¿QUÉ NOS DICEN LOS CULTIVOS DE ADORMIDERA EN AFGANISTÁN?

Isabel Stanganelli*

Imagen de Gordon Johnson en Pixabay

«Afganistán es el modelo de lo que se puede alcanzar en Iraq».

George W. Bush, discurso ante la Asamblea de la ONU.

 Septiembre 2002

 

Hubo batallas, sucesivos presidentes, cambios de Constitución, rotación de «responsables» de garantizar la paz y la «democratización»  vigente en Occidente. Estamos refiriéndonos a 20 años, el doble de la estancia soviética en el país.

Y me referiré solamente a un aspecto de las actividades y objetivos en Afganistán durante esas dos décadas: los cultivos de amapola.

Resulta de utilidad mencionar que luego del petróleo y las armas, las drogas son el tercer producto mundial de comercio. El Triángulo de Oro —Myanmar, Laos, Tailandia— había sido la mayor zona productora de opio[1] del planeta durante la Guerra Fría, pero la Media Luna de Oro —con Afganistán como punto de partida— pronto sustituyó con creces a la anterior como parte de la post Guerra Fría[2]. Y fue justamente una buena fuente de ingresos durante la resistencia a la ocupación soviética 1979-1989.

La cuestión es que en 2003, una hectárea, cultivada con trigo rendía US$ 350, una con adormidera —en un 75% amapola blanca— rendía US$  6.150. Si tenemos en cuenta que este cultivo es menos exigente, es fácilmente colocable en el mercado, su valor es ínfimo en relación con el valor de venta final por lo que los compradores pueden incrementarlo sin mayores pérdidas —siempre tendrán consumidores en el ancho mundo—, puede ser guardado o acopiado indefinidamente y permite comprar todo lo imaginable: armas, alimentos, protección… Resulta el producto perfecto para sostener una guerra y también para reconstruir un país. 

Evolución de los cultivos

Este cultivo existe en Afganistán desde hace siglos, pero hemos visto que su uso comercial se inició durante la ocupación soviética del país. Los muyahidines —sostenidos por la CIA— tenían cultivos. Enviaban la morfina base a Pakistán o a Turquía donde era transformada en heroína. Tanto la resistencia a la ocupación soviética como la posterior guerra civil entre los grupos que habían expulsado a los soviéticos, pero que no lograron acuerdo para gobernar el país, fueron destruyendo las infraestructuras agrícolas, los principales canales de irrigación y las rutas al mercado de todas las restantes fuentes de ingreso nacionales, además de producir la emigración de la población. Con respecto a la población más capacitada, comenzó a destacarse en foros científicos y académicos en países vecinos y ya no regresaron.

Después del retiro soviético, y ya sin Rocky ayudando, el país perdió los subsidios de Moscú, no recibió más ayuda de Washington ni del resto del mundo —salvo la ocasional de Pakistán—. Los señores regionales de la guerra, líderes de tribus y clanes, lucharon entre sí, provistos de importantes fuerzas a las que pagaban, alimentaban, vestían y armaban —y cuya fidelidad compraban— con el dinero que aportaban los crecientes cultivos de opio.

Era la última década del siglo XX y en su transcurso Afganistán no solo sustituyó al Triángulo de Oro en la producción de opio sino que recibió la actividad de Pakistán, donde estaba comenzando a ser considerada ilegal.

Hacia 1996 el grupo mayoritario pashtún de ideología talibán logró imponerse a la Alianza del Norte (uzbekos, tadjikos, hazaras) y tomó Kabul. Entre sus medidas impuso la reducción de esta producción y solicitó ayuda internacional para subsidiar a los campesinos que sustituyeran este cultivo. Recibieron unos 630.000/año durante cinco años… Colombia recibió en el mismo lapso 399 millones anuales…

Como consecuencia, los cultivos en Afganistán no se redujeron: pasaron de 58.400 hectáreas en 1997 a 91.000 en 1998. Y siguieron incrementándose. Los campesinos necesitaban alimentarse y recuperarse de los daños producidos por los conflictos. Lamentablemente éstos continuaron.

Fue exactamente en 1999 cuando la producción de 4.565 toneladas superó a la de todo el resto del mundo incluyendo al Triángulo de Oro, llegando a alcanzar el 70% del total mundial.

Sin embargo en el año 2000 se redujo a 3.300 toneladas en plena época de cosecha —julio—; el entonces gobernante Mullah Omar prohibió los cultivos, hizo incendiar los laboratorios de heroína y encarcelar a los campesinos que no destruyeran sus cultivos. Esta decisión se debió a que Washington afirmaba que el gobierno talibán se sostenía con armas adquiridas con los ingresos provenientes del opio. En 2001 se siguieron reduciendo las hectáreas cultivadas, 1.625 hectáreas, 96% de reducción. Posiblemente el 4% restante proviniera de áreas aún no controladas por los talibán, las de la aún beligerante Alianza del Norte.

La llamativa reducción en 2001 fue y sigue siendo objeto de numerosas especulaciones: ¿se buscaba reducir la oferta para aumentar su precio? (personalmente no creo pues esto beneficiaba a la alianza rival septentrional), ¿se procuraba lograr el reconocimiento del gobierno por la ONU?, ¿el levantamiento de sanciones y la ayuda internacional? Al menos la solicitaron. Y lograr reducir en un año el 96% de un cultivo no deja de ser un logro asombroso.

Numerosos diplomáticos occidentales advirtieron que si se perdía este gesto los cultivos volverían. Pero el entonces presidente Bush Jr. bloqueó cualquier gesto a favor de la rehabilitación diplomática de los talibán al reclamar la entrega de Osama bin Laden como consecuencia de 11-S.

Afganistán «protegida» por Occidente

En 2002, ya sin los talibán, la ONU señaló el colapso total de la ley y el orden en Afganistán. Según Estados Unidos se plantaron 30.700 hectáreas, 74.000 según la ONU y hubo provincias que hasta incorporaron cultivos de cannabis —marihuana—. En 2003 la ocupación entregó semillas de trigo para sustituir el cultivo de adormidera, pero curiosamente donde se entregaron esas semillas fue donde más se cultivó amapola y ese año se produjo 6% más opio que el año anterior, 75% del opio del mundo con 61.000 hectáreas bajo cultivo —según Estados Unidos—, 80.000 para la ONU, el doble de superficie que en 2002.

Gran cantidad de sindicatos, organizaciones y hasta campesinos y funcionarios preferían compartir las ganancias antes que combatir: «vuelva en una semana y no encontrará los cultivos». Por pocos dólares negaban haber visto siquiera laboratorios. «Los americanos están enojados…. destruyamos algunos cultivos a orillas del camino»… El gobierno carecía de capacidad para investigar la corrupción oficial por drogas.

En 2004 el área cultivada se incrementó en 40%, incorporándose áreas nuevas y se esperaba que para 2005 el incremento de cultivos fuera del 43%. La ONU señaló un gran deterioro en la situación general y la existencia de campos que incorporaron maquinaria nueva, algo no hallado en otros cultivos.

Las familias próximas a Kabul que destruyeron los cultivos de opio quedaron en la miseria: se instalaron minas en sus campos para evitar nuevos cultivos.

Este era el gráfico de la evolución de la producción desde el retiro soviético hasta los primerísimos años de la ocupación occidental.
La misión de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán

En 2020 se cultivaban 224.000 hectáreas. Ya en 2018 la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU aseguró que los opiáceos colaboraban entre el 6 y el 11% del PBI y superaban el valor de los servicios y bienes exportados. Afganistán ya estaba superando en producción el 90% mundial[1].

Curiosamente se responsabilizó y se sigue culpando a los talibán de dicha evolución y cae en el olvido la reducción del 96% de los cultivos decretada por el Mullah Omar antes de su destitución y la ocupación del país por Occidente. La elevada distribución de los cultivos es un hecho documentado y creciente a partir de 2002, coincidente con la ocupación extra continental.

Luego de 20 años en Afganistán, de haber implementado estrategias de toda índole y de haberse retirado cediendo nuevamente el gobierno al entonces derrocado régimen que había eliminado el cultivo en forma drástica, hoy se acusa a los talibán de enriquecerse con el mismo. Contradicción…

Reconocer la imposibilidad de controlar los cultivos por parte del gobierno de Estados Unidos y la OTAN debido a que no controlaban la totalidad del territorio ni aun habiendo permanecido 20 años es un argumento que se contradice con las noticias que recorrieron el planeta durante ese período.

De todos modos ya había algunos indicios de que algo no estaba saliendo bien… En 2017 el Washington Post informó que soldados estadounidenses pagaban a los granjeros para que dejaran de cultivar la amapola, intentaron esterilizar los suelos con productos químicos, bombardearon laboratorios[2] —operación «Tempestad de hierro»— y hasta llegaron a ocuparse de arrancar flores con las manos. Fue el año en que la superficie cultivada superó holgadamente las 300.000 hectáreas. Y es fácil deducir que si hubieran estado cerca de lograr erradicar los cultivos habrían sumido en la pobreza al pueblo al que querían «liberar». Nueva contradicción… El pueblo se habría lanzado contra los «liberadores».

Conclusiones

La Alianza occidental no había aprendido nada del pasado. Para los afganos, vencedores ante Alejandro, el imperio británico y el soviético, esta última incursión no fue más que otra invasión bárbara y la resistieron como a las anteriores con los recursos y alianzas que se les presentaron. Continúa siendo un bastión en el centro de Asia.

Por otra parte, llama la atención la desigualdad absoluta entre los dos contendientes. ¿Con qué estrategia ingresaron Washington y sus aliados en Kabul? ¿Asignar el control de Kabul a ciertos socios internacionales —hasta que se hizo cargo la OTAN— mientras las tropas estadounidenses presentaban dudosas batallas en el sur sin saber si los señores de la guerra que los protegían en realidad eran «leales»?

¿Obligando a intervenir a Pakistán para restar «profundidad estratégica» a los talibán? Esto también resultó una mala decisión como comprobamos con los bombardeos y la destrucción por drones de este país vecino que «no estaba ayudando lo suficiente».

Hemos visto que la batalla contra la adormidera resultó perdida y patética.

Además… en 20 años ¿no pudieron contar con al menos un estratega capaz de lograr algún triunfo, algo que aunque fuera por un instante iluminara esta estéril agonía de dos décadas que terminó con la entrega del poder a los mismos que habían sido derrocados y el abandono a su suerte de aquellos afganos que decidieron apostar por la superpotencia?

No hubo planeamiento estratégico y si entre los integrantes de la coalición hubo alguien capaz de advertir el peligro, no fue escuchado.

Lamentablemente Sherman Kent no se equivocó al advertir que por acertada que fuera la evaluación de los analistas y estrategas, nada obliga a quienes comandan a escucharlos.

 

* Profesora y Doctora en Geografía/Geopolítica, Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Magíster en Relaciones Internacionales, UNLP. Secretaria Académica de la SAEEG.

 

Referencias

[1] El opio es base para producir morfina, goma de opio y heroína.

[2] Si bien la Media Luna de Oro originalmente se refería a Afganistán, Irán y Turquía, la situación internacional la transformó en el principal centro de producción y origen de rutas, principalmente hacia el norte, oeste y sur de esta república.

[3] “El lucrativo negocio del opio. La guerra de las amapolas: el fracaso de EEUU en Afganistán que aupó a los talibanes”. El Confidencial, 21/08/2021, https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-08-21/guerra-taliban-eeuu-afganistan-amapolas-heroina_3238702/ [consulta: 20/02/2023].

[4] Hubo más de 200 bombardeos que debieron ser suspendidos debido a su alto costo y a la vez a su ineficacia.

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CUATRO ASPECTOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR

Julio C. Ferrari Freyre*

El objeto de este artículo es introducir algunas cuestiones elementales para los que no se han iniciado en el estudio de las Relaciones Internacionales o cuya formación y trayectoria profesional no les ha dado la oportunidad de acercarse a los asuntos de otros países. Espero que las ideas vertidas no sean aburridas en demasía y contribuyan a esclarecer los hechos y ayudar a interpretar las informaciones que nos llegan del exterior.

Para escribirlo me he apoyado tanto en mi formación académica en Ciencias Políticas en la Universidad de Sophia en Tokio, en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador y en Economía Europea en la Universidad de Deusto en Bilbao, como así también en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación cuanto, en mi actividad profesional, ahora finalizada, como Diplomático de carrera.

Desde el siglo XVIII se ha estudiado la Política Exterior de los países, aunque recién con el final de la Segunda Guerra Mundial se la ha investigado sistemáticamente, formándose varias escuelas de pensamiento que agrupan a los distintos teóricos de las Relaciones Internacionales, entre los cuales podemos mencionar el realismo, el liberalismo, el estructuralismo, el constructivismo, funcionalismo, el feminismo, el institucionalismo y otras que no mencionaremos aquí por su menor relevancia. En cada caso es posible encontrar como representantes a autores que, siendo ciudadanos y basados en sus experiencias nacionales prefieren o apoyan las escuelas que mejor explican las políticas exteriores o las situaciones en que se encuentran sus países. Al mismo tiempo, encontramos autores que se interesan en la materia desde otras ópticas, ellos son los especialistas y teóricos del Derecho Internacional, de la Geopolítica, de los Estudios Estratégicos y los economistas en todas sus especialidades que también suman sus opiniones sobre las cuestiones internacionales y, en muchos casos, aportan distintas visiones y novedosos elementos al estudio en cuestión.

Más allá del valor, importancia o interés que le asignemos a las distintas teorías de las Relaciones Internacionales, es necesario considerar que los Estados deben tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales en su Política Exterior: la Integridad Nacional, la Defensa Nacional, la Prosperidad Económica y la Proyección hacía el Exterior[1].

Antes de comenzar con los cuatro aspectos, es conveniente recordar que el sistema internacional está compuesto primordialmente por Estados independientes. Le siguen los organismos internacionales tal como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, y muchos otros. También debemos añadir las empresas multinacionales como Siemens, Mitsubishi, Ford, Unilever y una amplia población de firmas de muy variados tipos, tamaños e intereses. Finalmente, ha de incluirse a las Organizaciones No Gubernamentales que, naturalmente, en muchísimos casos son los brazos «civiles» o encubiertos de gobiernos, de servicios secretos y de múltiples organizaciones, instituciones y empresas poderosas, y a personalidades influyentes por su trayectoria académica, por ser celebridades o por tener amplias fortunas heredadas o producto de su capacidad tecnológica o empresarial.

El Estado tiene cuatro componentes sin los cuales no es reconocido como tal y no puede existir:

Población:

La población es sin duda el capital más valioso y primordial del Estado. Es el factor humano e incluye a los ciudadanos del Estado (el pueblo) y a los extranjeros residentes en el mismo. La población o pueblo forma parte esencial y necesaria del Estado ya que sin ella no puede existir. Es importante que ella tenga el acuerdo, propósito o sentimiento de regirse por las mismas instituciones, comulgue con los mismos intereses vitales y tenga identificados sus objetivos nacionales y destino político.

Se podría pensar que es normal que la población de un Estado sea de etnias y de creencias religiosas similares. Estas condiciones ideales se dan en pocos países y en la mayoría de los casos son territorios aislados como por ejemplo Japón, Tíbet, Nepal, Finlandia, los países escandinavos, etc., donde se puede hablar de una población de características iguales.

El caso contrario son los países de América, especialmente de la América hispana, donde es normal la mezcla de razas, etnias y otros factores y donde se ha dado un importante mestizaje de pueblos originarios («indios» en el léxico tradicional), españoles, e inmigrantes de los más variados orígenes, africanos (en su momento llegados como esclavos) y más recientemente asiáticos. Estos habitantes viven bajo un régimen de igualdad gracias a las tradiciones legales hispanas y a las enseñanzas de la Iglesia Católica. No es extraño ver históricamente altas autoridades con ascendencia indígena o africana. Solamente en el caso de la Argentina podemos mencionar a Bernardino Rivadavia, Justo José de Urquiza y Juan Domingo Perón como ejemplos. También se dan casos de hijos de inmigrantes que han alcanzado las máximas jefaturas de gobierno como Carlos Pellegrini, Alberto Fujimori y Carlos Saúl Menem, situaciones que no se dan en muchos países aún con importantes corrientes migratorias[2].

Territorio:

Por territorio se debe entender la superficie terrestre ocupada por el Estado, el espacio aéreo sobre el mismo y sobre las zonas marítimas contiguas, lo que significa una franja de 12 millas náuticas de aguas territoriales y hasta 200 millas náuticas de zona económica exclusiva.

Gobierno:

El gobierno se encarga de dirigir, controlar y administrar las instituciones que conforman al Estado y normalmente, en su concepción moderna, está compuesto por el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, aunque en algunos sistemas políticos esta división no siempre se da con mucha claridad, notablemente los países marxistas y en algunas monarquías. Es normal que los tres poderes del gobierno se controlen y complementen mutuamente, siguiendo la visión de Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y Barón de Montesquieu, en el Libro XI de su «Espíritu de las leyes» (1748). El tipo de gobierno, su estructura y los mecanismos para integrarlo normalmente están incorporados en la constitución del Estado, que habitualmente es un documento escrito. Ésta debe reflejar las pautas culturales, históricas y jurídicas del país.

Más allá de la estructura que pueda tener el Estado, el gobierno tiene la responsabilidad de ejercer y defender sus intereses vitales definiendo los objetivos nacionales permanentes e inalterables contenidos en la constitución incluyendo las normas de conducta y pautas aceptables y respetuosas de los otros Estados y actores de la comunidad internacional.

Soberanía:

La Soberanía es la capacidad del Estado de imponer leyes que aseguren el bien común —el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección[3]— de la comunidad y tiene efecto dentro del mismo Estado. Es la autonomía que requiere el Estado para imponer esas leyes y las condiciones necesarias para resguardar ese bien común de la población. Es, asimismo, la fuerza que requiere para ejercer y defender sus decisiones, su territorio y su población. Holsti resume la idea de la siguiente manera:

El principio de soberanía {implica} que los gobiernos son los legisladores supremos en sus propios territorios. Los Estados son libres, en virtud de su soberanía, para gobernar como deseen dentro de su propio territorio y para formular sus propias políticas exteriores. Los estados difieren en tamaño, población, ubicación o capacidades militares, todos los estados son iguales con respecto a los derechos y deberes legales. [4]

Jean Bodin, en «Los seis libros de la República» (1576), nos enseña que es el poder absoluto y perpetuo del Estado. En las monarquías, la soberanía reside en el rey mientras que en las repúblicas el soberano es el pueblo. Claro está que, en nuestra época de monarquías constitucionales, repúblicas de distinta especie y aún en alguna que otra dictadura personalista, la soberanía reside, al menos según la mayoría de las constituciones, en el pueblo.

La idea de la Soberanía del Estado está plasmada en la Paz de Westfalia (1648) y es una de las bases de las Relaciones Internacionales. El reconocimiento de la Soberanía por otros Estados implica la independencia del país y su capacidad para actuar en el ámbito internacional. La Soberanía supone que ningún Estado podrá o deberá interferir en los asuntos internos de otro Estado. Los organismos regionales e internacionales de todo tipo están conformados por Estados Soberanos.

Sin contar con este cuarto elemento, un territorio o una población no sería un Estado aun teniendo un «gobierno», pero teniendo algunos de estos tres elementos: población, territorio o gobierno, no será un Estado si no está reconocido como tal por otros miembros de la comunidad internacional. En pocas palabras, sin Soberanía, el Estado no existe.

Por consiguiente, el Estado debe resguardar el Territorio, proteger a la Población, administrarse por medio de un Gobierno y ejercer la Soberanía para lograr y asegurar la gobernabilidad y el bien común.

Teniendo en cuenta los cuatro componentes del Estado que hemos descrito podemos comenzar a exponer los cuatro aspectos fundamentales de la Política Exterior.

Integridad Territorial

La Integridad Territorial se funda en la inviolabilidad de la independencia política y de las fronteras de un Estado se asienta en la igualdad Soberana de los Estados. Este es un principio fundamental del Derecho Internacional y está plasmado en la carta de las Naciones Unidas y de los otros organismos internacionales y regionales.

La Integridad Nacional se puede «medir» por los conflictos fronterizos con otras naciones y por territorios propios ocupados por fuerzas extranjeras o grupos rebeldes, secesionistas o regímenes contrarios al gobierno propio.

La existencia de problemas fronterizos implica una disputa o conflicto con otra nación sobre los límites entre ambos. Sus causas pueden ser el resultado de mediciones o demarcaciones equivocadas, sectores mal definidos o áreas que fueron «olvidadas» por negligencia burocrática y que fueron ocupadas por otro. Estos problemas pueden convertirse en conflictos de mayor envergadura y eventualmente en una guerra como ha ocurrido en muchas instancias. Felizmente, existen métodos más pacíficos como el arbitraje, la mediación o la actuación de la Corte Internacional de Justicia en La Haya para resolver los diferendos sin el derramamiento de sangre. En otros casos, las disputas continúan largo tiempo sin que lleguen a la violencia, aunque la posibilidad siempre queda latente y una situación de este tipo puede convertirse en un conflicto violento.

La Integridad Territorial también se puede ver afectada por las actividades de otros actores dentro del Estado. Así vemos que colonias agrícolas, barrios urbanos, sociedades e instituciones conformadas por extranjeros o grupos religiosos, étnicos, raciales, etc., específicos y excluyentes de la población propia pueden convertirse en causa de conflicto tanto con la población local (por envidia, resentimiento o prejuicio), o por los reclamos de los países de origen de esa población extranjera. Viene a la mente como ejemplo el conflicto desatado por los alemanes de la región del Sudeten en la década de 1930 que resultó, tras la Conferencia de Múnich, en la incorporación de los territorios de población alemana de Checoslovaquia que pasaron a formar parte del Tercer Reich.

Similarmente, grupos con características religiosas, étnicas o raciales que se perciben diferentes del resto de la población aun siendo considerados de la misma nacionalidad y gozando de las mismas libertades y obligaciones que el resto de la población, pueden crear un conflicto por concebir sus «derechos», costumbres o tradiciones como especiales y diferentes a las del resto de la población. Estos «movimientos» son en ocasiones promovidos por otros países u organizaciones para obtener ventajas o directamente poder controlar territorio por sus recursos naturales o situación estratégica. Un ejemplo de este tipo de conflicto es la Crisis del Congo de 1960-64 donde los intereses mineros de empresas extranjeras promovieron la secesión de la provincia de Katanga del resto del país.

De la misma manera las adquisiciones de tierras por personas adineradas, empresas, ONG’s (organismos no gubernamentales) e instituciones con el objeto de crear «áreas ecológicas» o «naturales», zonas de esparcimiento, cotos de caza u otras figuras de posesión, pueden resultar en causas de un contencioso con otros países que podrían reclamar la protección de sus ciudadanos, intereses o propiedades ante cualquier inconveniente. Un buen ejemplo fueron las actividades del empresario Douglas Tomkin en el sur de Chile (junto a Hansjörg Wyss), y en los Esteros del Iberá en la Argentina que suscitaron amplios debates y sospechas, aunque se debe aclarar que el señor Tomkin nunca sugirió la secesión de los territorios de su propiedad para formar su propio «país».

La cesión exclusiva de terrenos a otro país o institución oficial extranjera es aún más grave ya que significa una pérdida de soberanía (y por ende de los derechos propios y del control) sobre el territorio nacional. Los usos que se le den a estas tierras enajenadas pueden ser pacíficos, pero siempre estará presente la posibilidad de un uso militar o para operaciones de inteligencia contra el propio país o contra otro Estado, creando un conflicto con un tercer Estado. En todo caso, debe incorporarse una cláusula de inspección, control y coparticipación en cualquier acuerdo de este tipo, definiendo con exactitud las actividades que pueden ser desarrolladas en los mismos, los derechos y obligaciones de las partes y los alcances prácticos de la cesión. Serviría como ejemplo las bases que los Estados Unidos mantiene en Alemania, en el Reino Unido y en otros países.

El respeto a la Integridad Territorial también depende de la consideración que el gobierno, las autoridades y las instituciones tengan de su propio territorio. La idea de que el territorio nacional se pueda entregar a agentes extranjeros sin una mayor atención a los posibles efectos ulteriores es un despropósito que atenta contra la misma integridad del Estado y bien podría calificarse como una traición.

Más aceptable son los emprendimientos y las instalaciones científicas, técnicas, ecológicos y de otro tipo establecidos y mantenidos por terceros países, instituciones u ONG’s conjuntamente con el Estado Nacional para fines específicos. Estos normalmente involucran personal calificado local junto a extranjeros que desarrollan actividades transparentes y eventualmente informadas a la población y a la comunidad científica.

Naturalmente debemos excluir de este acápite las instalaciones de las Embajadas y Consulados extranjeros y sedes u oficinas de organismos internacionales y regionales dentro del país que son regidas por las pertinentes Convenciones y acuerdos, y cuya «sesión» de territorio y soberanía es parcial y temporaria.

Defensa Nacional

La Defensa Nacional es un aspecto de la Soberanía y responsabilidad primordial del Estado. La Defensa Nacional implica proteger el territorio, su población, el Gobierno y la Soberanía contra las posibles aspiraciones exacerbadas de otros Estados, organismos diversos, grupos de presión o de interés internacionales, del terrorismo internacional, del crimen organizado y de otras entidades, movimientos y agrupaciones. También involucra la protección contra bandas armadas internas, intentos secesionistas, grupos abocaos a derribar un gobierno legalmente constituido, etc.

La Defensa Nacional es ejercida por el gobierno mediante las Fuerzas Armadas, de Seguridad (policía de frontera y marítima) y Policiales, con los aportes del organismo nacional de inteligencia y, en su caso, de la información proporcionada por la red de Embajadas y Consulados propios en el exterior. La Defensa Nacional es una competencia que el Estado ejerce con exclusividad.

Hay Estados que consideran que su Defensa puede ser atendida por un cuerpo policial o una guardia nacional. Esta es una solución para países compuestos por islas o de tamaño y condición tal que la existencia de una fuerza defensiva más extensa no se justificaría por razones económicas y fiscales. El número de Estados que no cuentan con Fuerzas Armadas es muy escaso siendo estos de reducido tamaño, islas aisladas o rodeados de montañas y otros obstáculos defensivos formidables.

Las Fuerzas Armadas no sólo aportan una garantía a la existencia del país, sino que conforman un cuerpo disciplinado que presta auxilio en ocasiones de desastres naturales de todo tipo, participa en la formación de los jóvenes, ya sean voluntarios o conscriptos, en muchos casos han posibilitado la educación y capacitación técnica de sus integrantes, y en ocasiones han provisto el respaldo de las autoridades nacionales y locales frente a desordenes internos.

Es obvio que la Defensa significa resguardar y salvaguardar al Estado de los intereses de otros países y entidades extranjeras con pretensiones sobre el territorio, la población, los recursos naturales, y otros factores económicos, pero implica también la protección contra la penetración de formas de pensar o actuar contrarias a la cultura y tradiciones de la población.

No debe ser considerada la Defensa simplemente como una cuestión militar o de seguridad, sino que su influencia alcanza aspectos tan importantes como el desarrollo de determinadas áreas del país, el resguardo de sus recursos naturales, la salud pública, la educación, la cultura y otros aspectos de la nación. La pretensión de otro país sobre un territorio nacional ajeno despoblado o físicamente marginado o separado del resto puede tentar a su ocupación por parte de aquél o a ser explotado por agentes económicos inescrupulosos sin el efectivo control de la autoridad competente nacional. Se extiende además a la protección de ciudadanos amenazados por residentes extranjeros dentro de las fronteras del Estado y al resguardo contra las acciones de bandas armadas o criminales (narcotraficantes, contrabandistas, traficantes de personas, etc.), que corroen la dignidad y el bienestar de la población, su modo de vida y su desenvolvimiento económico.

Aun cuando algunas personas idealistas piensen lo contrario, ningún país serio puede descuidar su Defensa, la protección de sus fronteras y dejar de contar con información precisa para contrarrestar cualquier intento de actividad agresiva. Descuidar la Defensa Nacional es un ingenuo infantil de quienes confían en un idealismo absurdo como bien demostró la Gran Guerra de 1914-1918 y los muchos otros conflictos desde esa época. Pensar que «entidades supranacionales», como los organismos internacionales o regionales, correrán en su auxilio es equivalente a las maquinaciones de un demente. Cuando deciden actuar estos organismos rara vez han intervenido en forma inmediata y sí siempre después de la pérdida de centenares de vidas y de la destrucción de propiedades.

Otros consideran que al participar el Estado en organizaciones multilaterales y regionales, no existen razones para formular hipótesis de guerra. Esta es otra ilusión que no evita los conflictos y contribuye a la potencial destrucción del propio país. Las hipótesis de guerra no significan necesariamente que se busque un conflicto, sino que se esté preparado para enfrentarlo. Las hipótesis también pueden incluir los planes de cooperación de las fuerzas armadas de un país en auxilio de un vecino cuando azotan los desastres naturales o un vecino aliado que haya sido atacado por otro Estado. Un buen ejemplo fue la nutrida cooperación brindada por varios países cuando se hundió el submarino A.R.A. San Juan. Los ejemplos de este tipo de cooperación —hipótesis de cooperación podríamos llamarlos— son muy numerosos, especialmente en nuestra región.

Un buen estado de Defensa Nacional siempre dará seguridad a la Política Exterior del país y ayudará a disuadir a un potencial enemigo de entrar en conflicto.

Prosperidad Económica

La prosperidad económica de un Estado frente pasa necesariamente por el comercio y las inversiones.

En términos de la política exterior de un Estado, el comercio exterior se puede definir como el intercambio de bienes y servicios con otro país. Esto significa la salida de productos agropecuarios, manufacturas o servicios de nuestro país —las exportaciones— y la entrada de productos de otros países en el mercado propio —las importaciones—. En este sentido, la tasa de cambio entre la moneda nacional y las monedas más comunes del comercio internacional, esencialmente el dólar estadounidense y el euro, deben idealmente favorecer las exportaciones del país.

Desde la antigüedad hasta nuestros días, el comercio exterior ha sido de capital importancia en la economía permitiendo la venta del exceso de producción en otros mercados, el suministro de bienes escasos en la economía propia eliminando distorsiones del mercado por faltantes, ampliando la oferta de productos e introduciendo nuevos alimentos, manufacturas o servicios.

El comercio exterior puede acelerar el crecimiento de la economía ya sea por medio de las ventas como por la introducción de nuevos productos que eventualmente podrían ser cultivados o producidos en el país, reduciendo la dependencia de las importaciones y promoviendo nuevos productos para la exportación.

Las ventajas comparativas de un país facilitarán las exportaciones, la especialización en la producción y la formación de los trabajadores y el posicionamiento del Estado en el comercio internacional.

Las exportaciones permiten la entrada de divisas que pueden ser utilizadas para la adquisición de las importaciones o para acumular (reservas) para su uso en caso de necesitar cubrir la importación de alimentos, materias primas o manufacturas. Similarmente las divisas obtenidas pueden incrementar el respaldo de la moneda local.

El comercio internacional hace más prósperas las condiciones para el consumidor promoviendo la mejora de la calidad y la eficiencia de las empresas y ayuda a reducir los costos. Esta situación le permite al consumidor mayor libertad para elegir según sus preferencias de calidad y precio.

La competencia entre las empresas del país y las de otro resultará en una mayor competitividad promoviendo que las firmas nacionales desarrollen más adecuada tecnología, más ajustados procesos y eleven la calidad de la producción.

El comercio exterior también puede promover el crecimiento de los sectores agropecuario, industrial y comercial creando de esta forma mayores posibilidades de empleo, formación y especialización resultando en una mejora en el nivel de vida de la población.

El Estado debe promover el comercio exterior por las razones mencionadas, pero también debe procurar que no se cree una dependencia en uno o en pocos mercados lo que resultaría una seria desventaja para la economía y política exterior. También se debe procurar que el valor de las exportaciones de bienes y servicios supere el valor de las importaciones.

La situación ideal sería que el comercio exterior tenga mercados en distintos países y bloques económicos (Unión Europea, Mercosur, NAFTA, ASEAN, etc.), sin que ninguno o sea predominante. Esta relación permitiría poder mantener cierta independencia evitando presiones y la amenaza de pérdida de un mercado crítico para la economía del país, ya sea en términos de exportaciones cuanto de importaciones.

Muchas naciones mantienen estructuras dentro del gobierno para promocionar el comercio exterior, especialmente las exportaciones y establecen oficinas en el exterior que investigan la apertura de nuevos mercados, buscando compradores, tomando parte en ferias, exposiciones y competencias, y participando en licitaciones. Estas oficinas bien pueden formar parte de la estructura del Estado o ser mixtas contando con la colaboración de cámaras, asociaciones y empresas privadas que buscan mayores ventas para sus productos en un mercado más amplio que el propio. Este segundo esquema permitiría un menor costo de mantenimiento de la estructura, incluyendo las oficinas que se abrieran en el exterior, y evitaría que el Gobierno se involucre directamente en los asuntos comerciales de personas o empresas mientras que acompaña el comercio exterior para que se lleve a cabo dentro de los parámetros de los objetivos e intereses nacionales.

Esta oficina también debería realizar el seguimiento de las empresas involucradas en el comercio exterior promoviendo su participación o investigando casos de fraude y estafa tanto de exportadores como de las empresas extranjeras que suministran las importaciones a nuestro mercado, manteniendo un registro de las medidas paraarancelarias, sanitarias, legales, impositivas, etc., de los mercados adonde se dirigen las exportaciones, los medios de transporte disponibles, etc.

Otro aspecto de la Prosperidad Económica son las inversiones extranjeras en el país. De especial interés son las Inversiones Extranjeras Directas (IED), por las cuales empresas extranjeras establecen firmas subsidiarias en el exterior para promover la producción agropecuaria o industrial en un nuevo territorio. La IED también puede ser destinada al comercio interno.

Para lograr la Prosperidad Económica se debe asegurar que las inversiones extranjeras sean productivas y que resulten en la construcción o mejoramiento de fábricas, campos agrícolas, redes de distribución, etc. Preferentemente las inversiones buscarían solventar la demanda local y exportar el excedente que bien podría ser la principal razón de ser de la inversión. Las inversiones puramente dirigidas a satisfacer la demanda local, que por su puesto exportan las ganancias, siempre llegarán a agotar esa demanda sin generar una expansión por medio de las exportaciones. Las inversiones además deben asegurar el respeto por el medio ambiente produciendo una mínima contaminación según las normas locales, del país de origen y las recomendaciones internacionales.

Debe advertirse que en muchos casos las inversiones extranjeras consisten en la adquisición de una firma nacional afectada por problemas financieros, de tecnología o de «coyuntura». En este caso, aportando capital y tecnología, la firma extranjera vuelve a poner en marcha a la fábrica otrora nacional, logrando conquistar el espacio correspondiente en el mercado para llevarse las ganancias a la casa matriz[5].

Si el país que recibe las inversiones extranjeras se encuentra en vías de desarrollo, deberían incorporarse cláusulas sobre formación y capacitación del personal, como así también sobre el bienestar y la salud, en los acuerdos, promoviendo un mejor nivel de vida para los trabajadores. Con el tiempo esto resultará en una ventaja para la firma inversora al contar con personal entrenado por ellos mismos.

Para que las inversiones extranjeras sean un motor para el crecimiento, el Estado debe procurar que sean implantadas en zonas de menor desarrollo relativo, posibilitando mejoras en esas regiones del país y favoreciendo la creación de riqueza en áreas que no sean las desarrolladas o las más ricas del país. Como criterio general, las mismas deben estar situadas cerca de donde se obtienen las materias primas a ser transformadas, ya sean agropecuarias o minerales, posibilitando una mejor distribución de la riqueza y de la población. Esta distribución de las inversiones también tendría implicancias para el mejor desarrollo de las instituciones políticas del país ya que colaboraría para una mejor la distribución de la población y por ende de los representantes en el congreso o parlamento y reduciría la concentración de la población en unas pocas aglomeraciones urbanas.

Por otra parte, los Estados deberían procurar el establecimiento de «Empresas Conjuntas», también llamadas «Joint Ventures». Estas contarían con la participación de agentes económicos locales o inclusive del Estado Nacional o de los gobiernos municipales, departamentales o provinciales, asegurando la concreción de la inversión a nivel local y eventualmente de la distribución de las ganancias de las mismas a nivel local. Por otra parte, este mecanismo sería útil para mantener una presencia del Estado en el proyecto de inversión con el objeto de controlar y facilitar el accionar respecto de los objetivos e intereses nacionales, fomentar la educación y formación técnico-industrial, etc.

Debe procurarse que las inversiones no sean puramente especulativas buscando ventajas bancarias para irse al poco tiempo llevándose el capital invertido y los intereses devengados, resultando en una pérdida neta para el país y el sistema financiero. Esta forma de «inversión» ha sido muy aprovechada por los interesados en las ganancias propias, a saber, como ladrones o usureros quienes deben ser tratados como tales.

Claro está que el Estado no debe realizar acciones que ahuyenten las inversiones extranjeras por el vacío que pueden llegar a infligir a la economía nacional. La desaparición de empresas extranjeras puede resultar, especialmente si es repentina, en un mayor desempleo, la creación de un vacío de tecnología, la fuga de técnicos y científicos calificados, tanto propios como extranjeros, el retiro de importantes sumas de dinero, especialmente de divisas extranjeras, etc. Un clásico ejemplo fue la finalización de la cooperación económica y técnica entre la Unión Soviética y la República Popular China en 1958-60, al iniciarse la ruptura ideológica entre ambos países.

Una economía pujante con una amplia balanza comercial a favor, inversiones productivas, suficientes reservas sosteniendo la moneda nacional y un nivel de inflación manejable dan independencia a la política exterior de un Estado.

Proyección Global

La Proyección hacia el Exterior o Global de un Estado es el perfil que pretende mostrar hacia la comunidad internacional, teniendo en cuenta la constitución, valores, leyes, costumbres, tradiciones y “sentimientos” del pueblo. Es esencialmente la Política Exterior del Estado la que debe encarnar y hacer visibles, tanto a la ciudadanía como a los actores internacionales, el Interés Nacional y los Objetivos Nacionales[6].

Amadeo considera que el Interés Nacional no es un objetivo en sí, sino que corresponde a un supuesto esencial: «Cualquiera sea el objetivo que el Estado se trace debe estar basado en el interés nacional y todo lo que lo contradiga debe quedar terminantemente excluido»[7].

Los objetivos de la Política Exterior son «aquellas metas estables que los Estados se proponen alcanzar en el plano internacional y para cuyo logro emplean los procedimientos y se valen de los métodos propios de esa política». Su «elaboración es el fruto de la consciencia nacional a través de la historia, y en esa elaboración participan varias generaciones»[8].

A mayor complejidad, tamaño y riqueza del Estado, mayor será la necesidad de su integración en la comunidad internacional y el mantenimiento de una presencia activa en ese ámbito en distintas áreas que bien podrían resumirse en los siguientes niveles:

Político. Mantener buenas relaciones con los países vecinos y las potencias regionales y mundiales; buscar y mantener un espacio en los organismos regionales e internacionales para proyectarse y defender sus intereses nacionales

Económico-Comercial. Mantener relaciones con los organismos internacionales económicos, organizaciones del comercio y del desarrollo económico; asegurar el comercio exterior, especialmente las exportaciones «tradicionales” del país así como los productos novedosos abriendo nuevos mercados; promover las inversiones extranjeras al país y buscar oportunidades para las inversiones en el exterior de mutuo provecho.

Social. Lazos entre los inmigrantes y sus parientes en sus países de origen; intercambio turístico entre los países; relaciones creadas por el intercambio de académicos, estudiantes y funcionarios/oficiales militares; turismo cultural; aprendizaje de idiomas; intercambio de profesionales de distintos rubros.

Cultural. Diseminación de la Cultura Nacional, especialmente de la literatura, las expresiones plásticas y la música, sea esta popular o clásica; fomentar los teatros, museos y centros de exposiciones del país; promocionar las creaciones artísticas y a los intérpretes; promover el intercambio de académicos y estudiantes universitarios,

Científico-Tecnológico. Buscar el intercambio en las investigaciones científicas y técnicas; procurar los intercambios de estudiosos; protección de las investigaciones propias y de las patentes; promocionar las investigaciones científicas en el exterior.

Militar-Estratégico. La participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz de los organismos internacionales y regionales; intercambio de oficiales con otros países, especialmente dentro de la misma región; participación en maniobras, estudios y simulacros con países amigos.

La Proyección Global presenta otra dimensión que es la visión que tienen los otros actores internacionales del país. Políticas cortoplacistas, interesadas, cambiantes o inestables no ayudan a presentar una imagen coherente y seria del Estado. Lo mismo puede decirse de las políticas seguidas internamente para con los foráneos e inmigrantes, el respeto por los derechos humanos, económicos y políticos, las inversiones extranjeras y otros factores que preocupan a la comunidad internacional. Se supone que el Estado es un actor racional que busca el interés nacional y las buenas relaciones con otros países[9].

Esta Proyección hacia el exterior requiere de una política de Estado que tenga en cuenta las cuatro dimensiones que hemos descripto y mire hacia el exterior para lo cual necesita de una Administración Pública y un Cuerpo Diplomático capacitados, profesionales y motivados con visión de conjunto hacia el futuro en un mundo cada vez más complejo. La claridad de esa Proyección Internacional se retroalimenta con las Políticas Internas impulsadas por el Interés Nacional

 

* Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Sophia (Tokio, Japón), Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador y Economía en la Universidad de Deusto (Bilbao, España). Egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, ISEN (1984) y como Diplomático ha cumplido funciones como Cónsul en Bilbao, en la Embajada Argentina en la República Popular China y como Cónsul General en Guangzhou (R. P. China). En Cancillería fue Director de Documentación de Viaje dentro de la Dirección General de Asuntos Consulares y estuvo a cargo de la Representación Especial para Asuntos de Terrorismo. Se retiró del Servicio Exterior de la Nación como Ministro Plenipotenciario de Primera Clase en 2018.

 

Referencias

[1] Gerald Segal. “Chinese Foreign Policy”. En: Goodman, David y Segal, Gerald, China at Forty, Oxford: Oxford University Press, 1990.

[2] Amadeo, p.81.

[3] Gaudium et Spes -Constitución Pastoral-, 26

[4] Holsti, p. 84

[5] Speroni, Iris: El Cascabel al Gato

[6] Dougherty y Pfaltzgraff p 95

[7] Amadeo, p.147

[8] Amadeo, p.145-6

[9] Dougherty y Pfaltzgraff p 32

 

Bibliografía

Amadeo, Mario: Manual de Política Internacional. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1978.

Dougherty, James A. y Pfaltzgraff, Robert L. Contending Theories of International Relations. Nueva York: Longman, 2001.

Giménez Morera, Antonio. Organización y Gestión del Comercio Internacional. Universidad Politécnica de Valencia, 2019.

Goodman, David y Segal, Gerald. China at Forty, Oxford: Oxford University Press, 1990.

Holsti, Kalevi J. International Politics: A framework for Analysis, Prentice-Hall, Englewoods, Nueva Jearsey, 1972.

Speroni, Iris. «El Cascabel al Gato». Restaurar, 18/01/2022, https://restaurarg.blogspot.com/2020/01/aumentar-la-inversion-quien-le-pone-el.html

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LA INVESTIGACIÓN ES CENTRAL PARA ESTABLECER LAS POLÍTICAS PESQUERAS

César Augusto Lerena*

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) es, sin lugar a duda, un reconocido Instituto de Investigación donde transitaron y realizan sus tareas los más acreditados científicos y técnicos en la materia. No se hubiera podido lograr el desarrollo pesquero nacional sin el aporte imprescindible de este Instituto Nacional y lo ha hecho en un marco donde la política en distintas etapas ha incidido negativamente y, en numerosas ocasiones, ni siquiera ha tenido en cuenta sus informes, dando lugar a la depredación, al descarte y a la insostenibilidad de los recursos y el Consejo Federal Pesquero, aun conociendo los informes del INIDEP, tiene por la Ley 24.922 atribuciones que exceden al conocimiento técnico de sus miembros.

En la actualidad habría que agregar que el Instituto y sus investigadores sufre la desatención de la Subsecretaría de Pesca y ello se indica en la Revista Puerto el 27/02/2023: «más de cincuenta investigadores han firmado una nota solicitando una auditoría externa —independiente del Estado— que investigue «el real estado de los buques» ante las sucesivas y repetidas averías, las explicaciones contradictorias de los directivos, la ineficiencia en el mantenimiento y la suspensión de campañas que desprestigian la institución. (…) Es necesario mencionar que este tipo de problemas, que se repiten muy frecuentemente, trae consecuencias para el desarrollo de nuestras actividades, como así también a la calidad y confianza en el asesoramiento, perjudicándose la imagen que pretendemos para nuestra institución. Los constantes aplazamientos y/o suspensión de campañas afectan la confiabilidad y el prestigio de nuestra institución (…). Esto nos envuelve involuntariamente en una situación vergonzosa que consideramos debe revertirse en post de una gestión eficiente y transparente». Entre otras se ha cancelado la campaña del calamar que, precisamente, es objeto de pesca ilegal (INDNR) por parte de buques extranjeros en alta mar y Malvinas.

Reseñada esta cuestión puntual que atenta contra la sostenibilidad del ecosistema, la misión y funciones de este Instituto, previstas en la Ley, son insuficientes para proveer de herramientas destinadas a la protección de los recursos migratorios y los relativos a la mejora de los procesos y los productos de las empresas.

Debería corresponder al INIDEP establecer el inventario de los recursos pesqueros en la ZEE y los recursos migratorios originarios de ésta en alta mar y viceversa, susceptibles de ser aprovechadas; diseñar y ejecutar los programas anuales de investigación, de tecnología, nanotecnología y los estudios económicos referidos a la exploración, explotación sostenible, procesamiento y almacenamiento eficiente y relativos al máximo aprovechamiento de los recursos vivos del mar; determinar en forma anual de las capturas máximas sostenibles por especie y zona de pesca (incluso en alta mar y su relación con la ZEE); perfeccionar y desarrollar sistemas de captura, artes de pesca y embarcaciones pesqueras; realizar las investigaciones científicas y tecnológicas relativas al valor alimenticio; la calidad de los productos pesqueros y el consumo nacional de estos; dictaminar a la Autoridad de Aplicación sobre el otorgamiento de Autorizaciones no gubernamentales de pesca experimental; asesorar a las empresas en el desarrollo tecnológico de cuestiones relativas a la captura, el procesamiento de las materias primas; la elaboración de nuevos productos y la mejora de su calidad; con la aprobación de la Autoridad de Aplicación, establecer convenios con otros Institutos de Investigación del Estado Nacional y/o provinciales para contribuir a la mayor eficiencia pesquera y una conservación integral y conjunta de los recursos; asesorar a la Autoridad de Aplicación y al Consejo Federal Pesquero en aquellas decisiones, donde éste pueda y deba requerir la opinión técnica especializada del INIDEP.

En el Artículo 11º de la Ley 24.922, al igual que en artículos anteriores, se le asigna un rol al Consejo Federal Pesquero que se inmiscuye en cuestiones que deberían estar reservadas al INIDEP, que es quien dispone de las capacidades técnicas y científicas para garantizar la sostenibilidad biológica de los recursos. En todo caso, el Consejo Federal Pesquero debe contribuir con las políticas pesqueras generales de administración del recurso en la ZEE y de los migratorios originarios de la ZEE en alta mar. Desde la década del ‘70 hasta nuestros días la actividad pesquera se caracterizó por la promoción de la actividad extractiva y exportadora y no, extractiva, transformadora, comercial. Se aumentó el esfuerzo pesquero, se privilegiaron las estadísticas que indicaban más dólares exportados con escaso valor agregado por sobre el aprovechamiento eficiente del recurso, es decir, más divisas y más empleo. Se requiere, frente a la experiencia de sobreexplotación de la merluza común y otras especies en la década del ‘90, con sus consecuencias económicas y sociales, el inicio de una administración racional de los recursos que contemple la evaluación permanente del potencial pesquero; una explotación biológica y económicamente eficiente; estabilidad en su disponibilidad, fortalecimiento de una industrialización plena y con ello, mayor valor agregado y empleo y, un mayor consumo y una máxima penetración en los mercados minoristas del mundo.

Reafirmar esta actividad industrial, consolidarla, incorporarla a nuestros hábitos culturales de trabajo y consumo, incrementar este alimento excepcional en la dieta de los argentinos, generar empleo, distribuir adecuada y equitativamente entre los distintos actores de la industria pesquera el recurso disponible, utilizar este recurso natural para ocupar en forma efectiva los espacios estratégicos marinos y terrestres de la Nación, propiciar estrategias para erradicar la Pesca Ilegal (INDNR) en el Atlántico Suroccidental y en el área de Malvinas, son tareas de la Autoridad de Aplicación con el apoyo del Consejo Federal Pesquero, mientras que el INIDEP se debiera dedicar a acrecentar herramientas para asegurar la pesca sostenible y la perpetuidad de este recurso. Sin buques activos es improbable hacerlo.

Un recurso natural renovable (pero agotable) sensible a factores relativos a la extracción descontrolada, climatológicos y ambientales, requiere una administración óptima para dar mayor seguridad posible a los inversores, industriales y trabajadores, para lo cual no se necesita solo de administradores sino también de hombres formados en la ciencia y en la técnica, capacitados, perfeccionados y comprometidos en hacer el mejor aporte a la política dentro del marco de la rigurosidad que exige la investigación.

El INIDEP es una importante herramienta que debería tener por finalidad el diseño y ejecución de programas de investigación y tecnología. La determinación de las Capturas Máximas Sostenibles no puede estar en manos del Consejo Federal Pesquero, sino que debe ser un atributo del INIDEP, institución que tiene la capacidad profesional y científica para hacerlo y, para ello, hay que proveerle las herramientas más avanzadas para ello.

Es muy importante que la Autoridad de Aplicación fomente y ejecute las investigaciones científicas relacionadas con la actividad de la pesca, la acuicultura y sus actividades conexas, así como las especies de interés pesquero y acuícola y aquellas con potencial, que contribuyan a la formación de políticas, estrategias y medidas para su administración y hacerlo con un enfoque ecosistémico, ya que ésta es una herramienta fundamental para determinar los stock, las asociaciones entre las especies y los procesos migratorios, entre otras cuestiones que permitan elaborar una política pesquera sostenible, así como actividades orientadas a la búsqueda del mejoramiento tecnológico, la transformación y reconversión de las actividades pesquera y acuícolas, que son centrales para asegurar una pesca selectiva, sostenible y sustentable, tanto en las etapas de extracción como de procesamiento.

Un INIDEP con gran autonomía investigativa y confianza de la comunidad científica y empresaria, es la mayor garantía para que sus dictámenes sean reconocidos a nivel nacional e internacional y ello es central para sostener —con base científica— el combate sobre los efectos negativos al ecosistema de una pesca descontrolada en alta mar de los recursos migratorios originarios de la ZEE. No es posible imaginar el control de los recursos migratorios argentinos en alta mar sin un INIDEP tecnológicamente dotado, humana y científicamente comprometido y con una participación hiperactiva, a la hora de apoyar técnicamente los proyectos destinados a que la Argentina —como Estado ribereño— genere los avances necesarios, junto a toda Latinoamérica y El Caribe, respecto al cuidado de sus recursos migratorios.

Respecto al Artículo 18º de la Ley 24.922 vigente, ya nos hemos referido a que no debería ser el Consejo Federal Pesquero sino el INIDEP quien fije la «Captura Máxima Sostenible». Ya hemos visto a través de los años que por decisiones políticas se otorgaron permisos, cuotas y autorizaciones que excedieron a las Capturas Máximas Sostenibles, pese a los informes científicos, no siendo admisible que decisiones políticas violenten estos informes y ocasionen depredación.

El Artículo 13º de la ley vigente indica también que «Los resultados de todo trabajo de investigación sobre los recursos pesqueros deben ser puestos a disposición de la Autoridad de Aplicación antes de cualquier utilización o divulgación de estos y, las empresas dedicadas a la extracción de recursos vivos marinos están obligadas a suministrar toda la información requerida destinada a la investigación del recurso, cuestiones que los gobiernos argentinos violentaron cuando acordaron la investigación conjunta con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ratificando esta irregularidad en 2016 cuando se firmó el Pacto de Foradori-Duncan, ya que en las campañas participaban agentes británicos.

La pesca experimental por parte de personas físicas o jurídicas nacionales, extranjeras u organismos internacionales con buques de pabellón nacional o extranjero deberían requerir autorización otorgada por la Autoridad de Aplicación, previo dictamen del Consejo Federal Pesquero y estar sujeta a las limitaciones indicadas precedentemente. La Autoridad de Aplicación debe tener libre acceso a toda información derivada de la investigación científica y técnica y tener facultad para designar representantes del INIDEP que, con el carácter de observadores, presencien los trabajos y verifiquen que ellos se ajusten a las condiciones y límites que se fijen. La pesca experimental no puede encubrir la pesca comercial como ocurrió en la Argentina y tampoco es admisible, como denunció en la Fiscalía de Río Grande (Tierra del Fuego) el abogado Carlos Lionel Traboulsi, que «el pasado 21 de enero de 2023 el rompehielos y laboratorio flotante RRS Sir David Attenborougt, «con bandera ilegal de las islas Falklands» habría navegado (sin autorización de la Autoridad de Aplicación argentina) aguas soberanas rumbo a Punta Arenas (Chile) con objetivo confuso y desconocido, tras su travesía desde las Islas Malvinas», violando la DTP de la Constitución Nacional, el artículo 92º de la CONVEMAR, los artículos 2º y 5º de la Ley 23.554 de defensa, los artículos 14º y 38º de la Ley 24.922 y el Decreto 256/10.

La Investigación es central para respaldar las políticas pesqueras y las Autoridades del gobierno no pueden ser los responsables de que ello no ocurra.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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