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Argentina, Defensa

TÁCTICA, ESTRATEGIA, EQUIPAMIENTO y DEFENSA

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Marcos Kowalski*

Debemos recordar siempre que corresponde al Estado Nacional la planificación política al nivel de Estrategia Nacional Total, de la cual se deben desprender las planificaciones operativas de las estrategias particulares. Dentro de estas últimas encontramos la Estrategia de Defensa Nacional que incluye la Estrategia Militar que planificará el desarrollo de las fuerzas militares.

Decidir el dimensionamiento y capacidades de las fuerzas militares argentinas corresponde al gobierno de la Nación Argentina. Pero hay que tener en cuenta que ninguna fuerza militar se forma o consolida en un corto periodo de tiempo, sino que se necesitan décadas en desarrollar los procedimientos estratégicos adecuados para su empleo. Este es un tema relevante tanto para estudiosos de la defensa como para políticos.

El Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional son los que por imposición legal deberían establecer las condiciones económicas, jurídicas y políticas que fomenten inversiones a largo plazo que sirvan para el desarrollo de las capacidades industriales del país. Ese fomento a las industrias debería considerarse dentro de la Estrategia Total de la Nación. En Argentina esto se podría lograr, de no ser por la indiferencia, ignorancia o inoperancia, puesta de manifiesto por la casi totalidad del espectro político que viene gobernando desde los últimos por lo menos treinta años.

La ausencia de soluciones para los problemas reales de la población, mientras se promocionan utopías varias, desde un punto de vista ideologizado, como si fueran el verdadero interés del país, y, dejando de lado promover, legislar y ejecutar políticas para el desarrollo del bienestar general, promoviendo, consolidando y ejecutando requerimientos entre instituciones nacionales y provinciales con el fin de gestionar una política de Estrategia Nacional y dentro de ella un plan de Defensa Nacional adecuado y moderno.

Cuando las crisis económicas son recurrentes, son un despropósito casi apropósito del descontrol político de un país como Argentina y es lógico que, sin una estrategia que impulse la producción y como consecuencia de la baja productividad general, no se tenga un Producto Bruto Interno (PBI) en crecimiento como el que con el potencial de nuestro país se podría obtener, esa es la excusa de los políticos para no proveer unas Fuerzas Armadas (FFAA) integradas por personal adiestrado, además de una cantidad suficiente de los Sistemas de Armas (SdA) más modernos disponibles en la actualidad.

Sin embargo, aun con un PBI sin crecimiento o con crecimiento negativo en la Argentina, sería lógico que su Política de Defensa privilegie lo cualitativo por sobre lo cuantitativo. Es por esto y el desinterés permanente de una casta política más preocupada por quedar bien con el nuevo orden mundial que por el desarrollo de la Patria, en todo lo referente a Defensa Nacional, y sobre todo a la Industria para la Defensa, hoy son más como un símbolo de aspiraciones que de un verdadero componente industrial con poderío dentro de las políticas científicas y tecnológicas del país.

Asistimos a la falta de planificación de una Estrategia Total, para la Nación, donde se proyecte a largo plazo y en forma coordinada todas las ramas del Estado Nacional y los Estados provinciales con los entes públicos y privados. Estamos viendo como el desinterés político, las crisis económicas y la presión de potencias extranjeras que no aprobaban el desarrollo local de capacidades duales (civiles y militares) acabaron en una retracción progresiva del entramado científico-tecnológico y productivo, tanto público como privado, de la Argentina.

Toda la estructura militar industrial no ha encarado un proyecto ambicioso en tiempo y recursos desde hace al menos 30 años. Como excepcionales debemos mencionar el caso del entrenador Pampa (un desarrollo de la década del 80 y que en cuarenta años solo produjo unos treinta aviones a la fecha) fabricado por FADEA o los radares 3D de INVAP en el marco del SINVICA. Es que el sistema político no supo o no quiso construir un régimen con reglas claras y estables a 20 o 30 años para afrontar los riesgos de invertir en bienes de capital costosos y recursos humanos calificados.

Es verdad que relevar, diseñar, prototipificar y fabricar no son tareas fáciles y mucho menos en contextos dificultosos, con extremas limitaciones de recursos, de personal o de interés. Pero es el bloqueo sistemático a las aspiraciones de desarrollo de la Argentina, por inoperancia, ignorancia o ideología de los políticos, devenidos en gobernantes, desde hace décadas que han terminado por configurar una política de declamación de leyes como el FONDEF, que son totalmente insuficientes, el anuncio de proyectos que suelen quedar en papel cuanto menos o en algún prototipo cuanto más.

Radar Primario Argentino (RPA) y Radar Secundario Monopulso Argentino (RSMA), foto PLP.

La columna vertebral del sistema de Defensa de una Nación lo conforman sus Fuerzas Armadas (FFAA). Considerar que se puede prescindir de ciertos componentes de las FFAA basado en un enfoque ideológico o economicista sería negar las lecciones de la historia y de la evolución tecnológica, que llevaron al desarrollo de las diversas especialidades técnico-militares y los sistemas de armas que hoy existen.

Las Fuerzas Armadas de nuestro país deberían integrar y complementar las capacidades específicas de las Unidades que tiene su Armada, su Ejército y su Fuerza Aérea, de manera tal que, en su conjunto, deben propender a un adecuado balance en cuanto a la configuración de sus materiales y a la cantidad y calidad del personal, medios y recursos con proyectos plurianuales.

En el mundo, los Ejércitos se estructuran en general en diferentes Unidades, las llamadas Unidades Tácticas (UT), normalmente Regimientos (Caballería) o Batallones (Infantería) que tienen un Cuadro de Organización (CO); tres a cuatro UT forman una Brigada o Gran Unidad de Combate (GUC) y tres a cuatro Brigadas constituyen una División de Ejército o Gran Unidad de Batalla (GUB).

En este tipo de esquemas, la Brigada es la mínima organización autónoma de combate que responde al concepto de “Sistema de Armas”. Está compuesta de UT como batallones de Infantería o regimientos de Caballería, que son los denominados Elementos de Combate cercano, además está compuesta por Unidades de Comunicaciones, Artillería, Ingenieros, Aviación de Ejército, que son apoyo de combate (AC) etc. y por los (logística) Servicios Para Apoyo de Combate (SPAC).

Las brigadas no tienen cuadro de organización y recibirán el nombre en función del número de UT de Elementos de combate cercano que la integran; por ejemplo, una “Brigada de Infantería” está integrada mayormente por dos o tres UT de infantería, (batallones) pero puede incluir algún regimiento de Caballería, además de Apoyos de Combate (AC) y Servicios Para Apoyo de Combate (SPAC).

Tomando como ejemplo al Ejército Argentino, un Regimiento o Batallón tiene tres Compañías o escuadrones, de 120 a 150 soldados cada una, por lo que una Unidad Táctica agrupa 400 efectivos; una Brigada tiene 1.500 a 2.000 uniformados y una División 4.500 a 7.000 soldados, aproximadamente. Sin embargo, el arte de la guerra no es una ciencia exacta y los aspectos cuantitativos no son, por sí solos, los únicos que determinan el resultado de un conflicto bélico.

Mientras la Argentina siga disponiendo de un presupuesto tan insignificante para sus FFAA como el de las últimas décadas, sería conveniente que la Política de Defensa priorizara el reequipamiento y adiestramiento de las Unidades Tácticas (UT) especiales, capaces de lograr Efectos Militares Estratégicos. Es decir que se debería privilegiar los aspectos cualitativos sobre los cuantitativos en la conformación de nuestras FFAA.

Entre las Unidades Tácticas que nuestro país debería priorizar por sus características cualitativas intrínsecas, se encuentran, los Regimientos de Infantería Aerotransportada y de Asalto Aéreo, las Compañías de Comandos, Fuerzas Especiales, Buzos Tácticos e Ingenieros de Guerra QBN (Química, Biológica y Nuclear) del Ejercito; los navíos, tanto auxiliares como los buques de combate con capacidad misilisticas, anti-submarina y antiaérea de la Armada, los Escuadrones de Helicópteros, de Aviones de Transporte y Cazabombarderos; las Unidades de Drones, de Defensa Antiaérea y Ciberdefensa, los Submarinos; entre otras.

En las últimas décadas los sucesivos gobiernos asignaron entre el 0,7 y 0,9% del PBI o incluso menos a la Defensa. El FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa), hoy ya aprobado por el Congreso Nacional, asigna el cero coma treinta y cinco por ciento (0,35%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional para el año 2020, el cero coma cinco por ciento (0,5%) para el año 2021, cero, sesenta y cinco por ciento (0,65%) para el año 2022, hasta alcanzar el cero como ocho por ciento (0,8%) para el año 2023.

Totalmente insuficiente, refleja claramente la falta de prioridad que tienen los políticos sobre la realidad de la Defensa nacional, toda vez que a programas del progresismo ideologizado y que no tiene fines nacionales, están destinando fondos muy superiores al presupuesto de defensa. Lo peor es que no hubo, ni hay, un lineamiento político nacional ni estratégico militar conjunto que priorizara siquiera el alistamiento de las Unidades Tácticas citadas anteriormente.

Está de más decir entonces que actualmente nuestro país carece de capacidades militares creíbles, ya que ni siquiera se privilegió el mantenimiento y fortalecimiento de las organizaciones cualitativas, pequeñas en cantidad de efectivos, pero con el potencial necesario para producir un “Efecto Militar Estratégico” (EME) por sí mismas.

Debemos tener presente, además, que los Regimientos de Infantería y Caballería tienen su razón de ser y los Ejércitos modernos necesitan disponer de un adecuado balance de las diversas Armas, Tropas Técnicas, Apoyos de Combate y Servicios Para el Apoyo de Combate, cosa que no se tuvo, ni tiene, en cuenta, cuando los políticos, salvo honrosas excepciones, planifica en materia de Defensa, y es así desde hace décadas.

En lo referente a las teorías que se pretenden aplicar en las FFAA argentinas de hoy, el RFD-99-01 “Terminología Castrense de uso en el Ejército Argentino” nos dice que la Estrategia “en un sentido general es el arte de la lucha de voluntades para resolver el conflicto” esta definición está tomada de un teórico de la estrategia francés de la postguerra; Andre Beaufre.

Se diferencia de las clásicas definiciones de estrategia, ya que en esta lo militar está subordinado a lo político. Entre las clásicas definiciones de estrategia encontramos algunas como la del Archiduque Carlos quien escribió: “Estrategia es la ciencia de la guerra, ella esboza los planes, abarca y determina la marcha de las operaciones militares. Es, en propiedad, la ciencia de los Comandantes en Jefe”.

El Mariscal Von Moltke, Von Clausewitz, Fuller, Liddel Hart, etc., como vemos, todos los teóricos mencionados, se refieren a la estrategia como privilegio del componente militar, ya que se destaca la batalla como un aspecto central de la estrategia, como su fin último. Mientras que en la definición de Baufre, hace un planteo referido a dos pasos de la estrategia, la estrategia de presión indirecta y la estrategia de presión directa.

Describe Baufre la estrategia de presión indirecta, como una acción de injerencia política una lucha total prolongada con débil intensidad militar y acciones sucesivas. En el concepto de la estrategia de presión directa encontraremos los modelos de amenaza directa, acciones sucesivas y victoria militar.

Con esta concepción de la estrategia pasa a un primer plano la acción política y a un segundo plano y subordinada a la política la acción militar. En realidad, es lo que vemos que ocurre en los teatros de operaciones en conflictos actuales, donde se aplica la denominada guerra hibrida o, incluso, la doctrina Gerasimov. Estas teorizaciones y el análisis de los conflictos donde se aplican son los que hay que tener en cuenta para la planificación de una Defensa Nacional eficaz y moderna, la organización delas FFAA y los proyectos de industria de la defensa.

Dentro del Plan estratégico nacional deberían estar coordinadas Las Fuerzas de Seguridad (FFSS) federales y las Policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son, junto a las Fuerzas Armadas (FFAA), Aerolíneas Argentinas, la Secretaría General de la Presidencia, FAdeA, ARSAT, INVAP, VENG y CONAE, los principales usuarios y proveedores estales de productos y servicios aeronáuticos y espaciales, con una política común en materia de requerimientos de materiales a los efectos de economizar la logística y optimizar los recursos del Estado.

Todos estos organismos están vinculados al área Defensa y a la industria para la misma y deberían tener una instancia de coordinación y planificación para consolidar los requerimientos de las FFAA conforme a los desafíos de la guerra actual y futura. La política de Defensa debería definir qué productos conviene producir en Argentina y cuáles adquirir en el extranjero, siempre fomentando la mayor participación nacional y la transferencia tecnológica.

Es indudable que existe una gran frustración entre los argentinos preocupados por la Patria y su Defensa que tiene como centro de atención el desinterés de las distintas administraciones o incluso la propensión al negociado, como en el caso del intento de realizar transacciones inmobiliarias con propiedades de las FFAA o compras desafortunadas, como el caso de los Súper Entendard Modernice, aviones vetustos que es costoso poner en vuelo o las lanchas patrulleras, sin capacidad misilisticas y que llegan desartilladas.

El excesivo vaivén dentro de las políticas de defensa, que entre marchas y contramarchas con una parálisis del pensamiento de largo plazo. Las siempre tétricas coyunturas políticas, posicionaron de manera exclusiva lo urgente por sobre lo importante y lo importante es defender la Nación, proteger sus fronteras, territorio y áreas marítimas, su espacio aéreo y sus intereses, su soberanía, independencia política y en definitiva su grandeza como Patria.

 

* Jurista USAL con especialización en derecho internacional público y derecho penal. Politólogo y asesor. Docente universitario. Aviador, piloto de aviones y helicópteros. Estudioso de la estrategia global y conflictos.

©2020-saeeg®

 

 

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Argentina, Geopolítica

RECORDEMOS AL GENERAL GUGLIALMELLI EN MEDIO DE LA CEGUERA GEOPOLÍTICA Y ESTRATÉGICA

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Marcelo Javier de los Reyes*

 

General de División Juan Enrique Guglialmelli (1917 – 1983)

El hombre, su carrera y su obra

Juan Enrique Guglialmelli nació en 1917 en San Martín, Provincia de Buenos Aires. Militar de vocación, tuvo como objetivo la defensa del patrimonio de la Nación y su desarrollo económico y social a través de un camino propio —es decir, de un nacionalismo económico— pero en el contexto de una Argentina integrante del Cono Sur.

En nuestro país, la Geopolítica lo tiene como uno de sus grandes mentores, con una trayectoria en relevantes cargos. El general Guglialmelli fue Jefe del Comité de Planes de la Junta Interamericana de Defensa; Jefe de Estado Mayor de la 7ª División de Infantería y del IV Cuerpo de Ejército; Comandante de la 6ª División de Infantería de Montaña, Director de la Escuela Superior de Guerra y del Centro de Altos Estudios y Comandante del V Cuerpo de Ejército de la República Argentina, en cuyo ejercicio pasó a retiro en el año 1968.

En junio de 1970 fue designado secretario del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) pero su paso fue efímero dado que no compartía las políticas liberales implementadas por la conducción económica nacional.

Fundó el Instituto Argentino de Estudios Estratégicos y de las Relaciones Internacionales (INSAR), el cual publicó la reconocida revista Estrategia, en cuyos diversos números se puede apreciar la visión económica nacional y su apoyo a la política industrialista.

El primer número de Estrategia fue publicado en mayo-junio de 1969. El solo hojear la revista, las publicidades de grandes empresas que apostaban por una Argentina industrial y desarrollada —muchas de las cuales ya no existen o fueron erosionadas por años de malas gestiones nacionales—, así como los temas que se abordaban, nos sumergen en un país que ya no existe y que solo quienes contamos con varias décadas podemos recordar a esa Argentina que nos prometía grandezas a pesar de sus convulsiones políticas o, al menos, era lo que percibíamos quienes éramos formados en una Escuela Pública que enseñaba a querer la Patria y sus símbolos nacionales.

En ese primer número el general Guglialmelli expone, en “Propósitos y definiciones”, lo siguiente:

Nuestra tarea, en fin, estará orientada por las normas más estrictas de la libertad académica. No renunciará, empero, a una ideología propia que responde a las necesidades de cambio de nuestro tiempo y que exige como datos esenciales de la estrategia nacional:

      • Objetivos nacionales y políticos claros y definidos.
      • Política exterior independiente capaz de obtener la libertad de acción necesaria para el logro de esos objetivos.
      • Colaboración de los distintos sectores de nuestra sociedad y su participación efectiva en el QUE y COMO hacer concretos.
      • Cabal conocimiento de los intereses externos e internos en conflicto con los propios fines perseguidos, sus modos de operar y sus agentes.
      • Un programa de desarrollo económico, social y cultural ejecutado con ritmo acelerado y definido y definidas prioridades, en áreas geográficas rezagadas, sectores básicos de la producción nacional e infraestructura de servicios, en el diálogo social y en una política educacional y de investigación científica y tecnológica al servicio del desarrollo nacional.[1]

Desde una posición mucho más modesta, la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), aspira a poder erigirse como una sucesora en esa tarea.

Su visión

Su conocimiento profundo de la Patagonia, región en la que estuvo destinado durante su carrera militar, lo llevó a ponderar la necesidad de desarrollar esa extensa área de nuestro país.

Frente a la visión de la Argentina “insular”, basada en el análisis de la situación geográfica del país desarrollada por otro de nuestros grandes geopolíticos, el vicealmirante Segundo R. Storni, el general Guglialmelli considera que la Argentina “tiene ‘carácter peninsular’, en la más amplia acepción geopolítica del término. Mantiene en este sentido su condición marítima pero asume, también el rol continental”.

En efecto. Su territorio, al norte de la línea Cabo San Antonio-San Rafael (Mendoza) se articula con la masa terrestre continental “introduciéndose” en ella. Al sur de aquel linde, se prolonga hacia el sur como una cuña entre los grandes océanos. En su extremo austral, esta región incluye los sectores insular y antártico. Debido a esta conformación, nuestro país recibe la influencia del Pacífico (Chile por medio) y del Atlántico, en particular este último, sobre parte de cuyas aguas, plataforma y subsuelo, extiende su soberanía. Teniendo en cuenta, por último la situación de la América del Sur y de la Argentina dentro de ésta, resalta, como lo señaló Storni, su posición periférica y marítima respecto a las masas continentales del Hemisferio Norte.

Todo el espacio argentino se articula con los países vecinos a través de los aspectos geoambientales fronterizos incluidos los medios de integración física (caminos, ferrocarriles, vías fluviales).[2]

En este concepto geopolítico de la Argentina “peninsular” debe considerarse “al mercado interno, apoyado sobre un aparato productivo integrado en lo espacial y sectorial”[3]. El desarrollo de las diversas regiones, cada una aportando sus riquezas a la producción —alimentos, minería, energía, etc.— debe contar con “un sistema de comunicaciones que vincule, además de los puertos, con preferencia a las distintas regiones y sus grandes polos”, lo que permitirá concretar una “estructura económica integrada, independiente y autosostenida, base indispensable para un destino de gran potencia”[4].

En este concepto de la Argentina “peninsular” le otorga gran importancia a los intereses marítimos, lo que lleva a valorar los recursos del mar y el desarrollo —al igual que proponía el vicealmirante Storni— de una Marina Mercante, “con sus beneficios de trabajo e ingreso por fletes y seguros”[5].

Para el general Guglialmelli, la Argentina, en términos geopolíticos es, entonces, “peninsular”: es continental, bimarítima y antártica. Agrega a esto:

Esta conceptuación significa no sólo una situación geográfica, sino también y fundamentalmente, una economía integrada e independiente, un mercado interno en permanente expansión y una irrenunciable vertebración cultural con los países de América del Sur en particular los vecinos y el Perú”[6].

Era consciente de que las grandes potencias y las corporaciones internacionales, o la combinación de éstas con las primeras, procuran mantener la dependencia del mundo periférico, fomentando integraciones regionales en desmedro de la Soberanía Nacional. Como ejemplo de esas integraciones regionales cita la Cuenca del Plata como una prioridad que puede relegar al resto del país.

Otro de los grandes problemas que percibía era la continuación de la Argentina agroexportadora, “el papel de granja”, en tanto que las exportaciones se basaran solamente en productos primarios, cumpliendo así con las exigencias de la división internacional del trabajo. En este sentido, responsabilizó a la generación militar del 66 pero en particular a la contrarrevolución comenzada en marzo de 1967 desde los más altos niveles de la conducción económica. “Porque allí, en esa área, habían hecho pie quienes por filosofía, desaprensión o, lo que es peor, intereses, defendían la persistencia del modelo agroexportador, disimulando sus propósitos con declamaciones retóricas o sólo tibias reformas”[7].

En este punto fue muy crítico de la conducción económica y de la implementación de las rebajas arancelarias:

En nuestra opinión, a pesar de los fines enunciados, sostenemos que se trata de algo más trascendente y peligroso. El de insertar a la Argentina en un ordenamiento externo, basado en la fórmula de Nelson Rockefeller: que cada país se particularice ‘según su mayor eficacia selectiva y mayor eficiencia relativa’. En virtud de tal premisa nuestro papel será especializarnos en las agroindustrias, con las derivaciones para la seguridad nacional que se verán más adelante.[8]

De ese modo, la Argentina continuaba la dependencia trazada durante la generación del 80, es decir, un país exportador de productos agropecuarios e importador de bienes finales. Esto claramente significaba la “subestimación de los sectores industriales ajenos al ámbito rural y deterioro, cuando no liquidación, de nuestra producción de bienes finales”[9].

Por tanto, el general Guglialmelli era un gran defensor de llevar adelante una política industrialista para salir de esta trampa en la que se encontraba nuestro país. En este sentido, ponderaba el desarrollo que habían alcanzado las Fuerzas Armadas y las iniciativas de los generales Enrique Mosconi y Manuel Savio en pos de una industrialización de la Argentina.

Dramáticas reflexiones finales

Nuestro país ha sido dotado de una gran y diversificada riqueza, tanto en su territorio como en su mar territorial. Sin embargo, se precisaba algunos pasos más para alcanzar ese grado de desarrollo que permitiría concretar una “estructura económica integrada, independiente y autosostenida” como proponía el general Guglialmelli.

Hubo un importante avance en el proceso de industrialización y, en buena medida, los generales Mosconi y Savio contribuyeron con ese objetivo. El país desarrolló una importante comunicación a través de carreteras pero, fundamentalmente, con la construcción de una de las más importantes redes ferroviarias del mundo que superaba los 40.000 kilómetros de vía. Los ferrocarriles, nacionalizados durante el gobierno del general Juan Domingo Perón —no viene al caso aquí formular valoraciones sobre esa nacionalización— se constituyeron en un importante medio de transporte de pasajeros pero sobre todo de bienes.

Del mismo modo, había desarrollado el transporte fluvial de mercaderías y contaba con una Marina Mercante nacional, particularmente la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), que llevaba las exportaciones argentinas a todos los puntos del planeta.

Así como el general Giglialmelli expone la fórmula de Rockefeller, cabe aquí mencionar que existió el denominado “Plan Larkin” —elaborado por el general e ingeniero estadounidense Thomas B. Larkin con apoyo del Banco Mundial entre 1959 y 1962—, el cual consistía en una racionalización y modernización de los medios de transporte terrestre y fluvial de nuestro país. Obviamente, el plan apelaba a la reducción de unos 15.000 kilómetros de vías por considerarlos deficientes o improductivos. El plan llegó a la Argentina poco tiempo antes de que fuera derrocado el presidente Arturo Frondizi, quien debió enfrentar a los gremios ferroviarios durante su gobierno. Sin embargo, el plan fue llevado a cabo en los años noventa del siglo pasado por el gobierno peronista/liberal del presidente Carlos Saúl Menem. La Argentina quedó fragmentada y desvinculada con sus políticas de desmantelamiento del sistema ferroviario, fluvial y de la liquidación de la empresa ELMA.

La industria siguió un camino similar a raíz de las concesiones y privatizaciones de sectores vitales de la industria y de la energía.

En una de las críticas que Guglialmelli le formula a Storni, respecto a su visión de la “insularidad”, el general considera que el marino cayó en lo que otro destacado marino denominó “astigmatismo estratégico navalista, primera variedad”. La realidad es que en las últimas décadas la conducción argentina padece de una seria ceguera geopolítica y estratégica que ha provocado un serio y peligroso retroceso de nuestro país, ocasionando la pérdida de poder económico, poder militar y poder diplomático, además de ocasionar un grave deterioro institucional.

En el capítulo dedicado al análisis de si la Argentina es “insular” o “peninsular”, el general Guglialmelli menciona los aspectos negativos que el vicealmirante Storni expone en su libro “Intereses argentinos en el mar”, respecto de por qué los argentinos no tienen una vocación marinera, lo cual sería vital para el desarrollo de la Nación. Al igual que el general Guglialmelli, me gustaría cerrar este artículo reproduciendo una reflexión del vicealmirante Storni:

En nuestra infancia como nación, hemos permanecido poco menos que indiferentes a estos problemas, y la empresa extranjera realizó con el niño incipiente la misión de madre que nutre y educa. Pero si ese estado de cosas hubiera de ser definitivo e imponer un límite a nuestros ideales marítimos, la acción extranjera tomaría el aspecto del impulso generoso que lleva el alimento a la boca del paralítico o de la diestra maniobra del fuerte que explota son compasión al débil”[10].

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Referencias

[1] “Propósitos y definiciones”. Estrategia, mayo-junio de 1969, p. 7

[2] Juan Enrique Guglialmelli. Geopolítica del cono sur. Buenos Aires: El Cid Editor, p. 78.

[3] Ibíd., p. 79.

[4] Ibíd., p. 80.

[5] Ídem.

[6] Ídem.

[7] Ibíd., p. 81.

[8] Ibíd., p. 251.

[9] Ibíd., p. 251-252.

[10] Citado por el general Guglialmelli, op. cit., p. 63.

©2020-saeeg®

 

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Análisis, Japón

LA POLÍTICA EXTERIOR DE JAPÓN DE 2012 A 2019: EL SURGIMIENTO DE LA “DOCTRINA ABE”.

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Franklin M. Hernández Hernández*

Introducción

El 28 de agosto de 2020, el Primer Ministro de Japón Shinzo Abe anunció su renuncia por cuestiones de salud. De esta forma, concluyó el período de gobierno del primer ministro japonés más joven en ascender al cargo (durante su primer término en 2006), así como el que más tiempo se mantuvo en la oficina en el período de posguerra. Durante los cerca de ocho años de su gobierno, Abe estuvo constantemente bajo crítica de los medios nacionales y varios países del área debido a políticas como la reforma constitucional, el éxito discreto de su programa económico y el incremento sostenido del gasto militar.

A pocos días del término de su gobierno, la mayoría de la literatura científica al respecto se ha centrado en los “fracasos” de la política exterior del ex premier nipón, como el empeoramiento de las relaciones con China y la República de Corea. Incluso, el propio Abe en su discurso de renuncia oficial, expresó su insatisfacción por no haber podido regresar a los japoneses secuestrados por la República Popular Democrática de Corea (RPDC) o no haber firmado un tratado de paz con Rusia (Gabinete de Japón, 2020).

No obstante, la política exterior de Japón durante el gobierno de Abe ha sido más profunda y amplia de lo que refleja esa parte de la bibliografía. Un análisis de los hechos entre 2012 y 2020, arroja rápidamente que la diplomacia nipona se expandió hacia tareas y lugares anteriormente inexplorados. Por solo mencionar algunos casos, Japón intervino de manera activa por primera vez en los conflictos de Asia, forjó un sistema de asociaciones estratégicas que incluye su alianza con Estados Unidos (EE.UU.), fue el líder del primer megacuerdo de libre comercio del mundo (el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica, CPTPP) y firmó con la Unión Europea (UE) el mayor tratado de libre comercio del planeta.

Precisamente, el primer objetivo de este artículo consiste en explicar los principales rasgos de la política exterior japonesa durante el gobierno del Primer Ministro Abe. Para ello, y tomando en consideración la cantidad abrumadora de información al respecto, dichas características fueron divididas en dos grupos: las temáticas generales y políticas bilaterales/regionales. El primer grupo incluye las Fuerzas de Autodefensa y la influencia cultural nipona y los acuerdos de libre comercio; en tanto, el segundo abarca las relaciones con EE.UU., las asociaciones estratégicas en Asia-Pacífico, las relaciones con la UE y, por último, la proyección nipona hacia África y Medio Oriente.

Dado que las relaciones con China, la República de Corea, la RPDC y Rusia no experimentaron procesos que permitan diferenciar la política de Abe hacia estos países de las del resto de las administraciones más recientes, no fueron tomadas en cuenta a la hora de redactar este artículo. Ello no significa que las relaciones con estos países no sean importantes para la política exterior japonesa: por el contrario, se trata del ambiente geográfico más cercano de Japón (el Este de Asia) y de países con los que posee conflictos que agravan su situación de seguridad nacional.

El segundo objetivo del artículo consiste en demostrar el surgimiento de un nuevo paradigma en la política exterior japonesa: la Doctrina Abe. Para ello, se parte de la explicación del anterior paradigma, la Doctrina Yoshida, y se examina si las políticas introducidas por Abe funcionan como un todo coherente esencialmente diferenciable con respecto al paradigma precedente. El artículo concluye explicando precisamente cuáles son los axiomas de esta nueva doctrina.

Para la conformación de este artículo, fueron utilizadas varias publicaciones periódicas de fuentes oficiales del gobierno japonés. Entre estas destacan fundamentalmente Diplomatic Bluebook y Cooperation Whitebook del Ministerio de Asuntos Exteriores y Defense of Japan y Defense Budget del Ministerio de Defensa. Además, se emplearon criterios de tanques pensantes y expertos en Asia-Pacífico, así como obras de la Teoría de las Relaciones Internacionales en la conformación del concepto de Doctrina de Política Exterior. 

La Expansión de las Fuerzas de Autodefensa

Desde su llegada al poder en 2012, Abe abogó por el aumento sostenido del gasto militar, así como de los roles y radio geográfico de acción de las fuerzas armadas japonesas. Estas acciones levantaron críticas sostenidas en la región, alegando que constituía el “renacer” del militarismo japonés, y fueron posiblemente los tópicos más publicitados por los medios de comunicación acerca de la administración de Abe.

La Constitución del Estado de Japón de 1947 establece en su archiconocido artículo 9 que “el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como un derecho soberano de la nación” y para ello, “no serán mantenidas fuerzas terrestres, marítimas y áreas, así como ningún otro potencial de guerra” (Constitution of the State of Japan, 1947, p. 4).

De esta forma, la posesión de fuerzas armadas no fue reconocida en la constitución de posguerra. Sin embargo, dicha prohibición no tardó en ser reinterpretada: en 1954, el Gabinete de Shigeru Yoshida, alegando que la legítima defensa del Estado no constituía una violación del artículo 9, decidió crear un ejército estrictamente defensivo, las Fuerzas de Autodefensa de Japón (JSDF por sus siglas en inglés). Sucesivas interpretaciones en 1992, 2001 y 2009 permitieron a las JSDF participar en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, operaciones antiterroristas y operaciones antipiratería respectivamente, pero con varias limitaciones. Incluso, en 2004 las JSDF fueron en desplegadas en Iraq para asistir en las labores de reconstrucción y ayuda humanitaria.

La administración de Abe forma parte de esta tendencia, pero su impronta individual se ha reflejado en la intensidad del fortalecimiento militar sin precedentes llevada a cabo entre 2012 y 2020. Este se ha expresado en tres variables: gasto militar, rol de las JSDF y radio geográfico de acción.

En el momento del ascenso de Abe al poder, el gasto militar nipón se encontraba en picada, lo cual se revirtió en su primer año de mandato. Para el año fiscal 2018, se había alcanzado el récord anterior de 4.96 billones de yenes, y en el próximo año fiscal, se estableció un nuevo máximo histórico, 5.01 billones de yenes (Tabla 1).

Asimismo, las posibilidades de las JSDF también fueron incrementadas significativamente. En 2016, el Gabinete de Abe aprobó la Legislación para la Paz y la Seguridad de Japón, la cual constituía una nueva reinterpretación del artículo 9. Debido al aumento de las amenazas a la seguridad nacional de Japón, fundamentalmente el poderío militar de China y el programa balístico y nuclear de la RPDC, y al desarrollo de una situación internacional cada vez más incierta a causa de fenómenos transnacionales como el terrorismo, la piratería y el tráfico de drogas, las JSDF debían aumentar su papel en la seguridad regional.

Tabla 1: Presupuesto Militar de Japón (billones de yenes)

(1997-2019)

Fuente: Japan Ministry of Defense, 2019b.

En ese sentido, fue permitido que acudieran al rescate de nacionales japoneses en el extranjero y que llevaran a cabo inspecciones a buques en ultramar si poseen el consentimiento del estado dueño del pabellón del buque, o la solicitud de Naciones Unidas debido a la sospecha de que transporta armas a un área en conflicto (Gabinete de Japón, 2016). Por último, Japón puede auxiliar en la defensa de cualquier país bajo ataque, mientras se estime que las relaciones con el atacado son estratégicas, o ese ataque amenace la seguridad nacional de Japón y/o los derechos de la población japonesa. De esta forma, quedó habilitado el derecho a la defensa colectiva (Ibídem).

Por último, el radio de acción de las JSDF se expandió más allá del archipiélago japonés o el Este de Asia, donde habían estado confinadas con anterioridad. Para 2019, las JSDF tenían una presencia sostenida en el Sudeste Asiático, el Océano Índico, el Océano Pacífico, el Mar Arábigo y el Golfo de Adén, lo cual también coincide con las líneas marítimas de abastecimiento y comercio de Japón (LMAC) (Gagaridis, 2017).

De esta forma, durante la administración de Shinzo Abe no se produjo solamente el aumento del gasto militar, sino también el incremento de las posibilidades de las JSDF y de su radio geográfico de acción. Consecuentemente, uno de los principales resultados de su gobierno es la conversión de las JSDF en un ejército de facto, pues estas poseen todas las capacidades legales del ejército de cualquier país[1], un elevado gasto militar, armas que exceden los límites “defensivos”[2] y un radio de acción mucho más amplio que el territorio japonés. Si bien el propio Abe afirmó que la reforma constitucional, que incluía la reformulación del artículo 9 a fin de legalizar las JSDF, no fue posible en su gobierno; todas las acciones individuales llevadas a cabo por su administración con respecto a las fuerzas armadas, conllevaron en la práctica a la superación del artículo 9. 

Más Allá de la Fuerza: Soft Power e Influencia Cultural

Una de las particularidades de la política exterior japonesa en la posguerra fue el empleo mayoritario de herramientas de poder blando (Nye , 2004), como resultado de la prohibición del empleo de la fuerza (poder duro) establecida en la Constitución. Ello provocó que la política exterior nipona se especializará en dicha rama: desde 1954, con la entrada de Japón al Plan Colombo, hasta inicios del siglo XXI, la más importante herramienta de la diplomacia japonesa fue la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD). De hecho, Japón se convirtió en el mayor donante del mundo en la década de los 90 sobrepasando a EE.UU. (Ono, 2015). No obstante, una vez que los efectos de la recesión comenzaron a manifestarse a inicios de los 2000, y la capacidad del país para ofrecer AOD disminuyó en consecuencia, fue priorizada la exportación cultural, fundamentalmente el idioma japonés, como vía de influencia.

Abe recogió la larga tradición de poder blando de la política exterior japonesa en la posguerra y mejoró varios de sus elementos constituyentes. En ese sentido, resaltan la renovación de la estrategia Cool Japan en 2014 (creada en su primer término de gobierno) cuya intención es promocionar los productos culturales japoneses en el mundo a fin de generar beneficios económicos y políticos (Gabinete de Japón, 2014). En este caso, la administración del Primer Ministro creó el Fondo Cool Japan, con una capitalización total de 38.5 mil millones de yenes, para que el Estado y las grandes empresas financien la expansión cultural, así como el Consejo de Promoción, una entidad encargada de decidir las prioridades de exportación cultural.

Otra medida significativa en este campo fue la implementación de la Carta de la Cooperación al Desarrollo en 2015. A partir de este documento, el gobierno de Abe decidió incluir consideraciones geoestrégicas en las decisiones de asignación de la AOD. Entre los factores a tomar en cuenta a la hora de aceptar un proyecto se encuentran el estado de las relaciones bilaterales, la importancia de los determinados países receptores, las implicaciones para la seguridad de Japón y el desarrollo del poder militar de los estados receptores. Asimismo, la nueva Carta de la AOD permite a Japón destinar fondos para el apoyo de las fuerzas armadas de otros países (Gabinete de Japón, 2015).

Si bien resulta difícil cuantificar cuánto se expandió la influencia cultural nipona en un período determinado, varios indicadores pueden servir de referencia. Por ejemplo, entre 2012 y 2019, el número de restaurantes con temática japonesa en el mundo aumentó cinco veces en comparación con estudios realizados en 2006 (Number of Overseas Japanese Restaurants Tops 100,000, 2018). Asimismo, las exportaciones de la industria nipona del entretenimiento se incrementaron en el período de gobierno de Abe, reportando aumentos de 15%, 42% y 670% en los casos de la animación, el cine y los videojuegos respectivamente (Japan Ministry of Economy, Trade and Industry, 2016, pág. 15).

De las 25 marcas de entretenimiento más exitosas del mundo, diez pertenecen a empresas niponas. Por si fuera poco, Pokémon y Hello Kitty encabezan esa lista de las franquicias más exitosas, con beneficios de USD 92 mil millones y USD 80 mil millones cada una (Jones, 2019). Otro indicador que experimentó un crecimiento notable fue el número de turistas que arribaron a Japón: la cantidad de visitantes aumentó sostenidamente hasta triplicarse, de 8 millones en 2012, a 24 millones en 2016 (Tabla 2).

El colofón de la influencia cultural nipona durante la administración de Shinzo Abe, y uno de los logros que el propio Abe pretendía alcanzar, era la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Al igual que en la anterior edición de 1964, la cita de 2020 constituiría también una demostración del desarrollo de la nación asiática en campos como la robótica, la inteligencia artificial y la 5G. Aunque los Juegos Olímpicos hayan sido atrasados hasta 2021, los logros de la administración de Abe en cuestión de expansión de la influencia cultural nipona resultan innegables.

Tabla 2: Cantidad de turistas que arribaron a Japón (2004-2016)

Fuente: Japan Ministry of Land, Infraestructure and Tourism, 2017.

El paladín del libre comercio

La promoción del libre comercio ha constituido una de las prioridades del gobierno nipón desde la recuperación económica de posguerra. Japón, con escasos recursos naturales que no pueden sostener su industria nacional, necesita exportar hacia mercados con bajas tarifas aduaneras para que sus productos mantengan cierta competitividad. Precisamente, el gobierno de Abe ha reflejado la promoción del libre comercio como un objetivo de seguridad nacional de su administración (National Security Strategy, 2013).

En ese sentido, entre 2012 y 2019, Japón firmó acuerdos bilaterales de libre comercio con Mongolia, Laos, Cambodia y Myanmar. A estos se suman los primeros tratados multilaterales de libre comercio de la nación asiática: el CPTPP en 2018 y el Acuerdo de Asociación Económica con la UE en 2019. La firma del primero en particular, demostró el liderazgo de Japón en este rubro, puesto que el país asumió la conducción del acuerdo tras la retirada de EE.UU., principal promotor del mismo.

De esta forma, las políticas de Abe han llevado a que Japón haya logrado liberalizar el 51.6% de su comercio exterior, lo cual trae beneficios enormes a la economía nipona. Si a estos se agregan los acuerdos que se comenzaron a negociar durante la administración de Abe (con China y Corea del Sur, con el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, con Colombia y con Turquía), la cifra asciende hasta el 85.8% (Japan Ministry of Foreign Affairs, 2019, Pp. 262). 

La redefinición de la alianza con EE.UU.

Para el gobierno de Abe, la alianza con EE.UU. continuaba siendo el pilar fundamental en las relaciones internacionales de Japón. Sin embargo, la alianza con EE.UU. ya no bastaba por sí sola para hacer frente a las complejidades del escenario regional, caracterizado por el ascenso de China como potencia. En ese sentido, la relación entre ambos países debía adaptarse al nuevo contexto, en función de otorgar un mayor rol a Japón en la seguridad regional. A su vez, esta tendencia coincidió con el planteamiento estratégico del presidente Barack Obama acerca del “pívot asiático” que consistía en delegar mayores responsabilidades a sus aliados en la región.

Estos factores conllevaron a que los términos de la alianza fueran revisados a través de las Líneas Maestras para la Cooperación entre Japón y EE.UU. de 2015. Dicho documento reflejó la voluntad de ambas partes de equilibrar los términos de la alianza a fin de hacerla más igualitaria. En ese sentido, las condiciones de subordinación disminuyeron, pues EE.UU. solo podría actuar bajo pedido explícito del gobierno japonés. Asimismo, ambos actores fueron equiparados en cuanto a la posibilidad de defenderse mutuamente.

Por otro lado, el cambio en los términos de la alianza también se reflejó en la disminución de las tropas e instalaciones estadounidenses en Japón. En ese sentido, en Okinawa, la prefectura con la mayor presencia militar de EE.UU., el número de instalaciones estadounidenses decreció hasta menos de la mitad con respecto a 1972 (Japan Ministry of Defense, 2019a), y cerca del 60% del personal estacionado allí. Con respecto al costo financiero de la alianza, en 2016, Japón pagaba el 75% de los gastos de la alianza, superando a su contraparte (Mainichi Shinbun, 2016). 

El sistema de asociaciones estratégicas en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el entorno geográfico donde se desenvuelven la mayoría de las acciones de política exterior de Japón. En la Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno de Abe, el incremento de la cooperación en defensa con países de la región es uno de los tres pilares de la seguridad nacional de Japón junto a las JSDF y la alianza con EE.UU. (Gabinete de Japón, 2013).

En ese sentido, el gobierno de Abe enfocó sus esfuerzos en aquellos países que cumplían simultáneamente con determinadas condiciones. En primer lugar, poseían conflictos comunes con China, principal amenaza a la seguridad nacional de Japón, y/o relaciones de cooperación con EE.UU., aliado de Japón. Luego, detentaban cierto poderío nacional capaz de enfrentar a las amenazas comunes, y, por último, mostraban voluntad para cooperar con Japón y una opinión positiva sobre el gobierno de Abe.

En general, Japón estableció como sus socios estratégicos a India, Australia, Vietnam y Filipinas. Sin lugar a dudas, las relaciones con estos cuatro pases fueron cualitativamente superiores a las que se sostuvieron con el resto de la región. Por ejemplo, Japón promovió la creación de espacios multilaterales para la cooperación militar como el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Japón, EE.UU., India y Australia) y el Diálogo de Seguridad Trilateral (Japón, India, Australia). Asimismo, India, Vietnam y Filipinas fueron los mayores receptores de AOD japonesa en el periodo (Japan Ministry of Foreign Affairs, 2017), así como de las primeras transferencias de equipo militar nipón[3] (Japan Ministry of Defense, 2019a). Además, la nación asiática financió y entrenó los servicios guardacostas de Vietnam y Filipinas para que pudieran enfrentar de forma más efectiva las incursiones chinas en el mar de China Meridional (Tarriela, 2018). Japón cooperó en cuestiones de defensa con otros países del área como Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur, etc. Sin embargo, la intensidad de la cooperación (Tabla 3) se realizó de manera desigual según las prioridades de la política exterior nipona.

De esta forma, el sistema de asociaciones estratégicas de Japón creado por el gobierno de Abe tiene en su centro a EE.UU., único aliado obligado a defender a Japón. Luego se encuentran los socios estratégicos mayores, India y Australia, con los cuales Japón realiza prácticamente las mismas actividades que con EE.UU. En un tercer lugar, se ubican los socios estratégicos menores, Vietnam, Filipinas y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como organismo. Posteriormente, están los socios menores, integrados por el resto de miembros de la ASEAN y Nueva Zelanda; y en un último puesto de precedencia otros asociados, fundamentalmente de Medio Oriente, con los cuales la cooperación es aún mínima.

Tabla 3: Resumen de los acuerdos de cooperación entre Japón y países de Asia-Pacífico y Medio Oriente (2004-2016)

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Japan Ministry of Defense, Defense of Japan 2019

Una asociación en la sombra: las relaciones con la UE

Desde el fin de la Guerra Fría, las relaciones entre Japón y los mecanismos integracionistas de Europa Occidental, experimentaron un crecimiento sostenido que se manifestó en el inicio de las cumbres Japón-UE en 1991. En un primer momento, los diálogos se limitaron a cuestiones económicas generadas por las fricciones comerciales, y a la coordinación de temas políticos generales. La capacidad de accionar conjunta de ambos actores estaba muy limitada debido a que, entre otros factores, sus respectivas alianzas con EE.UU. seguían ocupando la prioridad en su política exterior.

El gobierno de Shinzo Abe planteó claramente en sus documentos estratégicos la importancia que poseían las relaciones con la UE, un bloque comercial con gran poder adquisitivo y con dos miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En ese sentido, Japón y la UE dotaron a sus relaciones de una normatividad que creó pautas vinculantes para ambas partes, y que ha otorgado una mayor fortaleza y sostenibilidad temporal a las acciones conjuntas. Se pueden listar una miríada de acuerdos firmados entre ambas partes, sin embargo, debido a su significación, destacan el Acuerdo de Asociación Económica, mencionado antes, y el Acuerdo de Asociación Estratégica.

El Acuerdo de Asociación Estratégica fue firmado en julio de 2018, y ratificado posteriormente por los respectivos parlamentos nacionales en 2019, marcando su entrada en vigor. El texto se compone de 51 artículos destinados a institucionalizar la cooperación entre Japón y la UE en cuestiones de seguridad (Strategic Partnership Agreement between the European Union and Japan, 2018). Consecuentemente, tanto como los ejercicios militares conjuntos como los diálogos de seguridad con los países europeos y/o la UE se incrementaron sostenidamente entre 2012 y 2019 (Tabla 4). En ese sentido, la administración de Abe firmó acuerdos de venta de armas con Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, de Apoyo Logístico con Reino Unido y Francia, así como de Inteligencia con Reino Unido e Italia (Japan Ministry of Defense, 2019a).

Tabla 4: Diálogos de seguridad con países europeos/UE/OTAN (2012-2019)

Fuente: Hernández Hernández, F. M. & García, A., 2020

La diplomacia japonesa adquiere una perspectiva geoestratégica

Una de las principales deficiencias de la política exterior de Japón durante la posguerra, fue su excesiva concentración geográfica en Asia. No obstante, a medida que la economía japonesa se internacionalizó en los años 70, el gobierno nipón debió empezar a buscar nuevos mercados y recursos naturales en América Latina, Medio Oriente y África. Precisamente, estas dos últimas regiones comenzaron a tener una mayor relevancia dentro de la política exterior nipona a partir de las primeras inversiones y partidas de AOD.

A pesar de la creación del mecanismo de cumbres entre Japón y países africanos, la Conferencia de Tokyo sobre el Desarrollo de África (TICAD) en 1993, y el despliegue de las JSDF en Iraq en 2004, el papel de estas regiones continuó siendo el de proveedoras de materias primas. El gobierno de Abe propuso una nueva concepción geoestratégica a su política exterior en el año 2014: la noción del Indo-Pacífico. Esta plantea que, dado que el grueso las LMAC de Japón atraviesan un territorio que comprende desde el archipiélago nipón hasta el Golfo de Adén, el suministro energético, el comercio, y en general, la seguridad del país, dependen del control de dichas rutas.

En el caso de África, como resultado de los acuerdos de la sexta edición de TICAD, Japón comenzó a involucrarse de manera más activa en los conflictos internos africanos, aunque con un enfoque no militar. En ese sentido, se han llevado a cabo acciones como el fortalecimiento de la institucionalidad de varios estados, el asesoramiento jurídico, la transferencia de equipamiento militar a países afectados por terrorismo y el financiamiento a los centros de mantenimiento de la paz de la Unión Africana (Hernández Hernández, F. M., 2020a).

Una mención especial requiere la base japonesa en Djiboutí (abierta en 2009): hasta mayo de 2019, las JSDF se habían involucrado en más de 14.000 acciones antipiratería, lo cual representó cerca del 80% del total de actividades internacionales en el Golfo de Adén (Japan Ministry of Defense, 2019a).

Con respecto a Medio Oriente, el gobierno de Abe ha implementado una política regional única en el mundo, pues ha logrado mantener buenas relaciones con todos los actores de la región sin importar los conflictos que existan entre ellos, lo cual se manifestó el lanzamiento del Primer Diálogo Japón-Países Árabes en 2017. En ese sentido, la inversión japonesa en Israel aumentó 120 veces desde 2012, y en 2019, ambos países sostuvieron su primer diálogo de seguridad; en 2017, Japón lanzo el Corredor para la Paz y la Prosperidad, una iniciativa destinada a mejorar la situación de la población de Palestina; durante el gobierno de Abe, la nación asiática realizó sus primeros ejercicios militares con las monarquías del Golfo Pérsico (Tabla 3); y por último, Japón ha entrenado a los expertos iraníes en el manejo de la energía nuclear con fines pacíficos, a la vez que Abe mantuvo la compra de crudo iraní a pesar de las sanciones de EE.UU. (Japan Ministry of Foreign Affairs, 2019). 

El Primer Ministro de Japón como líder internacional

A la lista de sucesos en materia de política exterior del gobierno de Abe, se debe agregar un elemento relacionado con la imagen internacional del premier japonés. Con anterioridad, el Primer Ministro nipón tenía escaso o ningún reconocimiento internacional. Ello no solo estaba condicionado por la escasa proactividad de la política exterior de ese país, sino también por la inestabilidad que atravesaba el país desde los 90 e imposibilitaba el fortalecimiento de ninguna administración.

Por ello, la primera condición indispensable a partir de la cual Abe aumentó el papel del premier japonés, fue la estabilidad con la que contó su gobierno. A esto se le deben añadir factores que se derivan del propio Abe, pues al récord de duración se añade el de activismo diplomático.

Abe también se convirtió en el Primer Ministro con más visitas al exterior: un total de 160 visitas y 78 países visitados hasta abril de 2019 (Japan Ministry of Foreign Affairs, 2019). Asimismo, fue el primer premier nipón en visitar 24 de estos países[4] (Ibídem). A ello se suman el prestigio que ha obtenido por sus intervenciones en eventos y organismos como la Cumbre del Este de Asia, el G7, el G20 y la Organización de Naciones Unidas.

Igualmente, ha sido el único premier de posguerra cuya gira inaugural al exterior no se realizó a EE.UU., una práctica establecida dentro de la política japonesa, sino al Sudeste Asiático. Ello denotó un cambio en la imagen concebida hasta el momento acerca del rol del premier japonés como un subordinado a EE.UU., y su ascenso como un líder regional.

De hecho, la posición diplomática de Abe, llevó a varios expertos del Lowy Institute for Asia and the Pacific, a declararlo como el más influyente líder regional, por encima del Presidente de China, el Primer Ministro de Singapur y el Primer Ministro de India (Lowy Institute for Asia and the Pacific, 2019). Igualmente, encuestas del Pew Research Center muestran que Abe es percibido como el líder regional más confiable, superando a sus homólogos de India, China y la RPDC (Silver, Kat & Huang, 2019). 

¿Una Doctrina Abe?

El término de “doctrina de política exterior” se usa indiscriminadamente para referirse a las estrategias de política exterior de diferentes gobiernos en el mundo sin el bagaje teórico necesario. Por lo tanto, a fin de valorar si la política exterior del gobierno de Abe constituye o no, una doctrina, resulta necesario auxiliarse de las definiciones que varios teóricos de las Relaciones Internacionales han ofrecido al respecto.

En ese sentido, Miguel Á. Barrios en su Diccionario de Geopolítica, se refiere a la “Doctrina” como: “El conjunto de principios y normas de orden general que orientan una actividad determinada para actuar en ausencia de órdenes específicas, permitiendo un mejor y más fluido entendimiento entre organismos diferentes, comprometidos en alcanzar un mismo objetivo (…)” (Barrios, 2009, Pp. 144).

Las doctrinas de política exterior de EE.UU. han sido las más estudiadas en el campo de las Relaciones Internacionales. Por ejemplo, Martin Kelly plantea que una “Doctrina presidencial” es “una política exterior aplicada consistentemente” y resalta el matiz ideológico de esta (Kelly, 2019). Por otro lado, Rexford Barton plantea que el término se refiere fundamentalmente a “un fin, un objetivo estratégico a ser alcanzado” (Barton, 2017).

De estas definiciones pueden ser inferidos varios elementos comunes. El primero de ellos es el conjunto de normas generales coherentes entre sí que guían la política exterior de un Estado, sus herramientas, actores componentes, etc., y las cuales están determinadas por factores ideológicos, económicos, políticos relativos al Estado en cuestión. Luego, una doctrina de política exterior no existe por sí misma, sino que debe estar encaminada hacia la consecución de un determinado resultado. El último criterio sería la sostenibilidad temporal; es decir, que se debe apreciar que las normas que enarbola una determinada doctrina sean usadas de manera sistemática y no esporádicamente.

De esta forma, y para los fines de este artículo, se puede entender operativamente “doctrina de política exterior” como el conjunto coherentemente organizado de normas generales que guían la política exterior de un Estado hacia objetivos determinados de manera estable en un período de tiempo determinado. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón asumió un paradigma en su política exterior conocido como Doctrina Yoshida, en honor a su creador, el Primer Ministro Shigeru Yoshida. Los axiomas de esa doctrina se sintetizan en: 1) La recuperación económica debía ser el principal objetivo nacional; y para ello, la cooperación económica y política con EE.UU. era necesaria; 2) Japón debía permanecer ligeramente armado y evitar involucrarse en conflictos internacionales; 3) para obtener una garantía a largo plazo de su propia seguridad nacional, también debía proveer a EE.UU. con bases para sus fuerzas armadas (Siew Man, 2007).

La Doctrina Yoshida cumple con los requisitos teóricos planteados anteriormente: ofrecía normas generales de actuación (no intervenir en conflictos armados y subordinarse políticamente a EE.UU.), tenía un objetivo claramente definido (la recuperación económica), poseía coherencia (destinar todos los recursos a la recuperación económica y dejar los temas de seguridad en manos de EE.UU.) y fue asumida por todas las administraciones hasta el fin de la Guerra Fría. Incluso, gobiernos ulteriores crearon ampliaciones de la Doctrina Yoshida como la prohibición de exportación de armamentos de Eisaku Sato, los límites al gasto militar de Kakuei Tanaka o las políticas hacia el Sudeste Asiático de Takeo Fukuda.

El fin de la Guerra Fría supuso el fin de las condiciones históricas que dieron surgimiento a la Doctrina Yoshida. Sin embargo, ninguna administración asumió una actuación esencialmente diferente a los axiomas de la Doctrina Yoshida. Aunque hubo muestras de una política exterior con perspectivas de desarrollar normas coherentes, como la de Kiichi Miyazawa o la de Jun´ichiro Koizumi, ninguno estuvo el suficiente tiempo en el poder para lograr el salto cualitativo hacia la creación de una doctrina que cambiara radicalmente la política exterior de Japón.

No obstante, el gobierno de Abe marca un punto de giro en esta tendencia. Como se ha expuesto, entre 2012 y 2020, la política exterior nipona ha sido transformada en sus aspectos superficiales, y resta consecuentemente, examinar si ello ha implicado un cambio en sus normas axiomáticas. Para ello, se deben responder cuatro interrogantes tomando en consideración la definición operativa de doctrina de política exterior:

I) ¿Qué objetivos persigue la política exterior de Abe?

Los objetivos de la política exterior del gobierno de Abe, fueron claramente delineados en el Estrategia de Seguridad Nacional de 2013: “mantener la paz y la seguridad de Japón y asegurar su supervivencia son las responsabilidades primarias del gobierno de Japón” (Gabinete de Japón, 2013, Pp. 1). Si bien este el objetivo esencial de todo Estado en sus relaciones internacionales, posteriormente se adecúa a los términos específicos de Japón. De esa forma, se identifican como los objetivos fundamentales la promoción del libre comercio, de la seguridad marítima y de un orden internacional estable y predictible (Ibídem).

Para ello, Japón debe minimizar las amenazas que impiden el cumplimiento de dichos objetivos. En ese sentido, el propio documento plantea que las principales amenazas a la seguridad nacional nipona son la expansión del poder militar de China, el programa balístico y nuclear de la RPDC y fenómenos transnacionales como la piratería y el terrorismo (Ibídem).

Como se puede apreciar, el gobierno de Abe ha tenido objetivos claros hacia los cuales encaminar sus acciones. De hecho, si se reexaminan las principales características de la política exterior de Abe expuestas en el artículo, se aprecia que todas están encaminadas hacia la promoción del libre comercio, la seguridad marítima y la estabilidad regional.

II) ¿Qué normas han guiado la política exterior de Abe?

La política exterior del gobierno de Abe ha tenido pautas generales de actuación que pueden ser interpretadas como normas rectoras. La primera de ellas es la proactividad, es decir, la acción diplomática, política y militar constante hacia la consecución de los objetivos anteriormente mencionados, o hacia la eliminación de las amenazas a la seguridad nacional antes de que estas surjan, o su minimización en que caso de que ya existan. Una actuación proactiva presupone además una total autonomía con respecto a EE.UU. y la eliminación de la dependencia alrededor de la alianza, lo cual se puso de manifiesto en la firma del CPTPP.

No obstante, el sistema internacional es demasiado complejo como para afrontar las amenazas desde una perspectiva exclusivamente nacional; por lo cual, la tercera norma es la cooperación internacional hacia la consecución de objetivos comunes, ejemplo de lo cual son las relaciones con EE.UU., el sistema de asociaciones en Asia-Pacífico y los nexos con la UE.

III) ¿Son coherentes las acciones de la política exterior de Abe?

Aunque los rasgos de la política exterior del gobierno de Abe fueron expuestos de manera aislada, todos se interrelacionan entre sí, demostrando una gran coherencia. En ese sentido, las determinadas herramientas de la política exterior nipona se combinan sinérgicamente a fin de multiplicar los beneficios derivados de estas. Por ejemplo, aquellos países con los cuales Japón tiene mejores relaciones políticas, EE.UU., los socios estratégicos mayores y menores mencionados anteriormente, son a la misma vez con los cuales se realizan una mayor cantidad de actividades militares, con ellos existen acuerdos de libre comercio, son los mayores receptores de AOD y sobre sus poblaciones se realizan intensas labores de influencia cultural.

Precisamente, esta combinación de diversas herramientas de política exterior se ha demostrado también en la Estrategia del Indo-Pacífico Libre y Abierto, un plan lanzado por Abe en 2019 y que consiste en la construcción de infraestructuras, firma de acuerdos comerciales, realización de ejercicios militares, proyectos de cooperación en intercambios culturales con aquellos países que se encuentran en las cercanías de las LMAC japonesas (Gabinete de Japón, 2019).

El resultado palpable de esa interacción es el prestigio internacional ganado por Japón en el período en cuestión. Según encuestas realizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la opinión positiva sobre Japón en Medio Oriente (2019), India (2019), Asia Central (2019), Australia (2017) y ASEAN (2019), asciende al 83%, 88%, 70%, 81% y 89% respectivamente.

Además, el gobierno de Abe ha logrado aumentar su activismo internacional sin elevar de manera dramática la percepción de amenaza de otros países. De acuerdo a encuestas del Pew Research Center de 2019 realizadas en 18 países del mundo, solo Corea del Sur identificó a Japón como una amenaza (en segundo lugar, después de China), mientras tres señalaron a EE.UU. y siete a China (Silver, 2019).

IV) ¿Se ha sostenido temporalmente la política exterior de Abe?

Mediante una lectura rápida de todo lo expuesto hasta ahora, se aprecia que la política exterior de Abe se ha sostenido temporalmente en sus ocho años de gobierno. Las acciones llevadas a cabo han sido sistemáticas y no esporádicas, lo cual se evidencia, por ejemplo, en la creación de múltiples mecanismos institucionales que aseguren la supervivencia de las determinadas iniciativas. De hecho, cada uno de los gráficos muestra una progresión ascendente hacia el incremento de las acciones en política exterior (gasto militar, arribo de turistas, diálogos de seguridad, tratados de libre comercio, etc.).

Tomando en consideración la respuesta a las interrogantes planteadas, es posible afirmar que en la política exterior de Japón durante el período de gobierno del Primer Ministro Shinzo Abe, se ha producido un cambio cualitativo, el surgimiento de la “Doctrina Abe”. Los axiomas de esta doctrina son:

1) El objetivo nacional fundamental es garantizar la supervivencia del Estado mediante la promoción del libre comercio, la seguridad marítima y la estabilidad regional y global.

2) Para ese fin, Japón empleará de manera coordinada y proactiva todos los recursos disponibles en su poder, como el poder militar, el activismo diplomático, los acuerdos de libre comercio y la influencia cultural.

3) Japón actuará autónomamente para la consecución de sus objetivos, pero también cooperará con sus aliados y asociados según la intensidad de las relaciones con cada uno.

4) Debido a la interrelación de la seguridad nacional nipona y la seguridad regional y global, Japón se involucrará de manera activa en la resolución de los conflictos desde una perspectiva que integre enfoques militares y no militares.

No obstante, aun es posible cuestionar si la Doctrina Abe sobrevivirá en el período pos-Abe. En el momento de redactar este artículo, el Partido Liberal Democrático todavía se encontraba decidiendo el sucesor a Primer Ministro, por lo cual es muy pronto para ofrecer una conclusión al respecto. Pero, observando los candidatos a la sucesión de Abe, todos miembros de su Gabinete y agentes de dicha política exterior, así como las grandes tendencias en el devenir histórico de Japón tras el fin de la Guerra Fría, resulta poco probable que los cambios realizados por Abe sean revertidos. La Doctrina Abe podría ser el próximo paradigma estratégico para la nación asiática.

 

* Máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales. Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), Habana, Cuba.

 

Referencias

[1] Excepto el derecho a la guerra, el cual se mantiene inalterablemente prohibido en la Constitución.

[2] Como los buques portahelicópteros Izumo y Kaga de las JSDF.

[3] En 2014, el gobierno de Abe decidió despenalizar las exportaciones de armamentos, aunque estas debían tener en cuenta determinados criterios.

[4] Portugal, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Bahréin, Djiboutí, Irlanda, Luxemburgo, Costa de Marfil, Mozambique, Ucrania, Malta, Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Serbia, Rumanía, Trinidad y Tobago, Colombia, Uruguay, Paraguay, Jamaica y Cuba.

Bibliografía

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