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ACTIVIDAD PESQUERA, Atlántico Sur

LAS RAZONES BIOLÓGICAS Y RELATIVAS A LOS RECURSOS NATURALES QUE DAN SUSTENTO A LA DENUNCIA DE TODOS LOS ACUERDOS MARÍTIMOS Y PESQUEROS

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César Augusto Lerena*

La armada anglo-francesa fuerza su paso a través de la Vuelta de Obligado
De Manuel Larravide (1871-1910), Enciclopedia Historia Argentina.

Por medio de la Ley 20.770, se instauró el 20 de noviembre como Día de la Soberanía, en conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado ocurrida en 1845. Si la Argentina pretende pasar de los dichos a los hechos e iniciar el camino de recuperación de la soberanía, cumpliendo con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional: “Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional (…) constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, debiera derogar, rechazar o declarar finalizados los Tratados, Acuerdos, Convenios, Pactos u Hojas de Ruta —todos indecoroso/as— que se oponen a ello. Incluyo dentro de éstos los Acuerdos de Madrid (1989/90), el Convenio suscripto en Londres en 1990 con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para “La Promoción y la Protección de Inversiones en la Argentina” sancionado por Ley 24.184 (1992); el Acuerdo de Nueva York sancionado por la Ley 25.290 (1995); el Pacto de Foradori-Duncan (el martes 13 de septiembre de 2016); el Convenio propiciado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) y el Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto (2009).

A todos los argumentos políticos, jurídicos, económicos y militares que justifican plenamente la derogación de los Acuerdos y Convenios citados precedentemente, debemos agregar como central la 50ª sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones en la que se dictó la Res. 41/11 el 27 de octubre de 1986 donde se declaró al Océano Atlántico, en la región entre África y América del Sur, como “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (ZPCAS) y se exhortó a todos los Estados de esta área a “promover una mayor cooperación regional, entre otras, para el desarrollo económico y social; la protección del medio ambiente; la conservación de los recursos vivos y, la paz y seguridad de toda la región” a la par de impulsar la desmilitarización del Atlántico Sur y la eliminación de las armas atómicas.

Entiendo que resultan fundamentales para promover esas denuncias, tener muy presentes las cuestiones relativas al cuidado del ambiente marino, el ecosistema, el transporte y la explotación de los recursos migratorios originarios en la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) Argentina en el área de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) y más allá de las 200 millas en la alta mar que se ven afectados por los Acuerdos etc. que se propicia derogar.

Sobre la denuncia de los Acuerdos de Madrid y del Convenio de protección de las inversiones británicas en la Argentina ya me he referido en extenso (Lerena, César “El Pre-acuerdo de la Canciller Malcorra y los Acuerdos de Madrid de Cavallo”, 16/9/1916; “El oscuro Tratado de Madrid”, 2/4/2019; “El gobierno debe ‘declarar finalizadas’ las Declaraciones Conjuntas de Madrid”, 25/6/2020; “Las Innombrables Declaraciones de Madrid”, 8/9/2020; “La Denuncia del Convenio de Promoción y Protección de las Inversiones del Reino Unido de Gran Bretaña en la Argentina”, 7/10/2020).

Para ello, deberíamos tener en cuenta, en primer lugar, que las capturas con licencias ilegales británicas en las aguas del área de Malvinas o, fuera de éstas, afectan al Ecosistema, que debe ser considerado integralmente como indica la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR), por lo tanto, atentan contra el “Rendimiento Máximo Sostenible” establecido en forma anual por el INIDEP para la explotación y preservación de la economía trófica de los recursos pesqueros en la ZEE Argentina.

Los buques extranjeros que capturan sin control en la alta mar rompen el ciclo biológico, ya que —ecológicamente— es necesario asegurar el regreso del recurso a la ZEE donde realiza su etapa biológica más importante y, como bien refiere el Código de Conducta para la Pesca Responsable (Art. 6º inc. 6.5, 6.8, 6.9 y 6.18), respecto a la Ordenación Pesquera, los Estados deben aplicar el Criterio de Precaución en la conservación y la explotación de los recursos, teniendo en cuenta, el hábitat crítico, las zonas de cría y desove. El caso del calamar patagónico (Illex argentinus) es un ejemplo típico, ya que inicia su ciclo de vida anual en el área continental de la ZEE Argentina, migra al área de Malvinas y de alta mar y regresa al área original del ciclo, por lo cual, su captura sin control en Malvinas y en alta mar no solo dificulta su sostenibilidad sino que —vinculada su ecología trófica a otras especies y actuando como depredador o presa— afecta al total de las especies con las que interactúa en el ecosistema y, en la Argentina, muy especialmente a la merluza, especie central en la generación de industrias y empleo. Ello se ratifica en los propios considerandos del Acuerdo de Nueva York donde destaca que la depredación se produce por la pesca de alta Mar: “…algunos recursos se están explotando en exceso…”.

Se debe tener en cuenta, en segundo lugar, que las Organizaciones Regionales o subregionales de Ordenamiento Pesquero (en adelante OROP) y su integración por parte de Estados de Bandera supone la resignación de Argentina a la administración de los recursos pesqueros en todo el Atlántico Sudoccidental (por la composición mayoritaria en las OROP de Estados de Bandera sobre los ribereños), no solo en la alta mar sobre sus recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina, sino también dentro de ésta, conforme las normas de la CONVEMAR y las correspondientes al denominado Acuerdo de Nueva York (“las Poblaciones de Peces transzonales y altamente migratorios dentro y fuera de las Zonas Económicas Exclusivas”).

El Acuerdo de Nueva York es un engendro técnico que intenta hacerse de la administración del mar por parte de Estados de Bandera (contrario a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que promueve la explotación del Atlántico Sur por parte de los países con ZEE en éste) y quitar o limitar las facultades soberanas de los Estados ribereños sobre la regulación de sus recursos pesqueros. Crea las OROP, organizaciones mayoritariamente integradas por Estados Banderas, que se constituyen en administradores que minimizan y dificultan las negociaciones directas entre Estados o empresas. Todo ello agravado, porque muchos de los principales Estados de Bandera (China, España, Corea del Sur, Taiwán, Japón, Reino Unido, etc.) que pescan en alta mar en el Atlántico Sur, subsidian con 35.000 millones de dólares (2019) las operaciones de captura; una cifra que representa el 35% del monto total mundial producido, lo que demuestra la vocación de estos países de hacerse de los recursos pesqueros, incluso a pérdida, contrario a todas las políticas de comercio de la OMC.

Por las reglas de la CONVEMAR y muy especialmente por la forma en que se pretende regular la pesca de la alta mar en el Acuerdo de Nueva York, se deja de manifiesto la clara intención de los Estados de Bandera (en su mayoría países desarrollados que pescan a distancia) de quedarse con los recursos de los Estados ribereños, de otro modo no podría entenderse que aquellos recursos que son de dominio de éstos en la ZEE, por el solo hecho de pasar la línea imaginaria de las 200 millas, puedan pescarlos terceros países y, aún peor, que los Estados de Bandera incidan sobre la administración de los recursos en la ZEE. Este criterio rompe con el más elemental modelo biológico y de sostenibilidad de las especies.

La Argentina en 1995 al ratificar la CONVEMAR efectuó algunas declaraciones al respecto (Ley 24.543 art. 2º inc. c): “…El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de Alta Mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de la Alta Mar adyacente a ella, la Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en la alta mar. Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin”, con lo cual la Argentina ha dejado clara su vocación de acordar las capturas en forma directa cuando existan poblaciones excedentarias.

Monumento a la Batalla de la Vuelta de Obligado, San Pedro, Provincia de Buenos Aires.

En tercer lugar, del total de 3.146.345 km2 de la ZEE Argentina el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante el Reino Unido) ocupa un territorio marítimo argentino aproximado a los 1.639.900 km2 alrededor de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, según los espacios unilateral y arbitrariamente establecidos por el Reino Unido como “Zona de Administración y Conservación interina Pesquera” (FICZ para los británicos); “Zona Exterior de Conservación Pesquera” (FOCZ para los británicos) ambas alrededor de Malvinas; el Área de reserva ecológica alrededor de las Georgias del Sur y Sándwich del Sur y el GAP, de 1.900 km2 en el área nordeste de Malvinas. Es decir que a pesar de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y de los Acuerdos que se solicita denunciar, el Reino Unido ha ocupado en forma creciente y sostenida territorio nacional de los espacios originales ocupados en 1982, a saber: archipiélagos Malvinas (11.410 km2), Georgias del Sur (3.850km2), Sándwich del Sur (310 km2) y un territorio marítimo de tres millas alrededor de estos territorios insulares, por lo cual en la actualidad el Reino Unido ocupa un 52% de nuestro territorio marítimo e insular. Ello, sin computar los más de 1.400.000 km2 de la Plataforma Continental Argentina que los británicos han reclamado a la Comisión de Límites de las Naciones Unidas y la disputa pertinente por la Antártida Argentina (965.597 km2) y los territorios marítimos correspondientes. Todo esto le ha permitido al Reino Unido extraer ilegalmente (a través del otorgamiento de licencias) recursos pesqueros argentinos por un volumen anual promedio de 250.000 toneladas desde 1982 a la fecha de un valor anual estimado en los 650 millones de dólares y efectuar exploraciones de hidrocarburíferos.

Solo de la explotación pesquera ilegal del gobierno ilegal de Malvinas, la Provincia del Tierra del Fuego ha perdido desde 1982 a la fecha la suma 16.787,9 mil millones de dólares, por la captura ilegal (INDNR) de la especie calamar loligo (Doryteuthis gahi, Orbigny, 1835), más los daños por pérdida de chance y los valores relativos al otorgamiento de licencias ilegales de U$S 224.720.874.

El Acuerdo de Nueva York se excede a las Disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR) y, ello, no solo es contrario al propio Acuerdo que en su art. 4º indica que “Ninguna disposición en el presente Acuerdo se entenderá en perjuicio de los derechos, la jurisdicción y las obligaciones de los Estados con arreglo a la Convención…”, sino que, además, es absolutamente improcedente que un texto, que es parte de la CONVEMAR pueda modificarla, ya que para tal caso, requeriría de las Enmiendas previstas en ella y no abrir la puerta a que —en un futuro—- las OROP puedan modificar la letra y el alcance establecido por el conjunto de las Naciones e, incluso, generar discriminaciones entre los Estados según integren o no estas OROP como bien se ha fundamentado en el proyecto.

Respecto a las especies “altamente migratorias” el Acuerdo de Nueva York no podría ser aplicado jamás en las especies de la ZEE Argentina o su área adyacente, porque la CONVEMAR en su Anexo I, remite a en forma taxativa a determinadas especies que no incluyen a peces, crustáceos o moluscos del Mar Territorial o la ZEE Argentina. En cualquier caso, la falta definición de los términos “transzonal”, “altamente migratoria” o “migratoria”, mientras no se precisen los adjetivos especificativos y aprueben científicamente —dentro del Acuerdo— invalida toda pretensión de éste de reglamentar las prescripciones de la CONVEMAR.

La Argentina en los art. 4º, 5º y 22º de la Ley 24.922 reivindicó sus derechos sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, por cuanto su biomasa global se encuentra en la ZEE Argentina, donde estas especies realizan gran parte de sus principales etapas del ciclo biológico, para luego migrar a la Alta Mar, donde son capturadas por los buques extranjeros, para, finalmente —los que logran evadir estas capturas— regresar a la jurisdicción de Argentina. Y esta última es la condición principal para considerar “migratorio” a un recurso, como lo indican los científicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) Ana Roux, Juan de la Garza, Rubén Piñero y Daniel Bertuche en su trabajo “La ruta de migración del langostino patagónico” (INIDEP. Inf. Téc. Of. 7/12 del 3/4/12), donde se define: “El término migración, en el sentido biológico, se refiere a los movimientos periódicos que algunas especies de animales realizan desde una región geográfica, y su subsecuente regreso…”.

En cuarto lugar, accesoriamente a lo expuesto, pero muy importante, debería rechazarse igualmente, la pretensión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) de aprobar en la Argentina un Convenio (ya aprobado por el Reino Unido) que carece de todo sustento, por cuanto esta especie no está presente en la ZEE ni el Alta Mar aledaño (Cousseau-Perrotta, INIDEP, 2000), pero que —aun tratándose de un Convenio respecto a las especies de Atún— da lugar al acceso a otras especies agregadas a éste.

La preeminencia en la Administración del ecosistema en el Atlántico Sudoccidental (ZEE y Alta Mar) la deben tener los Estados ribereños de Argentina y Uruguay y ello debe ser así porque nuestros países son los que realizan los estudios que determinan las Capturas Biológicamente Aceptables (CBA) o los Rendimientos Máximo Sostenibles (RMS) y se funda en que hay una prueba biológica irrefutable que avala esta posición: si nuestros países agotasen el recurso en la ZEE Argentina o Uruguaya se agotarían los recursos del área de Malvinas y en la alta mar. Ratificar el Acuerdo de Nueva York y propiciar el Convenio del Atún sería contrario al interés nacional y violatorio de toda la legislación Nacional y de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

En quinto lugar, se entiende como necesario, mientras esté en debate el Pacto Foradori-Duncan y se procede a su denuncia, debieran suspenderse los vuelos autorizados a la República de Chile y Brasil. Respecto a este último vuelo autorizado a partir del referido pacto debería tenerse muy presente que la ciudad de San Pablo y Gran San Pablo con una población AB1 de 30 millones de personas puede absorber todas las extracciones pesqueras del área de Malvinas y es una puerta a exportaciones al mundo y el intercambio comercial necesario con las islas, además de servir para el recambio de tripulaciones, reposición de insumos, alimentos, etc. lo cual se agrava con la salida del Brexit que podría, a partir de enero de 2021, significar el retiro de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur como territorios británicos (ilegales) de Ultramar en la Unión Europea y la consecuente aplicación de aranceles a los productos originados en Malvinas.

Argentinos, si vamos a conmemorar el día de la Soberanía Nacional, que sea con hechos que estén a la altura de nuestros héroes nacionales, los de 1845 y los de 1982.

 

 * Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad. 

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CÁUCASO MERIDIONAL

NAGORNO KARABAJ, LA PEQUEÑA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS EN EL CÁUCASO

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Giancarlo Elia Valori*

De 1618 a 1648 Europa fue destrozada por el violento e implacable conflicto entre protestantes y católicos. Después del final del ciclo de cruzadas que había resultado el primer conflicto entre cristianos y árabes, pero el primer y más severo conflicto armado entre las dos grandes almas del cristianismo, lo que los historiadores más tarde llamaron la “Guerra de los Treinta Años”, ciertamente no fue la última guerra religiosa. La Guerra de los Treinta Años terminó con la Paz de Westfalia que condujo al nacimiento de los Estados-Nación europeos y —como epílogo paradójico a una guerra desatada por razones religiosas— puso fin al control ejercido por la Iglesia sobre los reinos cristianos y sepultó cualquier intento del clero protestante de interferir en los asuntos políticos, aplastándolo mucho antes de que pudiera manifestarse abiertamente. Desde entonces, los centros de gravedad de los conflictos (también) sobre una base religiosa se han desplazado hacia la confrontación islámico-judía (las guerras árabe-israelíes de la segunda mitad del siglo XX y el enfrentamiento entre el Islam y el cristianismo.

Los conflictos religiosos tienden a ser feroces y sangrientos porque ninguna de las partes involucradas parece estar dispuesta a mediar con una contraparte considerada apóstata o de todos modos “infiel”. Frente a un público internacional distraído por las preocupaciones de la pandemia de Covid-19, el conflicto de 30 años aún no resuelto por el control de Nagorno Karabaj —una guerra de 30 años a pequeña escala porque se limitó al Cáucaso Meridional— volvió a estallar violentamente el 27 de septiembre pasado. Es el enfrentamiento entre Azerbaiyán musulmán y Armenia cristiana, que reclama un control de iure sobre una región, a saber, Nagorno, que ya controla de facto, aunque su territorio está totalmente cerrado dentro de las fronteras azerbaiyanas y sin ninguna conexión geográfica con la disputada patria armenia. Como veremos más adelante, el conflicto tiene raíces antiguas y profundas, pero está lleno de implicaciones geoestratégicas que podrían causar daños y tensiones extra regionales que son potencialmente muy peligrosas.

Raíces antiguas y profundas que, en este caso, también pueden ser llamadas “raíces del mal”. A finales de la década de 1920, Stalin —que estaba decidido a aplastar todas las ambiciones nacionalistas de las diversas almas que conformaban el enorme imperio soviético— tomó medidas drásticas para evitar que los diferentes grupos étnicos panrusos crearan problemas políticos y, con su habitual puño de hierro, decidió transferir poblaciones enteras a miles de kilómetros de distancia de sus asentamientos tradicionales para eliminar sus raíces étnicas y culturales. Chechenos, cosacos y alemanes se dispersaron a los cuatro rincones del imperio, mientras que el dictador soviético decidió —bajo la bandera del principio más clásico de “dividir y gobernar”— asignar la jurisdicción política y administrativa de la región autónoma de Nagorno Karabaj —habitada por poblaciones armenias y cristianas— a la República Socialista de Azerbaiyán, poblada por musulmanes azeríes, con el fin de mantener bajo control cualquier autonomía armenia.

Como también sucedió en los países satélites (véase el ejemplo de la Yugoslavia de Tito), el régimen comunista en Rusia logró contener —incluso con el uso sin escrúpulos del terror y la limpieza étnica— cada reivindicación nacionalista de todos los diferentes grupos étnicos que conforman el imperio. Esta operación, sin embargo, perdió su impulso cuando, en la segunda mitad de la década de 1980, la cautelosa campaña de modernización del país y el inicio de las tímidas reformas liberales de Mijaíl Gorbachov con su Perestroika causaron repercusiones inesperadas en las relaciones entre armenios y azerbaiyanos. El odio y el espíritu de venganza sin fin resurgieron debido a la disminución de medidas opresivas y represivas que, hasta ese momento, habían contribuido a mantener vivo al régimen soviético. La cohesión política y administrativa que había convertido a la Unión de Repúblicas en un organismo unitario comenzó a fracasar y las demandas de autonomía se volvieron cada vez más apremiantes.

Una vez más en 1988 el Parlamento regional de Nagorno Karabaj votó una resolución que marcó el regreso de la región a la jurisdicción administrativa de la República Armenia, la “madre patria cristiana”.

A partir de ese momento, la tensión entre armenios y azerbaiyanos se montó progresivamente, con enfrentamientos aislados y violencia interétnica que llevaron a la guerra abierta en 1991 cuando, inmediatamente después del colapso y disolución de la URSS, los armenios declararon formalmente la anexión de la disputada región de Nagorno Karabaj a la República de Armenia, desencadenando así un sangriento conflicto contra el vecino Azerbaiyán, un conflicto que duró hasta 1994 en el que murieron más de 30.000 civiles y militares.

Frente a la incapacidad del gobierno de Boris Yeltsin para llevar a las partes beligerantes de nuevo a la razón y a la mesa de negociaciones (que siempre es difícil en los conflictos étnico-religiosos) y ante la incapacidad de las Naciones Unidas para resolver el conflicto azerí-armenio, por cualquier medio necesario y lo que sea necesario, como se consagra en su Carta, intervino la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Bajo sus auspicios, se estableció en 1992 el “Grupo Minsk” —una mesa de negociación permanente gestionada por Francia, la Federación de Rusia y los Estados Unidos—.

A pesar del compromiso del Grupo de Minsk, la guerra entre armenios y azerbaiyanos continuó hasta 1994, cuando terminó —sin firmar ningún acuerdo de paz— después de que los armenios tomaran el control militar de Nagorno Karabaj y más de un millón de personas se vieran obligadas a abandonar sus hogares. Un doble éxodo que recordó al que siguió a la división entre la India y Pakistán, con los azerbaiyanos que, como musulmanes e hindúes, abandonaron sus tierras a los armenios y a los armenios que ocupaban casas traseras y territorios que creían que les habían sido arrebatados injustamente por maniobras estalinistas.

El fuego del conflicto seguía ardiendo, con enfrentamientos y agresión armada, durante más de una década y más tarde estalló de nuevo, sin razón aparente ni factor desencadenante, en abril de 2016. Los observadores internacionales se mostraron perplejos por esa reanudación de las hostilidades: decenas y decenas de soldados de ambos bandos murieron sin razón aparente ni factor desencadenante. Según algunos observadores especializados en este extraño y arcaico conflicto, las causas de la reanudación de las hostilidades se encontraban en el deseo de los Estados opuestos de “ganar terreno” y tomar el control de las áreas estratégicas lejos del enemigo. Según otros observadores internacionales probablemente más fiables, la razón del resurgimiento del conflicto tuvo que buscarse dentro de los dirigentes armenio y azerbaiyano. En medio de una crisis económica debida al colapso del mercado internacional del petróleo crudo (y los precios), ambos gobiernos dieron una mano libre a sus respectivos “perros de guerra”, con miras a reunir de nuevo su público desorientado e insatisfechos con el colapso de la economía. Islam, petróleo y Cristianismo eran los ingredientes explosivos de una peligrosa y aparentemente insalvable situación. En Bakú, capital de Azerbaiyán, multitudes se manifestaron por semanas, meses o años bajo la bandera de “Karabakh es Azerbaiyán”.

En Ereván, la capital de “Armenia”’, multitudes similares —aunque de una religión diferente y enemiga— pidieron “Libertad para nuestros hermanos de Karabaj”.

Mientras tanto, el fuego seguía ardiendo: Armenia tenía un control de facto de la región en disputa, que estaba totalmente dentro de las fronteras azerbaiyanas, sin corredor que la conectara con la “madre patria” armenia. El conflicto interétnico e interreligioso se complica aún más por factores geopolíticos.

Turquía es un socio tradicional de Azerbaiyán, habitado por musulmanes de origen turcomano. Turquía fue el primer Estado en reconocer la República de Azerbaiyán en 1991, mientras que, hasta ahora, aún no ha reconocido a la República Armenia, probablemente porque conserva su nombre y la orgullosa memoria que la vincula con el genocidio armenio de 1916-1920, cuando los turcos —convencidos de la infidelidad de los armenios y de su apoyo al zar ruso— exterminaron rápidamente a un millón de ellos.

La posición de Rusia hacia el conflicto y los beligerantes es más ambigua: por un lado, Rusia apoya las legítimas aspiraciones del pueblo armenio mientras, por otro lado —para evitar entrar en conflicto abierto con Erdogan, con quien juega un juego complicado en Siria y Libia— Vladimir Putin evita el uso de tonos amenazantes hacia Azerbaiyán —a la que sigue vendiendo armas— y trata de mantener la equidistancia e imparcialidad entre las partes. Su actitud aún no ha atraído las críticas turcas, pero obviamente deja a los armenios perplejos.

Como ya se ha dicho, el fuego se mantuvo ardiendo hasta el 27 de septiembre, cuando, sin ningún factor de activación aparente o evidente, armenios y azerbaiyanos reanudaron las hostilidades utilizando armamento sofisticado, como drones armados o misiles de largo alcance, que mataron a decenas de soldados y civiles de ambos bandos. Como se ha dicho anteriormente, las razones de la reanudación de las hostilidades no son claras: no hubo provocación directa o factor desencadenante.

Esta vez, sin embargo, muchos observadores están señalando directamente con los dedos a Turquía y su presidente, Tayyp Recep Erdogan.

Puede que haya colocado el problema de Nagorno Karabaj en el complejo juego de ajedrez geopolítico en el que participa el “nuevo” y agresivo Presidente de Turquía. Este último, consciente del peso que tiene su papel en la OTAN en la dialéctica con los Estados Unidos y Europa —que evidentemente no se percibe exigiendo un poco de equidad de un socio tan indisciplinado y engorroso, si no bastante falto de escrúpulos y agresivo— no duda en seguir su propio camino y buscar los intereses de su país en Siria, Libia, el Mediterráneo y el mar Egeo. Desde el control de Siria Oriental hasta la búsqueda de nuevas fuentes de energía, Erdogan está jugando imprudentemente en varias mesas, sin desafiar abiertamente a Rusia, pero no dudando en burlarse de las protestas de sus socios europeos y estadounidenses.

Un juego sin escrúpulos que puede haber inducido a Erdogan a instar a sus aliados azerbaiyanos a reanudar las hostilidades contra los armenios el 27 de septiembre pasado, para que más tarde los contendientes acepten el alto el fuego del 9 de octubre: una medida que lo convertiría en una contraparte obligatoria y privilegiada para Rusia, frente a la irrelevancia geopolítica de Europa y Estados Unidos. La primera se mantiene bajo control por la pandemia, mientras que la segunda está pensando sólo en las próximas elecciones. En este vacío de ideas e intervenciones, la situación en el Cáucaso Meridional con sus posibles implicaciones explosivas en términos de producción y exportación de fuentes de energía sigue en manos de Rusia y Turquía, libre de buscar acuerdos o mediaciones consideradas favorables, obviamente en detrimento de la competencia. En el pasado, en la época de Enrico Mattei, Italia habría tratado de desempeñar su propio papel en una región tan delicada como el Cáucaso, no sólo para defender sus intereses económicos y comerciales, sino también y sobre todo para buscar nuevas oportunidades de desarrollo para sus empresas públicas y privadas. Pero la Italia de Mattei está lejos: actualmente no podemos contar con un semillero de tensión en nuestra puerta, como Libia, y no podemos traer a casa a 18 pescadores de Mazara del Vallo detenidos ilegalmente por el señor de la guerra de Tobruk, Khalifa Haftar.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo exclusivo para SAEEG. Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

 

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Argentina, Geopolítica

RECORDEMOS AL GENERAL GUGLIALMELLI EN MEDIO DE LA CEGUERA GEOPOLÍTICA Y ESTRATÉGICA

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Marcelo Javier de los Reyes*

 

General de División Juan Enrique Guglialmelli (1917 – 1983)

El hombre, su carrera y su obra

Juan Enrique Guglialmelli nació en 1917 en San Martín, Provincia de Buenos Aires. Militar de vocación, tuvo como objetivo la defensa del patrimonio de la Nación y su desarrollo económico y social a través de un camino propio —es decir, de un nacionalismo económico— pero en el contexto de una Argentina integrante del Cono Sur.

En nuestro país, la Geopolítica lo tiene como uno de sus grandes mentores, con una trayectoria en relevantes cargos. El general Guglialmelli fue Jefe del Comité de Planes de la Junta Interamericana de Defensa; Jefe de Estado Mayor de la 7ª División de Infantería y del IV Cuerpo de Ejército; Comandante de la 6ª División de Infantería de Montaña, Director de la Escuela Superior de Guerra y del Centro de Altos Estudios y Comandante del V Cuerpo de Ejército de la República Argentina, en cuyo ejercicio pasó a retiro en el año 1968.

En junio de 1970 fue designado secretario del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) pero su paso fue efímero dado que no compartía las políticas liberales implementadas por la conducción económica nacional.

Fundó el Instituto Argentino de Estudios Estratégicos y de las Relaciones Internacionales (INSAR), el cual publicó la reconocida revista Estrategia, en cuyos diversos números se puede apreciar la visión económica nacional y su apoyo a la política industrialista.

El primer número de Estrategia fue publicado en mayo-junio de 1969. El solo hojear la revista, las publicidades de grandes empresas que apostaban por una Argentina industrial y desarrollada —muchas de las cuales ya no existen o fueron erosionadas por años de malas gestiones nacionales—, así como los temas que se abordaban, nos sumergen en un país que ya no existe y que solo quienes contamos con varias décadas podemos recordar a esa Argentina que nos prometía grandezas a pesar de sus convulsiones políticas o, al menos, era lo que percibíamos quienes éramos formados en una Escuela Pública que enseñaba a querer la Patria y sus símbolos nacionales.

En ese primer número el general Guglialmelli expone, en “Propósitos y definiciones”, lo siguiente:

Nuestra tarea, en fin, estará orientada por las normas más estrictas de la libertad académica. No renunciará, empero, a una ideología propia que responde a las necesidades de cambio de nuestro tiempo y que exige como datos esenciales de la estrategia nacional:

      • Objetivos nacionales y políticos claros y definidos.
      • Política exterior independiente capaz de obtener la libertad de acción necesaria para el logro de esos objetivos.
      • Colaboración de los distintos sectores de nuestra sociedad y su participación efectiva en el QUE y COMO hacer concretos.
      • Cabal conocimiento de los intereses externos e internos en conflicto con los propios fines perseguidos, sus modos de operar y sus agentes.
      • Un programa de desarrollo económico, social y cultural ejecutado con ritmo acelerado y definido y definidas prioridades, en áreas geográficas rezagadas, sectores básicos de la producción nacional e infraestructura de servicios, en el diálogo social y en una política educacional y de investigación científica y tecnológica al servicio del desarrollo nacional.[1]

Desde una posición mucho más modesta, la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), aspira a poder erigirse como una sucesora en esa tarea.

Su visión

Su conocimiento profundo de la Patagonia, región en la que estuvo destinado durante su carrera militar, lo llevó a ponderar la necesidad de desarrollar esa extensa área de nuestro país.

Frente a la visión de la Argentina “insular”, basada en el análisis de la situación geográfica del país desarrollada por otro de nuestros grandes geopolíticos, el vicealmirante Segundo R. Storni, el general Guglialmelli considera que la Argentina “tiene ‘carácter peninsular’, en la más amplia acepción geopolítica del término. Mantiene en este sentido su condición marítima pero asume, también el rol continental”.

En efecto. Su territorio, al norte de la línea Cabo San Antonio-San Rafael (Mendoza) se articula con la masa terrestre continental “introduciéndose” en ella. Al sur de aquel linde, se prolonga hacia el sur como una cuña entre los grandes océanos. En su extremo austral, esta región incluye los sectores insular y antártico. Debido a esta conformación, nuestro país recibe la influencia del Pacífico (Chile por medio) y del Atlántico, en particular este último, sobre parte de cuyas aguas, plataforma y subsuelo, extiende su soberanía. Teniendo en cuenta, por último la situación de la América del Sur y de la Argentina dentro de ésta, resalta, como lo señaló Storni, su posición periférica y marítima respecto a las masas continentales del Hemisferio Norte.

Todo el espacio argentino se articula con los países vecinos a través de los aspectos geoambientales fronterizos incluidos los medios de integración física (caminos, ferrocarriles, vías fluviales).[2]

En este concepto geopolítico de la Argentina “peninsular” debe considerarse “al mercado interno, apoyado sobre un aparato productivo integrado en lo espacial y sectorial”[3]. El desarrollo de las diversas regiones, cada una aportando sus riquezas a la producción —alimentos, minería, energía, etc.— debe contar con “un sistema de comunicaciones que vincule, además de los puertos, con preferencia a las distintas regiones y sus grandes polos”, lo que permitirá concretar una “estructura económica integrada, independiente y autosostenida, base indispensable para un destino de gran potencia”[4].

En este concepto de la Argentina “peninsular” le otorga gran importancia a los intereses marítimos, lo que lleva a valorar los recursos del mar y el desarrollo —al igual que proponía el vicealmirante Storni— de una Marina Mercante, “con sus beneficios de trabajo e ingreso por fletes y seguros”[5].

Para el general Guglialmelli, la Argentina, en términos geopolíticos es, entonces, “peninsular”: es continental, bimarítima y antártica. Agrega a esto:

Esta conceptuación significa no sólo una situación geográfica, sino también y fundamentalmente, una economía integrada e independiente, un mercado interno en permanente expansión y una irrenunciable vertebración cultural con los países de América del Sur en particular los vecinos y el Perú”[6].

Era consciente de que las grandes potencias y las corporaciones internacionales, o la combinación de éstas con las primeras, procuran mantener la dependencia del mundo periférico, fomentando integraciones regionales en desmedro de la Soberanía Nacional. Como ejemplo de esas integraciones regionales cita la Cuenca del Plata como una prioridad que puede relegar al resto del país.

Otro de los grandes problemas que percibía era la continuación de la Argentina agroexportadora, “el papel de granja”, en tanto que las exportaciones se basaran solamente en productos primarios, cumpliendo así con las exigencias de la división internacional del trabajo. En este sentido, responsabilizó a la generación militar del 66 pero en particular a la contrarrevolución comenzada en marzo de 1967 desde los más altos niveles de la conducción económica. “Porque allí, en esa área, habían hecho pie quienes por filosofía, desaprensión o, lo que es peor, intereses, defendían la persistencia del modelo agroexportador, disimulando sus propósitos con declamaciones retóricas o sólo tibias reformas”[7].

En este punto fue muy crítico de la conducción económica y de la implementación de las rebajas arancelarias:

En nuestra opinión, a pesar de los fines enunciados, sostenemos que se trata de algo más trascendente y peligroso. El de insertar a la Argentina en un ordenamiento externo, basado en la fórmula de Nelson Rockefeller: que cada país se particularice ‘según su mayor eficacia selectiva y mayor eficiencia relativa’. En virtud de tal premisa nuestro papel será especializarnos en las agroindustrias, con las derivaciones para la seguridad nacional que se verán más adelante.[8]

De ese modo, la Argentina continuaba la dependencia trazada durante la generación del 80, es decir, un país exportador de productos agropecuarios e importador de bienes finales. Esto claramente significaba la “subestimación de los sectores industriales ajenos al ámbito rural y deterioro, cuando no liquidación, de nuestra producción de bienes finales”[9].

Por tanto, el general Guglialmelli era un gran defensor de llevar adelante una política industrialista para salir de esta trampa en la que se encontraba nuestro país. En este sentido, ponderaba el desarrollo que habían alcanzado las Fuerzas Armadas y las iniciativas de los generales Enrique Mosconi y Manuel Savio en pos de una industrialización de la Argentina.

Dramáticas reflexiones finales

Nuestro país ha sido dotado de una gran y diversificada riqueza, tanto en su territorio como en su mar territorial. Sin embargo, se precisaba algunos pasos más para alcanzar ese grado de desarrollo que permitiría concretar una “estructura económica integrada, independiente y autosostenida” como proponía el general Guglialmelli.

Hubo un importante avance en el proceso de industrialización y, en buena medida, los generales Mosconi y Savio contribuyeron con ese objetivo. El país desarrolló una importante comunicación a través de carreteras pero, fundamentalmente, con la construcción de una de las más importantes redes ferroviarias del mundo que superaba los 40.000 kilómetros de vía. Los ferrocarriles, nacionalizados durante el gobierno del general Juan Domingo Perón —no viene al caso aquí formular valoraciones sobre esa nacionalización— se constituyeron en un importante medio de transporte de pasajeros pero sobre todo de bienes.

Del mismo modo, había desarrollado el transporte fluvial de mercaderías y contaba con una Marina Mercante nacional, particularmente la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), que llevaba las exportaciones argentinas a todos los puntos del planeta.

Así como el general Giglialmelli expone la fórmula de Rockefeller, cabe aquí mencionar que existió el denominado “Plan Larkin” —elaborado por el general e ingeniero estadounidense Thomas B. Larkin con apoyo del Banco Mundial entre 1959 y 1962—, el cual consistía en una racionalización y modernización de los medios de transporte terrestre y fluvial de nuestro país. Obviamente, el plan apelaba a la reducción de unos 15.000 kilómetros de vías por considerarlos deficientes o improductivos. El plan llegó a la Argentina poco tiempo antes de que fuera derrocado el presidente Arturo Frondizi, quien debió enfrentar a los gremios ferroviarios durante su gobierno. Sin embargo, el plan fue llevado a cabo en los años noventa del siglo pasado por el gobierno peronista/liberal del presidente Carlos Saúl Menem. La Argentina quedó fragmentada y desvinculada con sus políticas de desmantelamiento del sistema ferroviario, fluvial y de la liquidación de la empresa ELMA.

La industria siguió un camino similar a raíz de las concesiones y privatizaciones de sectores vitales de la industria y de la energía.

En una de las críticas que Guglialmelli le formula a Storni, respecto a su visión de la “insularidad”, el general considera que el marino cayó en lo que otro destacado marino denominó “astigmatismo estratégico navalista, primera variedad”. La realidad es que en las últimas décadas la conducción argentina padece de una seria ceguera geopolítica y estratégica que ha provocado un serio y peligroso retroceso de nuestro país, ocasionando la pérdida de poder económico, poder militar y poder diplomático, además de ocasionar un grave deterioro institucional.

En el capítulo dedicado al análisis de si la Argentina es “insular” o “peninsular”, el general Guglialmelli menciona los aspectos negativos que el vicealmirante Storni expone en su libro “Intereses argentinos en el mar”, respecto de por qué los argentinos no tienen una vocación marinera, lo cual sería vital para el desarrollo de la Nación. Al igual que el general Guglialmelli, me gustaría cerrar este artículo reproduciendo una reflexión del vicealmirante Storni:

En nuestra infancia como nación, hemos permanecido poco menos que indiferentes a estos problemas, y la empresa extranjera realizó con el niño incipiente la misión de madre que nutre y educa. Pero si ese estado de cosas hubiera de ser definitivo e imponer un límite a nuestros ideales marítimos, la acción extranjera tomaría el aspecto del impulso generoso que lleva el alimento a la boca del paralítico o de la diestra maniobra del fuerte que explota son compasión al débil”[10].

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Referencias

[1] “Propósitos y definiciones”. Estrategia, mayo-junio de 1969, p. 7

[2] Juan Enrique Guglialmelli. Geopolítica del cono sur. Buenos Aires: El Cid Editor, p. 78.

[3] Ibíd., p. 79.

[4] Ibíd., p. 80.

[5] Ídem.

[6] Ídem.

[7] Ibíd., p. 81.

[8] Ibíd., p. 251.

[9] Ibíd., p. 251-252.

[10] Citado por el general Guglialmelli, op. cit., p. 63.

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