en las diversas reuniones efectuadas desde enero que ha involucrado a los ministros de Exteriores, Defensa, Economía, Salud, Turismo, Trabajo. Debe resaltarse que ante esta situación la cooperación ha ido más allá del Sudeste Asiático y ha involucrado a los socios de diálogo miembros de ASEAN+3.

Específicamente, la XXXVI cumbre de la ASEAN se centró en discutir el:

Plan General de Recuperación Post-pandémico de la ASEAN,
Creación del Fondo Regional en respuesta a la Covid-19,
La construcción del almacén de insumos médicos de la ASEAN,
Establecimiento de un esquema estándar contra epidemias en situaciones de emergencia de salud.

Aun cuando el centro de la atención ha sido el combate a la pandemia, la ASEAN no ha dejado de avanzar en sus estrategias. Promovió el interés por concluir en el presente año la Asociación Económica Regional Integral (RCEP en inglés), el cual se convertiría en la zona de libre comercio más grande del planeta hasta el momento con la participación de los 10 miembros del bloque, China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda[3]. A su vez, analizó temas vinculados a las relaciones entre los Estados de la región según el TAC y la Declaración de Conducta de las Partes en relación al conflicto del Mar del Sur de China.

Los líderes de la ASEAN aprobaron la Declaración de la Visión de la ASEAN cohesiva y adaptativa, la Declaración sobre el desarrollo de recursos humanos en un mundo cambiante y la Declaración del Presiente sobre los resultados de la XXXVI Cumbre de la ASEAN. En la declaración final se hizo referencia a las reuniones virtuales de ASEAN con los socios de diálogo China, Australia, UE, Rusia y Estados Unidos.

Los países miembros del mecanismo regional, persistieron en la necesidad de mantener y promover la paz, la seguridad y la estabilidad regional en la resolución de los conflictos. Tales pronunciamientos se refieren a la necesidad de no incrementar las tensiones en el conflicto del Mar del Sur de China y a evitar acciones unilaterales las cuales han persistido en el presente año.

La ASEAN en el contexto actual, ha insistido en el avance de varios mecanismos, especialmente la Iniciativa de Integración ASEAN (IIA) y su Plan de Trabajo III, así como la Iniciativa de Chiang Mai Multilateralizada (ICMM) con el propósito de fortalecer las capacidades del manejo de las crisis financieras, el desarrollo de un mercado de bonos regional, ponerse de acuerdo en los tipos de cambio, así como avanzar a una integración financiera, hasta ahora no monetaria.

En este período se desarrolló la X Reunión sobre RCEP, presidido por el ministro de Industria y Comercio de Vietnam. Los miembros integrados por los 10 Estados de la ASEAN, más Australia, China, Japón, Nueva Zelanda y República de Corea, luego del retiro de la India el pasado año, crearán la mayor zona de libre comercio de mundo, con compromisos de apertura de mercados en los campos de bienes, servicios e inversión, simplificando trámites aduaneros y reglas de origen. El avance de este proyecto demuestra que mientras algunas potencias occidentales recurren al proteccionismo y ciertos analistas plantean que el mundo va hacia la desglobalización, lo cierto es que la región asiática persiste en la idea de la apertura, la interconexión y la promoción de la integración de las economías, especialmente en los momentos actuales hacia una economía digital.

De concretarse este año 2020, RCEP contribuirá al establecimiento de una nueva estructura comercial, independientemente que debía haberse concluido en 2016. Los miembros persisten en la voluntad de integrar nuevamente a la India, la que ha estado preocupada por la apertura de su economía y las afectaciones de varios sectores, especialmente el de agricultura y propiedad intelectual. De lograrse firmar RCEP en la XXXVII Cumbre de la ASEAN, será un gran éxito para Vietnam, para el bloque del Sudeste Asiático, pero también para China.

Varios países de la ASEAN han comenzado a trabajar en los detalles de un plan para abrir un pasaje que permita un viaje seguro durante la pandemia. Los planes propuestos incluyeron acuerdos de vía rápida de Singapur con China, Malasia con Singapur y Brunei, Indonesia con China. Sin embargo, el primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, presidente rotatorio de la ASEAN ha sido cauteloso, al advertir que la pandemia podría causar una calamidad económica, ya que ha arrasado con años de ganancias económicas de la región. El hecho de que sea el Sudeste Asiático una región con mejores condiciones económicas para enfrentar la situación, sin dudas, el impacto está siendo y a su vez será muy severo. Todavía existen países con altos números de contagiados, a la vez que el riesgo de rebrote persiste como ya sucedió en varias naciones asiáticas

La respuesta a la Covid-19 en el Sudeste Asiático no ha sido uniforme, es decir, no todos han tenido el mismo nivel de éxito. Países como Vietnam, Brunei, Laos y Cambodia, han presentado mejor respuesta, mientras Indonesia tiene el mayor número acumulado de casos confirmados y se continúan detectando nuevos enfermos, al igual que Singapur, Filipinas, Malasia y Tailandia.

A pesar de que no se ha logrado eliminar la pandemia, ni a nivel regional ni global, Vietnam ya trabaja para celebrar la XXXVII Cumbre de la ASEAN en los últimos meses del año. Lo más probable, de no mejorar la situación se realice también de manera virtual. El activismo internacional vietnamita, reflejado en los últimos años y especialmente en este 2020, en el que también se desempeña como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, le confiere mayor confianza como interlocutor regional. La nación indochina ha logrado establecer altos niveles de relacionamiento al desarrollar Asociación Estratégica Integral con China, Rusia e India, Asociaciones Estratégicas con Japón, República de Corea, países del Sudeste Asiático, Australia, países europeos e incluso ha desarrollado una Asociación Integral con Estados Unidos.

Vietnam ha promovido en el marco de la ASEAN el desarrollo de un tratado en el Sudeste Asiático sin armas nucleares, la ampliación de la Cumbre de Asia Oriental. Su política exterior constituye un referente en el Sudeste Asiático, pese a no estar entre las economías más avanzadas económicamente del bloque. Su política de los tres no, propicia una mayor confiabilidad, al mostrar que Vietnam no se unirá a ninguna alianza militar, no se asociará con una de las partes para oponerse a otra y no permitirá que ningún país extranjero establezca una base militar en el país.

Particularmente en la confrontación sino-estadounidense cuando existen socios relevantes de Estados Unidos en la región como Filipinas, Tailandia, Singapur, etc, y pretende utilizar a Hanoi como socio, esta nación logra mantener el equilibrio entre Washington y Beijing. Sin embargo, es importante precisar que es falso cuando muchos plantean que Hanoi incrementa su alianza con Washington para contener a Beijing con el contencioso del mar del Sur de China. Es un tema delicado que puede malinterpretarse, a partir de fuertes campañas mediáticas que dan a entender ello desde los medios occidentales.

El 2020 es un año de profundos desafíos, pero bajo la conducción de Vietnam en la ASEAN puede preverse un período exitoso, pese a las complejidades que ha enmarcado la Covid-19. Por otro lado, Vietnam como presidente rotatorio ha impulsado el diálogo con los socios de la ASEAN para fomentar la cooperación especialmente con Australia, China, India, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Rusia, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas.

No debe obviarse el ejemplo de Vietnam en el combate a la Covid-19. Su diplomacia cooperativa en tiempos de coronavirus, independientemente de sus responsabilidades como presidente de la ASEAN en 2020, le confieren un ascenso como actor regional, al ser uno de los Estados asiáticos, junto a China, Corea del Sur, entre otros, en realizar donaciones a Europa, Estados Unidos, y un grupo de países en el mundo afectados por la pandemia.

Conclusiones

La ASEAN ha sabido crecer en los últimos años y se transforma en un mecanismo estratégico para el diálogo y la creación de proyectos regionales. El bloque ha devenido en plataforma de discusión para el logro no solo de la estabilidad regional, sino también global. A su vez, es terreno de confrontación estratégica de las principales potencias globales. En términos económicos y financieros, se profundiza como un mercado relevante y estable, así como en un puente para entrar a otros mercados asiáticos. La Covid-19 profundizó la cooperación entre sus miembros y demostró la efectividad de la integración en momentos de crisis, ofreciendo lecciones a otros proyectos en el mundo.

El TAC, ha devenido como un tratado de gran importancia que ha contribuido a reducir las diferencias históricas entre sus miembros y avanzar en el diálogo y el entendimiento. A la vez, demuestra que es posible resolver los conflictos mediante las negociaciones. Sin embargo, no ha sido capaz de impedir acciones unilaterales de algunos de sus firmantes que afectan la estabilidad regional. El mayor interés de países extrarregionales por la incorporación al TAC demuestra su importancia, así como también a otras regiones, particularmente América Latina y el Caribe, que puede existir paz, negociación y cooperación en subregiones y regiones muy heterogéneas política y culturalmente.

Los desafíos actuales de la crisis profundizada por el coronavirus han permitido mostrar las capacidades de Vietnam en la conducción de un bloque regional como la ASEAN, su activismo diplomático y sus resistencia económica, aun cuando el impacto afecte años de esfuerzo nacional. Su conducción en los diferentes foros intra-ASEAN y su liderazgo en los diálogos con los socios externos ha devenido en un fortalecimiento de la imagen de Vietnam en Asia y fuera de la región. Si logra concretar en el actual año RCEP, algo que no se pudo hacer bajo la presidencia de Tailandia, significará un éxito rotundo de su presidencia, dejando un legado importante. No obstante, el mayor desafío aún está, en lograr concluir las negociaciones del COC. Puede definirse la implementación por parte de Vietnam bajo la presidencia pro tempore de la ASEAN de una diplomacia amistosa, integral y cooperativa de mutuo beneficio.

* Centro de Investigaciones de Política Internacional, Cuba. Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), Argentina.

Referencias

[1] En ese entonces Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar y Vietnam no era miembros de la ASEAN.

[2] Primer presidente estadounidense en reconocer oficialmente el nombre de Myanmar.

[3] India se retiró de las negociaciones el pasado año.

Referencias bibliográficas

ASEAN. ASEAN integration Report 2019. ISBN 978-602-5798-47-4. <https://www.asean.org>. [Consulta: septiembre, 2020].

ASEAN. Friendship and Cooperation Treaty of ASEAN, 2020. <https://www.asean.org>. [Consulta: septiembre, 2020].

Congressional Research Service. The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 2020. <https://crsreports.congress.gov>. [Consulta: septiembre, 2020].

Corona, Aguilar Efrén y González, Chávez Jorge. XVII CUMBRE DE LA ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). Centro de Documentación Información y Análisis de la Cámara de Diputados. SPE-CI-A-19-10, 2010. <https://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/iniciativas/index.htm>. [Consulta: julio, 2020].

ISEAS-Yusof Ishak Institute. The State of the Southeast Asia 2020 Survey Report, 2020. <https://www.iseas.edu.sg>. [Consulta: septiembre, 2020].

Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Ingresa Cuba al Tratado de Amistad y Cooperación de la ASEAN. <https://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/ingresa-cuba-al-tratado-de-amistad-y-cooperacion-de-la-asean-0>. [Consulta: septiembre, 2020].

Nuevo, Marta. ASEAN: Una visión, una identidad y una comunidad para el sudeste asiático, 2020. <https://elordenmundial.com/asean-sudeste-asiatico/>. [Consulta: septiembre, 2020].

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